Organizaciones denuncian ante Corte IDH que 16 personas con medidas provisionales siguen en prisión por motivos políticos y bajo desaparición forzada en Nicaragua

• El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenidas a 16 personas, siete están desaparecidas y al menos cuatro presos políticos han muerto bajo custodia del Estado en el último año.

San José, Costa Rica. 19 de agosto de 2026.– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó este miércoles 19 de agosto una audiencia sobre los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otros y Cuatro Indígenas Mayangna Privados de Libertad, ambos respecto de Nicaragua. Ante los jueces y juezas, un bloque de organizaciones de derechos humanos advirtió que el régimen Ortega-Murillo mantiene su desacato permanente respecto de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal y que las 16 personas beneficiarias continúan arbitrariamente privadas de libertad, siete de ellas en situación de desaparición forzada.

La representación conjunta estuvo integrada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas. El Estado nicaragüense no se presentó.

En la audiencia participaron también la comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; y Ariela Peralta, experta del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, GHREN. Ambas reiteraron que el Estado debe cumplir de inmediato con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH.

En sus alegatos, las organizaciones recordaron que la Corte IDH ha emitido 20 resoluciones en ambos asuntos ordenando al Estado liberar de inmediato a las personas detenidas y proteger su vida, integridad y libertad. Pese a ello, ninguna ha sido liberada. Al menos dos personas beneficiarias de medidas provisionales han fallecido bajo custodia estatal.

Las organizaciones documentaron un patrón de condiciones carcelarias incompatibles con la dignidad humana: celdas selladas y sin ventilación, plagas, iluminación permanente, falta de agua potable y de alimentación adecuada, ausencia de atención médica y aislamiento severo del contacto con familiares y abogados. Estas condiciones se agravan en el caso de al menos siete personas mayores de edad y con enfermedades crónicas. Así como la preocupación de las mujeres beneficiarias por los riesgos particulares por su condición de género.

La representación subrayó el deterioro acelerado del Estado de Derecho en el último año. En febrero de 2025, una “reforma constitucional” derogó la prohibición de la tortura, suprimió garantías del debido proceso y disolvió la separación de poderes. El 19 de julio de 2026, Daniel Ortega afirmó públicamente que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. En los últimos doce meses se reportaron al menos cuatro muertes de personas presas políticas bajo custodia estatal. La más reciente fue la del destacado líder indígena Brooklyn Rivera, Ta Upla del pueblo Miskitu, ocurrida el 30 de mayo de 2026, tras más de 970 días en desaparición forzada.

Especial preocupación generó la situación de los cuatro beneficiarios del pueblo indígena Mayangna, a quienes se les prohíbe comunicarse en su lengua, se les ha humillado por sus prácticas religiosas y, según se reportó, fueron golpeados por custodios penitenciarios en abril de 2026.

Durante la audiencia se leyeron testimonios de familiares que no pudieron estar presentes, entre ellos los de las familias de Jaime Enrique Navarrete, Víctor Boitano Coleman, Eddie Moisés González Valdivia y del líder indígena Steadman Fagoth Müller, este último condenado a 105 años de prisión tras denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos.

“El grave riesgo de daño irreparable para las personas beneficiarias no sólo continúa vigente, sino que se ha agravado. Por ello, solicitamos a la Corte mantener las medidas provisionales y ordenar nuevamente al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas beneficiarias, incluyendo aquellas que ya cumplieron las condenas arbitrariamente impuestas, como José Manuel Urbina Lara y Jaime Enrique Navarrete”, señalaron las organizaciones que acompañan a los beneficiarios y familiares víctimas del régimen Ortega – Murillo.

Ante el Tribunal, las organizaciones solicitaron mantener vigentes las medidas provisionales, ordenar nuevamente la liberación inmediata de las 16 personas beneficiarias, exigir prueba de vida con verificación independiente para las personas desaparecidas y reafirmar que Nicaragua permanece en desacato ante la Corte IDH.

También pidieron instar al Consejo Permanente de la OEA y a los Estados Parte de la Convención Americana adoptar todas las medidas a su alcance para que el régimen cumpla lo ordenado.

Mira la transmisión de la audiencia pública aquí.

Nicaragua y el 19 de julio: Del fin de una dictadura a la consolidación de un régimen represivo

Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.

A ocho años del inicio de la crisis en Nicaragua: una realidad que persiste y exige acción sostenida

Washington, D.C., 17 de abril de 2026.– A ocho años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que esta no es un recuerdo que pueda borrar el tiempo: es una realidad que se ha transformado, profundizado y que continúa afectando la vida de miles de personas dentro y fuera del país.

Desde abril de 2018, el país ha atravesado un proceso sostenido de represión que ha evolucionado con el tiempo. Lo que inició como una respuesta violenta a las protestas sociales se ha consolidado en un sistema de control que restringe las libertades fundamentales, castiga la disidencia y ha cerrado por completo el espacio cívico.

En Raza e Igualdad hemos dado seguimiento a esta crisis desde sus inicios, realizando acciones de documentación orientada al litigio estratégico ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como incidencia ante delegaciones diplomáticas y mecanismos internacionales de derechos humanos. Y hoy, nos preguntamos: ¿Qué significan estos ocho años?.

Significan ocho años de persecución política y represión continua, en los que la violencia visible ha sido reemplazada por mecanismos más sofisticados de vigilancia y control.
Ocho años de silencio impuesto, donde ejercer la libertad de expresión implica riesgos reales de criminalización y cárcel.
Ocho años de destierros y exilio forzado, que han fracturado familias y comunidades enteras.
Ocho años de impunidad, en los que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos continúan esperando verdad, reparación y garantías de no repetición.

En este periodo, la persecución política de la dictadura se ha expandido más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en el exilio mediante actos de represión transnacional. A ello se suman los ataques continuos contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las restricciones a la libertad religiosa y el cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil y restricciones incompatibles con la libertad de asociación.

La situación en Nicaragua continúa siendo abordada en distintos espacios internacionales; sin embargo, persiste el desafío de sostener una atención y una respuesta acordes a la gravedad y prolongación de la crisis. El riesgo, en este contexto, es que su continuidad contribuya a una peligrosa normalización si no se consolidan los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas frente a un régimen que ha cometido —y continúa cometiendo— crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.

Creemos que a pesar de estos desafíos, la persistencia de la sociedad civil nicaragüense, dentro y fuera del país, así como el trabajo sostenido de mecanismos internacionales de derechos humanos, demuestran que esta crisis sigue siendo documentada, denunciada y acompañada. Estos esfuerzos son fundamentales y deben continuar.

En este contexto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas, así como a otros actores de la comunidad internacional, a mantener y fortalecer la atención sobre Nicaragua y a adoptar acciones concretas y sostenidas que contribuyan a la rendición de cuentas, en aplicación de la garantía colectiva de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En particular, instamos a:

• Impulsar resoluciones firmes en el marco de la OEA que reconozcan la persistencia de graves violaciones de derechos humanos y demanden acciones concretas del Estado nicaragüense.
• Fortalecer y respaldar los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación, incluyendo el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos independientes, garantizando los recursos necesarios para su continuidad.
• Adoptar medidas de presión diplomática y sanciones individuales específicas, dirigidas a quienes sean responsables de violaciones graves de derechos humanos, en conformidad con el derecho internacional.
• Reforzar la protección a personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo garantías de no devolución, acceso a mecanismos específicos de protección internacional y reconocimiento de su condición de riesgo.
• Avanzar en acciones de responsabilidad internacional, incluyendo la remisión de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
• Mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda internacional, evitando su desplazamiento por otras crisis globales que también requieren atención.
• Reconocer, investigar, juzgar y sancionar los actos de represión transnacional cometidos contra personas nicaragüenses en el exilio, garantizando su protección y el acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, instamos a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a mantener y fortalecer el monitoreo activo de la situación, así como a continuar generando espacios que permitan visibilizar las voces de las víctimas y de la sociedad civil nicaragüense.

A ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua no puede ser tratada como un caso más. La persistencia de violaciones graves y sistemáticas exige respuestas proporcionales, coordinadas y efectivas por parte de la comunidad internacional.

En este  aniversario recordamos a todas las víctimas de la represión, denunciamos que la crisis continúa y expresamos nuestra firme convicción de que las acciones sostenidas pueden hacer la diferencia.

Ocho años después, el silencio no es una opción.
Porque la crisis prolongada que vive Nicaragua y un sector de la población perseguido localmente e incluso más allá de sus fronteras sigue cobrando víctimas,  y por ello, debe enfrentarse con acciones decididas y sostenidas que conduzcan a Nicaragua a recobrar su libertad.

Excarcelaciones condicionadas no son libertad: Raza e Igualdad exige liberaciones plenas en Nicaragua

Washington, D.C., 12 de enero de 2026.– Ante las recientes excarcelaciones de personas que estaban en prisión por motivos políticos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su preocupación por las condiciones y restricciones bajo las cuales se están realizando, las cuales son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

El sábado 10 de enero, el régimen Ortega-Murillo emitió un comunicado anunciando que “retornaban a sus hogares” nicaragüenses que “permanecían bajo resguardo de las autoridades pertinentes”, en alusión a personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua señala que, tras verificar directamente con familiares, fueron 24 las personas excarceladas ese día.

Desde Raza e Igualdad reconocemos el alivio que estas excarcelaciones representan, especialmente para sus familiares; sin embargo, nos preocupa que tanto en este caso como en el caso de las excarcelaciones ocurridas en noviembre y diciembre de 2025, las personas beneficiarias no gocen de libertad plena, puesto que deben presentarse ante las autoridades diariamente, informarles si saldrán de sus municipios y tienen restringido su derecho a la libertad de expresión, medidas que son incompatibles con los principios de la Democracia y el respeto por los derechos humanos.

Así mismo, recordamos que al menos 38 personas continúan en prisión por motivos políticos en Nicaragua, las cuales sufren duras condiciones en las cárceles del régimen Ortega-Murillo, que incluyen malos tratos, torturas, amenazas, falta de atención médica y falta de alimentación adecuada. Algunos son adultos mayores con padecimientos crónicos que no están siendo debidamente atendidos y cuyas vidas corren riesgo. Destacamos el caso de los líderes indígenas Nancy Elizabeth Henríquez, Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth, ex militares y activistas y personas opositoras o consideradas como tales, todos víctimas de un sistema judicial carente de la independencia necesaria para impartir justicia.

El sistema interamericano de protección ha otorgado medidas cautelares y provisionales para varias de estas personas[1] y en otros casos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha declarado la arbitrariedad de sus detenciones y ha exhortado al gobierno a liberarles de inmediato, indemnizarles y  concederles otros tipos de reparación[2].

A la comunidad internacional le recordamos que estas excarcelaciones se producen, además, en un contexto político particularmente sensible: coinciden con el 19 aniversario del regreso al poder de Daniel Ortega, y ocurren una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que fue seguido por la liberación de personas presas políticas en ese país. Este entorno regional refuerza la necesidad de observar con especial atención las decisiones del régimen nicaragüense y de exigir que cualquier medida relacionada con la libertad de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos responda a obligaciones jurídicas internacionales que deben ser cumplidas, más que a cálculos políticos coyunturales en base a los cuales el régimen nicaragüense no está poniendo fin al patrón establecido de las detenciones políticamente motivadas.

Raza e Igualdad también ve con profunda preocupación la escalada represiva emprendida por el régimen Ortega-Murillo tras la captura del dictador Nicolas Maduro en Venezuela, la cual habría tenido como principal consecuencia redadas que tuvieron como resultado la detención de al menos 60 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco. Se desconoce con exactitud cuántas de estas personas fueron liberadas y cuántas continúan detenidas. Nuestra solidaridad hacia sus familias, que se enfrentan ahora a la incertidumbre y angustia por la falta de sus seres queridos, el desconocimiento de las condiciones en las que se encuentran  y las consecuencias que dichas detenciones conllevan.

Raza e Igualdad exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan en prisión por motivos políticos. Solo el cese de la represión podrá contribuir a empezar a crear las condiciones que permitan alcanzar una paz duradera, basada en el respeto de los derechos humanos.

[1] Medidas provisionales para Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth, entre otras.

[2] Opiniones Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) No. 70/2024 referida a Nancy Elizabeth Henríquez, Opinión 22/2025 referida a Rodrigo Bruno Arcangel, Stony (Tony) Bruno Smith, Oliver (Ovier) Bruno Palacios, Evertz (Evert) Bruno Palacios (Nicaragua) y Opinion No. 30/2024 referida a Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías (Nicaragua).