Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes y otros en Nicaragua

Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes y otros en Nicaragua

Washington, D. C., 3 de diciembre de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), presentó el día de hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.

En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.

La petición narra distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de Poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.

También describe los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.

Adicionalmente, pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

Libertad inmediata para el estudiante Kevin Solís, pide el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo pública este 20 de octubre una opinión adoptada sobre la detención del activista universitario Kevin Solís el 6 de febrero de 2020, un par de días después de haber participado en una manifestación en la Universidad Centroamericana junto a decenas de jóvenes. La opinión concluye que dicha detención fue arbitraria y pide al Gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para remediar la situación del joven poniéndolo “inmediatamente en libertad”.

La opinión fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). Aunque el Grupo de Trabajo solicitó en abril al Gobierno de Nicaragua que suministrase información para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Actualmente, Solís se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro con una condena de 4 años y 6 meses de prisión por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante sandinista.

El Grupo de Trabajo hizo notar que este no es el primer caso en el que se le ha reportado la detención presuntamente arbitraria de opositores del Gobierno de Nicaragua, y que desde 2018, ha recibido cada vez más información sobre detenciones de manifestantes en protestas públicas.

Detención arbitraria

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Kevin Solís fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III conforme a  sus métodos de trabajo. Primero, no hubo flagrancia delictiva y el arresto fue realizado por individuos vestidos de civil, sin que se presentara una orden de arresto expedida por un juez o por autoridades competentes. Además, entre las 11 am y las 6 pm, Solís fue sujeto de una desaparición forzada, tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violado. Segundo, la detención de Solís fue resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y la participación en asuntos públicos. Tercero, porque en su proceso judicial le fueron denegadas las garantías esenciales del debido proceso.

Solicitudes

El Grupo de Trabajo consideró que en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, el Gobierno debería “tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata”, y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. Adicionalmente, recomendó al Gobierno que examine la compatibilidad de la Ley 952 en la que se establece que los casos de robo agravado deben tramitarse en prisión preventiva, de manera automática, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la detención previa al juicio debería ser una medida excepcional en lugar de la regla.

Finalmente, el Grupo de Trabajo informó que remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura para que tomara las medidas correspondientes, y solicitó tanto a los solicitantes como al Gobierno que provean la información de seguimiento al caso en un periodo de seis meses.

Asedios y represalias escalan durante septiembre en Nicaragua

Washington, D.C., 6 de octubre de 2020. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población, especialmente los excarcelados, las personas opositoras, los jóvenes, los defensores de derechos humanos, los periodistas y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subieron de tono durante el mes de septiembre, e incluyeron tres iniciativas de reformas legislativas que amenazan con derruir los escasos espacios que aun quedan para que la sociedad civil y la ciudadanía crítica pueda reclamar respeto a los derechos humanos.

La primera es la intención de establecer la cadena perpetua para los denominados “delitos de odio” entendidos en un sentido amplio que más alla de no resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, amenaza a los sectores de oposición a quienes según Ortega también aplicaría la decisión, luego de llamarles asesinos, vendepatrias, cobardes y torturadores.

Mediante la segunda iniciativa se pretende aprobar una ley de Regulación de Agentes Extranjeros que busca obligar a los nicaragüenses y las organizaciones a auto incriminarse, registrándose como Agentes Extranjeros, si reciben recursos provenientes de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades, o asociaciones extranjeras, bajo cualquier concepto. Según la iniciativa, los agentes extranjeros no podrán intervenir en asuntos de política interna ni financiar o promover el financiamiento a organizaciones políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas, además que no podrán desempeñar cargos públicos ni ser elegidos en cargos de elección popular. Quienes no se inscriban podrían recibir  sanciones que incluyen la confiscación de bienes muebles e inmuebles e incluso, acciones en la vía penal que podrían derivar en la prisión.

La intención de aplicar la cadena perpetua, combinada con la Ley de Agentes Extranjeros representan una seria amenaza hacia la oposición, para la labor de defensa de los derechos humanos y también hacia el periodismo independiente, respecto de este último caso ya que muchos de los espacios digitales se apoyan en recursos de la cooperación internacional para continuar funcionando. Ambas son evidencia de que el Gobierno está dispuesto a perdurar aun cuando para ello sea necesario encarcelar a quienes incurran en cualquier forma de disidencia.

El día 28 de septiembre se conoció otra iniciativa: La Ley Especial del Ciberdelito, que se orienta a criminalizar las publicaciones en las redes sociales con penas que van desde 1 a 4 años de prisión, y propone perseguir a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al público, así como a bancos y aseguradoras y el resto del sistema financiero.

Mediante esta iniciativa, el régimen busca frenar las filtraciones de información para impedir la divulgación por parte de la ciudadanía de los abusos en los que incurren las autoridades, los cuales desde la perspectiva del Gobierno son “noticias falsas”.

El establecimiento de la cadena perpetua y la eventual aprobación de las dos iniciativas antes comentadas, en caso de ser aprobadas, serán determinantes para el deterioro extremo del entorno para defender la democracia, los derechos humanos y de la libertad de expresión, prensa e información.

Igual que como ocurrió con la Ley Antiterrorismo, que estableció tipos penales vagos, abiertos que en la práctica significaron violaciones a los derechos humanos, las dos iniciativas ya presentadas dan un amplio margen de discrecionalidad a la actuación de las autoridades y la posibilidad de ocasionar daños significativos a personas jurídicas y personas naturales.

El derecho a la vida

En septiembre Nicaragua se vio estremecida por la violación y el femicidio de dos niñas en Lisawe, Mulukuku, Región Autónoma del Caribe Norte (RAAN). A los pocos días, el 17 de septiembre, una mujer embarazada de 20 años de edad en Ayapal, fue víctima de femicidio. Las muertes por femicidio se elevaron a 50 en agosto y la violación y el asesinato de las niñas de Lisawe fue aprovechada por Ortega y Murillo para plantear el establecimiento de la cadena perpetua.

Situación prisioneros políticos

De la situación de los prisioneros políticos destacamos que las autoridades siguen aplicando el aislamiento discrecionalmente, por tiempo indefinido y sin el seguimiento debido. Tal es el caso del estudiante Kevin Solís, quien permanece en una celda muy pequeña, de máxima seguridad, en el penal Jorge Navarro en Tipitapa, llamada “La 300” y de John Cerna, quien recientemente, por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! ha sido confinado en una celda de máxima seguridad y está siendo torturado.

También se continúan conociendo casos en los que las personas prisioneras denuncian torturas y tratos contrarios a la dignidad humana, sin que las autoridades tomen las medidas del caso para sancionarlos y prevenir que hechos similares continúen ocurriendo.

Represalias hacia periodistas continúan

En septiembre continuó el asedio policial contra Radio Darío. El incidente más reciente se registró el 12 de septiembre, cuando patrullas policiales volvieron a presentarse frente a la radio en actitud intimidatoria.

La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, en Bluefields, fue condenada el 23 de septiembre, por injurias y calumnias, en un proceso violatorio de las garantías. La fiscalía solicitó una pena que va de 120 a 300 días multa.

Una nueva embestida se registró hacia la televisión abierta, mediante el embargo de las cuentas y bienes del propietario de Canal 12 de Televisión, uno de los dos canales que aún mantienen una linea independiente respecto del gobierno, por un cobro de 21 millones de Córdobas, por parte del fisco.

Asedio a movimientos de mujeres

El 25 de septiembre, la policía cercó las instalaciones del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) en la ciudad de Managua, impidiendo por varias horas que las mujeres que trabajan en dicha organización ingresaran a la sede de la misma. Su directora, Sandra Ramos, reaccionó enérgicamente contra el asedio, expresando que no les tienen miedo y que lo que molesta al poder es que ellas defienden a la “pobretería” que el gobierno dice defender, aludiendo a las mujeres trabajadoras y desempleadas que la organización ha defendido por más de 20 años de existencia.

El mismo día, la Policía detuvo a dos de los integrantes del Movimiento Feminista La Corriente, quienes intentaban trasladar a una bodega materiales de campañas sociales. Al menos una docena de agentes policiales y antidisturbios les rodearon, les pidieron información personal y les amenazaron porque los materiales que trasladaban tenían logos de la cooperación.

Persecución policial a las actividades de la oposición política

Distintas iniciativas de la oposición para reunirse en los territorios han encontrado el asedio y la persecución policial y paraestatal como respuesta. Los días 26 y 27 de septiembre, más de un centenar de opositores, activistas y defensores de derechos humanos sufrieron una nueva ola de represión por parte la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, incluyendo cinco detenciones arbitrarias, la obstrucción de reuniones, asedios en cinco viviendas y seis retenciones acompañadas de requisas y persecución.

Las denuncias registradas en redes sociales y medios de comunicación confirman que en Managua, Río San Juan y Chinandega se dieron distintos hechos de asedio: el asedio policial en una reunión de 92 integrantes de la Coalición Nacional, la retención y persecución del director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro por parte de la Policía que colocó un retén a la entrada de la urbanización donde habita; la detención del presidente del Gobierno Territorial Rama Kriol, Jaime Mcrea, además de la retención arbitraria de 17 indígenas y afrodescendientes en el contexto de una visita planificada a la reserva Indio Maíz para confirmar la continuidad de las invasiones.

Nicaragua: la Asamblea Nacional no debe aprobar la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por amenazar la libertad de asociación

San José-Ginebra-París-Managua, 25 de septiembre de 2020. – Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que activen urgentemente los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de la iniciativa de Ley de Regulación de ‘Agentes Extranjeros’ por considerar que su contenido es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y supone una restricción inaceptable de la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua.

Las organizaciones firmantes manifiestan su profunda preocupación ante el trámite legislativo de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en la cual se establecen nuevas limitaciones y obstáculos para la labor que desarrollan las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Si se aprobare este proyecto de Ley se pondrían en riesgo al mismo tiempo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y el derecho a defender los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales que derivan de los acuerdos suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos.

La iniciativa de Ley fue presentada el día 22 de septiembre por miembros del partido de gobierno, bajo el supuesto de velar por la seguridad del Estado frente a la injerencia extranjera. Sin embargo, el contenido de la iniciativa dispone de varios artículos que, de ser aprobados, impondrían inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación y podría ser usada como instrumento de represión en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en el país.

Es de señalar que el proyecto de Ley define como ‘agente extranjero’ a todas las “organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”; exceptuando de su ámbito de aplicación los acuerdos comerciales, inversiones extranjeras y personas físicas y jurídicas que realicen actividades económicas o comerciales.

Estas disposiciones, de aprobarse, contribuirían directamente al bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos y agravaría la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones. En efecto, el artículo 12 de la iniciativa de ley subraya que “las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, a su vez que establece que los agentes externos tendrían prohibido “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización (…) o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

La vaguedad de la redacción de varios de los artículos de la iniciativa de ley otorgan una grave discrecionalidad y restringirían los derechos cíviles y políticas de las y los nicaragüenses.

Asimismo, la iniciativa establece que las personas naturales y jurídicas que reciban dinero del extranjero deberán registrarse como ‘agentes extranjeros’ en el Ministerio de Gobernación. Sobre ellos, dispone el proyecto, habrá controles muy estrictos respecto de sus actividades y recursos que, más allá de lo que implican en sí mismos, podrían propiciarla actuación arbitraria de las autoridades. En el mismo sentido, esta ley obligaría a las entidades financieras del país a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todos los fondos percibidos por agentes extranjeros. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma, además de multas y sanciones administrativas, puede implicar incurrir en delitos contra la seguridad del Estado.

De manera preocupante, esta iniciativa se presenta un par de semanas después de que el Poder Ejecutivo iniciara el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua para, en palabras del propio presidente Ortega, castigar a personas percibidas como opositoras que “comentan crímenes de odio” o “contra la paz”, sin una clara definición de las conductas. Ello podría significar en ciertos casos la represión del ejercicio de la libertad de expresión y asociación.

Por tanto, las organizaciones firmantes alertamos que ambas iniciativas representan una alarmante escalada en el entorno represivo que se vive en Nicaragua. En particular, con relación a las barreras que se impondrían para la defensa de los derechos humanos por parte de colectivos y organizaciones; y los múltiples obstáculos resultantes al monitoreo internacional. Es importante recordar que el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos.

Por ello, llamamos la atención de organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional para que refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua; a través de la censura de estas medidas, que sin duda provocarán que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener en Nicaragua.

FIRMAN:

  • Amnistía Internacional Américas
  • Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
  • Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica
  • Bienvenida al sur (BAS)
  • Brujas Migrantes
  • Ca la Dona
  • CEJIL
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM
  • Cooperación Comunitaria AC
  • Escuela para Defensoras Benita Galeana AC
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Feministas Autoconvocadas Barcelona
  • Feministas Madrid X Nicaragua
  • Feministas por Nicaragua Euskal Herria
  • Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía – FESCA
  • FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO – DPLF –
  • ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • International Institute on Race, Equality and Human Rights
  • Las Amapolas
  • Movimiento Campesino de Nicaragua
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Nuevas Ideas Nicaragua
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua
  • Red de Hondureñas Migradas
  • Red EU-LAT
  • Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  • Solidaridad Internacional Andalucía
  • Tlalij A. C.

Nicaragua: Se intensifican las acciones represivas ejercidas por las autoridades contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas

18 de septiembre de 2020.- Las organizaciones internacionales firmantes observamos con preocupación el recrudecimiento de la represión por agentes del Estado ejercida contra personas activistas y aquellas que son percibidas como opositoras, ocurridas durante las fiestas conmemorativas de la independencia de Nicaragua. Las violaciones de derechos humanos registradas por las organizaciones locales no pueden ser sino interpretadas como un nuevo intento de amedrentar a toda persona que se oponga a las políticas de las autoridades públicas.

Cabe señalar que durante el mes de septiembre personas activistas vinculadas con organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas y sus familias han denunciado haber sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales.

Además, es preocupante la situación de violencia que han enfrentado las mujeres defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Registro Mesoamericano de agresiones contra mujeres defensora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de 1 al 14 de septiembre se han cometido 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo amenazas recibidas en redes sociales. Son especialmente graves los reportes de violencia sexual contra mujeres activistas y defensoras – dos de ellas, de acuerdo con el Registro Mesoamericano, habrían sido sometidas a violación sexual. Según la información recogida por la IM-Defensoras y remitida por las denunciantes, uno de los hechos de violencia sexual habría sido cometido por integrantes de los grupos pro-gubernamentales y el segundo está bajo verificación de la Iniciativa.

Estos hechos forman parte de un patrón, que parece estar incrementándose, de actos represivos cometidos durante conmemoraciones o fechas especiales, que también fue observado durante los actos para conmemorar los dos años del inicio de las protestas en Nicaragua y de la marcha del día de las madres.

Nos preocupan especialmente las denuncias de organizaciones nicaragüenses que señalan a las autoridades estatales, a través de la Policía Nacional, como principales perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Según la información de organizaciones locales, estos agentes estarían siendo asistidos por grupos armados pro-gubernamentales e integrantes de las redes de control territorial afines al partido de gobierno. Lo anterior, correspondería con la evidencia recogida en distintos informes previos, donde ha quedado demostrada la coordinación de agentes del Estado con grupos pro-gubernamentales en la implementación de la estrategia de represión.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a permanecer atentos y condenar la escalada en los actos represivos contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

FIRMAN:
1. ACCOES (Asociación Casa de Colombia en España), Estado español
2. Alianza Politica Sector de Mujeres -APSM-, Guatemala
3. Amnistía Internacional, Global
4. Aquelarre RD, República Dominicana
5. Articulación de Movimientos Sociales y OSC, Nicaragua
6. Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, El Salvador
7. Asociación Nica Libre, Estado español
8. Asociadas por lo Justo (JASS), Global
9. Calala Fondo de Mujeres, Estado español
10. Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe – Punto Focal Nicaragua, Nicaragua
11. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), México y Centroamérica
12. Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Global
13. Centro de estudios y capacitación familiar, Panamá
14. Centro de Información de Servicios de Asesoría en Salud, Nicaragua – Costa Rica
15. Centro Nicaraguense de Derechos Humanos CENIDH, Nicaragua
16. Civicus: Alianza Mundial por la participación Ciudadana, Global
17. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Costa Rica
18. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, América Latina y El Caribe
19. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Guatemala
20. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Panamá
21. Comite de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM Nicaragua
22. Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos – CIMA, Latinoamérica
23. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, México
24. Convergencia Ciudadana de Mujeres (Converge Mujeres), Guatemala
25. Equipos Docentes Rep. Dom., República Dominicana
26. FAN Feministas Autoconvocadas de Nicaragua, Nicaragua
27. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Global
28. Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL, América Latina y Caribe Hispanohablante
29. Fundación Acceso, Centroamérica
30. Fundación para el Debido Proceso (DPLF), América Latina
31. Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua
32. Grupo Guatemalteco de Mujeres, Guatemala
33. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Mesoamérica
34. Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), América Latina
35. Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, México
36. Mujeres en Acción, Global
37. Mujeres en Acción – Costa Rica
38. Núcleo de Apoyo a la Mujer NAM, República Dominicana
39. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centroamerica, US
40. Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala
41. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Derechos Humanos, Global
42. Plataforma Nicaragüense Redes de ONG, Nicaragua
43. Protection International Mesoamérica, Mesoamérica
44. Red de Defensoría DDHH de Mujeres y Jóvenes, República Dominicana
45. Red de Hondureñas Migradas, Estado español
46. Red de Mujeres Contra la Violencia, Nicaragua
47. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, América Latina y el Caribe
48. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Global
49. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala
50. Y las Mujeres Qué?, México

Alta Comisionada Michelle Bachelet exhorta al Gobierno de Nicaragua a liberar a 94 presas y presos políticos

Ginebra, 16 de septiembre de 2020. En su última actualización oral sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada este lunes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet exhortó al Gobierno a liberar a “todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno”, argumentando que “esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses contabilizan 90 hombres y 4 mujeres percibidos como opositores al Gobierno, quienes han sido arbitrariamente privados de libertad y acusados de delitos comunes.

Esta actualización es la segunda que se realiza como parte del mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice un informe escrito en el 46º período de sesiones en febrero de 2021.

La Alta Comisionada agregó que desde su última actualización oral, en julio de este año, “no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. El Gobierno tampoco ha implementado ninguna de las recomendaciones elaboradas por su oficina.

Desde julio hasta la fecha, OACNUDH registró 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos, miembros del clero católico y otros.

A pesar de que los hechos a los que se refirió Bachelet evidencian la profundización de la crisis, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, no aceptó la actualización oral de Bachelet, alegando que fue “parcializada y unilateral”, pues según la delegación, “no tomó en cuenta los informes que nuestro país ha compartido oportunamente y de buena fe con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, y más bien se elaboró con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que consideran “opositores” al Gobierno, cuestionando la pluralidad de fuentes en que se apoyan los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos para desarrollar su labor.

Según Morales, el Gobierno de Nicaragua ha garantizado el derecho a la salud en el contexto de la pandemia, ha respetado los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe y ha otorgado medidas extraordinarias a más de 8 mil personas en situación carcelaria en lo que va del año.

Sobre el COVID-19

Bachelet resaltó que la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, ante los cuales la respuesta estatal ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico.

“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, agregó la Alta Comisionada.

Otros asuntos de preocupación

En su intervención, Bachelet destacó las condiciones precarias a las que miles de migrantes nicaragüenses se tuvieron que enfrentar para retornar a su país en últimos meses, incluida la de cientos varados en la frontera sur de Peñas Blancas.

También expresó preocupación por la diferencia con los datos de femicidios reportados por organizaciones de mujeres hasta la fecha (50) y los reportados por las autoridades (11) entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de este año, lo que evidencia “un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”.

Asimismo, alertó sobre recientes ataques a periodistas, entre ellos dos procesos legales por injurias y calumnias, actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía en contra de directivos y personal de radio La Costeñísima y Radio Darío, y tres resoluciones fiscales impuestas contra medios de comunicación.

Finalmente, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones hechas por su Oficina, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021, y a reanudar una cooperación efectiva con la OACNUDH, incluso “autorizando una misión al país” en el marco de su próximo informe escrito a inicios del año entrante.

Apoyo internacional

La Unión Europea urgió al Gobierno de Nicaragua a adoptar reformas electorales e institucionales y a asegurar elecciones libres y justas en 2021, mientras que un grupo de países (Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), lamentaron la ausencia de progreso en materia de derechos humanos en Nicaragua y denunciaron la falta de cooperación y respuesta de las autoridades.

“Nos preocupa la falta de reformas electorales reales que permitan a los nicaragüenses realizar libremente y con transparencia su participación política con miras a las próximas elecciones presidenciales. Nuestros países hacen un llamado firme a las autoridades del Gobierno de Nicaragua para que implementen las recomendaciones emitidas por parte de la Alta Comisionada. Reiteramos la necesidad de establecer una cooperación genuina y acceso a la Oficina de la Alta Comisionada en el país y dar pruebas reales de un diálogo y de una voluntad concreta de mejorar la situación sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua para el beneficio de todos sus habitantes”, dijo Julio Peralta, representante de Ecuador, en nombre del grupo de países latinoamericanos.

También las delegaciones de Ucrania y Austria expresaron preocupación por la situación en Nicaragua, particularmente con relación a las y los presos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, quienes han recibido ataques, incluso por parte de grupos armados pro-gobierno.

Solamente el Gobierno de Venezuela apoyó al Gobierno de Nicaragua, instando a la OACNUDH a basarse en la “no injerencia”.

Campaña previa a la actualización

Una semana antes de la actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Raza e Igualdad invitó a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de presos políticos de Nicaragua a que expusieran desde sus propias realidades cómo se ha profundizado la crisis de derechos humanos, resaltando la importancia de que se mantenga el monitoreo internacional.

En esta serie de videos, las y los activistas cuentan sus experiencias y manifiestan su respaldo a las actualizaciones de la OACNUDH:

Día Internacional del Periodista: en Nicaragua “es una profesión de alto riesgo”

Washington, D.C. 8 de septiembre de 2020. En este Día Internacional del Periodista, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconoce el trabajo de las y los periodistas nicaragüenses que realizan su labor en un contexto de pandemia, pero también en medio de una crisis de derechos humanos que se ha extendido ya por más de dos años y que ha significado para ellas y ellos ataques, persecución, amenazas, prisión, criminalización, exilio y el cierre de varios de sus medios de comunicación.

Los más recientes embates para el periodismo independiente en Nicaragua incluyen la judicialización de al menos cinco periodistas por los supuestos delitos de injurias, calumnias y amenazas; y el cobro millonario de impuestos al Canal 100% Noticias, que desde diciembre de 2018 fue confiscado por la Policía, e imposibilitado de transmitir su programación a través de la televisión abierta.

En el primer semestre del año, además fallecieron seis periodistas tras enfermarse con COVID-19 en el ejercicio de sus labores, y otros han reportado haberse contagiado, pero lograron recuperarse.

En este sentido, las libertades de prensa y de expresión se han visto mayormente limitadas por las autoridades. “Han usado la pandemia, han usado el tema del COVID-19 para aumentar la represión e impedir que la gente esté informada”, refiere Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización nicaragüense que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Nicaragua.

Raza e Igualdad conversó con Cristiana sobre la situación actual del periodismo independiente en su país, y estas son sus valoraciones.

¿Cómo está al día de hoy la situación del periodismo independiente en Nicaragua, hay nuevas formas de represión al cumplirse dos años y medio de crisis?

Sí, desde el 2018 hasta el presente, llevamos documentados 2,213 distintos casos de violaciones a la libertad de prensa. En el 2020, estos casos continúan aumentando, hemos tenido 52 violaciones en los primeros tres meses del año, es decir 17 en cada mes. En julio tuvimos una violación cada día, o sea 30 casos de violaciones a la libertad de expresión y por otra parte estos casos, estos nuevos, se han revelado nuevos métodos de acoso y de represión como son la judicialización de los periodistas. Obviamente se mantiene el acceso a la información bloqueada, se mantienen los abusos de poder, la intimidación, la persecución, ya sabemos las confiscaciones que están pendientes y es una forma del régimen de seguir intimidando a la libertad de expresión.

Han usado la pandemia, han usado el tema del COVID-19 para aumentar la represión e impedir que la gente esté informada. Es necesario destacar que en la pandemia murieron varios periodistas: Gustavo Bermúdez, Sergio León Corea, José Francisco Ruíz, Alexander Espinoza, Lorenzo Larios, Mario Torres, Sandoval. Ellos murieron en el cumplimiento de su deber para informarnos a todos nosotros y a todos sus colegas, la situación de este virus y cómo protegerse. Y ellos por las razones que ya sabemos de la situación del gobierno, estaban desprotegidos. Tenemos que hacerles ese reconocimiento permanentemente, porque se mantuvieron en la primera fila, no sólo del combate contra la lucha de la represión, sino también en el servicio ciudadano.

¿Estos nuevos formatos son parte de la reinvención del periodismo bajo riesgo?

Es bien interesante cómo ha evolucionado el periodismo en dar respuesta a la censura y a la represión, es decir, ha logrado, usando las herramientas digitales, derrotar la censura y la represión que se nos impone. Porque si te das cuenta han surgido una serie de plataformas digitales, este año recibimos alrededor de 31 trabajos y el año pasado que también recibimos muchos, estos trabajos son valorados por un jurado internacional, que nosotros convocamos, y te digo, destacaron enormemente la coherencia, la valentía y la integridad, la creatividad que tenía, el nivel de profesionalismo.

Entonces la represión, podríamos decir paradójicamente, ha logrado que la calidad del periodismo y de la información digital suba. Porque antes se utilizaban las redes sociales para cosas sociales, para hablar cualquier cosa, para comunicaciones vanas y eso, pero ahora se ha encontrado que estamos reprimidos, en lo que es comunicación presencial, en lo que es canales de televisión y espacios mediáticos en general, pero los periodistas, los comunicadores y todo estos profesionales, han sabido cómo evadir esto y cómo ponerse en la primera fila. Y aquellos que han sido confiscados como Confidencial y 100% Noticias, han pasado a explorar el YouTube y los vemos todos los días y muchos de ellos están en YouTube.

Ahora, la otra cara de la moneda, es la reacción que han tenido los periodistas y pareciera que, un dicho de mi padre que decía que mientras haya una plaza pública, mientras haya un micrófono abierto, mientras haya un espacio, siempre tenemos que usar nuestra libertad de expresión. Creo que los periodistas han sabido hacerlo, y en ese sentido, el martes (hoy), la FVBCH va a premiar a periodistas que se han innovado digitalmente en defensa de las libertades públicas y de la constitución de la democracia.

¿Y qué pasa con los periodistas que están siendo judicializados?

Es importante señalar que debemos mantener una solidaridad muy grande con estos periodistas que están siendo judicializados por el régimen. Pareciera que esa es la última arma que están usando en los departamentos y a distintos medios para intimidarlos. Los están acusando de injurias y calumnias sólo por haber cumplido el deber de informar. Ahí hay que destacar el trabajo de Kalúa Salazar de La Costeñísima, de David Quintana de Boletín Ecológico, William Espinoza y todos los otros que han sido víctimas de atrocidades y del uso de la pandemia para aumentar la represión.

¿Por qué cree usted que las autoridades se empecinan en perseguir en acosar a los periodistas independientes? ¿Qué razón hay detrás de eso?

Bueno, detrás de eso está que la libertad de expresión, al final de cuentas, es la primera de todas las libertades, entonces es, para el régimen, el principal enemigo, porque cuando vos tenés un pueblo informado y una sociedad bien informada, fuerte, es una sociedad que toma criterios, que protesta, que puede decir lo que quiere; mientras que si la mantenés desinformada la podés controlar más. Entonces ellos atacan a los periodistas y quisiesen que no hubiese periodismo libre.

Para toda dictadura, el primer enemigo y lo primero que comienzan a atacar son los medios de comunicación y los periodistas independientes y aquí en Nicaragua, ha habido una repuesta tan valiente desde los periodistas, en defensa de su independencia. El régimen no esperaba eso, porque aquí vos has visto muchos periodistas que no se dejan comprar, porque tienen un sentido altísimo de su vocación, y saben que su vocación es servir a la verdad.

Entonces la libertad de expresión para ellos es cómo la cruz al diablo, una cosa así. Siempre ha sido. Y una de las primeras víctimas del 18 de abril, fue un periodista, no es casualidad que eso haya pasado. Y después vimos todo, cómo en el 2018 criminalizaron la labor del periodismo, cómo echaron presos a Miguel Mora y a Lucía Pineda, fue una cosa impresionante. Mantuvieron a La Prensa también limitada en su materia prima para que no diera información.

¿La situación de los periodistas en Nicaragua es particular o es comparable con otras realidades en América Latina?

Sí, es comparable en algunas partes, digamos en Bolivia y en algunos otros han usado la pandemia para restringir la información. Hay otras partes del mundo que sí han usado… en China fue espantoso también. Y como dijo el Papa, cuando no informás, cuando no atendés a la gente, estás comenzando a cometer un genocidio porque la gente muere por estar desinformada.

Sí hay casos, pero el de Nicaragua es particular porque es doble. No sólo es un régimen que quiere controlar el tema del COVID-19, sino que también ya estaba ensañado contra la libertad de expresión desde antes. Desde el 2007 comenzó una escala paso a paso para ir controlando la información, las políticas del secretismo, de no dar información y así fue escalando hasta que llegamos ahora al 2018, que hubo hasta torturas a periodistas y una persecución que de pronto se ha vuelto peligroso ejercer el periodismo. Es una profesión de alto riesgo, en este momento. Ser periodista independiente es ser considerado un enemigo del régimen.

Foto de portada: Jorge Mejía Peralta, vía Flickr.

Gobierno de Nicaragua impide el regreso de cientos de nicaragüenses a su país

Washington, D.C., 31 de julio de 2020. Desde hace más de diez días, cientos de nicaragüenses permanecen en la frontera sur de Nicaragua procedentes de Costa Rica, imposibilitados de entrar a su país puesto que las autoridades les exigen una prueba negativa de COVID-19 cuyo costo no tienen la capacidad de pagar.

Organizaciones de derechos humanos calculan que unas 300 personas se encuentran a la intemperie, sin acceso a alimentos y con servicios higiénicos limitados, varados en espacio nicaragüense, pero sin haber pasado el puesto fronterizo. Dentro del grupo hay niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas, expuestos a contraer COVID-19 por la imposibilidad para observar medidas de prevención básicas como lavarse las manos y mantener una adecuada higiene personal.

Las autoridades costarricenses anunciaron ayer que varias organizaciones de la sociedad civil lograron gestionar recursos para costear de forma privada la realización de pruebas de COVID-19 a todos los nicaragüenses varados en la frontera, cuyos resultados se espera tener en un máximo de 48 horas.

Condiciones inhumanas

“Están en condiciones completamente inhumanas, inhóspitas, no cuentan ni siquiera con la mínima garantía de vida para tener acceso al agua potable, a tener acceso a un lugar donde dormir, a tener un techo digno, están durmiendo bajo champas, bajo plástico negro que al sol calienta demasiado”, relata Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, quien ha estado en la frontera durante varios días.

Según Abarca, el Estado de Nicaragua no solo les ha impedido el paso a sus ciudadanos, sino que la Policía y miembros del Ejército, quienes tienen cercado el paso fronterizo, han golpeado a las personas para hacerlas a un lado, para impedirles que se organicen o tomen liderazgos y les han amenazado para que no hablen con periodistas ni con los defensores de derechos humanos que se han presentado al lugar.

Fabián Flores, uno de los nicaragüenses que se encuentra en la frontera sur de Nicaragua, logró hablar con un equipo periodístico de Nicaragua Actual y señaló: “Queremos ir a nuestras casas, si el problema es el tranque, ya no hay tranque, si el problema es el Minsa (Ministerio de Salud), hay que traer personal calificado para que venga, no que traen policías y antimotines que no van a resolver, son médicos los que deberían estar atendiendo esto y prestando las condiciones pertinentes para nosotros, si es que realmente se quiere demostrar un verdadero protocolo sanitario”.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha exigido al Gobierno velar por la salud de los nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas, que están sufriendo condiciones precarias que les hacen especialmente vulnerables y les exponen al contagio.

Forzados a encontrar otras vías de ingreso o regresar a Costa Rica

En días pasados, se había llegado a contabilizar más de 500 personas varadas, pero ante la negativa de las autoridades de dejarles pasar, han buscado otras vías para entrar al país. “Hay personas que han arriesgado su vida y que han arriesgado su integridad y han tenido que salir de manera irregular, no sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, ni siquiera sabemos si esas personas han podido llegar a su destino”, señaló Abarca.

Otras personas han optado por retornar a Costa Rica, luego de que el Gobierno costarricense publicara un lineamiento para que las personas “rechazadas por la República de Nicaragua”, puedan anular su egreso del país y ser admitidos nuevamente, pero esta opción se evaluará caso por caso y no es viable para todos los migrantes, muchos de los cuales han quedado sin trabajo ni medios económicos para sustentarse en ese país.

Según el Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, los nicaragüenses tienen derecho a entrar y salir libremente del país. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló recientemente que “cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, así mismo enfatizó en que “los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”.

La OACNUDH calculaba que unos 850 migrantes se encontraban varados hasta el 27 de julio en zonas fronterizas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala,

Pronunciamiento

Raza e Igualdad demanda se respete el derecho de los y las nicaragüenses de ingresar a su propio país, sobre todo en un contexto de pandemia en que la población migrante está expuesta a serias vulnerabilidades. Exigimos al Estado que realice pruebas gratuitas, garantizando así el derecho a la salud de los ciudadanos, para facilitar el cumplimiento del protocolo que ha dispuesto de forma que los nicaragüenses varados en el exterior o en las fronteras sur y norte de Nicaragua logren ingresar a la brevedad.

Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU opina sobre dos casos nicaragüenses

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo públicas este 20 de julio dos opiniones adoptadas sobre la detención de 16 activistas nicaragüenses en noviembre de 2019 después de que llevaran agua y medicamentos a un grupo de madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre, y sobre la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en diciembre de 2018. Para ambos casos, las opiniones concluyen que las detenciones fueron arbitrarias y piden al Gobierno de Nicaragua que remedie la situación de los activistas y periodistas, incluyendo “libertad plena y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Caso Aguadores 

La opinión sobre el caso de los 16 activistas, aprobada el 1 de mayo de 2020, fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en diciembre de 2019. Aunque el Grupo de Trabajo solicitó unos días después al Gobierno de Nicaragua que suministrase información sobre la situación de los 16 activistas para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Detención arbitraria

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivannia Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas, José Medina, María Hurtado, Marvin López, Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

Primero, no hubo un fundamento jurídico que la justificara: al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia. También se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad. Segundo, la detención de las 16 personas fue consecuencia del ejercicio su libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al gobierno. Tercero, se vulneraron parcialmente de manera grave las garantías a un juicio justo.

El Grupo de Trabajo consideró importante esta opinión porque si bien los activistas fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar en diciembre de 2019, la liberación “se dio unilateralmente por decisión del Poder Ejecutivo, antes de la sentencia y sin aval del tribunal de la causa, con un proceso judicial que sigue en curso, lo que podría dar lugar a un encarcelamiento posterior”.

Además, el Grupo remitió el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes, al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

Caso 100% Noticias

La opinión sobre el caso de los periodistas y directivos de 100% Noticias, aprobada también el 1 de mayo de 2020, fue solicitada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en noviembre de 2019. El Grupo de Trabajo solicitó información al Gobierno de Nicaragua para contrastar la denuncia, pero no se obtuvo respuesta.

Detención arbitraria

Según esta opinión, las detenciones de Miguel Mora y Lucía Pineda «ilustran un patrón de detenciones en Nicaragua», y fueron arbitrarias conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

En primer lugar, porque no se les informó de las razones de su detención ni se les mostró acusación alguna en su contra, por haber sido incomunicado Miguel Mora y desaparecida Lucía Pineda, así como por la aplicación de la prisión preventiva automática en su perjuicio. En segundo lugar, porque la detención se efectuó en contravención de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, así como su derecho a participar en los asuntos públicos. Y en tercer lugar, porque no se aplicaron las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.

El Grupo de Trabajo emitió esta opinión aunque los periodistas fueron puestos en libertad en junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía, puesto que su situación legal es incierta. «Los procedimientos penales no fueron sobreseídos definitivamente y al mismo tiempo contiene una disposición que amenaza con la pérdida de los beneficios de la Ley para quienes incurran en conductas reiterativas que constituyan delitos, lo que genera incertidumbre jurídica», establece la opinión.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, teniendo en cuenta la información relativa a la desaparición de Lucía Pineda, las condiciones de detención, los requerimientos en materia de salud, y las alegaciones de tortura y  otros tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia ambos periodistas, remitió el caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.

Solicitudes

En ambos casos, el Grupo de Trabajo consideró que el remedio adecuado de parte del Gobierno de Nicaragua sería poner a los 16 activistas y 2 periodistas en libertad plena y concederles el derecho a medidas de reparación. El Grupo de Trabajo instó además al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a detención y adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Finalmente, el Grupo de Trabajo sugiere al Gobierno que considere permitirle llevar a cabo una visita oficial al país, y solicita que se provea la información de seguimiento a los casos en un periodo de 6 meses.

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