Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Nicaragua: Carta abierta a delegaciones de los Estados miembros de la OEA

Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos la presente carta expresamos nuestra enérgica condena por las reiteradas violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua, a más de tres años de las protestas de abril 2018. Asimismo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la coyuntura poselectoral, que augura la perpetuación de la represión e impunidad en el país.

 A la fecha, el gobierno no ha garantizado justicia ni reparación para las víctimas de la represión. Tampoco ha implementado las recomendaciones contenidas en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni los provenientes de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la cual expulsó del país y decidió no renovar su mandato. El gobierno también se ha mostrado renuente a implementar las recomendaciones de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a colaborar con los procedimientos especiales y los órganos de tratados de la ONU. 

Las Resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco han sido observadas por Nicaragua, en particular, la relativa al “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en nicaragua mediante elecciones libres y justas”, mediante la cual se solicitó al gobierno que adoptase una serie de medidas para la reforma electoral, la participación plural en los procesos electorales, la observación electoral internacional, la independencia del Consejo Supremo Electoral, el registro de votantes, procedimientos para la presentación de quejas, entre otras. 

Con profunda preocupación hemos confirmado que las instituciones del Estado nicaragüense, particularmente el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Consejo Supremo Electoral y los cuerpos de seguridad han propiciado las condiciones para que las “votaciones” del 7 de noviembre garantizaran a la pareja presidencial perpetuarse en el poder, privando al pueblo nicaragüense de su derecho de elegir libremente a sus autoridades y exponiéndole a graves violaciones a sus derechos humanos.

Para alcanzar ese objetivo, un gobierno sin contrapesos y cooptado por el Ejecutivo, adoptó leyes que tienen como efecto la criminalización selectiva de la disidencia, canceló la personalidad de tres partidos políticos y 55 organizaciones de la sociedad civil, y, desde el mes de mayo encarceló a 7 precandidatos a la Presidencia de la República y a una treintena de líderes de sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos e integrantes de organizaciones políticas de oposición. Antes de mayo, ya existían más de un centenar de personas prisioneras por motivos políticos, muchas de las cuales han sido condenadas en procesos en los que se violaron las garantías del debido proceso. Todas las personas privadas de libertad enfrentan duras condiciones de reclusión, malos tratos e incluso actos de tortura; y las mujeres están expuestas a condiciones de vulnerabilidad agudizadas por motivos de género.

Las detenciones arbitrarias continuaron en la víspera de las votaciones, en donde se documentaron más de treinta detenciones y más de 200 actos de violencia política. La mayoría de estas personas recientemente capturadas continúan detenidas, sin que se informe a sus familias respecto de su detención, ni sobre su paradero. Al respecto, la CIDH expresó su preocupación en un comunicado en el que reiteró el llamado a la libertad de todas las personas arbitrariamente detenidas en el contexto electoral.

 A pesar de todos los intentos de aparentar que las elecciones se desarrollarían en normalidad, la mayoría de la población escogió decir NO a la permanencia de quienes ostentan la titularidad del Ejecutivo en el poder al no ejercer el voto. En tal sentido, el observatorio ciudadano electoral de Urnas Abiertas, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, ha estimado en más del 80% la abstención en los comicios, lo que confirma que el pueblo se rehusó a participar en lo que desde mucho antes ya se vislumbraba como una un proceso que no cumple con ninguno de los estándares internacionales en la materia ni cumple con las condiciones mínimas para ser justo, libre y transparente. 

El cuestionamiento internacional de los resultados de este proceso, que no contó con observación internacional, no se hizo esperar. Más de 40 países del mundo han rechazado el proceso electoral por ausencia de garantías democráticas, declarándolo ilegítimo, incluida la Unión Europea. Incluso los Estados miembros de la OEA, en un borrador de la Resolución a adoptar próximamente, declaran que las circunstancias de “las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

 Las organizaciones que suscribimos la presente, creemos que la gravedad de las violaciones de derechos humanos en las que continúa incurriendo el Estado de Nicaragua y el viciado proceso electoral por el cual los Ortega Murillo pretenden permanecer en el poder, ameritan una respuesta contundente de la Organización de Estados Americanos.

Lejos de propiciar condiciones para un diálogo incluyente que restablezca la paz social en Nicaragua, el día después de las votaciones, el Presidente lanzó amenazas directas contra las personas prisioneras políticas que nos hacen temer que su vida, salud e integridad personal corran ahora un riesgo agravado. Al respecto, distintas organizaciones que aglutinan a familiares de personas prisioneras políticas temen que ese discurso se traduzca en una “orden de ejecución”.

 

Este cuarto mandato consecutivo del régimen de Ortega significa la perpetuación de las violaciones a derechos humanos y la impunidad, dejando a las personas privadas de libertad por motivos políticos en total indefensión. Conscientes de la urgencia con la que amerita ser atendida la situación por la que atraviesa Nicaragua, llamamos a las delegaciones de los Estados miembros participantes en la 51 Asamblea General de la OEA, a tomar todas las medidas a su alcance según la Carta de la organización y la Carta Democrática Interamericana para el pronto restablecimiento de la democracia en Nicaragua y la garantía de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, incluyendo la inmediata libertad de todas las personas presas políticas.

Suscriben

Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH)

Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)

CIVICUS

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Urnas Abiertas

Campaña: Mecanismo de investigación y rendición de cuentas ONU para Nicaragua

Creemos en una Nicaragua libre, igualitaria y democrática donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas, la verdad y la justicia. Esto no es posible actualmente en Nicaragua. Desde abril de 2018, el gobierno ha criminalizado, detenido arbitrariamente, torturado e incluso asesinado a quienes promueven los derechos humanos y a quienes cuestionan su forma de gobernar. Si bien alcanzó un punto álgido en el período previo a la farsa del proceso electoral de ayer, es probable que sus políticas represivas persistan en el tiempo, mientras las causas estructurales que subyacen a la crisis de derechos humanos del país siguen profundamente arraigadas. 

Es hora de que Naciones Unidas responda contundentemente y cree un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para el pueblo de Nicaragua. Por ello, el ISHR y Raza e Igualdad, como parte del Colectivo 46/2 -una coalición de ONGs internacionales, regionales y nicaragüenses- han lanzado un llamado global para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022.

¿Cómo ha respondido la ONU hasta ahora?

El pasado mes de marzo, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 46/2, su tercera resolución sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En esta se instaba al gobierno a tomar una serie de medidas urgentes para revertir el rumbo de la crisis del país, que van desde la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y la derogación de las leyes restrictivas, hasta la protección de las mujeres y las comunidades indígenas, y la cooperación con la comunidad internacional. 

Desde su adopción, hemos hecho un seguimiento objetivo de la acción -y la inacción- del gobierno para aplicar las 14 recomendaciones de la resolución, basándonos en la información pública del sistema de Naciones Unidas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Hoy lanzamos nuestro segundo marco de evaluación de la implementación de la resolución 46/2 por parte de Nicaragua. Sobre la base de estas evaluaciones, concluímos que:

  • El gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales, ni iniciales, para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2; 
  • El gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos presidenciales y disidentes.

Además, el Gobierno nicaragüense no ha señalado ninguna intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional, desde que expulsó del país a las presencias de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018. Durante las reuniones del Consejo de Derechos Humanos dedicadas a la situación de derechos humanos en el país, Nicaragua evitó abordar cualquier preocupación sustancial, y rechazó todas las críticas por considerarlas «intervencionistas y supremacistas». En septiembre, el Gobierno no cumplió con sus obligaciones en materia de tratados de derechos humanos, al asistir en «modo de escucha» a un examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) sin responder a ninguna pregunta, a pesar de los «numerosos acontecimientos extraordinarios que merecían ser abordados». 

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Dada la gravedad de las violaciones de derechos que se están cometiendo, y la prolongada falta de voluntad del gobierno para abordar la crisis y cooperar con la ONU, es hora de que las Naciones Unidas -a través de su Consejo de Derechos Humanos- nombre a un grupo de personas expertas internacionales independientes para que investiguen la situación. En su último párrafo, la resolución 46/2 pide al Consejo que «considere todas las medidas disponibles para fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua», un llamamiento que ha reiterado la Alta Comisionada Bachelet.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua cuando considere su resolución anual sobre el país en su próxima sesión de marzo de 2022. 

Este mecanismo debe contar con el personal y recursos adecuados, y deber tener el mandato de investigar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en el país desde e abril de 2018, así como sus causas estructurales; de recopilar y preservar pruebas con vistas a garantizar que los autores de violaciones o abusos del derecho internacional de los derechos humanos rinden cuentas. 

El 14 de diciembre, según el mandato de la resolución 46/2, la Alta Comisionada Michelle Bachelet presentará ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización oral sobre el contexto «postelectoral» en Nicaragua. Hacemos un llamado a todos los Estados para que garanticen una posición conjunta sólida, basada en las declaraciones conjuntas interregionales anteriores, que expresa profunda preocupación por las graves violaciones que tienen lugar en el país y muestren  su apoyo a la creación de un mandato de las Naciones Unidas que establezca un mecanismo de rendición de cuentas en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

¿Qué puede hacer usted?

Managua, Nicaragua. 30/03/2019.  Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

 

Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de esta crisis y recuperarse como sociedad. Comparte nuestra página de campaña con un periodista que conozcas, tus compañeros o en las redes sociales, usando los hashtags #MecanismoParaNicaragua y #SOSNicaragua. 

 

¡No nos olvidemos de Nicaragua!

El próximo domingo 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega Saavedra asegurará su cuarto mandato consecutivo y cinco años más en el poder junto a su esposa Rosario Murillo como Vicepresidenta, en un proceso electoral “hecho a su medida”. Ahora más que nunca, la comunidad internacional no debe olvidarse del pueblo nicaragüense y debe desconocer el gobierno que será impuesto a las y los nicaragüenses en las votaciones, que no cuentan con las garantías mínimas para considerarse “elecciones democráticas”.

La democracia de Nicaragua comenzó su deterioro progresivo muchos años atrás, con el Pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. El estallido social de abril 2018 y la respuesta represiva por parte de las autoridades estatales y fuerzas paraestatales -que escaló a niveles letales- causó un desgaste del Estado de Derecho donde el Poder Ejecutivo cooptó todos los demás poderes del Estado e instituciones. Posteriormente, y como consecuencia del cierre de los espacios participativos y de diálogo, la censura y las crecientes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía en el contexto electoral, la crisis se profundizó cada vez más. Finalmente, la democracia nicaragüense se mostrará erosionada en los comicios de este domingo.

El 7 de noviembre será un día triste para el pueblo de Nicaragua, que tiene más de tres años de luto y anhelaba se realizaran elecciones libres para iniciar un proceso de transición democrática con garantías de verdad, justicia sin impunidad, reparación integral de los daños sufridos, y garantías de no repetición. Lamentablemente, no hay señales de una pronta mejoría de la situación en el país centroamericano. Todo indica que ya es un hecho la perpetuación en el poder de un gobierno que viola los derechos humanos de manera sistemática.

Por ello, es momento de desmantelar cualquier vestigio que quede de la fachada democrática que Ortega y Murillo quieren mostrar con las votaciones de este domingo. Urge que la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos utilicen todos los recursos a su alcance para impedir que se continúen violando los derechos humanos, particularmente de las personas que son identificadas como opositoras al régimen.

Para contribuir a este propósito, Raza e Igualdad comparte la siguiente actualización respecto de la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Personas presas políticas- Según el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio de la crisis sociopolítica en el año 2018, más de 1,614 personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente y 149 personas continúan encarceladas por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno de Ortega. 

Desde mayo de este año, la Policía Nacional, apoyada por el Ministerio Público, desencadenó una ola de detenciones orientadas a la criminalización de al menos 39 personas, entre ellas siete aspirantes a la Presidencia de la República, defensoras y defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, periodistas, empresarios, líderes campesinos y estudiantiles y otras voces disidentes. Las más recientes detenciones fueron ejecutadas contra el Presidente y Primer Vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, el pasado 21 de octubre.

En la mayoría de estos casos se ha aplicado un “paquete” de leyes aprobadas en el 2020, que han sido sumamente criticadas por la comunidad internacional porque incumplen las obligaciones del país en materia de derechos humanos y causan un efecto perverso en la administración de la justicia, criminalizando selectivamente a la oposición. Estas leyes son la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley contra el Lavado de Activos y la Reforma al Código Procesal Penal Ley 1060, que expande el término de detención a 90 días, sin garantías mínimas del debido proceso.

Familiares de presos y presas políticas, organizaciones locales e internacionales denunciamos que -por las violaciones al debido proceso y su situación de incomunicación- estas personas se encontraban en situación de “desaparición forzada” hasta el día 31 de agosto, cuando las autoridades estatales permitieron las primeras visitas familiares en la Dirección de Auxilio Judicial. Más recientemente, el 11 de octubre, se permitió una segunda visita a través de la cual las familias de las personas detenidas constataron condiciones de detención agravadas, como el aislamiento y la permanencia en la oscuridad o bajo luz eléctrica permanente, la continua pérdida de peso y falta de atención médica adecuada.

La privación de libertad por motivos políticos es una pesadilla que debe ser eliminada de Latinoamérica, y Nicaragua no es la excepción. Para Raza e Igualdad una sola persona presa política es demasiado y no descansaremos en nuestra demanda de libertad. Ante la perpetuación en el poder de la familia Ortega Murillo, el 2022 será un año clave para incidir ante los órganos y mecanismos internacionales a fin de que urjan al régimen liberar a todas esas personas que hoy están en la cárcel injustamente y a cesar de inmediato toda forma de represión contra quienes disienten.

Libertad de expresión y libertad de prensa  – Durante los últimos tres años, los ataques contra medios de comunicación, periodistas y directivos de medios de comunicación, no han cesado. La prensa independiente de Nicaragua ha sido víctima de hostigamientos, amenazas, campañas de difamación, acoso judicial, robo de equipos, retención de papel y tinta, allanamientos, retención migratoria y privación de libertad de periodistas, comentaristas y directivos de medios.

Desde mayo de este año, en el marco de las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021- más de 25 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación fueron citados a declarar en el Ministerio Público y algunos amenazados con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Asimismo, se emitieron órdenes de detención en contra de algunos de sus trabajadores, como el caso del defensor Guillermo Medrano y la periodista Lourdes Arróliga. Esta situación ha obligado al exilio a al menos 40 periodistas. 

Preocupa profundamente el patrón establecido por las autoridades nicaragüenses de impedir el ingreso y expulsar a periodistas de medios internacionales interesados en informar sobre la crisis de derechos humanos y, recientemente, sobre el proceso electoral. Todo lo anterior, sumado a la negativa del Consejo Supremo Electoral en cuanto a la acreditación de periodistas y medios de comunicación independientes, son una prueba más de que Ortega y Murillo pretenden socavar la libertad de expresión y libertad de prensa.

Represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes- Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua han sido blanco de ataques de grupos armados desde el año 2015. La violencia sistemática y el número de víctimas fatales se ha incrementado considerablemente este año. 

El pasado 23 de agosto, “colonos” ejecutaron una masacre en el cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, donde se contabilizaron al menos 9  indígenas Mayagna y Miskitu asesinados, incluyendo a mujeres y niños. Cuarenta y un días después, el 4 de octubre, invasores secuestraron y asesinaron al indígena mayangna Martiniano Macario en Kimawkas (conocido como Tigre Negro), dentro del territorio Mayangna Sauni As. 

Tras estos hechos, medios de comunicación oficialistas responsabilizaron a miembros de los pueblos indígenas por la creciente violencia y deforestación de la Reserva Biósfera de Bosawás. Asimismo, intentaron descalificar a reconocidas organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas como el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) o la Fundación del Río, llamándolas “organizaciones alineadas con la oposición política” y afirmando que los líderes indígenas no se sienten representados por estas. Reconociendo la violencia que sufren los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) amplió las medidas provisionales otorgadas a 9 comunidades miskitu.

Raza e Igualdad reconoce la invaluable labor de organizaciones y defensores que trabajan desde el terreno, y la labor de las personas defensoras que se han visto forzadas al exilio, pero continúan velando por los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. No debemos permanecer impasibles frente a la discriminación, asesinatos y despojos de tierras indígenas. El Estado debe garantizar seguridad frente a las invasiones y el saneamiento de los territorios titulados; asimismo, los grupos armados deben ser desarticulados, desmantelados y llevados ante la justicia.

Nicaragua en la ONU- Pese a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha analizado por tres años consecutivos la situación de Nicaragua y ha adoptado tres resoluciones para promover y proteger los derechos humanos en el país, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna voluntad para superar la grave crisis de derechos humanos.  

En concordancia con la Resolución 46/2, el pasado 13 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet realizó una actualización oral sobre Nicaragua en la que lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, y exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos humanos en el país. Hasta la fecha, el régimen no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada.

Adicionalmente, el pasado 7 y 8 de octubre, el Estado de Nicaragua fue citado a un diálogo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), para revisar la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El representante de Nicaragua optó por participar en “calidad de escucha”, negándose a entablar un intercambio constructivo con los miembros expertos. A pesar de la falta de colaboración del Estado, el pasado 20 de octubre, el Comité publicó sus observaciones finales y preocupaciones.

El Comité DESC consideró especialmente prioritarias la persecución y represalias contra personas defensoras, la violencia contra pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la pandemia de la COVID-19; y formuló recomendaciones relativas a garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos, brindar una protección efectiva a las víctimas de casos de corrupción, entre otras.

Nicaragua en el SIDH- La Corte IDH también se ha pronunciado sobre la extrema gravedad del contexto actual del país. En el marco de las medidas provisionales otorgadas en favor de 21 personas arbitrariamente detenidas en la actual ola de represión, la Corte ordenó su libertad inmediata. Asimismo, este Tribunal ha manifestado reiteradamente su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las y los detenidos. No obstante, el Estado no ha dado su consentimiento. 

Para Raza e Igualdad, el régimen de Ortega no ha mostrado la más mínima voluntad de cooperar “de buena fe” con Naciones Unidas, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lejos de esto, se empeña en permanecer absolutamente cerrado al escrutinio internacional y ha pretendido descalificar su trabajo acusándolos de “represivos” e “injerencistas”. Ante esta actitud negativa del Estado de Nicaragua es fundamental que los organismos de derechos humanos continúen realizando el excelente trabajo de monitoreo, documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que han hecho hasta ahora. 

De cara a la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2022, solicitamos que se renueve el mandato de monitoreo de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y se establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Este mecanismo deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado desde abril de 2018, así como las causas estructurales que, al ser ignoradas por el Estado, han causado que Nicaragua permanezca inmersa en esta crisis. Este mecanismo tendría el mandato de verificar los hechos, identificar perpetradores, y preservar evidencia para cuando se den las condiciones de un proceso de justicia en Nicaragua. Es una herramienta clave de lucha contra la impunidad y apoyaremos insistentemente su establecimiento.

El pueblo nicaragüense merece justicia y libertad, ¡No nos olvidemos de Nicaragua!

Instamos al gobierno de Nicaragua a garantizar el libre ejercicio de la prensa independiente

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos que limitan el libre ejercicio de la prensa, y el recrudecimiento de violación a la libertad de expresión, incluyendo las negativas a fuentes de información para conocer e informar sobre el proceso electoral y votaciones a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, cuando no existe ninguna condición que permita que el proceso electoral sea justo, libre y transparente.

Lamentamos la expulsión de la que fue víctima un equipo periodístico del diario hondureño, El Heraldo; perpetrada por las autoridades de Migración en el puesto fronterizo de El Guasaule el pasado 25 de octubre. Situación similar había vivido el periodista Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times, quien el pasado mes de junio fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país.

Otros casos que motivan  nuestra preocupación fue lo sucedido a principios de octubre a un equipo de CNN que intentó ingresar a Nicaragua por tierra, a través de la vecina Costa Rica. El 17 de octubre las autoridades nicaragüenses negaron la entrada a su territorio al periodista Frédéric Saliba, corresponsal en México de Le Monde. Este medio de comunicación también había presentado una solicitud a la embajada de Nicaragua en París para entrar al país a realizar el cubrimiento, sin embargo se acuerdo con el medio la solicitud sigue sin respuesta.

Reprobamos que a 4 días de celebrarse los comicios, medios de comunicación y periodistas independientes no hayan recibido sus credenciales por parte del Consejo Supremo Electoral, lo que impedirá que los medios y sus periodistas puedan dar una cobertura completa a un proceso electoral que no garantiza el derecho de elegir a las autoridades en libertad. Es notorio observar que el gobierno de Nicaragua, tiene como política gubernamental mantener alejada a la prensa nacional independiente y a los medios de comunicacióninternacionales de la cobertura del proceso electoral 2021.

Vale la pena recordar que desde abril 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, las agresiones físicas, allanamiento de medios, asedio e intimidación durante las coberturas periodísticas han sido reiteradas junto al robo y destrucción de equipos. Desde mayo del 2021 hemos observado que el gobierno de Nicaragua en un intento desesperado por silenciar a todas las voces críticas, ha realizado otras acciones lesivas a los derechos fundamentales, tales como:

  1. a) Cancelación de la personalidad jurídica de más de 50 organizaciones no gubernamentales. Muchas de ellas, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de Covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes; mientras que otras además brindaban asistencia médica y educación sanitaria a la población nicaragüense.
  2. b) Judicialización de la labor periodística. Desde que la Fiscalía inició un juicio en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también se inició una ola de intimidación en contra de periodistas, dueños de medios y creadores de contenido periodístico en la que la Fiscalía amenazaba y cuestionaba la labor periodística independiente. La judicialización de periodistas independientes y otros trabajadores del sector, busca silenciar a quienes confrontan al poder y se esfuerzan por llevar información independiente pese a la inseguridad, la negativa de acceso a la información pública y el acoso y hostigamiento al que se exponen.
  3. c) Asedios y allanamientos. Esta ha sido una de las formas más comunes de intimidación ejecutada por policías y paramilitares en contra de periodistas, en la que, además, también se ven afectados los familiares de los comunicadores, incluidos menores de edad. En muchas oportunidades se les ha negado el derecho al trabajo al impedirles salir de sus viviendas.
  4. d) Nueva ola de exilio masivo de periodistas. Ante la escalada y recrudecimiento de la violencia estatal, para muchos comunicadores la migración sigue siendo la única alternativa para salvaguardar su vida, su libertad personal y su integridad física. Hemos conocido que entre mayo y octubre al menos 40 periodistas se han visto forzados a abandonar el país para resguardar su seguridad y la de los suyos. Para muchos es la segunda vez que deben exiliarse desde que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en 2018.
  5. e) Retención migratoria y despojo de pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería ha despojado arbitrariamente a una decena de periodistas independientes de sus pasaportes y además les ha impedido salir del país sin ninguna explicación válida.
  6. f) Campañas de estigmatización en redes sociales. Periodistas en distintos departamentos de Nicaragua han sido expuestos en redes sociales con comentarios denigrantes luego que estos acudieron a los centros asistenciales para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Recientemente se conoció que Facebook eliminó más de mil cuentas vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las cuales estarían activas desde 2018 y buscaban influir la opinión pública en contra de las voces críticas.

Como organizaciones que defendemos y promovemos la Libertad de Expresión y de Prensa, recordamos al gobierno de Nicaragua su obligación de garantizar el acceso a la información pública y el libre ejercicio del periodismo, los cuales son derechos plenamente reconocidos en los tratados y convenios que en materia de Libertad de Prensa y Expresión el Estado de Nicaragua es signatario.

Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. Asimismo, dichas conductas son contradictorias a los principios de publicidad y participación ciudadana propugnados en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621).

Las organizaciones firmantes, una vez más reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los y las periodistas nicaragüenses y medios de comunicación que siguen haciendo su trabajo, incluso desde el exilio, para mantener informada a la sociedad nicaragüense. Exigimos a las autoridades nicaragüenses, garantizar la libertad de prensa y permitir el ingreso de la prensa internacional que busca cubrir la jornada electoral del 7 de noviembre para que el país y el mundo puedan recibir la mayor información posible  al respecto.

 

Firman,

Acción Penal

AMARC-ALC

Comité de Protección a Periodistas (CPJ)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más

IFEX-ALC

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)

PEN Internacional

Voces del Sur

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre Nicaragua: Preocupa el cierre de espacios participativos y de diálogo a nivel nacional e internacional

Washington D.C. (22 de octubre); En el marco de su 70º período de sesiones, el pasado 7 y 8 de octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas revisó la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Estado de Nicaragua. 

Durante estas sesiones, el Estado de Nicaragua se negó a entablar un intercambio con el Comité y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. Esta actitud es contraria a su compromiso como Estado Parte del pacto, que implica someterse a revisión, hacer declaraciones sobre los informes periódicos presentados y contestar a las preguntas de los y las expertas del comité. 

Pese a la negativa del representante de Nicaragua, el Comité reiteró su deseo de entablar un diálogo constructivo con el Estado y aclaró que la “calidad de escucha” lo imposibilitaba. El experto Mikel Mancisidor expresó que “admitir lo contrario supondría un gravísimo precedente que pondría en cuestión todo el sistema de diálogo con los Estado” y comunicó la decisión del Comité de proceder al  “estudio del informe periódico en ausencia de diálogo con el Estado”.

De acuerdo a sus reglas de procedimiento, el pasado miércoles 20 de octubre, el Comité dio a conocer un informe público con observaciones finales sobre las cuestiones que preocupan a las y los expertos. Entre estas preocupaciones, el Comité consideró especialmente prioritarias las relativas a la persecución y represalias contra personas defensoras de derechos humanos, la violencia en torno a la posesión y utilización de territorios de pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19. 

Asimismo, se refirió al cierre de espacios participativos y de diálogo; la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y los altos niveles de corrupción e impunidad que persisten en Nicaragua; las alegaciones de discriminación por motivos de opinión política y orientación sexual; los despidos injustificados por la participación en protestas sociales de 2018; la expulsión de estudiantes como represalia y la denegación de asistencia médica a las personas lesionadas durante las manifestaciones.

Ante estas preocupaciones, el Comité procedió con las siguientes recomendaciones al Estado de Nicaragua:

    1. Garantizar la imparcialidad e independencia del poder judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
    2. Restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos 
    3. Prevenir actos de violencia contra todos los defensores de derechos humanos y para la protección efectiva de su vida e integridad personal.
    4. Readmitir y restituir a estudiantes, maestros universitarios y personal médico que hubieran sido injustamente removidos, en sus puestos de trabajo o estudio.
    5. Investigar imparcial y exhaustivamente los casos de usurpación de territorios indígenas.
    6. Brindar una protección efectiva a las víctimas de los casos de corrupción. sus abogados, los defensores que la combaten, los denunciantes de irregularidades y los testigos.
    7. Garantizar que nadie sea discriminado en el acceso a los DESC, incluso mediante la adopción de una legislación integral contra la discriminación.
    8. Combatir la discriminación por motivos de opinión política y garantizar que todas las víctimas de estos actos tengan acceso a recursos judiciales y administrativos efectivos.
    9. Garantizar que las víctimas de despidos injustificados tengan acceso a un recurso judicial efectivo, indemnización y en su caso a su restitución en el puesto de trabajo, entre otras recomendaciones.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, lamentamos profundamente la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones. Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Recordamos que la implementación de estas recomendaciones es necesaria para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Alta Comisionada de Naciones Unidas: Resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las y los nicaragüenses

Washington D.C., 13 de septiembre de 2021.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este lunes 13 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, su segunda actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Bachelet lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral del país, y se refirió a las detenciones arbitrarias que ha ejecutado el Gobierno desde mayo 2021 a la fecha, destacando que debido a la situación de incomunicación, aislamiento y la falta del debido proceso -especialmente en el caso de las mujeres- varios aprisionamientos presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos.

En su actualización oral, Bachelet expresó que la salida a la crisis de derechos humanos requiere la participación de todos los sectores de la sociedad nicaragüense y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. “Las y los nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencia o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas… Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales… Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua”, denunció. 

Desde el 28 de mayo de 2021, su Oficina ha documentado la detención arbitraria y acusación de más de 30 personas, entre ellas defensoras y defensores de derechos humanos, empresarios, líderes campesinos, líderes estudiantiles y seis personas que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia de Nicaragua. 

Por otro lado, la Alta Comisionada denunció la intensificación de los ataques a la libertad de expresión y la libertad de asociación, el incremento de la violencia contra pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la imposibilidad de valorar el estado de la pandemia en Nicaragua por la ausencia de información oficial sobre los contagios y muertes relacionadas al Covid-19. 

Según la información brindada por su Oficina, al menos doce periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación se han exiliado para proteger sus vidas en el marco de las citatorias, amenazas y detenciones dictadas por el Ministerio Público; además, destacó como evidencias del deterioro, la suspensión de la versión impresa del Diario La Prensa por obstáculos aduaneros, el posterior allanamiento de sus instalaciones, la incautación de bienes y la detención de su gerente general.

Respecto al derecho de asociación, recordó que la Asamblea Nacional clausuró cuarenta y cinco organizaciones sin fines de lucro, entre ellas seis organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de mujeres y organizaciones médicas que cuestionaron las respuesta gubernamental ante la pandemia. 

Además, informó que al menos nueve personas indígenas resultaron muertas en un ataque relacionado con una disputa sobre tierras en el territorio Sauni As, de la Región Autónoma Costa Caribe Norte (RACCN), el pasado 23 de agosto.“Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registrados en esa misma área desde enero de 2020 permanecen impunes”, manifestó Bachelet. 

Ante este deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Comisionada expresó que es el deber del Gobierno de Nicaragua volver a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos; cesar la represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y liberar de forma inmediata y sin condiciones a más de 130 personas que se encuentran detenidas desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.

Finalmente, Bachelet exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en el país, contando con la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) para contribuir a dichos esfuerzos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), nos unimos al llamado urgente de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que continúe contribuyendo a la superación de la crisis de derechos humanos de Nicaragua.

Particularmente, respaldamos los esfuerzos de la Alta Comisionada y su Oficina en la formulación de múltiples recomendaciones que, si bien según nuestro Marco de Monitoreo de la Resolución 46/2 no han sido implementadas por el Gobierno de Nicaragua, trazan el camino para una salida con justicia y reparación integral para las víctimas de la crisis de derechos humanos de Nicaragua. 

Una vez más, urgimos al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión contra personas defensoras, periodistas y personas consideradas como “opositoras”, a liberar a todas las personas encarceladas por motivos políticos, y demás acciones necesarias para implementar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los Procedimientos Especiales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Invitamos a la sociedad civil nicaragüense, medios de comunicación y comunidad internacional a unir esfuerzos para continuar monitoreando, documentando, denunciando y condenando las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Si le interesa obtener más información sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, por favor contactarse directamente con Tania Agosti, Asesora legal en Ginebra ( Agosti@RaceandEquality.org).

CIDH otorga medidas cautelares a favor de la periodista Georgina Vargas 

A solicitud del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el 28 de agosto de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la periodista independiente de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), Georgina Roxana Vargas Clarens, por considerar que está en una situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal en Nicaragua. 

En su resolución, la CIDH requiere al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de la periodista Vargas Clarens, asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal, y proteja sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, ordena al Estado que adopte todas las medidas necesarias para que Vargas Clarens “pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores”.

Situación de riesgo acentuada por ser mujer y periodista independiente

La Comisión asegura que la situación de riesgo de Vargas Clarens “se enmarca en el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, así como en un contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país”.

Vargas Clarens se desempeña como corresponsal en la RACCN de Canal 10 de televisión desde el año 2013. Ha realizado reportajes periodísticos e investigativos sobre las invasiones a los territorios indígenas cometidas por diversos grupos de colonos con la aquiescencia de las autoridades locales y estatales. A su vez, ha documentado y divulgado las constantes agresiones de autoridades públicas contra comunitarios, y ha brindado cobertura especial a los distintos comicios electorales que se han celebrado en los últimos años en la Costa Caribe.

La Comisión reconoce que su situación de riesgo está relacionada directamente con su labor periodística, a consecuencia de la cual ha sido intimidada, amenazada, hostigada y agredida físicamente; represalias que se han acentuado con el tiempo, particularmente desde 2018 a la fecha. Asimismo, resalta que resulta sumamente preocupante que varias de las amenazas más recientes en su contra habrían venido de autoridades estatales.

La CIDH también enfatiza que “la propuesta beneficiaria tiene limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista en Nicaragua”. Asimismo, reconoce que existe cierta hostilidad por parte de actores estatales hacia ella, quienes además tendrían como objetivo de tenerla bajo estricta vigilancia y control a lo largo del tiempo”.  

Adicionalmente, la Comisión advierte que esta situación de riesgo se acentúa por el hecho de ser mujer periodista, ya que al ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera activa y mantener un alto perfil público, Vargas se ve enfrentada a la violencia y la discriminación basada en género, así́ como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales.

Finalmente, la Comisión expresa que el Estado de Nicaragua ha tenido conocimiento, internamente y a través del presente procedimiento, de la situación de riesgo enfrentada por la periodista Vargas Clarens, dadas las denuncias policiales interpuestas por la beneficiaria. Sin embargo, estima que el Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante. También tomó en cuenta el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en Nicaragua, así como la situación de riesgo acentuada que enfrenta la beneficiaria como mujer periodista; por tanto, otorgó las medidas cautelares solicitadas en  favor de la periodista Georgina Vargas Clarens. 

Pronunciamiento

Como organizaciones que acompañamos a las y los periodistas independientes en el marco de la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua desde abril del 2018, consideramos que el otorgamiento de las medidas cautelares en favor de Georgina Vargas, reconoce y constata de manera contundente el clima de violencia y abierta violación a los derechos humanos que se vive actualmente en la RACCN y en Nicaragua en particular respecto de las afectaciones específicas que enfrentan las mujeres periodistas; y reafirma la responsabilidad del Estado de Nicaragua de tomar todas las medidas para garantizar su protección, cumpliendo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

Raza e Igualdad publica análisis sobre personas detenidas por motivos políticos y llama a los órganos de protección del Sistema Interamericano a sostener el requerimiento a los Estados de su inmediata liberación

Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

 

Foto: Óscar Navarrete.

Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua

Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua, condene las violaciones a estos derechos y haga un llamado a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Igualmente, instamos a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión. A continuación, haremos un recuento de las últimas agresiones:

Este 12 de agosto circuló la última edición impresa del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. La Prensa goza desde hace años de una exoneración fiscal sobre el papel y otros insumos que el periódico requiere para circular. Esta exoneración está avalada por la Constitución de Nicaragua.  La Dirección General de Aduanas (DGA) no les entrega las exoneraciones fiscales correspondientes para acceder a papel y otros insumos necesarios para la impresión del periódico, pese a que el trámite de solicitud de exoneración se realizó el 26 de julio de 2021. Por la misma razón, un día antes dejó de circular el diario Hoy, otro de los productos editoriales de La Prensa. La negativa por parte de la DGA es violatoria de la Constitución[1] y de la ley que indica que se debe resolver en un periodo máximo de diez días.

Además, el 13 de agosto, al día siguiente de que la edición impresa de La Prensa dejará de circular, las instalaciones del diario La Prensa fueron tomadas por patrullas policiales que allanaron las oficinas y la sala de la rotativa del periódico, y, sin orden judicial, sacaron cajas con documentos, computadoras y otros bienes de las instalaciones. Al ingresar a las instalaciones, interrumpieron el servicio de internet y no dejaron que los personas que se encontraban dentro usaran sus celulares. Además, permanecieron retenidas durante las más de 12 horas que duró el allanamiento

Horas después, la Policía emitió un comunicado informando que el Estado iniciaba una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, «por los delitos de Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».

La madrugada del 14 de agosto las autoridades policiales trasladaron a las oficinas y cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario, con el argumento que debía firmar documentos. Posteriormente, el 16 de agosto, el Ministerio Público anunció, mediante una nota de prensa, que Holmann había sido detenido y se le habían impuesto 90 días de prisión por el proceso de investigación contra el medio. A la fecha el edificio de La Prensa continúa tomado por agentes policiales fuertemente armados y no permiten el ingreso de los periodistas y otros colaboradores.

Lo ocurrido con La Prensa en los últimos días se suma a una serie de ataques y acciones intimidatorias cometidas por el Estado nicaragüense en contra de la prensa y de voces críticas. A raíz del proceso abierto en el mes de mayo, contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de activos, más de 30 periodistas han sido llamados a entrevistas al Ministerio Público. En las entrevistas se les ha amenazado con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos como consecuencia de sus publicaciones, siendo esto un claro ejemplo del uso del aparato judicial para amedrentar a la prensa y las voces críticas.

En los últimos meses se han abierto múltiples procesos judiciales contra voces críticas y líderes de oposición, a quienes se les les investiga actualmente por supuesta traición a la patria bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y hasta la fecha, hay 33 personas detenidas por ejercer su derecho a disentir del actual gobierno, y  haber sido identificadas como “opositores al gobierno”.   Entre los detenidos se encuentra el periodista deportivo Miguel Mendoza y el comentarista político Jaime Arellano. Asimismo, varias decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse o desplazarse   para evitar la posibilidad de ser encarcelados y criminalizados injustamente.

Lo que está ocurriendo, sin duda alguna constituye un acto de hostigamiento contra la prensa y pretende generar un efecto inhibitorio en los periodistas en un momento en que su trabajo es crucial. A pocos meses de que se lleven a cabo elecciones nacionales en el país, es indispensable el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. El principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH dispone que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Como organizaciones que defendemos y promovemos la libertad de expresión y de prensa:

  1. Llamamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las autoridades de la comunidad internacional, a condenar públicamente las violaciones a la libertad de expresión y a hacer un llamado a restablecer  las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Además, llamamos a los gobiernos de  la comunidad internacional a urgir  a las autoridades nicaragüenses para que garanticen la seguridad y protección de quienes ejercen sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluyendo aquellos que han sido acusados, detenidos o llamados a comparecer ante las autoridades judiciales; así como a monitorear las próximas acciones que pueda emprender el Estado para la criminalización de quienes reclaman ejercer sus derechos cívicos.
  2. Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que nuevamente soliciten al Estado de Nicaragua permitir una visita al país para constatar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión luego del recrudecimiento de los hechos suscitados entre mayo y agosto de 2021.
  3. Llamamos a los organismos de protección de  derechos humanos de la OEA y ONU a responder de forma coordinada ante la crisis que actualmente se vive en Nicaragua.
  4. Demandamos al Ministerio Público de Nicaragua que cese las agresiones, persecuciones y judicializaciones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.
  5. Urgimos a las autoridades aduaneras liberar el material de La Prensa en cumplimiento a las leyes vigentes.
  6. Demandamos la liberación inmediata de los tres directivos de la Prensa encarcelados: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, así como del candidato a la presidencia y periodista Miguel Mora, el periodista Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano y todos y todas las y los presos políticos que permanecen arbitrariamente privados de libertad en las cárceles del país
  7. Emplazamos al Estado nicaragüense a cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de la población a estar informada.

Suscriben,

AMARC-ALC

Committee to Protect Journalists (CPJ)

IFEX-ALC

Instituto Internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos

PEN Internacional

Voces del Sur

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