#26A Día de la Visibilidad Lésbica: desafiando al heteropatriarcado

#26A Día de la Visibilidad Lésbica: desafiando al heteropatriarcado

Washington D.C., 26 de abril de 2022.- En varios países del mundo, cada 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. Tal y como se concibe la fecha, es un acto político que reivindica la presencia y el papel de las personas lesbianas en los espacios públicos. Es también una oportunidad para continuar luchando por los derechos humanos y para visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan desde la sociedad y el Estado. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), además de reiterar su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos de la población LGBTI+, da especial reconocimiento a las vidas lesbianas que se rebelan y enfrentan al mandado de la heteronormatividad, un sistema que normaliza e institucionaliza la violencia contra las diversidades sexuales e identitarias. A lo largo del tiempo, dicha contribución ha sido y es de suma importancia para la lucha por los derechos humanos y la vida digna. 

Esta también es una oportunidad para recordar las valerosas luchas del movimiento lésbico y las tareas pendientes que los diversos Estados de América Latina y el Caribe tienen con las lesbianas. En la historia de Perú, por ejemplo, este año por primera vez una pareja de madres y esposas lesbianas, Jenny Trujillo y Darling Delfín, demandaron al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “tras esperar casi 5 años a que la justicia peruana garantice los derechos de su hijo y de ellas como lesbianas y madres”, como indica el portal web de Demus, organización que litiga el caso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del país se niega a registrarlas a ambas en el documento de identidad de su hijo como sus madres, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo. Actualmente, el caso tiene una petición y solicitud de medida cautelar en curso dentro del Sistema Interamericano. En Perú, las familias homoparentales siguen siendo tabú y no gozan de los derechos que les corresponde por ley. A menudo, las madres lesbianas son criminalizadas por sus exparejas hombres y por la justicia peruana que durante los procesos de tenencia pretenden quitarles a sus hijos/as. Por ello, el caso de Jenny y Darling marcaría un gran precedente en el reconocimiento legal de familias diversas.  

En Colombia, el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo también llegó a la CIDH y tuvo un precedente importante. Ella estuvo privada de su libertad en el Centro de Reclusión Dosquebradas «La Badea», en Pereira, cuando demandó al Estado porque las autoridades penitenciarias se negaron a autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. Como resultado de un proceso legal de 9 años y una Solución Amistosa en el Sistema Interamericano, el Estado tuvo que pedir  disculpas por discriminarla e implementar una reforma al reglamento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para prohibir que se sancionen las manifestaciones de afecto entre integrantes de los sectores LGBTI+ al interior de las cárceles.  

Por otro lado, en República Dominicana, organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como TRANSSA, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans y el Voluntariado GLBT se encargan de documentar y producir data sobre situaciones de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, una labor que en general los Estados de la región no desempeñan.  En su último informe titulado “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominicana” señalan que entre 2020 y 2021, en este país asesinaron a dos mujeres lesbianas, una en cada año.  

La falta de un sistema de registro estatal que recopile datos sobre las violencias contra las personas LGBTI+ dificulta la formulación de políticas públicas de prevención y atención, e imposibilita producir datos estadísticos para visibilizar y abordar la violencia adecuadamente. 

Por su parte, Nicaragua vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos que agrava la situación de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, como las personas LGBTI+, y más aún si participan en espacios políticos y de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, desde el estallido de la rebelión cívica en abril de 2018, más de 70 personas de la diversidad sexual y de género han sido víctimas de campañas de odio, y más de 4 personas estuvieron encarceladas por motivos políticos y en condiciones discriminatorias por su orientación sexual e identidad de género. Dos lideresas lesbianas de la Mesa Nacional LGBTIQ+ de Nicaragua que se encuentran en el exilio aseguraron que, en los espacios políticos nicaragüenses, tanto oficialistas como de oposición, se invisibilizan las demandas de las mujeres lesbianas y no se priorizan medidas que garanticen sus derechos. Además, manifestaron que las mujeres lesbianas no tienen acceso real a los espacios de toma de decisiones y más si son jóvenes.  

En Cuba desde 2002, Las Isabelas -primer grupo de activismo formado por mujeres no heterosexuales de Cuba- vienen reclamando el reconocimiento de sus uniones y familias, sus derechos patrimoniales como pareja, a visitas conyugales para mujeres lesbianas en las cárceles, la Educación Integral de la Sexualidad y la perspectiva de género.  Actualmente, el gobierno de este país promueve una serie de reuniones para dar a conocer y debatir los alcances del proyecto de ley del Código de las Familias. Sin embargo, esta iniciativa que reconoce a las familias diversas se someterá a consulta popular, una situación insólita porque los derechos humanos no se supeditan a votación.  

Desde Raza e Igualdad seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas LGBTI+ y de la mano con diversas organizaciones a fin de erradicar los estereotipos, prejuicios y normas sociales que discriminan y normalizan la violencia contra las lesbianas en espacios públicos y privados. Trabajaremos para derribar la heterosexualidad obligatoria que perpetúa el bullying lesbofóbico, las terapias de conversión, las violaciones correctivas entre otros crímenes de odio. ¡Los derechos LGBTI+ son derechos humanos! 

En ese sentido, recomendamos a los Estados: 

  • Implementar las políticas de Educación Sexual Integral bajo un enfoque de derechos humanos a fin de que se reconozca y respete la diversidad sexual y las identidades de género. 
  • Garantizar el trato digno hacia las mujeres lesbianas y personas GBTI+ en todos los servicios públicos y privados del país a través del fortalecimiento de los programas de capacitación a autoridades, operadores de justicia, funcionarios públicos y personal administrativo, y a través de la adecuación de los protocolos de atención. 
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas y personas GBTI+ a fin de ilustrar mejor las situaciones de violencia y, posteriormente, formular políticas de prevención y atención. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación y sanción de la discriminación y los crímenes cometidos contra las mujeres lesbianas y personas GBTI+. Asimismo, elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as. 
  • Garantizar y defender los derechos civiles y el derecho a la familia de las lesbianas y personas LGBTI+ a través del acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas. En ese sentido, respetar también los derechos adquiridos en el extranjero.  
  • Promover el acceso de lesbianas y personas GBTI+ a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.  

Raza e Igualdad condena las sentencias en contra de quienes marcharon durante el 11J en Cuba

Washington DC, 12 de abril – En las últimas semanas se han conocido nuevas sentencias en contra de las personas que participaron en las marchas pacíficas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J. Más de 160 cubanos que salieron a las calles en julio del año pasado, entre los que se encuentran varios menores de edad, deben pagar penas de entre 5 y 30 años de cárcel, por el simple hecho de manifestarse por las violaciones a sus derechos humanos [1] .

Desde Raza e Igualdad condenamos las sentencias y solicitamos a las autoridades de la Isla, la liberación inmediata de las más de 800 personas que, de acuerdo con la organización Prisoners Defenders, están encarceladas, la mayoría sin una sentencia.

La grave situación de derechos humanos que se vive en Cuba afecta principalmente a activistas y periodistas independientes, quienes han denunciado por años las arbitrariedades cometidas por el gobierno cubano y han sufrido recientemente detenciones domiciliarias. Algunos, como la historiadora de arte Carolina Barrero, se han visto obligados a salir de la Isla luego de que las autoridades los obligaran a exiliarse en otro país [2] .

Exigimos al Estado cubano garantizar la libertad de expresión en la Isla, y hacemos eco del llamado que hizo el pasado 11 de marzo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el cual reiteró que en Cuba es necesario garantizar a la ciudadanía el derecho a la participación política sin temor a represalias; y el derecho a ingresar y salir del país, ya circular por el archipiélago libremente.

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades cubanas para permitir que la ciudadanía exija sus derechos y reclame cambios políticos que traigan beneficios para todos y todas, sin que eso signifique que sean llevados a prisión y enjuiciados por delitos como la sedición, sancionado con penas altas en el codigo penal cubano.

[1] https://www.prisonersdefenders.org/2022/04/07/1204-prisioneros-politicos-en-cuba-en-12-meses-presos-politicos/

[2] https://www.elmundo.es/internacional/2022/02/04/61fd6750e4d4d833598b458d.html

Coalición exhorta a la comunidad internacional a reclamar a Cuba cese de represión

Washington DC, 14 de marzo de 2022. – Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación , los exrelatores y la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los y las periodistas que firman al pie, exhortan a la comunidad internacional para que adopte medidas concretas en reclamo al gobierno de Cuba para poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las disposiciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación con multas lícitos y pacíficos establecidos en la  Constitución cubana aprobada en 2019 .

Al mismo tiempo, instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca  y al youtuber e influencer  Yoandi Montiel  (conocido como “El Gato de Cuba”), quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses acusados ​​del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. 

La Coalición por la Libertad de Asociación está conformada en la actualidad por 21 organizaciones de la sociedad civil y se  creó formalmente en febrero de 2021  con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, reclamando de manera coordinada el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación en países donde se registran varias restricciones, uniendo las voces de sus miembros para ampliar el alcance del pedido. La labor de la Coalición se ha enfocado inicialmente en América Latina y el Caribe.

El Estado cubano restringe de forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. “Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como artistas oa ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social”, según señala el  informe sobre la libertad de expresión en Cuba  publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018 .

Tras las  protestas del 11 de julio  de 2021 en Cuba en reclamo por mejores condiciones de vida, a la que sumaron millas de personas en forma espontánea y generaron atención internacional en una isla-nación poco habituada a las manifestaciones públicas contra el poder, la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado. De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial.

Según un  comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , hasta febrero todavía seguían presas en Cuba más de 700 personas por su participación en las protestas. La CIDH indicó que, según información oficial del 24 de enero, la fiscalía general de la República de Cuba tuvo un total de 790 personas acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Además, se impondrán sanciones de hasta 30 años de prisión según la gravedad de los hechos, señala el comunicado.

En agosto pasado, el gobierno cubano  dispuso nuevas medidas  que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en la Internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio, según  publicado  en su momento el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Según el comunicado publicado en la  gaceta oficial del Ministerio de Justicia de Cuba , se trata del Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones;y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Las normas no definen los términos “información falsa” ni otros como “la seguridad colectiva, el bienestar general y la moralidad pública” pero necesitan fortalecer el control gubernamental sobre el contenido de las redes sociales. En una  carta a las autoridades cubanas, los relatores para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (Irene Khan), sobre los derechos sobre la libertad reunión pacífica y asociación (Clement Nyaletsossi Voule) y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ( Mary Lawlor) analizaron el decreto 35 y normas conexas y advirtieron que las normativas “podrían utilizarse para ordenar la libertad de expresión de manera incompatible con lo permitido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la libertad de reunión pacífica y de asociación de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la citada Declaración”.

En Cuba, el proveedor de servicio de Internet estatal, ETECSA tiene órdenes de bloquear contenido objetable, e impide el acceso a algunos blogs y plataformas de noticias críticas al gobierno. Las autoridades embisten contra periodistas críticos, activistas pacíficos y disidentes políticos mediante el acoso, el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia física y digital, las detenciones arbitrarias, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos. En muchas ocasiones periodistas, activistas y disidentes se ven forzados al exilio.

Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una  iniciativa  que estipula  penas de hasta 10 años de prisión .

Es importante recordar que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellos el  Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales  han destacado  que la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme ha señalado en el informe sobre  Protesta y Derechos Humanos , exhortando a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción.

Como organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos y personas comprometidas en la defensa de la libertad de expresión, instamos a la comunidad internacional para que interceda ante el gobierno cubano a fin de reclamar el cese inmediato de la represión contra quienes ejercen de forma pacífica sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación. Reiteramos nuestro reclamo al gobierno de Cuba a liberar a los ciudadanos cubanos y las ciudadanas cubanas detenidas de forma arbitraria y hacemos un llamado a la solidaridad internacional con las víctimas de una política de Estado que reprime y criminaliza cualquier forma de disenso o crítica pública.

Suscríbete a la declaración

Ex relatores/relatora para la libertad de expresión de la CIDH : Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero Marino y Edison Lanza

Periodistas latinoamericanos : Daniel Coronell (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú), Raúl Peñaranda (Bolivia), Alejandra Matus (Chile), Janeth Hinostroza (Ecuador), José Rubén Zamora (Guatemala), Mauri König (Brasil), César Batiz (Venezuela) ) ) ) ) ), Octavio Enríquez (Nicaragua), Norma Morandini (Argentina), Javier Garza (México) y Eduardo Ulibarri (Costa Rica).

Coalición por la Libertad de Asociación 

8M – Día Internacional de la Mujer: Reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres desde una perspectiva interseccional

Washington D.C., 8 de marzo de 2022.– La lucha de las mujeres por sus derechos ha sido incansable. Aunque Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de democracia, derechos humanos y seguridad, las mujeres se mantienen firmes en el proceso de denunciar las violencias que enfrentan e incidir para lograr cambios estructurales. Este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la importancia de reconocer y proteger los liderazgos de las mujeres, y que ello se haga a todos los niveles de la sociedad desde una perspectiva interseccional.

Reconocemos que las experiencias de vida de las mujeres están directamente influenciadas por su género, y también por otras características como su raza o etnia, su expresión e identidad de género y el rol que juegan en la sociedad. De esta forma, mujeres defensoras de derechos humanos, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans y mujeres periodistas, por mencionar algunas, se enfrentan a situaciones particulares a la hora de ejercer sus liderazgos o sus profesiones, las cuales muchas veces atentan contra su integridad y ponen en riesgo sus vidas.

A continuación, brindamos un panorama sobre los problemas específicos que enfrentan diferentes grupos de mujeres en la región. Al mismo tiempo, mujeres de Nicaragua, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y República Dominicana brindan sus perspectivas sobre cómo su activismo y su trabajo profesional se ven marcados por los contextos adversos que prevalecen en sus países.

Defendiendo derechos en una dictadura

Las mujeres han sido sujetas activas y protagónicas en la defensa de los derechos humanos y en la resistencia cívica desde antes del estallido social de Nicaragua, en abril de 2018. En el contexto actual, caracterizado por la violencia sistemática estatal y parapolicial, las mujeres defensoras, activistas y periodistas son blanco de persecución, hostigamiento, asedio, amenazas y privación de libertad. Estos ataques les exponen a riesgos aún mayores por razón de género.

Según registros de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND) y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), desde el inicio de la crisis en abril 2018, al menos 109 mujeres defensoras y activistas han sido detenidas arbitrariamente, y ha habido más de 4,000 agresiones hacia defensoras. Por otro lado, al menos 12 mujeres excarceladas han denunciado haber sido víctimas de algún tipo de violación sexual, entre otras agresiones; y 13 mujeres (5 de ellas adultas mayores) continúan privadas de libertad por motivos políticos y sin atención médica adecuada en los centros de detención.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, afirma que, históricamente, las mujeres presas políticas han sufrido graves agresiones diferenciadas dentro de los centros de detención. Recuerda que, como presa política de la dictadura somocista, su mayor miedo era que la “trasladaran a la Dirección de Seguridad del Estado de Somoza, donde había un historial de violación sexual a las presas políticas”. Ahora, denuncia que el régimen de Ortega y Murillo a través de “policías perversos” somete a aislamientos, incomunicación, interrogatorios prolongados y otras formas de tortura psicológica y física a las mujeres presas políticas. Cita los casos de Suyén Barahona, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, que tienen casi 9 meses en celdas de aislamiento.

Ana Lucía Álvarez, quien es defensora de derechos humanos y familiar de tres presas políticas, explica que las mujeres defensoras son víctimas de agresiones sexualizadas como tocamientos, desnudos, tortura sexual, desmantelamiento de redes, entre otras. Asimismo, denuncia que “en uno de los juicios de una presa política, la narrativa del fiscal estuvo relacionada a si tenía una pareja, si había tenido relaciones sexuales con tal o cual persona. Estas son narrativas que no aparecen en juicios de hombres presos políticos, pero sí aparecen en juicios de mujeres que están siendo enjuiciadas y criminalizadas”, finaliza.

Luchando y sobreviviendo ante la transfobia

En Brasil, donde las organizaciones de la sociedad civil denuncian constantemente la ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de ser el país con más asesinatos de personas trans en el mundo, las mujeres trans que ejercen funciones públicas se enfrentan cada día al discurso de odio y a la desprotección del Estado. “En las elecciones de 2020, unas 30 mujeres trans/travestis fueron elegidas y en el ejercicio de sus mandatos sus vidas son amenazadas, lo cual demuestra y justifica que estamos (…) en la disputa del proyecto social», asegura Ariela Nascimento, mujer trans y asesora parlamentaria de la concejala y también mujer trans, Benny Briolly (Niterói-RJ).

Ludymilla Santiago, lideresa trans desde hace más de 13 años y quien alza su voz por los derechos de las mujeres desde una perspectiva no binaria y de inclusión, señala que el tema de la identidad es muy importante para las mujeres trans y que el discurso sobre ser mujer va mucho más allá de las imposiciones sociales vigentes. “Debemos evolucionar y hacer que esta diversidad esté cada vez más representada para romper la hegemonía patriarcal», afirma.

Haciendo frente a la violencia y al racismo

El conflicto armado en Colombia—cuyo mayor impacto ha sido en las zonas de poblaciones afrodescendientes—ha afectado de forma diferencial a las mujeres afrodescendientes en el país. Entre las principales afectaciones se encuentra la violencia sexual. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, el 20% del total de mujeres víctimas de violencia sexual, son afrodescendientes. Luz Marina Becerra, representante de La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia La COMADRE, hace énfasis en las brechas de desigualdad, racismo y discriminación a las que se tienen que enfrentar las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, imposibilitando así el goce efectivo de sus derechos.

La COMADRE lleva 5 años solicitando al Estado el cumplimiento de la Resolución No. 2016-244846, por medio de la cual se ordenó su inscripción en el RUV y se reconoció como sujeta étnica de reparación colectiva en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011. Sin embargo, luego de 5 años y numerosas solicitudes de comenzar con esta ruta a través de la consulta previa, han recibido la negativa de diferentes instancias del Estado, desconociendo sus derechos fundamentales.

Ejerciendo el periodismo para resistir la censura

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Cuba es el país de Latinoamérica con menos garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y, por tanto, de la libertad de prensa. La prensa independiente en la Isla enfrenta constantemente la censura, el hostigamiento y la represión de parte del Gobierno y, en medio de esta realidad, las mujeres periodistas sufren impactos diferenciados.

En el informe “Democracia de papel”, la organización Artículo 19 da cuenta de “agresiones sistemáticas y generalizadas que son implementadas para asfixiar al periodismo”. Detalla que, durante 2019, documentaron que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año, pero en 2020 el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. Y en el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En reiteradas ocasiones, la periodista María Matienzo ha sido blanco de interrogatorios, asedio y campañas de desprestigio en redes sociales en las que su género y expresión de género son focos de ataque. Ella considera que ejercer el periodismo en un contexto tan adverso no la convierte en una activista, pero está clara de que esta profesión la obliga a cruzar las fronteras de la escritura y termina acompañando a otras mujeres violentadas. “Ojalá decir lo que una piensa en medio de tantas adversidades sea algún tipo de liderazgo porque a veces no nos queda más remedio que disentir si queremos vivir con algo de dignidad”, afirma.

Incidiendo para lograr la igualdad

En Perú, las mujeres lesbianas están uniendo esfuerzos para lograr la adopción de políticas a favor de sus derechos a la igualdad y no discriminación. En la reciente revisión del Comité CEDAW al Estado, una coalición que denominaron #LesbianasCEDAW incidió para que este órgano haga recomendaciones específicas sobre sus derechos, a partir de los principales problemas que enfrentan. Una de sus demandas es fortalecer e implementar la política de educación sexual integral que reconoce a las infancias y adolescencias lesbianas como sujetos de derecho, a fin de prevenir y atender todas las formas de violencia.

Asimismo, exigen que el Congreso de la República modifique el artículo 234 del Código Civil a través de la aprobación de la iniciativa legislativa 525/2021-CR, proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, y que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aplique el artículo 2050 del Código Civil, que establece el reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero; esto último ante el no reconocimiento de los matrimonios de mujeres lesbianas que se casan fuera del país y de sus hijos.

“En el caso peruano, las lesbianas feministas han contribuido a ampliar el contenido esencial del derecho a la igualdad y no discriminación para incorporar la prohibición de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Asimismo, para comprender que las lesbianas y mujeres en general no queremos igualarnos a los hombres, sino que pensamos la igualdad tomando en cuenta las diferencias y el acceso a libertades, derechos, bienes y poder”, asegura María Ysabel Cedano García, lesbiana quechua feminista socialista.

Acompañando a mujeres migrantes discriminadas

En los últimos meses, el Gobierno de República Dominicana ha sido criticado por la aplicación de una medida que consiste en deportar a mujeres haitianas embarazadas. A la fecha, algunos medios de comunicación reportan la deportación de entre 200 y 300 mujeres en esa condición. Esta situación se ha convertido en una nueva causa de lucha para el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA).

En ese sentido, Jenny Morón, del Departamento Legal de dicha organización, comparte que se siente privilegiada por tener la oportunidad de alzar su voz en nombre de otras mujeres migrantes que sufren esta y otros tipos de violencia. “Cuando hablo por las mujeres hablo por mi generación, por mi descendencia, pienso que estoy construyendo una base para que mi hija y nietas vivan en un mundo menos discriminador y más igualitario”, afirma.

Este Día Internacional de la Mujer, desde Raza e Igualdad expresamos nuestra máxima admiración y respeto al trabajo que realizan miles de mujeres por el reconocimiento y garantía de sus derechos. Las seguiremos acompañando. También llamamos a los Estados a adoptar leyes y políticas que protejan su activismo y profesiones en línea con los estándares internacional de los derechos humanos y, además, den respuesta a sus demandas; todo ello teniendo en cuenta que las mujeres son diversas y que sus experiencias de vida están marcadas por sus características y los roles que desempeñan en la sociedad. A los sistemas de derechos humanos, les solicitamos ser protagonistas en el desarrollo de estándares nacionales y regionales de protección de las mujeres, ofrecer asistencia técnica a los Estados para la adopción e implementación de estos, y reconocer las identidades diversas e interseccionales de las mujeres.

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Cuba: La CIDH otorga medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho y al defensor de derechos humanos Raúl Soblett López

Washington D.C., 3 de diciembre de 2021.– Respondiendo a una solicitud del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho, y a su pareja Raúl Soblett López, defensor de derechos humanos y derechos LGBTI+. Ante la documentación presentada por Raza e Igualdad, la Comisión determinó que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

Por medio de la Resolución 100/2021, la CIDH solicita al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, y puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos. Además, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe—dentro de un plazo de 15 días—sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Hechos alegados

La documentación presentada por Raza e Igualdad a la CIDH da cuenta de las constantes violaciones de derechos humanos que han enfrentado los beneficiarios en los últimos años, las cuales incluyen asedio policial, interrogatorios, amenazas y detenciones en el marco del ejercicio de sus actividades como periodista y defensor de derechos humanos, respectivamente. En ambos casos, las violaciones provienen tanto de autoridades como de personas anónimas a través de las redes sociales.

Respecto a Valdés Cocho, se refiere que, hasta octubre pasado, había sido detenido en ocho ocasiones, siendo una de ellas la detención que sufrió el 30 de octubre, cuando regresaba a su casa y fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado que lo trasladaron a Villa Marista, donde fue obligado a desnudarse bajo el argumento de realizar una revisión. Ahí permaneció una noche y fue interrogado dos veces. Luego, el 12 de noviembre, fue objeto de un acto de repudio y el 15 de noviembre—día en que la sociedad civil había convocado a la Marcha Cívica por el Cambio—su casa estuvo sitiada por agentes de la Seguridad del Estado que le impidieron salir tanto a él como a su pareja.

En el caso de Soublett López, en tanto, la información indica que es víctima de acosos por parte de la Seguridad del Estado desde el año 2018, cuando agentes comenzaron a acercársele para advertirle que tenían conocimiento de su activismo y amenazarlo con que ello podría afectar su trabajo y sus estudios, e incluso llegar a ser procesado penalmente. A raíz del inicio de su relación con Valdés Cocho, en octubre de 2020, el acoso se ha intensificado y durante el presente año ha sido llamado a interrogatorios en varias ocasiones. Uno de los interrogatorios ocurrió el 18 de junio en la Dirección Municipal de Educación, donde fue amedrentado por su activismo antirracista, en defensa de las personas LGBTI+ y contra la violencia de género, así como amenazado con ser despedido y procesado.

“Es muy importante para nosotros que la CIDH, a petición de Raza e Igualdad, nos haya otorgado las medidas cautelares, ya que es una protección frente al hostigamiento, el acoso, toda la violencia ejercida por el Estado contra nosotros, por nuestras actividades en promover y defender los derechos humanos y profesiones”, expresaron los beneficiarios.

Censura y discriminación

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH hace alusión al contexto de censura y hostigamiento que enfrenta el periodismo independiente en la Isla, en lo cual enumera varias formas de represión contra periodistas como la exigencia de contar con afiliación para ejercer el periodismo, amenazas, citaciones e interrogatorios con fines intimidatorios; detenciones arbitrarias; allanamientos y decomiso de equipos periodísticos u otros bienes; despidos y pérdida de autorizaciones para ejercer profesión o actividades económicas; presiones y amenazas a familiares, entorno social y prácticas difamatorias; e impedimentos de salida y otras restricciones arbitrarias a la libertad de circulación.

La Comisión también señala de forma particular la violencia, discriminación y restricciones a sus derechos de reunión, asociación y libertad de expresión que sufren las personas LGBTI+ y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan temas de orientación sexual e identidad de género. “En particular, la Comisión observa que la intersección entre la discriminación por razones del origen étnico-racial, orientación sexual diversa e identidad de género afectaría de manera desproporcionada a la población LGBTI afrocubana”, indica.

Raza e Igualdad exhorta al Estado cubano a adoptar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Héctor Valdés Cocho y Raúl Soublett López, y a permitir que tanto ellos como todas las y los periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus labores sin ser objeto de discriminación, violencia y detenciones, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Raza e Igualdad lanza informe sobre mujeres presas políticas en Cuba y llama al Estado a cesar persecución y criminalización en contra defensoras de derechos humanos

Washington D.C., 24 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el 18 de noviembre del presente año el informe “Voces en resistencia: mujeres presas políticas en Cuba”, el cual retrata la experiencia de mujeres que son o han sido presas políticas y el impacto que su condena y otros actos de represión han tenido en sus vidas. El informe, además, contiene recomendaciones al Estado cubano y a la comunidad internacional con miras a cambiar la situación de persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en la Isla.

El evento de lanzamiento contó con la participación del Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comisionado Stuardo Ralón, y de mujeres expresas políticas, quienes compartieron sus experiencias desde diferentes perspectivas. En tanto, Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad y autora del informe, presentó los principales hallazgos del mismo; y Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, brindó unas palabras de bienvenida en las que destacó la relevancia de este evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba sufren diariamente violencias estructurales de una forma muy particular. Tienen que liderar con la doble carga de trabajo renumerado y no renumerado que es común para mujeres en cualquier lado del mundo, pero también están sometidas a hostigamiento, amenazas, actos de repudio, interrogatorios y detenciones arbitrarias, entre otros, que muchas veces incluyen violencia tanto física como emocional. Las consecuencias de esta violencia se transfieren a las familias de las activistas y a sus comunidades. Y en los casos en que las activistas llegan a ser prisioneras políticas la violencia estructural y sus impactos son aún más graves”, señaló.

El informe

Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, explicó que aparte de la llamada “doble carga” que asumen las mujeres cubanas en un contexto de control político y desabastecimiento de alimentos y medicinas, las razones que motivaron la realización de este informe fueron que Cuba no cuenta con una ley que proteja a las mujeres de la violencia basada en género y la falta de información sobre mujeres presas políticas en la comunidad internacional.

El informe recoge los casos de 12 mujeres activistas que fueron condenadas por diferentes delitos después de expresar opiniones en contra del Gobierno. La mayoría pasaron seis meses o más en una institución penal en Cuba, mientras otras cumplieron condenas de arresto domiciliario. La información fue recolectada mediante entrevistas que se realizaron directamente con las mujeres o con los familiares de las mujeres que están actualmente detenidas.

“Las entrevistas con las presas políticas confirman que las prisiones en Cuba son inhumanas y no tienen las necesidades básicas para sobrevivir. Las mujeres estaban en celdas sucias, llenas de ratas e insectos y, en algunos casos, hasta excremento humano. Además, pasaron hambre y fueron aisladas de sus familias y de otras presas. Algunas sufrieron de violencia por parte de las reclusas o las guardias. Ninguna recibió tratamiento médico adecuado, lo que resultó en enfermedades graves”, refiere el informe.

Testimonios

La Dama de Blanco y expresa política, Jacqueline Heredia, es una de las protagonistas del informe. Fue detenida en abril de 2016 y, más de un año después de estar en prisión (mayo de 2017), recibió una condena de tres años de cárcel por los delitos de “desacato” y “atentado”. En agosto de 2017 le asignaron una licencia extrapenal por complicaciones graves en su salud. Hoy, la activista enfrenta el riesgo de volver a prisión, pues tanto ella como su esposo, Carlos Alberto Álvarez, están siendo acusados por el delito de “atentado”.

No obstante, su esposo está detenido desde hace seis meses en la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. “Lo detuvieron por [el impago de] unas multas arbitrarias que nos pusieron a los dos, y ahora nos acusan de atentado, para él piden 4 años y para mí 3 años de prisión. Dicen que cometimos el atentado en 2019, el 8 septiembre que es el día de la Marcha de los Girasoles, y nosotros participamos pacíficamente. Él está esperando el juicio en prisión y yo en casa”, contó a través de un video que se transmitió en el evento.

Yamilka Abascal, que integra la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y otras organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia en la Isla, fue condenada en 2017 a dos años de arresto domiciliario. Fue acusada de “desacato” cuando, junto a su esposo—el también activista José Rolando Casares—se dirigía hacia La Habana para participar en una rueda de prensa internacional para dar a conocer una campaña cívica de la Mesa de Diálogo.

Cuando recibió la condena, Yamilka tenía ocho meses de embarazo. En su participación en el evento, la cual fue vía telefónica, explicó que durante la reclusión domiciliaria era constantemente asediada por la Policía y esto la afectó psicológicamente a ella y a sus hijos. Pese a que ya cumplió su condena, la joven no deja de ser perseguida y amenazada por las autoridades y partidarios del Gobierno.

Lisandra Rivera es parte de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y por su activismo dentro de esta organización ha sido perseguida, amenazada y agredida físicamente en los últimos años, al punto que, en junio de 2014, perdió un embarazo de cuatro meses de gestación por una golpiza que le propinaron agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria. “En 2016 fui detenida porque salí en defensa de unos cuentapropistas que ellos estaban golpeando y a finales de 2016 fui enjuiciada y llevada a prisión por el delito de atentado”, relató en un video que fue transmitido en el evento.

Rivera fue condenada a dos años de cárcel. Los primeros once meses los pasó en la prisión de Santiago de Cuba y durante ese tiempo estuvo sin recibir visitas y se le negó el derecho de realizar llamadas telefónicas. Luego fue trasladada a la prisión Kilo 5, en Camagüey, donde en cinco ocasiones fue aislada en celdas de castigo y una de ellas por tres meses y diez días; además, Lisandra sufrió las pésimas condiciones de la prisión en términos de higiene y alimentación.

La labor de la CIDH

En su intervención, el Relator para Cuba de la CIDH, destacó que en Cuba la sociedad civil reporta “un patrón sistemático para perseguir a los manifestantes pacíficos, a los opositores políticos, a los activistas”, el cual se ha agudizado a raíz de las protestas del 11 de julio y en el marco de la manifestación anunciada por la sociedad civil independiente para el 15 de noviembre, pero que no pudo realizarse debido a la fuerte represión del Gobierno. “Y esto lo realiza a través de hostigamiento, acoso, detenciones arbitrarias y juicios que no observan las mínimas garantías del proceso legal”, precisó.

El comisionado Ralón, en nombre de la CIDH, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir al Estado poner fin inmediato a la persecución y a las detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas, y aseguró que existe una enorme sensibilidad dentro de la Comisión de continuar esta labor de monitoreo “porque hay un pleno convencimiento de que para que exista un respeto a los derechos humanos, necesariamente tienen que haber las principales libertades que exigen estas voces opositores”.

En Raza e Igualdad seguiremos dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Cuba, incluida la persecución y criminalización que enfrentan mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Con este informe esperamos contribuir a cambiar esta realidad, exigiendo que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y compartiendo con la sociedad civil y con la comunidad internacional algunas de las voces en resistencia.

Familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos solicitan a la CIDH visita in loco para constatar la situación de las personas privadas de la libertad en Cuba

  • El trabajo que hacen las organizaciones es una esperanza para Cuba, pero también para la región: CIDH

Jueves 21 de octubre de 2021.- Hoy se llevó a cabo la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” durante la cual familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al Gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad.

La sesión, que no contó con la presencia del Estado cubano, tuvo lugar en el marco del 181º Período de Sesiones y en la misma una veintena de organizaciones, entre ellas Raza e Igualdad, expresó su deseo de que la CIDH inicie un proceso de diálogo entre la Comisión, el Gobierno cubano y las propias organizaciones.

En su intervención ante las Comisionadas y Comisionados, Sayli Navarro, promotora de “Cuba Decide” e integrante de las Damas de Blanco, narró la detención que sufrieron el 11 de julio ella y su padre, Félix Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, quien se contagió de COVID en prisión y aún no han podido verlo. También mencionó los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la UNPACU y promotores de Cuba Decide; Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.

Laritza Diversent, directora de Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio, en colaboración con el Grupo de trabajo Justicia 11J, han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos. Destacó los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ quienes, si bien no son la mayoría de las personas detenidas, la represión contra ellas y ellos ha sido desproporcionada para provocar efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno.

Destacó las agresiones que recibieron las y los periodistas durante las coberturas de las protestas, para obstaculizar el flujo de información.  Se registraron agresiones contra 18 periodistas, 5 mujeres y 13 hombres, de 8 medios de comunicación independientes. Si bien fueron liberados, la mayoría están sujetos a un arresto ilegal domiciliario de manera reiterada. También alertó sobre el sistema normativo implementado por el gobierno para limitar la libertad de expresión en el espacio digital. Después de las protestas del 11 de julio se puso en vigor el Decreto Ley No. 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet. Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de manifestaciones o las convocatorias en línea de protestas pueden ser calificadas como difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social, abundó Diversent.

En representación del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Osvaldo Navarro Veloz dio a conocer que han hecho un seguimiento a las y los artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana, el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”, señaló.

Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de velar y salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía en Cuba, hizo un recuento de lo que organizaciones de la sociedad civil han documentado desde el 11 de julio pasado. Por lo menos 39 detenciones arbitrarias en contra de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda.

Finalmente, Marthadela Tamayo González, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció que la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es solo un eslabón de la pedagogía de la crueldad. Se refirió a casos en particular como el de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, ambas activistas de derechos humanos, que fueron detenidas violentamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios. Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia.

Por parte de la CIDH, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, relator del país, reconoció el esfuerzo y la valentía de labor que realizan las organizaciones en condiciones tan adversas y enfatizó que no se puede argumentar que un embargo económico sea el causante de situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos, ya que tienen otra causa, dijo: “No existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”.

«Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba», sentenció.

Julissa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la CIDH reiteró el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que están haciendo las organizaciones, dado que es una esperanza no solo para Cuba sino también para la región.

Las y los Comisionados coincidieron en su preocupación por las amenazas que el gobierno cubano ha emitido en frontal oposición a las protestas anunciadas para el próximo 15 de noviembre y adelantaron que mantendrán observación especial durante esa jornada.

FIRMAN:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Cubalex

Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC)

Movimiento San Isidro (MSI)

Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)

La Hora de Cuba

IFEX‐ALC

ARTICLE 19 México y Centroamérica

Fundación para la Democracia Panamericana (FDP)

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)

Impulsa Latinoamérica (IL)

Civil Rights Defenders (CRD)

Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

Instituto Patmos (IP)

Cuba: El Estado debe respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica, y cesar la represión contra quienes convocan a la Marcha Cívica por el Cambio

Washington D.C., 7 de octubre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su condena ante la serie de detenciones, agresiones e interrogatorios que el Gobierno de Cuba está ejecutando en contra de personas que—en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta pacífica—se encuentran convocando a una marcha programada para el próximo 20 de noviembre, la cual han denominado Marcha Cívica por el Cambio. Respaldamos a la sociedad civil independiente en la Isla en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y llamamos al Estado a respetar el derecho a la reunión y manifestación pacífica.

Desde el pasado 20 de septiembre, día en que se dio a conocer la convocatoria a la manifestación, han sido detenidos al menos siete activistas independientes, entre ellos tres integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) que cuentan con medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A medida que se han hecho públicas las cartas con las que la sociedad civil notifica a las autoridades locales sobre la realización de la manifestación, las y los firmantes de las mismas han sufrido detenciones, agresiones e interrogatorios de parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado.

El rapero e integrante del CIR, Osvaldo Navarro, fue detenido el viernes 24 de septiembre en las afueras de su casa en La Habana y estuvo privado de libertad alrededor de cuatro horas, mientras que el domingo 26 de septiembre, el coordinador nacional de dicha organización, Juan Antonio Madrazo, fue interceptado e introducido a una patrulla policial con la cual recorrieron varios puntos de la capital, incluyendo los alrededores de la prisión Valle Grande, y finalmente fue llevado a una estación policial. En ambos casos, los oficiales de la Seguridad del Estado cuestionaron y amenazaron a los activistas por su participación en la Marcha Cívica por el Cambio.

El lunes 27 de septiembre, fue detenida en la vía pública la activista Nairobis Scheri Suárez, pareja del coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, quien también fue detenido el miércoles 29 de septiembre. Scheri Suárez estuvo privada de libertad por tres horas, y Cuesta Morúa fue puesto en libertad después de 11 horas de arresto, tiempo durante el cual también fue interrogado por su involucramiento en la organización y convocatoria a la manifestación del 20 de noviembre. Desde entonces, su casa se encuentra bajo asedio policial.

El domingo 3 de octubre, Osvaldo Navarro volvió a sufrir una detención arbitraria, esta vez junto a su pareja y también integrante del CIR, Marthadela Tamayo, quien un día después denunció por redes sociales la advertencia que recibieron de parte de oficiales de la Seguridad del Estado: “De aquí al 20 de noviembre al CIR y al CTDC les vamos a hacer la vida un asco».

El lunes 5 de octubre, medios independientes informaron sobre la detención y agresión en contra de la activista Elsa Isaac Reyes cuando intentaba entregar a las autoridades una notificación sobre la realización de la Marcha Cívica por el Cambio en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La activista se presentó por la mañana a la Intendencia y tras dar a conocer la razón de su visita, agentes de la Seguridad del Estado la interceptaron, le rompieron los documentos que llevaba, le arrebataron su celular y su cartera, y la llevaron a la estación policial de la localidad, donde la mantuvieron alrededor de tres horas y la amenazaron con llevarla a juicio por “desobediencia”.

Ese mismo día, el miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Dariem Columbié, fue detenido por oficiales del Ministerio del Interior cuando se dirigía al Gobierno Provincial de Santiago de Cuba a presentar una solicitud para llevar a cabo la manifestación del 20 de noviembre. Columbié estuvo privado de libertad por más de tres horas, y también fue interrogado durante ese tiempo.

Sobre la marcha

La iniciativa de la Marcha Cívica por el Cambio fue propuesta inicialmente por el dramaturgo Yunior García Aguilera, y se oficializó el pasado 20 de septiembre cuando varios activistas entregaron a las autoridades de La Habana una carta informando sobre la realización de la misma. En esa ocasión, la activista y curadora Anamely Ramos, dijo que “luego de amplios y profundos debates con varios miembros de la sociedad civil se decidió realizar la marcha el primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional».

Desde entonces, activistas han replicado la acción en al menos siete ciudades del país, entre ellas Pinar del Río, Guantánamo, Holguín, Santa Clara y Camagüey. Según sus organizadores, la manifestación exigirá que se «respeten los derechos de todos los cubanos, la liberación de los presos políticos» y abogará por la «solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas». Las y los activistas involucrados en esta iniciativa apelan al artículo 56 de la Constitución cubana, el cual contempla los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

Raza e Igualdad reafirma su respaldo a la sociedad civil independiente en Cuba en esta acción ciudadana, a la vez que exhorta al Estado a cesar la persecución en contra de las personas que participan en la misma y a permitir el desarrollo de la Marcha Cívica por el Cambio sin ningún tipo de acoso o violencia de parte de entidades estatales o grupos afines al Gobierno, en correspondencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe señalar, además, que al otorgar las medidas cautelares a los tres integrantes del CIR, la CIDH solicitó al Estado cubano adoptar “las medidas necesarias para que Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo y Oswaldo Navarro puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores”. Por otra parte, la Comisión manifestó en su momento su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio.

Recordamos que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio dejó al menos una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra voces críticas, por lo que solicitamos a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en la Isla y llamar a las autoridades a respetar el derecho a la manifestación, reunión, y pacífica, derechos que están respaldados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente por el artículo 20 de la misma.

 

Foto: Una patrulla policial asedia la casa del activista y defensor de derechos humanos, Manuel Cuesta Morúa. Twitter / Marthadela Tamayo.

CIDH decide ampliar medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.– A petición del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ampliar las medidas cautelares a favor de los activistas Richard Adrián Zamora Brito, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), e Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

Sobre Richard Adrián Zamora Brito

En enero y junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro  miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), al considerar que sus vidas e integridad personal se encuentran en riesgo por las labores de defensa y promoción de derechos humanos que realizan en la organización. Como resultado de las protestas que se registraron el 11 de julio en Cuba, el riesgo se incrementó afectando a otros miembros del CIR, como Richard Zamora, por lo que Raza e Igualdad requirió la ampliación de medidas cautelares, la cual fue otorgada por la CIDH el 22 de agosto de 2021 mediante Resolución 64/2021.

Richard Adrián Zamora Brito, conocido como “El Radikal”, es músico, activista y Coordinador del CIR en la provincia de Matanzas. En este sentido, trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en su comunidad. Por sus labores como activista y artista, y por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha sido perseguido por el Gobierno cubano en múltiples ocasiones.

El domingo 11 de julio de 2021, Richard Zamora acompañó las manifestaciones en la provincia de Matanzas a fin de documentar lo que estaba sucediendo en las protestas. En la noche retornó sin problemas a su hogar, ubicado en Colón; sin embargo, en la madrugada del 12 de julio, mientras descansaba, cuatro agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron. Ese día le informaron a su esposa que sería trasladado a la Estación de Policía del Municipio Colón, en la Provincia de Matanzas, por un supuesto «proceso de investigación».

El 14 de julio de 2021, la familia de Richard Zamora, incluida su esposa, estuvo en el Centro de Instrucción Penal en Matanzas para que las autoridades explicaran las razones de su detención. Los oficiales les comunicaron que una vez cumplidas las 96 horas informarían el delito por el cual sería acusado. Las 96 horas se cumplieron el 15 de julio sin ninguna novedad sobre su caso y su estado. Aunque sus familiares solicitaron la revisión de la medida de privación de libertad, tal requerimiento fue negado y tampoco tuvieron acceso al expediente. La única información que recibieron de manera verbal y extraoficial fue que Richard estaba siendo procesado por los delitos de “desorden público” y “disturbios”.

Luego de 40 días de incomunicación, el 20 de agosto de 2021, Richard Zamora fue liberado bajo fianza en espera de juicio. La fianza fue de 10.000 pesos, que equivalen a aproximadamente 500 dólares.

Sobre Irán Almaguer Labrada

El 7 de enero de 2021 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yandier García Labrada, hermano de Irán Almaguer Labrada, quien se encuentra privado de libertad desde noviembre 2020. Ambos son miembros del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y por sus labores en esta organización han sido perseguidos y hostigados por las autoridades cubanas, lo que ha colocado en riesgo su vida e integridad personal.

Irán Almaguer Labrada es Coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso donde realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos. Además, requiere tratamiento permanente para no perder su visión pues sufre de retinosis pigmentaria. Esto ha sido usado por la Seguridad del Estado como factor para amedrentarlo, ya que las veces que ha sufrido detención por corto tiempo le han advertido que, si continúa con su activismo, le negarían el tratamiento médico[1].

Desde su afiliación al MCL, Irán Almaguer Labrada ha sido víctima de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones de corta duración por sus labores de defensa de la democracia y derechos humanos en Cuba. Sin embargo, la intimidación en su contra se ha recrudecido desde la privación de libertad de su hermano Yandier García Labrada, y las consecuentes acciones que Irán ha emprendido para reclamar justicia. Desde enero 2021 es privado de libertad al menos una vez al mes por períodos cortos. Mientras se encuentra privado de libertad lo mantienen incomunicado de su familia, lo que causa un sufrimiento y estrés constante a su esposa, que es una persona no vidente e hipertensa, y a su hija de 14 años.

La última detención de Irán Almaguer ocurrió el 21 de julio de 2021, en el contexto de las históricas manifestaciones en la isla. Alrededor de las 9:00 am, mientras se encontraba en su vivienda, fue privado de libertad y trasladado a la Unidad Policial conocida como El Anillo, en la ciudad de Holguín, ubicada a 20 km de su domicilio.

Permaneció incomunicado y privado de libertad hasta el 23 de julio, día en que fue liberado en horas de la tarde. Mientras estuvo detenido lo colocaron en una celda solo y fue interrogado en dos ocasiones por los oficiales de la Seguridad del Estado, quienes le advirtieron que sería encarcelado de “continuar con su activismo” e insistieron en que se mantenga callado sobre la situación actual de Cuba, pues tenían conocimiento que había comentado al respecto en una panadería. Le indicaron que de continuar “incitando a la población” lo procesarían.

Por estos hechos, el 28 de agosto de 2021, la CIDH a través de Resolución 68/2021[2] decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que implemente las medidas cautelares otorgadas a favor de Richard Adrián Zamora Brito e Irán Almaguer Labrada, lo que incluye la garantía de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad, seguridad y garantías judiciales. Además, nos unimos al llamado de la CIDH para que se aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de sus labores de activismo en las organizaciones de las que forman parte, sin ser objetos de intimidación, persecución o amenazas.

 

[1] https://www.radiotelevisionmarti.com/a/231859.html?fbclid=IwAR3Ok8hwQelrB7yS2UqS5WI6Nr6mcvPB56w1KZl2VZ2zou0SJ_RA4x0ljZ4

[2] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_68-21_mc_1068-20_cu_es.pdf

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