Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Raza e Igualdad y #NicasLibresYa dialogan con familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos: Revelan sus deseos para esta época del año

Washington D.C., 18 de diciembre de 2024 – En esta época del año, desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, queremos destacar los deseos de las familias que están sufriendo la prisión arbitraria de sus seres queridos por motivaciones políticas que los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua ejercen contra quienes se identifican como personas opositoras, o hacia quienes perciben como tales.

Los deseos y sentimientos de estas familias claman por la libertad de sus madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas o amigos, personas que fueron detenidas arbitrariamente por exigir respeto a sus derechos humanos en regímenes totalitarios que reprimen con violencia a cualquiera que piense diferente. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se ha valido de las detenciones arbitrarias por motivos políticos desde el año 2011. La cifra sólo ha ido aumentando y, a pesar de la excarcelación y destierro de 222 personas en febrero de 2023 y 135 más en septiembre de 2024, en las cárceles todavía hay más de 70 inocentes pagando por crímenes que no cometieron, al menos una decena de ellos en condición de desaparición forzada. 

Este año, el líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera no podrá visitar la tumba de su madre, como solía hacerlo todos los años, ya que desde el 29 de septiembre de 2023 se encuentra en situación de desaparición forzada luego de desafiar a la dictadura que le había prohibido ingresar a su propio país, tras haber participado en una actividad de pueblos indígenas en el extranjero. 

Tininiska Rivera, su hija, recuerda que cada año, durante las festividades de diciembre su padre organizaba una comida con las personas de algunas comunidades del norte de la Costa Caribe de Nicaragua. “Si estuviera libre mi padre haría reuniones con las comunidades para avisarles sobre toda su gestión del año y con ellos compartiríamos una comida tradicional”. 

A finales de noviembre, el régimen realizó redadas que culminaron con la captura de más de 38 personas, aunque la mayoría fueron enviadas a sus casas el 11 de diciembre, periodistas, líderes políticos y médicos continúan detenidos. 

La situación es similar para los familiares de Steadman Fagot, otro líder indígena miskito quien se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 14 de septiembre de 2024. Su familia lo recuerda por preparar paquetes de comida durante las fiestas de fin de año. 

“Él elaboraba pequeñas canastas básicas para compartir con ancianos, viudas, madres solteras y comunidades aledañas, y organizaba cultos con pastores de esas comunidades como agradecimiento a Dios por tenerlo con nosotros. Quisiera recuperar el tiempo perdido con mi papá, es triste que hasta el momento no sepamos nada de él”, lamenta Ingni Fagot, hija de Steadman Fagot. 

Más represión 

En Cuba, por su parte, el régimen autoritario de este país no para de reprimir y hostigar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y artistas, quienes sufren detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Lizandra Góngora es parte de las 554 personas (de acuerdo con Justicia 11J) que están presas en Cuba por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las cuales exigían el respeto a los derechos humanos, y fueron reprimidas con violencia por el régimen cubano. Su esposo Ángel Delgado afirma que el regalo más grande que pudiera darle en esta época del año, es que ella “recuperara su libertad”.

Desde La Habana, Norma Pérez, madre de la activista Sulmira Martínez, quien permanece en prisión desde el 10 de enero de 2023 tras haber sido acusada falsamente de incitar a la violencia, afirma:  “Extraño mucho verla entusiasmada por las fiestecitas que armaba con sus amistades de la danza”. 

En Cuba, la crisis social, política y económica ha empeorado en los últimos cuatro años, debido a los extensos cortes de energía eléctrica, a la falta de agua potable, y a la escasez de alimentos y medicamentos, que sumado a la represión que sufren las voces críticas al régimen autoritario de este país, forman un ‘cóctel’ nocivo para la población cubana. 

Ángel Cuza Alfonso, de 36 años, es un activista y periodista independiente cubano, que permanece privado de libertad por motivos políticos en la Isla. A él lo detuvieron el 1 de diciembre de 2022, cuando intentaba comprar alimentos en una tienda de La Habana; y fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a un año y seis meses de prisión, por el supuesto delito de “desórdenes públicos”.

Su esposa Ana Castillo afirma que lo extraña mucho, principalmente en esta época del año. “Lo que más quisiera, y le pido a Dios, es que pueda estar en libertad porque sé que lo que está pasando ahí es algo que no puede ni explicar”, agrega. 

Las personas presas políticas de Cuba y Nicaragua sufren torturas, aislamiento, incomunicación y, en ocasiones, se les impide recibir visitas familiares por períodos prolongados de tiempo. Además, se les niega el acceso a médicos y medicinas para tratar sus padecimientos oportunamente, y en el caso de las mujeres su condición es más grave porque se les limita el acceso a productos higiénicos de primera necesidad. Incluso, respecto de algunos, el Estado ni siquiera informa a las familias donde están detenidos y cuál es su situación.

Por todo esto, desde Raza e Igualdad y #NicasLibresYa, exigimos que los regímenes de ambos países liberen a todas las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, se brinde información de quiénes se encuentran en desaparición forzada, y se permita que sus familiares puedan tenerles en casa durante estas fiestas de fin de año.



Reforma a Constitución Política de Nicaragua anula la división de poderes

11 de diciembre de 2024.- Las organizaciones firmantes manifestamos profunda preocupación por la reciente reforma a la Constitución Política de Nicaragua, la cual, reestructura el Estado, concentrando el Poder en la figura de “Co-presidentes” y con ello, anula, constitucionalmente, la división de poderes. Además, consolida el cierre del espacio cívico, eliminando la libertad de expresión y religión, y asegura impunidad para perpetradores de violaciones a derechos humanos. 

El 22 de noviembre de 2024 se aprobó “la reforma parcial” de la Constitución Política de Nicaragua con la cual se modifican más de 100 artículos de su Carta Magna. Esta es la 12va reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega desde que se encuentra en el poder. 

Uno de los elementos más alarmantes de la reforma es la concentración del poder en la figura de la “Co-presidencia” a la que se le otorga el rol de “coordinación” de los “órganos” legislativo, judicial y electoral del Estado, a los cuales no considera como poderes independientes, además de otras entidades. La Co-presidencia tendrá control absoluto del Ejército y un año más de mandato presidencial, para un total de 6 años.

Alertamos que asegurar impunidad para las violaciones a derechos humanos es un elemento clave en estas reformas. En el nuevo texto se elimina el derecho a no ser torturado, alentando la continuidad de la comisión de tal delito. También institucionalizan “las policías voluntarias”, que desde la crisis del 2018 han sido reconocidas como grupos de civiles fuertemente armados, que actúan con la aquiescencia, el apoyo y la protección de las fuerzas estatales. Existe múltiple evidencia sobre la actuación de estos grupos en la comisión de las graves violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense 

Llamamos la atención sobre el cierre absoluto del espacio cívico y las restricciones a cualquier libertad. Las reformas supeditan el ejercicio de derechos al mantenimiento de los valores supremos de la paz y la seguridad.; cualquier acto que se considere como una afrenta a estos valores, implica la disminución o pérdida de derechos. Se fortalecen los controles sobre los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, tanto fuera como dentro de Nicaragua. Además, desde las reformas del pasado septiembre, se avala el uso excesivo e indebido del sistema penal para reprimir a cualquier persona opositora o percibida, al eliminar garantías judiciales mínimas. 

Evidenciamos una escalada alarmante sobre el control y despojo de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En el nuevo texto constitucional, se impone un mayor control sobre estos pueblos para decidir sus formas de gobierno y organización, instrumentalizando la autonomía al momento de llevar a cabo las consultas, quedando estas sujetas a una aprobación única por parte de los gobiernos regionales y no por parte de las comunidades. 

De igual manera, la reforma robustece una serie de cambios legislativos en los ámbitos penal, económico y migratorio, con los que las autoridades nicaragüenses buscan extender la represión tanto dentro como fuera de Nicaragua. Entre otras, las modificaciones concretan la apatridia de facto, el destierro y la represión transfronteriza.

Finalmente, destacamos que los cambios legislativos se han dado en un ambiente tenso marcado por actos represivos. El 03 de noviembre se reportaron 2 asesinatos de miembros de comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte, y el 28 del mismo mes, organizaciones de derechos humanos reportaron al menos 30 detenciones arbitrarias, acompañadas de desapariciones forzadas, así como el destierro de familias enteras en las fronteras. 

Por tanto, ante este panorama, las organizaciones firmantes solicitamos:

A la comunidad de Estados: mantener la vigilancia sobre Nicaragua y reforzar su apoyo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, organizaciones y movimientos sociales. Solicitamos valorar la activación de los mecanismos diplomáticos para incidir en la urgencia del retorno a la democracia en Nicaragua, y asegurar que los relacionamientos comerciales y financieros se condicionen al estricto cumplimiento del Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. 

A las entidades financieras: implementar políticas y directrices que establezcan disposiciones en materia del respeto y garantía de la democracia, seguridad jurídica y derechos humanos, que supediten el otorgamiento de préstamos y créditos a que el Estado de Nicaragua cumpla con dichas disposiciones, en consonancia con los más altos estándares de derechos humanos. 

A los organismos internacionales de derechos humanos: continuar y reforzar la documentación sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población nicaragüense tanto dentro como fuera del país; abordar integralmente a través de sus informes y pronunciamientos la continuidad de las violaciones a derechos humanos, con enfoque interseccional y énfasis en las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad como niñez, mujeres, disidencias sexuales y pueblos indígenas y afrodescendientes; visibilizar e informar a la comunidad internacional a través de sus mecanismos sobre el recrudecimiento de la represión transfronteriza y las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. 



 Firman:

Alerta Venezuela

Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local

Asociación para el Desarrollo Indígena Social – ADIS

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

Centro Internacional por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 

Civil Rights Defenders

Colectivo Nicaragua Nunca Más

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos 

Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH

Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX)

Iniciativa Universitaria por Nicaragua

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

La Mesa Redonda

Movimiento Autónomo de Mujeres 

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Peace Brigades International – PBI

Red de Mujeres Pinoleras

Red Internacional de Derechos Humanos Europa RIDHE

Unamos 

Unidad de Defensa Jurídica

Unidad Nacional Azul y Blanco

Urnas Abiertas 

Washington Office on Latin America (WOLA)

Reformas recientes intensifican la persecución política en Nicaragua y el exilio, alerta la OACNUDH

Ginebra, 9 de diciembre de 2024 – En Nicaragua “reina un clima severo y represivo”, expresó la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif, durante su actualización oral sobre la situación de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este lunes 9 de diciembre. En su intervención, Al-Nashif advirtió que las reformas legales y constitucionales recientes consolidan el poder en la Presidencia y “allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos”, incluyendo a la población nicaragüense en el exilio.

La Alta Comisionada Adjunta señaló que las recientes reformas legales redefinen los delitos para abarcar publicaciones en redes sociales que “provoquen pánico” o amenacen la “estabilidad social”. Además, clasifican los delitos cibernéticos como organizados, autorizan la confiscación de bienes y permiten el acceso sin control policial a datos personales. 

Las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional el mes pasado, permitirán una mayor injerencia del Ejecutivo en los poderes legislativo, judicial y electoral. Al-Nashif calificó como “particularmente atroz” la eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura.

Estos cambios buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de su ciudadanía y confiscar bienes, una herramienta ya ampliamente utilizada para reprimir arbitrariamente a personas críticas y disidentes del Gobierno. Desde febrero de 2023, al menos 546 personas han sido despojadas de su nacionalidad, privadas de sus bienes y expuestas a la apatridia. Muchas de estas personas no pueden renovar su documentación, lo que dificulta su conexión con su país. También, la Corte Suprema despojó de su nacionalidad y bienes a 135 personas excarceladas políticas y desterradas a Guatemala en septiembre pasado.

Patrón constante de detenciones, torturas y desapariciones forzadas

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó un patrón constante de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Actualmente, 76 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo 20 integrantes de pueblos indígenas, y 30 personas detenidas arbitrariamente a finales de noviembre. En cuanto a las desapariciones forzadas, la OACNUDH destacó la desaparición forzada de Angélica Chavarría, compañera del fallecido general retirado Humberto Ortega, desde mayo de 2024; el paradero desconocido de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional por el partido indígena YATAMA, desde septiembre de 2023; la desaparición de Steadman Fagoth Müller, asesor presidencial en temas indígenas, desde septiembre de 2024; y el ex coronel Victor Boitano (63 años), desaparecido desde abril de 2024.

“La desaparición forzada, la tortura y los malos tratos deben cesar de manera inequívoca”, urgió la Alta Comisionada.

Pueblos indígenas expuestos a violencias

La Alta Comisionada Adjunta expresó profunda preocupación por los continuos ataques contra pueblos indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, alimentados por la violencia de colonos o terceros no indígenas. El asesinato de dos Miskitos el 8 de noviembre, y los informes sobre casos de violencia sexual contra niños indígenas, presuntamente cometidos por colonos, reflejan la grave situación de inseguridad que enfrentan. 

La Alta Comisionada pidió la liberación inmediata de ocho guardabosques Mayangna, quienes han estado detenidos en condiciones extremas desde 2021. “Las autoridades deben adoptar medidas proactivas para prevenir la violencia, incluida la violencia sexual, y realizar investigaciones exhaustivas e independientes de todos esos incidentes, exigiendo responsabilidades a los autores”.

Finalmente, la Alta Comisionada hizo un llamamiento “a la comunidad internacional, incluidos todos los Estados comprometidos en la región y que tienen influencia para que intensifiquen sus esfuerzos en apoyo de estos objetivos”. La Oficina también reiteró su compromiso de brindar asistencia técnica a Nicaragua.

Estados miembros del Consejo preocupados por la “co presidencia” de Nicaragua

En el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, Estados miembros del Consejo y organizaciones de la sociedad civil pidieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, la anulación de sus procesos judiciales,  la restitución de los derechos de toda la ciudadanía, y el levantamiento de las restricciones a ONGs, medios de comunicación, grupos religiosos, entre otros. Varias delegaciones, como Perú, Canadá, Costa Rica, Canadá, Paraguay, Reino Unido, Suiza, entre otras, expresaron su profunda preocupación por las recientes reformas legales y constitucionales, particularmente por la instauración de una “co presidencia” en la que se centraliza el poder en una única familia. 

“Resulta inquietante la eliminación explícita a poderes, ahora simplemente son órganos, y que los nuevos copresidentes puedan coordinar con poder absoluto y sin límites… Es inevitable interpretar este nuevo ataque a la institucionalidad nicaragüense como una estocada casi final a la democracia”, expresó la delegación de Costa Rica.

 

Reino Unido calificó las recientes reformas constitucionales como “un capítulo trágico adicional en el deterioro de los derechos civiles políticos y otros derechos humanos de los nicaragüenses” y pidió a las autoridades nicaragüenses que acepten las recomendaciones que se hicieron en el Examen Periódico Universal (EPU).

 

Canadá instó a que se renueve el mandato del Alto Comisionado y del Grupo de Expertos en marzo de 2025. La Unión Europea solicitó a Nicaragua ampliar su cooperación con ambos mandatos y otros mecanismos de derechos humanos “para que cumpla con sus obligaciones de presentación de informes dentro de los tratados que ha ratificado”.

Desde los micrófonos de las organizaciones de la sociedad civil, Tininiska Rivera, hija del diputado indígena Brooklyn Rivera, e Ingni Fagoth, hija del líder miskito Steadman Fagot, denunciaron las desapariciones forzadas de sus padres. 

Tininiska también denunció la cancelación de la personalidad jurídica del partido YATAMA y de la Iglesia Morava, y la ocupación ilegal de territorios indígenas por colonos armados. Además, señaló el incremento de la violencia contra las comunidades indígenas en 2024, incluyendo el asesinato de 4 guardabosques, la criminalización de 37, y la desaparición de líderes indígenas. 

Por su parte, Ingni alertó que la detención de su padre en manos del Ejército de Nicaragua es parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de los pueblos indígenas por motivos políticos. “Exigimos justicia…Nuestro pueblo está de pie, pero necesita el respaldo de la comunidad internacional. No abandonen a los indígenas de Nicaragua”, urgió.

Otras organizaciones hicieron énfasis en el cierre arbitrario de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, las 12 leyes represivas aprobadas en los últimos 4 meses, los 222 casos de tortura documentados , 452 casos de personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad, la situación de desempleo de al menos 1200 docentes y personal universitario, entre otros.

Pronunciamiento

La actualización oral de la Alta Comisionada Adjunta y las intervenciones posteriores de los Estados y la sociedad civil dejan claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua ha alcanzado uno de sus momentos más críticos. En este grave contexto, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respalda el llamado de la Alta Comisionada Adjunta a la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos en apoyo a la población nicaragüense, con especial atención a las personas exiliadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y quienes permanecen privadas de libertad por razones políticas.

La impunidad no puede prevalecer frente a las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos que sufre el país. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a los Estados comprometidos con la democracia y los derechos humanos a reforzar los mecanismos de monitoreo y protección, y a votar a favor de la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en 2025. Este mandato es esencial para profundizar en la documentación de las violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la presión internacional en defensa de la población nicaragüense.

Ante el EPU: Nicaragua niega violaciones a los derechos humanos en nombre de la soberanía

Ginebra, 15 de noviembre.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la posición del Estado de Nicaragua ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado este miércoles 13 de noviembre. Su discurso, lejos de reflejar algún nivel de compromiso con los derechos humanos, omite las denuncias internacionales sobre el hostigamiento hacia personas consideradas opositoras políticas, activistas y periodistas. Raza e Igualdad llama al Estado nicaragüense a aceptar las recomendaciones de los Estados y a tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en el país.

En su presentación ante el EPU, la Procuradora General de la República de Nicaragua, Wendy Morales Urbina, afirmó que promueve y protege los derechos humanos y el bienestar de la ciudadanía nicaragüense, destacando “la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la igualdad de género y la ampliación del acceso a la educación y la salud”. Además, la delegación insistió en un supuesto compromiso del Estado de Nicaragua con el derecho internacional y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando su apego a la “igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos”.

En contraste con la posición del Estado, de los 88 Estados que tomaron la palabra durante la 47a sesión del Grupo de Trabajo del EPU, al menos 51 Estados expresaron una amplia gama de preocupaciones por la grave situación de derechos humanos en el país, así como recomendaciones para abordarlas. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran: la reducción del espacio cívico, que ha sido ampliamente condenada por países como Alemania, España, Estados Unidos y Canadá; y las detenciones arbitrarias por motivos políticos y la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, prácticas contrarias al Derecho Internacional a las que ha recurrido el Estado, que fueron señaladas por varios países, como Argentina, Costa Rica, Colombia y Chile.

En respuesta a estas preocupaciones planteadas, los Estados miembros del Consejo expresaron recomendaciones claras y urgentes para abordar la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la liberación inmediata y sin condiciones de las personas presos políticos, el fin de las detenciones arbitrarias, el restablecimiento del espacio cívico y la cooperación con mecanismos internacionales de Derechos Humanos. Canadá por ejemplo, recomendó al Estado respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía, la libertad personal, y protección de la detención arbitraria y tortura “poniendo en libertad inmediatamente a todos los presos políticos dejando de detener arbitrariamente y respetando las normas de la ONU para el tratamiento de personas prisioneras”.

Chile recomendó “poner fin a la práctica de privación de nacionalidad como medida punitiva” y restituir la nacionalidad a las personas que han sido despojadas de ella. El Reino Unido recomendó a Nicaragua modificar la Ley Especial 1145, relacionada con la nacionalidad nicaragüense, y abordar las preocupaciones sobre la reciente reforma al Código Penal que permite la persecución y confiscación de los bienes de nicaragüenses exiliados o extranjeros acusados de “crímenes contra el Estado”.

Otros Estados expresaron recomendaciones específicas sobre el respeto de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Brasil, por ejemplo, destacó la “necesidad de investigar y sancionar a los responsables por todos los actos de violencia y atentados a la vida contra minorías, en particular, pueblos indígenas y afrodescendientes”. Noruega, entre otras cosas, recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la discriminación a los pueblos indígenas afrodescendientes y personas LGBTI, y prevenir la violencia de género.

Para Raza e Igualdad resulta especialmente alarmante la falta de información sobre los líderes indígenas Brooklyn Rivera, exdiputado en condición de desaparición forzada desde septiembre de 2023, y su suplente Nancy Elizabeth Henríquez, detenida arbitrariamente en condiciones desconocidas. Cabe destacar que, esta es la primera ocasión que el Estado se pronuncia sobre estos casos afirmando que Rivera fue destituido “por su abandono de las labores parlamentarias por más de 60 días continuos sin causa justificada” y que ambos fueron despojados de sus inmunidades “para ser sometidos a investigación por la comisión de delitos graves…por los delitos de traición, menoscabo a la integridad nacional…Asimismo por la propagación de noticias falsas”

Desde Raza e Igualdad, observamos con preocupación la opacidad y falta de información sobre el paradero de Brooklyn Rivera, de quien no se ha presentado prueba de vida. Sus casos revelan un patrón de hostigamiento sistemático hacia personas defensoras de derechos humanos bajo una legislación que criminaliza la disidencia, particularmente aquellas que representan a comunidades vulnerabilizadas. 

También nos inquieta la declaración del Estado de Nicaragua de que no firmará el Estatuto de Roma, postura que fue expresada en respuesta a las preguntas de otros Estados. Nicaragua argumentó que esta decisión se debe a la amenaza que representa para su soberanía, señalando que la protección de los derechos humanos es un asunto de “jurisdicción exclusiva”, y que el fortalecimiento de su sistema judicial nacional es el mecanismo adecuado para asegurar la justicia y el respeto a los derechos de su ciudadanía. Este rechazo a la “imposición de jurisdicciones extranjeras en detrimento de su autonomía interna” refleja una postura que limita la cooperación con los sistemas internacionales de justicia y socava el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente en un sistema judicial local señalado por su falta de independencia.

Lamentamos, además, que el Estado también continúe su postura de rechazo hacia la labor del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), conformado por personas expertas independientes. En la sesión, el Estado expresó que sus reportes y actualizaciones “carecen de valor y credibilidad reflejando falsedades, hechos desvirtuados unilaterales, parcializados y sin ninguna base objetiva”, razones por las cuales no aceptan sus recomendaciones “con las que pretenden inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.

Finalmente, instamos al Estado de Nicaragua que, como muestra de buena voluntad, acepte e implemente las recomendaciones brindadas por los Estados durante el Examen.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta al cumplimiento de las recomendaciones. Urge que Nicaragua libere a todas las personas presas políticas, garantice el respeto a las libertades de expresión y asociación, y coopere con los organismos internacionales para asegurar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de seguir monitoreando la situación en Nicaragua y de apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2018 hasta la fecha, y que se tomen las medidas necesarias para restablecer la Democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

En audiencia CIDH sobre Nicaragua: Instituciones Financieras Internacionales inadvertidamente financian crímenes de lesa humanidad 

Washington, D.C., 15 de noviembre de 2024.-“La comunidad internacional y diversos fondos (de Instituciones Financieras Internacionales – IFIs), sin querer, están financiando crímenes de lesa humanidad”, dijo el Relator Especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Arif Bulkan, en la audiencia temática “Nicaragua: apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos”, celebrada este jueves 14 de noviembre.

En la audiencia participaron representantes de las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas; comisionados y comisionadas de la CIDH y una representación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Al iniciar la audiencia, Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, contextualizó sobre la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense, caracterizada por una concentración del poder en manos del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo; el cierre del espacio cívico y la represión sistemática contra la disidencia.“El régimen ha cancelado por motivos políticos más de 5,200 organizaciones de la sociedad civil de las 7,200 existentes… Sin embargo, la amplia documentación y conocimiento de la crisis democrática y de derechos humanos nicaragüense no implicó la revisión, suspensión o cancelación de proyectos de desarrollo con financiación internacional”, alertó Fetterhoff.

Por su parte, Marcelo Azambuja, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad, expuso que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BCIE, actualmente apoyan 88 proyectos en Nicaragua con un valor de USD 4.35 mil millones. De estos proyectos, 50 proyectos por un monto de USD 2.7 mil millones fueron aprobados después de 2018, año en el que se agudizó la crisis democrática y de derechos humanos en el país centroamericano. Sin embargo, “ninguna de esas instituciones mencionó públicamente la crisis como un factor influenciando la aprobación o el monitoreo de la implementación de proyectos de desarrollo en Nicaragua”, enfatizó Azambuja.

“Las IFIs también están obligadas por el derecho internacional a respetar a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Deben adoptar medidas de debida diligencia en derechos humanos para buscar prevenir o mitigar los impactos adversos a los derechos humanos… En Nicaragua, su omisión ha resultado en la violación del derecho a la libertad de expresión tanto por la restricción de acceso a información pública sobre proyectos de desarrollo y políticas públicas con financiación internacional…”, dijo Azambuja durante su intervención. 

Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, expuso cómo la captura del Estado en Nicaragua ha consolidado un sistema cleptocrático, donde el régimen Ortega-Murillo utiliza las instituciones estatales y el endeudamiento externo para beneficios personales y el enriquecimiento del círculo de poder. 

Orozco afirmó que la economía autoritaria del régimen se sustenta en la apropiación de ingresos fiscales y en la utilización de organismos estatales para extorsionar al sector privado. Agregó que “el uso del endeudamiento externo para beneficiar a la élite económica y política es otra de las formas más evidentes de captura del Estado”, ante esto, la “dependencia del Gobierno de la financiación externa aumentó del 46% al 56% del PIB entre 2017 y 2023, con casi USD 9,000 millones de deuda pública”. 

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, enfatizó que el modelo económico autoritario del régimen Ortega-Murillo y la falta de supervisión de los fondos públicos ha ocasionado que el Estado deje de servir a los intereses del pueblo, y se constituya como una reconfiguración cooptada del Estado. Valle instó a las IFIs a mejorar sus mecanismos de transparencia y exigió la adopción de medidas que aseguren el beneficio de los recursos al pueblo nicaragüense en lugar de favorecer los intereses de la élite en el poder.

“Es fundamental que las instituciones financieras internacionales asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuenta, asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos”, destacó Valle. 

Por su parte, Amaru Ruiz, Director de Fundación del Río, mostró su preocupación por la gestión del Financiamiento Verde al régimen Ortega-Murillo a través de las IFIs. Actualmente Nicaragua tiene 27 proyectos ambientales en ejecución con una cartera de USD 384.8 millones, de los cuales el 66% son donaciones, siendo las principales fuentes de financiamiento el BM y BID, esta situación ha generado impactos ambientales negativos en Nicaragua como la deforestación acelerada, el aumento de gases de efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Además, de violaciones de derechos, dado que los proyectos de financiamiento verde se concentran en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, donde también persisten las violaciones a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ruiz, también enfatizó en la cancelación del proyecto BioClima, y solicitó en la audiencia incrementar la fiscalización y el monitoreo de los proyectos financiados. Así como, establecer mecanismos de cooperación que respeten los derechos humanos, provea resultados tangibles y que se evalúe la transparencia.

En su intervención, el Presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Jan-Michael Simon explicó que “un patrón notorio y particularmente grave del Estado de Derecho invertido en las manos del Gobierno de Nicaragua consiste en la masiva cancelación forzosa de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro”. Según el experto, el Gobierno de Nicaragua ha reportado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la cancelación del 80% del total de organizaciones sin fines de lucro. Para ello, el Gobierno ha implementado la recomendación número ocho del GAFI  que dice “asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por orgs terroristas”.

“Esta situación se presenta apenas a los dos años de la decisión del GAFI, en octubre de 2022, de retirar a Nicaragua de su lista de países de alto riesgo en materia de control de la base… Nicaragua aceptó a cambio que se realice el proceso voluntario para analizar lo que suele llamarse, yo cito, ‘posibles consecuencias imprevistas relacionadas con la implementación de la Recomendación 8’”, alertó el experto.

Por su parte, el Relator Especial de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan afirmó que el Gobierno de Nicaragua sigue recibiendo “inmensa financiación” en nombre de proyectos de desarrollo, “pero en vez de que ese cúmulo de dinero que se está recibiendo se utilice para lo que dice que se debe utilizar, es decir, para caminos, para proyectos sociales, etc… esos fondos acaban en el bolsillo de las élites”.

“La comunidad internacional y diversos fondos, sin querer están financiando crímenes de lesa humanidad. Eso hay que decirlo con todas sus letras”, dijo Bulkan, quien también aseguró que esta situación empuja a la CIDH “a hacer un llamamiento muy, muy claro y contundente a las distintas organizaciones internacionales y demás entidades” para que tomen en cuenta la situación real de Nicaragua y “dejen de sostenerla.. aún poniendo como pretextos medios indirectos”.

Para Javier Palummo, Relator Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, “las instituciones financieras internacionales no son cualquier tipo de empresas…son órganos internacionales, órganos que son creados por los Estados, que tienen órganos de dirección donde podemos encontrar representantes gubernamentales… Estas instituciones tienen el deber de implementar salvaguardas robustas que garanticen que sus recursos no contribuyan a perpetuar situaciones de abuso o de represión. Es imperativo, por tanto, que refuercen mecanismos de transparencia y que realicen auditorías independientes de sus proyectos”.

El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca reconoció el esfuerzo de la sociedad civil nicaragüense “por seguir explorando espacios, caminos por los cuales se pueda restablecer la garantía de derechos humanos en un Estado que ha decidido deliberadamente atropellar los derechos civiles y políticos, entre ellos la libertad de expresión”.

“La represión cuesta y es importante preguntarnos de dónde vienen los recursos que generan entornos permisivos a la represión”, expresó Vaca.

Las organizaciones Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas, esperamos que la CIDH tome en cuenta nuestras recomendaciones para promover medidas que aseguren el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Entre estas destacamos: formular una resolución sobre el alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos en el ámbito del apoyo financiero internacional y de proyectos orientados al desarrollo; establecer un grupo de trabajo entre la CIDH, las IFIs y las organizaciones de la sociedad civil para abordar la relación entre el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y en América Latina; y manifestarse públicamente sobre los riesgos de impactos adversos de los proyectos financiados con recursos de las instituciones financieras internacionales en territorio nicaragüense.

EPU Nicaragua 2024: Raza e Igualdad solicita recomendaciones contundentes ante violaciones sistemáticas a derechos humanos en Nicaragua

Ginebra 12 de noviembre de 2024.-  El Estado de Nicaragua será evaluado en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mañana, el miércoles 13 de noviembre. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) urge a los Estados participantes de este espacio a realizar recomendaciones contundentes frente a las violaciones sistemáticas que el Estado de Nicaragua sigue cometiendo en detrimento a la justicia, la paz, el orden constitucional y los derechos humanos en el marco de la violenta represión que lleva a cabo tras las protestas de abril 2018.

Durante el último ciclo de cuatro años, Nicaragua ha mostrado un total desacato a las recomendaciones de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, así como a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo un entorno de represión y vulneración de derechos fundamentales, particularmente para las personas defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas y pueblos indígenas y afrodescendientes.

En Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos son blanco de la represión estatal, pese a que el Estado afirma que promueve, defiende y tutela las garantías constitucionales y los derechos humanos. Organismos internacionales han documentado al menos 2,000 detenciones arbitrarias, y casos de torturas y desapariciones forzadas contra personas consideradas opositoras, activistas y periodistas críticos. Según el  Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, actualmente 46 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, entre estas, tres líderes indígenas de la Costa Caribe: Nancy Henríquez, Brooklyn Rivera y Steadman Fagot. 

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) también ha destacado la expulsión y privación de la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas críticas del régimen, así como la confiscación de sus bienes y la restricción del acceso al territorio nicaragüense, además de hechos y circunstancias que constituyen crímenes de lesa humanidad, “particularmente, persecución por motivos políticos”. 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan sufriendo invasiones de colonos (terceros no indígenas) sin una adecuada protección estatal. La falta de implementación del proceso de saneamiento para el desalojo de ocupantes ilegales ​​ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, la que ha traído como consecuencia conflictos violentos, desplazamientos forzados y asesinatos de integrantes de comunidades indígenas. Solo en los primeros seis meses de 2024, se registraron 643 casos de violaciones de derechos humanos en estos territorios.

Además, el Estado otorga concesiones para actividades mineras y agroindustriales sin realizar consultas previas, libres e informadas, lo que provoca graves daños ambientales y vulnera los derechos de las comunidades indígenas. Estas comunidades rara vez se benefician de las ganancias generadas por dichos proyectos, perpetuando así la pobreza y la exclusión.

La ausencia de una efectiva promoción y protección de los derechos de las mujeres sigue siendo una preocupación alarmante, especialmente ante el aumento de casos de violencia y femicidios en el país. La falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades a las denuncias de violencia de género desincentiva a las víctimas a buscar justicia. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año 2024 se han contabilizado 63 femicidios.

Cabe destacar que, las políticas gubernamentales sobre género son diseñadas de forma centralizada, sin consulta ni participación efectiva de las organizaciones feministas y defensoras de derechos, quienes en cambio enfrentan represión estatal, criminalización y hostigamiento. Esta restricción de la participación de las mujeres en la toma de decisiones ha traído como consecuencia la falta de programas de educación sexual, de prevención efectiva de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

En el ámbito de los derechos a la libertad de expresión y asociación, el Estado nicaragüense ha aprobado normativas, como la Ley de Ciberdelitos y su reciente reforma y la Ley de Agentes Extranjeros, que limitan las libertades fundamentales al permitir la vigilancia estatal y la criminalización del activismo y el periodismo. En consecuencia, al menos 278 periodistas independientes han dejado el país por temor a represalias, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Asimismo, a través de estas leyes, el Estado ha anulado la personería jurídica de más de 5,000 organizaciones, entre ellas, organizaciones no gubernamentales (ONG) que brindaban servicios de salud, educación y apoyo a comunidades vulnerabilizadas. Con la desaparición de estas organizaciones, comunidades enteras han quedado sin acceso a programas sociales y de salud que dependían del trabajo de las ONGs, generando un impacto directo en el bienestar de los sectores más vulnerables.

Finalmente, el Estado de Nicaragua tiene una postura confrontativa, no colaborativa y de forma reiterada desprecia los espacios de diálogo en nombre de “la soberanía nacional”, además de su rechazo a la rendición de cuentas en el ámbito internacional. El Estado ha ignorado recomendaciones de los órganos y mecanismos de protección internacional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desacatando sus obligaciones internacionales.

También ha expulsado del país a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y se ha retirado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por último, en los últimos dos años Nicaragua tampoco se ha presentado a las revisiones de Órganos de Tratados de Naciones Unidas, como del Comité Contra la Tortura (CAT) o el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), y en otros casos, se ha retirado como ocurrió durante el diálogo interactivo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, haciendo acusaciones infundadas al órgano de dicho tratado y a sus miembras. 

Por todo lo anterior, en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a emitir recomendaciones firmes y efectivas que obliguen al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Solo a través de una acción coordinada y decidida, será posible generar una verdadera rendición de cuentas y contribuir a restaurar la justicia, la paz y el respeto por los derechos fundamentales en el país. 

Exigimos al Estado de Nicaragua cesar la persecución política, liberar de inmediato a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, restaurar la independencia de los poderes del Estado, permitir el trabajo de organizaciones de derechos humanos y cumplir con sus compromisos internacionales. 

Nicaragua enfrenta crisis devastadora en derechos sexuales y reproductivos, alertan organizaciones previo al EPU 2024

Ginebra, 7 de noviembre.- Nicaragua enfrenta una crisis devastadora en términos de derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las niñas y mujeres adolescentes. En el marco de los preparativos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, el Centro de Derechos Reproductivos, el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizaron el evento paralelo “Desafíos actuales de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua” con el objetivo de sensibilizar sobre la grave situación de violencia sexual e injusticia reproductiva que afectan a las mujeres en este país.

El evento contó con los testimonios de defensoras nicaragüenses Winnye Bernard y Ana Quirós, y las intervenciones de Paulina Jimenez Fregoso s del Centro para los Derechos Reproductivos, la Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Ana Peláez Narváez, y Andrés Sánchez Thorin, Director la Oficina de Centroamerica y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Cada día cinco niñas menores de 14 años dan a luz

Jiménez abrió el evento señalando la alarmante falta de acceso a información y servicios de salud reproductiva en Nicaragua. “Se estima que al menos cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día, y la tasa de embarazos en adolescentes es una de las más altas de América Latina, con un 24.6% de madres menores de 18 años”, dijo Jiménez.

Jiménez destacó dos casos presentados por el Movimiento Niñas No Madres ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: dos niñas nicaragüenses en situaciones de extrema vulnerabilidad, víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas. Ambos casos reflejan la grave crisis que enfrenta Nicaragua en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, donde las leyes restrictivas y la falta de políticas públicas adecuadas perpetúan la violencia sexual y la impunidad.

En este sentido, la defensora nicaragüense y activista feminista Ana Quirós, relató cómo el código penal, vigente desde el año 2006, criminaliza el aborto  a pesar de los reiterados esfuerzos de adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Quirós denunció que en lo que ha transcurrido del año 2024 han habido 64 femicidios y 158 intentos de femicidio, “y sobre esto nadie está hablando”. Según la defensora, esta es una de las consecuencias de las frecuentes amnistías con las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a más de ocho mil presos comunes en el año 2024, de los cuales muchos de esos que tienen cargo por violencia sexual y por agresión a mujeres. “Entonces, la restricción en el aborto no es más que una muestra más del poco interés que hay por parte del régimen (de Ortega y Murillo) en la vida de las mujeres, en la salud, y en los derechos sexuales y reproductivos”, concluyó.

Desmantelamiento del espacio cívico ha dejado a las mujeres en indefensión

Winnye Bernard Canales, defensora de los derechos de las mujeres y Deputy Head of Regional Office Latin America de la RIDHE, indicó que la represión estatal destada desde el año 2018, ha dejado a las mujeres desprotegidas, enfrentando embarazos de alto riesgo sin opciones seguras y viviendo en un ambiente hostil que normaliza la violencia sexual. “Las mujeres en Nicaragua no solo enfrentan un sistema legal y social que les niega sus derechos, sino que además carecen de programas de educación sexual integral, lo que las pone en riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual”, expuso. 

Además, Bernard detalló que la persecución a las organizaciones feministas, el cierre de comisarías y la criminalización de las defensoras de derechos humanos ha incrementado la impunidad y desprotección para las mujeres víctimas de violencia. “La falta de apoyo institucional y el estigma social hacen que las mujeres enfrenten grandes barreras cuando intentan acceder a justicia en casos de violencia de género,” comentó.

Por su parte, Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó el impacto devastador del desmantelamiento del espacio cívico, que ha afectado gravemente a las mujeres al privarlas de redes de apoyo fundamentales. “El cierre progresivo de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban apoyo esencial a las mujeres, ha dejado a numerosas mujeres sin acceso a servicios críticos y redes de apoyo, exacerbando desigualdades de género y situaciones de riesgo”, agregó Sánchez.

“Esta vulneración de derechos es aún más profunda para las mujeres detenidas, quienes se encuentran completamente desprovistas de cualquier acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, quedando en una situación de especial indefensión”, dijo el representante de la ONU.

Llaman al Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones  del Comité CEDAW

Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó las recomendaciones del Comité tras el examen del séptimo al décimo informe periódico combinado de Nicaragua, destacando la urgencia de reformas en varias áreas clave. 

Peláez subrayó que la legalización del aborto en casos específicos, como violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, es una de las principales recomendaciones del Comité. “Nicaragua debe garantizar acceso a un aborto seguro, confidencial y sin estigmatización, así como a la atención posterior al aborto,” enfatizó.

Según la Presidenta, el Comité CEDAW ha identificado la necesidad urgente de garantizar una educación sexual integral para todas las edades dentro del sistema educativo, lo cual es esencial para prevenir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo explicó que “es fundamental que el Estado garantice a las niñas y adolescentes el derecho a regresar a la escuela después de ser madres y que elimine las barreras legales que les impiden acceder a empleo y salud.”

Finalmente, Peláez instó al Estado de Nicaragua a restaurar la legislación que protege a las mujeres y abrir las puertas a las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de salud sexual y reproductiva.

Pronunciamiento

En un contexto de creciente represión y con el inminente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera urgente que la comunidad internacional se pronuncie de manera enérgica y demande compromisos firmes y acciones concretas por parte del Estado nicaragüense.

Exhortamos al Estado nicaragüense a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a implementar reformas que garanticen la igualdad. En particular, exigimos:

  1. La adecuación de la legislación penal a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
  2. Garantizar el acceso a una educación sexual integral y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y de calidad, en particular para mujeres y niñas de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
  3. Cesar la criminalización de la labor de defensoras de derechos humanos, permitiendo la reapertura y el funcionamiento pleno de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.
  4. Restaurar y fortalecer el espacio cívico, promoviendo un ambiente seguro y libre de represalias para quienes defienden y promueven los derechos humanos en el país.

Consejo de Gobierno de la Unión Interparlamentaria pide enviar una delegación que investigue desaparición forzada de Brooklyn Rivera en Nicaragua

Ginebra, 23 de octubre 2024.- En la 149ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), los delegados y delegadas escucharon el impactante testimonio de Tininiska Rivera Castellón, hija del líder indígena miskitu y diputado del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera Bryan, desaparecido forzosamente desde septiembre de 2023. El Consejo de Gobierno de la UIP decidió solicitar al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios enviar una delegación a Nicaragua para reunirse con autoridades de los poderes del Estado, otras instituciones u organizaciones que puedan ofrecer información sobre el caso de Rivera y su diputada suplente Nancy Henríquez.

Brooklyn Rivera Bryan fue arrestado arbitrariamente en su hogar en Bilwi, y desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. Su hija Tininiska, durante su intervención, destacó el legado de su padre como líder de la comunidad miskitu y defensor incansable de los territorios indígenas. Asimismo, denunció la persecución que ha sufrido su familia, y pidió a los parlamentarios de todo el mundo que “tomen acción concreta en el caso de mi padre para que las autoridades del gobierno de Nicaragua den prueba de vida de mi padre e información sobre su paradero, su estado de salud; y se unan a las voces que ya exigen su liberación inmediata”.  

Nancy Elizabeth Henríquez James, también líder indígena miskitu, asumió el cargo parlamentario de Brooklyn Rivera como su suplente en abril de 2023. El 1 de octubre de 2023, fue arrestada por oficiales de la policía encubiertos, y su paradero permaneció desconocido durante aproximadamente dos meses. El día 13 de diciembre de 2023, fue condenada a ocho años de prisión en un juicio llevado a cabo dentro de la prisión de mujeres “La Esperanza”, donde se le negó el derecho a una representación legal.

Hasta la fecha, el diputado Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Henríquez James no han sido objeto de ningún procedimiento legal para el cese de su mandato en el Parlamento nicaragüense; sin embargo, ambos han sido eliminados de la lista de miembros de la Asamblea Nacional.

UIP no ha recibido información de la Asamblea nicaragüense

Según el documento Decisiones del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, la UIP ha solicitado formalmente información y comentarios oficiales a la Asamblea Nacional sobre ambos casos en abril y septiembre de este año; sin embargo, hasta la fecha, el Parlamento nicaragüense no ha presentado ninguna información. Al respecto, la UIP alentó a la Asamblea Nacional de Nicaragua a entablar “un diálogo constructivo y continuo con el Comité a fin de garantizar una solución satisfactoria y rápida”.

La UIP expresó su profunda preocupación porque la desaparición de Brooklyn Rivera está presuntamente relacionada con sus actividades parlamentarias como diputado de la oposición y dirigente indígena, y con su participación en la 22ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, celebrada en Nueva York en abril de 2023. La UIP enfatizó en la responsabilidad de las autoridades nicaragüenses de investigar exhaustivamente su desaparición y de garantizar el derecho de su familia a ser informada sobre su situación.

En el caso de Nancy Henríquez, la Comisión manifestó preocupación por las graves violaciones al derecho de un juicio justo, así como por el deterioro de su salud. La UIP exigió que se le proporcione tratamiento médico adecuado de manera urgente.

“Los ataques y represalias contra parlamentarios por su labor violan sus derechos fundamentales y socavan el papel del parlamento como institución”, cita el documento de Decisiones del Comité.

Misión de la UIP a Nicaragua

El Consejo de Gobierno de la UIP solicitó al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios que envíe una delegación a Nicaragua lo antes posible para que se reúna con todas las autoridades que ejercen poderes legislativos, ejecutivos o judiciales, así como con las autoridades penitenciarias competentes y cualquier otra institución, organización de la sociedad civil o individuo que esté en condiciones de proporcionar información pertinente en el presente caso. Asimismo, encargó a la delegación que visite a Nancy Henríquez en prisión.

El Consejo expresó que “espera sinceramente que las autoridades nacionales competentes cooperen plenamente y que la misión contribuya a encontrar rápidamente soluciones satisfactorias a este caso de conformidad con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables”. 

Finalmente, la UIP hizo un llamado a todos los parlamentos nacionales, observadores permanentes de la UIP, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a tomar medidas concretas para ayudar a resolver estos casos y otros similares en Nicaragua.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, respaldamos el compromiso de la Unión Interparlamentaria con la defensa de los derechos humanos de los parlamentarios y la promoción de la justicia en Nicaragua. Las crecientes denuncias de represión política y persecución contra líderes indígenas y opositores políticos en Nicaragua son alarmantes. Exhortamos a la comunidad internacional a continuar ejerciendo presión para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la liberación inmediata de Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez.

Raza e Igualdad participa en conversatorio “Lecciones aprendidas del proyecto Bio-CLIMA tras su suspensión en Nicaragua”, de Fundación del Río y Fundación Heinrich Böll

San José, Costa Rica – Antecedentes del proyecto Bio-CLIMA. El 7 de marzo de 2024, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) decidió rescindir el Acuerdo de Actividad Financiada del proyecto Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawas y río San Juan. Esta medida fue tomada tras un exhaustivo proceso de evaluación que identificó incumplimientos de las salvaguardas ambientales, sociales y de derechos de los pueblos indígenas establecidas por el GCF, lo que derivó en violaciones a los acuerdos legales correspondientes.

Con un financiamiento total de 116.6 millones de dólares, el proyecto Bio-CLIMA, propuesto por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Nicaragua, buscaba combatir la deforestación y mitigar los impactos del cambio climático en dos de las principales reservas ecológicas del país. Sin embargo, la investigación realizada por el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) del GCF, reveló que el proyecto podría haber exacerbado los conflictos por la tierra en la costa Caribe nicaragüense, donde las comunidades indígenas ya sufren violencia y desplazamiento a manos de colonos no indígenas. 

La suspensión del proyecto, se convierte en un primer antecedente de cancelación por incumplimiento de políticas, y se considera una victoria para los derechos humanos. Adicionalmente, el caso Bio-CLIMA pone en relieve la importancia de reforzar los mecanismos de monitoreo y participación comunitaria en la formulación y ejecución de proyectos financiados por el GCF, y expone las limitaciones que enfrentan las entidades acreditadas para asegurar la debida diligencia. Así este no deja de ser un caso complejo que continúa generando un debate sobre las medidas necesarias para asegurar la correcta implementación de proyectos de financiamiento climático en la región.

En un conversatorio organizado por Fundación del Río y Fundación Heinrich Böll celebrado hoy, expertos y actores claves del ámbito ambiental y de desarrollo discutieron las lecciones aprendidas de este proceso y propusieron recomendaciones para mejorar la supervisión y debida diligencia de futuros proyectos climáticos en Centroamérica, a fin de asegurar que los futuros proyectos sean implementados de manera eficaz y responsable, protegiendo tanto a las comunidades locales como al medio ambiente.

El evento contó con la participación de Marcelo Azambuja, oficial del programa legal para Latinoamérica del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); Ingrid Hausinger de Kafie, coordinadora del componente de Ecología de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador; Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río; Camila Bertelega, del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la defensa del medio ambiente (AIDA); Eduardo Trejos, exdirector de país por Costa Rica ante el Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE) y la investigadora Adriana Vásquez Rodríguez, de la Ruta del Clima. 

Durante el conversatorio se abordó el tema de las salvaguardas ambientales y sociales, destacando la importancia de cumplir con los estándares de protección ambiental y social en los proyectos de financiamiento climáticos, un elemento que fue determinante al momento de rescindir el acuerdo de financiamiento del caso de Bio-CLIMA en Nicaragua. 

Los panelistas, también expresaron la necesidad de contar con mecanismos de control más efectivos. Esto implica que existan en estos procesos, transparencia y rendición de cuentas exhaustiva  a lo largo de todo el ciclo del proyecto, situación que no ocurrió en el caso de Bio-CLIMA. Asimismo, ven la necesidad de involucrar la participación activa comunitaria, en particular de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes con el fin de asegurar el respeto y los derechos territoriales y culturales. 

También, los panelistas hicieron un llamado a los organismos financieros internacionales para que fortalezcan sus procesos de monitoreo y cumplimiento, garantizando que los proyectos no solo se enfoquen en la mitigación del cambio climático, sino también en la protección de los derechos humanos y las salvaguardas ambientales.

Ingrid Hausinger de Kafie, coordinadora del componente de Ecología de la Fundación  Heinrich Böll en El Salvador, quién estuvo a cargo de la moderación del panel, expresó que desde su coordinación es “un honor acompañar este evento, dado que, consideramos que el caso Bio-CLIMA es un caso que marca un precedente internacional y que es un caso que ha resultado exitoso desde el lado de la defensa de los derechos humanos y del avance de la justicia climática”.

Hausinger agregó, que “la cancelación del proyecto Bio-CLIMA, tiene el potencial de impactar actualmente  más de 10 mil millones de dólares que maneja la cartera del CGF y que se ejecutan en más de 190 proyectos a nivel global”. 

La coordinadora del componente de Ecología de la Fundación  Heinrich Böll en El Salvador, comentó que ahora se espera que este ejemplo pueda ser utilizado, tanto en el Fondo Verde del Clima para cuestionar e interpelar sus propios mecanismos de aprobación para exigir a las autoridades acreditadas como en el BCIE, con el fin de que exista un monitoreo correcto y el respeto de la salvaguarda del Fondo Verde del Clima para que el financiamiento climático sea utilizado con el fin que fue concebido. 

Marcelo Azambuja, oficial del programa legal para Latinoamérica de Race and Equality, durante su intervención examinó el impacto del financiamiento internacional en el contexto actual de Nicaragua, destacando que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), a pesar de las documentadas violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, continúan aprobando proyectos millonarios en Nicaragua. 

Agregó que, hasta octubre de 2024, existen 89 proyectos financiados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que alcanzan un total de 4.500 millones de dólares. De estos proyectos, 51 fueron aprobados después de 2018, un año marcado por la intensificación de la represión y la consolidación del régimen autoritario. 

Ante ello, Azambuja enfatizó los hallazgos del informe: “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, elaborado y publicado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en junio de 2024. Según el panelista, las IFIs tienen una responsabilidad internacional, no sólo en términos de su mandato económico, sino también en lo que respecta a los derechos humanos, es por ello, que las IFIs deben asegurarse de que sus financiamientos no contribuyan a la violación de derechos humanos, deben coordinar el financiamiento a reformas democráticas y suspender los proyectos que refuercen el régimen autoritario. Además, deben colaborar con organismos internacionales de derechos humanos, por lo que, es necesario de las IFIs fortalezcan sus medidas de transparencia para el acceso público a la información sobre los proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense y de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y abordar los impactos negativos que sus financiamientos o proyectos puedan tener sobre los derechos humanos; analicen con prioridad las denuncias sobre los impactos adversos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor en el territorio nicaragüense, incluyendo actividades de investigación, juzgamiento o análisis, sanción y medidas de reparación a las víctimas; suspendan y/o cancelen los proyectos de desarrollo en territorio nicaragüense cuando se constate los impactos adversos a los derechos humanos y cooperen para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río analizó las lecciones aprendidas desde los Organismos de Sociedad Civil, destacando  la necesidad de conocer los requisitos y procedimientos necesarios para activar un mecanismo de quejas, esto permitirá que se garantice que el reclamo sea atendido adecuadamente. 

Ruiz agregó que es importante mantener la apertura al diálogo sin perder de vista los motivos que originaron la queja, recopilar las evidencias técnicas en cada etapa del proceso guardando la claridad de las pruebas, así como, mantener una buena organización interna y externa creando alianzas para lograr avances significativos en la defensa de derechos. También remarcó la prioridad de  contar con recursos humanos y financieros suficientes para sostener los esfuerzos de incidencia a largo plazo.

Camila Bertelega, del Programa de Clima de la Asociación Interamericana para la defensa del medio ambiente (AIDA), destacó que durante el proceso de Bio-CLIMA se pudo evidenciar la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos independientes de reparación. Señaló que, gracias al excelente trabajo de estos mecanismos, se logró impedir la ejecución del proyecto. Además, subrayó la necesidad de continuar abogando por garantizar la participación activa de la sociedad civil en estos espacios. La presencia de AIDA y la Fundación Heinrich Böll como observadores oficiales fue clave para un seguimiento cercano de este proceso.

Al cierre del evento, las organizaciones expresaron su gratitud y reconocimiento hacia la fortaleza, resistencia y valentía de los pueblos Indígenas y Afrodescendientes, cuyo esfuerzo permitió evidenciar el incumplimiento de las salvaguardas del GCF.

 

“Desapariciones forzadas crean clima de terror entre opositores”: Grupo de Trabajo presenta informe sobre efectos de las desapariciones forzadas en contextos electorales en Nicaragua y el mundo

Ginebra, 23 de septiembre de 2024. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentó su más reciente informe sobre el impacto que estas acciones tienen sobre los procesos electorales en el mundo y, destacó, que la práctica está siendo utilizada por las “elites en el poder”, para mantenerlo y consolidarlo haciendo mención de las desapariciones en Nicaragua desde el año 2018 y, especialmente, durante el año electoral 2021.

Durante la presentación del informe temático: “Desapariciones forzadas y elecciones”, la relatora a cargo d el informe Aua Baldé, quien es también la presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, mencionó que, al menos 60 países en el mundo celebraron elecciones en condiciones de deterioro democrático.

Baldé explicó que las desapariciones forzadas están siendo utilizadas como herramienta por parte de algunos gobiernos para crear “un clima de terror entre los opositores”, de un país y así consolidarse en el poder. 

“Una de las tendencias más prominentes es la de desapariciones forzadas de corta duración, se hace desaparecer al individuo por períodos cortos de tiempo, sin avisarle nada a las familias, (mientras los detenidos) son víctimas de diversas violaciones de derechos humanos”, dijo la presidenta Baldé. 

Desde entonces, miles de personas en el país centroamericano han sido y siguen siendo sometidas a condición de desaparición forzada, como el caso del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, quien el próximo 29 de septiembre cumplirá un año de haber sido secuestrado por la policía del régimen sin que se aclare cuál es su paradero o condición de salud. 

A finales de mayo de 2021, en año electoral, el régimen Ortega-Murillo inició una cacería en contra de precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona percibida como opositora, para mantenerse el poder. 

Juan Sebastián Chamorro fue uno de los detenidos, estuvo desaparecido por casi 3 meses y, tras ser condenado, fue preso político por dos años. Durante su intervención en la presentación del informe, Chamorro resaltó: “Es extremadamente importante concienciar de que la desaparición significa la privación de libertad por parte de agentes del Estado que se niegan a revelar el paradero de los detenidos, así como su suerte”. 

Chamorro mencionó que las personas que son víctimas de desapariciones forzadas, también pasan por un proceso previo de acoso policial y violencia política que pueden ser identificados como patrones que sirvan para prevenir futuras desapariciones forzadas en contextos electorales. 

“La violencia electoral y la desaparición forzada son cada vez más comunes para desalentar la participación política. Y lo que es más importante, es un ataque directo a la única forma de supervivencia de la democracia: el respeto del voto popular y el derecho político a elegir y ser elegido”, agregó Chamorro.

El informe resalta que la práctica de desapariciones forzadas no discrimina edad, género, profesión; afectando a todo tipo de personas, periodistas, miembros de sociedad civil y sus familias. 

Raza e Igualdad exige al régimen Ortega-Murillo informar sobre el paradero de las personas actualmente en situación de desaparición forzada. La comunidad internacional debe demandar que los responsables sean sancionados por tales crímenes.

El informe Desapariciones forzadas y las elecciones, está disponible en el siguiente vínculo. 

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