Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 2025. La represión transnacional ejercida por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela es una realidad. Así quedó evidenciado durante la audiencia regional ‘Situación de represión transnacional’, celebrada el pasado jueves 12 de marzo en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala, en el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Cubalex, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura y el Museo Virtual contra la Violencia de Género en Cuba, participaron en este espacio de diálogo acompañando a tres activistas de estos países que han enfrentado actos de represión transnacional en el exilio: la cubana Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; la nicaragüense Claudia Vargas, viuda del activista Roberto Samcam e integrante de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; y el venezolano Luis Peche, director de la organización Sala 58. Durante la audiencia denunciaron asesinatos, intentos de homicidio, persecución y asedio en los países de acogida, donde se han exiliado tras ser víctimas de represión por parte de los regímenes autoritarios de sus países de origen.

Claudia Vargas advirtió que el régimen nicaragüense continúa persiguiendo a personas opositoras incluso fuera de su territorio. “La persecución del régimen no termina cuando cruzamos la frontera. Al contrario, se transforma, se extiende y nos alcanza hasta donde buscamos refugio”, señaló. También denunció la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 450 personas, lo que ha implicado la anulación de documentos, registros académicos, pensiones y propiedades.

Asimismo, recordó que ya se han documentado al menos cinco asesinatos de opositores nicaragüenses en el exilio, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega en Costa Rica en 2024 y el de su esposo, Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y analista político asesinado en San José en junio de 2025. “Su asesinato representó un mensaje dirigido al exilio: un intento de silenciamiento y una demostración de poder más allá de las fronteras”, afirmó.

“Frente a este grave problema, es urgente que los Estados de la región, especialmente los receptores, reconozcan la lucha contra esta forma de persecución como parte de sus obligaciones internacionales de protección”, agregó Vargas.

Por su parte, Luis Peche explicó que debió salir de Venezuela en 2025 tras el aumento de la persecución política posterior al proceso electoral. El activista denunció que fue víctima de un intento de asesinato en Bogotá en octubre del año pasado, cuando hombres armados dispararon contra él y contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. Ambos sobrevivieron al ataque y actualmente se encuentran fuera de peligro. “Este temor no es abstracto; es concreto y persistente. Forma parte de un patrón regional de represión transnacional que busca silenciar a quienes denunciamos”, afirmó.

Desde Cuba, Kirenia Yalit Núñez denunció que el régimen cubano ha desarrollado mecanismos de persecución extraterritorial contra activistas y periodistas en el exilio. La activista relató que ha enfrentado numerosos incidentes de hostigamiento en distintos países, incluidos actos de intimidación, vigilancia y obstáculos migratorios. “El régimen cubano proyecta su intimidación más allá de sus fronteras para silenciar a quienes continuamos denunciando violaciones de derechos humanos desde el exilio”, señaló.

Durante la audiencia también participó la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, quien advirtió que la represión transnacional busca silenciar a las voces críticas incluso fuera de sus países de origen. Diversent instó a la CIDH a reconocer y monitorear este fenómeno de manera sistemática, fortalecer los mecanismos de protección para personas exiliadas, especialmente en países de acogida como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, y promover respuestas regionales coordinadas frente a la expansión extraterritorial de la persecución política. Asimismo, pidió que la Comisión, como ya lo ha hecho en otros países de la región, establezca un mecanismo específico para monitorear la crisis humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, con el fin de documentar estos patrones y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Durante la audiencia participaron por primera vez de manera conjunta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Estos organismos señalaron que la represión transnacional es un fenómeno real que afecta a personas opositoras y defensoras de derechos humanos provenientes de Nicaragua y Venezuela, y subrayaron la importancia de continuar investigando y documentando estos patrones de persecución más allá de las fronteras nacionales.

Desde Raza e Igualdad continuaremos monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren activistas y personas defensoras provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Reiteramos la necesidad de que los Estados de la región fortalezcan las medidas de protección para personas exiliadas y garanticen investigaciones efectivas frente a los actos de persecución transnacional, así como respuestas regionales coordinadas frente a este fenómeno.

 

Tres años de la excarcelación y destierro de 222 nicaragüenses: memoria, dignidad y justicia pendiente

Washington, D.C., 9 de febrero de 2026.– Este 9 de febrero se cumplen tres años de la liberación de 222 personas nicaragüenses que estuvieron arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos y que, tras su excarcelación, fueron forzadas al destierro por el régimen Ortega-Murillo. Su llegada a Washington D.C. fue posible gracias a gestiones diplomáticas y humanitarias del Gobierno de los Estados Unidos, que facilitó su recepción en condiciones de protección.

Raza e Igualdad fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a acompañar técnicamente este proceso, junto a organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales, brindando apoyo inmediato para su acogida en condiciones de dignidad, incluyendo alojamiento, vestimenta, teléfonos, acompañamiento psicosocial y recursos básicos para sus primeros días en el país.

Nuestro equipo pudo constatar de primera mano los graves impactos físicos, psicológicos y sociales de la prisión política, resultado de condiciones de detención que incluyeron incomunicación prolongada, tratos crueles, torturas y privaciones incompatibles con la dignidad humana. La documentación de estos hechos contribuyó a visibilizar patrones de represión que posteriormente fueron recogidos en el informe de Raza e Igualdad “Patrones de represión y persecución política en Nicaragua: De la prisión a la libertad tras la Operación Guardabarranco”.

La excarcelación no significó justicia. El régimen no solo expulsó a estas 222 personas de su país, sino que además las despojó arbitrariamente de su nacionalidad y de su existencia jurídica en Nicaragua, configurándose elementos de crímenes de lesa humanidad, como ha señalado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. En los países de acogida, muchas de estas personas continúan enfrentando desafíos relacionados con su situación migratoria, el acceso a empleo, a la salud, la reunificación familiar y su integración, a lo que se suma el riesgo de represión transnacional.

Tres años después, la impunidad persiste. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra estas 222 personas siguen sin investigación ni sanción, pese a que muchas de ellas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua no ha cumplido.

Al mismo tiempo, la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa profundizándose. A casi ocho años de la represión de abril de 2018, persisten la persecución, la vigilancia y las detenciones arbitrarias. El régimen ha intentado maquillar este patrón mediante excarcelaciones bajo condiciones restrictivas, amenazas y controles que no equivalen a libertad, sino que reproducen mecanismos de intimidación y castigo.

Recordar este aniversario es también reconocer que la liberación de estas 222 personas no fue un gesto, sino el resultado de la presión y la articulación internacional. La solidaridad y la acción coordinada pueden salvar vidas, pero la represión no ha terminado.

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado a los países de acogida a seguir facilitando la reinserción plena y la protección de las víctimas de la prisión arbitraria por motivos políticos en Nicaragua, así como a mantener la vigilancia internacional frente a la continuidad de los crímenes.

Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas de la prisión arbitraria, la desnacionalización y todas las formas de represión en Nicaragua. Continuaremos documentando, litigando e incidiendo para que los responsables rindan cuentas y las víctimas accedan a verdad, justicia y reparación.

Seguiremos trabajando para que un día, no muy lejano, la prisión política y la desnacionalización implementada por el régimen Ortega-Murillo y sus cómplices sea el mal recuerdo de una dictadura que, como todas, llegará a su final por el anhelo de libertad del pueblo nicaragüense.

La libertad de 222 personas fue un paso. La justicia para todas las víctimas sigue siendo una deuda pendiente.

Excarcelaciones condicionadas no son libertad: Raza e Igualdad exige liberaciones plenas en Nicaragua

Washington, D.C., 12 de enero de 2026.– Ante las recientes excarcelaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por las condiciones y restricciones bajo las cuales se están realizando, las cuales son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

El sábado 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado anunciando que “retornaban a sus hogares” nicaragüenses que “permanecían bajo resguardo de las autoridades pertinentes”, en alusión a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua señala que, tras verificar directamente con familiares, fueron 24 las personas excarceladas ese día.

Desde Raza e Igualdad reconocemos el alivio que estas excarcelaciones representan, especialmente para sus familiares; sin embargo, nos preocupa que tanto en este caso como en el caso de las excarcelaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2025, las personas beneficiarias no gocen de libertad plena, puesto que deben presentarse ante las autoridades diariamente, informarles si saldrán de sus municipios y tienen restringido su derecho a la libertad de expresión, medidas que son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

Así mismo, recordamos que al menos 38 personas continúan en prisión por motivos políticos en Nicaragua, las cuales sufren duras condiciones en las cárceles del régimen Ortega-Murillo, que incluyen malos tratos, torturas, amenazas, falta de atención médica y falta de alimentación adecuada. Algunos son adultos mayores con padecimientos crónicos que no están siendo debidamente atendidos y cuyas vidas corren riesgo. Destacamos el caso de los líderes indígenas Nancy Elizabeth Henríquez, Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth, ex militares y activistas y personas opositoras o consideradas como tales, todos víctimas de un sistema judicial carente de la independencia necesaria para impartir justicia.

El sistema interamericano de protección ha otorgado medidas cautelares y provisionales para varias de estas personas[1] y en otros casos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha declarado la arbitrariedad de sus detenciones y ha exhortado al gobierno a liberarles de inmediato, indemnizarles y  concederles otros tipos de reparación[2].

A la comunidad internacional le recordamos que estas excarcelaciones se producen, además, en un contexto político particularmente sensible: coinciden con el 19 aniversario del regreso al poder de Daniel Ortega, y ocurren una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que fue seguido por la liberación de personas presas políticas en ese país. Este entorno regional refuerza la necesidad de observar con especial atención las decisiones del régimen nicaragüense y de exigir que cualquier medida relacionada con la libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos responda a obligaciones jurídicas internacionales que deben ser cumplidas, más que a cálculos políticos coyunturales en base a los cuales el régimen nicaragüense no está poniendo fin al patrón establecido de las detenciones políticamente motivadas.

Raza e Igualdad también ve con profunda preocupación la escalada represiva emprendida por el régimen Ortega-Murillo tras la captura del dictador Nicolas Maduro en Venezuela, la cual habría tenido como principal consecuencia redadas que tuvieron como resultado la detención de al menos 60 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se desconoce con exactitud cuántas de estas personas fueron liberadas y cuántas continúan detenidas. Nuestra solidaridad hacia sus familias, que se enfrentan ahora a la incertidumbre y angustia por la falta de sus seres queridos, el desconocimiento de las condiciones en las que se encuentran  y las consecuencias que dichas detenciones conllevan.

Raza e Igualdad exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan en prisión por motivos políticos. Solo el cese de la represión podrá contribuir a empezar a crear las condiciones que permitan alcanzar una paz duradera, basada en el respeto de los derechos humanos.

 

 

[1] Medidas provisionales para Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth, entre otras.
[2] Opiniones Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) No. 70/2024 referida a Nancy Elizabeth Henríquez, Opinión 22/2025 referida a Rodrigo Bruno Arcangel, Stony (Tony) Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios, Evertz (Evert) Bruno Palacios (Nicaragua) y Opinion No. 30/2024 referida a Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías (Nicaragua).

Raza e Igualdad alerta sobre incremento de vigilancia y criminalización de opiniones en Nicaragua tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Washington, D.C., 8 de enero de 2026.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por los reportes de un aumento significativo de la vigilancia en barrios y redes sociales en Nicaragua, tras la detención del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, lo cual incluiría arrestos de personas que han compartido públicamente su postura sobre la noticia.

Según reportes de la prensa independiente, que citan a fuentes vinculadas al régimen Ortega-Murillo, la co-presidenta Rosario Murillo, convocó el sábado 3 de enero a una reunión, sin la presencia de Daniel Ortega, en la cual ordenó “estado de alerta” y detención inmediata de quienes “amenacen la paz”.

En este contexto, medios de comunicación y la organización Urnas Abiertas señalan que durante el fin de semana varias personas fueron detenidas por expresarse sobre la detención de Nicolás Maduro. Tales detenciones se llevaron a cabo en Managua, Matagalpa y Río Blanco, refieren.

Una de las personas reportadas como detenidas es Denis de Jesús Zeledón Castro, taxista de Matagalpa, quien el lunes 5 de enero habría sido trasladado al complejo judicial de esa ciudad a una audiencia preliminar donde se le acusó por “ciberdelitos”, de acuerdo con información recibida por el Diario La Prensa.

Amenaza y manipulación en espacios digitales

Preocupa también la circulación, en redes sociales y grupos afines al régimen Ortega-Murillo, de mensajes y afiches que califican de “traidor” a quien no condene la acción militar estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro, y afirman  que “…quienes dicen: Ahora le toca a Nicaragua”, refiriéndose a la captura de Nicolás Maduro, son los mismos que aprovechan los “beneficios del gobierno Sandinista”. Este tipo de mensajes constituyen formas de presión, estigmatización y manipulación social que intentan coartar aún más la ya restringida libertad de expresión en el país.

Recordamos que la libertad de expresión, la libertad de opinión y la protesta pacífica son derechos humanos fundamentales, consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales Nicaragua es parte. El uso de mecanismos de vigilancia estatal para intimidar, perseguir o sancionar a personas por sus opiniones o publicaciones —en barrios o en plataformas digitales— es una forma de represión indirecta que estrecha el espacio cívico y democrático.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a monitorear la situación y exigir que ninguna persona sea objeto de persecución o represalias por manifestar su postura sobre acontecimientos de interés público. Raza e Igualdad exige el cese de la represión y demanda que todas las personas que están arbitrariamente en prision por motivos políticos sean inmediatamente puestas en libertad.

Nicaragua: Ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen Ortega-Murillo mantenga intacta su estructura represiva

Washington, D.C., 3 de diciembre de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su satisfacción al conocer que recientemente, el régimen de Ortega-Murillo ha excarcelado a personas que se encontraban arbitrariamente privadas de su libertad por motivos políticos. Tras meses sometidas a prisión injusta, condiciones inhumanas, malos tratos y aislamiento, nos reconforta conocer que estas personas podrán reencontrarse con sus familias y contar con mejores condiciones para su atención y cuidado.

Hasta ahora las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre estas excarcelaciones, pero medios de comunicación independientes y organizaciones de sociedad civil señalan que al menos 12 personas –entre ellas siete mujeres—fueron excarceladas entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre. A ello se suma que a inicios de mes, se dio a conocer la excarcelación de otras tres personas.

De acuerdo con dicha información, las excarcelaciones se han registrado de la siguiente manera: el 8 de noviembre fueron excarcelados Leo Catalino Cárcamo Herrera, Julio Antonio Quintana Carvajal y Fabio Alberto Cáceres Larios, todos adultos mayores. Posteriormente, el 29 de noviembre se conoció sobre la excarcelación de al menos ocho personas, entre ellas Carmen Sáenz, Lesbia Gutiérrez, Evelyn Guillén, Alejandro Hurtado Díaz, Eliseo Castro Baltodano, Evelyn Matus Hernández, Valmore Valladares y Mauricio Chavarría. Finalmente, el lunes 1 de diciembre se informó de la excarcelación de Yolanda González Escobar, Carlos Vanegas, Luis Francisco Ortiz Calero y Octavio Enrique Caldera.

Según la información disponible, como en otras oportunidades, ningún liderazgo indígena habría sido excarcelado.

Cabe destacar que al 29 de octubre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifraba en 77 la lista de personas privadas de libertad por motivos políticos. Lamentamos la falta de transparencia del régimen ya que no se informa sobre las detenciones y tampoco sobre las excarcelaciones o cambios de medidas, lo que obedece a su estrategia para pretender evadir el escrutinio internacional y las responsabilidades por los crímenes cometidos.

Exigimos libertad real

Desde Raza e Igualdad advertimos que estas excarcelaciones no significan una libertad real. La privación de libertad por motivos políticos en Nicaragua no se limita a estar dentro de una prisión física: el patrón represivo del régimen puede imponer medidas que continúan restringiendo derechos fundamentales, entre ellas: casa por cárcel, vigilancia constante, la obligación de presentarse diariamente, amenazas, hostigamiento policial y la imposibilidad de ejercer derechos civiles y políticos. El cierre del espacio cívico imposibilita el libre ejercicio de la libertad de expresión debido a la certeza de que se tomaran represalias. Estas prácticas constituyen formas extendidas de represión y control social que mantienen a las víctimas en un estado permanente de riesgo y persecución.

Hacemos un llamado urgente al Estado nicaragüense a liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos y cesar todas las formas de criminalización, hostigamiento y represalia contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos, periodistas, liderazgos territoriales y voces críticas. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a continuar monitoreando de cerca la situación y a redoblar los esfuerzos para exigir la liberación plena, incondicional y con garantías para todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en el país y para quienes siguen en situación de desaparición forzada.

Raza e Igualdad reafirma su compromiso con las víctimas, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil que continúan documentando y denunciando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y reitera que ninguna medida de excarcelación será suficiente mientras el régimen mantenga intacta su estructura represiva.

Denunciamos el desmonte de una valla en Santa Marta que exigía libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Santa Marta, 8 de noviembre de 2025 — Desde Raza e Igualdad denunciamos la censura ejercida por las autoridades locales de Santa Marta, que este viernes 7 de noviembre ordenaron el desmonte de una valla instalada por nuestra organización a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La pieza exigía la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

La valla llevaba el mensaje: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

Acompañada por la imagen de un hombre encarcelado y las banderas de los tres países, la valla buscaba recordar a los representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) reunidos en Santa Marta, la urgente necesidad de abordar la falta de democracia en la región. Sin embargo, fue desmontada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo sobre democracia, cooperación y derechos humanos.

En 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires (Argentina), cuando, en vísperas de la Cumbre de la CELAC, también fue retirada una valla instalada por nuestra organización que exigía el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua.

En la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, se abordan temas clave como la triple transición (energética, digital y ambiental), la equidad de género, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Todo ello ocurre mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan marcadas por la represión y el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Solo hasta finales de octubre de 2025, las organizaciones de la sociedad civil documentaban 749 personas presas políticas en Cuba (de acuerdo con Justicia 11J), 77 personas en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas), y 875 en Venezuela (Foro Penal). Estas cifras reflejan la magnitud del cierre de los espacios democráticos y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento Europeo, en una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe, reafirmó la importancia de la cooperación birregional y condenó el debilitamiento democrático en estos tres países, a los que describió como algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.

Desde Raza e Igualdad denunciamos esta censura y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la justicia y la democracia. Continuaremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países.



Un año de libertad en el exilio: 135 nicaragüenses continúan su lucha por justicia y dignidad

Washington, DC; 5 de septiembre de 2025.– Hoy se cumple un año desde que 135 personas presas políticas fueron excarceladas y trasladadas a Guatemala, tras haber permanecido arbitrariamente privadas de libertad en Nicaragua por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su liberación fue posible gracias a las gestiones diplomáticas del Gobierno de los Estados Unidos y al apoyo humanitario del Gobierno de Guatemala, que les recibió en su territorio. Desde Raza e Igualdad contribuimos a garantizar que estas personas fueran acogidas con dignidad.

Este segundo vuelo hacia la libertad —precedido por el traslado de 222 personas excarceladas a Estados Unidos en febrero de 2023— estuvo integrado por mujeres y hombres, incluidos adultos mayores. Todas estas personas fueron obligadas a dejar atrás a sus familias, viviendas, bienes y medios de vida. Muchas denunciaron ante medios de comunicación las torturas y tratos crueles sufridos en prisión, así como el temor por posibles represalias contra sus familiares en Nicaragua.

Algunas de las personas excarceladas continuaron su camino hacia Estados Unidos u otros países, mientras otras permanecieron en Guatemala, con la esperanza de reconstruir sus proyectos de vida. Sin embargo, el destierro forzado las expuso a enormes dificultades para acceder a empleo, salud y seguridad social. Además, fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y condenadas a la apatridia, mientras sus bienes eran confiscados. Pese a todo, el régimen no logró quebrar su resistencia ni su compromiso con la libertad y la justicia en Nicaragua.

Los crímenes cometidos por Ortega, Murillo y sus cómplices permanecen en la impunidad. Un año después, exigimos justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias, así como garantías de no repetición.

“Hago un llamado urgente a los Estados que respetan la democracia y los derechos humanos a seguir mostrando su solidaridad hacia estos nicaragüenses víctimas de una brutal dictadura, a contribuir a su reunificación familiar y al pleno goce de sus derechos, en tanto en Nicaragua se restablece la democracia y se les garantiza la debida justicia, reparación y garantías de no repetición”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en ocasión de esta conmemoración.

Desde Raza e Igualdad exigimos al régimen Ortega-Murillo poner fin de inmediato a las redadas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y responder ante la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. Asimismo, demandamos la liberación de todas las personas que aún permanecen privadas de libertad o desaparecidas por motivos políticos.

“¿Dónde más busco?”: informe denuncia la práctica sistemática de desapariciones forzadas en Nicaragua y la lucha de las personas buscadoras

28 de agosto, 2025.– Un nuevo informe elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, revela que las desapariciones forzadas se han consolidado como el rostro más cruel de la represión y la prisión política en Nicaragua desde abril de 2018.

La evidencia más reciente de la extrema crueldad de esta práctica es la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el pasado 17 de julio por oficiales de la Policía. Estuvo 38 días bajo desaparición forzada y este 25 de agosto su familia fue convocada al Instituto de Medicina Legal, en Managua, a reconocer su cadáver.

El estudio documenta cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la desaparición forzada como mecanismo de castigo y control social, afectando no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias, condenadas a una búsqueda interminable en medio del silencio oficial. “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, subraya el documento.

De acuerdo con el informe, la mayoría de las más de 2.000 detenciones políticas registradas por la CIDH en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Muchas de ellas se han extendido por periodos prolongados. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas, y privadas de contacto con sus familiares o abogados. Desde 2023, las desapariciones han pasado de durar pocos días a convertirse en procesos abiertos, sin identificar aún límite temporal, amparados en la opacidad del sistema judicial.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha advertido que esta práctica responde a un “plan criminal” del Gobierno Ortega-Murillo para neutralizar cualquier disidencia y garantizar su permanencia en el poder.

Impactos diferenciados y violencia de género

El informe alerta que las desapariciones forzadas afectan con especial crueldad a mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, líderes indígenas y personas con enfermedades crónicas. Mujeres presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas específicas relacionadas con la violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron ideación suicida.

En el caso de líderes indígenas, la desaparición forzada no solo los silencia como individuos, sino que tienen un impacto colectivo específico, ya que debilita la defensa comunitaria de los territorios y constituye una forma de destrucción cultural.

El peso de la búsqueda

El informe dedica un apartado al impacto de estas prácticas en las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, desinformación, costos económicos insostenibles y graves afectaciones emocionales. Muchas son madres, hijas o esposas que cargan con la doble responsabilidad de sostener a sus familias y de mantener viva la búsqueda. “¿Dónde más busco?”, relató entre lágrimas la esposa de un desaparecido en diciembre de 2024, lo que refleja rabia, frustración y el dolor compartido de cientos de familias.

La persecución contra quienes buscan ha provocado que muchas tengan que exiliarse, lo que incrementa la angustia por la imposibilidad de obtener información en el país y agrava el trauma colectivo.

Llamado urgente

Las organizaciones firmantes exigen al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas y prisión política, liberar de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos, e implementar mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llaman a la comunidad internacional a mantener la vigilancia activa, exigir responsabilidades y garantizar acompañamiento a las víctimas y buscadoras.

“El régimen pretende borrar cuerpos y voces, pero la resistencia de quienes buscan mantienen viva la exigencia de verdad y justicia. La desaparición forzada es un ultraje contra la dignidad humana, un crimen que no prescribe y que la comunidad internacional no debe tolerar”, enfatiza el informe.

Nicaragua: Redadas llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo evidencian nueva escalada represiva

Washington, D.C., 18 de agosto de 2025.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente las recientes redadas policiales llevadas a cabo por el régimen Ortega-Murillo en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, las cuales dejaron al menos 27 personas detenidas entre el 14 y 16 de agosto, según denunció y documentó el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). Cuatro de esas personas habrían sido liberadas y 23 continúan arbitrariamente detenidas por motivos políticos.

La mayoría de las personas detenidas son excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos estuvieron marcados por allanamientos violentos, saqueos, uso de técnica canina y detenciones nocturnas, en un contexto marcado por la reciente confiscación del Colegio San José en Jinotepe, Carazo.

De acuerdo al reporte del MAB, entre los detenidos en Carazo en esta nueva ofensiva, figuran el expreso político y exiliado retornado Óscar Velásquez Sánchez, el pintor Marvin Campos Chavarría, María José Rojas Arburola, hija del asesinado opositor Rodolfo Rojas; Chester Cortés, del barrio Cementerio; el tatuador Darwin Ayerdis –desaparecido desde su captura en julio–, así como Mario Rodríguez Serrano y Halder López Luna, este último arrestado tras presentarse voluntariamente a la Policía.

Las detenciones ocurrieron días después de que la co-dictadora Rosario Murillo anunciara el 12 de agosto la confiscación del colegio San José, en Jinotepe, bajo el supuesto argumento de que en dicho centro se llevaron a cabo torturas durante abril 2018. El colegio confiscado era administrado por las religiosas de la congregación Josefina, lo cual representa un paso más en la embestida del régimen contra la Iglesia Católica.

Con profunda preocupación vemos que el régimen no abandona el patrón de las detenciones arbitrarias por motivos políticos con el propósito de mantener a la población con temor de expresarse.

“Es inaceptable que en Nicaragua persista la práctica de detener a personas y someterlas a desaparición forzada, dejando a sus familias en la absoluta incertidumbre y dolor. Nadie debería vivir con el temor de no volver a ver a sus seres queridos. Esta es una gravísima violación de derechos humanos que debe cesar de inmediato”, señaló Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Demandamos se informe a las familias de las personas afectadas su paradero y se les libere inmediatamente. Exigimos también QUE cese la represión hacia la Iglesia nicaragüense y se respete la libertad religiosa y las propiedades y centros educativos propiedad de la Iglesia o administrados por dicha institución.

Nicaragua: organizaciones y víctimas denuncian ante la CIDH nuevos patrones de represión

Washington D.C., 28 de julio de 2025.– En el marco del 193 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, organizaciones internacionales y familiares de víctimas participaron el 25 de julio en una audiencia pública para denunciar la continuidad de la represión estatal en Nicaragua y la adopción de nuevos patrones que agravan la crisis de derechos humanos en el país, los cuales podrían afectar la seguridad y población de otros Estados.

En la audiencia participaron representantes de  la Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC), Urnas Abiertas, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quienes expusieron, en conjunto con Claudia Vargas, viuda del analista político Roberto Samcam; Sadie Rivas, hija del prisionero político Aníbal Martín Rivas y Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera,  cómo el régimen Ortega-Murillo ha sofisticado su sistema represivo, aplicando mecanismos de persecución más selectivos, transfronterizos y con efectos ejemplificadores tanto dentro como fuera del país.

“Constatamos con profunda preocupación que, a más de siete años del inicio de la crisis, se mantienen graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La represión no ha cesado: se ha transformado y ampliado, cruzando fronteras y afectando a quienes buscan refugio en el exilio”, afirmó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

En ese sentido, dijo que, entre los nuevos patrones de represión identificados, están la persecución transfronteriza o represión transnacional, la represión migratoria, el encarcelamiento selectivo y el aumento de casos de desaparición forzada.

Respecto a la persecución transfronteriza o represión transnacional, Azahalea Solís, del MAM, mencionó la aprobación de leyes con las que el régimen nicaragüense busca legitimar su accionar en contra de los derechos humanos de nicaragüenses en el extranjero, tales como la Ley N.º. 1145, que establece arbitrariamente la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a nacionales, y la Ley N.º 1216, que reforma el Código Penal y extiende la jurisdicción penal de Nicaragua a acciones realizadas por nicaragüenses o extranjeros fuera del territorio nacional, con el fin de perseguir reiteradamente a personas opositoras o percibidas como tal.

Denunció que el gobierno también realiza acciones de control e intimidación contra nicaragüenses en el exilio, a través de amenazas y agresiones a familiares que permanecen en Nicaragua, así como el asesinato de personas en el extranjero a manos de agentes nicaragüenses, detallando que se han documentado seis casos, de los cuales tres ocurrieron en Honduras , y tres en Costa Rica, siendo el último caso el del analista político Roberto Samcam, asesinado en San José el pasado 19 de junio.

Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, compartió que la Fiscalía de Costa Rica ha señalado que el asesinato de su esposo no es un crimen común, y ha reconocido la complejidad del caso, incluyendo elementos que apuntan a una posible planificación. «Esa afirmación exige ir más allá: investigar no solo a los autores materiales, sino también quiénes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución», subrayó.

Natalia Yaya, de la FIDH, aseguró que una de las más severas formas de represión del régimen Ortega-Murillo en los últimos años e inédita a nivel regional es la privación arbitraria de la nacionalidad, la cual  hoy tiene graves impactos en el goce de derechos humanos de las personas afectadas. Precisó que desde 2023, al menos 450 personas han sido afectadas con esta medida y las han dejado en una situación de “muerte civil”: «Las autoridades les anularon de todos los registros nicaragüenses y decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país», apuntó.

Olga Valle, de Urnas Abiertas, añadió información referente a la apatridia de facto, señalando que el régimen ha institucionalizado mecanismos de privación arbitraria de la nacionalidad, no sólo mediante resoluciones judiciales, sino también a través de prácticas administrativas como la negativa a emitir o renovar pasaportes y documentos de identidad, tanto dentro como fuera del país. La falta de documentación, dijo, coloca a las personas en una situación de desprotección.

También se refirió al incremento exponencial en las negativas de ingreso a Nicaragua, incluso contra personas que no estaban vinculadas a redes u organizaciones opositoras. Valle señaló que hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos de la ONU documentó 259 casos de personas nicaragüenses a quienes se les prohibió el ingreso al país y que por el temor de las personas afectadas existe un sub registro importante.

“Las detenciones se concentran en pocas personas con perfiles específicos: líderes y comunitarios indígenas, periodistas, personas de fe, activistas, miembros de partidos políticos, y se ha incrementado la presencia de ex militares, [además] hay 10 personas encarceladas desde antes de 2018”, denunció Claudia Pineda, de la AUDJUDRNIC, quien puso sobre la mesa la problemática de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, precisando que «se reportan 54 personas detenidas, incluyendo 7 mujeres, 18 adultos mayores, 14 desaparecidos y 19 sin condena», según el registro del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas.

A ello sumó que desde septiembre de 2023, las desapariciones forzadas de larga duración se han agravado, y que actualmente al menos 14 personas de la lista oficial del Mecanismo siguen desaparecidas, entre ellas 5 mujeres, 7 adultos mayores, 2 periodistas, 3 ex militares y dirigentes y activistas políticos, destacando los casos de Brooklyn Rivera, Víctor Boitano, Angélica Chavarría, Eveling Matus, Fabiola Tercero y Eddy Gonzalez, desaparecidos desde hace un año y más.

Sadie Rivas, hija de Aníbal Rivas Reed, denunció que desde el 17 de mayo, su papá fue sometido a desaparición forzada por 42 días, tiempo durante el cual permaneció totalmente incomunicado. Dijo que aun cuando ya han permitido una única visita -donde se enteraron de que fue condenado a 50 años de prisión por “traición a la patria”- la familia sigue temiendo por su vida, por sus padecimientos y enfermedades crónicas.

En tanto, Tininiska Rivera, hija del líder indígena Brooklyn Rivera denunció que la desaparición forzada de su padre es parte de una estrategia sistemática del régimen para acallar a líderes indígenas que defienden la tierra, la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Adolfo Lara, de Raza e Igualdad, intervino destacando que, ante los nuevos patrones de represión, la persistencia de otros ampliamente documentados y la impunidad en la que los crímenes de lesa humanidad permanecen,  es fundamental que la comunidad internacional exija cuentas al régimen y le obligue a respetar las obligaciones internacionales que ratificó.

Asimismo, solicitó a la CIDH reforzar el monitoreo, denunciar  la represión transnacional por parte del régimen nicaragüense y brindar acompañamiento a los Estados que acogen a personas exiliadas para asegurar su protección y acceso a derechos, reconocer el patrón sistemático de apatridia  exigir la libertad de todas las personas presas políticas y el esclarecimiento de los casos de desaparición forzada.

Durante la audiencia, se contó con la participación especial de Ariela Peralta, parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN). La experta evocó las constataciones presentadas en su último Informe[1] en el que también alertaban sobre la escalada de la represión transnacional y sus graves impactos para las personas afectadas, sobre el cual presentarán un informe en septiembre ante Naciones Unidas.

El presidente de la CIDH, el comisionado José Luis Caballero, agradeció a las víctimas por sus testimonios, señalando que la situación se ha agravado con la reforma de 2025. El Comisionado Arif Bulkan, Relator para Nicaragua,  lamentó la hipocresía de quienes continúan haciendo negocios con el Estado de Nicaragua y al mismo tiempo condenan a ese tipo de regímenes. Alentó a la sociedad civil a continuar su trabajo de documentación y denuncia. Los demás comisionados, luego de solidarizarse y agradecer los testimonios de las tres familiares presentes, condenaron las graves actuaciones del régimen nicaragüense, la agravación de la situación de derechos humanos monitoreada por ellos igualmente y su disposición para buscar soluciones junto con otros Estados, para la grave situación de los nicaragüenses en el exterior. Anunciaron que próximamente publicarán un Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las organizaciones participantes en esta audiencia reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión estatal y continuaremos denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo ante los mecanismos internacionales de protección.

 

 

[1] GHREN. Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. 3 de abril 2025. Disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-8-s.pdf

 

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