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Colectivo 46/2 y GHREN analizaron vías de rendición de cuentas para Nicaragua ante la ONU

Colectivo 46/2 y GHREN analizaron vías de rendición de cuentas para Nicaragua ante la ONU

  • Denunciaron las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia estatal, la persecución de personas defensoras y el cierre del espacio cívico en Nicaragua.

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2026. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU su informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que documenta la intensificación de la persecución contra personas opositoras o percibidas como tales.

Durante el diálogo interactivo, delegaciones de Costa Rica, Chile, Georgia, Polonia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Panamá y la Orden Soberana de Malta, junto con la Unión Europea, expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y la represión transnacional, incluida la persecución de personas exiliadas y la privación arbitraria de nacionalidad. También reconocieron la labor del GHREN y reiteraron llamados a la liberación de las personas presas políticas, la protección de las víctimas y la rendición de cuentas.

El GHREN y el Colectivo 46/2 celebraron también el evento paralelo “Derechos Humanos en Nicaragua: avanzando hacia la rendición de cuentas”, co-patrocinado por la Misión Permanente de Chile ante la ONU. En la apertura, el embajador Roberto Ampuero enfatizó la necesidad de orientar los esfuerzos internacionales hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Cierre del espacio cívico y profundización de la represión

Las organizaciones del Colectivo 46/2 denunciaron que, desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5.660 organizaciones de la sociedad civil, clausurado o confiscado 61 medios independientes, forzado al exilio a más de 300 periodistas y privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 personas. A ello se suma un número indeterminado de personas en situación de apatridia de facto por la negativa a emitirles pasaportes u otros documentos de identificación, así como la represión transnacional en países de acogida como Costa Rica, donde persisten amenazas y riesgos para las personas nicaragüenses exiliadas.

A octubre de 2026, al menos 72 personas permanecían detenidas por motivos políticos, de las cuales 33 se encontraban en situación de desaparición forzada. De ellas, 16 son mujeres y 16 personas adultas mayores. Estas cifras representan un subregistro debido al temor de las familias a denunciar.

Las organizaciones también alertaron sobre los impactos diferenciados de la represión contra las mujeres defensoras y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Desde 2018, más de 300 defensoras de derechos humanos han sido detenidas arbitrariamente o judicializadas.

En los territorios indígenas y afrodescendientes, los ataques de colonos armados, la imposición de estructuras paralelas de gobierno, la falta de saneamiento territorial y las concesiones mineras profundizan la vulneración de la autonomía indígena. Se han identificado 75 lotes mineros que afectan a 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios titulados en la Costa Caribe. Además, las concesiones mineras en manos de empresas chinas abarcan el 12,5% del territorio nacional.

Por su parte, Rosa María Payá, comisionada de la CIDH y relatora para Nicaragua, destacó por videoconferencia la perseverancia de las víctimas en su búsqueda de justicia y advirtió que la falta de cooperación del régimen no debe obstaculizar la rendición de cuentas. Subrayó la necesidad de traducir la documentación de las violaciones en medidas concretas de protección, preservación de pruebas y justicia.

Ataques a la independencia judicial y al ejercicio de la abogacía

Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió sobre la exclusión arbitraria de aproximadamente 2.000 profesionales de la abogacía del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026, sin notificación, justificación ni garantías de debido proceso.

Señaló que estas medidas se suman a amenazas, vigilancia, hostigamiento, exilio forzado y desapariciones contra quienes han defendido a personas presas políticas o denunciado abusos estatales, debilitando la independencia de la profesión jurídica, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

Cuatro vías para la rendición de cuentas

Ante la falta de cooperación del régimen, Reed Brody, experto del GHREN, recordó que el Grupo ha identificado a 56 personas respecto de las cuales existen motivos razonables para creer que son responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, entre ellas altos funcionarios, integrantes de las fuerzas de seguridad y operadores de justicia. En este contexto, destacó cuatro vías internacionales para avanzar hacia la rendición de cuentas.

Estas incluyen demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia por la privación arbitraria de nacionalidad; la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional por crímenes transfronterizos, como la deportación forzada hacia Estados parte del Estatuto de Roma; el ejercicio de la jurisdicción universal para investigar y juzgar crímenes internacionales en terceros países, como ya ocurre en Argentina; y la adopción de sanciones selectivas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas personas identificadas por el GHREN que aún no han sido sancionadas.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que la documentación de las violaciones debe traducirse en acciones concretas de justicia y protección, indispensables para combatir la impunidad y avanzar hacia el restablecimiento del Estado de derecho en Nicaragua.

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, regionales e internacionales que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Prisión política en Cuba y Nicaragua: detrás de las cifras, vidas y derechos vulnerados

Washington, D. C., 30 de octubre de 2026. Cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, en contextos donde la persecución puede alcanzar no solo a quienes se identifican como opositores, sino también a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y cualquier persona que exprese públicamente una crítica al poder.

En el Día de las Personas Presas Políticas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llama la atención sobre la persistencia de este crimen, las vulneraciones que enfrentan las personas detenidas y las formas de control que pueden prolongarse incluso después de su excarcelación. La desaparición forzada y las muertes bajo custodia estatal representan algunas de las expresiones más graves de esta realidad.

Cuba y Nicaragua: las cifras detrás de la prisión política

En Cuba, la organización Justicia 11J, proyecto de la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C. que registra y denuncia la represión política en Cuba desde las históricas protestas de julio de 2021, registra 832 personas privadas de libertad por motivos políticos. Esta cifra refleja la persistencia de la prisión por motivos políticos y la necesidad de mantener la atención sobre quienes continúan encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales.

En Nicaragua, desde 2018, la prisión política se ha convertido en una de las principales herramientas de represión. Según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han registrado 4.796 detenciones arbitrarias, en general por motivos políticos.

A octubre de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabiliza 72 personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos. Además, de estas, 33 permanecen en situación de desaparición forzada. Los registros también identifican a 16 mujeres —incluidas dos menores de edad—, 16 personas adultas mayores y 20 personas indígenas como personas presas políticas.

Estas cifras deben leerse teniendo en cuenta el subregistro derivado del temor a denunciar, así como el hecho que organizaciones de sociedad civil denuncian como una dinámica de “puerta giratoria”, donde nuevas detenciones coinciden con excarcelaciones, de modo que la reducción temporal del número de personas encarceladas no refleja una menor represión.

¿A quiénes afecta la prisión política?

La prisión política puede alcanzar a personas que se identifican como opositoras o que son percibidas como tales por las autoridades. En contextos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, esta percepción puede extenderse mucho más allá de la militancia en un partido político considerado de oposición. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan críticas pueden convertirse en blanco de persecución y encarcelamiento.

En Nicaragua, se han registrado detenciones arbitrarias de personas cuyas acciones o pronunciamientos críticos contra las autoridades no son conocidos públicamente, mientras que las razones de su detención permanecen sin esclarecer y solo dan lugar a especulaciones.

En Cuba, el caso de la joven Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente Laffita, ilustra cómo una acción vinculada al ejercicio de la libertad de expresión puede derivar en una sanción penal: en octubre de 2026, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las condenó a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar en redes sociales un video de un agente policial que acudió a su domicilio.

La excarcelación no siempre significa libertad

Comprender quiénes son afectadas por la prisión política también exige reconocer que la persecución no termina necesariamente con la salida de la cárcel. Las restricciones posteriores, el destierro y otras formas de control pueden prolongar sus consecuencias sobre la vida de las personas y sus familias.

Algunas personas liberadas han sido desterradas, mientras que otras permanecen en el país bajo vigilancia policial y restricciones severas, como la obligación de presentarse diariamente en estaciones policiales o informar sobre sus desplazamientos. En Nicaragua, personas excarceladas a partir de noviembre 2025 son mantenidas en un régimen similar al arresto domiciliar y se encuentran silenciadas por temor a mayores represalias.

En Cuba, el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ilustra las consecuencias de esta práctica. Tras permanecer cinco años en prisión por una condena relacionada con el ejercicio de sus derechos fundamentales en el marco de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, su salida de la cárcel estuvo condicionada a abandonar el país.

Desaparición forzada y muertes bajo custodia: las consecuencias más graves

La desaparición forzada constituye una de las expresiones más extremas de la prisión política en Nicaragua. Personas permanecen incomunicadas durante períodos prolongados, mientras sus familias desconocen su paradero, su estado de salud y las condiciones en las que se encuentran.

Otra consecuencia extrema es la muerte bajo custodia estatal. Desde 2018, al menos nueve personas presas políticas han fallecido bajo custodia del Estado en Nicaragua, según los registros de organizaciones de derechos humanos. Entre ellas se encuentra el líder indígena miskitu Brooklyn Rivera quien  tras su participacion en abril del  2023 el Foro de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indigenas falleció el 30 de mayo del presente año,  bajo custodia del Estado tras 971 días en los que se le mantuvo en situación de desaparición forzada, incomunicado, sin que su familia conociera el sitio de detención ni se le permitieran visitas.

Durante ese período, las autoridades nicaragüenses mantuvieron oculto su paradero y no proporcionaron información sobre su estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua  y otros mecanismos de protección expresaron consternación y condenaron su muerte bajo custodia del Estado y destacaron el impacto colectivo de este caso para el pueblo miskitu y la defensa de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas.

En Cuba también se han denunciado graves vulneraciones de derechos durante la privación de libertad, incluidas afectaciones a la integridad personal y a la salud de las personas detenidas. Las denuncias de falta de atención médica, torturas y deterioro físico en prisión evidencian la importancia de garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y de investigar de manera efectiva las posibles responsabilidades estatales cuando una persona muere bajo custodia del Estado.

¡Basta de prisión por motivos políticos!

En este 30 de octubre, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de documentar, visibilizar y denunciar la prisión política en Cuba y Nicaragua y sus graves consecuencias para las víctimas, sus familias y la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Exigimos a las autoridades de ambos países que cesen la persecución y el encarcelamiento por motivos políticos, que liberen inmediatamente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad, que informen donde están las personas desaparecidas por motivos políticos, les liberen de inmediato  y que garanticen la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Colectivo 46/2 llama a esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam y fortalecer la respuesta frente a la represión transnacional

El Colectivo 46/2 expresa su preocupación ante la decisión del Ministerio Público de Costa Rica de archivar la investigación dirigida a identificar a quienes habrían ordenado el asesinato del nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Según la Fiscalía, esta línea de investigación podrá reabrirse si surgen nuevos elementos, mientras continúa el proceso penal contra las personas acusadas por su presunta participación en el crimen.

El Colectivo reconoce las diligencias desarrolladas por las autoridades costarricenses, particularmente las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los avances en la identificación y judicialización de personas presuntamente involucradas en el asesinato. No obstante, preocupa que la autoría intelectual permanezca sin esclarecer, especialmente ante la posibilidad de que el crimen esté vinculado con patrones de represión transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas.

El asesinato de Roberto Samcam debe analizarse en un contexto más amplio de riesgos enfrentados por personas nicaragüenses en el exilio. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), cuyo mandato ha contado con el respaldo de Costa Rica, ha documentado un patrón acumulativo e interconectado de violaciones transnacionales de derechos humanos. En su informe de septiembre de 2025, identificó una red de vigilancia e inteligencia que permite al Estado de Nicaragua localizar y vigilar a personas consideradas opositoras o percibidas como tales en el exterior. Asimismo, incluyó el asesinato de Samcam en su análisis sobre violencia física contra personas exiliadas, señalando información significativa que apuntaba a una posible motivación política.

El GHREN ha advertido que, mientras no existan investigaciones exhaustivas e independientes, no puede descartarse que estos asesinatos e intentos de asesinato formen parte de un patrón más amplio de represión transnacional. En este contexto, tanto el asesinato de Samcam como los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica evidencian la importancia de esclarecer no solo la responsabilidad de quienes ejecutan materialmente estos crímenes, sino también sus posibles móviles y la participación de quienes pudieran haberlos ordenado, planificado o coordinado, respetando las garantías del debido proceso y la independencia judicial.

La investigación adquiere especial relevancia ante los riesgos que enfrentan otras personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses ante amenazas y hechos de violencia vinculados con alegaciones de represión transnacional. La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado costarricense y la existencia de mecanismos institucionales de protección, pero consideró que los riesgos identificados no habían sido efectivamente mitigados. Asimismo, hizo referencia al asesinato de Samcam como un hecho que refleja la materialización de un patrón de riesgo similar al enfrentado por las personas beneficiarias.

El esclarecimiento integral del asesinato de Roberto Samcam trasciende, por tanto, la determinación de responsabilidades en un caso individual. Investigar las posibles redes de coordinación y los distintos niveles de responsabilidad constituye también un componente fundamental de la prevención y de las garantías de no repetición.

En este sentido, una declaración conjunta de expertos y expertas de las Naciones Unidas sobre represión transnacional, publicada en septiembre de 2026, recordó las obligaciones de los Estados de prevenir, investigar y responder a estos actos mediante investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y efectivas, que procuren establecer las responsabilidades tanto de sus autores materiales como intelectuales.

En virtud de lo anterior, el Colectivo 46/2:

  • Al Ministerio Público de Costa Rica, solicita valorar, conforme al ordenamiento jurídico costarricense, las vías disponibles para revisar la decisión de archivo y asegurar que se hayan agotado las diligencias razonables para esclarecer la posible autoría intelectual del asesinato de Roberto Samcam, incluida, cuando resulte pertinente, la cooperación judicial internacional.
  • Al Estado de Costa Rica, llama a continuar fortaleciendo las medidas de prevención y protección de las personas nicaragüenses exiliadas que enfrentan riesgos de represión transnacional, incluyendo a Claudia Vargas y su familia, garantizando su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
  • Al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y a los procedimientos especiales pertinentes de Naciones Unidas, solicita continuar dando seguimiento a las investigaciones sobre hechos de violencia contra personas nicaragüenses exiliadas y a los obstáculos para esclarecer sus posibles dimensiones transnacionales, incorporando estos elementos en sus próximos informes y pronunciamientos.
  • A los Estados que acogen a población nicaragüense exiliada, recuerda la importancia de investigar de manera pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva las amenazas, actos de vigilancia, hostigamiento y ataques que puedan constituir formas de represión transnacional, incluyendo sus posibles cadenas de responsabilidad.
  • A la comunidad internacional, llama a acompañar los esfuerzos de los Estados de acogida y a ofrecer, cuando resulte necesario, cooperación técnica y judicial para contribuir al esclarecimiento de estos hechos y fortalecer los mecanismos de protección.

El Colectivo 46/2 reconoce el papel fundamental de Costa Rica como país de acogida de miles de personas nicaragüenses y la importancia de sus instituciones democráticas para su protección. Este llamado responde precisamente a la necesidad de fortalecer la independencia, las capacidades y los recursos de las instituciones costarricenses encargadas de investigar, prevenir y sancionar estos hechos, frente a fenómenos de criminalidad y represión que trascienden las fronteras nacionales. Garantizar investigaciones exhaustivas y acceso efectivo a la justicia resulta indispensable para prevenir nuevas violaciones de derechos humanos.

 

El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 23 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A continuación, se listan las organizaciones integrantes del Colectivo que han decidido hacer pública su adhesión a este pronunciamiento:

 

  • Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Fundación del Río
  • Fundación Sin Límites
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Peace Brigades International- PBI
  • Urnas Abiertas

Denunciamos la detención arbitraria y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Thelma Montenegro y exigimos su liberación inmediata

San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2026.- Denunciamos la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Thelma Montenegro, abogada, notaria pública, defensora de derechos humanos e integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), cuyo paradero permanece desconocido desde el 25 de agosto de 2026.

Thelma Montenegro ha desarrollado una labor de defensa de derechos humanos y de denuncia frente a la impunidad por los asesinatos de varios integrantes de su familia ocurridos en el contexto de la represión del régimen Ortega-Murillo contra personas opositoras o percibidas como tales. Su hermano Oliver Montenegro fue asesinado en enero de 2019 (en su finca en El Cuá); posteriormente, en junio de ese mismo año, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón- en Honduras, donde buscaban refugio; y en agosto de 2019 fue asesinado su esposo, Francisco Blandón Herrera, en Wiwilí.

El 19 de agosto de 2026, Thelma Montenegro acudió a la delegación policial de Santa María de Pantasma, Jinotega, con el propósito de renovar su licencia de conducir. Una vez en el lugar, fue detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales. Después de permanecer retenida durante tres días, fue puesta en libertad el 22 de agosto.

Sin embargo, el 23 de agosto, las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían sido confiscadas durante la primera detención. Cuando se presentó ante las autoridades, fue nuevamente privada de libertad.

El 25 de agosto, se indicó a sus familiares que Thelma Montenegro había sido trasladada hacia Managua. Desde entonces, sus familiares desconocen su lugar exacto de detención, su estado de salud y su situación jurídica. La negativa de las autoridades a proporcionar información sobre su suerte y paradero constituye una desaparición forzada y la coloca en una situación de particular riesgo e indefensión.

La desaparición forzada en Nicaragua se ha convertido en una práctica sistemática vinculada a la prisión política, utilizada para mantener a las personas privadas de libertad fuera de toda protección efectiva y profundizar el miedo y la incertidumbre. En el caso de Thelma Montenegro, esta situación reviste especial gravedad por su trayectoria como defensora de derechos humanos y su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses:

  • Informar de inmediato sobre  las condiciones y el lugar en que se encuentra Thelma Montenegro y garantizar su integridad personal.
  • Respetar y proteger su vida e integridad física.
  • Liberarla de manera inmediata e incondicional.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a los demás mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a dar seguimiento inmediato al caso, exigir información sobre el paradero de Thelma Montenegro y mantener la atención pública sobre su situación.

FIRMAN

Alianza Américas

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional- CEJIL

CIVICUS, Alianza Global para la Participacion Ciudadana

Colectivo Nicaragua Nunca Más

Fundación para el Debido Proceso, DPLF

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Latin American Working Group, LAWG

Washington Office on Latin America, WOLA

Organizaciones denuncian ante Corte IDH que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua

  • El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas a 16 personas, siete están desaparecidas y al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en el último año.

San José, Costa Rica. 19 de agosto de 2026.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este miércoles 19 de agosto una audiencia sobre los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad, ambos respecto de Nicaragua. Ante los jueces y juezas, un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtió que el régimen Ortega-Murillo mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.

La representación conjunta estuvo integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, GHREN. Ambas reiteraron que el Estado debe cumplir de inmediato con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad. Pese a ello, ninguna ha sido liberada. Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal.

Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas. Así como la preocupación de las mujeres beneficiarias por los riesgos particulares por su condición de género.

La representación subrayó el deterioro acelerado del Estado de Derecho en el último año. En febrero de 2025, una “reforma constitucional” derogó la prohibición de la tortura, suprimió garantías del debido proceso y disolvió la separación de poderes. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega afirmó públicamente que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. En los últimos doce meses se reportaron al menos cuatro muertes de personas presas políticas bajo custodia estatal. La más reciente fue la del destacado líder indígena Brooklyn Rivera, Ta Upla del pueblo Miskitu, ocurrida el 30 de mayo de 2026, tras más de 970 días en desaparición forzada.

Especial preocupación generó la situación de los cuatro beneficiarios del pueblo indígena Mayangna, a quienes se les prohíbe comunicarse en su lengua, se les ha humillado por sus prácticas religiosas y, según se reportó, fueron golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.

Durante la audiencia se leyeron testimonios de familiares que no pudieron estar presentes, entre ellos los de las familias de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y del líder indígena Steadman Fagoth Müller, este último condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron las organizaciones que acompañan a los beneficiarios y familiares víctimas del régimen Ortega – Murillo.

Ante el Tribunal, las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.

Mira la transmisión de la audiencia pública aquí.

Raza e Igualdad: El anuncio de que no habrán más elecciones en Nicaragua condena al país a un futuro de más represión y ausencia de libertades

Washington, D.C., 21 de julio de 2026.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua no volverán a haber elecciones y anunció la intención de impulsar reformas legislativas para convertir esa decisión en una disposición permanente del ordenamiento jurídico.

Tales afirmaciones se ven agravadas por el anuncio de la Asamblea Nacional, este martes 21 de julio, de que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para “asegurar los pasos constitucionales, legales y formales” que fundamenten dichas reformas, evidenciando la utilización de instituciones controladas por el régimen para legitimar la eliminación de uno de los pilares fundamentales de toda democracia.

Si bien la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil han documentado durante años el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, estas declaraciones representan un paso adelante en el proyecto de instalar una dinastía en Nicaragua ya que se busca eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, participación ciudadana y ejercicio de la soberanía popular. Se trata de una confesión abierta del carácter dictatorial del régimen y de su determinación para perpetuarse indefinidamente en el poder.

La Carta Democrática Interamericana dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. También dispone que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

La gravedad de estas afirmaciones no radica únicamente en el rechazo a un principio fundamental de toda sociedad democrática, sino también en lo que revelan sobre el proyecto político que se pretende seguir imponiendo al país a pesar de la oposición de la voluntad popular. Mientras el régimen continúa utilizando el discurso de la “paz” como pretendida justificación de sus acciones, sus palabras evidencian una concepción incompatible con los derechos humanos y la democracia. Bajo esa lógica, la paz no significa convivencia plural, respeto a las libertades y participación ciudadana, sino la imposición de una única visión política, la eliminación de las voces críticas, la ausencia de controles institucionales y el control absoluto de toda la sociedad sometiéndola a mezquinos intereses de un poder que no goza desde hace años del favor del electorado como lo demostraron las protestas cívicas de 2018 cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a demandar el restablecimiento de la democracia y respeto a los derechos humanos.

Las declaraciones de Ortega confirman la consolidación de un sistema basado en la concentración absoluta del poder, la inexistencia de una verdadera separación de poderes, la persecución de personas opositoras y defensoras de derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la censura y el silenciamiento de la prensa independiente, así como la vigilancia y el hostigamiento contra cualquier expresión de disenso.

Además, constituyen una violación grosera de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y principios democráticos. El derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, a elegir y ser elegida mediante elecciones auténticas y periódicas, y a expresar libremente sus opiniones, no puede ser suprimido por la voluntad de los co-dictadores Ortega y Murillo.

La pretensión de eliminar definitivamente las elecciones y pretender blindar esa decisión mediante reformas legales implica someter a las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses a un modelo político basado en la represión, la exclusión y la negación de derechos fundamentales. Lejos de garantizar estabilidad o paz, profundiza la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, condena el país a la pobreza  y cierra aún más las vías para una solución democrática, pacífica y respetuosa de la dignidad humana.

Raza e Igualdad reitera su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y a los Estados comprometidos con la democracia a mantener y reforzar los esfuerzos para exigir el respeto de los derechos fundamentales, la restitución de las libertades públicas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua mediante la garantía de elecciones libres y justas  propiciando las condiciones necesarias para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

Nicaragua y el 19 de julio: Del fin de una dictadura a la consolidación de un régimen represivo

Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.

Comunicado de solidaridad ante la emergencia causada por los terremotos en Venezuela

Bogotá, 1 de julio de 2026 – Las organizaciones que integramos Regionar y la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano y con todas las personas y comunidades afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas heridas y los graves daños ocasionados por esta tragedia.

En momentos como este, resulta indispensable que la respuesta humanitaria se guíe por los principios de humanidad, imparcialidad, e independencia, asegurando que la asistencia llegue de manera oportuna a todas las personas afectadas, sin discriminación alguna.

Hacemos un llamado a las autoridades gobernantes para que garantice el acceso a información pública oportuna, completa y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta, reconociendo que la información salva vidas y es esencial para que la población pueda tomar decisiones, localizar a sus familiares y acceder a ayuda.

Asimismo, instamos a que se eliminen las restricciones que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores humanitarios, de manera que puedan contribuir plenamente a las labores de asistencia, protección y recuperación de las comunidades afectadas.

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional a fortalecer su apoyo al pueblo venezolano, movilizando recursos y coordinando esfuerzos para atender las necesidades más urgentes y acompañar los procesos de reconstrucción y recuperación, con pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas afectadas.

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos en toda la región.

Firmantes:

  • Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Ecuador Asociación Memoria y Justicia. Costa Rica
  • Asociación Pro Derechos Humanos. Perú
  • Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn. Chile
  • Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM). Ecuador
  • Centro Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Centro Loyola Ayacucho. Perú
  • CIVILIS. Venezuela
  • Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR. Colombia
  • Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A.). Colombia
  • Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Colombia Corporación Humanas. Chile
  • Equipo Jurídico por los Derechos Humanos. Honduras
  • Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. Honduras
  • Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ). Perú
  • Fundación Mahuampi Venezuela. Colombia
  • Fundación para la Justicia. México
  • Instituto de Defensa Legal. Perú
  • Movimiento Autónomo de Mujeres. Nicaragua–Costa
  • Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana. República
  • Organización Social Salvador. Uruguay
  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA). Venezuela
  • Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA).
  • Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
  • American Friends Service Committee (AFSC).
  • ARTICLE 19 México y Centroamérica
  • Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación
  • Centro de Derechos Reproductivos Regional
  • Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica (CIIC)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Regional
  • CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF) / Due Process of Law Foundation
  • Instituto Internacional de Derechos Humanos Regional
  • Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
  • Latin America Working Group (LAWG)
  • Red de Coaliciones Centroamericanas por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDESCA)
  • Robert F. Kennedy Human Rights Global
  • Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe







A un año del asesinato de Roberto Samcam: avanzar hacia la justicia exige esclarecer toda la cadena de responsabilidades y fortalecer la protección de las personas nicaragüenses opositoras en el exilio

Washington, D.C., 19 de junio de 2026.– Al cumplirse un año del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor nicaragüense Roberto Samcam, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) honramos su memoria y reiteramos nuestro llamado a que este crimen sea plenamente esclarecido y sancionado.

El asesinato de Samcam, perpetrado el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, no puede entenderse como un hecho aislado. Su muerte ocurrió en un contexto de persecución sistemática contra voces críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dentro y fuera de Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha documentado que esta política represiva trasciende las fronteras nacionales mediante prácticas de represión transnacional ejecutadas contra personas exiliadas y opositoras.

En sus investigaciones, el mecanismo ha identificado la participación de estructuras estatales y paraestatales, así como operadores que coordinan acciones de vigilancia, intimidación, amenazas y represalias desde Nicaragua. El asesinato de Roberto Samcam se produce en este preocupante contexto, que continúa poniendo en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas nicaragüenses opositoras o consideradas como tales por el régimen Ortega-Murillo, que viven en el exilio.

A un año de los hechos, reconocemos como un avance significativo la decisión de la Fiscalía de Costa Rica de presentar una acusación formal contra las personas sospechosas del asesinato y solicitar la apertura a juicio. Este paso demuestra la importancia de las investigaciones diligentes y del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad en casos que afectan a personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y exiliadas. Sin embargo, la búsqueda de justicia no concluye con el procesamiento de los presuntos ejecutores materiales.

Como ha señalado la propia familia de Roberto Samcam, la verdad y la justicia exigen identificar y sancionar a todas las personas responsables, incluyendo a quienes planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión del crimen. La determinación de toda la cadena de responsabilidad resulta esencial para que la familia de Roberto Samcam reciba la justicia que merece, para evitar la repetición de hechos similares y garantizar protección efectiva a los y las nicaragüenses en el exilio que continúan siendo perseguidos por motivos políticos en los países donde buscaron refugio.

Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades costarricenses para que continúen avanzando en las investigaciones hasta agotar todas las líneas de investigación y esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, instamos a los Estados que acogen a personas nicaragüenses exiliadas a fortalecer los mecanismos de protección frente a los riesgos asociados a la persecución transnacional.

La comunidad internacional tampoco puede ignorar las evidencias acumuladas sobre la expansión de las prácticas represivas del régimen Ortega-Murillo fuera de las fronteras de Nicaragua. Las amenazas derivadas de la represión transnacional continúan poniendo en peligro la vida, la seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales de quienes han buscado refugio en otros países. Garantizar la seguridad de las personas exiliadas es una obligación urgente y un componente indispensable de cualquier esfuerzo encaminado a la verdad, la justicia y la no repetición.

Hoy recordamos a Roberto Samcam, su compromiso con la democracia y su firme denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Honrar su memoria implica también redoblar los esfuerzos para que este crimen no quede impune y para que ninguna persona nicaragüense vuelva a ser perseguida, amenazada o asesinada por ejercer sus derechos fundamentales.

Raza e Igualdad responsabiliza al régimen Ortega-Murillo por la muerte de Ta Upla Brooklyn Rivera tras más de 970 días de desaparición forzada

Washington, D.C., 31 de mayo de 2026.– Raza e Igualdad condena enérgicamente la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, y responsabiliza directamente al régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, incluyendo su detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicación prolongada, el deterioro progresivo de su salud y su muerte bajo custodia del Estado de Nicaragua.

La muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado ni como el desenlace inevitable de una condición médica. Constituye el resultado de más de 970 días de privación arbitraria de libertad, desaparición forzada y condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana, mientras permanecía bajo el control absoluto de las autoridades nicaragüenses.

Detenido arbitrariamente en septiembre de 2023, Brooklyn Rivera permaneció desaparecido durante largos períodos, sin que su familia, sus abogados o la sociedad nicaragüense pudieran conocer de manera independiente su situación real. Durante todo este tiempo, organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales, líderes indígenas y actores de la comunidad internacional exigieron información sobre su paradero, garantías para su integridad física y psicológica, acceso a atención médica adecuada y su liberación inmediata. El régimen ignoró sistemáticamente estos llamados.

El 27 de mayo de 2026, las autoridades mostraron públicamente a Brooklyn Rivera en estado crítico de salud. Las imágenes difundidas evidenciaban un severo deterioro físico. El propio informe oficial reconocía que padecía graves infecciones pulmonares, derrame pleural bilateral, falla de múltiples órganos y que dependía de ventilación mecánica y alimentación intravenosa para sobrevivir. Apenas tres días después, se conoció la noticia de su fallecimiento.

La gravedad de su condición no surgió de manera repentina. Fue la consecuencia de años de confinamiento en condiciones contrarias a la dignidad humana y de la negativa del Estado a garantizar plenamente los derechos de una persona bajo su custodia.

Brooklyn Rivera dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Su encarcelamiento, desaparición forzada y muerte representan también un ataque contra el liderazgo indígena y contra quienes continúan defendiendo derechos humanos, autonomía territorial y libertades fundamentales en Nicaragua.

Raza e Igualdad sostiene que la muerte de Brooklyn Rivera debe ser incorporada a los esfuerzos de documentación, memoria, verdad, justicia y rendición de cuentas impulsados por las víctimas, la sociedad civil y los mecanismos internacionales de derechos humanos. Los responsables de las violaciones cometidas en su contra deberán responder por sus actos.

Asimismo, exigimos que las autoridades entreguen sin demora su cuerpo a sus familiares y respeten plenamente su derecho a despedirle y darle digna sepultura conforme a sus deseos, tradiciones y creencias, sin vigilancia, restricciones, intimidación ni hostigamiento.

“La muerte de Brooklyn Rivera representa una pérdida irreparable para el pueblo miskitu y para los pueblos indígenas de Nicaragua. Durante décadas dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos, la autonomía y los territorios indígenas. Que haya muerto después de más de 900 días de detención y desaparición forzada bajo custodia estatal es un hecho de enorme gravedad que no puede quedar en la impunidad”, afirmó Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestra solidaridad con su familia, con el pueblo miskitu y con todas las personas que durante estos años exigieron su libertad.

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