Nicaragua: Persecución contra personas percibidas como opositoras se ha convertido en una práctica recurrente y puede trascender más allá de sus fronteras

Washington, D.C., 27 de junio de 2025.– La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la persecución del Gobierno de Nicaragua contra personas percibidas como opositoras “se ha convertido en una práctica recurrente y puede trascender más allá de sus fronteras”, lo cual representa un alto riesgo para la vida e integridad física de las personas en el exilio.

Dicha información corresponde a la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, realizada este viernes 27 de junio en el marco de la 59 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en correspondencia con la Resolución 58/18 de dicho órgano. La misma fue presentada por la directora de la División de Operaciones Globales de la Oficina, Maarit Kohonen.

Kohonen precisó que la persecución contra personas percibidas como opositoras políticas en Nicaragua incluye a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, líderes religiosos y laicos, y que esta situación “se ve exacerbada por cambios legislativos que refuerzan el cierre del espacio cívico y aumentan las restricciones a la participación política”.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

El informe indica que las detenciones arbitrarias continúan siendo utilizadas como herramienta de represión política, consolidando un clima de miedo para silenciar toda voz crítica y que, según información recabada por la Oficina, al menos 54 personas (47 hombres y 7 mujeres) permanecen detenidas arbitrariamente. “La cifra real podría ser mayor ya que muchas familias temen denunciar por miedo a represalias”, dijo.

Además, la Oficina ha documentado 13 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 8 corresponden a personas adultas mayores y 2 a personas indígenas. De estos casos, destacaron el de Evelyn Carolina Matus Hernández, cuyo paradero es desconocido desde que fue detenida arbitrariamente el 25 de junio de 2024 y separada de sus niños de 5 y 10 años.

“Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes con reportes de tortura y alimentación insuficiente. 15 de las 54 personas detenidas son personas adultas mayores con necesidades médicas urgentes sin atención adecuada. Preocupa particularmente el caso de Aníbal Martín Rivas Reed, de 62 años, quien padece artritis degenerativa y depresión clínica y cuyo paradero es desconocido desde su detención en mayo pasado”, agregó.

En relación con la situación de la prensa independiente, informó que al menos 168 periodistas han debido exiliarse desde 2018 mientras quienes continúan en el país enfrentan vigilancia, amenazas y censura, destacó el caso del periodista Leo Cárcamo, quien fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2024 y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada.

En la actualización oral, la Oficina reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, a cesar las desapariciones forzadas y la tortura, y a garantizar el respeto de las normas internacionales sobre el trato digno en los lugares de detención.

Reformas legislativas

El informe del Alto Comisionado se refirió a las reformas a la Ley Electoral aprobadas en marzo pasado, señalando que profundiza la concentración de poder en la Presidencia y debilita aún más las garantías de participación democrática, al eliminar los mecanismos de referéndum y plebiscito y autorizar el proselitismo en oficinas públicas, así como limita la constitución e integración de partidos políticos.

“Estas reformas en conjunto con las reformas constitucionales adoptadas en enero de 2025 plantean serias dudas sobre la existencia, funcionamiento independiente de los partidos políticos, además existe la incertidumbre sobre las fechas de las próximas elecciones presidenciales”, apuntó.

También hizo referencia a la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en cuanto otorga a la Presidencia de la República la potestad de proponer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y permite restringir la publicidad de los procesos penales a discreción de la autoridad judicial.

“Legislación recientemente promulgada ha debilitado aún más las protecciones de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de sus formas de gobierno; estas reformas se han adoptado sin las debidas garantías del derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado. Esto, sumado a continuos ataques contra las comunidades que incluyen asesinatos, violencia sexual y detención arbitraria de lideres, representa una grave amenaza para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes nicaragüenses”, añadió.

En el reporte también se denunció que la cifra de organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil que han sido canceladas arbitrariamente ya alcanza las 5,535 y que este año la Oficina ha documentado 29 casos (17 mujeres y 12 hombres) de personas a quienes se le negó la entrada a su propio país por motivos políticos.

Aislamiento de Nicaragua

La representación de Nicaragua se ausentó de  la sesión y, por tanto, no hizo réplica a las denuncias y demandas planteadas. La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, señaló que a pesar de la urgente necesidad de atender la crisis de derechos humanos Nicaragua continúa aislándose de la cooperación con organismos internacionales, al notificar su retirada de la UNESCO en mayo y de la ACNUR en junio.

“Hacemos otra vez un llamado a las autoridades nicaragüenses a retomar el diálogo para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en el país incluyendo la conclusión del Examen Periódico Universal”, apuntaron.

Desde Raza e Igualdad, repudiamos la resistencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a rendir cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos y advertimos que tanto los órganos del sistema universal de protección de los derechos humanos como las organizaciones de sociedad civil debemos continuar demandando que el Estado se haga responsable y que las víctimas reciban justicia, reparación y garantías de no repetición que merecen.  Dar la espalda a las obligaciones internacionales y a los órganos de protección, no les proporcionará la impunidad que buscan.

Compartimos la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado por la persistencia y agravamiento de la persecución por motivos políticos y otras formas de represión en contra de personas percibidas como opositoras, por lo que llamamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre la situación de derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras en cuanto a personas exiliadas.

Demandamos que el régimen informe sobre el paradero de todas las personas desaparecidas, así como la inmediata liberación de todas las personas en prisión por motivos políticos.

Estado de Nicaragua en desacato continuo a las resoluciones de la Corte IDH, alertan ante el Consejo Permanente de la OEA

En el marco de la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros, la presidenta de la Corte IDH informó sobre el desacato permanente por parte del Estado de Nicaragua a 19 resoluciones emitidas desde 2021, lo que mantiene en total indefensión a los beneficiarios de estas, todos ellos presos o ex-presos políticos

San José, 23 de abril de 2025 -. La jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la situación de desacato permanente y desprotección de las personas beneficiarias de medidas provisionales en Nicaragua.

En su presentación, la presidenta informó sobre el desacato permanente a las resoluciones emitidas por la Corte IDH respecto a las medidas adoptadas, que buscan proteger la vida e integridad personal de más de un centenar  de beneficiarios de dichas medidas cuyos derechos se encuentran en grave riesgo. Recordó que, desde junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte IDH ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales, las cuales ordenan al Estado de Nicaragua adoptar medidas para proteger a las personas beneficiarias, pero  el Estado nunca remitió información sobre su cumplimiento. Más bien las ignora.

La presidenta de la Corte IDH recordó que, al  27 de marzo de 2025, 15 personas continúan privadas arbitrariamente de su libertad en condiciones extremas. Enumeró violaciones de derechos generalizadas y sistemáticas perpetradas por el régimen, en particular contra las personas beneficiarias de medidas. En el asunto Chamorro, de las 107 personas excarceladas y expulsadas, muchas carecen de documentos de identidad, han sido despojados de su nacionalidad, han visto anulados títulos de estudios, confiscadas propiedades, eliminados registros de nacimiento, entre otras violaciones. Asimismo, se encuentran en situación de apatridia y extrema vulnerabilidad, situación que ha sido denominada “muerte civil”  y como actos “deshumanizantes” por la Corte IDH en su resolución y el Grupo de Expertos en derechos Humanos de Nicaragua.

La Presidenta hizo un llamado firme a los Estados Miembros para que contribuyan a mitigar las consecuencias humanitarias y jurídicas que enfrentan dichas personas, al mismo tiempo que sigan monitoreando su situación e impulsen otras acciones oportunas.

Llamados contundentes de los Estados

A esta intervención siguieron pronunciamientos de diversos Estados miembros, incluyendo Canadá, Costa Rica, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, quienes se pronunciaron con preocupación sobre esta situación.

Estados Unidos condenó enérgicamente los abusos sistemáticos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno nicaragüense e hizo un llamado a que las autoridades permitan un retorno seguro y libre de represalias a las personas desterradas. Costa Rica, por su parte, hizo un llamado urgente a la conciencia colectiva del sistema interamericano.

La situación de desprotección de las víctimas fue el centro de varias intervenciones. El representante de Chile subrayó la obligación colectiva de los Estados miembros de brindar, al menos, una protección mínima, mantenerse vigilantes y asumir un rol activo en la reversión de la situación en Nicaragua. En la misma línea, Paraguay destacó esta responsabilidad común y urgió adoptar medidas concretas con voluntad política. Costa Rica recordó que la fortaleza de la Corte reside no sólo en sus decisiones, sino también en el compromiso político de los Estados para hacerlas cumplir. Canadá instó a una respuesta firme, coordinada y unificada.

Paraguay y Costa Rica coincidieron en que el desacato de Nicaragua debilita gravemente al Sistema Interamericano, al amenazar su legitimidad y eficacia. Costa Rica reiteró que las decisiones de la Corte IDH, incluidas las medidas provisionales, son vinculantes y deben cumplirse para resguardar su autoridad e independencia. Finalmente, los Estados participantes llamaron al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos y el Estado de derecho.

Las personas beneficiarias demandan medidas concretas

En un esfuerzo colectivo, un grupo de personas beneficiarias de las medidas dirigieron una carta a los Estados miembros de la OEA a través de la cual  expresaron su profunda preocupación por las consecuencias persistentes del destierro forzado y la desnacionalización arbitraria impuesta por el régimen nicaragüense. Denunciaron que estas acciones los han dejado en situación de apatridia, que los despoja de identidad legal, bienes y vínculos familiares, lo que constituye una forma extrema de exclusión conocida como «muerte civil». Enfatizaron, que, aunque ya no están en prisión, siguen enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos y llamaron a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para apoyar la transición democrática, la liberación de personas presas políticas y el retorno seguro de quienes han sido desterrados.

“La decisión de la Corte Interamericana no solo mandata el respeto a nuestra vidas e integridad personal, sino que también visibiliza las consecuencias persistentes del destierro, la desnacionalización arbitraria, la confiscación de nuestros bienes, la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos y la continua persecución hacia nuestros núcleos familiares, condenándonos a la muerte civil sin precedentes en la región,  destacaron en la carta las personas beneficiarias de las medidas.

Un paso adelante para la garantía colectiva

La carta enviada es un llamado a la concientización de la necesidad de continuar visibilizando la situación persistente en Nicaragua, especialmente de las personas desterradas y desnacionalizadas.

La intervención de la Presidenta de la Corte IDH sobre la grave situación en Nicaragua constituye un paso adelante hacia una sensibilización colectiva, abriendo la puerta a llamados más contundentes hacia el Estado de Nicaragua, y a adoptar acciones decididas y coordinadas entre los países miembros de la OEA.

Invitamos a conocer el testimonio directo de las personas beneficiarias leyendo la carta que enviaron al Consejo Permanente de la OEA, disponible aquí.

Nicaragua: A siete años de las protestas de abril, las víctimas de la represión siguen reclamando justicia

Washington, DC, 17 de abril de 2025.- Este abril se conmemora el séptimo aniversario de las protestas que desencadenaron una violenta represión por parte del régimen presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual  dejó 355 víctimas letales, más de 2000 personas heridas, más de 2000 personas detenidas y a más de 440,000 personas en el exilio, según registro de la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Las víctimas no sólo no han encontrado la justicia que merecen, sino que han sido perseguidas por un Estado que siguió tomando represalias en su contra.

Raza e Igualdad expresa su solidaridad con todas las víctimas de la represión y su compromiso de  seguir acompañándoles hasta que se haga justicia.

Al cumplirse siete años del inicio de las protestas de abril, en Nicaragua, conforme el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 52 personas siguen detenidas arbitrariamente por motivos políticos, 11 de ellas en situación de desaparición forzada, entre éstas 5 mujeres. Mas de 450 personas han despojadas de su nacionalidad. El periodismo independiente no puede ejercer en el país y la defensa de los derechos humanos  y la libertad de asociación ha sido impactada por el cierre de más de 5,400 organizaciones de sociedad civil y la confiscación de sus bienes.

Adicionalmente, una profunda reforma constitucional que entró en vigencia en febrero de este año terminó de configurar a un régimen dictatorial  co-gobernado por Ortega y Murillo. A consecuencia de esa reforma a la Constitución más de 80,000 civiles han sido armados y dotados de pasamontañas para aterrorizar a la población y terminar de someterla a la voluntad de permanencia en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estos siete años, Raza e Igualdad ha acompañado a las víctimas de la represión en su búsqueda de justicia, así como para garantizarles la protección que confieren las medidas cautelares y provisionales  frente a los graves riesgos que enfrentan y en conjunto con otras organizaciones de sociedad civil, hemos desarrollado amplias acciones de incidencia y litigio con el propósito de contribuir a que dicha crisis sea superada.

Raza e Igualdad ha acompañado también a organizaciones de sociedad civil tanto locales como las que siguen atendiendo la crisis nicaragüense desde el exilio, para que la labor de documentación que realizan sirva de insumo para elaborar informes ante los órganos de tratados que revisaron el cumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones internacionales en los años 2022 y 2023 y en las evaluaciones realizadas bajo el Examen Periódico Universal (EPU) en los años 2019 y 2024. Raza e Igualdad también ha llevado a cabo reiteradas acciones de incidencia ante el Parlamento Europeo con el propósito de que el régimen sea condenado y persuadido para obligarle a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

A siete años del inicio de las protestas cívicas de abril, con profunda preocupación vemos el rumbo al que un régimen despiadado y cruel conduce al pueblo nicaragüense mediante el ejercicio de un poder desbordado, que continúa violando de forma masiva y sistemática los derechos humanos. El régimen ha decidido aislarse,  abandonar la Organización de Estados Americanos y retirarse de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos para no ser declarado responsable de los graves crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos documentadas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Estos siete años, las recomendaciones de los órganos de tratados, del Examen Periódico Universal y las órdenes emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido absolutamente desatendidas y el Estado se ha ausentado de esos foros esgrimiendo cuestionamientos infundados mediante los cuales busca evadir sus responsabilidades internacionales.

Sin embargo, Nicaragua continúa obligada por los instrumentos de derechos humanos universales y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La comunidad internacional, las organizaciones de sociedad civil y los órganos de protección de los derechos humanos, debemos seguir poniendo todo nuestro empeño para que en Nicaragua se restablezca pronto la democracia y se garantice el respeto por los derechos humanos.

¡Sigamos trabajando codo a codo para que así sea!

Nicaragua: Corte Interamericana reafirma la extrema gravedad de la situación de personas detenidas, desterradas y desnacionalizadas

• La resolución responde a la solicitud de medidas de protección presentadas por CEJIL, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Unidad de Defensa Jurídica, la UDR, la FIDH, Raza e Igualdad y el Colectivo Nicaragua Nunca Más, entre otras personas y organizaciones.

San José, 9 de abril de 2025 – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una nueva resolución en la que reitera la persistencia de una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable que enfrentan las personas beneficiarias de medidas provisionales en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, que incluye a 122 personas, entre ellas defensoras de derechos humanos, jóvenes, políticos y otras personas percibidas como opositoras por el régimen Ortega-Murillo.

La Corte IDH subraya que, respecto a las 15 personas que permanecen privadas de libertad, el riesgo a su integridad “no solo se mantiene, sino que se ha incrementado con el paso del tiempo”. Además, se extiende a sus familiares, quienes estarían sufriendo actos de intimidación y acoso vinculados a la privación de libertad de sus seres queridos.

Particularmente, se destacan los casos de Jaime Navarrete y José Manuel Urbina Lara, quienes continúan encarcelados a pesar de haber cumplido sus condenas. A su vez, a la madre del Sr. Navarrete se le ha prohibido el ingreso a Nicaragua para visitarlo. Adicionalmente, la Corte señala que en el caso  de Steadman Fagoth Muller y Catalino Leo Cárcamo se desconocería su paradero, lo que pone a estas personas en una situación de riesgo aún más agravada y en consecuencia, la Corte les mantiene las medidas provisionales.

En cuanto a las 107 personas que han sido desterradas, desnacionalizadas y despojadas de sus bienes, la Corte reafirma que estas acciones fueron ejecutadas por autoridades nicaragüenses y destaca el impacto directo de esta práctica sobre sus derechos fundamentales, incluso cuando se encuentran fuera del territorio nacional. La Corte sostiene que estas personas están en una situación de extrema vulnerabilidad y, por tanto, justifica el mantenimiento de las medidas provisionales.

A pesar de que estas personas ya no se encuentran privadas de libertad, la Corte resalta que el riesgo persiste porque se origina en un mismo contexto de persecución en el cual fueron identificadas como opositoras.  De acuerdo con la resolución, la revocatoria de nacionalidad, el impedimento de ingreso al país, y la eliminación de registros públicos y privados constituyen una amenaza directa al derecho a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, afectando también el acceso a otros derechos fundamentales.

Riesgos específicos y “muerte civil”

La Corte advierte que la situación actual ha generado una forma de «muerte civil», despojando a las y los beneficiarios de su existencia legal y, con ello, de la posibilidad de ejercer sus derechos ante Nicaragua y otros Estados. Esto pone en riesgo directo  el  derecho a la identidad (nombre, estado civil, nacionalidad), la libertad personal (ante posibles detenciones por situación irregular), la vida privada y familiar, el derecho de circulación y residencia, los derechos de la niñez (considerando a los hijos e hijas de estas personas) y los derechos políticos, entre muchos otros.

Asimismo, constata que esta situación ha sido producto de actos sistemáticos de criminalización y persecución, y reitera que ante el incumplimiento de las órdenes de la Corte, el Estado de Nicaragua permanece en un desacato grave.

Acciones ordenadas por la Corte

Ante estos hallazgos, la Corte resuelve, entre otras medidas:

• Mantener las medidas provisionales a favor de todas las personas beneficiarias;
• Ordenar al Estado que revoque todas las decisiones que constituyen «muerte civil», incluyendo la eliminación de registros civiles, académicos y de propiedad, la revocatoria de nacionalidad, la prohibición de ingreso al país y la confiscación de bienes;
• Respecto de las personas que estarían desaparecidas, proceda a determinar e informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre sus lugares de detención y facilitar su contacto inmediato con familiares y comunicación adecuada con sus abogados.
• Presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la situación de desacato permanente;

La resolución también insta a la OEA a ejercer su rol de garantía colectiva, a dar seguimiento a la situación y a exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de las órdenes de la Corte.

La Corte reitera que la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua no exime al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para las organizaciones solicitantes de medidas de protección, el pronunciamiento del tribunal interamericano representa un paso fundamental para visibilizar y atender la grave situación de desprotección en la que se encuentran las personas beneficiarias, por ello hacen un llamado urgente a la comunidad internacional a actuar en consecuencia.

Persecución sostenida y represión extraterritorial: Organizaciones de Derechos Humanos denuncian la situación de Nicaragua ante la Corte IDH

San José, Costa Rica, 05 de febrero de 2025.- En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) organizaciones de derechos humanos denunciaron la continua represión y persecución del Estado de Nicaragua en contra de personas beneficiarias de medidas provisionales y sus núcleos familiares, algunas de ellas presas en la cárceles nicaragüenses y muchas de ellas desterradas y privadas arbitrariamente de su nacionalidad.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expusieron ante el Tribunal sobre el grave y urgente riesgo al que continúan expuestas 97 personas, de las 116 beneficiarias de las medidas de la Corte IDH.

Graves violaciones de derechos humanos

Durante la audiencia, se evidenció que el Estado de Nicaragua ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la Corte IDH, las cuales ordenan la liberación inmediata de personas detenidas arbitrariamente y la protección de sus derechos fundamentales. A la fecha, 88 de las personas beneficiarias han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad, mientras que 7 permanecen en prisión y 1 sigue en situación de desaparición forzada.

Las organizaciones denunciaron que el destierro y la desnacionalización han sido utilizados como mecanismos de represalia por parte del gobierno nicaragüense contra la oposición política. Asimismo, el Estado ha confiscado bienes y cuentas bancarias, anulado registros de identidad y negado acceso a documentos oficiales, dejando a las víctimas en un limbo jurídico y social. Además, a los adultos mayores los han despojado de su pensión.

Un contexto de represión sistemática

La represión en Nicaragua no solo se mantiene, sino que se ha intensificado. Recientes reformas constitucionales y legislativas han consolidado un Estado autoritario y policiaco que suprime derechos fundamentales y legaliza la persecución contra la oposición. Entre las medidas más alarmantes se encuentra la concentración del poder en la figura de los co-presidentes, la instauración de las policías voluntarias y la eliminación de la prohibición de la tortura, lo que deja en absoluta indefensión a las personas detenidas por motivos políticos.

Las organizaciones también alertaron sobre la extensión de la política de represión más allá de las fronteras nicaragüenses, con intentos de criminalizar a exiliados a través de falsas acusaciones y la posible utilización de mecanismos internacionales como INTERPOL para perseguir a opositores en el extranjero.

Esta situación fue ratificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Llamado urgente a la Corte IDH y a la comunidad internacional

Ante este escenario, las organizaciones solicitantes instaron a la Corte IDH a mantener vigentes las medidas provisionales en favor de las personas beneficiarias y sus familiares, y le solicitaron que ordene al Estado de Nicaragua:

• Restituir la nacionalidad y todos aquellos derechos de los que fueron despojados.
• Devolver los bienes confiscados y garantizar la protección de los derechos económicos y sociales de las víctimas.
• Garantizar la seguridad y condiciones adecuadas para un eventual retorno seguro de las personas desterradas.
• Liberar de manera inmediata a las personas que permanecen detenidas arbitrariamente.
• Investigar y sancionar los actos de persecución y represalia cometidos contra las personas beneficiarias y sus familiares.

Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas que presionen al gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.