Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Ginebra, 29 de febrero de 2024- Ante el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que identifica al Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros  altos funcionarios estatales nicaragüenses como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exhorta a la comunidad internacional a colaborar en investigaciones judiciales y otras acciones ante los Sistemas Universal e Interamericano. Raza e Igualdad también llama a reforzar el apoyo al GHREN, a fin de que continúe profundizando sus investigaciones para propiciar una real rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, tanto a nivel estatal como personal.

Para este segundo informe, el Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas a víctimas de la represión estatal y profundizó sus investigaciones sobre las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos como pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes y académicos, integrantes de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino. El GHREN concluyó que el régimen “está cerca de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas” en Nicaragua.

El GHREN también identificó nombres de instituciones y funcionarios estatales, y otros individuos “identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y delitos documentados”. Entre estas personas figuran Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado tras su renuncia en el año 2019, y privado de su nacionalidad nicaragüense; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema;  Ana Julia Guido, fiscal general de la República; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen años sino décadas cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. Observamos como un gran avance que el Grupo haya identificado una estructura y cadenas de mando dentro del Estado, incluyendo asesores de confianza que llevan a cabo actos represivos contra voces disidentes al régimen. La comunidad internacional debe -urgentemente- tomar acciones legales y extender sanciones a las instituciones y personas identificadas como perpetradoras de crímenes de derecho internacional” dijo Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Asimismo, a través de entrevistas a 72 personas excarceladas políticas, el Grupo corroboró patrones de torturas y maltratos, y modus operandis para la privación arbitraria de libertad por motivos políticos que ya habían sido detallados en su primer informe. Entre estos patrones destacan los allanamientos sin órdenes de detención y registro, la incomunicación con sus familias y abogados, y el desconocimiento de sus paraderos por periodos prolongados. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de la sociedad civil, hay 121 (102 hombres y 19 mujeres) privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 111 son del contexto de abril 2018, entre las cuales figuran 12 personas indígenas.

El GHREN también alertó que algunas de las nuevas estrategias de persecución del régimen “se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua”, como la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, el impedimento de la reunificación familiar, entre otras. El GHREN documentó 317 casos de personas privadas de su nacionalidad, 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país, 21 expulsiones de extranjeros, 263 expulsiones de personas nicaragüenses, entre otras violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el GHREN abordó brevemente la necesidad de que los hallazgos de este informe se tomen en cuenta al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos de Instituciones Financieras Internacionales. El GHREN llamó a la comunidad internacional a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.

Al respecto, Marcelo Azambuja, Oficial Legal de Raza e Igualdad, argumentó que “el respeto a la democracia y a los derecho humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las Instituciones Financieras Internacionales en sus decisiones y actividades hacia el desarrollo sostenible en Nicaragua. Es imperativo que esas instituciones formulen e implementen -en colaboración con el Estado nicaragüense- políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos asociados a sus proyectos y/o recursos. Establecer condiciones es un mecanismo eficaz para incentivar el fin de la crisis y el regreso a la normalidad democrática y al respeto a los derechos humanos.”

Finalmente, el GHREN observó que el regreso a la democracia en Nicaragua y la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno de Ortega tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos. En este sentido, Carlos Quesada enfatizó en que “la justicia no puede demorar más. La comunidad internacional, particularmente los países aliados al pueblo de Nicaragua deben tomar acción con prontitud”.

Violento fin de año en Nicaragua: Alerta máxima por redada sin precedentes contra líderes de la Iglesia católica

Washington D.C., 31 de diciembre de 2023.– A tan solo unas horas del cierre del año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza una alerta máxima a la comunidad internacional por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua. Raza e Igualdad llama a la condena internacional por la detención de al menos 14 religiosos en los últimos días de 2023, y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayores presiones que obliguen a que el régimen nicaragüense respete los derechos humanos y se les responsabilice por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción. Continuamos monitoreando y denunciando ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los crímenes cometidos; sin embargo, somos conscientes de que la gravedad de la situación excede nuestros esfuerzos. La comunidad internacional debe actuar urgentemente”, dijo Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de forma infundada, ha tildado a la Iglesia católica como “golpista” desde la participación de esta institución como mediadora de las negociaciones de la mesa de Diálogo Nacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis sociopolítica que inició en abril del año 2018. Los ataques hacia la Iglesia han ido adquiriendo mayores niveles de violencia e intentan instaurar el terror en los y las nicaragüenses que profesan su fe y escuchan a sus líderes religiosos.

En febrero de este año, el régimen excarceló, desterró a Estados Unidos y despojó de su nacionalidad nicaragüense a al menos 8 religiosos que mantenía privados de libertad por motivos políticos desde el año 2022; y envió a aislamiento en la cárcel “La Modelo” al Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión por los falsos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y despojado de su nacionalidad y derechos ciudadanos.

Asimismo, en 2023 el régimen cortó las relaciones diplomáticas con el Vaticano, “institucionalizó de facto” la prohibición de actividades religiosas, estableció vigilancia permanente en templos católicos, cerró y confiscó la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), encarceló y desterró al Vaticano a otros 12 sacerdotes,  y continuó su estrategia de “tierra arrasada” contra organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones religiosas. Se estima que al menos 76 monjas y 151 sacerdotes han sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

Los religiosos víctimas de esta redada de fin de año son el Obispo Isidoro Mora y los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios, de la Diócesis de Siuna; Monseñor Carlos Avilés, Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Mykel Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Héctor Treminio, de la Diócesis de Managua; Ervin López, Monseñor Jaime Ramos y Monseñor Marcos Díaz Prado, de Chinandega; Fernando Calero de Matagalpa; Monseñor Pablo Villafranca, de Masaya. Actualmente se desconoce el paradero de todos ellos, por lo cual están en una situación de desaparición forzosa.

Cabe destacar que el sacerdote Jader Guido y monseñor Óscar Escoto, de la Diócesis de Matagalpa, fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente liberados. Ambos se encuentran bajo una amenazante vigilancia policial y paramilitar.

“En este fin de año queremos expresar nuestra más enérgica condena, pero también nuestra solidaridad y nuestros deseos de esperanza y resiliencia al pueblo nicaragüense, particularmente a las familias de las víctimas de las detenciones arbitrarias y otros crímenes cometidos por la dictadura que permanecen en la impunidad. Reconocemos la labor de las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, todas aquellas que defienden la libertad religiosa, quienes son incansables en su quehacer. Este 2024 restablecer la democracia en Nicaragua debe ser una prioridad en nuestras agendas. ¡No nos olvidemos de Nicaragua!”, finalizó Christina Fetterhoff, Directora de Programa de Raza e Igualdad.

Alta Comisionada Adjunta sobre Nicaragua: La impunidad es la norma 

Ginebra, 18 de diciembre 2023.- La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nada Al-Nashif realizó una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la que resaltó que en el país centroamericano “la impunidad es la norma” dada la falta de acción del gobierno nicaragüense para prevenir las violaciones a derechos humanos y los ataques sistemáticos que éste encabeza contra líderes indígenas y políticos, miembros de la iglesia católica, personas defensoras y periodistas. 

En el diálogo con la sociedad civil, representantes nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos exigieron la libertad de más de 90 personas que permanecen privadas de libertad por motivos políticos y prueba de vida del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera; así como la suspensión de financiamientos que no garanticen que las autoridades respetarán los derechos humanos.

Control político en la Costa Caribe

Según la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), el gobierno ha ejercido control político sobre la Costa Caribe de Nicaragua. “En este contexto, el 3 de octubre, las autoridades cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Yatama, el principal partido político indígena y afrodescendiente en el país. Adicionalmente, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía, sin aviso de detención ni debido proceso”, declaró Al- Nashif.

El líder Miskito y diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, tiene 71 años y permanece en una situación que equivale a “desaparición forzada», según la OACNUDH. Su suplente en la Asamblea, Nancy Henríquez, fue sentenciada a 8 años por los falsos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Tras sus detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron tomados por el partido de gobierno. Estas acciones son alarmantes, sobre todo por las próximas elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

Presión indiscriminada a pueblos indígenas para aprobar el Proyecto BioClima

Al-Nashif expresó su preocupación por la falta de información suficiente sobre el proyecto BioClima financiado por el Fondo Verde del Clima (FVC) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sus riesgos y “sobre el ejercicio de presiones indiscriminadas a personas indígenas para que den su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación”

Según la Alta Comisionada Adjunta, desde agosto de 2023, el gobierno ha realizado consultas para obtener consentimiento para el proyecto bajo la presencia de oficiales armados. “Cualquier consulta debe realizarse respetando la legislación y las normas sobre derechos humanos, incluido el consentimiento libre, previo e informado”, dijo Al-Nashif.

Condiciones de detención y juicios no cumplen los estándares internacionales 

Se estima que al menos 17 mujeres y 74 hombres continuan privados de libertad por motivos políticos en situaciones que se consideran tortura, y bajo amenazas que se extienden a sus familiares para que no denuncien las condiciones. Según informaciones recibidas por la Alta Comisionada, los juicios de estas personas se están dando sin la presencia física de las personas acusadas, quienes sólo participan por videollamada y sin asistencia legal.

Al-Nashif enfatizó en los casos de Anielka García, joven activista y madre que fue detenida simplemente por serigrafiar una camiseta con el eslogan “Viva Nicaragua libre”, y estuvo privada de visitas familiares por dos meses y ahora tiene acceso limitado a  las visitas de sus hijos menores de edad. Asimismo, los casos de otros tres jóvenes que fueron detenidos por protestar pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y ahora están siendo acusados por falsos delitos relacionados a drogas.

Sobre la privación arbitraria de libertad del Obispo Rolando José Álvarez , la Alta Comisionada Al-Nashif dijo que, a pesar de la información publicada recientemente por el gobierno, las condiciones de detención del Obispo violan los estándares internacionales, “ya que sigue sometido a un prolongado régimen de aislamiento con esporádicas visitas familiares, privado de alimentos suficientes, de atención médica adecuada y de cualquier material de lectura”.

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que hay esperanza, las personas defensoras en Nicaragua y el exilio siguen trabajando incansablemente por un mejor futuro, pero necesitan el apoyo de la comunidad internacional”. Una vez más, llamó al gobierno a que acepte la oferta de realizar un diálogo genuino y reciba asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos.

Nicaragua intenta abatir el escrutinio internacional

En las intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, el representante de la Unión Europea manifestó preocupación por “las restricciones al espacio cívico y la fragilidad del Estado de Derecho, el freno a la libertad académica y el derecho a la educación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la privación de ciudadanías que resultan en apatridia”. Por su parte, el representante de Bélgica llamó a la libertad inmediata e  incondicional y rehabilitación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como a la restauración de la democracia e independencia del Sistema Judicial.

El Core Group (grupo núcleo), en voz de la delegación de Costa Rica, manifestó que la retirada de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) es otro intento de abatir el escrutinio internacional. La delegación reiteró su compromiso con el Pueblo de Nicaragua.“No están siendo olvidados”, agregó.

Otros Estados como Chile, Ecuador, Nueva Zelanda, Turquía, Georgia, Argentina, Estados Unidos reiteraron su llamado a Nicaragua para que coopere plenamente con la OACNUDH.

Sociedad civil denuncia torturas a disidentes e irregularidades en proyecto BioClima

La defensora nicaragüense y abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar denunció el retorno de patrones de tortura física y criminalización bajo cargpos de delincuencia común para cubrir la persecución política, juicios exprés desde las cárceles y por videollamada sin la posibilidad de abogados. Salazar también denunció que persiste la desaparición forzada, entre las que se encuentran Freddy Quezada y Brooklyn Rivera; y el reciente envío de 7 presos políticos a celdas de máxima seguridad y aislamiento por cantar el himno nacional antes de una huelga de hambre.

Cristiana Huerta, defensora de derechos humanos y feminista, resaltó que más de 170 mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el exilio por la persecución del gobierno y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 300 de organizaciones de derechos de las mujeres. En esta misma línea, Rommel Moncada, estudiante y activista LGBTI+, denunció vigilancia, amenazas, persecución y tocamientos sexuales por parte de las autoridades.

En una declaración conjunta del Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la defensora nicaragüense de los pueblos indígenas y afrodescendientes, Winnye Bernard denunció que en la Costa Caribe persisten las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas por parte de colonos invasores y la inacción del Estado. “En seis años se registraron en los territorios 640 incidentes con 1164 víctimas”, dijo Bernard.

Según Bernard, la criminalización hacia los defensores, líderes y lideresas indígenas se agudiza en el contexto del proyecto BioClima, aprobado sin consulta previa, libre e informada. “Denunciamos los efectos negativos potencialmente irreversibles… así como la realización de la pantomima de elecciones regionales. Instamos a este Consejo a solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones que garanticen la vida e integridad colectiva de las comunidades y sobre todo de las mujeres, y prueba de vida del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera”, agregó.

Los pueblos indígenas solicitan la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro a las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos”, enfatizó la defensora.

Defensores de derechos humanos nicaragüenses galardonados como finalistas del Premio Sájarov 2023

Estrasburgo, 12 de diciembre de 2023.- En el marco de la ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la ​​Red EU-LAT conmemoran el trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses para contribuir a la democracia y el Estado de Derecho, en la región más violenta del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Asimismo, denuncian que la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, y Monseñor Rolando Álvarez, integrantes de una de las 3 candidaturas finalistas, se encuentran sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos.

“La situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continua la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril de 2018, en particular los crímenes de lesa humanidad, por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua y estar  entre los tres finalistas del Premio es una muestra clara de ello y un reconocimiento a la valiente labor de las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos” expuso Jimena Reyes, Directora de la oficina de las Américas en la FIDH y quien se encuentra en Estrasburgo acompañando a la delegación que representa a las personas galardonadas.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. Ambos se encuentran en el país, en condición de apatridia, despojados de sus derechos ciudadanos y expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos e integridad personal. 

Vilma Núñez cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos y es actualmente Secretaria General Adjunta de la FIDH y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una organización con más de 33 años que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional retiró la personalidad jurídica del CENIDH, posteriormente la Policía Nacional allanó sus instalaciones y se apropió de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos. En febrero de 2021, el régimen consumó la confiscación de las instalaciones inaugurando la casa materna Zoila Aurora Galeano. 

En febrero de este año, el régimen privó a Vilma Núñez arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, dejándola con el “país por cárcel” y violando de forma permanente sus derechos humanos.  

Monseñor Rolando Álvarez es Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Es considerado una de las voces más críticas del régimen y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril de 2018. Se encuentra arrestado desde agosto de 2022 por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.  

El 9 de febrero de 2023, el régimen de Ortega ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas; sin embargo, él se opuso y lo trasladaron al Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo), donde está en situación de apatridia y en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por supuestos delitos considerados “traición a la patria”. 

Ante la imposibilidad de que estas personas finalistas salgan de Nicaragua, estas fueron representadas por personas delegadas en la ceremonia del Premio Sájarov. En la plenaria del Parlamento Europeo participaron Sara Henríquez, defensora nicaragüense de derechos humanos en el exilio, y el sacerdote Uriel Vallejos, miembro de la Diócesis de Matagalpa que se encuentra exiliado tras días de asedio y encierro policial. 

“Esta es una oportunidad para que la Unión Europea revise los préstamos otorgados y/o ayudas pendientes con fondos europeos ya sea a través de proyectos regionales y/o bilaterales, u otras modalidades de financiación. Es necesario establecer un principio de debida diligencia que prevenga que cualquier  fondo europeo, pueda directa o indirectamente tener como beneficiarios a personas o entidades involucradas en casos de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Marta Ibero de la Red EU-LAT.

“¡No descansaremos hasta que cesen los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua! Ortega y Murillo deben liberar inmediatamente a Monseñor Álvarez y las más de 90 personas que permanecen privadas por motivos políticos en Nicaragua. Basta de leyes que castigan la defensa de los derechos humanos, devuelvan los derechos ciudadanos a la Dra. Núñez, ¡cese la tortura!”, finalizó Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Daniel Ortega y Rosario Murillo no podrán eludir la justicia. Pronunciamiento institucional ante salida de Nicaragua de la OEA.

Daniel Ortega y Rosario Murillo no podrán eludir la justicia.

Pronunciamiento institucional ante salida de Nicaragua de la OEA.

Washington D.C., 17 de noviembre de 2023.- El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo se retirará definitivamente de la Organización de Estados Americanos (OEA) este domingo 19 de noviembre de 2023, evidenciando su voluntad de aislarse mientras consolida su cercanía a otros regímenes autocráticos para mantener el estado policial e impunidad que impera en el país. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tenemos la certeza de que el régimen de Ortega y Murillo no podrá eludir la justicia, pues debe cumplir con los acuerdos firmados voluntariamente durante su permanencia en la OEA y otros tratados internacionales de los que el Estado es signatario.

El gobierno nicaragüense notificó la “indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta Organización” el 18 de noviembre de 2021, días después de la reelección para el  quinto mandato de Daniel Ortega y el rechazo de la OEA a estas elecciones que «no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática». 

Si bien el artículo 143 establece que transcurridos dos años a partir de la denuncia, la Carta dejará de tener efecto para el Estado denunciante; los demás tratados interamericanos e internacionales a los que el Estado de Nicaragua voluntariamente ha firmado, permanecen vigentes como vías para la rendición de cuentas. Asimismo, Nicaragua continúa obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y debe cumplir con ella.

“El pueblo nicaragüense es ejemplo de resiliencia y lucha permanente por la democracia, pero la salida de Nicaragua de la OEA no deja de ser grave, pues debilita el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; y recordemos que Ortega ha cometido crímenes que solo se han visto en las peores dictaduras. ¡No les podemos dejar solos, esta lucha debe ser colectiva!”, considera Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Actualmente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 91 personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo a un sacerdote en aislamiento total y a 17 mujeres prisioneras expuestas a riesgos por razón de género, como violencia sexual; permanecen 355 ejecuciones sumarias de manifestantes en total impunidad; más de 316 personas en situación de apatridia y privadas de sus derechos ciudadanos, entre ellas 222 personas que eran presas políticas hasta el 9 de febrero de 2023. 

Investigaciones exhaustivas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) exponen que, a través de la instrumentalización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, las altas autoridades gubernamentales han cometido violaciones y abusos de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, que constituyen crímenes de lesa humanidad

“La comunidad internacional ya tiene información para iniciar acciones legales y extender las sanciones a las instituciones y personas involucradas en estos crímenes de derecho internacional. Hago un llamado urgente a la comunidad internacional, particularmente a los Estados de la región latinoamericana comprometidos genuinamente con la democracia, para que tomen medidas urgentes”, agregó Quesada.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) está comprometido con la búsqueda de una salida pacífica a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atormenta al pueblo nicaragüense desde el año 2018.

No cesamos de exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el restablecimiento de una cooperación significativa con la comunidad internacional. 

Continuaremos monitoreando y documentando los abusos de la dictadura; y acompañando a organizaciones y víctimas de la represión estatal en sus denuncias ante los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. 

Estamos conscientes de que la continua investigación conducirá a identificar a los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Por ello, para combatir la impunidad y allanar el camino hacia la democracia; ponemos a disposición de los mecanismos internacionales de protección los resultados de nuestra labor de monitoreo y documentación.

¡El pueblo nicaragüense merece justicia! ¡Las víctimas merecen justicia!

Comité CEDAW llama a Nicaragua a retirar su denuncia de la Carta OEA y adoptar medidas para proteger a las mujeres y niñas

Washington D.C., 31 de octubre 2023.- A veinte días de que se concrete la salida del Estado Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus Observaciones Finales, urgió a las autoridades nicaragüenses a retirar su denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El Comité también llamó al Estado Parte a dialogar y adoptar medidas para cumplir con sus observaciones acerca de la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

En la revisión del día 23 de octubre, la Embajadora Rosalía Concepción Bohórquez Palacios hizo una declaración en la que tildó de “parcial” al Comité y abandonó el examen sin proporcionar información sobre las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de la Mujer, la adopción de una política nacional de igualdad de género, ni sobre medidas para asegurar que las mujeres -particularmente las que viven en las Regiones Autónomas del Caribe- se beneficien de los programas públicos para promover la igualdad de género y la no discriminación. El Estado de Nicaragua se ha retirado progresivamente de tratados internacionales y ha roto compromisos con los órganos de tratados internacionales de derechos humanos al no participar activamente en las revisiones de estos.

Derogación de leyes que discriminan a las mujeres

Ante los alarmantes reportes de los últimos cuatro años, en los que se registran 7000 casos de agresiones contra defensoras de los derechos humanos que han sido consideradas “traidoras” y «golpistas”, y la falta de aplicación de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con 38 casos de defensoras de los derechos humanos víctimas de intimidación y represalias; el Comité pidió al Estado de Nicaragua que derogue toda la legislación que discrimine a las mujeres por sus opiniones políticas y su participación en la vida política y pública. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).

Asimismo, el Comité urgió al Estado a poner inmediatamente en libertad a las mujeres detenidas por sus opiniones políticas disidentes y garantizar la salvaguarda de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psicológica durante la detención y después de la puesta en libertad. Al 31 de agosto, 16 mujeres se encontraban privadas de libertad por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas

Según el Comité, el Estado debe adoptar un plan de acción para la reparación, la rehabilitación y la indemnización de estas mujeres; e investigar, enjuiciar y condenar adecuadamente a los autores de los actos de represalias y agresiones contra las defensoras de los derechos humanos y activistas, incluso cuando los responsables sean agentes del Estado.

Retorno seguro de mujeres defensoras apátridas

En sus observaciones, el Comité también solicita la derogación de la Ley 1145 o “Ley de Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”, que establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” perderán la nacionalidad nicaragüense y ha dejado en situación de apatridia a más de 317 personas, incluyendo mujeres excarceladas políticas, reconocidas defensoras y activistas feministas y de los derechos de las mujeres, y periodistas.

El Comité concluyó que el Estado de Nicaragua debe restablecer la nacionalidad en todos los casos en que las mujeres hayan sido privadas de ella por motivos políticos; y adoptar medidas para que, de conformidad con el artículo 9 de la Convención se reduzcan los casos de apatridia (1961), se prevenga la apatridia y se cree un plan para facilitar el regreso seguro de las mujeres nicaragüenses que deseen regresar al país.

Justicia para víctimas de violencia de género y madres de víctimas de la represión

En el periodo del año 2018 al año 2021, la cantidad de feminicidios se incrementó a 57 casos y los feminicidios frustrados a 220 casos. Estos reportes han generado gran preocupación para el Comité, que en varias ocasiones ha categorizado como un problema la restringida definición de feminicidio en el Código Penal, ya que solo se adjudica a aquellos asesinatos de una mujeres en el contexto de una relación de pareja. 

El Comité también observó con preocupación el cierre de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia y la falta de información sobre el número y el cumplimiento de las órdenes de protección y servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo el refugio, asesoramiento psicosocial y la rehabilitación para mujeres sobrevivientes de violencia.

En este sentido, el Comité llamó al Estado a: garantizar que la definición de feminicidio incluya todos los casos de asesinatos relacionados con el género; aplicar una estrategia nacional para la prevención de todas las formas de violencia de género contra la mujer; restituir y reforzar el mandato de  la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia; y recopilar datos sobre la prevalencia de la violencia de género contra la mujer, desglosados por edad, relación entre la víctima y el agresor y otras características sociodemográficas.

Asimismo, el Comité llamó a enjuiciar y condenar adecuadamente a las y los autores de actos de violencia de género contra defensoras de los derechos humanos, periodistas, mujeres detenidas en el contexto de las protestas de 2018 y madres de víctimas letales de la represión de estas protestas. Para el Comité es de especial importancia que se les proporcione recursos adecuados -incluyendo reparaciones- a las víctimas. 

Leyes que aborden formas interseccionales de discriminación

Por otro lado, el Comité observa con preocupación que en Nicaragua, las mujeres indígenas y afrodescendientes se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y tienen un acceso limitado a la educación, empleo, oportunidades económicas, salud y toma de decisiones en el Estado. A todo esto se suma el alto riesgo de violencia de género, incluyendo asesinatos, violencia sexual y desalojos forzosos de mujeres indígenas, en particular en territorios como la Reserva Bosawás y el territorio indígena Mayagna Sauni As, que sufren invasiones constantes de colonos (terceros no indígenas).

En este sentido, el Comité llama al Estado a elaborar leyes y políticas que aborden las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes; así como a garantizar investigaciones, juicios y castigos adecuados para las personas perpetradoras de delitos en territorios ancestrales, y proporcionar recursos efectivos y reparación para las víctimas. 

Cabe destacar que también insta al Estado a garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso a títulos de propiedad y el control colectivo de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que hayan poseído, ocupado, utilizado o adquirido.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer conlleva la obligación de remitir informes, participar en diálogos constructivos con el Comité CEDAW y cumplir con las recomendaciones formuladas por éste. Por tanto, instamos al Estado a cumplir con las recomendaciones planteadas y entablar comunicaciones con el Comité en favor  de la protección de las mujeres y niñas, y del cese de la represión y violencia contra mujeres defensoras, activistas y periodistas que expresan opiniones disidentes. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que pese a las condiciones de riesgo imperantes, continúan monitoreando y documentando la situación de derechos humanos de las mujeres nicaragüenses dentro y fuera del país. Su arduo trabajo y la presentación de informes han contribuido significativamente a este examen y a la formulación de valiosas Observaciones Finales, que constituyen una hoja de ruta para que el Estado de Nicaragua cumpla las las obligaciones establecidas en la CEDAW.

CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano. 

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”. 

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados  de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”. 

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres 

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora. 

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055  “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y  las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar. 

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité. 

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

La violencia hacia  las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”. 

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio. 

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere  en términos descalificativos e inapropiados  negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres. 

Este patrón de incumplimiento  de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

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El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.

Ante CEDAW: Defensoras nicaragüenses denuncian la situación de violencia y persecución en contra de mujeres indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

Washington D.C., 16 de octubre de 2023.- En el marco del 86 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), defensoras nicaragüenses, acompañadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la situación de violencia y persecución en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la zona con la tasa de femicidios más alta en Nicaragua.

Durante la sesión, la defensora indígena Anexa Alfred se dirigió al Comité “como una víctima más cuya voz han querido callar” señalando que muchas mujeres indígenas que quisieran estar participando en este proceso “están silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”. En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti, expuso la situación de mujeres afrodescendientes, que no pudieron participar por el contexto de represalias del régimen nicaragüense contra las personas defensoras de derechos humanos. 

“Cohabitación” con colonos expone a mujeres indígenas y afrodescendientes a violencia sexual

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, según Alfred Cunningham. Las masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas. 

La política ilegal y arbitraria de “cohabitación” con colonos (terceros no indígenas) que promueve el Gobierno de Nicaragua en los territorios indígenas y afrodescendientes, genera impunidad y más violencias hacia las mujeres. Según un monitoreo realizado en 26 comunidades de 6 territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023 se registraron 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años. Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos. 

Por otro lado, la persecución y criminalización perpetrada por el régimen de Ortega contra lideresas y defensoras indígenas que han acompañado los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha resultado en el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria y la desaparición de Nancy Elizabeth Henriquez, diputada suplente y presidenta del partido indígena YATAMA, quien fue detenida arbitrariamente el 1 de octubre.

Asimismo, el desplazamiento forzado también expone a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Esta situación trasciende las fronteras, afectando también a las mujeres en el exilio, como es el caso de las comunidades indígenas miskitas refugiadas en Costa Rica. 

Alfred solicitó al Comité cuestionar la política de “cohabitación” con colonos promovida por el Estado nicaragüense; y solicitó al Estado de Nicaragua “la implementación de acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”.

Defensoras afrodescendientes son perseguidas por su trabajo de demarcación de territorios

“La falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado, dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, invisibilizándolas”, dijo Gaia Hefti al Comité.

Según Hefti, existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”. 

Hefti también se refirió al caso particular de las defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes sufren persecución continua, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas, debido a su trabajo de demarcación de territorios; así como a la cancelación de organizaciones de sociedad civil y de universidades y las violaciones a la libertad religiosa, que “ha afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual”.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Pronunciamiento 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, que están expuestas a asesinatos y violaciones por parte de colonos invasores; y han quedado en indefensión por la persecución política contra las organizaciones de sociedad civil que brindaban atención en la región. 

Instamos al Comité CEDAW a:

  • Solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones o programas de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres.
  • Exhortar al Estado de Nicaragua a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas.

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Tuitazo por el Premio Sájarov a Vilma Núñez y Monseñor Álvarez, símbolos de resistencia en Nicaragua

Washington D.C., 10 de octubre de 2023.- El Parlamento Europeo nominó a la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y al Monseñor Rolando José Álvarez Lagos al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) invita a un tuitazo para que en la votación del próximo jueves 12 de octubre, eurodiputados y eurodiputadas voten a favor de esta candidatura conjunta; un acto de reconocimiento a la valiente lucha y el sacrificio de las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses, quienes a pesar de los graves riesgos a sus vida siguen trabajando por la restauración de la democracia y el Estado de derecho.

Vilma Nuñez de Escorcia inició su trabajo por la defensa de los derechos humanos desde temprana edad, integrando el Primer Comité Estudiantil por la libertad de los presos políticos universitarios de la dictadura de Anastasio Somoza García y destacando en las luchas estudiantiles de esa época. Fue la primera mujer nicaragüense nombrada Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia en 1979, y desde hace 33 años es cofundadora y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Actualmente, Núñez se encuentra en Nicaragua, despojada de su nacionalidad y derechos ciudadanos, y expuesta a graves violaciones a sus derechos humanos.

Monseñor Rolando Álvarez es el Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Álvarez es considerado “el símbolo de resistencia más sólido que enfrentan Daniel Ortega y Rosario Murillo”, pues durante años ha sido una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril 2018. 

Posteriormente, en agosto de 2022, el régimen de Ortega ordenó el arresto domiciliario de Monseñor Álvarez por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas»; y en febrero de 2023 ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas, sin embargo él se opuso. Actualmente, Monseñor Álvarez se encuentra cumpliendo una condena de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, en situación de apatridia y bajo aislamiento total en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo) de Tipitapa, Managua. 

 

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad reconocemos que el Parlamento Europeo ha sido un gran aliado del pueblo nicaragüense. En los últimos años el Parlamento ha adoptado importantes Resoluciones en condena al continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la escalada represiva y la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales de las nicaragüenses. 

En un contexto de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la  impunidad, el Premio Sájarov 2023 es una oportunidad única para visibilizar y reconocer el trabajo que, pese al exilio, cárcel y otras amenazas; las personas defensoras de derechos humanos hacen en búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Invitamos a organizaciones de la sociedad civil, personas aliadas, periodistas y seguidores a hacer eco de la candidatura de Vilma Núñez y Monseñor Rolando Álvarez, usando los hashtags #NicaraguaEnPremioSájarov y #PremioSájarov, y etiquetando a eurodiputados y eurodiputadas este próximo 11 de octubre de 2023 a partir de las 9 am Nicaragua (11 am Washington D.C.).

 

Tweet modelo 1:

#NicaraguaEnPremioSájarov🇪🇺🏆 Vilma Núñez de Escorcia y de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos son símbolos de determinación, resistencia y tenacidad en la lucha por la defensa de los DDHH en Nicaragua.

Vota a favor de su candidatura al #PremioSájarov (etiquetar a eurodiputades)

Tweet modelo 2:

#NicaraguaEnPremioSájarov 🇪🇺📢 Vilma Núñez (@cenidh) y Monseñor Álvarez son personas defensoras de DDHH que se encuentran en situación de apatridia en Nicaragua, bajo graves riesgos a sus vidas.

Animamos a eurodiputados/as a votar 👍 de esta candidatura al #PremioSájarov 2023.

Tweet modelo 3:

1/4 #NicaraguaEnPremioSájarov 🏆🇪🇺

¿Por qué los eurodiputados y eurodiputadas deben votar a favor👍 de la candidatura de Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez al #PremioSájarov 2023?

2/4 ✊Vilma Núñez es una defensora histórica de los DDHH en #Nicaragua, que destacó en la lucha estudiantil contra la dictadura Somocista y -a través @cenidh– ha acompañado a múltiples víctimas del régimen de Ortega. Actualmente se encuentra apátrida en su propio país.

 

3/4 ✊Monseñor Rolando Álvarez ha sido una de las voces más críticas ante la grave situación de #Nicaragua. Condenado a 26 años de prisión por «traición a la patria» y despojado de su nacionalidad, permanece en aislamiento total en la cárcel «La Modelo».

 

4/4 🇪🇺🏆 #PremioSájarov es una oportunidad única para reconocer la valiente lucha y el sacrificio de las personas defensoras de DDHH nicaragüenses, quienes a pesar de los graves riesgos a sus vidas, siguen trabajando por la restauración de la democracia

#NicaraguaEnPremioSájarov

 

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