AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones que suscribimos el presente comunicado condenamos el grave deterioro a la libertad de expresión y de prensa que actualmente vive Nicaragua; donde aún persiste un entorno hostil y sin garantías para el libre ejercicio del periodismo. Hemos conocido mediante denuncias de los hombres y mujeres de prensa agredidos, que durante las coberturas son requisados excesivamente, golpeados, insultados, obligados a quitarse los cubre bocas para ser fotografiados  y existen denuncias de abuso sexual.

Es preocupante observar el trato diferenciado, excluyente y discriminatorio que prevalece en contra de periodistas independientes, a quienes se les impide realizar su trabajo, se les niega el acceso a información pública—incluidos datos confiables sobre la pandemia de COVID-19,  y que además son blanco permanente de todo tipo de agresiones y violaciones a sus derechos. Dicha situación ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y los mismos medios de comunicación. 

Expresamos nuestra solidaridad y reconocemos la valentía, coraje y el compromiso inquebrantable demostrado por periodistas y trabajadores de medios nicaragüenses en su vocación de informar, seguir buscando y compartiendo información de calidad a pesar de las agresiones, difamaciones, uso del lenguaje estigmatizante y venciendo la cultura del secreto, como estrategia de comunicación impuesta por el gobierno actual.

En los últimos meses se han conocido varios casos de periodistas que enfrentan procesos judiciales en su contra con el objetivo de silenciar sus voces. Uno de esos casos es el de la periodista Kalúa Salazar jefa de Prensa de Radio La Costeñísima, quien además de los procesos judiciales en su contra ha sido víctima en reiteradas ocasiones de asedio policial en grandes dimensiones, campañas de desprestigio en redes sociales, criminalización, y,  hasta agresiones físicas. Todo esto como consecuencia de ejercer su derecho a informar.

Como organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión y de prensa, nos sumamos a las múltiples voces que exigen el esclarecimiento del asesinato en abril de 2018 del periodista Ángel Eduardo Gahona, urgimos al Gobierno de Nicaragua, la aplicación de una justicia plena que identifique y castigue a los verdaderos responsables de su muerte, para así poner fin a tres años de impunidad.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incumplimiento por parte del estado nicaragüense de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a periodistas y familiares. De igual manera, la falta de implementación de las 48 recomendaciones recibidas en el Tercer Ciclo de Evaluaciones del Examen Periódico Universal orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. El estado también ha incumplido las recomendaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación a que se establezca un diálogo fundado en los estándares internacionales, entre el gobierno y la oposición para abordar la crisis multidimensional que afronta el país. 

Hacemos un llamado al estado de Nicaragua para que, en el contexto de las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre 2021, garantice medidas especiales de protección para los y las periodistas que estarán dando cobertura a cada una de las etapas del proceso electoral. Hasta la fecha, hacer cubrimiento de temas electorales como precandidaturas y presentación de bloques de la oposición en diferentes espacios del país, ha significado el aumento de los niveles de abuso y restricción de la libertad de prensa.

La CIDH y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, han expresado que, “[e]l sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos, y de quienes deseen expresarse. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar”.

Por último, urgimos al Estado de Nicaragua, la derogación de las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros, las cuales contradicen los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La existencia de estas leyes ha obligado a organizaciones de sociedad civil como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cesar sus operaciones.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, emplazamos vehementemente al Estado nicaragüense a garantizar la seguridad de los y las periodistas; abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para hostigar y censurar las voces críticas; y cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Firman,

AMARC-ALC

CPJ

IFEX-ALC

Instituto Raza, igualdad y Derechos Humanos

Voces del Sur

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Washington D.C., 21 de abril de 2021.– Luego del estallido social en abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha restringido el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Además, hace poco aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual impacta de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, y  provocó el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ella. 

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a visitar el país para conocer de cerca la situación referida a la libertad de asociación,  reunión y manifestación pacífica, además conjuntamente con otras Relatorías de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la aprobación de leyes que son contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. 

En esta entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco del tercer aniversario de la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, Voule se refiere a porqué es importante su visita al país una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y asegura que continuará apelando al Gobierno para suspender la aplicación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Usted  ha expresado reiteradamente su voluntad de visitar Nicaragua.  ¿De qué manera piensa que una visita suya contribuiría a mejorar el rendimiento del Estado en cuanto a la libertad de asociación y la libertad de reunión?

Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual.  Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo.  El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan.

Durante una visita oficial a un país, el Relator Especial se reúne con partes interesadas a nivel nacional que están involucradas en la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso oficiales gubernamentales de alto rango, miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mecanismos de supervisión policiaca, representantes de la comisión nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), junto con otras partes relevantes.  El propósito, es examinar los asuntos relacionados con estos dos derechos.

Aporto recomendaciones concretas, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El Gobierno nicaragüense ha suprimido el derecho a la reunión o manifestación pacífica.  Dichas prohibiciones, dan forma al contexto de las próximas elecciones a realizarse en noviembre, y limitan la posibilidad de libremente ejercer derechos durante dichas elecciones.  ¿Cuáles llamados haría Ud. al Gobierno sobre esta situación?

Según la información que he recibido, desde septiembre de 2018 el Gobierno nicaragüense ha continuado a prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone el Gobierno.

Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo.  Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua.

Desde el 13 de noviembre de 2020, los Procedimientos Especiales, incluso su Relatoría, se han pronunciado sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Los Procedimientos Especiales, han señalado que ambas medidas plantean preguntas serias sobre su compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos internacionales.  ¿El Estado ha respondido a dichas comunicaciones con la voluntad de revisar las leyes, o de colaborar con su asistencia técnica?  ¿Cómo continuarán los Procedimientos Especiales a insistir en que dichas leyes se adapten para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos?

Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno a la comunicación OL NIC 3/2020 que se envió en noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.  Junto con otros(as) poseedores(as) de mandatos, detallé unas cuantas preocupaciones sobre dichas leyes, que se consideran estar en violación de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 

Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos.  Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas.

La Ley, además incluye sanciones desmedidas por incumplimiento, ya que dispone que organizaciones deben ser disueltas o sus fondos confiscados, cuando no cumplen con requisitos administrativos menores.

Exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que inmediatamente suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas.

Continuaré mi conversación con el Gobierno sobre dichas leyes, y continuaré mi seguimiento de cerca de la situación, con la colaboración de organizaciones locales en terreno, y además con la presencia del ACNUDH en Panamá, el cual monitorea desde lejos la situación en Nicaragua.

¿Es común, que su Relatoría se enfrente a tantos obstáculos para realizar una visita oficial a un país, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua?

Como mencioné anteriormente, mi intención es visitar a Nicaragua apenas se hayan levantado las restricciones, y se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno.  Permitiendo y facilitando una tal visita, además demostrará la voluntad del Gobierno de proteger dichos derechos y el espacio cívico en el país.

¿Qué mensaje desea dar a la sociedad civil nicaragüense, en el contexto de la intensificación de las represalias contra su trabajo?

Me gustaría expresar mi admiración, por el coraje y la perseverancia de los(as) defensores(as) de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, los(as) cuales enfrentan un sinnúmero de obstáculos en llevar a cabo sus labores.

Desde abril de 2018, mi mandato ha seguido de cerca la situación en Nicaragua.  Es fundamental, mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas contra los(as) defensores(as) de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.  Esto es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021.

La sociedad civil en Nicaragua, puede contar con mi apoyo, y continuaré mi involucramiento con ella, para abordar la crisis actual.  Además continuaré mis conversaciones con el Gobierno, para asegurar que las inquietudes planteadas por mi mandato sean abordadas, y la situación actual sea revertida.

Antonia Urrejola – Presidenta de la CIDH: “Seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en Nicaragua; la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”

Washington D.C., 20 de abril de 2021.- Al conmemorar tres años de la grave crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

Aunque hasta la fecha nada parece cambiar y el Gobierno más bien ha recurrido a nuevas estrategias para violar y restringir los derechos de la población y perseguir a la sociedad civil, la oposición , personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Urrejola valora como positivo el hecho que –gracias al esfuerzo y compromiso de diversos sectores locales, regionales e internacionales—la situación de Nicaragua se mantiene visible y, por tanto, cree que la impunidad puede ser derrotada y que el país retornará eventualmente a un contexto democrático. 

“Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”, asegura. 

¿Qué rol ha jugado la CIDH en la crisis de Nicaragua y cómo valora la respuesta que han recibido por parte del Estado, el rol de la sociedad civil y las víctimas?

Creo que el rol que ha jugado la Comisión en el desarrollo de la crisis de derechos humanos -que se inició con la represión de las protestas de abril de 2018 y que continúa hasta hoy- ha sido fundamental.

Para llegar a esta conclusión, basta observar objetivamente el despliegue de la CIDH  en este contexto: desde el inicio de la crisis se han aprobado cuatro informes de país, dos informes temáticos, 102 comunicados de prensa; se han realizado cientos de posteos en las redes sociales denunciando lo que ocurre en el país; se han otorgado 92 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias; se han obtenido más de 1700 testimonios que dan cuenta de las características de las violaciones de derechos que continúan ocurriendo en el país. Se debe decir además que la Comisión actualiza al menos tres registros relacionados con la crisis, el de personas fallecidas, personas privadas de libertad, así como el de los testimonios recibidos, directamente de las víctimas o de sus familiares. 

Gracias a este despliegue, me atrevería a afirmar que parte importante de la narrativa internacional sobre la crisis, es decir, la de las propias organizaciones internacionales, de la sociedad civil, así como de los Estados de la región y del mundo sobre la crisis de Nicaragua, ha estado marcada de manera relevante por el trabajo que la CIDH ha realizado a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y, en su momento, por el  Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). 

Ahora bien, no cabe duda que la labor de la sociedad civil ha sido fundamental en el ejercicio del mandato convencional de la Comisión Interamericana en Nicaragua. Ustedes mismos, Raza e Igualdad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo, han sido actoras fundamentales en la denuncia y visibilización internacional de la situación de derechos humanos en el país o en la utilización de mecanismos de protección, como las medidas cautelares, en favor de personas cuyos derechos corren grave y urgente riesgo en el país.

Creo que la sociedad civil nicaragüense merece una mención especial cuando reconocemos a las actoras relevantes en esta crisis. Por razones de seguridad de las propias organizaciones y sus integrantes no me parece prudente exponer en detalle, y en su real magnitud, la maravillosa articulación de esfuerzos que la sociedad civil y particularmente las víctimas y sus familiares han realizado. Pero puedo mencionar algunos ejemplos: el registro y denuncia exhaustivo de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, no sería posible sin la articulación de sociedad civil, del activismo, y de las víctimas y familiares que han constituido el “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”.  El silencioso, valiente y comprometido trabajo de registro de la Asociación de Madres de Abril (AMA), por poner otro ejemplo, son muestras específicas de lo esencial que, en el trabajo de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha sido la sociedad civil local. Tampoco es posible concebir las excarcelaciones que se han producido hasta ahora, sin la intervención de la Iglesia Católica y la Comisión de Verificación y Seguridad. Todas estas son iniciativas de la sociedad civil que tienen un valor inconmensurable en el abordaje de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.  

Como Relatora para Nicaragua usted ha mostrado un gran interés por el país y se ha pronunciado reiteradamente sobre la situación de este. Ahora, como presidenta de la Comisión, ¿De qué forma se plantea incidir para lograr que la CIDH y el MESENI puedan regresar a Nicaragua?

En esta materia siempre hay novedades que ofrecer, la labor que ha desarrollado la CIDH ha logrado el importante objetivo de mantener la atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en medio de un ambiente muy acontecido en las Américas, en materia de derechos humanos, frente a los intentos desplegados por el Estado de instalar la sensación de normalidad, y en medio de la pandemia. 

Pero este objetivo se ha logrado por medio de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la crisis. En este sentido ya tenemos suficiente evidencia que el 2021 será un año diferente en Nicaragua y en dicho contexto, mantendremos a Nicaragua como parte inevitable de la agenda interamericana y universal, adaptándonos a las circunstancias especiales que ya están caracterizando este año. 

Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente. Los Estados a veces, como sucede con Nicaragua ahora, parecen ser inmunes a los llamados internacionales, pero, como decía, la experiencia en nuestro continente nos muestra que los procesos de democratización se producen y que la impunidad al fin es derrotada por la memoria y la justicia. La CIDH sigue y seguirá ahí en la cotidiana labor de cumplir su mandato y estará ahí también, para colaborar con la sociedad nicaragüense y con el propio Estado, cuando esos procesos se produzcan  

El país se encamina a unas elecciones generales sin garantías mínimas y no da señales de realizar reformas electorales de aquí a mayo 2021, tal como exhortó la OEA, ¿Cómo valora el impacto que tendrá en la crisis de derechos humanos el no realizar dichas reformas oportunamente?

La Asamblea General de la OEA ha dictado una resolución el año pasado en que promueve que en Nicaragua se realicen elecciones “libres y justas” este año. En dicha resolución se hace un llamado al Estado para que, entre otras, reforme la normativa que regula el Consejo Supremo Electoral.

La Comisión Interamericana, ya a comienzos del 2018, hizo presente la falta de independencia y neutralidad del CSE como uno de los factores que inciden en la situación en Nicaragua, en que se observa una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Esa falta de neutralidad e independencia, se manifiesta, tal como ya lo señaló la Comisión, en decisiones que afectan a fuerzas políticas de oposición. 

La CIDH no ha sido ajena a estos asuntos y estará muy atenta a los desenvolvimientos de este año de elecciones, porque existen también estándares de derechos humanos que deben ser respetados en materia de derechos políticos. Esa sigue siendo una materia en que el Estado de Nicaragua debe realizar modificaciones institucionales para asegurar elecciones libres y justas.   

En medio de una crisis socio-político y de derechos humanos sin resolver, el Gobierno aprobó leyes y reformas, como la reforma al art. 37 de la Constitución y la reforma al Código Procesal Penal que han ameritado serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, ¿Cómo puede incidir la Comisión para que el gobierno derogue estas leyes? 

La Comisión, así como sus relatorías competentes, ya se han manifestado de manera específica sobre la llamada Ley de Agentes Extranjeros, sobre disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos, así como sobre la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, expresando que ellas no satisfacen estándares internacionales de derechos humanos y llamó en su momento a dejarlas sin efecto. Del mismo modo, se ha manifestado la preocupación por el uso eventualmente represivo que podría darse a las reformas a la Constitución sobre el establecimiento de la cadena perpetua y al Código Procesal Penal en la extensión de privación de libertad sin acusación fiscal. En el mismo sentido lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como le decía antes, estos llamados y pronunciamientos no son garantía directa e inmediata de que esas leyes se deroguen, pero sí inciden en la agenda internacional y ello a su vez influye en los cambios que deben producirse en Nicaragua. Nosotros no descansaremos y sé que la propia sociedad civil no descansará en promover esos cambios.

¿Cuál es su valoración sobre las dificultades que han encontrado las medidas cautelares para su cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua y qué oportunidades ve usted de que dichas medidas sean implementadas, en el actual contexto? ¿En qué etapa está la definición de un Protocolo para su implementación?

En las actuales circunstancias, dada la casi total falta de colaboración e información aportada por el Estado, no parece verse en el horizonte la adopción de un protocolo de implementación de medidas cautelares, que requeriría por supuesto de la colaboración y disposición del Estado.

De la misma manera, se puede afirmar que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, las medidas cautelares concedidas no han sido del todo estériles en materia de protección a las personas que son sus beneficiarias. Por poner solo un ejemplo, las 17 personas que fueron beneficiarias de medidas cautelares y respecto de las cuales la Corte Interamericana luego emitió medidas provisionales, fueron excarceladas. En medio de la crisis y del sufrimiento que ella causa a las personas, estos pequeños y aún insuficientes triunfos nos dan esperanza.

¿Qué mensaje le manda a la sociedad civil nicaragüense en el contexto del escalamiento de las represalias hacia las organizaciones que impera actualmente?

Que este será un año previsiblemente difícil luego de las leyes dictadas entre fines del año pasado y comienzos de este. En dicho marco, quisiera transmitirles que estaremos muy pendientes del día a día y muy preparados para denunciar públicamente las violaciones de derechos y tomar medidas de protección cuando corresponda.

¿Qué mensaje le envía a las víctimas y sus familiares? 

Que siguiendo su ejemplo, seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en el país; que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse. Además, como siempre resaltamos en la Comisión, tengo que enviarles un mensaje de entrañable agradecimiento, pues su compromiso, valentía y trabajo hacen también posible el nuestro.

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sufren persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales

Washington D.C., 19 de abril de 2021.- A tres años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, en Nicaragua persiste la represión contra las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas personas defensoras de la comunidad LGBTIQ, de pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas, opositores y sociedad civil. 

El Estado de Nicaragua implementa una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos de intimidación, amenazas, campañas sistemáticas de estigmatización, confiscación de bienes, y la aprobación de leyes que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, como son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos. 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con representantes de tres organizaciones de la sociedad civil que han sufrido represalias por su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. Les pedimos que compartieran su valoración sobre la crisis, un llamado a la comunidad internacional y un mensaje para las personas defensoras de derechos humanos. 

Marlin Sierra: Sin presentar ninguna prueba, el Gobierno ha acusado a las ONG de conspiración contra el Estado

Marlin Sierra, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que el Gobierno de Nicaragua ha acusado a las organizaciones no gubernamentales de conspiración contra el Estado. Por tanto, la nueva legislación tiene como objetivo “crear un ambiente extremadamente restrictivo para la labor de defensa de los derechos humanos, reduciendo significativamente sus actividades, y acentuando el estado de terror ya existente en el país”, indicó.  

En diciembre del año 2018, el CENIDH sufrió la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica, y el despojo de sus bienes. En febrero del 2021, el Gobierno de Ortega confirmó que se quedará, ilegalmente, con las oficinas del CENIDH en las ciudades de Managua y Juigalpa tras convertirlas en dependencias del Ministerio de Salud (MINSA).

Pese a este grave atentado contra la libertad de asociación, el CENIDH mantiene su trabajo por la defensa de derechos humanos y reconoce el compromiso que tienen los órganos internacionales de derechos humanos con Nicaragua. “No se han limitado a condenar las leyes restrictivas (…) han hecho hincapié en el papel esencial de las personas defensoras, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos”, manifestó Sierra.

Finalmente, en su mensaje para las y los defensores de derechos humanos, Sierra citó a la Dra. Vilma Núñez, presidenta fundadora del CENIDH: “Defender los derechos humanos es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola”; e hizo énfasis en la importancia de definir nuevas estrategias para continuar resistiendo y acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia. 

Lottie Cunningham: El Gobierno ha formalizado barreras administrativas y burocráticas

Para Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Gobierno ha establecido barreras administrativas y burocráticas para limitar el funcionamiento de las ONG, obstaculizar el acceso a financiación extranjera, y criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Cunningham señaló que, si bien la cancelación de las personerías jurídicas ha sido la expresión más visible de violación a la libertad de asociación, “también se han denunciado otras disposiciones y acciones negligentes que han reducido los márgenes de operación de estas organizaciones”. 

“(Las organizaciones) se han visto imposibilitadas de acceder a la documentación  necesaria como consecuencia del retraso infundado por parte de las autoridades estatales de emitir las constancias correspondientes (…) Posteriormente imponen multas que generan un mayor gasto de dinero para las asociaciones”, denunció la defensora. 

Cunningham hizo un llamado especial a los mecanismos internacionales de la CIDH y la ONU para que continúen demandando que el Gobierno revise las leyes, abra un espacio público de discusión de su contenido con la sociedad civil, actores y personas expertas en la materia, y asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alineen con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Para sus colegas y pueblo nicaragüense, Lottie envió un mensaje de resistencia: “Continuemos la lucha por la democracia y el Estado de Derecho utilizando los mecanismos nacionales e internacionales, asimismo acciones de civismo”.

Haydeé Castillo: No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril

Haydeé Castillo, Presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), también confiscado por la policía en diciembre del 2018 y ahora convertido en un centro de estudios adscrito a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), considera que la crisis sociopolítica de Nicaragua “se ha acrecentado”; ya que el país atraviesa una crisis económica, el deterioro del tejido social y la desesperanza del pueblo nicaragüense, que “resiste en una total indefensión ante un régimen de alta criminalidad”.

Ante esta situación, la defensora afirma que las dictaduras no entienden de llamados y exhortaciones, y que uno de los grandes desafíos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos es “establecer mecanismos vinculantes y de obligatorio cumplimiento para Estados que han dejado de proteger a sus pueblos”.

Castillo envía este mensaje para sus colegas: “No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril, de instaurar un sistema donde los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana sean el centro. Sigamos haciendo la historia, sin nuestra labor las víctimas quedarían desprotegidas de justicia, y el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional no podría comprobar que vivimos bajo un régimen que comete crímenes de lesa humanidad”.

 

Tres años de impunidad en Nicaragua: Raza e Igualdad demanda verdad, justicia, reparación y no repetición

Washington D.C., 16 de abril de 2021.- Al cumplirse tres años del inicio de la crisis socio-política en Nicaragua, que ha dejado más de 300 personas asesinadas,  centenares de personas presas políticas, miles de exiliados y múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se suma a la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición, y exhorta al Estado al cese de la represión y a garantizar las condiciones de libertad y democracia que anhelan las y los nicaragüenses. 

Contexto

En Nicaragua persiste un estado de excepción “de facto” que se manifiesta en las crecientes restricciones al espacio cívico y las graves violaciones de derechos humanos como: la permanencia de más de cien presas y presos políticos en las cárceles de Nicaragua; el manejo inadecuado de la crisis sanitaria e incumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota; y la persecución a víctimas de violaciones a derechos humanos,  personas defensoras, opositoras, periodistas y sociedad civil. 

El Estado de Nicaragua continúa incumpliendo las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos para el restablecimiento de las garantías democráticas y derechos humanos en el país. En los últimos meses, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes y reformas regresivas y restrictivas como la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, y la reforma al Código Procesal Penal que permite la privación de libertad de una persona, hasta por 90 días, mientras se realiza la investigación de su presunto delito. 

Y más recientemente, una iniciativa de reforma a la Ley Electoral que no sigue las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en octubre 2020; ni con la nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que exhorta al Gobierno de Nicaragua a emprender negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y la oposición, y llama a trabajar con organizaciones internacionales para aprobar reformas electorales a más tardar en mayo 2021.

Por el contrario, el proyecto de reforma se elaboró y presentó de forma unilateral, y es restrictivo para los derechos de libertad de expresión y asociación. Prohíbe la observación electoral independiente, contempla inhibir la participación de candidatos y candidatas de la oposición, traslada atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) a la Policía Nacional, para que esta institución tome decisiones sobre las actividades de campaña, entre otras medidas que no garantizan que las elecciones generales programadas para el próximo 7 de noviembre se realicen de forma libre, justa y transparente, de acuerdo con las normas internacionales.

Campaña

Dado este contexto, y como una forma de conmemorar el tercer aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, Raza e Igualdad iniciará este lunes 19 de abril una campaña que visibiliza las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el arduo trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa de derechos humanos, las demandas de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, y el posicionamiento de la comunidad internacional en esta profunda crisis.

Entrevistamos a cinco víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a tres representantes de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua; a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, y al Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Asociación y a la Reunión Pacífica, Clément Voule.

Todos los productos de esta campaña se estarán publicando a través de nuestras cuentas en Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestro sitio web. Invitamos a la comunidad internacional, prensa nacional e internacional y a la sociedad civil a unirse a nuestra campaña compartiéndola y usando los hashtags #SOSNicaragua y #Nicaragua3AñosdeImpunidad, para que nuestro llamado al cese de la represión y la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: Un reconocimiento a la lucha por la defensa y protección de derechos de la población trans en la región

Washington D.C., 29 de marzo de 2021.– De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a quienes día a día luchan por la defensa y protección de los derechos de las personas trans en América Latina y el Caribe, y reitera su llamado a los Estados para desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de políticas y leyes que aseguren el respeto, reconocimiento y pleno goce de derechos a esta comunidad en la región.

El 2021 es otro año en que la conmemoración de esta fecha está marcada por la falta de reconocimiento y protección de las personas trans, lo cual se traduce en amenazas, agresiones físicas y verbales, persecución, exclusión y, en el peor de los casos, en la muerte de personas con diversas expresiones e identidades de género. En la región latinoamericana se registró el 82% de los 350 asesinatos de personas trans ocurridos en todo el mundo entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, según la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia.

Dicha situación se vio acentuada en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Por un lado, la identidad de género de las personas trans no fue tomada en cuenta entre las medidas que adoptaron algunos países para contener los contagios, por lo que quedaron excluidas y expuestas a sanciones por la falta de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial y de grupos irregulares en contra de personas trans, especialmente en contra de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.

Sin embargo, a la par de este contexto tan adverso, activistas y organizaciones de la sociedad civil se mantienen firmes y con la total disposición a reforzar su lucha por el reconocimiento y garantía de derechos de las personas trans. Por ello, en Raza e Igualdad esta es una oportunidad para reconocer y aplaudir la labor de defensa y protección de la comunidad trans de la región, así como reafirmar nuestro compromiso de apoyarles en sus procesos de fortalecimiento de capacidades y de incidencia ante el Sistema Interamericano y Naciones Unidas.

Como una forma de conmemorar esta fecha, conversamos con activistas de diferentes países de América Latina y el Caribe sobre cuál es su deseo en este Día Internacional de la Visibilidad Trans. También ofrecemos un breve recuento sobre la situación que enfrentan las personas trans en aquellos países donde Raza e Igualdad trabaja de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Los retos son muy grandes, pero los sueños y las ganas de seguir luchando, también.

Reconocimiento y apoyo

Como hombre trans, el periodista brasileño Caê Vas concelos pide que los hombres trans sean vistos en su totalidad por la sociedad. “Para que podamos traer nuestras narrativas de vida, de lucha, de amor, de cariño, de todo el poder que tienen los cuerpos trans”, afirma. Vas concelos señala en particular que la falta de información conduce a la falta de preparación de los profesionales de la salud, ya que el campo ginecológico está totalmente enfocado a las mujeres. Para Caê, reconocer que los hombres transmasculinos pueden quedar embarazados y que necesitan un tratamiento específico es hacer visible su existencia, reconocer sus derechos y ciudadanía.

En Brasil, la falta de información sobre las personas trans conduce a su invisibilización y, en consecuencia, a la transfobia, ya que la negación de las existencias más allá de la cis-heteronormatividad estimula una cultura de odio y violencia. Esta triste realidad es fomentada por ideologías conservadoras y algunos sectores políticos de la sociedad, y hace a Brasil el país que más mata a personas trans, según el Dossier sobre los homicidios y la violencia contra travestis y transexuales en Brasil 2020, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA).

“Dejen de asesinarnos”, expresa desde Nicaragua la activista por los derechos humanos y exprisionera política, Victoria Obando. Y es que recientemente, en este país centroamericano ocurrió el asesinato atroz de Anahís Contreras, mujer trans de 22 años que era conocida como Lala y murió tras ser brutalmente golpeada por dos hombres, quienes la ataron a un caballo que la arrastró alrededor de 400 metros. Este hecho, a criterio de activistas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, revela el nivel de violencia y exclusión que enfrentan las personas trans en Nicaragua.

Hablar de población trans en Nicaragua es hablar de Celia Cruz, cuyo caso no solo representa la violencia con la que las autoridades actúan contra las personas trans, sino que muestra el nivel de arbitrariedad del Gobierno para perseguir y criminalizar a quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018. Cruz es una mujer trans que se encuentra recluida en la cárcel de hombres desde el 21 de abril de 2020 y fue condenada en agosto de ese año a diez años de prisión por los delitos de obstrucción de justicia en modo agravado y secuestro extorsivo agravado.

Tomás Anzola, coordinador general encargado del Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), de Colombia, comparte que su deseo es “que las personas trans podamos construir nuestras identidades y corporalidades en contextos amorosos y seguros, en compañía de nuestras redes de apoyo». En Colombia, la pandemia de COVID-19 ha sido determinante en el aumento de la violencia hacia las personas con experiencia de vida trans. En el 2020 se registraron 28 personas trans asesinadas (27 mujeres y 1 hombre) y en lo que va de 2021 se registran 6 asesinatos.

Con la apertura de la discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, varias organizaciones trans han señalado la necesidad de que les sea reconocido el acceso a este derecho sin que ello implique una negación a su identidad. De igual manera, han abierto una discusión sobre la necesidad de una reforma a la Policía Nacional, tras el ataque perpetrado contra una mujer trans en Soacha en marzo de este año, en el que un policía abusó sexualmente de ella y otros más la insultaron, agredieron y hostigaron.

A pesar de esta situación, aún no se han establecido políticas públicas efectivas, que garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans. Esto es sumamente preocupante porque en el día a día, los prejuicios alimentados por el abandono por parte del Estado dejan a esta población en un escenario de alta vulnerabilidad.

Vivir sin miedo y a plenitud

Isabella Fernández, de la organización Féminas, de Perú, expresa que en este día su deseo es que las personas trans puedan crecer en hogares libres de violencia y discriminación. A nivel mundial, las personas trans o con expresión e identidad de género diversas, tienen más probabilidades de abandonar su hogar debido al rechazo de sus familias, lo cual les expone a mayor discriminación y violencia.

En Perú, las organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT, demandan la aprobación de una ley de identidad de género, pues al no contar con un documento de identidad que les represente ante instituciones públicas y privadas, no pueden acceder a servicios básicos como salud y educación, y las opciones de trabajo y vivienda son muy reducidas.

En República Dominicana, la activista e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), Geisha Collins, comparte que su deseo es que las mujeres trans tengan derecho a una cédula que las represente como tal, por lo que solicitan al Estado la aprobación de una ley de identidad de género. Aparte de reconocer su identidad, demandan que su derecho a la salud sea respetado tomando en cuenta sus necesidades, y que se asegure su acceso a la educación, al trabajo y a la justicia sin discriminación.

En este país caribeño, TRANSSA lidera también una campaña para la aprobación de la Ley General de Igualdad y no Discriminación, con base en el principio de igualdad que establece el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana. En dicho proyecto de ley se incluye el ámbito de la orientación sexual y la identidad de género, el cual, entre otras cosas, señala que constituye discriminación “negar el derecho a disponer de la identidad de género de su elección, lo cual implica el derecho a la reasignación de género e imagen en los documentos de Estado/públicos (…)”.

Conscientes de que la falta de reconocimiento tanto del Estado como de la sociedad en general somete a la población trans a un continuum de violencia y atropellos a sus derechos, Raza e Igualdad respalda y apoya las demandas de esta comunidad en América Latina y el Caribe. También le recuerda a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de su orientación sexual y expresión e identidad de género, por lo que les recomienda aplicar o mejorar las siguientes acciones:

  • Aprobar leyes de identidad de género que permitan a las personas trans ejercer la ciudadanía bajo su identidad de género sin ningún tipo de obstáculos y dilaciones en concordancia con la Opinión Consultiva 24-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
  • Fortalecer los programas de capacitación a funcionarios públicos –incluidos Policía y operadores de justicia—para que incluyan un enfoque sobre la identidad de género y se generen protocoles de atención
  • Investigar y sancionar los actos de violencia en contra de personas trans, y garantizarles la debida protección y diligencia durante el proceso.
  • Realizar campañas de educación y sensibilización para promover el respeto hacia las personas con orientación sexual y expresión e identidad de género diversas.
  • Crear protocolos de salud específicos sobre atención a personas trans y personas con expresiones e identidad de género diversas.
  • Recolectar y publicar datos desagregados sobre violencia contra personas LGBTI con un enfoque interseccional.
  • Firmar y ratificar la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

 

Ante CIDH: Política de colonización del Estado nicaragüense expone a los pueblos indígenas al etnocidio

19 de marzo de 2020.- La colonización de territorios indígenas en la costa caribe nicaragüense, alentada por actividades extractivas sobre los bienes naturales esenciales para la subsistencia de comunidades miskitu y mayangna; las graves violaciones cometidas para despojarles de sus territorios; el desplazamiento forzado y la crisis alimentaria derivados de ello exponen a estos pueblos a un posible etnocidio.

Estos hechos fueron expuestos ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua”, celebrada en el marco del 179° Periodo de Sesiones de este organismo.

Durante el espacio, organizaciones de sociedad civil denunciaron que las industrias de la ganadería, la minería de oro y la explotación forestal han impulsado la colonización de la costa caribe, en complicidad con el Estado nicaragüense, que ha fallado en cumplir con el proceso de saneamiento territorial y en garantizar la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la instalación de proyectos extractivos. Asimismo, aseguraron que el Estado nicaragüense tiene participación e intereses en estos sectores, entre otros, a través de la agencia de promoción de inversiones (ProNicaragua), su plan cuatrienal de desarrollo humano, y de la participación directa de empresas estatales y paraestatales en el despojo, como ENMINAS y Alba Forestal.

Al respecto, las organizaciones expusieron que Nicaragua tiene la mayor industria ganadera de Centroamérica, la cual se destina en 95% a exportaciones. La minería de oro también ha crecido bajo el gobierno de Ortega, destinando aproximadamente el 60% de la masa terrestre de Nicaragua a concesiones mineras, incluyendo aquellas de exploración en territorios autónomos. También denunciaron que altos funcionarios del gobierno regional y nacional han aprobado la venta ilícita de tierras y permisos de tala en comunidades indígenas; y plantearon su preocupación sobre la regulación del permiso para la extracción de árboles caídos tras el paso de IOTA y ETA en 2020.

El Estado de Nicaragua también ha promovido los intereses privados y el control político en los territorios indígenas y afrodescendientes mediante la instalación de gobiernos comunales y territoriales paralelos, mientras se niegan a reconocer a las autoridades comunales y territoriales elegidas por la población.

A raíz de esta política de despojo, tan solo en el 2020 se documentaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad. Así, en la última década, entre 2011 y 2021, se han registrado 49 indígenas miskitu muertos, 53 personas lesionadas, 46 secuestradas y 4 desaparecidas. Las organizaciones estiman que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a 1000 personas miskitu en tan solo 12 comunidades. A la fecha, estos hechos se mantienen impunes.

Las personas y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos de los pueblos indígenas en esta región también enfrentan graves riesgos. De acuerdo con las organizaciones, viven hostigamiento continuo, actos de estigmatización y amenazas, acoso digital, y barreras administrativas y burocráticas impuestas por el gobierno para limitar su labor. Esto, sin que el Estado cumpla su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos contra personas defensoras, como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017.

Frente a este contexto, la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrejola, recordó al Estado de Nicaragua su obligación de cumplir con el saneamiento de los territorios de la costa caribe, así como el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva que contempla no solo la titulación de territorios ancestrales, sino la obligación de no otorgar concesiones de exploración o explotación en estos territorios; y respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el Estado de Nicaragua, representado por Wendy Morales Urbina Procuradora General de la República, se comprometió a recibir información por parte de las organizaciones de sociedad civil, así como informar a la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas en la costa caribe y sus medidas para responder a los hechos presentados.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

  1. Cesar de inmediato todo tipo de amenazas y ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y se abstenga de tomar represalias contra las personas partícipes de la audiencia.
  2. Investigar exhaustiva e imparcialmente y de manera inmediata los hechos denunciados, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
  3. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas a las comunidades indígenas.
  4. Informar sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la costa caribe.
  5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas de sus comunidades y garantizar el acceso adecuado a servicios básicos.

Las organizaciones de sociedad civil que participaron en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: Llamado a los Estados para enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas inclusivas y eficaces

Washington D.C., 19 de marzo de 2021.– A un año de que el COVID-19 llegara por primera vez a las Américas, esta pandemia sigue afectando de manera desproporcionada y diferenciada a las poblaciones afrodescendientes de la región, por lo que en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial –que se conmemora cada 21 de marzo—el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado a los Estados a enfrentar la pandemia de COVID-19 con políticas públicas que tengan un enfoque diferenciado y garanticen la recuperación económica para todos y todas.

Como organización que trabaja en América Latina y el Caribe en la protección y defensa de los derechos humanos de poblaciones históricamente marginadas, como es la población afrodescendiente, hemos venido siguiendo con atención las condiciones en que esta comunidad ha enfrentado la pandemia de COVID-19 y cuáles han sido las respuestas de los Estados. Cabe recordar que las y los afrodescendientes en las Américas suman 130 millones de personas, equivales al 21% de la población total en la región, según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diferentes condiciones, diferente impacto

El impacto desproporcionado y diferenciado de la COVID-19 sobre la población afrodescendiente está determinado por el racismo estructural, la discriminación racial y la exclusión que esta población ha enfrentado por la acción u omisión de los Estados y sus sociedades, lo cual, en medio de la pandemia, se tradujo en falta de información adecuada para prevenir el contagio del virus y serias dificultades para acceder a los sistemas de salud en casos positivos. A esto debe añadirse el recrudecimiento de la violencia, tanto de parte de grupos criminales como de la policía, siendo ejemplo de ello Brasil y Colombia.

A excepción de Brasil, no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes de los países de la región han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil da cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas han enfrentado la pandemia. En agosto de 2020, Raza e Igualdad publicó un análisis que fue una primera aproximación a las condiciones en que la población afrodescendiente de la región enfrentó el COVID-19, y en él se destaca una frase de Paola Yáñez, lideresa afroboliviana y coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD): “El virus de COVID-19 no discrimina, pero vivimos sus efectos de forma diferenciada porque no vivimos en iguales condiciones”.

Panorama

Gracias a la comunicación con organizaciones aliadas y con líderes y lideresas afrodescendientes de los países donde Raza e Igualdad tiene incidencia, podemos hacer referencia a condiciones particulares que pusieron en una posición de desventaja a la población afrodescendiente al momento de hacer frente a la pandemia de COVID-19, debido principalmente a la discriminación y exclusión que experimentan y a que la respuesta de los Estados no fue adecuada o no tomó en cuenta su realidades y necesidades específicas.

En Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una actitud negacionista sobre el COVID-19, el 67% de los brasileños que dependen exclusivamente del sistema de salud pública son personas afrodescendientes, que además son la mayoría de los pacientes con diabetes, tuberculosis, hipertensión y enfermedades renales crónicas, todas consideradas agravantes para el coronavirus, de acuerdo a estadísticas de la Sociedad Brasileña de Medicina Familiar. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19 y, de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Población, la tasa de mortalidad por este virus entre la población afrodescendiente fue de 92 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre la población blanca fue de 88.

En tanto, en Colombia, las organizaciones afrodescendientes alertaron sobre la vulnerabilidad de esta población en medio de la pandemia, primero porque la mayoría no goza de un seguro social, y segundo, por la condición del sector salud en sus comunidades, tanto rurales como urbanas. Por ejemplo, en ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), los hospitales deben atender entre 400 y 500 mil personas –la mayoría afrodescendientes e indígenas— y no disponen ni con el personal, ni con la infraestructura necesaria para atender casos de alta complejidad.

En Cuba, el Gobierno usó la excusa de las medidas impuestas para prevenir el contagio de COVID-19 para realizar detenciones arbitrarias e impedir la labor de las personas defensoras de derechos humanos en el país, incluidos representantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes fueron objeto de agresiones, detenciones arbitrarias y allanamientos en el contexto de una campaña para exigir una respuesta del Gobierno sobre la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.

En el caso de Nicaragua, el secretismo del Gobierno sobre las estadísticas de salud no permite conocer el impacto real de la pandemia, pero tanto la población afrodescendiente como la indígena de la Costa Caribe del país enfrentó esta emergencia sanitaria en condiciones de precariedad. Dicha zona se encuentra bajo el constante y violento acecho de colonos y se caracteriza por tener un deficiente acceso a servicios de salud y educación, situación que se vio agravada por el paso de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020.

En México y Perú, que son de los países que tanto a nivel mundial como regional presentan más casos y fallecimientos por COVID-19, también hubo condiciones particulares para la población afrodescendiente. En México, la aplicación del Censo 2020 –que por primera vez incluyó una pregunta de autoidentificación para el pueblo afrodescendiente— coincidió con la pandemia. En Perú, la respuesta del Estado a la emergencia sanitaria se vio trastocada por la crisis política a raíz de la destitución del presidente Martín Vizcarra.

La importancia de la Convención contra el Racismo

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco del Decenio de los Afrodescendientes 2015-2024, Raza e Igualdad recuerda a los Estados la necesidad de adoptar medidas concretas y prácticas mediante la aprobación y aplicación efectiva de marcos jurídicos nacionales e internacionales y de políticas y programas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que enfrentan las y los afrodescendientes.

En ese sentido, Raza e Igualdad invita, una vez más, a la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en tanto esta representa un marco de acción eficaz e integral para avanzar hacia la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las personas afrodescendientes.

A la fecha, los únicos países que han ratificado esta Convención son Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Brasil, que recién lo hizo en febrero de 2021, por lo que organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brasileña esperan que el gobierno de Jair Bolsonaro la convierta en ley.

Desde Raza e Igualdad también recomendamos a los Estados:

  • Generar políticas públicas, programas y proyectos que combatan efectivamente el racismo estructural y la discriminación racial contra los y las afrodescendientes.
  • Mejorar los sistemas de salud, empleo y educación, incluyendo la eliminación de la brecha entre el sector rural y urbano.
  • Garantizar que las poblaciones afrodescendientes e indígenas sean una prioridad en los programas de recuperación económica de la pandemia de COVID-19.
  • Incluir en los planes de emergencia acciones dirigidas a las y los afrodescendientes, respetando el derecho de consulta y consentimiento previo, así como sus diferentes interseccionalidades, especialmente niños, mujeres, desplazados, migrantes y población LGBTI.
  • Asegurar la recolección permanente de datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales en las áreas de salud, educación, empleo y justicia.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad reconoce a las mujeres que luchan por la igualdad y por un mundo mejor en medio del Covid-19

Washington D.C., 8 de marzo de 2021.– En este Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un especial reconocimiento a las mujeres que durante el último año se mantuvieron firmes en la lucha por la igualdad, a pesar de que sus derechos se vieron particularmente vulnerados en medio de la pandemia de Covid-19. De esta forma, Raza e Igualdad se une al tema definido este 2021 por Naciones Unidas para conmemorar este 8 de marzo, el cual se titula, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

Raza e Igualdad conversó con mujeres de seis países de América Latina y el Caribe que participan en espacios de incidencia para la promoción y defensa de sus derechos. Les pedimos que nos compartieran su llamado a las autoridades como principales responsables del bienestar de la sociedad, pero también un mensaje de esperanza y resistencia para todas las mujeres de la región.

Unidas y seguras

Desde Colombia, Alicia Quiñónez, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), pidió a las autoridades fijar sus ojos en los territorios afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como cuidar la vida y garantizar a las lideresas sociales el derecho a una vida digna y a poder ejercer su trabajo social, empresarial y político en sus territorios.

En su mensaje a las mujeres, dijo: “las invito a imaginarnos y trabajar por espacios políticos, empresariales y sociales que nos permitan seguir unidas, seguras y alzando nuestras voces cada día más alto con procesos organizativos que aporten y les permitan a los territorios negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros exigir sus derechos, vivir en paz, porque juntas podemos más”.

Garantía de derechos

Jessenia Casani, directora de DEMUS-Perú, expresó que las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en lograr la igualdad de género. “Necesitamos enfrentar la pandemia, pero con igualdad de género, necesitamos, por ejemplo, desplegar estrategias preventivas frente a las múltiples violencias machistas, necesitamos en este contexto garantizar derechos sexuales y reproductivos, con educación sexual integral, con anticoncepción oral de emergencia disponible, con servicios de aborto legal y seguro, con salud materna y que todos estos servicios se brinden sin discriminación y violencia”, manifestó.

Participación política

Por su parte, Rosa Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, de México, señaló que es fundamental que las mujeres mantengan la denuncia de todos los tipos de violencia que enfrentan, así como la exigencia de su participación en espacios de poder. “Que ejerzamos nuestros derechos políticos y sigamos organizadas, empoderándonos y consolidando nuestra participación política en todos los espacios de toma de decisión, las mujeres debemos tener un lugar en la mesa de gobernanza para poder estar representadas en las discusiones”, refirió.

Resistir en medio de la crisis

Juanita Jiménez, directora del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), de Nicaragua, expuso que en medio de la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018 y de la pandemia de Covid-19, se agudizaron las vulnerabilidades de las mujeres y aumentó los riesgos para enfrentar la violencia y el femicidio. No obstante, aseguró que “la lucha por la igualdad sigue vigente porque las discriminaciones históricas y presentes continúan y se modernizan”.

“Seguimos luchando por el retorno de la democracia y el retorno de todos los derechos, queremos vivir en democracia para que se reconozca nuestra condición de humanas, que nuestros cuerpos no sean castigados por atrevernos a decidir, a pensar diferente o por criticar y fiscalizar a las autoridades; la lucha por la igualdad sigue vigente para que las niñas puedan crecer seguras, valoradas desde que nacen, que tengan acceso a las tecnologías, a la ciencia, a la educación y su desarrollo integral y lo principal, que puedan vivir libres de todas las violencias”, indicó.

Perseverancia

Lisandra Orraca, ciudadana cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), hizo un especial llamado a las autoridades para que en Cuba el delito de feminicidio sea tipificado y penado como tal. “Quisiera decirles a las mujeres de mi país que nos mantengamos unidas en la lucha por la igualdad y por el respeto hacia nuestros derechos, solo así podremos lograr un futuro mejor, libre de maltrato y de discriminación, juntas podremos lograrlo, no nos demos por vencidas jamás, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, compartió Orraca.

Para Agatha Brooks, de la organización TRANSSA, de República Dominicana, es importante que las autoridades respondan de forma adecuada y eficiente a las violencias que enfrentan las mujeres trans, pues en medio de la pandemia de Covid-19 estas se vieron exacerbadas por la falta de una ley de identidad de género, la falta de acceso a servicios de salud y la drástica disminución de ingresos económicos. “A las mujeres, tanto cis como trans, les digo que no dejen de luchar, que nuestra lucha es constante y que, si mujeres en el pasado hubiesen dejado de luchar, no estaríamos donde estamos hoy; aunque se crea que no se ha avanzado, se ha avanzado mucho y nos falta mucho por avanzar, entonces ánimo, fuerza, nosotras podemos seguir adelante”, señaló.

Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad

La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 no solamente sobrepasó las capacidades de la mayoría de los sistemas de salud en todo el mundo, sino que también desnudó la desigualdad, la violencia y la pobreza preexistentes en nuestras sociedades, por lo que grupos históricamente marginados como la población afrodescendiente, personas LGBTI y las mujeres, sufrieron los impactos de esta pandemia de forma extrema y diferenciada. La falta de acceso a servicios de salud, la exclusión de medidas sanitarias y la exacerbación de la violencia de género y el aumento en la carga de cuido que asumen las mujeres en los hogares, son algunas de las situaciones que se pusieron de manifiesto.

Sin embargo, a la par de todo ello, vimos cómo las mujeres que luchan por el reconocimiento y garantía de sus derechos se mantuvieron firmes y, además, aquellas en cargos públicos, personal de salud y cabezas de familia, demostraron una gran capacidad de gestión, valentía y cuidado, respectivamente. Por eso y muchos más, desde Raza e Igualdad deseamos que en este Día Internacional de la Mujer se renueven las fuerzas de todas las mujeres para seguir adelante en sus tareas y activismos, pues su aporte es esencial para contar con sociedades más justas y equitativas.

A lo largo de esta semana, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales videos con los mensajes de estas mujeres, bajo el lema “Mujeres en pandemia: resistencia y colectividad”. Invitamos a unirse a esta campaña para que sus voces puedan llegar a más espacios de reflexión e incidencia.

Raza e Igualdad presenta el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional” de la mano de expertas internacionales y representantes de la sociedad civil de la región

Washington D.C., 5 de marzo de 2021.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presentó este jueves 4 de marzo el informe “La CEDAW y su impacto en la vida de las mujeres: Una mirada interseccional”, en un evento virtual que contó con la participación de la presidenta del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Gladys Acosta, y representantes de organizaciones civiles regionales e internacionales que trabajan en la protección y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes y LBT (lesbianas, bisexuales y trans).

De parte de la sociedad civil, participaron Marisa Hutchinson, oficial de programa de la organización International Wome’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific); Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Laritza Diversent, directora de la organización no gubernamental Cubalex; María Vélez, coordinadora de la iniciativa Casa Afirmativa de la organización colombiana Caribe Afirmativo; Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, y Cecilia Ramírez, activista afroperuana e integrante del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), quien fue la moderadora del evento.

El director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, brindó las palabras de bienvenida en esta actividad, mientras que Melissa Monroy, autora principal del informe y asesora de Raza e Igualdad sobre Derechos de la Mujer, hizo una breve presentación del informe, cuyo análisis se enfoca en las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de Brasil, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El informe

Monroy explicó que este informe representa un gran esfuerzo para entender la forma en que se lleva a cabo el diálogo entre los Estados, la sociedad civil y el Comité CEDAW al momento de brindar informes y recomendaciones, respectivamente, con la particularidad de centrarse en analizar la participación y representación de las mujeres afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans en esa dinámica.

Para ello, se realizó una revisión documental de los informes presentados tanto por los Estados como por la sociedad civil al Comité CEDAW entre 2010 y 2020, así como de las respuestas y recomendaciones del Comité CEDAW. Además, dijo Monroy, se entrevistó a activistas y lideresas sociales afrodescendientes cisgénero, lesbianas, bisexuales y trans de cada país de estudio, para poder tener una aproximación real a sus experiencias y percepciones en torno a cómo la CEDAW impacta en sus vidas.

“Las acciones tanto del Comité CEDAW, la sociedad civil y los Estados se interrelacionan, por lo que es importante y necesario poder contar con la participación de más mujeres afrodescendientes diversas en estos escenarios, para que su voz se escuche”, señaló Monroy, quien agregó que, en ese sentido, el informe contiene recomendaciones dirigidas a los Estados, el Comité CEDAW y la sociedad civil.

CEDAW evoluciona junto a la conciencia social

La presidenta del Comité CEDAW, Gladys Acosta, reconoció que el problema planteado en el informe –que es la falta de participación y representación de las mujeres afrodescendientes diversas en la dinámica de intercambio con el  Comité CEDAW para que este formule recomendaciones a los Estados—es absolutamente real, pero aseguró que desde la adopción de la CEDAW en el año 1979, esta ha venido experimentando una serie de modificaciones para ampliar el significado de sus artículos y de sus recomendaciones, en la medida en que la lucha y la conciencia social han evolucionado. En ese sentido, recordó que dicho tratado pasó de hablar de violencia contra las mujeres, a hablar de violencia de género, que es un concepto mucho más integral.

“Ha habido una evolución que no es meramente conceptual, sino que es una evolución histórica de las luchas (…) las luchas están delante de los avances de las leyes, primero se lucha y luego viene la etapa del reconocimiento tanto a nivel nacional e internacional. Estos estándares son elásticos, por decirlo de una forma, se van ampliando conforme va creciendo la conciencia social y, por tanto, lo que dijimos en el año 1980 hoy en día es otra cosa y se han ampliado, se ha ampliado la compresión de lo que es la violación a un derecho”, dijo.

En el caso de la interseccionalidad, la experta refirió que este es un concepto que comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos por cuanto esta, en su primer artículo, plantea que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. “Pone en un terreno de igualdad a todas las personas en todos los niveles, lo que pasa es que por miles de razones que no vamos a abordar aquí, se ha demorado que esto empiece a llegar a donde tiene que estar”, añadió.

“Esto está en movimiento, no es nada estático y la visibilidad de la lucha que ustedes traen está tomada en cuenta, y no solamente en el comité CEDAW, he visto este proceso en todos los Comités. Nosotros tratamos de que se construya una doctrina de los derechos humanos en su conjunto, y mientras más específico, más protector”, indicó Acosta en relación al trabajo que hacen los Comités de expertos sobre los distintos tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Debate sobre discriminación desde la interseccionalidad

Las representantes de la sociedad civil plantearon desde sus experiencias de trabajo con mujeres afrodescendientes diversas, las distintas formas en que se manifiesta la discriminación y la violencia en contra de este grupo poblacional.

“Cuando yo pienso en la interseccionalidad yo pienso especialmente en el hecho de ser una mujer negra. Nosotras vivimos discriminación a nivel de raza o de preferencia sexual, porque eres una mujer negra lesbiana o una trabajadora trans negra, entonces todas estas experiencias múltiples llegan a una razón, a una raíz, y es ser diferente a nivel racial o étnico, y esto tiene un impacto mucho más grande en cuanto a la discriminación que nosotras sufrimos”, expresó Marisa Hutchinson, oficial de programa de IWRAW Asia Pacific.

Janaina Oliveira, secretaria nacional LGBT del PT de Brasil, señaló que es importante entender que no toda política pública desarrollada por el Estado a favor de los derechos de las mujeres puede ser alcanzada de manera diversa, principalmente en un país como Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro niega el racismo. “La prueba de esto es cuando tenemos campañas de lucha contra la violencia hacia las mujeres y tenemos una reducción de la violencia contra las mujeres no negras, pero tenemos poca atención para las mujeres, no significa que esa política del Estado vaya a alcanzar al grupo más vulnerable”, explicó.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, compartió por su parte que en Cuba las mujeres afrodescendientes sufren de forma constante discriminación y violencia de parte de las autoridades, pues existe un perfil racial que las asocia al trabajo sexual, lo cual está prohibido en la Isla. “Nos asocian a que somos mujeres más ´calientes´, que los turistas nos van a seguir, entonces somo objetivo constante de los órganos policiales y en medio de la pandemia de Covid-19 se ha exacerbado la violencia institucional contra las mujeres afrodescendientes”, detalló Diversent, quien reconoció en entre la sociedad civil cubana aún no hay una total compresión del término interseccionalidad, por lo que resulta difícil denunciar las violaciones que se dan bajo ese concepto.

En tanto, María Vélez, de Caribe Afirmativo, apuntó: “Nosotras, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans negras nos enfrentamos a la realidad a través de nuestros cuerpos racializados, por ello la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género diversa no se vive de la misma manera en los cuerpos blancos que en los cuerpos racializados debido a que el racismo se ha instalado como una cultura de opresión validada social, política, económica e incluso religiosamente (…) la interseccionalidad es un enfoque que señala la necesidad de entender las opresiones como la raza, el género y la clase, y cómo estas se interrelacionan permitiendo comprender la profundidad de la desigualdad que una persona experimenta en un contexto dado”.

Wescla Vasconcelos, coordinadora del Foro de Travestis y Transexuales do Río de Janeiro en Brasil, brindó los comentarios finales destacando la grave situación de discriminación que enfrenta la población LGBTI en este país. “Somos la población que más muere por crímenes de odio como persecución y estrangulamiento. Estas situaciones brutales tienen que parar, tienen que ser combatidas, esta realidad tiene que transformarse”, expresó.

En Raza e Igualdad, la interseccionalidad comprende un enfoque transversal en nuestras intervenciones para la protección y defensa de los grupos poblaciones con los que trabajamos, como son las personas afrodescendientes y LGBTI. Esperamos que este informe contribuya a la comprensión de este concepto como determinante de violaciones de derechos humanos, pero también como una perspectiva imprescindible en las políticas que se trazan a nivel nacional, regional e internacional de cara al reconocimiento y garantía de los derechos de todas las personas.

Acceda al informe dando clic aquí. Las versiones en portugués e inglés del informe estarán disponibles próximamente.

La grabación del evento de presentación del informe se encuentra disponible aquí.

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