Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y ex-funcionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 144 días de las elecciones generales en Nicaragua. 

En mayo de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega,  a través del Ministerio Público, inició una investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y dos ex-trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y  Marcos Fletes, por el supuesto delito de «lavado de dinero”, presuntamente detectado en los informes financieros del período 2015 al 2019 de dicha organización. 

Periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han catalogado esta investigación como “parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos”, ya que la Fiscalía ha citado e interrogado a decenas de periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de empresas que tuvieron  algún tipo de relación con FVBCH. 

El pasado 25 de mayo por la noche, los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, ex-contador y ex-administrador financiero de FVBCH, respectivamente, fueron capturados con violencia por policías y paramilitares. 

El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro; así como la restricción migratoria de la periodista de Univisión, María Lilly Delgado, y los ex trabajadores de FVBCH, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, quienes fueron citados en su calidad de testigos, sin embargo, al éstos solicitar la presencia de sus abogados, los fiscales les advirtieron que por ello pasarían a ser investigados. 

Posteriormente, el 2 de junio, una juez dictó orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro Barrios. Su casa fue allanada por decenas de agentes policiales y paramilitares por más de cinco horas y desde ese momento, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario e incomunicada. 

Tres días después, el 5 de junio, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue detenido de manera arbitraria en el aeropuerto de Managua por actos catalogados como “traición a la Patria”, de acuerdo a la controvertida Ley 1055; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz.

El 8 de junio, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares» y «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Al finalizar su cita, el aspirante fue interceptado y arrestado junto a su conductor y su abogado, quienes luego fueron liberados. 

Esa misma noche, la Policía Nacional allanó las viviendas y detuvo al aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y al ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri; e impuso casa por cárcel a la activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares». 

El 9 de junio, el ex-diputado José Pallais, quien es miembro de la Coalición Nacional, también fue arrestado en su casa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos”, “exaltar y aplaudir sanciones”, entre otras acciones citadas en la Ley 1055.

La noche del 11 de junio, la UNAB y el CENIDH denunciaron que Violeta Granera fue trasladada en un transporte no oficial desde su casa con rumbo desconocido, que resultó ser la Dirección de Auxilio Judicial. La noche siguiente, Tamara Dávila, quien también es miembro del Consejo Político de la UNAB y dirigente del partido Unamos (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), fue detenida por los mismo cargos.

El día 13 de junio, la Policía Nacional allanó las casa de habitación y detuvo a liderazgos de la disidencia sandinista y miembros del partido Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre ellos, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona; su vicepresidente, el General en retiro, Hugo Torres; una de las figuras prominentes de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez; la ex-presidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, y el ex-canciller del primer Gobierno Sandinista, Víctor Hugo Tinoco. 

Finalmente, la noche del 15 de junio, la Policía Nacional arrestó al actual Presidente Ejecutivo del Banco de Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien también estaría siendo investigado por cargos amparados en la Ley 1055. 

Cabe destacar que esta nueva ola de allanamientos y detenciones se han dado sin órdenes judiciales y en condiciones inusuales. La mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos detenidos se encuentran incomunicados, no se les ha permitido recibir visitas, ni reunirse con sus abogados. 

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición; así como la imposición de la  medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. 

Firman

Due Process of Law Foundation
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Center for Justice and International Law
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
CIVICUS
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
OXFAM
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen cese de la represión contra voces críticas y periodistas de Nicaragua

AMARC-ALC, IFEX-ALC, PEN Internacional, Race and Equality y Voces del Sur condenan enérgicamente el recrudecimiento de la represión contra periodistas independientes y voces críticas del Gobierno, y exigen el cese de los ataques a la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación en Nicaragua.

Esta mañana, el Ministerio de Gobernación (Migob) envió una citatoria a Cristiana Chamorro Barrios y otros miembros administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización defensora de la libertad de expresión que cesó operaciones el pasado 5 de febrero 2021 debido a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Chamorro compareció a la citatoria y se le impidió que ingresara al edificio acompañada de su abogado.

Según la nota de prensa del Ministerio de Gobernación, “La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

Tras la publicación de dicho documento, patrullas y decenas de antimotines de la Policía Nacional se apostaron en las antiguas instalaciones de la Fundación. 

Simultáneamente, se dio un fuerte despliegue policial en el Centro Corporativo Invercasa, donde se encuentra temporalmente la redacción del medio digital Confidencial y los programas Esta Noche y Esta Semana, debido al allanamiento y confiscación ilegal de sus antiguas instalaciones en diciembre del año 2018. 

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional allanaron nuevamente las oficinas de Confidencial, robaron ejemplares impresos de la revista, atacaron y detuvieron a periodistas y corresponsales de agencias extranjeras que cubrían los hechos. Entre ellos, el fotoperiodista Luis Sequeira de Agence France-Presse (AFP), quien fue detenido durante media hora; la periodista René Lucía Ramos de la Agencia EFE, que fue perseguida y agredida físicamente, y el camarógrafo Leonel Gutiérrez de confidencial – y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –, que fue detenido arbitrariamente mientras trabajaba en el estudio de grabación, movilizado en una patrulla policial y permaneció desaparecido durante siete horas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas, medios y demás personas afectadas por estas acciones represivas. Expresamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de la represión y las continuas violaciones a los derechos humanos a tan solo cinco meses de las elecciones generales de Nicaragua, previstas a realizarse el 7 de noviembre del 2021.

Llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales suscritos para el fortalecimiento de la democracia, a cesar cualquier acción que atente contra el libre ejercicio del periodismo, y a proteger la integridad física y psicológica de las mujeres y hombres de prensa. Recordamos que las y los periodistas juegan un rol fundamental de fiscalización del poder y comunicación de las demandas del pueblo nicaragüense. 

¡Cese la represión contra periodistas!

Firman

AMARC-ALC

IFEX-ALC

Instituto Raza, igualdad y Derechos Humanos

PEN Internacional

Voces del Sur

Organizaciones internacionales piden rendición de cuentas de Nicaragua ante Corte IDH por desprotección a personas defensoras de derechos humanos

El Estado fue convocado por la Corte IDH para referirse a las medidas de protección dictadas a favor de integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

En medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las movilizaciones de abril y el proceso electoral, el Estado de Nicaragua ha sido convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una audiencia pública el próximo 06 de mayo para rendir cuentas sobre las medidas provisionales ordenadas para garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y asegurar la continuidad de las labores en defensa de los derechos humanos en favor defensoras y defensores de derechos humanos, en el asunto “Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)”. 

Las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua se encuentre en completo desacato de lo dispuesto por La Corte IDH en octubre de 2019 en cuanto a la implementación de medidas de protección y que, por el contrario, continúe obstaculizando la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y poniéndoles en riesgo.

 
El caso del CENIDH es emblemático de la grave situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en Nicaragua. Con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ha sido víctima de constantes campañas de desprestigio, hostigamiento y criminalización. Estas alcanzaron un momento cúspide tras las movilizaciones de 2018, obligando al exilio a varias de sus integrantes. Posteriormente, la Asamblea Nacional bajo control oficialista, canceló su personería jurídica y el gobierno allanó sus oficinas y confiscó sus bienes. A pesar de lo anterior, continúan con su labor, en un contexto de hostigamiento y amenazas contra toda persona que defienda derechos humanos en el país y siendo los cuerpos de seguridad y simpatizantes del gobierno sus principales agresores.

Contrario a lo mandatado por la Corte IDH, Nicaragua continúa impulsando medidas que obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas defensoras, entre otras formas, a través de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esta normativa estigmatiza a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero para sostener sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, y las somete a un sistema de sanciones arbitrarias. Otro mecanismo es la Ley Especial de Ciberdelitos, que propone penas de hasta 5 años de prisión para quienes divulguen información que sea considerada como “falsa” por las autoridades estatales a su total discrecionalidad, sin definir los alcances de este concepto.

Como organizaciones internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos y promueven su respeto y garantía en Nicaragua, vemos esta convocatoria de la Corte IDH como una oportunidad para exigirle al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y que garantice su derecho a defender. A la luz del ciclo electoral que vive Nicaragua este 2021, exigimos que se garantice el respeto de las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación y el derecho a defender, elementos indispensables para asegurar un entorno electoral democrático.

Llamamos a la comunidad internacional y cuerpo diplomático con mandato sobre Nicaragua a que siga el desarrollo de la audiencia pública y reciba información actualizada sobre los mecanismos de represión y persecución contra personas defensoras en el país. Consideramos indispensable que los reclamos por garantías democráticas de cara a las elecciones de noviembre reconozcan e incorporen la obligación reforzada que los Estados tienen al respecto de proteger a personas defensoras y garantizar su derecho a defender.

 
Finalmente, nos solidarizamos con las organizaciones y todas las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. La resiliencia y dignidad que han demostrado, particularmente desde abril de 2018, ha sido luz y referencia para todo el movimiento de derechos humanos en las Américas.

FIRMAN  

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

Red Internacional de Derechos Humanos -RIDH

CIVICUS: Alianza Mundial por la participación ciudadana 

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos- WOLA  

Asociadas por lo Justo -JASS Mesoamérica  

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL

AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones que suscribimos el presente comunicado condenamos el grave deterioro a la libertad de expresión y de prensa que actualmente vive Nicaragua; donde aún persiste un entorno hostil y sin garantías para el libre ejercicio del periodismo. Hemos conocido mediante denuncias de los hombres y mujeres de prensa agredidos, que durante las coberturas son requisados excesivamente, golpeados, insultados, obligados a quitarse los cubre bocas para ser fotografiados  y existen denuncias de abuso sexual.

Es preocupante observar el trato diferenciado, excluyente y discriminatorio que prevalece en contra de periodistas independientes, a quienes se les impide realizar su trabajo, se les niega el acceso a información pública—incluidos datos confiables sobre la pandemia de COVID-19,  y que además son blanco permanente de todo tipo de agresiones y violaciones a sus derechos. Dicha situación ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y los mismos medios de comunicación. 

Expresamos nuestra solidaridad y reconocemos la valentía, coraje y el compromiso inquebrantable demostrado por periodistas y trabajadores de medios nicaragüenses en su vocación de informar, seguir buscando y compartiendo información de calidad a pesar de las agresiones, difamaciones, uso del lenguaje estigmatizante y venciendo la cultura del secreto, como estrategia de comunicación impuesta por el gobierno actual.

En los últimos meses se han conocido varios casos de periodistas que enfrentan procesos judiciales en su contra con el objetivo de silenciar sus voces. Uno de esos casos es el de la periodista Kalúa Salazar jefa de Prensa de Radio La Costeñísima, quien además de los procesos judiciales en su contra ha sido víctima en reiteradas ocasiones de asedio policial en grandes dimensiones, campañas de desprestigio en redes sociales, criminalización, y,  hasta agresiones físicas. Todo esto como consecuencia de ejercer su derecho a informar.

Como organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión y de prensa, nos sumamos a las múltiples voces que exigen el esclarecimiento del asesinato en abril de 2018 del periodista Ángel Eduardo Gahona, urgimos al Gobierno de Nicaragua, la aplicación de una justicia plena que identifique y castigue a los verdaderos responsables de su muerte, para así poner fin a tres años de impunidad.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incumplimiento por parte del estado nicaragüense de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a periodistas y familiares. De igual manera, la falta de implementación de las 48 recomendaciones recibidas en el Tercer Ciclo de Evaluaciones del Examen Periódico Universal orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. El estado también ha incumplido las recomendaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación a que se establezca un diálogo fundado en los estándares internacionales, entre el gobierno y la oposición para abordar la crisis multidimensional que afronta el país. 

Hacemos un llamado al estado de Nicaragua para que, en el contexto de las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre 2021, garantice medidas especiales de protección para los y las periodistas que estarán dando cobertura a cada una de las etapas del proceso electoral. Hasta la fecha, hacer cubrimiento de temas electorales como precandidaturas y presentación de bloques de la oposición en diferentes espacios del país, ha significado el aumento de los niveles de abuso y restricción de la libertad de prensa.

La CIDH y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, han expresado que, “[e]l sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos, y de quienes deseen expresarse. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar”.

Por último, urgimos al Estado de Nicaragua, la derogación de las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros, las cuales contradicen los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La existencia de estas leyes ha obligado a organizaciones de sociedad civil como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cesar sus operaciones.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, emplazamos vehementemente al Estado nicaragüense a garantizar la seguridad de los y las periodistas; abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para hostigar y censurar las voces críticas; y cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Firman,

AMARC-ALC

CPJ

IFEX-ALC

Instituto Raza, igualdad y Derechos Humanos

Voces del Sur

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sufren persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales

Washington D.C., 19 de abril de 2021.- A tres años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, en Nicaragua persiste la represión contra las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas personas defensoras de la comunidad LGBTIQ, de pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas, opositores y sociedad civil. 

El Estado de Nicaragua implementa una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos de intimidación, amenazas, campañas sistemáticas de estigmatización, confiscación de bienes, y la aprobación de leyes que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, como son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con representantes de tres organizaciones de la sociedad civil que han sufrido represalias por su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. Les pedimos que compartieran su valoración sobre la crisis, un llamado a la comunidad internacional y un mensaje para las personas defensoras de derechos humanos. 

Marlin Sierra: Sin presentar ninguna prueba, el Gobierno ha acusado a las ONG de conspiración contra el Estado

Marlin Sierra, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que el Gobierno de Nicaragua ha acusado a las organizaciones no gubernamentales de conspiración contra el Estado. Por tanto, la nueva legislación tiene como objetivo “crear un ambiente extremadamente restrictivo para la labor de defensa de los derechos humanos, reduciendo significativamente sus actividades, y acentuando el estado de terror ya existente en el país”, indicó.  

En diciembre del año 2018, el CENIDH sufrió la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica, y el despojo de sus bienes. En febrero del 2021, el Gobierno de Ortega confirmó que se quedará, ilegalmente, con las oficinas del CENIDH en las ciudades de Managua y Juigalpa tras convertirlas en dependencias del Ministerio de Salud (MINSA).

Pese a este grave atentado contra la libertad de asociación, el CENIDH mantiene su trabajo por la defensa de derechos humanos y reconoce el compromiso que tienen los órganos internacionales de derechos humanos con Nicaragua. “No se han limitado a condenar las leyes restrictivas (…) han hecho hincapié en el papel esencial de las personas defensoras, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos”, manifestó Sierra.

Finalmente, en su mensaje para las y los defensores de derechos humanos, Sierra citó a la Dra. Vilma Núñez, presidenta fundadora del CENIDH: “Defender los derechos humanos es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola”; e hizo énfasis en la importancia de definir nuevas estrategias para continuar resistiendo y acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia. 

Lottie Cunningham: El Gobierno ha formalizado barreras administrativas y burocráticas

Para Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Gobierno ha establecido barreras administrativas y burocráticas para limitar el funcionamiento de las ONG, obstaculizar el acceso a financiación extranjera, y criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Cunningham señaló que, si bien la cancelación de las personerías jurídicas ha sido la expresión más visible de violación a la libertad de asociación, “también se han denunciado otras disposiciones y acciones negligentes que han reducido los márgenes de operación de estas organizaciones”. 

“(Las organizaciones) se han visto imposibilitadas de acceder a la documentación  necesaria como consecuencia del retraso infundado por parte de las autoridades estatales de emitir las constancias correspondientes (…) Posteriormente imponen multas que generan un mayor gasto de dinero para las asociaciones”, denunció la defensora. 

Cunningham hizo un llamado especial a los mecanismos internacionales de la CIDH y la ONU para que continúen demandando que el Gobierno revise las leyes, abra un espacio público de discusión de su contenido con la sociedad civil, actores y personas expertas en la materia, y asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alineen con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Para sus colegas y pueblo nicaragüense, Lottie envió un mensaje de resistencia: “Continuemos la lucha por la democracia y el Estado de Derecho utilizando los mecanismos nacionales e internacionales, asimismo acciones de civismo”.

Haydeé Castillo: No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril

Haydeé Castillo, Presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), también confiscado por la policía en diciembre del 2018 y ahora convertido en un centro de estudios adscrito a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), considera que la crisis sociopolítica de Nicaragua “se ha acrecentado”; ya que el país atraviesa una crisis económica, el deterioro del tejido social y la desesperanza del pueblo nicaragüense, que “resiste en una total indefensión ante un régimen de alta criminalidad”.

Ante esta situación, la defensora afirma que las dictaduras no entienden de llamados y exhortaciones, y que uno de los grandes desafíos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos es “establecer mecanismos vinculantes y de obligatorio cumplimiento para Estados que han dejado de proteger a sus pueblos”.

Castillo envía este mensaje para sus colegas: “No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril, de instaurar un sistema donde los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana sean el centro. Sigamos haciendo la historia, sin nuestra labor las víctimas quedarían desprotegidas de justicia, y el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional no podría comprobar que vivimos bajo un régimen que comete crímenes de lesa humanidad”.

Tres años de impunidad en Nicaragua: Raza e Igualdad demanda verdad, justicia, reparación y no repetición

Washington D.C., 16 de abril de 2021.- Al cumplirse tres años del inicio de la crisis socio-política en Nicaragua, que ha dejado más de 300 personas asesinadas,  centenares de personas presas políticas, miles de exiliados y múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma a la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición, y exhorta al Estado al cese de la represión y a garantizar las condiciones de libertad y democracia que anhelan las y los nicaragüenses. 

Contexto

En Nicaragua persiste un estado de excepción “de facto” que se manifiesta en las crecientes restricciones al espacio cívico y las graves violaciones de derechos humanos como: la permanencia de más de cien presas y presos políticos en las cárceles de Nicaragua; el manejo inadecuado de la crisis sanitaria e incumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota; y la persecución a víctimas de violaciones a derechos humanos,  personas defensoras, opositoras, periodistas y sociedad civil. 

El Estado de Nicaragua continúa incumpliendo las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el restablecimiento de las garantías democráticas y derechos humanos en el país. En los últimos meses, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes y reformas regresivas y restrictivas como la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y la reforma al Código Procesal Penal que permite la privación de libertad de una persona, hasta por 90 días, mientras se realiza la investigación de su presunto delito. 

Y más recientemente, una iniciativa de reforma a la Ley Electoral que no sigue las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre 2020; ni con la nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exhorta al Gobierno de Nicaragua a emprender negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y la oposición, y llama a trabajar con organizaciones internacionales para aprobar reformas electorales a más tardar en mayo 2021.

Por el contrario, el proyecto de reforma se elaboró y presentó de forma unilateral, y es restrictivo para los derechos de libertad de expresión y asociación. Prohíbe la observación electoral independiente, contempla inhibir la participación de candidatos y candidatas de la oposición, traslada atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la Policía Nacional, para que esta institución tome decisiones sobre las actividades de campaña, entre otras medidas que no garantizan que las elecciones generales programadas para el próximo 7 de noviembre se realicen de forma libre, justa y transparente, de acuerdo con las normas internacionales.

Campaña

Dado este contexto, y como una forma de conmemorar el tercer aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, Raza e Igualdad iniciará este lunes 19 de abril una campaña que visibiliza las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de derechos humanos, las demandas de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, y el posicionamiento de la comunidad internacional en esta profunda crisis.

Entrevistamos a cinco víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua; a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, y al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Asociación y a la Reunión Pacífica, Clément Voule.

Todos los productos de esta campaña se estarán publicando a través de nuestras cuentas en Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestro sitio web. Invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse a nuestra campaña compartiéndola y usando los hashtags #SOSNicaragua y #Nicaragua3AñosdeImpunidad, para que nuestro llamado al cese de la represión y la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.