Alta Comisionada de Naciones Unidas: Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses

Alta Comisionada de Naciones Unidas: Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses

Washington D.C., 13 de septiembre de 2021.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este lunes 13 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su segunda actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Bachelet lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral del país, y se refirió a las detenciones arbitrarias que ha ejecutado el Gobierno desde mayo 2021 a la fecha, destacando que debido a la situación de incomunicación, aislamiento y la falta del debido proceso -especialmente en el caso de las mujeres- varios aprisionamientos presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.

En su actualización oral, Bachelet expresó que la salida a la crisis de derechos humanos requiere la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. “Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas… Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales… Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció. 

Desde el 28 de mayo de 2021, su Oficina ha documentado la detención arbitraria y acusación de más de 30 personas, entre ellas defensoras y defensores de derechos humanos, empresarios, líderes campesinos, líderes estudiantiles y seis personas que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia de Nicaragua. 

Por otro lado, la Alta Comisionada denunció la intensificación de los ataques a la libertad de expresión y la libertad de asociación, el incremento de la violencia contra pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la imposibilidad de valorar el estado de la pandemia en Nicaragua por la ausencia de información oficial sobre los contagios y muertes relacionadas al Covid-19. 

Según la información brindada por su Oficina, al menos doce periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación se han exiliado para proteger sus vidas en el marco de las citatorias, amenazas y detenciones dictadas por el Ministerio Público; además, destacó como evidencias del deterioro, la suspensión de la versión impresa del Diario La Prensa por obstáculos aduaneros, el posterior allanamiento de sus instalaciones, la incautación de bienes y la detención de su gerente general.

Respecto al derecho de asociación, recordó que la Asamblea Nacional clausuró cuarenta y cinco organizaciones sin fines de lucro, entre ellas seis organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de mujeres y organizaciones médicas que cuestionaron las respuesta gubernamental ante la pandemia. 

Además, informó que al menos nueve personas indígenas resultaron muertas en un ataque relacionado con una disputa sobre tierras en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), el pasado 23 de agosto.“Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registrados en esa misma área desde enero de 2020 permanecen impunes”, manifestó Bachelet. 

Ante este deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada expresó que es el deber del Gobierno de Nicaragua volver a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos; cesar la represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y liberar de forma inmediata y sin condiciones a más de 130 personas que se encuentran detenidas desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.

Finalmente, Bachelet exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en el país, contando con la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para contribuir a dichos esfuerzos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), nos unimos al llamado urgente de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que continúe contribuyendo a la superación de la crisis de derechos humanos de Nicaragua.

Particularmente, respaldamos los esfuerzos de la Alta Comisionada y su Oficina en la formulación de múltiples recomendaciones que, si bien según nuestro Marco de Monitoreo de la Resolución 46/2 no han sido implementadas por el Gobierno de Nicaragua, trazan el camino para una salida con justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis de derechos humanos de Nicaragua. 

Una vez más, urgimos al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión contra personas defensoras, periodistas y personas consideradas como “opositoras”, a liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos, y demás acciones necesarias para implementar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los Procedimientos Especiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Invitamos a la sociedad civil nicaragüense, medios de comunicación y comunidad internacional a unir esfuerzos para continuar monitoreando, documentando, denunciando y condenando las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Si le interesa obtener más información sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, por favor contactarse directamente con Tania Agosti, Asesora legal en Ginebra ( Agosti@RaceandEquality.org).

CIDH otorga medidas cautelares a favor de la periodista Georgina Vargas 

A solicitud del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el 28 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista independiente de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Georgina Roxana Vargas Clarens, por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua. 

En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la periodista Vargas Clarens, asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal, y proteja sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que Vargas Clarens “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Situación de riesgo acentuada por ser mujer y periodista independiente

La Comisión asegura que la situación de riesgo de Vargas Clarens “se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, así como en un contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país”.

Vargas Clarens se desempeña como corresponsal en la RACCN de Canal 10 de televisión desde el año 2013. Ha realizado reportajes periodísticos e investigativos sobre las invasiones a los territorios indígenas cometidas por diversos grupos de colonos con la aquiescencia de las autoridades locales y estatales. A su vez, ha documentado y divulgado las constantes agresiones de autoridades públicas contra comunitarios, y ha brindado cobertura especial a los distintos comicios electorales que se han celebrado en los últimos años en la Costa Caribe.

La Comisión reconoce que su situación de riesgo está relacionada directamente con su labor periodística, a consecuencia de la cual ha sido intimidada, amenazada, hostigada y agredida físicamente; represalias que se han acentuado con el tiempo, particularmente desde 2018 a la fecha. Asimismo, resalta que resulta sumamente preocupante que varias de las amenazas más recientes en su contra habrían venido de autoridades estatales.

La CIDH también enfatiza que “la propuesta beneficiaria tiene limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista en Nicaragua”. Asimismo, reconoce que existe cierta hostilidad por parte de actores estatales hacia ella, quienes además tendrían como objetivo de tenerla bajo estricta vigilancia y control a lo largo del tiempo”.  

Adicionalmente, la Comisión advierte que esta situación de riesgo se acentúa por el hecho de ser mujer periodista, ya que al ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera activa y mantener un alto perfil público, Vargas se ve enfrentada a la violencia y la discriminación basada en género, así́ como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales.

Finalmente, la Comisión expresa que el Estado de Nicaragua ha tenido conocimiento, internamente y a través del presente procedimiento, de la situación de riesgo enfrentada por la periodista Vargas Clarens, dadas las denuncias policiales interpuestas por la beneficiaria. Sin embargo, estima que el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante. También tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la beneficiaria como mujer periodista; por tanto, otorgó las medidas cautelares solicitadas en  favor de la periodista Georgina Vargas Clarens. 

Pronunciamiento

Como organizaciones que acompañamos a las y los periodistas independientes en el marco de la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Georgina Vargas, reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en la RACCN y en Nicaragua en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres periodistas; y reafirma la responsabilidad del Estado de Nicaragua de tomar todas las medidas para garantizar su protección, cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad publica análisis sobre personas detenidas por motivos políticos y llama a los órganos de protección del Sistema Interamericano a sostener el requerimiento a los Estados de su inmediata liberación

Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

 

Foto: Óscar Navarrete.

Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua

Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua, condene las violaciones a estos derechos y haga un llamado a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Igualmente, instamos a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión. A continuación, haremos un recuento de las últimas agresiones:

Este 12 de agosto circuló la última edición impresa del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. La Prensa goza desde hace años de una exoneración fiscal sobre el papel y otros insumos que el periódico requiere para circular. Esta exoneración está avalada por la Constitución de Nicaragua.  La Dirección General de Aduanas (DGA) no les entrega las exoneraciones fiscales correspondientes para acceder a papel y otros insumos necesarios para la impresión del periódico, pese a que el trámite de solicitud de exoneración se realizó el 26 de julio de 2021. Por la misma razón, un día antes dejó de circular el diario Hoy, otro de los productos editoriales de La Prensa. La negativa por parte de la DGA es violatoria de la Constitución[1] y de la ley que indica que se debe resolver en un periodo máximo de diez días.

Además, el 13 de agosto, al día siguiente de que la edición impresa de La Prensa dejará de circular, las instalaciones del diario La Prensa fueron tomadas por patrullas policiales que allanaron las oficinas y la sala de la rotativa del periódico, y, sin orden judicial, sacaron cajas con documentos, computadoras y otros bienes de las instalaciones. Al ingresar a las instalaciones, interrumpieron el servicio de internet y no dejaron que los personas que se encontraban dentro usaran sus celulares. Además, permanecieron retenidas durante las más de 12 horas que duró el allanamiento

Horas después, la Policía emitió un comunicado informando que el Estado iniciaba una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, «por los delitos de Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».

La madrugada del 14 de agosto las autoridades policiales trasladaron a las oficinas y cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario, con el argumento que debía firmar documentos. Posteriormente, el 16 de agosto, el Ministerio Público anunció, mediante una nota de prensa, que Holmann había sido detenido y se le habían impuesto 90 días de prisión por el proceso de investigación contra el medio. A la fecha el edificio de La Prensa continúa tomado por agentes policiales fuertemente armados y no permiten el ingreso de los periodistas y otros colaboradores.

Lo ocurrido con La Prensa en los últimos días se suma a una serie de ataques y acciones intimidatorias cometidas por el Estado nicaragüense en contra de la prensa y de voces críticas. A raíz del proceso abierto en el mes de mayo, contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de activos, más de 30 periodistas han sido llamados a entrevistas al Ministerio Público. En las entrevistas se les ha amenazado con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos como consecuencia de sus publicaciones, siendo esto un claro ejemplo del uso del aparato judicial para amedrentar a la prensa y las voces críticas.

En los últimos meses se han abierto múltiples procesos judiciales contra voces críticas y líderes de oposición, a quienes se les les investiga actualmente por supuesta traición a la patria bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y hasta la fecha, hay 33 personas detenidas por ejercer su derecho a disentir del actual gobierno, y  haber sido identificadas como “opositores al gobierno”.   Entre los detenidos se encuentra el periodista deportivo Miguel Mendoza y el comentarista político Jaime Arellano. Asimismo, varias decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse o desplazarse   para evitar la posibilidad de ser encarcelados y criminalizados injustamente.

Lo que está ocurriendo, sin duda alguna constituye un acto de hostigamiento contra la prensa y pretende generar un efecto inhibitorio en los periodistas en un momento en que su trabajo es crucial. A pocos meses de que se lleven a cabo elecciones nacionales en el país, es indispensable el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. El principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH dispone que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Como organizaciones que defendemos y promovemos la libertad de expresión y de prensa:

  1. Llamamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las autoridades de la comunidad internacional, a condenar públicamente las violaciones a la libertad de expresión y a hacer un llamado a restablecer  las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Además, llamamos a los gobiernos de  la comunidad internacional a urgir  a las autoridades nicaragüenses para que garanticen la seguridad y protección de quienes ejercen sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluyendo aquellos que han sido acusados, detenidos o llamados a comparecer ante las autoridades judiciales; así como a monitorear las próximas acciones que pueda emprender el Estado para la criminalización de quienes reclaman ejercer sus derechos cívicos.
  2. Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que nuevamente soliciten al Estado de Nicaragua permitir una visita al país para constatar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión luego del recrudecimiento de los hechos suscitados entre mayo y agosto de 2021.
  3. Llamamos a los organismos de protección de  derechos humanos de la OEA y ONU a responder de forma coordinada ante la crisis que actualmente se vive en Nicaragua.
  4. Demandamos al Ministerio Público de Nicaragua que cese las agresiones, persecuciones y judicializaciones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.
  5. Urgimos a las autoridades aduaneras liberar el material de La Prensa en cumplimiento a las leyes vigentes.
  6. Demandamos la liberación inmediata de los tres directivos de la Prensa encarcelados: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, así como del candidato a la presidencia y periodista Miguel Mora, el periodista Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano y todos y todas las y los presos políticos que permanecen arbitrariamente privados de libertad en las cárceles del país
  7. Emplazamos al Estado nicaragüense a cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de la población a estar informada.

Suscriben,

AMARC-ALC

Committee to Protect Journalists (CPJ)

IFEX-ALC

Instituto Internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos

PEN Internacional

Voces del Sur

[1] La importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.

Las leyes tributarias regularán la materia. Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento.

Organizaciones de derechos humanos evalúan la implementación de la Resolución reforzada de la ONU sobre Nicaragua

Washington D.C., 11 de agosto de 2021.- Trece organizaciones de derechos humanos unen esfuerzos para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la resolución reforzada sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua (Resolución 46/2), que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 23 de marzo de 2021.

Esta resolución solicita una ampliación del mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con la presentación de dos actualizaciones orales en las sesiones del Consejo de junio y septiembre de 2021, una actualización oral con recomendaciones en el marco de las elecciones generales de noviembre de 2021, y un informe exhaustivo en la sesión de marzo de 2022.

Asimismo, realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Nicaragua con relación a la situación de las personas defensoras de derechos humanos, los derechos a las libertades de expresión y de asociación, las detenciones y reclusiones arbitrarias, la violencia sexual y de género, los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la salud, a la educación y al trabajo; la garantía de elecciones libres, justas, transparentes y con observación independiente; el retorno de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, entre otras.

El pasado 22 de junio, en la primera actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Tras dicha actualización, las organizaciones firmantes realizaron el primer marco de evaluación de la resolución 46/2 que mide el nivel de implementación de cada una de las recomendaciones de la ONU a través de indicadores independientes y con base en el monitoreo de acciones concretas respaldadas por información pública de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, así como de informes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Al finalizar este análisis, las organizaciones concluyen que el Gobierno de Nicaragua:

  • No ha tomado ninguna acción para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2, con la excepción de la liberación de la defensora Celia Cruz el día 25 de abril. Sin embargo su situación jurídica es incierta ya que el 18 de mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la sentencia por la cual Celia Cruz fue condenada a trece años de prisión.
  • No ha tomado pasos para implementar recomendaciones iniciales o con plazos de tiempo específicos, como la adopción de un plan de acción de implementación, o de reformas electorales a más tardar en mayo 2021. El Gobierno ha rechazado cualquier crítica como “posiciones intervencionistas y supremacistas”.
  • Ha adoptado acciones contrarias a las recomendaciones, que han resultado en una reducción drástica del espacio para la sociedad civil, y en una escalada de los ataques a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas pre-candidatas presidenciales y disidentes.

Pronunciamiento

Las organizaciones firmantes instamos al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente la represión, liberar a todas las personas presas políticas y adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que continúe monitoreando, documentando y denunciando de forma conjunta la grave situación de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua.

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse a nuestros esfuerzos compartiendo el primer marco de evaluación usando los hashtags #SOSNicaragua y #NicaraguaEnLaONU, denunciando los atropellos a los derechos humanos en Nicaragua y monitoreando la próxima actualización oral de la Alta Comisionada de Naciones que se llevará a cabo en septiembre de 2021.

Raza e Igualdad presenta su informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”

Washington D.C., 7 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) publicó este miércoles 7 de julio de 2021 el informe “Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política’”, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una exhaustiva investigación sobre las violaciones cometidas contra las personas presas políticas en el marco de sus detenciones en el contexto de las protestas sociales de abril 2018, así como durante sus procesos judiciales.

Tras las protestas sociales de abril 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 328 personas, miles de personas exiliadas, centenares de detenciones por razones políticas y la permanencia de más de 124 personas presas políticas en las cárceles de Nicaragua. 

Raza e Igualdad identificó que, entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, un total de 657 personas fueron detenidas arbitrariamente, dentro de las cuales 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones. 

Cabe destacar que, de todos los procesos penales realizados, 51% concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión y 96 (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.

Por otro lado, es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos. Estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otros.

La Oficial Senior del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, Ana Bolaños, concluyó que “El Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad”.

Para la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, este informe es un gran aporte para la comunidad internacional porque visibiliza “los antecedentes políticos e institucionales, que sirvieron de base al actual deterioro que ha permitido la crisis que hoy en día presenciamos”, y además “realiza un exhaustivo análisis a las violaciones cometidas en contra de las personas presas políticas en el marco de sus detenciones y durante sus procesos judiciales, así como los desafíos que enfrenta la institucionalidad en Nicaragua”.

Ante esta alarmante situación de las personas presas políticas y excarceladas, Raza e Igualdad incluye en este informe una serie de recomendaciones para el Estado de Nicaragua, entre las cuales destacan:

  1. Liberar de forma inmediata a todas las personas aún detenidas por hechos vinculados a las protestas de abril e incluso a aquellos que estuvieren siendo procesados por delitos comunes como represalia por su disidencia.
  2. Cesar el asedio policial y parapolicial, así como cualquier otra represalia en contra de las personas que fueron detenidas, procesadas y excarceladas por las protestas de abril 2018; sus abogados defensores, las organizaciones que acompañan su defensa y el periodismo independiente que informa respecto de la situación de las personas en prisión.
  3. Adoptar todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas, sobre las detenciones ilegales, abusos de autoridad, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidas por autoridades.
  4. Permitir el retorno de los mecanismos internacionales de protección y garantía de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH).

A partir de hoy, este informe puede ser consultado y descargado del sitio web de Raza e Igualdad en el siguiente enlace.

Organizaciones alertan a la ONU sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua

En el diálogo interactivo con el Relator especial sobre la libertad de asociación, durante la 47° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 30 organizaciones nicaragüenses y del mundo, alertamos a la comunidad internacional sobre el grave deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua.

PRONUNCIAMIENTO

01 de Julio 2021. En nombre de las organizaciones firmantes, agradecemos al Relator especial por su informe sobre el acceso a la justicia en el contexto del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que es particularmente relevante en el caso de Nicaragua.

Deploramos que Nicaragua está lejos de cumplir con las recomendaciones de su informe, como lo destacó también la Alta Comisionada en su actualización.

La falta de separación de poderes garantiza la impunidad de los ataques arbitrarios contra las organizaciones de la sociedad civil y la prevalencia de un marco legal que restringe drásticamente la libertad de asociación.

La estigmatización y los obstáculos a la labor de defensa de las víctimas siguen siendo la regla para defensores de derechos humanos y abogados independientes, y las personas arbitrariamente criminalizadas a las que acompañan siguen enfrentando flagrantes violaciones al debido proceso.

La comunidad internacional en general, y particularmente el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, tienen un papel urgente que desempeñar de cara a las elecciones generales de noviembre.

Deberían instar a la liberación de todas las personas presas políticas, incluido candidatos presidenciales, personas defensoras de derechos humanos, líderes cívicos y periodistas.

Deberían también urgir al Gobierno a restituir de las libertades fundamentales, derogando todo el marco normativo que obstruye la libertad de asociación y reunión: la Ley de Agentes Extranjeros y su reglamento, la Ley de Lavado de Dinero, el dominio de la Policía Nacional sobre las manifestaciones y movilizaciones, entre otros.

Asimismo, instar al Gobierno a garantizar un entorno libre y seguro para los abogados, las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil durante y después del proceso electoral.

Por último, urgimos a Nicaragua a permitir la visita de su mandato como a otros Procedimientos Especiales, conforme a su invitación abierta;

Sin este apoyo crucial, el Estado de Nicaragua seguirá su ruta para evitar la debida rendición de cuentas, consolidando aún más la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos tres años.

Gracias, señora presidenta.

Organizaciones de derechos humanos le piden a la ONU y a la CIDH pronunciarse sobre situación de lideresas, políticas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Tras una nueva etapa represiva y violatoria de los derechos humanos en el país centroamericano, un grupo de organizaciones solicitó a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; a Margaret Macaulay, Comisionada y Relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), un pronunciamiento e intervención que permita, entre otras cosas, poner fin inmediato a la persecución y represión de mujeres defensoras de derechos humanos y de sus organizaciones.

Primero de julio de 2021. Ante la escalada de represión y criminalización contra líderes y lideresas sociales y políticas/os registradas en las últimas semanas, alrededor de 300 organizaciones y redes de mujeres, feministas y de derechos humanos nacionales y regionales, suscribimos un pedido de pronunciamiento e intervención dirigido a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; a Margaret Macaulay, Comisionada y Relatora de los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Si bien la ONU y la CIDH-OEA ya han condenado la persecución penal contra ciudadanas/os que se oponen al actual gobierno, en las últimas semanas se ha recrudecido el hostigamiento legal y económico a un sinnúmero de personas y organizaciones, y se han multiplicado los hechos violatorios de los derechos humanos y las garantías democráticas. Todo esto en la antesala del proceso electoral.

A las organizaciones firmantes nos preocupa la impunidad con la que opera el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta Rosario Murillo, en particular, la integridad de luchadoras históricas que permanecen detenidas, y la amenaza cotidiana de caer presas que enfrentan las voces críticas de un Gobierno que violenta los derechos de las mujeres de manera sistemática.

En nuestra comunicación solicitamos a las instancias del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos relativas a los derechos de las mujeres se pronuncien y actúen frente al deterioro institucional y la crisis de derechos humanos en Nicaragua y que exijan al Gobierno el cumplimiento de las obligaciones estatales de respeto y garantía de derechos para las mujeres y la ciudadanía en general.

Más información:

Carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU

Carta al Comité de Expertas MESECVI

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y  licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

  • Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
  • Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
  • Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
  • Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
  • Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Alta Comisionada de la ONU: Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción frente al proceso electoral  

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes 22 de junio, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una actualización oral sobre Nicaragua, en la que expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”. 

En su actualización, Bachelet lamentó que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, el Estado de Nicaragua continúa sin cumplir casi la totalidad de las recomendaciones formuladas. 

Bachelet denunció las diferentes acciones represivas perpetradas por la Policía Nacional, paramilitares, medios oficialistas y otras autoridades estatales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes, periodistas y medios de comunicación independientes, comunidades indígenas de Caribe Norte, campesinos, familiares de personas asesinadas en 2018, entre otros. 

La Alta Comisionada considera que las más recientes detenciones a miembros de la oposición se han dado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria”, además que están “marcadas por graves violaciones de las garantías procesales” y por el uso de leyes que ya habían sido cuestionadas por su oficina y otros mecanismos, tales como son la “Ley nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo”, la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz” y la reforma al Código Procesal Penal para extender la prisión preventiva a un término de hasta 90 días mientras dura la investigación.  

Asimismo, Bachelet expuso que la ley de reforma electoral adoptada el pasado mes de mayo “no introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”.  

Ante este panorama represivo, la Alta Comisionada llamó al Gobierno de Nicaragua a rectificar el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral, a través de: la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; el cese de todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; el restablecimiento de los derechos y las  libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y la derogación de la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. 

Igualmente, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que “considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, y expresó la urgencia de que se autorice el regreso de la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos de derechos humanos a Nicaragua. 

Al finalizar la actualización oral de la Alta Comisionada, el representante del Estado de Nicaragua ejerció su derecho de réplica. Como en ocasiones anteriores, el canciller Denis Moncada Colindres aseguró que su presencia en la sesión era para “defender la justicia y la paz”, defender el derecho de Nicaragua “a vivir sin intromisiones extranjeras” y decir “ya basta”. 

Más de 59 países firmaron una declaración conjunta que insta al Estado de Nicaragua a que “se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”. Además, la Unión Europea, Suiza, Francia, Argentina y Liechtenstein hicieron referencia a la situación de derechos humanos en Nicaragua en sus declaraciones individuales. 

Pronunciamiento
Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respaldamos esta actualización de la Alta Comisionada y todos los esfuerzos de Naciones Unidas para contribuir a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua. Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su continuo monitoreo, documentación, denuncia y condena de las violaciones a derechos humanos en el contexto electoral del país.  

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a liberar de forma inmediata y sin condiciones a todas las personas presas políticas, cesar las acciones represivas contra voces disidentes, permitir el acceso de mecanismos de derechos humanos y demás medidas que garanticen la celebración de elecciones justas, libres y transparentes el próximo 7 de noviembre de 2021. 

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