Raza e Igualdad expresa preocupación por la detención, incomunicación y revocatoria de la prisión domiciliaria de José Daniel Ferrer García e informa sobre decisión de la CIDH en seguimiento a petición por violación de derechos humanos en contra de Ferrer García y otros miembros de la UNPACU

Washington D.C., 19 de agosto de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la detención, incomunicación y la revocatoria de prisión domiciliaria en perjuicio de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien se encuentra privado de libertad desde el domingo 11 de julio por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las históricas manifestaciones que se registraron ese día en la Isla.

Sobre la detención e incomunicación

El domingo 11 de julio de 2021, alrededor de las 5:00 pm, José Daniel Ferrer García, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica en Santiago de Cuba. Antes de llegar al lugar de concentración en el Parque Céspedes, fueron interceptados por agentes de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y personas vestidas de civil parte de la Brigada de Respuesta Rápida, e inmediatamente fueron detenidos de manera violenta y conducidos al centro de operaciones de Santiago de Cuba.

Tras varios esfuerzos de sus familiares para localizarlo, el día 13 de julio, un oficial de la Policía informó de manera verbal a la esposa de Ferrer García, Nelva Ortega, que este se encontraba detenido en el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Versalles, Santiago de Cuba. Cabe destacar que esta comunicación ocurrió en una unidad policial donde Ortega estuvo detenida durante cinco horas.

El joven José Daniel Ferrer Cantillo, en tanto, fue liberado el 18 de julio. Tras su liberación, confirmó que estuvo privado de libertad en Versalles y narró que las condiciones carcelarias fueron muy malas, lo mantuvieron incomunicado, sin acceso a agua potable y en un espacio inseguro para su salud. De hecho, en la prisión se contagió de “estafilococo en la pierna”. El joven indicó que estando en prisión le informaron que estaba detenido por “desorden público” y “propagación de epidemia”. Sin embargo, al liberarlo le levantaron un acta solamente por el primer delito, pidiéndolo acudir cada martes a Versalles para firmar un acta[1].

José Daniel Ferrer García permanece privado de libertad e incomunicado desde hace más de un mes, y no ha habido acceso al expediente fiscal sobre su caso. Su familia no tiene certeza del lugar de detención, pues el 14 de agosto un oficial le indicó a Roilán Zárraga Ferrer, miembro de la UNPACU, que José Daniel habría sido trasladado a la prisión de Mar Verde tras habérsele revocado la medida de prisión domiciliaria[2].

Su familia ha interpuesto varios recursos para dar con su paradero y lograr su liberación, entre ellos Habeas Corpus, solicitud de modificación de la medida cautelar y recurso de queja, todos negados. Sus familiares y amigos se encuentran muy preocupados por su estado de salud, pues José Daniel sufre de úlcera gastroduodenal y el día de la detención presentaba dolor abdominal y vómitos con sangre.

Sobre la revocatoria del régimen de limitación de libertad o prisión domiciliaria

A través de auto de fecha 12 de agosto de 2021, que fue notificado a su esposa el 17 de agosto, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba – Sala Tercera de lo Penal, resolvió revocar la sanción subsidiaria de limitación de libertad de José Daniel Ferrer García.

De acuerdo con el auto referido, la motivación de esta decisión sería que Ferrer García “ha mantenido una actitud contraria a los requisitos que debe cumplir, al no encontrarse incorporado al trabajo y ha asumido en varias oportunidades comportamientos incorrectos y desafiantes a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, además de que actualmente se encuentra procesado en el expediente de fase preparatoria número 128 de 2021 seguido por presunto delito de desórdenes públicos y con medida cautelar de prisión provisional”. En consecuencia, el Tribunal resolvió que Ferrer García deberá cumplir en un centro penitenciario los 4 años y 14 días restantes de la pena impuesta en abril de 2020.

Al respecto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones internacionales de derechos humanos como Prisoners Defenders han mostrado su preocupación y han solicitado al Estado cubano respetar los derechos humanos de José Daniel Ferrer.

Sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por pedido de Raza e Igualdad, el 09 de agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que decidirá conjuntamente sobre la admisibilidad y el fondo del caso presentado sobre los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que fueron detenidos, torturados y enjuiciados de manera arbitraria entre octubre 2019 y abril 2020. José Daniel Ferrer García es una de las víctimas de este caso.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado de Cuba para que respete los derechos humanos de José Daniel Ferrer García, incluidos los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad personal, seguridad y garantías judiciales. Además, al encontrarse en custodia del Estado, instamos a que se respete su derecho a mantener comunicación fluida y permanente con su familia y abogados defensores.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=eajKkklp0fI&t=5s

[2] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=944409566138099&id=100017071928730&sfnsn=mo

Organizaciones internacionales reiteran preocupación por la respuesta represiva de parte del Estado cubano, al cumplirse un mes de las protestas del 11 de julio

A un mes de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestra preocupación por la respuesta represiva que el Estado ha dado, misma que ha derivado en la comisión de graves violaciones a derechos humanos contra personas manifestantes, una mayor polarización entre los distintos sectores de la población, y una nueva cancelación en la posibilidad de diálogo y apertura para escuchar y atender las demandas sociales.

En cuanto a violaciones a derechos humanos, las organizaciones hemos documentado actos que atentaron contra la integridad física y psicológica, la seguridad personal y jurídica de las personas manifestantes, así como actos contrarios a los derechos de reunión, libertad de expresión, acceso a la información, y derecho a defender los derechos humanos.

En particular, Cubalex ha registrado lo siguiente:

837 personas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. El 47% de éstas se produjeron el 11 de julio y un 10% el día 12, no obstante, se desconoce la fecha exacta de la detención en el 25% de los casos.
Se detuvieron a 33 personas con edades entre 14 y 18 años. Según la legislación cubana la edad mínima para ser penalmente responsable, es 16 años. Al menos 4 menores de 16 años fueron detenidos en el contexto de las protestas. En estos casos, la justicia se impartió de forma extrapenal y de manera administrativa. De ahí que no se tuvieron en cuenta las garantías del debido proceso, como son el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa efectiva, el principio de publicidad en las actuaciones y la transparencia, la imparcialidad de los jueces y la igualdad de las partes (contradicción) e inmediación, cuando los jueces resuelven los procedimiento de Hábeas Corpus sin tener a la vista a la persona que fue detenida de manera arbitraria y sin darle la oportunidad de una práctica de pruebas en el acto oral, por lo que arriban a su íntima convicción exclusivamente con los documentos que aporta la policía y el Ministerio Fiscal.
Al menos a 44 personas de las que fueron excarceladas^[1], se les impusieron medidas cautelares de fianza en efectivo entre 2000 y 5000 pesos cubanos, de acuerdo con el artículo 8.3 del Código Penal, con lo cual se pone fin al proceso penal durante la fase investigativa por decisión de la policía, pero que por el monto sí deja antecedentes penales. A otros se impusieron multas de naturaleza administrativa por disposición del Decreto 31/2021 sobre propagación de epidemia; en estos casos no se puso fin al proceso, pues según declaraciones de detenidos, se les levantó un acta de advertencia y aplicaron medidas cautelares no privativas de libertad como puede ser la reclusión domiciliaria y la obligación contraída en acta (firmadas en estaciones policiales), todo cuanto resulta violatorio del principio “ne bis in idem” que nadie puede ser procesado ni juzgado dos veces por un mismo hecho.
10 personas permanecen en estado de desaparición forzada^[2].

Las personas encarceladas denunciaron actos de tortura y malos tratos, entre los que se pueden mencionar golpizas, electroshocks, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de perros para amedrantar (algunas personas resultaron mordidas en altas horas de la noche), interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, condiciones higiénicas deplorables y hacinamiento en las celdas, exponiendo altamente a las personas e incrementando los riesgos de contagio por COVID-19. Existen numerosos testimonios en diversos medios de prensa y redes sociales^[3].

Entre los tratos humillantes se describieron desnudos injustificados y obligación a hacer cuclillas en busca de objetos en los genitales, las personas prisioneras fueron obligadas a gritar consignas a favor de la “revolución” como “Viva Fidel» y “Viva Díaz Canel”.

Asimismo, muchos de los excarcelados perdieron notablemente peso debido a la insuficiente cantidad de alimentos y a la falta de higiene en la elaboración y almacenamiento para la distribución de estos y el agua potable.

Hasta el momento, se tiene reporte sobre la ejecución de arrestos en todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. El 28% de las detenciones se produjeron en La Habana, provincia con mayor número de detenidos (224), seguido de las provincias Santiago de Cuba y Holguín con el 11%, Villa Clara y Mayabeque con el 8%, y Matanzas y Artemisa con el 7%. Se desconoce el lugar de detención en el 4% de los casos registrados.

Por lo tanto, las organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, anunciamos que enviaremos diversas comunicaciones a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y a las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de observancia del marco internacional de los derechos humanos por parte del Estado cubano, con el objetivo de que adopte medidas determinadas que vayan encaminadas a cesar la represión y sistemática violación a los derechos de la población, y por el contrario, genere condiciones que garantice el ejercicio de sus derechos.

Hacemos un llamado al gobierno cubano para que informe con transparencia y sin obstáculos, sobre los procesos legales que enfrentan las personas sancionadas por las autoridades desde el 11 de julio, aunque hayan sido liberadas, con especial énfasis sobre el status de casos que involucran a menores de edad. Reconocemos como una necesidad imperante la aprobación de una legislación sobre el derecho de reunión y manifestación pacífica que evite su criminalización.

Apoyamos las diversas propuestas ciudadanas que entre sus principales reclamos, piden la liberación inmediata y sin cargos de las personas detenidas durante las protestas, así como la liberación de aquellos/as activistas y artistas que esperan juicio mientras se encuentran privados de la libertad. Asimismo es urgente que las autoridades informen sobre el paradero y condición física y jurídica de las personas que hasta el día de hoy se encuentran en calidad de desaparición forzada.

De igual manera, nos unimos al llamado que desde la sociedad civil cubana, se hace a diferentes organismos internacionales y a gobiernos democráticos a pronunciarse sobre la violencia desatada por parte del Estado cubano contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente el 11 de julio.

Firman:

ADN Cuba

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)

CADAL

Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio

Colectivo Voces del Sur

Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)

CUBALEX

Cultura Democrática

Freedom House

Freemuse

IFEX-ALC

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Instituto Cubano por la Libertad de expresión y Prensa (ICLEP)

La Hora de Cuba

PEN America

PEN Internacional

^[1] Listado de detenidos y desaparecidos Cuba Julio de 2021. Documento Público

^[2] Ibídem

^[3] 2021-07-19, La Joven Cuba, Abusos a manifestantes en Cuba: necesidad de una Comisión de Verdad y Reconciliación

#SOSCuba: Raza e Igualdad exige respeto a la vida y al derecho a la protesta

Washington D.C., 12 de julio de 2021.- Ante las masivas protestas registradas desde el domingo 11 de julio de 2021 en diferentes ciudades de Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respalda estas manifestaciones que se enmarcan en los derechos de asociación y manifestación pacífica, así como en el conjunto de derechos humanos de las y los cubanos, reconocidos en su Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana.

Raza e Igualdad, por tanto, condena que –contrario a su obligación de respeto a la vida y la libertad de expresión—el Gobierno ha reaccionado reprimiendo las movilizaciones con el uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet, a lo cual se suman las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel en las que llamó a sus partidarios “a enfrentar en las calles estas manifestaciones”.

A lo largo del domingo, las protestas ciudadanas tuvieron lugar en más de 50 ciudades de la Isla, incluidas La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, San Antonio de los Baños, Camagüey, Santa Clara, Holguín, Cienfuegos y Guantánamo. Esta ola de manifestaciones, que no tienen precedentes en la historia cubana en los últimos 60 años, han sido motivadas por la profunda crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de Covid-19. El pasado 8 de julio, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, confirmó que Cuba es el país del Caribe con el mayor número de casos semanales. En tanto, en los primeros 10 días de julio, el Ministerio de Salud Pública contabilizó 44,546 nuevos casos y 235 decesos.

Esto se suma a una marcada escasez de alimentos y medicinas, así como a la grave restricción al ejercicio de derechos civiles y políticos, y a la persecución y hostigamiento contra activistas, artistas y periodistas independientes. Todo ello llevó a que, este domingo, miles de personas salieran a las calles a expresar sus demandas y exigir soluciones a las autoridades. No obstante, desde un inicio la Policía trató de frenar las movilizaciones y censurar a la prensa independiente que realizaba cobertura, incluyendo la violenta agresión contra el reportero de la agencia Associated Press (AP), el fotógrafo español Ramón Espinosa. Además, el Gobierno ha desplegado en las calles al grupo élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba conocido como “los boinas negras”.

Paralelo a ello, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó declaraciones en las que amenazó a las y los protestantes, señalando que “tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres y estamos dispuesto a todo”, y calificándolos de “mercenarios” y “contrarrevolucionarios”. En tanto, el lunes –cuando circuló más información sobre la represión de parte de las autoridades—el también Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba dijo que los manifestantes “han tenido la respuesta que merecían”.

Activistas y personas defensoras de derechos humanos residentes en diferentes partes del país, compartieron con Raza e Igualdad que desde el domingo están experimentando cortes en los servicios de energía eléctrica e Internet. También refirieron que la Policía, la Seguridad del Estado y paramilitares están asediando sus casas, y que la persecución y amenazas contra opositores se ha intensificado. Mientras, la organización Cubalex, daba cuenta este lunes de una lista de 94 personas detenidas y desaparecidas, entre ellas el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Raza e Igualdad sigue con mucha preocupación las protestas en Cuba debido a la respuesta represiva del Gobierno y su afán de estigmatizar la expresión ciudadana, exponiendo a las y los manifestantes a ataques perpetrados por sus partidarios. Creemos que estas manifestaciones responden a un sentir legítimo de la población gravemente afectada por la pandemia de Covid-19, la crisis económica y la situación de derechos humanos en el país. Llamamos a las autoridades a cesar la represión y a abrir canales de comunicación con las y los protestantes para conocer sus demandas y brindar respuestas oportunas y apegadas a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, exhortamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal, a reforzar su monitoreo sobre la situación de derechos humanos en la Isla, en aras de formular recomendaciones al Estado para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protesta y a la libertad de expresión en medio de esta nueva ola de protestas ciudadanas.

Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: Raza e Igualdad promueve intercambio sur-sur en vísperas de la presentación del anteproyecto de ley de Código de Familias

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 29 de junio de 2021 el informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba”, en vísperas de que el proyecto de un nuevo Código de Familias sea presentado ante el Parlamento y, posteriormente, sometido a referendo para su aprobación. El lanzamiento se realizó en un evento virtual en el que participaron representantes de la sociedad civil independiente en la Isla y activistas de Ecuador y Costa Rica para compartir experiencias y estrategias en el reconocimiento del matrimonio igualitario en estos países.

El espacio se denominó Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: intercambio de experiencias en la región y tuvo como panelistas al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, a la periodista y activista independiente de Cuba, María Matienzo; al Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, y a la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz. La Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera, estuvo a cargo de moderar este evento.

Además de ser una demanda de la comunidad LGBTI+ en la Isla, la aprobación del matrimonio igualitario está en correspondencia con las obligaciones que el Estado cubano tiene en materia de derechos humanos, así como con la Constitución adoptada en 2019, pues esta conceptualiza el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas. En esa ocasión, se determinó que el matrimonio igualitario se haría realidad incluyéndolo en un nuevo Código de Familias que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021.

Rivera comentó que la posibilidad de un referendo para decidir sobre la aprobación de este Código, trae consigo una serie de posiciones a favor y en contra de este proceso, pues por un lado están las voces fundamentalistas que se oponen al reconocimiento de derechos de la población LGBTI+ y, por otro lado, está la misma comunidad LGBTI+ y los sectores que la apoyan, pero que critican el hecho que se tenga que recurrir a un referendo para reconocer sus derechos.

El informe

El informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba” responde a un interés de Raza e Igualdad de analizar la figura del matrimonio igualitario a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, y su objetivo es fomentar una discusión sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y sus alcances en materia de protección familiar. Además, el documento incluye una serie de recomendaciones para el Estado cubano, para los organismos internacionales y para la sociedad civil con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de la población LGBTI+ en Cuba.

Al presentar los principales hallazgos de este informe, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, señaló que “el derecho a la igualdad debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión en un referendo”. “El matrimonio igualitario se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en la Constitución cubana en los artículos 1, sobre la igualdad; 7, sobre la supremacía; 13, sobre la equidad y justicia social; 16, sobre el disfrute de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de discriminación; 41 sobre la protección a los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación, así como en el artículo 44, sobre el derecho a la igualdad y la inclusión social, entre otros”, dijo.

“El reconocimiento de las personas diversas pasa por el reconocimiento de los derechos civiles de cubanos y cubanas en general”, indicó por su parte la periodista independiente cubana María Matienzo, quien lamentó que la demanda para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ se vea limitada por el control absoluto que ejerce el Estado “en función de una ideología en la que no tienen cabida un hombre que no sea heterosexual junto a una mujer que responda a sus intereses”.

Experiencias en la región

El Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, se refirió a la normativa jurídica, tanto nacional como internacional, que sirvió como base para emprender la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario en este país, donde este derecho es una realidad desde el 8 de julio de 2019. El especialista refirió que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es muy importante para la región, porque la población LGBTI+ no cuenta con un tratado internacional que proteja de manera específica sus derechos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz, compartió la experiencia en cuanto a la campaña de información y concientización que realizaron en el marco de la demanda del matrimonio igualitario. “Es muy normal que en este avance que tienen los países nos enfrentemos a todo tipo de barreras que van desde la oposición total a cualquier tipo de avance hasta aquellos que favorecen completamente el matrimonio igualitario”, expresó.

Para Raza e Igualdad es importante crear este tipo de espacios para el intercambio de experiencias y contar con la participación de activistas de Cuba, país donde existe una grave restricción al ejercicio de derechos civiles y donde la lucha por el reconocimiento de derechos para grupos como la población LGBTI+ se ve opacada por el autoritarismo del Gobierno.

A la luz de las experiencias de Ecuador y Costa Rica, esperamos que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sea utilizada por la sociedad civil de otros países de la región como una herramienta para la demanda del reconocimiento y garantía de derechos de las personas LGBTI+. En el marco de la discusión y aprobación del Código de las Familias en Cuba, exhortamos al Estado cubano a proceder en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos, para el cumplimiento pleno del derecho a la igualdad y no discriminación.

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Menstruación y derechos humanos, un debate necesario para avanzar hacia la plena garantía de derechos humanos en la región

Washington D.C., 28 de mayo de 2021.– Con el objetivo de visibilizar y ampliar el entendimiento sobre la menstruación y su relación con los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó un conversatorio virtual con la participación de activistas de América Latina y expertas internacionales que compartieron conocimientos y experiencias en torno a esta temática. Ello, en ocasión del Día de la Higiene Menstrual, que se celebra cada 28 de mayo, y del lanzamiento del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, elaborado por la organización cubana Plataforma Femenina.

A partir del informe “Menstruación y Derechos Humanos en Cuba”, que devela los obstáculos que enfrentan las mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes en la Isla para acceder a productos de higiene menstrual y realiza recomendaciones al Estado y a la comunidad internacional para garantizar una menstruación digna, este espacio propició un debate sobre cómo la atención y la comprensión del periodo menstrual es necesaria para que las personas que lo viven gocen de todos sus derechos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Al brindar las palabras de bienvenida al evento, la Directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, aclaró que se decidió usar el término higiene menstrual en este espacio porque es el que usan varias agencias de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población. Sin embargo, invitó a las, los y les panelistas a usar el término que consideraran más adecuado y les diera mayor comodidad al momento de intervenir.

Situación en Cuba

Eroises González, coordinadora nacional de la Plataforma Femenina, señaló que la situación de las personas menstruantes en Cuba es preocupante, debido, principalmente, a la disposición estatal de vender solamente un paquete de 10 almohadillas sanitarias por mujer al mes, las cuales, además, son de mala calidad y por tanto resultan insuficientes para cubrir su periodo menstrual.

La activista expuso que esta situación se agrava en al caso de aquellas mujeres que tienen discapacidad o se encuentran bajo régimen penitenciario, pues ellas dependen de lo que sus familiares, batallando con la escasez económica existente en el país, puedan encontrar para llevarles. González describió como un “calvario” la situación que enfrentan estas mujeres al no tener acceso a las almohadillas sanitarias ni a productos de aseo.

En el informe se reconoce que el embargo o bloqueo de los Estados Unidas a Cuba afecta la libre circulación de productos, incluidos los de higiene menstrual. No obstante, al mismo tiempo refiere que el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado que: “la imposición de sanciones no anula ni atenúa en modo alguno las obligaciones pertinentes de un Estado Parte. Como en otras situaciones comparables, esas obligaciones adquieren una importancia práctica mayor en tiempos particularmente difíciles”.

Entre las ocho recomendaciones realizadas al Estado cubano para garantizar una menstruación digna, la Plataforma Femenina incluye la creación de una ley o leyes para el acceso igualitario y gratuito a productos de aseo y de gestión menstrual, y vincular su compromiso de la Agenda 2030 con la problemática de la higiene menstrual, principalmente con los objetivos de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y agua limpia y saneamiento.

Un asunto de igualdad

La comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó en su ponencia que la higiene menstrual es un asunto de equidad de género y que factores como los estereotipos de roles de género, la pobreza extrema y los contextos de emergencia convierten a la menstruación en un determinante de estigma contra las personas menstruantes, y contra su derecho a la igualdad y no discriminación.

“Estudios han demostrado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente su periodo menstrual en las escuelas, el desempeño y asistencia escolar se ven afectados, lo cual a su vez afecta su participación en la sociedad y genera inequidad”, dijo Macaulay, quien indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF definen el adecuado manejo de la higiene menstrual como aquel que permite usar productos limpios de higiene menstrual que pueden ser cambiados en privado durante el periodo menstrual usando jabón y agua para limpiar el cuerpo, así como tener las facilidades para desechar el material usado.

La comisionada también se refirió a la obligación que tienen los Estados para garantizar acceso a agua limpia, productos de higiene menstrual y espacios seguros para el cuido durante el periodo menstrual.

Abordaje inclusivo y comprensivo

Santiago Balvin, activista transmasculino e integrante de la colectiva Rosa Rabiosa, de Perú, participó en el evento para contribuir al abordaje de la menstruación desde la perspectiva de las personas transmasculinas y no binares asignades mujeres al nacer. En ese sentido, comenzó afirmando que para este grupo poblacional “no existen los derechos sexuales y reproductivos” porque se abordan solamente con una mirada cisgénero.

“No todas las personas que menstrúan son mujeres y, por ende, es necesario entender que para las personas trans no binaries menstruar significa no solamente una incomodidad con el cuerpo, sino una no reafirmación de su identidad”, compartió Balvin. También expuso que el simple hecho de comprar una toalla sanitaria, para una persona transmasculina puede provocar una serie de vulneraciones en su estado sicológico y emocional, ya que no son tratadas en correspondencia con su identidad de género.

La terapeuta menstrual Andrea Marín, de Colombia, también compartió conocimientos y experiencias para contribuir a un abordaje comprensivo de la menstruación. “Estos espacios se hacen necesarios ya que se configuran como encuentros en los que podemos nombrar, reflexionar, cuestionar y crear alternativas encaminadas al buen vivir, con la confianza plena que podemos vivir de una manera distinta las relaciones con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo menstrual y con nuestro entorno”, expresó.

Marín afirmó que un primer paso es nombrar el ciclo menstrual, ampliar los conocimientos al respecto y compartirlos tanto en espacios privados como en espacios públicos “para que exista, para que tenga un lugar, para que se explore, para que se visibilice y se generen garantías a través de las políticas públicas”. La experta resumió su intervención apuntando que la menstruación debe ser consciente, segura y libre, en términos de acceso a información, a productos para gestionar el periodo menstrual y de libertad para decidir cómo vivirlo, respectivamente.

En tanto, Anahí Rodríguez, fundadora de la iniciativa MenstruaciónDignaMéxico, señaló que es increíble que un proceso fisiológico por el que atraviesan las personas menstruantes durante aproximadamente cuatro décadas, no sea mencionado en políticas públicas, por lo que aseguró que la menstruación para muchas personas representa un obstáculo al ejercicio de derechos humanos tan básicos como la salud, la educación y la no discriminación.

“Se debe hablar fuerte y claro y enfrentar estos desafíos y dificultades que enfrentamos las mujeres y otras personas menstruantes durante nuestro periodo, debe ser imperativo que los Estados garanticen a cada persona la posibilidad de vivir una menstruación de forma higiénica, íntima, cómoda, segura, saludable y digna”, afirmó Rodríguez, quien indicó que en México, 4 de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza, el 36% de la población mexicana no tiene suministro de agua diario y el 10% no cuenta con un sanitario propio.

Raza e Igualdad reconoce que los obstáculos que enfrentan muchas mujeres, adolescentes, niñas y personas menstruantes a lo largo de América Latina y el Caribe para gestionar su periodo menstrual de forma digna, constituyen a su vez un enorme reto para la plena garantía y ejercicio de sus derechos humanos. Por tal razón, se une a las demandas y recomendaciones de la sociedad civil relacionadas a la creación de leyes, políticas públicas y acceso a productos y servicios de higiene menstrual, y llama a la comunidad internacional a realizar un monitoreo sobre la situación en cada uno de los países, así como a extender recomendaciones a los Estados.

Raza e Igualdad expresa preocupación por la situación de detención del opositor cubano Yandier García Labrada y solicita al Estado de Cuba cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH

Washington D.C., 26 de mayo 2021.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por la situación de riesgo que enfrenta en prisión el Sr. Yandier García Labrada, activista cubano e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). El Sr. García Labrada se encuentra privado de libertad en la prisión “El Típico” desde hace casi ocho meses sin ninguna acusación formal en su contra.

El Sr. Yandier García Labrada fue detenido el 06 de octubre de 2020 luego de que protestara por irregularidades en el abastecimiento de alimentos en las afueras de un supermercado en Manatí, Las Tunas. Tras su detención estuvo incomunicado por aproximadamente un mes, tiempo durante el cual fue golpeado por las autoridades estatales causándole inmovilidad en su brazo izquierdo. Hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de atención médica a pesar de que sufre de constantes ataques de asma.

Por la situación de riesgo en el marco de su privación de libertad, el 7 de enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del Sr. García Labrada requiriendo al Estado que proteja su vida e integridad personal, “en particular, garantizando que sus condiciones de detención se adecuen a los estándares internacionales aplicables”. Además, pidió concertar las “medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes” e informar “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción” de las medidas.

Hasta la fecha, el Estado cubano no ha adoptado ninguna medida para implementar las recomendaciones de la CIDH. Al contrario, la situación del Sr. Yandier García Labrada se ha agudizado por las condiciones carcelarias que enfrenta. No ha podido recibir visitas de sus familiares bajo el argumento de restricciones por la pandemia de COVID-19. La comunicación telefónica es limitada; durante cinco meses le permitieron hacer solamente una llamada al mes y la última la hizo en marzo 2021. Desde esa fecha sus familiares han perdido todo tipo de comunicación y se encuentran muy preocupados, pues conocen que las condiciones carcelarias no son buenas y las altas temperaturas a las que está expuesto incrementan sus ataques de asma. El Sr. García Labrada es constantemente acosado e intimidado por agentes de la Seguridad del Estado y su proceso penal sigue abierto y sin juicio.

Raza e Igualdad hace un llamado al Estado cubano para que adopte las medidas cautelares contenidas en la Resolución 5/2021 de la CIDH a fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad del Sr. Yandier García Labrada. Además, instamos a que se respete el derecho de las personas privadas de libertad, incluyendo el derecho del Sr. García Labrada a mantener comunicación fluida y permanente con sus familiares y abogados defensores.

Cuba: Activistas y expertos internacionales reflexionan sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+

Washington D.C., 12 de mayo de 2021.– En conmemoración del segundo aniversario de la histórica manifestación del 11 de mayo de 2019 en La Habana, Cuba, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un evento virtual con activistas LGBTI+ de la Isla, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, y la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan.

El evento, denominado “Activismo LGBTI en Cuba: avances y desafíos a dos años del histórico 11M”, tuvo como objetivo recordar la marcha que realizó la comunidad LGBTI+ en la capital cubana hace dos años, la cual es considerada un hito, ya que fue la primera vez que dicha manifestación se realizó sin la autorización del Gobierno y, por tanto, desató una fuerte represión de parte de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria.

Asimismo, las y los activistas LGBTI+ de Cuba expusieron sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI+ en el país, mientras que Madrigal-Borloz y Piovesan se refirieron a la forma en que sus respectivos mandatos pueden influir para que el Estado cubano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice los derechos de la población LGBTI+.

En sus palabras de bienvenida, el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, destacó la situación de violación de derechos humanos que actualmente se registra en la Isla, especialmente en contra de integrantes del Movimiento San Isidro, que a diario ven restringidos y violentados sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. También mencionó que, a dos años de haberse aprobado la nueva Constitución, no se ha cumplido el calendario legislativo para implementarla, principalmente los puntos relacionados a derechos humanos.

Recordando el 11M

La conga contra la homofobia y la transfobia se había venido celebrando cada 11 de mayo y era organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), pero en 2019, dicha entidad anunció la cancelación de este evento bajo el argumento de que la coyuntura del país no era favorable. Ante tal decisión, la comunidad LGBTI+ se articuló para llevar a cabo una manifestación independiente que tuvo una nutrida concurrencia, pero también fue reprimida por las fuerzas públicas.

Isbel Díaz, activista LGBTI+ y coordinador de la plataforma AcciónLGBTIQba, señaló que a ello se sumó el hecho que los medios de comunicación oficiales, y el mismo CENESEX, establecieron una narrativa distorsionada sobre lo que había ocurrido en la marcha, provocando que algunas personas suspendieran su activismo dentro de la comunidad LGBTI+ o incluso salieran del país, como es su caso y el de su esposo Jimmy Roque.

Sin embargo, Díaz afirmó que “lo más significativo que tuvo esta marcha es que logró darle forma a esa comunidad LGBTI+ que previamente no existía como comunidad; nos hizo ser conscientes de la fuerza real que tenemos y nos hizo convertirnos en un actor importante”, en el sentido que el Estado comenzó a escuchar las demandas de esta población para la definición de políticas públicas.

Una mirada a la situación de derechos

Los también activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI+, Esteban Ajetes y Katia Hernández, presentaron el informe “Su amor no hace daño, tu odio sí”, en el cual documentaron 15 casos de personas LGBTI+ en Pinar del Río, que es una de las provincias con mayor incidencia de violaciones de derechos humanos en contra de dicha población.

Hernández explicó que escogieron los casos con el objetivo de identificar patrones de violaciones relacionados con tres derechos humanos: el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho al trabajo y el derecho a la participación en la vida pública y política. “Observamos que la histórica discriminación y el machismo han colocado a los integrantes de la comunidad LGBTI+ en una situación de exclusión trayendo consigo el desempoderamiento de sus miembros, a quienes no les interesa participar en las transformaciones que ocurren en la provincia”, dijo.

En el evento también se compartió el informe “Transitando en el silencio: Situación de derechos humanos de las mujeres trans en Cuba”, elaborado por la Alianza Cubana Manos, así como el “Informe sobre derechos humanos y movilización de la sociedad civil en Cuba durante 2017-2020”, que incluye el capítulo «Marcha del 11M: Repercusión para los derechos de la comunidad LGBTI+ y para toda la sociedad civil cubana», escrito por Isbel Díaz.

En tanto, la activista LGBTI+ Lidia Romero se refirió a la falta de discusión y aprobación de leyes y decretos que se contemplaron en 2019 con la aprobación de la nueva Constitución. Refirió que 11 llegaron al cronograma legislativo y 14 no fueron incluidas bajo la excusa de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. “Es un hecho que las leyes y decretos-leyes aprobados han priorizado la organización y funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno”, apuntó.

Romero afirmó que la expectativa se centra en el ajuste realizado en el cronograma legislativo 2021-2022, el cual prevé al menos seis leyes en materia de derechos humanos, entre ellas el Código de la Familia, sobre el cual el movimiento LGBTI+ demanda la inclusión del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas. La activista dijo que “la gran ausente” sigue siendo la Ley de Identidad de Género.

Seguimiento internacional

En su intervención, la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la CIDH, Flávia Piovesan, mencionó que, aunque la Comisión tiene el mandato de proteger y promover los derechos humanos en los 35 países de la región, hay países más desafiantes y, en ese sentido, afirmó que “Cuba es un país muy difícil”, pues en términos de investigación in loco, el organismo no ha contado con la anuencia del Gobierno cubano para realizar una visita a la Isla.

Por su parte, el Experto Independiente de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal-Borloz, aplaudió el esfuerzo de conocer y reflexionar sobre la situación de derechos humanos de las personas LGBTI+ en Cuba, pues explicó que “en un debate sobre la marginación y sobre la discriminación es de fundamental importancia que entendamos que la orientación sexual y la identidad de género de una persona se experimentan de una manera que interactúan con toda una serie de factores adicionales que dan forma a su identidad y a su experiencia de vida”.

En alusión a la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, el experto señaló la ocupación del espacio público, como una manifestación, como la forma en que las comunidades, poblaciones y personas hacen valer sus derechos, “pero además adquieren visibilidad en la sociedad de una manera que permita asegurar cada vez más su recepción dentro del tejido social”. Madrigal-Borloz indicó que los informes presentados por la sociedad civil cubana serán tomados en cuenta en su mandato, con el fin de visibilizar cómo se manifiestan las violaciones de derechos contra personas LGBTI+, pero también para hacer efectiva su labor de exhortación al Estado.

“Mi mandato tiene una serie de herramientas a su disposición que van desde la consideración de comunicaciones individuales, es decir, de situaciones en las cuales se alegan violaciones específicas a los derechos humanos, hasta la solicitud de visita, (por lo que) he tomado nota de la solicitud para que mi mandato considere tal metodología en el contexto cubano”, agregó.

Raza e Igualdad continuará acompañando las demandas de la población LGBTI+ en Cuba para un pleno reconocimiento y garantía de sus derechos. Por tanto, seguimos con mucha atención el anteproyecto del Código de la Familia, previsto a presentarse el próximo mes de julio, con la expectativa de que incluya el reconocimiento del matrimonio igualitario y de las familias diversas.

Activismo LGBTI+ en Cuba: Dos años del histórico 11M en La Habana

Washington D.C., 11 de mayo de 2021.– El 11 de mayo de 2019 en Cuba se registró un acontecimiento sin precedentes: ante la injustificada decisión del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de cancelar la tradicional conga contra la homofobia y la transfobia, activistas, personas LGBTI+, aliados y aliadas de la comunidad decidieron realizar una manifestación en La Habana que aunque desató la represión del Estado, marcó el afianzamiento del movimiento LGBTI+ en el país y, por tanto, provocó una mayor visibilidad de sus realidades y demandas.

A pesar de que los recuerdos sobre ese día están marcados por la violencia y detenciones arbitrarias ejecutadas por la Seguridad del Estado en contra de las, los y les manifestantes, para personas defensoras de derechos humanos, activistas independientes e integrantes del movimiento LGBTI+ en Cuba que conversaron con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para conmemorar los dos años de esa histórica fecha, la marcha fue una expresión auténtica y, ante todo, fue determinada por el deseo de visibilizar a la comunidad LGBTI+ y hacer escuchar sus exigencias en materia de derechos humanos.

“La marcha fue el resultado de tres elementos fundamentales: el extendido rechazo a la decisión del Gobierno de cancelar la conga anual contra la homofobia y la transfobia, la acumulación de demandas no resueltas dentro de la comunidad LGBTI+ cubana, y el trabajo de concertación y focalización de energías de un grupo de activistas independientes”, señala Isbel Díaz Torres, defensor de derechos humanos y promotor de la plataforma AcciónLGBTIQba.

¿Qué pasó el 11M de 2019 en Cuba?

Es importante mencionar que la conga contra la homofobia y la transfobia se había venido realizando en los últimos once años como evento de apertura de la Jornada Cubana de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia, coordinada por el CENESEX. Sin embargo, ese año, dicho órgano oficial anunció la cancelación de la tradicional manifestación argumentando “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo cual causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ y la sociedad civil en general.

El rechazo a tal decisión fue casi instantáneo, asegura Díaz, quien recuerda que por medio de las redes sociales surgieron propuestas de acciones alternativas. “Si bien estas propuestas aparecieron de manera descentralizada y autónoma, el trabajo previo que varias personas veníamos realizando, fomentando el conocimiento mutuo de actores claves dentro del activismo LGBTI+, permitieron que emergiera una propuesta aceptable para la mayoría”, afirma.

Precisamente, el activista Afro-LGBTI+ Raúl Soublett, se enteró de la nueva convocatoria a través de las redes sociales, la cual citaba a las 4:00 pm en el Parque Central de La Habana. “Fui con varios amigos. Cuando llegamos no había nadie, incluso pensé que no se iba a desarrollar, pero llegada la hora que se había anunciado, sacamos nuestras banderas y de pronto se llenó el parque. Era una marcha algo desorganizada, no había líderes, no se sabía el punto hasta donde iba a llegar la marcha, pero surgió, se sumaron muchas personas, no fue tomada para propaganda política ni a favor ni en contra, solo estábamos bajo un reclamo legítimo que era el respeto y reconocimiento a nuestros derechos, y visibilizarnos”, cuenta.

Para el defensor de derechos humanos y opositor político, Boris González Arenas, el acceso a Internet desde los celulares—que en Cuba se materializó hasta diciembre de 2018—fue determinante para la organización y realización de dicha manifestación, así como para una mejor organización de la sociedad civil en general. Señala que así había quedado demostrado en enero de 2019, cuando tras el paso del potente tornado que causó graves daños, muertos y decenas de heridos en la capital cubana, la movilización de la sociedad civil en solidaridad con las víctimas desbordó la capacidad de respuesta del Estado, el cual se había mostrado indolente e ineficiente ante la tragedia, según González Arenas.

Soublett recuerda que la Seguridad del Estado se hizo presente desde el momento en que las personas comenzaron a concentrarse en el Parque Central y hubo un momento en que la marcha fue bloqueada por un grupo de agentes que intentaron disiparla. No obstante, las personas no cedieron y la Seguridad del Estado respondió con violencia y detenciones arbitrarias. “Ante ese momento lamentable, la comunidad LGBTI+ realizó una besada y sentada por varios minutos. La policía quería que las personas se retiraran, incluso trajeron guaguas (buses del transporte público) pero las personas se negaron y realizaron la besada y sentada”, dice.

El activista Isbel Díaz, por su parte, cuenta que él y su esposo Jimmy Roque Martínez ni siquiera pudieron llegar a la marcha. “El 11 de mayo, a las 8:30 am, al salir de nuestra casa, dos hombres vestidos de civil nos abordaron. Exigieron que les entregáramos los teléfonos móviles, que no nos resistiéramos, y que entráramos a las patrullas que esperaban. Nos llevaron para onceava Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, en Lawton, donde nos encarcelaron por el supuesto delito de «A/C-R» (actividad contrarrevolucionaria). El agente al mando de la operación me dijo que estábamos detenidos por ´organizar y convocar a una acción ilegal de desobediencia civil contra la revolución´”, relata.

El activismo LGBTI+, dos años después

González Arenas considera que la marcha del 11 de mayo de 2019 no solamente demostró la madurez del movimiento LGBTI+, sino de la sociedad civil en su conjunto, y asegura que después de esa fecha, dicho colectivo dejó de estar dividido en secciones ideológicas y pasó a estar más cohesionado. Además, afirma que ese día significó el eclipse del CENESEX y de su directora Mariela Castro. “El CENESEX iba declinando en su popularidad, que llegó a tenerla porque en su momento capitalizó al movimiento LGBTI+ y tuvo propuestas interesantes, pero con la cancelación de la marcha y las declaraciones que dio Mariela Castro al día siguiente en contra de la manifestación, se eclipsó el CENESEX”, sostiene.

La activista LGBTI+ e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Irina León, no tuvo la oportunidad de participar en la histórica marcha, ya que ella vive en Pinar del Río, a más de 160 kilómetros de La Habana. A su juicio, el activismo de la población LGBTI+ en Cuba se ha visto frenado a lo largo de los años por dos factores fundamentales: el Estado y las arraigadas características machistas y patriarcales que están presentes en el pueblo cubano.

“La población LGBTI+ en Cuba está compuesta por personas dispuestas a exigir, sin descanso, el respeto y reconocimiento de sus derechos. Tenemos que ser capaces de unirnos y establecer objetivos comunes para nuestro beneficio, con los cuales le mostremos al resto de la población que somos seres humanos como ellos, con la misma necesidad de ser escuchados”, afirma León.

En tanto, Isbel Díaz asegura: “a partir de ese momento ya pudimos hablar de una comunidad LGBTI+ cubana. Antes, los esfuerzos dispersos, los egos personales, la imposibilidad de una institucionalización legal de los colectivos activistas, impedían que nos concibiéramos como un todo con objetivos comunes. Ahora, incluso dentro de la diversidad política, ideológica, cultural, racial, etaria, es posible pensarnos como una comunidad”.

Lea: Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Al hablar sobre el activismo LGBTI+ en Cuba, Raúl Soublett considera que es importante mencionar el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en esta comunidad, tanto a nivel personal como a nivel de organización e incidencia. La emergencia sanitaria ha expuesto y agudizado las brechas de desigualdad existentes en la sociedad, especialmente cuando se trata de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“En medio de este escenario de aislamiento físico y de duras medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, el activismo LGBTI+ en Cuba se ha tenido que reinventar formas, escenarios y pensamientos. Surgieron emprendimientos, iniciativas, grupos de apoyo y demás. A pesar de eso Cuba sigue contando con un activismo LGBTI+ precario porque los que llevan años en ello no pudieron lograr el reconocimiento ni la implementación legal de sus derechos. Además, en un país donde no existe ningún tipo de libertad, no puede haber un movimiento bien articulado, más que una cuestión genuina de espontaneidad que fue lo que ocurrió el 11 de mayo de 2019”, reflexiona.

Las y los activistas consultados por Raza e Igualdad coinciden en que actualmente la comunidad LGBTI+ tiene una agenda común, en la que destaca la inclusión del matrimonio igualitario en un nuevo Código de las Familias, la garantía del derecho de asociación—que es transversal a toda la sociedad civil—, las disculpas por parte del gobierno por la represión hacia los homosexuales en las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) y la no violencia y discriminación contra las personas trans, entre otras demandas.

Sobre este último punto, Donna Suárez, mujer trans y activista cubana, hace hincapié en la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentan las personas trans en la Isla. Señala que muchas personas trans ejercen como trabajadoras sexuales, lo cual expone su integridad y vida. Por otro lado, reclama que se esté discutiendo sobre una ley contra la violencia de género sin incluir la perspectiva de las mujeres trans, lo cual se suma a la inexistencia de una ley de identidad de género.

Respecto a la situación del activismo LGBTI+ en Cuba tras la histórica marcha del 11 de mayo de 2019, Suárez asegura: “Nos ha hecho más visibles y nos ha dado la percepción de que si no luchamos por nuestros derechos ningún órgano del Estado lo hará”.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de la comunidad LGBTI+ en Cuba y llamamos al Gobierno a escuchar sus demandas, en correspondencia con sus obligaciones internacionales para el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Instamos al Gobierno a que, en el anteproyecto de ley sobre el Código de Familia, se refleje la inclusión y se incorporen las grandes demandas del movimiento como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de las familias diversas.

Derechos humanos, los grandes ausentes en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba

Washington D.C., 28 de abril de 2021.– El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba—que se desarrolló del 16 al 19 de abril de 2021—transcurrió sin que se definieran acciones que den respuesta a los grandes problemas de derechos humanos que existen en la Isla. Para la sociedad cubana, y especialmente para la sociedad civil independiente y las organizaciones que dan seguimiento a la situación en el país, este octavo congreso fue “más de lo mismo”, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de medios de comunicación oficiales para proyectarlo como un hito.

Este evento político se realiza cada cinco años y siempre despierta diversas expectativas sobre la forma en que será conducido el país en el próximo quinquenio, ya que el PCC es el máximo órgano de poder en el país. El primer día del Congreso, el presidente Miguel Díaz-Canel y ahora máxima autoridad del partido, expresó a través de Twitter: “Aquí se afianzan las ideas, se reconoce la historia y se habla de futuro”.

Sin embargo, la trascendencia de este evento a nivel internacional estuvo marcada por el anuncio del traspaso de la Primera Secretaría del PCC de Raúl Castro a Díaz-Canel. En tanto, para la sociedad cubana este Congreso dio la espalda a sus principales demandas, que en su mayoría se relacionan a la carencia de la vida e imposibilidad de acceder a insumos de sobrevivencia básica, la falta de medicinas y la propagación del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las graves restricciones al ejercicio de derechos como la libertad de expresión y de asociación, entre otras.

En palabras del líder afrocubano y coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), Juan Antonio Madrazo, “el Congreso del PCC se enfocó más en cómo reforzar la construcción de un frente ideológico, que hace mucho tiempo tiene grietas, que en asomarse a los problemas inmediatos de la sociedad”. “El PCC como vanguardia no identificó cómo ellos van a modernizar la Política Social ni cuáles son los instrumentos de Protección Social que van a utilizar para empujar el enfrentamiento a la pobreza y la desigualdad”, asegura.

Nuevamente vimos cómo Cuba se aleja de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Ya lo hizo en 2019, con la modificación del Proyecto de Constitución de la República, que originalmente establecía que “los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanosratificados por Cuba»; no obstante, ese texto fue excluido y al artículo 8 se le añadió que la Constitución prima sobre tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

La batalla contra el racismo

Para activistas y organizaciones que luchan contra el racismo y la discriminación racial, el hecho que en el VIII Congreso del PCC no se haya abordado esta temática significa que la problemática racial continúa siendo una asignatura pendiente y postergada, siendo entonces el Programa Nacional de Gobierno contra el Racismo una hoja de ruta desconocida por las y los cubanos. “No se definieron líneas de trabajo contra el racismo, la homofobia y la violencia de género porque para el Estado esto forma parte de la ´agenda enemiga´”, sostiene Madrazo.

Las demandas de una respuesta del Gobierno sobre la aplicación del Programa de Gobierno contra el Racismo le han valido a activistas del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) persecución, agresiones y detenciones arbitrarias, situación que desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos venido denunciando y visibilizando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Juan Antonio Madrazo Luna, Marthadela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz, todos defensores de derechos humanos e integrantes del CIR, y en marzo de 2021 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció y llamó al Gobierno de Cuba a poner fin a la intimidación y detención en contra de las y los integrantes de dicha organización.

“Lo acordado durante el Congreso deja un sabor amargo, desesperanza en un amplio sector poblacional y la opinión general interpreta que la represión, la vigilancia ideológica y la violación permanente de los derechos humanos serán los elementos clave para reforzar el ambiente de control sobre las diversidades”, afirma Madrazo.

Violencia contra las mujeres, desoída una vez más

Si de hablar de futuro se trata, era necesario que en este VIII Congreso del PCC se asumieran compromisos para trabajar, a corto plazo, por un futuro libre de violencia contra las mujeres, entre ellos la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género. Sin embargo, la problemática de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres no formó parte de la agenda de este evento.

Hasta el pasado 23 de abril, en la Isla se registraban 16 feminicidios, además que la persecución, privación de libertad y amenazas contra mujeres activistas es una constante. La demanda de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres es un clamor que se oficializó el 21 de noviembre de 2019, día en que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba.

La escritora María Matienzo coincide en que la finalidad de este Congreso fue estrictamente ideológica, por lo que no le extraña que no se tuvieran en cuenta la situación de las mujeres, ni ninguna otra agenda que represente a grupos minoritarios. Aunque el pasado 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer—el Gobierno publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), Matienzo señala que este “es solo la respuesta ideológica desde el partido a lo que venimos reclamando desde hace dos años”.

Matrimonio igualitario en la Constitución, pero fuera de agenda

Otro tema que era pertinente abordar en este VIII Congreso del PCC, es la aprobación del matrimonio igualitario, ya que es una demanda de la sociedad civil y está en correspondencia con las obligaciones que el Estado de Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Cabe recordar que, con la Constitución aprobada en 2019, se abrieron las puertas para el matrimonio igualitario, al conceptualizar el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas, dando así la posibilidad al matrimonio no heteronormativo. En esa ocasión se habló de hacer realidad el matrimonio igualitario incluyéndolo en un nuevo Código de Familia que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021. Estamos casi a mitad de año y hasta el momento no se sabe cómo y cuándo el Gobierno cumplirá con esta promesa.

COVID-19

En medio de la promesa de iniciar pronto una vacunación masiva con los dos candidatos vacunales desarrollados en la Isla (Soberna 2 y Abdala), la situación de COVID-19 en Cuba no deja de ser preocupante. Al 26 de abril, las autoridades de salud contabilizaban 23,056 pacientes ingresados, de los cuales 3,302 eran sospechosos, 14,288 se encontraban en vigilancia y 5,466 eran casos confirmados.

Pero esta emergencia sanitaria tampoco fue punto de agenda del VIII Congreso del PCC, ni siquiera en lo referido al desarrollo y prueba de las vacunas Soberana 2 y Abdala, hecho que la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha elogiado.

Represión no se detuvo

Mientras en el VIII Congreso del PCC se movían piezas para proyectar aires de renovación en la dirigencia del partido, en diferentes puntos del país se llevaron a cabo una serie de acciones de represión en contra de activistas, artistas y periodistas independientes. Entre el 19 y el 25 de abril, la organización Cubalex registró 25 reclusiones domiciliares a activistas y periodistas, y más de 15 detenciones, principalmente contra miembros del Movimiento San Isidro y la Unión Patriótica de Cuba. Acceda al informe completo aquí.

“El Congreso del PCC ha sido una maquinaria de terror, todos nos estamos preguntando cuál es el próximo paso represivo, si vamos a pasar de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones forzadas por horas a condenas carcelarias desmedidas, injustas y arbitrarias. A partir del anuncio del VIII Congreso se ha generado mucha violencia y discurso de odio”, refiere la escritora María Matienzo.

Como máximo órgano de poder en el país, es preocupante y lamentable que el VIII Congreso del PCC no haya retomado y dado respuesta a las grandes demandas de la población cubana. Ante la difícil situación socioeconómica y la falta de garantías para el ejercicio de derechos humanos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado al Gobierno para priorizar políticas públicas que atiendan las necesidades básicas de la población y cese las acciones de represión contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y artistas independientes.

También expresamos nuestra preocupación por el hecho que en este Congreso se haya decidido nombrar al conductor y director del programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, Humberto López, como miembro del Comité Central del PCC, pues a través de su programa, difunde un discurso de odio en contra de personas y colectivos que critican al Gobierno y exigen el respeto de derechos humanos.

Como organización que trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, creemos que el respeto y promoción de los mismos es la base para el desarrollo de las sociedades y, por tanto, para una vida digna y próspera para todos y todas. Seguiremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Cuba en su lucha a favor de los derechos humanos y para que las obligaciones asumidas en la materia por el Estado cubano formen parte de la agenda política y social del país.