Demandamos al estado nicaragüense la inmediata liberación de periodistas privados de su libertad

Demandamos al estado nicaragüense la inmediata liberación de periodistas privados de su libertad

Las Américas, Enero 10, 2022.- Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestro rechazo a los  múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país; estas agresiones con el paso de los años (en especial entre 2018-2021) han venido escalando ante la inacción de las autoridades y en muchas ocasiones como consecuencia de la acción de las mismas.  

El 2021 fue un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información: periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno; todas estas fueron parte de las  múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes. 

La aprobación y aplicación por parte del gobierno de una serie de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad el periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano; los tres directivos del diario la Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como del candidato a la presidencia, periodista y propietario de 100%Noticias  Miguel Mora; y los ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. 

Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país. 

El Estado de Nicaragua, desconociendo su obligación  de proteger y garantizar la libre circulación de información pública, se ha encargado de favorecer espacios y acciones para las agresiones, amenazas, uso abusivo del poder estatal y estigmatización en contra de quienes informan y denuncian sobre las violaciones a Derechos Humanos que se viven en el país. 

Resaltamos la valentía y el compromiso demostrado por la prensa independiente, que a pesar de vivir tiempos adversos continúan llevando información a sus audiencias. Reconocemos que en los y las periodistas siguen inquebrantables los principios, valores y el legado histórico del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que proclamó y aplicó durante su vida, lecciones que hoy más que nunca brindan las pautas necesarias para realizar un periodismo de calidad y resistir las agresiones y ataques de las que son víctimas. 

Las organizaciones firmantes demandamos al Estado de Nicaragua: 

  • La inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados, que únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente.  Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor.
  • Restituir los medios que han sido confiscados: Confidencial y 100% Noticias, y cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa. 
  • Respetar el ejercicio periodístico, garantice la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor. Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios. 
  • Cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar  la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas, que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas.
  • Detener las abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores, así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad. 
  • Recordamos al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas. Acceder a la información pública es un derecho de las personas; además la difusión libre de información, sin ninguna censura, es la llave para ejercer otros derechos fundamentales, consagrados en diversos instrumentos de protección de los Derechos Humanos.   

Firman:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

IFEX-ALC 

PEN Internacional 

Voces del Sur

Nicaragua: Llamado urgente a la comunidad internacional ante la ilegítima permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la imposición del cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega y segundo mandato de Rosario Murillo, que se consumará en un acto oficial anunciado para el próximo 10 de enero. Llamamos a la comunidad internacional a unirse en una sola voz para enviar un mensaje de lucha contra la impunidad que persiste en el país, proteger el Estado de Derecho y principios democráticos, e impedir que continúe profundizándose la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Ortega y Murillo, a través del control absoluto de  instituciones estatales, la Policía, el Ejército y fuerzas paraestatales, han violado los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses desde su regreso al poder en 2007 y a partir del año 2018 dichas violaciones adquirieron el carácter de sistemáticas.

La represión letal a las manifestaciones pacíficas, la destrucción del Estado de Derecho, la escalada represiva en el contexto electoral, los resultados de las controversiales votaciones celebradas el 7 de noviembre de 2021, la permanencia en prisión de más de 160 personas presas políticas bajo condiciones que, particularmente en el caso de las mujeres, atentan contra su dignidad, sus vidas, integridad personal y salud;  la intención de Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder, y su clara falta de voluntad para respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos y cumplir con las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, amerita una respuesta contundente de la comunidad internacional.

OEA, ONU y Parlamento Europeo desconocen los resultados de las votaciones 

En una resolución aprobada el pasado 12 de noviembre de 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que las votaciones que dieron la victoria a Ortega “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y solicitó al Consejo Permanente evaluar colectivamente a Nicaragua, con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA.

En respuesta a esto, el 19 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua hizo pública su decisión de denunciar la Carta de la OEA, a fin de lograr que los efectos de dicho tratado cesen para el Estado nicaragüense. Sin embargo, recordamos que el Estado no queda desligado totalmente de sus obligaciones adquiridas de forma previa; por el contrario, subsiste el deber de Nicaragua de cumplir con las obligaciones derivadas de los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano hasta su cumplimiento total; así como con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados previamente, las normas consuetudinarias en virtud del derecho internacional general, y las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2021, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en la que -nuevamente- insta al Gobierno a liberar a todos las personas presas políticas y a aceptar una misión de alto nivel de buenos oficios con el objetivo de realizar elecciones anticipadas con observadores internacionales.  

Por otro lado, en un diálogo interactivo celebrado el pasado 14 de diciembre de 2021, la Alta Comisionada Adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó que las votaciones celebradas “brindaban una valiosa oportunidad para que Nicaragua diese un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis”; sin embargo, el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral “derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones”.

En esta ocasión, Al-Nashif llamó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018” y organizaciones de derechos humanos le exhortamos a que se cree un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas. 

En adición a lo antes señalado, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de diciembre una resolución que condena “la farsa electoral orquestada por el régimen de Ortega-Murillo”, y rechaza la legitimidad de los resultados de estas votaciones y “la legitimidad democrática de cualquier autoridad institucional que surja de estos comicios amañados”. Los eurodiputados recalcaron la importancia del retorno de los organismos internacionales de derechos humanos “sin condiciones sine qua non para cualquier diálogo con el régimen nicaragüense”.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad, condenamos la perpertuación en el poder del Gobierno de Ortega y Murillo, por ser resultado de la represión y de la violación sistemática de los derechos de la población nicaragüense. 

Acogemos con satisfacción los esfuerzos que han realizado los organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos para monitorear, documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido hasta la fecha en Nicaragua. Les exhortamos a aplicar con prontitud todos los mecanismos disponibles para contribuir al levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento de la democracia en el país, lo que necesariamente requiere crear las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y transparentes.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los Estados Miembros de la OEA para que, en aplicación de la noción de garantías colectivas que subyace en la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomen medidas para instar al Estado de Nicaragua al pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Reiteramos la urgente necesidad de establecer un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas. Nuevamente, llamamos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que, en su próxima sesión de marzo 2022, establezca este mecanismo que investigue los hechos denunciados, preserve las evidencias, identifique a los perpetradores y siente las bases del proceso de justicia que Nicaragua necesita para salir de esta crisis. 

No cesamos de exigir al Estado de Nicaragua la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

Recordamos a las autoridades nicaragüenses que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación inmediata de las personas presas políticas, el fin de los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de detención, y el acceso inmediato de personal médico independiente para conocer el estado de salud física y mental de las personas privadas de libertad.

 

Ante la CIDH: Estado de Nicaragua incumple con medidas cautelares otorgadas a favor de periodistas independientes 

En el marco del 182 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este martes 14 de diciembre, periodistas independientes beneficiarios de medidas cautelares y representantes del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) participaron en una audiencia pública para exponer el incumplimiento absoluto de la implementación de las medidas otorgadas a favor de 49 integrantes de los medios de comunicación independientes Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima. Asimismo, señalaron que los hechos de riesgo a los que han continuado sometidas las personas beneficiarias se enmarcan en los patrones sistemáticos de represión a la libertad de expresión y prensa que se vive en Nicaragua.  

Desde el año 2018, la CIDH otorgó las primeras medidas cautelares al equipo periodístico de Confidencial y Radio Darío. Posteriormente, en el año 2019, se otorgaron medidas al director de La Costeñísima Sergio Warren León (D.E.P.), su familia y otros integrantes del medio; y recientemente, hace 6 meses, la CIDH otorgó medidas a la jefa de prensa de dicho medio caribeño, Kalua Salazar y su familia. Lamentablemente, hasta la fecha el Estado de Nicaragua no ha adoptado medida alguna para proteger la vida e integridad de estas personas, no ha removido los obstáculos para que puedan ejercer su labor libres de riesgo, y no ha investigado los hechos que dieron lugar al otorgamiento de dichas medidas ni los ocurridos con posterioridad. Al contrario ha tomado acciones en contra, forzando a la mayoría al exilio.

Para el fotoperiodista de Divergentes, Carlos Herrera, “Nicaragua se ha convertido en un terreno abiertamente hostil, bajo amenaza constante, o una cárcel para quienes ejercen el periodismo independiente desde dentro del país”. Ante el peligro de agresión física, de asalto y confiscación de nuestros bienes e instrumentos de trabajo, el asedio de policías y paramilitares, e incluso la posibilidad de ser detenidos y criminalizados por ejercer su profesión, Herrera decidió salir del país hace unos meses. 

Por su parte, el Director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro denunció que se había vuelto a ver forzado al exilio, y enfatizó que desde mayo de este año, el Ministerio Público desató una nueva ola represiva contra el periodismo independiente. Al menos 45 periodistas –entre ellos, beneficiarios de medidas cautelares– fueron sometidos a interrogatorios hostiles, e incluso fueron amenazados con abrir procesos de investigación en su contra, bajo la Ley Especial de Ciberdelitos.

Wilfredo Miranda, periodista del medio digital Divergentes, quien se encuentra en el exilio por segunda  ocasión, advirtió que las y los beneficiarios que continúan en terreno son víctimas de persecución y asedio, actos de vigilancia e intimidación tanto en sus casas de habitación como en las de sus familiares.

Aníbal Toruño, director de Radio Darío -medio que sufrió un incendio en el contexto de las protestas sociales de abril 2018- denunció que, el día posterior a las votaciones del 7 de noviembre, las instalaciones de la Radio fueron asediadas por motocicletas de simpatizantes del régimen, quienes detonaron morteros con el objetivo de amedrentar e intimidar a los trabajadores que en ese momento permanecían en las instalaciones.

Finalmente, la asesora legal de Raza e Igualdad María Luisa Gómez, señaló que las y los trabajadores de  La Costeñísima, continúan expuestos a una situación de riesgo muy grave. Además de las continuas amenazas y campañas de difamación, policías y agentes paraestatales asedian las instalaciones de la radio y las casas de habitación de sus trabajadores regularmente”.

Cabe destacar que, a mediados de este año, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió que por lo menos 65 periodistas nicaragüenses se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad y riesgo. 

En la audiencia, el Relator Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, expresó que, en el actual “régimen de censura” no hay garantías para la libertad de expresión; sin embargo “la reconstrucción del Estado de Derecho en Nicaragua pasa por las garantías a la libertad de expresión y el trabajo de las y los periodistas, y… la justicia para las víctimas también pasa por la prensa, que documenta las violaciones a los derechos humanos”, razón por la cual un reconoce la importancia del periodismo nicaragüense que, en circunstancias adversas, “no solo persiste, sino que también con estándares de calidad y rigurosidad”.

Petitorio

Las personas beneficiarias y sus representantes solicitaron a la Comisión emitir una resolución de seguimiento, urgiendo al Estado la implementación de las medidas otorgadas, y utilizar el mecanismo de peticiones para examinar las violaciones a la Convención Americana en que ha incurrido el Estado.

Asimismo, pidieron que se intensifiquen los esfuerzos de monitoreo, escrutinio y denuncia de la situación que enfrentan las beneficiarias de las medidas y el pueblo de Nicaragua, e instaron a la CIDH a requerir al Estado de Nicaragua que:

  1. Cese de inmediato cualquier represalia contra las personas beneficiarias, el periodismo y los medios independientes, revocando las órdenes de detención emitidas, absteniéndose de emitir nuevas.
  2. Libere a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, por ejercer su derecho de expresarse y por apoyar la labor de los medios independientes.
  3. Tome todas las medidas necesarias para que los y las periodistas que debieron salir al exilio puedan regresar al país con las debidas garantías para su seguridad, vida e integridad física. Asimismo, que se abstenga de imponer trabas u obstáculos arbitrarios a quienes desean salir de Nicaragua.
  4. Derogue la legislación que restringe la libertad de expresión y prensa, así como la cooperación internacional hacia el periodismo independiente.

Nicaragua: Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU pide al Consejo de Derechos Humanos tomar todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones 

Washington D.C., 15 de diciembre de 2021 .- En cumplimiento de la Resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua,  la Alta Comisionada adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Nada Al-Nashif llamó de nuevo al Gobierno de Nicaragua a comprometerse con los mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas en aras a restablecer urgentemente los derechos y las libertades públicas cercenadas. Destacó el papel esencial del Consejo de Derechos Humanos, a través del cual la comunidad internacional puede ayudar a “restablecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas” en el país.  

En su declaración, Al-Nashif llamó de nuevo al Consejo de Derechos Humanos a considerar “todas las medidas a su alcance para promover la rendición de cuentas, búsqueda de la verdad y reparación integral a las víctimas por las graves violaciones que han ocurrido desde 2018”. Advirtió el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, que provocó que Nicaragua perdiera la oportunidad de dar “un paso adelante hacia una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018” e iniciar un proceso de apertura de espacios y progreso hacia la rendición de cuentas y reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, se dieron en un ambiente represivo, sin las garantías mínimas de legitimidad requeridas para poder ser referidas como “elecciones”. Entre mayo y octubre de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos y 45 organizaciones de la sociedad civil, y la detención de al menos 39 líderes y lideresas políticas, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles; entre ellas, 7 personas que expresaron públicamente su voluntad de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua.

Días antes, durante y después de las votaciones, la OACNUDH documentó la detención de 10 personas activistas políticas y periodistas. Ocho de estas personas continúan bajo arresto y en situación de incomunicación mientras se enfrentan a “cargos penales ambiguos”. Esto evidencia un patrón de violaciones y abusos de los derechos humanos que han seguido las autoridades estatales.

Al-Nashif exigió la puesta en libertad y restitución de los derechos civiles y políticos de todas las personas detenidas arbitrariamente, el fin del hostigamiento y criminalización contra  las y los opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos; y, nuevamente, insistió en que se otorgue a la OACNUDH y a otros mecanismos de derechos humanos el acceso necesario al país para cumplir debidamente con sus mandatos.

Más de 50 países preocupados por Nicaragua

En una declaración conjunta presentada por Chile, más de 50 países se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua y realizaron un llamado urgente al Estado para que libere inmediatamente a todas y todos los presos políticos, cese las detenciones por motivos políticos y las acciones represivas contra medios de comunicación y minorías. Asimismo, pidieron al Consejo tomar “cualquier medida concreta con el fin de apoyar los esfuerzos del pueblo de Nicaragua para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en su país”.

Finlandia en nombre de los países bálticos nórdicos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia), Perú, España, Estados Unidos, Ucrania, Suiza, Colombia, República Checa y otros países llamaron al Gobierno a que reanude la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como con los mecanismos regionales de derechos humanos. 

Organizaciones de derechos humanos piden un #MecanismoParaNicaragua

Raza e Igualdad, Human Rights Watch, Civicus, Red Internacional de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, International Service for Human Rights, Centro por los Derechos Civiles y Políticos, entre otras organizaciones de derechos humanos, instaron al Consejo que establezca un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas en su 49a sesión, programada para marzo 2022. 

Raza e Igualdad y el International Service for Human Rights, en voz de Lizeth Dávila – integrantes de la Asociación de Madres de Abril (AMA) y madre de Álvaro Conrado Davila, primer adolescente asesinado en el contexto de las protestas sociales del año 2018, instó al Consejo a que cree este mecanismo, compuesto por una o varias personas expertas independientes, que verifique las graves violaciones a los derechos humanos documentadas, preserve las evidencias, identifique a los culpables y siente las bases para un proceso de justicia en mi país. 

“Necesitamos justicia, necesitamos rendición de cuentas, para nosotras, para nuestros hijos y para el pueblo de Nicaragua”, exclamó Dávila.

Este llamado de la sociedad civil al establecimiento de un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas se sustenta en la manifiesta falta de voluntad del Estado de Nicaragua de cooperar con los mecanismos de protección de derechos humanos, así como la falta de implementación de las recomendaciones después de más de tres años de escrutinio por parte del Consejo de Derechos Humanos. Esta negativa ha ido acompañada de un continuo y rápido deterioro, donde no ha cesado la represión y donde a pesar de la amplia documentación,  Nicaragua sigue sin reconocer ninguna responsabilidad en las graves violaciones ocurridas desde 2018. 

Nicaragua necesita una respuesta contundente de la comunidad internacional que mande un mensaje claro de lucha contra la impunidad, que siente las bases de un futuro proceso de justicia y ayude a identificar los cambios estructurales que Nicaragua necesita para salir de esta crisis.

Día de los Derechos Humanos: Redoblar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos humanos en tiempos de autoritarismos y discursos de odio

Washington D.C., 10 de diciembre de 2021.– Latinoamérica atraviesa momentos críticos en términos de derechos humanos. El ejercicio arbitrario del poder y el discurso de odio que se cuela en diferentes esferas de la sociedad, han dado paso a un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, donde grupos poblaciones como las personas afrodescendientes, indígenas, LGBTI+, mujeres, defensoras de derechos humanos y aquellas que disienten con el poder, enfrentan consecuencias y riesgos particulares.

Este 10 de diciembre, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de la comunidad internacional y de la sociedad en general sobre situaciones que persisten y se exacerban en varios países de América Latina y el Caribe, y sobre las cuales urge emprender acciones conjuntas para detener las acciones represivas que menoscaban los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida.

Racismo sistémico

En Colombia, la respuesta de la Fuerza Pública a las manifestaciones del Paro Nacional—iniciado el 28 de abril—ha impactado de forma diferencial a la población afrodescendiente y Afro-LGBTI+. Raza e Igualdad y las organizaciones CODHES, Comisión por la Vida y Mesa Humanitaria, registraron 108 homicidios hasta el 8 de julio de 2021, de los cuales 39 fueron contra personas afrodescendientes, es decir, el 36,1%.

Luego de su visita el pasado 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de Observaciones y Recomendaciones, en el cual expresa su preocupación por el perfilamiento racial, discursos estigmatizantes y la violencia policial, y se refirió a la violencia de género que viven diferencialmente las mujeres afrodescendientes.

Sin embargo, el Gobierno, ha adoptado una postura negacionista y no ha reconocido las recomendaciones formuladas por la CIDH, cuestionando la procedencia del contenido de los informes presentados respecto de las cifras de las víctimas porque no coinciden con las institucionales. Respecto al racismo sistémico y la violencia racista, las autoridades han argumentado que el Estado cuenta con normatividad contra actos discriminatorios, desconociendo que el marco normativo existente es insuficiente para combatir de manera efectiva esta problemática en Colombia.

Violencia política

Brasil vive un momento de intensificación de las tensiones políticas, con una amenaza constante e intensa contra las candidaturas de las mujeres negras y LBTI+, que son blanco de la violencia política que se ha extendido por todo el país. La violencia política es un fenómeno que compromete y elimina no solo la vida e integridad de las personas, sino también el ejercicio de los derechos políticos de comunidades enteras, que están representadas por estas mujeres que, en general, tienen vastas trayectorias como defensoras de los derechos humanos.

En 2021, Raza e Igualdad con las organizaciones Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), Criola, Tierra de Derechos, Instituto Marielle Franco, Justicia Global y la Red Nacional de Negros y Negros LBGT (Rede Afro LGBT), tuvieron una Audiencia ante la CIDH para denunciar la situación de los derechos políticos de las concejalas negras (cis y trans) en Brasil.  En la audiencia, celebrada en abril de 2021, se entregaron recomendaciones a la CIDH para garantizar los derechos y la protección de las mujeres que forman parte del ámbito político del país.

Prisión por motivos políticos

En las cárceles de Nicaragua, ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se encuentran privados de libertad por ejercer su derecho a defender derechos humanos, participar en protestas sociales, hacer público su deseo de candidatearse a la Presidencia de Nicaragua y/o manifestar su descontento hacia el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en redes sociales u otras plataformas.

Según el más reciente boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, publicado en octubre de 2021, desde el inicio de las crisis sociopolítica en abril de 2018, el Estado de Nicaragua ha detenido arbitrariamente a más de 1614 personas y 149 de estas continúan bajo arresto. Lamentablemente, esta cifra ascendió en los días previos, durante y posteriores a las votaciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre, sin garantías de libertad, justicia, transparencia, ni legitimidad democrática.

Cabe destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado de Nicaragua en desacato, tras el incumplimiento de la orden de liberación de 21 personas identificadas como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Represión contra la sociedad civil y prensa independiente

El 2021 ha sido determinante en la situación de represión que enfrenta la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba, sobre todo a raíz de las históricas protestas del 11 de julio. El 8 de diciembre recién pasado, la organización Cubalex publicó un reporte sobre detenciones arbitrarias en el marco de dichas manifestaciones, el cual señala que 1,306 personas fueron privadas de libertad ese día y posteriormente, y de esas, 703 continúan en prisión. Entre las personas detenidas se encuentran activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

A ello se suma la intensa represión que desató el Gobierno desde el pasado 20 de septiembre, cuando la sociedad civil convocó a la Marcha Cívica por el Cambio. Desde esa fecha se registraron interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias, asedio policial, agresiones y campañas de difamación, entre otras acciones por las que finalmente no se llevó a cabo la manifestación el 15 de noviembre. Ese día, además, las autoridades recurrieron a la retención domiciliar para evitar que las personas se sumaran a la Marcha y, en muchos casos, hubo cortes en el servicio de Internet.

Pese a que el Gobierno de Cuba ha recibido numerosos llamados de la comunidad internacional para garantizar y respetar los derechos humanos de la población, como los derechos de reunión y asociación pacíficas y de libertad de expresión, las autoridades no han adoptado ninguna medida en ese sentido y, al contrario, el contexto parece empeorar cada vez más, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica.

Discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género

El no reconocimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, genera en la región un preocupante ambiente de discriminación y violencia contra las personas LGBTI+. Este 2021, Latinoamérica continuó siendo la región con más asesinatos de personas trans en el mundo, pues de 375 registrados a nivel global, 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. La plataforma Sin Violencia LGBTI, un sistema de información sobre violencia contra la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe, documentó más de 600 personas LGBTI fueron asesinada entre 2019 y 2020.

A pesar de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones LGBTI+ mantienen su lucha por el respeto y garantía de sus derechos. En Perú, por ejemplo, la comunidad de personas trans se mantiene firme en su demanda de una Ley de Identidad de Género que contribuya, en primer lugar, al reconocimiento de sus identidades y, por consiguiente, a garantizarles acceso e igualdad en las diferentes esferas de la sociedad.

En República Dominicana, organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI+ han intensificado su incidencia, luego de que la Cámara de Diputados de República Dominicana aprobara el pasado 30 de junio una reforma al Código Penal que excluye la orientación sexual como causal de discriminación. De hecho, la lucha también es para que la identidad de género sea incluida entre las causales de discriminación.

Promoción de la igualdad

El 2 de septiembre, lanzó la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

Hasta la fecha, la campaña ha sido presentada en Colombia y Uruguay, y este 10 de diciembre le toca el turno a Brasil. En el caso de Colombia, se está haciendo incidencia ante el Estado para promover la ratificación de la CIRDI, mientras que en Uruguay y Brasil se están elaborando y ejecutando acciones para garantizar la efectiva implementación de la Convención.

Raza e Igualdad espera que este Día de los Derechos Humanos contribuya a visibilizar estas y otras situaciones preocupantes existentes en la región, y que, a partir de ahí, se junten voluntades de diferentes sectores para impulsar cambios por una sociedad más democrática, justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con activistas y organizaciones locales en la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Corte IDH: La posición asumida por el Estado de Nicaragua constituye un acto de desacato

  • Nicaragua rechazó reiteradamente cumplir con la orden de la Corte IDH de liberar a 21 personas identificadas por el gobierno como opositoras, así como otras medidas indispensables para salvaguardar sus derechos humanos en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros.

Managua, Nicaragua y San José, Costa Rica, 26 de noviembre de 2021- El pasado 22 de noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en donde declaró que la posición asumida por Nicaragua rechazando cumplir las medidas de protección y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones anteriores “constituye un acto de desacato a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal y un incumplimiento al deber de informar”. La Corte se refiere a las medidas provisionales otorgadas a Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Arturo Cruz, Miguel de los Ángeles Mora Violeta Mercedes Granera Padilla, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca y otras personas presas por motivos políticos, consideradas por el gobierno de Nicaragua como opositoras.

La Corte IDH constata que 21 de las 22 personas beneficiarias permanecen arbitrariamente detenidas, pese a que ordenó su liberación inmediata; y que por el contrario, en la mayoría de los casos, se prolongó arbitrariamente su detención, no se ha facilitado el contacto frecuente, privado y periódico con sus familiares y abogados y tampoco se les ha garantizado el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos. La resolución destaca que “la detención y los procesos penales seguidos en contra de ellos evidenciarían un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua y que dicha criminalización habría tenido efectos en la participación de estas personas en las elecciones generales de noviembre.”.

Con respecto a las restrictivas visitas familiares autorizadas, que permitieron tener certeza sobre el lugar de la detención y verificar las deplorables condiciones en las que se encuentran, la Corte reitera en su resolución que “se debe garantizar la comunicación adecuada de los detenidos con sus abogados y familiares”.

El Tribunal también recordó que “es deber de la Asamblea General de la OEA asegurar el oportuno cumplimiento de las decisiones mediante la adopción de medidas institucionales de carácter colectivo que sean eficaces, oportunas y expeditas para asegurar el efecto útil de la Convención Americana de Derechos Humanos”. Por último, reiteró el requerimiento a Nicaragua para la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas e indicó que mientras se hacen los trámites pertinentes, facilite su contacto con familiares y abogados, y  garantice su acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.

Para las organizaciones representantes, resulta sumamente preocupante la posición de completo desacato adoptada por el Estado de Nicaragua frente a las órdenes del Tribunal Interamericano, pues constituyen un abierto desafío a las obligaciones internacionales que adoptó de honrar y proteger los derechos humanos de todas las personas sujetas a jurisdicción, lo que profundiza la situación de riesgo extremo en la que permanecen las personas beneficiarias.

Finalmente, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones urgen al Estado que cesen las acciones dirigidas a profundizar la violencia en particular contra las presas políticas beneficiarias de medidas provisionales, quienes a su vez, sufren aislamiento permanente, alimentos limitados, expresiones relacionadas con su maternidad como «mala madre», «abandonaste a tu hija», «abandonaste a tu hijo», permanente oscuridad o luz en unos casos u otros, entre otras acciones que menoscaban sus derechos a la integridad personal y psicológica».

Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos

Colectivo de Derechos Humanos – Nicaragua nunca +

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Race and Equality

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Organizaciones de derechos humanos y de víctimas rechazan la denuncia del gobierno de Nicaragua contra la Carta de la Organización de Estados Americanos

Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestro más profundo rechazo a la denuncia de la Carta de la Organización Estados Americanos (OEA), presentada por el Estado de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021. Condenamos enérgicamente la intención del régimen de Nicaragua de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través de acciones que alejan cada vez más la posibilidad de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde el año 2018. 

En una carta dirigida al Secretario General de la OEA Sr. Luis Almagro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, expresó que “instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y conforme al artículo 67 de la convención sobre los derechos de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y denuncia de Nicaragua a esta organización”.

Este pronunciamiento de Nicaragua se da tan solo una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos una resolución que declara que las votaciones celebradas el 7 de noviembre no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad; reitera el llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y solicita al Consejo Permanente de la organización una evaluación colectiva urgente de la situación de Nicaragua con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en un plazo hasta el 30 de noviembre, a fin de “tomar acciones apropiadas”.

Cabe destacar que el Estado de Nicaragua pretende fundamentar esta decisión en supuestas solicitudes de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral  -instituciones que no tienen autonomía ni poder de decisión ya que todas están subordinadas al partido de Gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Para las organizaciones suscritas, el rápido avance de esta lamentable iniciativa es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua, que ha sido documentada y denunciada por organizaciones internacionales y, recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta concentración de poder en el Ejecutivo ha facilitado la instalación de un Estado Policial de facto en el cual los actos de hostigamiento, las amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión ejercida desde las instituciones de seguridad, tanto estatales como paraestatales, son avaladas por los demás poderes y concertadas con las instituciones de control.

La decisión ha sido tomada ignorando lo dispuesto en la Constitución de Nicaragua que establece en su Artículo 5 que: “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Adoptar una decisión de esta naturaleza habría ameritado una reforma constitucional en tanto afecta los principios fundamentales sobre los cuales se ha edificado el Estado de Nicaragua, según su propia Constitución.

A futuro, la denuncia de la Carta de la OEA traerá consigo un mayor aislamiento del gobierno de Nicaragua. Una vez que cesen los efectos de la Carta respecto de Nicaragua, transcurridos dos años desde la notificación de su decisión, significará la pérdida de un valioso espacio de cooperación técnica e integración regional para alcanzar el desarrollo integral sobre la base de la democracia, el Estado de Derecho, y la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, no omitimos recalcar que, a pesar de su denuncia, el Estado no queda exento de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos emanadas de la Carta que tenga pendientes tal y como prevé el artículo 143 del instrumento. Asimismo, tal y como ha señalado la Corte IDH, también subsistirá para Nicaragua su deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados, las normas consuetudinarias, las derivadas de los principios generales del derecho y las pertenecientes al ius cogens.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la OEA para que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua, tal y como ha sido acordado en la Resolución antes citada, y utilice todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.  

Exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a aplicar con eficacia y prontitud todos los mecanismos disponibles para coadyuvar el levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua.

Firman 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”

Fundamedios

Grupo Secuestrados Políticos Unidos

IFEX-ALC 

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Organización de Víctimas de Abril (OVA)

Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN)

Urnas Abiertas

Día Internacional de la Memorias Trans: Llamado urgente a combatir la transfobia en Latinoamérica

Washington D.C., 20 de noviembre de 2021.– Al conmemorar un año más el Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional hacia las escalofriantes cifras de asesinatos de personas trans en las Américas, una realidad que—una vez más—coloca a la región en las listas más desafortunadas sobre homicidios a nivel mundial. Al mismo tiempo, Raza e Igualdad quiere exhortar a los Gobiernos para que la situación de violencia y discriminación en contra de las personas género-diversas sea puesta entre sus prioridades y adopten acciones urgentes y efectivas para combatir la transfobia.

El pasado 11 de noviembre, el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), de TGEU, publicó un informe del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), el cual es dado a conocer cada año en vísperas del 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans. Según los datos, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 hubo 375 asesinatos de personas trans en todo el mundo, de los cuales 311 ocurrieron entre México, Centroamérica y Suramérica. A nivel global, el total representa un incremento del 7% respecto al informe anterior (Octubre 2019 – Septiembre 2020).

Tragedia transfóbica

En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país donde se registran más asesinatos de personas trans, seguido por México (65), Honduras (53) y Colombia (25)*. Respecto a las cifras mundiales, el informe del TMM destaca que el 96% de las personas asesinadas eran mujeres trans o personas trans femeninas, y que el 58% de las personas trans asesinadas cuya profesión se conocía eran trabajadoras sexuales. Este es un patrón muy fácil de corroborar en la región a través de las denuncias que hacen organizaciones LGBTI+.

“Los datos indican una tendencia preocupante en lo referente a las intersecciones entre misoginia, racismo, xenofobia y el odio hacia las trabajadoras sexuales, siendo la mayoría de las víctimas mujeres trans negras y de color, migrantes y trabajadoras sexuales”, alerta el TMM, que además advierte que estos números son sólo una pequeña muestra de la realidad, puesto que muchos asesinatos siguen sin reportarse, o son erróneamente identificados.

Vidas arrebatadas

Brasil, que tiene el 41% de los asesinatos de personas trans en el mundo, conmemora junto al Día Internacional de la Memoria Trans el Día Nacional de la Conciencia Negra. Por tanto, el 20 de noviembre representa entre las organizaciones de derechos humanos en el país, especialmente las que trabajan en la defensa de la población trans y de la población negra, una fecha para homenajear y visibilizar a ambas poblaciones, que coinciden en la intersección de sus vulnerabilidades en medio de una sociedad transfóbica y racista.

El país inició el 2021 con el brutal asesinato de una adolescente trans. La madrugada del 4 de enero, Keron Ravach fue asesinada a cuchilladas y golpes por un joven de 17 años que fue identificado como el autor del crimen de odio y fue detenido. La joven, que atravesaba un proceso de transición de género, fue definida por sus amigos como una persona tímida, pero que al mismo tiempo soñaba con ser una influencer digital. De acuerdo con el informe del TMM, la edad promedio de las personas trans asesinadas en el último año es de 30 años, siendo Keron la más joven de todas las víctimas, con solo 13 años.

Indolencia e impunidad

En la mayoría de los casos de personas trans asesinadas existen antecedentes de violencia y amenazas, pero estos son ignorados por las autoridades o no son atendidos oportunamente; por tanto, cuando ocurre el asesinato, no se cuenta con insumos suficientes para identificar a la persona o personas responsables. Esta es una denuncia que frecuentemente realizan organizaciones que promueven y defienden los derechos de la población LGBTI+ y que se vio manifestada en el asesinato de Gina Rodríguez Sinuiri el pasado 21 de septiembre, en el Callao, Perú.

Gina, de 28 años, recibió varias puñaladas en una habitación que rentaba en un hotel de la ciudad, y aunque fue trasladada a un hospital, falleció 18 horas después. El sospechoso es un hombre que solicitaba regularmente servicios de trabajadoras sexuales trans y las contactaba a través de sus redes sociales haciendo uso de distintos nombres. Según sus compañeras, no era la primera vez que el hombre contactaba a Gina. Además, la Agencia Presentes—que se encarga de visibilizar la situación de la población LGBTI+ en América Latina y el Caribe—recogió declaraciones de compañeras de Gina, en las que señalaron que en varias ocasiones se han acercado a la Policía Nacional del Perú para denunciar actos de violencia en contra de ellas, pero siempre las ignoran.

A la indolencia de las autoridades, se suma el hecho que Perú no cuenta con una Ley de Identidad de Género, por lo que las personas trans no pueden realizar gestiones con su nombre identitario, y esto las expone a discriminación y burlas en varios sectores de la sociedad. “Nosotras denunciamos ante las autoridades y policías pero no nos hacen caso, y eso es lo que más frustración y cólera nos da. Nosotras tenemos familia, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Cada vez que hacemos una denuncia, al darnos la media vuelta, lo archivan. Lo peor es que se ríen y nos botan”, dijo en esa ocasión una compañera de Gina.

Morir en la invisibilidad

Aunque los asesinatos de personas trans son invisibilizados en general, al abordar esta problemática se suele hacer referencia solamente en mujeres trans, debido a que las estadísticas muestran que son las principales víctimas, lo cual, sin duda, es una realidad. Sin embargo, los hombres trans también están en el foco de la violencia y discriminación por transfobia y, al igual que en el caso de las mujeres trans, esta se puede tornar mortal para ellos. Un ejemplo de ello es el caso de Samuel Edmund Damian Valentin, un joven transgénero que fue asesinado a tiros el 9 de enero en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Samuel Edmund era estudiante en el Atlantic University College, en Guaynabo, y el primero de enero había escrito en su página de Facebook: “un nuevo año por venir, agradecido por todas las experiencias que [me enseñaron] lo fuertes que somos realmente, a la vida, al bien y al mal y por toda la justicia que está por venir”.

«Sobre los hombres trans y la invisibilización en la esfera pública, la verdad es que es la violencia que más sufrimos. La vida cotidiana está pensada para los hombres cis género; no se nos puede garantizar temas de salud pública de manera digna y eficiente para nosotros. Es importante que nombren nuestras identidades, que hombres trans o personas transmasculinas se embarazan. Lo que no se nombra no existe. Si existimos en los espacios, existamos en la palabra”, refiere al respecto Danilo Donato, activista transmasculino e integrante de la Fundación GAAT, de Colombia. Según el registro de esta organización sobre muerte de personas trans, en lo que va de este 2021 en el país han sido asesinadas 32 hasta la fecha, mientras que 8 han fallecido por complicaciones derivadas por cirugías e intervenciones artesanales y de barreras de acceso a derechos.

Odio en su máxima expresión

Kendra Contreras, conocida como “Lala”, era una mujer transgénero de 22 años que habitaba en la localidad de Somotillo, en el occidente de Nicaragua. Quienes conocían a Lala aseguran que era una joven soñadora, esforzada, con anhelos de superación y que deseaba que su identidad de género fuera respetada. Lamentablemente, el 3 de marzo de 2021, dos hombres acabaron con su vida de una forma atroz: la amarraron a un caballo dejando que la arrastrara en dos ocasiones por al menos 400 metros y luego la lapidaron. Esta es la máxima expresión del odio hacia las mujeres, cuerpos e identidades diversas en una sociedad altamente machista, como es la nicaragüense.

Desafortunadamente, esa no fue la única vez que mataron a Lala, pues lo hacen cada vez que irrespetan su identidad de género y la llaman por su “nombre de pila”, cuando se refieren a ella como “hombre” en reportes de espacios informativos. Muchos medios de comunicación siguen haciendo un mal abordaje de estos casos al centrarse en información y prejuicios que generan morbo y revictimizan a las víctimas de transfobia y violencia de género.

Llamado urgente

Como cada año, Raza e Igualdad aprovecha esta fecha para recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Monitorear y sancionar públicamente los discursos transfóbicos que muchas veces se cuelan en medios de comunicación y que incurren en llamados a la discriminación y violencia contra la población trans.
  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusiónde las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Recolectar datos sobre hechos de violencia y asesinatos contra personas trans, desagregados por identidad de género específica e identidad étnico-racial.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBI y trans.

*En el caso de Colombia, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans (GAAT) registra 32 asesinatos de personas trans en lo que va de 2021.

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Nicaragua: Carta abierta a delegaciones de los Estados miembros de la OEA

Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente carta expresamos nuestra enérgica condena por las reiteradas violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua, a más de tres años de las protestas de abril 2018. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la coyuntura poselectoral, que augura la perpetuación de la represión e impunidad en el país.

 A la fecha, el gobierno no ha garantizado justicia ni reparación para las víctimas de la represión. Tampoco ha implementado las recomendaciones contenidas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni los provenientes de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la cual expulsó del país y decidió no renovar su mandato. El gobierno también se ha mostrado renuente a implementar las recomendaciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a colaborar con los procedimientos especiales y los órganos de tratados de la ONU. 

Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco han sido observadas por Nicaragua, en particular, la relativa al “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en nicaragua mediante elecciones libres y justas”, mediante la cual se solicitó al gobierno que adoptase una serie de medidas para la reforma electoral, la participación plural en los procesos electorales, la observación electoral internacional, la independencia del Consejo Supremo Electoral, el registro de votantes, procedimientos para la presentación de quejas, entre otras. 

Con profunda preocupación hemos confirmado que las instituciones del Estado nicaragüense, particularmente el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y los cuerpos de seguridad han propiciado las condiciones para que las “votaciones” del 7 de noviembre garantizaran a la pareja presidencial perpetuarse en el poder, privando al pueblo nicaragüense de su derecho de elegir libremente a sus autoridades y exponiéndole a graves violaciones a sus derechos humanos.

Para alcanzar ese objetivo, un gobierno sin contrapesos y cooptado por el Ejecutivo, adoptó leyes que tienen como efecto la criminalización selectiva de la disidencia, canceló la personalidad de tres partidos políticos y 55 organizaciones de la sociedad civil, y, desde el mes de mayo encarceló a 7 precandidatos a la Presidencia de la República y a una treintena de líderes de sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos e integrantes de organizaciones políticas de oposición. Antes de mayo, ya existían más de un centenar de personas prisioneras por motivos políticos, muchas de las cuales han sido condenadas en procesos en los que se violaron las garantías del debido proceso. Todas las personas privadas de libertad enfrentan duras condiciones de reclusión, malos tratos e incluso actos de tortura; y las mujeres están expuestas a condiciones de vulnerabilidad agudizadas por motivos de género.

Las detenciones arbitrarias continuaron en la víspera de las votaciones, en donde se documentaron más de treinta detenciones y más de 200 actos de violencia política. La mayoría de estas personas recientemente capturadas continúan detenidas, sin que se informe a sus familias respecto de su detención, ni sobre su paradero. Al respecto, la CIDH expresó su preocupación en un comunicado en el que reiteró el llamado a la libertad de todas las personas arbitrariamente detenidas en el contexto electoral.

 A pesar de todos los intentos de aparentar que las elecciones se desarrollarían en normalidad, la mayoría de la población escogió decir NO a la permanencia de quienes ostentan la titularidad del Ejecutivo en el poder al no ejercer el voto. En tal sentido, el observatorio ciudadano electoral de Urnas Abiertas, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, ha estimado en más del 80% la abstención en los comicios, lo que confirma que el pueblo se rehusó a participar en lo que desde mucho antes ya se vislumbraba como una un proceso que no cumple con ninguno de los estándares internacionales en la materia ni cumple con las condiciones mínimas para ser justo, libre y transparente. 

El cuestionamiento internacional de los resultados de este proceso, que no contó con observación internacional, no se hizo esperar. Más de 40 países del mundo han rechazado el proceso electoral por ausencia de garantías democráticas, declarándolo ilegítimo, incluida la Unión Europea. Incluso los Estados miembros de la OEA, en un borrador de la Resolución a adoptar próximamente, declaran que las circunstancias de “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

 Las organizaciones que suscribimos la presente, creemos que la gravedad de las violaciones de derechos humanos en las que continúa incurriendo el Estado de Nicaragua y el viciado proceso electoral por el cual los Ortega Murillo pretenden permanecer en el poder, ameritan una respuesta contundente de la Organización de Estados Americanos.

Lejos de propiciar condiciones para un diálogo incluyente que restablezca la paz social en Nicaragua, el día después de las votaciones, el Presidente lanzó amenazas directas contra las personas prisioneras políticas que nos hacen temer que su vida, salud e integridad personal corran ahora un riesgo agravado. Al respecto, distintas organizaciones que aglutinan a familiares de personas prisioneras políticas temen que ese discurso se traduzca en una “orden de ejecución”.

 

Este cuarto mandato consecutivo del régimen de Ortega significa la perpetuación de las violaciones a derechos humanos y la impunidad, dejando a las personas privadas de libertad por motivos políticos en total indefensión. Conscientes de la urgencia con la que amerita ser atendida la situación por la que atraviesa Nicaragua, llamamos a las delegaciones de los Estados miembros participantes en la 51 Asamblea General de la OEA, a tomar todas las medidas a su alcance según la Carta de la organización y la Carta Democrática Interamericana para el pronto restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la garantía de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, incluyendo la inmediata libertad de todas las personas presas políticas.

Suscriben

Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH)

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

CIVICUS

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

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