Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

Washington D.C., 11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH. 

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones.

Inversión extranjera oxigena al régimen

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024.

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López.

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el caso de Canadá. Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.  

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulka, y agregó “Lo que es importante es que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este. 

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.

Impunidad persistente

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL.

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero.

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras.

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó. 

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

1. El cumplimiento íntegro de las medidas de protección a favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
2. Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
3. Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.

Informe de Raza e Igualdad: IFIs deben garantizar que su apoyo no perpetúe la crisis en Nicaragua

Washington D.C., 3 de julio de 2024.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe «El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos», que analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2018. Según la investigación, las IFIs tampoco han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan para la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos.

El espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado. Desde el año 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Entre estos crímenes destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales con condiciones que suponen tratos crueles, inhumanos y torturas. 

El informe detalla que, en el mes de febrero de 2024, el grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran 57 proyectos que fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de 2,784.43 millones de dólares estadounidenses, según la información disponible en sus páginas web.

El informe recuerda que, según sus convenios constitutivos, las IFIs no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua. 

Asimismo, el derecho internacional obliga a las IFIs a no reconocer la legalidad de situaciones creadas por crímenes de lesa humanidad ni ofrecer apoyo que las perpetúe. Las IFIs deben prevenir o mitigar los impactos negativos vinculados a sus operaciones y proyectos. Por tanto, es vital que las IFIs reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y actúen en consecuencia implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo que el trabajo de las IFIs es crucial para el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en Nicaragua, recomienda:

• Fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense de manera a permitir la auditoría ciudadana de las políticas públicas sin hostigamiento, persecución o criminalización;
• Fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor;
• Cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
  Para más información descarga el informe aquí

Día de las madres en Nicaragua: la comunidad internacional debe amplificar su clamor por justicia

Washington D.C, 30 de mayo 2024.- El 30 de mayo se celebra el día de las madres en Nicaragua, un día que debería representar felicidad y paz, pero en este país centroamericano está marcado por luto y dolor. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconocemos la incansable búsqueda de justicia de las madres nicaragüenses y reanudamos nuestro compromiso con su lucha. Llamamos a la comunidad internacional a amplificar sus clamores de verdad, justicia, medidas de reparación y garantías de no repetición; considerando también demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Desde abril de 2018, al menos 355 madres perdieron a sus hijos por la represión estatal contra las protestas. Hace exactamente seis años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una masacre en una manifestación pacífica titulada “la madre de todas las marchas”. Su objetivo era que el pueblo nicaragüense expresara su solidaridad a las al menos 83 mujeres que habían perdido a sus hijos durante los primeros días de protestas. Durante dicha movilización, efectivos policiales y parapoliciales asesinaron a 19 manifestantes más.

“Nunca olvidaremos ‘la madre de todas las marchas’. Era un día de luto, un día de mostrar respeto y empatía a quienes perdieron a sus hijos, pero la dictadura mostró su cara más cruel disparando a matar. Ortega y Murillo convirtieron este día en una masacre atroz”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador de Raza e Igualdad.

“Las madres de abril no han podido vivir su luto en paz. No pueden siquiera ir a visitar la tumba de sus hijos. Sin embargo, en medio del dolor, la persecución y el exilio impuesto por la dictadura, continúan tomándose espacios de denuncia y preservación de la memoria histórica. Su compromiso con la verdad y la justicia sigue siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. ¡Su memoria nunca será olvidada, y sus voces nunca serán silenciadas!”, declaró Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

Las madres han organizado marchas y manifestaciones pacíficas para exigir verdad y rendición de cuentas en los países de acogida. Han creado el Museo de la Memoria contra la impunidad “AMA Y NO OLVIDA” para honrar y dignificar a sus hijos, y contrarrestar el discurso impulsado por el gobierno de que “eran delincuentes”. Este museo, al no poder continuar con su muestra itinerante en Nicaragua, ha sido instalado temporalmente en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Además, las madres han colaborado con organizaciones de derechos humanos para documentar casos de violaciones y abusos, brindando testimonios valiosos que ayudan a construir un registro histórico de los eventos. También han llevado su lucha a instancias internacionales, participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros espacios para sensibilizar sobre la situación en Nicaragua y presionar por acciones concretas.

“Debemos recordar que en las cárceles de Nicaragua hay mujeres que son madres  con contacto cero con sus hijos e hijas, por hacer uso de su voz para defender la libertad de Nicaragua. Tampoco podemos olvidar que el régimen ha desterrado a decenas de mujeres que tienen hijos e hijas de menores de edad, y cuya reunificación familiar ha sido gravemente obstaculizada e incluso imposible de realizarse”, dijo Carlos Quesada.

Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 15 de abril de 2024 al menos 23 mujeres se encontraban privadas por motivos políticos en centros de detención insalubres, en condiciones que se consideran tratos crueles e inhumanos, y tortura; y expuestas a riesgos adicionales por razón de género, como acoso y violencia sexual.

Por otro lado, en el grupo de 222 personas ex-presas políticas del régimen que fueron desterradas a Estados Unidos y en el listado de 94 personas declaradas “traidoras a la patria” en febrero de 2023, se encuentran decenas de madres y abuelas. Estas mujeres perdieron su nacionalidad, derechos ciudadanos, y sus registros en Nicaragua, afectando directamente la estabilidad física y emocional no solo de ellas, sino también de sus hijos e hijas. La administración de Nicaragua se empeña en negar los pasaportes y, en el caso de los menores de edad, a no entregar los permisos de salida, imposibilitando la reunificación familiar.

Entre estas madres y abuelas se encuentran mujeres mayores de 60 años y que padecen de enfermedades crónicas. A ellas, el régimen no solo les arrebató su ciudadanía y libertad de circulación, sino también les despojó de sus pensiones de jubilación y con ello su derecho a una vejez digna.

En este día de las madres en Nicaragua, la comunidad internacional debe escuchar y apoyar a estas valientes mujeres en su lucha por la justicia y la paz.

Nicaragua: Condenamos detenciones arbitrarias a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión

Violento fin de año en Nicaragua: Alerta máxima por redada sin precedentes contra líderes de la Iglesia católica

Washington D.C., 31 de diciembre de 2023.– A tan solo unas horas del cierre del año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza una alerta máxima a la comunidad internacional por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua. Raza e Igualdad llama a la condena internacional por la detención de al menos 14 religiosos en los últimos días de 2023, y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayores presiones que obliguen a que el régimen nicaragüense respete los derechos humanos y se les responsabilice por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción. Continuamos monitoreando y denunciando ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los crímenes cometidos; sin embargo, somos conscientes de que la gravedad de la situación excede nuestros esfuerzos. La comunidad internacional debe actuar urgentemente”, dijo Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de forma infundada, ha tildado a la Iglesia católica como “golpista” desde la participación de esta institución como mediadora de las negociaciones de la mesa de Diálogo Nacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis sociopolítica que inició en abril del año 2018. Los ataques hacia la Iglesia han ido adquiriendo mayores niveles de violencia e intentan instaurar el terror en los y las nicaragüenses que profesan su fe y escuchan a sus líderes religiosos.

En febrero de este año, el régimen excarceló, desterró a Estados Unidos y despojó de su nacionalidad nicaragüense a al menos 8 religiosos que mantenía privados de libertad por motivos políticos desde el año 2022; y envió a aislamiento en la cárcel “La Modelo” al Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión por los falsos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y despojado de su nacionalidad y derechos ciudadanos.

Asimismo, en 2023 el régimen cortó las relaciones diplomáticas con el Vaticano, “institucionalizó de facto” la prohibición de actividades religiosas, estableció vigilancia permanente en templos católicos, cerró y confiscó la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), encarceló y desterró al Vaticano a otros 12 sacerdotes,  y continuó su estrategia de “tierra arrasada” contra organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones religiosas. Se estima que al menos 76 monjas y 151 sacerdotes han sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

Los religiosos víctimas de esta redada de fin de año son el Obispo Isidoro Mora y los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios, de la Diócesis de Siuna; Monseñor Carlos Avilés, Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Mykel Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Héctor Treminio, de la Diócesis de Managua; Ervin López, Monseñor Jaime Ramos y Monseñor Marcos Díaz Prado, de Chinandega; Fernando Calero de Matagalpa; Monseñor Pablo Villafranca, de Masaya. Actualmente se desconoce el paradero de todos ellos, por lo cual están en una situación de desaparición forzosa.

Cabe destacar que el sacerdote Jader Guido y monseñor Óscar Escoto, de la Diócesis de Matagalpa, fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente liberados. Ambos se encuentran bajo una amenazante vigilancia policial y paramilitar.

“En este fin de año queremos expresar nuestra más enérgica condena, pero también nuestra solidaridad y nuestros deseos de esperanza y resiliencia al pueblo nicaragüense, particularmente a las familias de las víctimas de las detenciones arbitrarias y otros crímenes cometidos por la dictadura que permanecen en la impunidad. Reconocemos la labor de las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, todas aquellas que defienden la libertad religiosa, quienes son incansables en su quehacer. Este 2024 restablecer la democracia en Nicaragua debe ser una prioridad en nuestras agendas. ¡No nos olvidemos de Nicaragua!”, finalizó Christina Fetterhoff, Directora de Programa de Raza e Igualdad.