Día Nacional del Periodista en Nicaragua: sin garantías para la libertad de prensa

Día Nacional del Periodista en Nicaragua: sin garantías para la libertad de prensa

Washington D.C., 1 de marzo de 2021.– Este 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua; sin embargo, para la prensa independiente en el país y en el exilio, no hay nada que celebrar. El ejercicio periodístico se ha visto seriamente impactado por la crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, y actualmente las y los periodistas independientes no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su labor.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en los últimos tres años. A continuación, presentamos lo que compartieron sobre la crítica situación.

Aníbal Toruño: En Nicaragua hay una supresión total de los derechos para la libertad de prensa

Para Aníbal Toruño, director y propietario de Radio Darío en la ciudad de León, las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente son muy difíciles porque, día a día, este se ve acechado por la censura, las amenazas, la violencia y la criminalización de parte de la Policía, instituciones estatales y grupos paramilitares.

“Hay una supresión total de los derechos constitucionales en Nicaragua para el ejercicio de la libertad de prensa. Hay amenazas permanentes, pero no solamente eso, hace unas semanas el régimen aprobó un combo de leyes con las que pretende no solamente censurar al periodismo, sino alcanzar a todos los nicaragüenses, pues busca controlar las redes sociales además de controlar los principales medios de comunicación”, dijo en alusión a la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la introducción de la pena de cadena perpetua.

El asedio policial contra Toruño, su familia y el equipo periodístico de Radio Darío es constante. Desde abril de 2018, su emisora ha sido asediada en 125 ocasiones y en lo que va de 2021, su casa ha sido allanada tres veces de forma ilegal y violenta. “Hemos adquirido la experiencia para poder manejar el medio, pero es muy difícil cuando hay policías y paramilitares afuera de tu casa con la posibilidad de allanarla y destruirla”, expresó Toruño, quien recordó que bajo el gobierno de Daniel Ortega han cerrado más de 20 medios de comunicación y 10 noticieros y programas de opinión, además que, de los trece canales de señal abierta existentes en el país, solo quedan dos con una línea editorial que no está plegada al Gobierno.

Toruño explicó también que una de las consecuencias de la persecución que sufre el periodismo independiente, es que “el periodismo de campo está vedado”, por lo que deben recurrir a colegas que no están integrados a Radio Darío para poder obtener información. “Somos vigilados, perseguidos, es sumamente complicado y los espacios son estrechos (…) Si el mundo no reacciona, estarían viendo el ocaso de uno de los grandes esfuerzos por la libertad de expresión”, añadió.

Para sus colegas en este Día Nacional del Periodista, Toruño envió un mensaje de esperanza. “Que saquemos fuerzas para seguir adelante, porque la noche nunca ha vencido un amanecer y porque la luz tarda, pero llega. Nuestra lucha y perseverancia deberán ser renovadas en el día a día, convencidos de que estamos haciendo lo correcto”, compartió.

Kalúa Salazar: La policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme

Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, considera que en el país no existen condiciones mínimas para ejercer el periodismo independiente. “Aquí lo que hay son condiciones para ejercer un periodismo de afinidad política. Sin embargo, los periodistas independientes hemos asumido el reto y hemos llegado hasta este punto en donde estamos, donde se han interpuesto demandas en contra de periodistas, se han encarcelado y golpeado periodistas, y es ahí donde se puede evidenciar que condiciones no hay”, manifestó.

En agosto de 2020, tres trabajadores de la Alcaldía de la ciudad de El Rama, interpusieron una demanda por calumnias en contra de Salazar, por la publicación de la nota “Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama”, que exponía mal manejo de fondos públicos en dicha comuna. “Desde entonces hasta la fecha, la Policía llega a mi casa durante las noches y las madrugadas a asediarme, a encender las sirenas, a sonar las bocinas de las camionetas y hacer un ruido espantoso para que yo me despierte y no pueda conciliar el sueño”, señaló.

Esta situación, aseguró, ha impactado su vida profesional por las limitantes en el acceso a información y la represión en el ejercicio del periodismo, pero dice que principalmente ha afectado su vida personal. “Con las camionetas llenas de policías armados que se bajan frente a mi casa y mis niñas están ahí afuera, ha sido un golpe todavía más duro que en la vida profesional, porque ahí está involucrada esa parte tan importante de mi vida como son mis hijas”, expresó.

El próximo 9 de marzo, Salazar tiene programado un juicio de apelación, pues recurrió contra el fallo de culpabilidad que le impusieron a finales de septiembre de 2020. “Debo de agotar todos los recursos legales posibles para que quede un precedente de que se me están violando mis derechos humanos como persona y como periodista al juzgarme y culparme por querer hacer mi trabajo y porque estoy ejerciendo la libertad de expresión”, dijo.

Pese a encontrarse en una situación tan hostil, Salazar desea continuar haciendo periodismo en su ciudad Bluefields y la región Caribe Sur de Nicaragua, y en este Día Nacional del Periodista, envía a sus colegas un mensaje que ella se repite cada mañana que se levanta para dirigirse a su centro de trabajo: “Nosotros tenemos un objetivo que no es derrocar a ningún gobierno, sino que es llevar información veraz y poder criticar a cualquier gobierno que esté violando los derechos de las personas; que podamos tener ese acercamiento con el pueblo y sobre todo que tengamos la confianza y el valor necesario para continuar ejerciendo, que la autocensura no sea esa herramienta que quieren imponernos para que el miedo se apodere de nosotros y así desistamos de este trabajo que estamos realizando”.

Lucía Pineda: Los periodistas seguimos en resistencia, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar

La directora del canal 100% Noticias, Lucía Pineda, fue víctima de una de las medidas más extremas del Gobierno en contra de la prensa independiente: fue detenida en diciembre 2018 y acusada por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Pineda estuvo en prisión hasta el 11 de junio de 2019, día en que fue liberada bajo la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno días antes. Salió de prisión junto a un grupo de 55 personas que se encontraban privadas de libertad por su participación en las manifestaciones ciudadanas de 2018, entre ellos el propietario de 100% Noticias, Miguel Mora.

“Estamos en alerta roja porque ejercer la profesión es de alto riesgo en Nicaragua, hay persecución y juicios por injurias y calumnias contra periodistas que son promovidos por activistas del régimen, y hay robos a medios de comunicación”, afirmó Pineda, quien tras su liberación decidió trasladarse el país vecino Costa Rica, como una medida de seguridad y porque cuenta con la ciudadanía costarricense. Desde ahí, dirige 100% Noticias, canal que actualmente transmite exclusivamente a través de Internet, ya que sus instalaciones fueron ocupadas ilegalmente en diciembre de 2018 y la semana pasada fueron convertidas en un centro de rehabilitación del Ministerio de Salud.

Como directora de este medio de comunicación, Pineda conoce de cerca la persecución que enfrentan las y los periodistas que ejercer el periodismo independiente. “Los muchachos viven bajo constante asedio, van a una conferencia de prensa de un sector de la oposición y a su ingreso, la Policía los revisa, revisan sus carros, sus pertenencias (…) El reportero nocturno de 100% Noticias me dice que la Policía lo persigue todos los días, lo interceptan, y ha habido veces que lo han golpeado”, dijo.

“La Policía te ve como un enemigo, te asedia para que sientas miedo y decidas ´tirar la toalla´ (desistir) y que sientas que te vigilan para que tengas cuidado con lo que vayas a decir, a informar”, agregó Pineda, quien aseguró que su vida cambió de forma rotunda desde su detención, pues señaló que su segunda casa era 100% Noticias y ahora dirige este canal desde Costa Rica, por lo que resiente no poder estar en Nicaragua, donde había establecido su vida, y estaba acostumbrada a reportear en las calles y tener contacto cercano con la población.

Para sus colegas en Nicaragua, que este 1 de marzo conmemoran el Día Nacional del Periodista, Pineda envía el siguiente mensaje: “Sigamos en resistencia, resistamos por la libertad, que Nicaragua va a agradecer a la prensa independiente por todo el trabajo, muchas organizaciones del mundo han notado que es una prensa independiente valiente, esta es nuestra profesión y nadie nos la puede quitar”.

Llamado

Raza e Igualdad aprovecha esta ocasión para hacer un reconocimiento a las y los periodistas independientes de Nicaragua que, a pesar de no contar con las debidas garantías para ejercer el periodismo de forma independiente, se han mantenido firmes en su labor de informar. También llamamos al Gobierno a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio, persecución y amenazas, así como a derogar las leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las cuales restringen la libertad de expresión.

Alta Comisionada exhorta al Gobierno de Nicaragua a reanudar la cooperación con mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos y llama a realizar reformar electorales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes

Washington D.C., 25 de febrero de 2021.– La crisis socio-política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se ha visto exacerbada por la pandemia de Covid-19 y por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la presentación de su informe sobre Nicaragua durante el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El informe fue respaldado por una veintena de delegaciones diplomáticas, así como por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior sobre la situación del país.

“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 noviembre de 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, de expresión, a la participación política y a las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, expuso la Alta Comisionada, quien señaló que el informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

El informe indica que la Oficina de la Alta Comisionada ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la Policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. “Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores”, agregó.

La Alta Comisionada dijo que siguieron registrándose detenciones arbitrarias, la mayoría de breve duración, y destacó la situación de las y los prisioneros políticos, que según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua suman 111 hasta febrero de 2021. Destacó también que en el periodo que comprende el informe las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, a lo cual se añade el impacto devastador de los dos huracanes. A este panorama, la Alta Comisionada agregó el aumento de los feminicidios y las altas tasas de embarazo en niñas y adolescentes.

Violaciones de derechos humanos en la impunidad

 “Las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad”, expresó, y enfatizó el balance deficiente en la implementación de las recomendaciones contenidas en su informe anterior, tal como lo muestra el último boletín de la Oficina Regional de la Alta Comisionada.

“La incorporación de un sólido enfoque de derechos humanos y la participación de las personas en situación de mayor vulnerabilidad puede contribuir significativamente a la solución de la actual crisis y a los esfuerzos de reconstrucción después de los desastres naturales. Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es esencial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres justas y transparentes”, finalizó.

Respuesta del Estado

En nombre del Estado de Nicaragua, la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales, expresó la “no aceptación y rechazo absoluto” del informe por considerarlo “unilateral” y “parcializado”. “El Gobierno rechaza contundentemente este tipo de informes injerencistas e interventores que pretenden seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales, así como el ordenamiento jurídico que sustenta al Estado nicaragüense”, dijo.

Respaldo internacional

El informe de la Alta Comisionada fue respaldado por las delegaciones diplomáticas de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Holanda, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza, Uruguay y la Unión Europea, así como por organizaciones internacionales de derechos humanos que participaron en una discusión posterior a la presentación del informe y que incluyó la intervención de representantes de la sociedad civil nicaragüense.

Todas expresaron su preocupación por la continuidad de la represión en contra de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, opositores, y defensores y defensoras de derechos humanos, y por la reciente aprobación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, así como también lamentaron que el Gobierno no acepte su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos registradas desde abril de 2018.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, fue una de las personas que intervino en nombre de la sociedad civil nicaragüense, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), refiriéndose a la destrucción de oficinas de organizaciones civiles y de medios de comunicación, las cuales fueron arbitraria e ilegalmente ocupadas y concedidas al Ministerio de Salud, que actualmente realiza labores de construcción para transformarlas en unidades de salud y, en algunos casos como sede del CENIDH en Juigalpa y las instalaciones de Confidencial, ya inauguró como tales.

También fue expuesta la situación de las invasiones de tierras y violencia que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe Norte del país. “A lo largo de 2020, la apropiación de tierras y los ataques violentos de colonos armados ilegales han aumentado, con al menos 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad y 2 agresiones a dos niñas indígenas mískitu menores de edad”, expusieron el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el CENIDH.

Para ver la presentación del informe de la Alta Comisionada, haga clic aquí.

Acceda al informe aquí.

Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “Situación de Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, con el objetivo de brindar un panorama amplio sobre la presencia y derechos de la población afrodescendiente en Bolivia, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, y tomando en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.

Este país suramericano celebrará el próximo 7 de marzo las elecciones subnacionales, en las que se elegirán 9 gobernantes, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2,000 concejales. Por tanto, el informe busca ofrecer información clave para la adopción de políticas públicas que tomen en cuenta la presencia y derechos de las más de 25 mil personas que actualmente se autoreconocen como afrobolivianas y afrobolivianos.

“El Pueblo Afroboliviano logró su inclusión en la Constitución Política del Estado de 2009 y el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos humanos individuales y colectivos”, refiere Ivanna Fernández Martinez, autora del informe, y para quien “aún se requiere un análisis y evaluación exhaustivos para desarrollar política pública coherente en atención a los derechos diferenciados y las prioridades de este segmento heterogéneo de la población, así como el seguimiento y monitoreo a su implementación”.

Fernández Martinet destaca que “las políticas públicas aplicadas al sector (Pueblo Afroboliviano) deben ser sensibles a las cuestiones de género y culturalmente adecuadas, enfocadas en mejorar su calidad de vida y valorar su cultura”.

Contenido del informe

El informe se divide en cinco partes. La primera identifica la presencia y el registro de la población afroboliviana en el país, la segunda presenta el modelo de Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el reconocimiento constitucional del Pueblo Afroboliviano y la titularidad de; la tercera parte aborda el racismo y la discriminación racial que viven las y los afrobolivianos y la descripción del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para combatir este flagelo.

Luego, la cuarta parte describe la situación de los derechos humanos de la población en las zonas rurales y la quinta reúne los principales desafíos de las mujeres afrobolivianas por la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a sus condiciones particulares. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones en todos los ámbitos.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de Raza e Igualdad. Puede ser consultado y descargado por medio de este link: https://bit.ly/3nTMm0Y

Sociedad civil nicaragüense y expertos internacionales abogan por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre crisis en Nicaragua

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– En el marco del 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes de la sociedad civil nicaragüense y víctimas de violaciones de derechos humanos, con el acompañamiento y respaldo de expertos internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abogaron por la aprobación de una nueva resolución que refuerce el mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para monitorear la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.

El evento “El papel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante la continua crisis de derechos humanos en Nicaragua” contó con la participación de Thelma Montenegro, familiar de dos presos políticos y de cuatro personas asesinadas en el contexto de la represión desatada por las protestas sociales de abril de 2018; Lottie Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN); Aníbal Toruño, director de Radio Darío y víctima de constante asedio policial en su casa y medio de comunicación; Clément Voule, Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, y Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. Como moderadora estuvo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Contexto

La Alta Comisionada Michelle Bachelet compartirá un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua durante el 46º  período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse del 22 de febrero al 23 de marzo, por lo que doce organizaciones nacionales y regionales, entre ellas el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaron este evento para exponer de forma detallada y actualizada las violaciones a derechos humanos en el país y, por tanto, la necesidad de que dicho Consejo mantenga y refuerce el mandato de la Alta Comisionada.

Caso familia Montenegro

Thelma Montenegro expuso la persecución, violencia y criminalización que ha enfrentado su familia por su participación en las manifestaciones ciudadanas de abril de 2018. “Esta actuación de nuestra parte desencadenó el odio, la persecución, la crueldad de los adeptos al partido de Gobierno”, dijo, y señaló que desde entonces han sido asesinados cuatro miembros de su familia, entre ellos sus hermanos Oliver y Edgar Montenegro y su esposo Francisco Blandón.

Montenegro señaló también que permanecen en prisión sus sobrinos Oliver Montenegro Muñoz, quien fue detenido el 21 de junio de 2020 y acusado del delito de homicidio frustrada, por el cual fue condenado a 10 años de cárcel, y Dorling Montenegro Muñoz, quien fue capturado el 30 de noviembre de 2020 y es acusado de cometer los delitos de obstrucción de funciones, posesión y tenencia ilegal de armas y asesinato en grado de tentativa.

“Pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país (…) Estamos en un año electoral y justamente este momento es la oportunidad para poder cambiar nuestra historia, que no se repita tanto sufrimiento”, expresó Montenegro.

Violencia e indefensión en el Caribe Norte

La defensora de derechos humanos y presidente CEJUDHCAN, Lottie Cunningham, manifestó en su presentación que a medida que el espacio cívico y las garantizas democráticas se cierran en Nicaragua, se agudiza el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, subrayando que solo en el 2020 fueron asesinadas 13 personas, hubo 8 heridos, 2 secuestrados y una comunidad desplazada producto de esa situación.

Del 2011 a la fecha, dijo Cunningham, 49 indígenas han sido asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y 4 desaparecidos. “Producto de la violencia, se estima que 3,000 personas tan solo del pueblo Miskitu se encuentran desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras departamentales, así como en comunidades fronterizas con Honduras”, detalló la defensora de derechos humanos, quien denunció que estas acciones son cometidas por actores no estatales bajo la anuencia estatal, por lo que se encuentran totalmente impunes.

Además, mostró su preocupación por la aprobación de las recientes leyes como Ley de Regulación de Agentes y la Ley de Ciberdelitos, a las que llamó “disposiciones represivas sobre la defensa de derechos de los pueblos indígenas”. En ese sentido, Cunningham dijo que el Ministerio de Gobernación se ha rehusado en reiteradas ocasiones a aceptar la documentación necesaria para acreditar a la junta directiva de CEJUDHCAN y que los integrantes de la organización son constantemente señalados de ser difusores de noticias falsas.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y exhortamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que apruebe una resolución para Nicaragua y que incorpore la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, enfatizó.

Ataque a la prensa independiente

El director de Radio Darío en la ciudad de León y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, Aníbal Toruño, se refirió a las acciones del Gobierno en contra del periodismo y medios de comunicación independientes, que incluyen, el enjuiciamiento de al menos tres periodistas y la confiscación de Confidencial y 100% Noticias desde abril 2018 hasta la fecha.

Toruño indicó que, el gobierno de Daniel Ortega ha propiciado el cierre de más de 20 medios de comunicación y al menos 10 programas de opinión y noticieros. Además que, actualmente, de los 13 canales de señal abierta, solo sobreviven dos, incluido Canal 12 que se encuentra embargado desde mediados de septiembre 2020.

Sobre su caso particular, Toruño manifestó que en los últimos tres años ha habido 125 asedios policiales a Radio Darío y 32 a su casa, la cual fue allanada en tres ocasiones de forma ilegal y violenta entre el 4 de enero y el 4 de febrero de 2021.

Preocupación internacional

Tanto el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de las Naciones Unidas, Clément Voule, como el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, expresaron su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua, la cual, coincidieron, se ha agravado con la aprobación de leyes que restringen derechos civiles y políticos y contemplan encarcelar a personas que difundan información que el Gobierno considere amenazas.

“Tenemos preocupaciones, como el uso de la fuerza arbitraria contra aquellos que van a las calles a protestas, la criminalización y ataques contra la disidencia política y los medios de comunicación”, indicó Voule, quien recordó que desde la crisis de 2018 ha hecho varias solicitudes para visitar el país, pero estas no han sido respondidas por el Gobierno.

“Otra preocupación es la falta de información o información falsa usada contra estas personas -que incluye mujeres, miembros de la comunidad LGBTI o ambientalistas, a las que acusan como terroristas o narcotraficantes”, agregó.

En tanto, Pedro Vaca dijo que en Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura y que la actividad parlamentaria en el país parece estar enfocada en erosionar el Estado de derecho. Para el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, en el país hay un “desmantelamiento del tejido social” y existe el peligro de que se reduzca la posibilidad de “perder información” sobre las violaciones a los derechos humanos. “El miedo está presente en Nicaragua y lo estamos escuchando, y es parte de lo que ojalá pueda ser incluido dentro de los análisis que se están haciendo”, agregó.

Llamado por una nueva resolución para Nicaragua

La moderadora del evento y directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, indicó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua persiste y se acentúa, además que el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas sigue siendo crítico debido a la continua negativa del Gobierno a cooperar con los sistemas regionales e internacionales de protección de derechos humanos.

En nombre de las organizaciones que promovieron el evento, Guevara instó a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos a que se asegure una resolución firme sobre Nicaragua que renueve completamente el mandando de la Oficina de la Alta Comisionada.

Guevara enfatizó que esta nueva resolución debe establecer claros criterios de cooperación y enviar un mensaje claro de la comunidad internacional en apoyo a las víctimas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes, y que la búsqueda de justicia, verdad y reparación tiene que continuar siendo una lucha colectiva e internacional.

Puede ver la grabación del evento aquí:

Sociedad civil de Nicaragua expone ante la CIDH la situación de 110 personas prisioneras políticas

Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020. Un grupo de personas defensoras de derechos humanos expuso hoy ante comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a sus derechos humanos a la que se enfrentan actualmente 110 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, durante una audiencia celebrada en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión.

Por parte de las organizaciones solicitantes, participaron: Ana Bolaños, Oficial Legal de Raza e Igualdad, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Rosario Flores de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras); Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En la audiencia las personas expositoras resaltaron que de las 110 personas presas políticas apresadas a partir de abril de 2018, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, El Infiernillo, celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables; mientras que el resto de las personas prisioneras por motivos políticos sufre una deficiente atención médica, trato diferencial y discriminatorio, golpizas, amenazas, falta de alimentación y agua potable, negación de visitas familiares e incluso torturas.

Durante la audiencia se destacó que las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales, en un esquema de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, instalado para la represión y persecución de toda disidencia política.

Las organizaciones identificaron también como graves amenazas a la libertad individual y la seguridad jurídica tres leyes aprobadas recientemente: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma que plantea establecer la prisión perpetua, orientadas a criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas y medios independientes y a la disidencia en general.

Los peticionarios urgieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión, las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas, sus familias y las personas excarceladas; a liberar de inmediato a todas las personas presas políticas; a investigar de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También pidieron al Estado que suministre información sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión, informe las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud, y de prevención ante el Covid-19, y que autorice el regreso al país de la OACNUDH, CIDH, el MESENI, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos.

Reacción de la CIDH

La representación del Estado de Nicaragua, aunque fue invitada por la CIDH para asistir a la audiencia, no se presentó. El comisionado Stuardo Ralón lamentó la inasistencia estatal y resaltó que dicha conducta “denota una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales”, puesto que los gobiernos tienen una responsabilidad de rendir cuentas a sus ciudadanos y un compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La comisionada Esmeralda Arosemena, por su parte, invitó al Estado de Nicaragua a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo y acuerdos para librarse de términos que se utilizaron en la exposición para ilustrar la conducta estatal: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, aludiendo a los hechos denunciados en la audiencia por los peticionarios.

Los comisionados, comisionadas y relatores de la CIDH resaltaron el valor y la constancia de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que se dedican a representar legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, a acompañar a sus familiares, y a documentar las violaciones de sus derechos humanos.

“Mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha, a reconocer la valiosa información que nos han brindado. De nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el comisionado Ralón.

La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de país para Nicaragua, recordó que un reciente informe publicado por la Comisión logró establecer que 1,614 personas habían sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, destacó que están conscientes de que esa cifra es un subregistro, por lo que instó a los peticionarios a seguir trabajando para saber cuál es la verdadera cifra.

Además, resaltó como un tema de preocupación para la CIDH la falta del debido proceso y de imparcialidad del Sistema Judicial en Nicaragua. “Nos preocupa la falta de independencia de los poderes del Estado, algo esencial considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y de libertad de expresión son fundamentales”, afirmó.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes y otros en Nicaragua

Washington, D. C., 3 de diciembre de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), presentó el día de hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.

En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.

La petición narra distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de Poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.

También describe los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.

Adicionalmente, pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

Libertad inmediata para el estudiante Kevin Solís, pide el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo pública este 20 de octubre una opinión adoptada sobre la detención del activista universitario Kevin Solís el 6 de febrero de 2020, un par de días después de haber participado en una manifestación en la Universidad Centroamericana junto a decenas de jóvenes. La opinión concluye que dicha detención fue arbitraria y pide al Gobierno de Nicaragua que tome medidas urgentes para remediar la situación del joven poniéndolo “inmediatamente en libertad”.

La opinión fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). Aunque el Grupo de Trabajo solicitó en abril al Gobierno de Nicaragua que suministrase información para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Actualmente, Solís se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro con una condena de 4 años y 6 meses de prisión por el supuesto delito de robo agravado contra un simpatizante sandinista.

El Grupo de Trabajo hizo notar que este no es el primer caso en el que se le ha reportado la detención presuntamente arbitraria de opositores del Gobierno de Nicaragua, y que desde 2018, ha recibido cada vez más información sobre detenciones de manifestantes en protestas públicas.

Detención arbitraria

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Kevin Solís fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III conforme a  sus métodos de trabajo. Primero, no hubo flagrancia delictiva y el arresto fue realizado por individuos vestidos de civil, sin que se presentara una orden de arresto expedida por un juez o por autoridades competentes. Además, entre las 11 am y las 6 pm, Solís fue sujeto de una desaparición forzada, tiempo en que su derecho a la seguridad personal fue flagrantemente violado. Segundo, la detención de Solís fue resultado del ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión, así como a la libertad de reunión y asociación pacíficas, y la participación en asuntos públicos. Tercero, porque en su proceso judicial le fueron denegadas las garantías esenciales del debido proceso.

Solicitudes

El Grupo de Trabajo consideró que en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, el Gobierno debería “tomar medidas urgentes para garantizar su liberación inmediata”, y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación. Adicionalmente, recomendó al Gobierno que examine la compatibilidad de la Ley 952 en la que se establece que los casos de robo agravado deben tramitarse en prisión preventiva, de manera automática, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la detención previa al juicio debería ser una medida excepcional en lugar de la regla.

Finalmente, el Grupo de Trabajo informó que remitió el caso al Relator Especial sobre la Tortura para que tomara las medidas correspondientes, y solicitó tanto a los solicitantes como al Gobierno que provean la información de seguimiento al caso en un periodo de seis meses.

Asedios y represalias escalan durante septiembre en Nicaragua

Washington, D.C., 6 de octubre de 2020. El asedio y las represalias a distintos sectores de la población, especialmente los excarcelados, las personas opositoras, los jóvenes, los defensores de derechos humanos, los periodistas y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subieron de tono durante el mes de septiembre, e incluyeron tres iniciativas de reformas legislativas que amenazan con derruir los escasos espacios que aun quedan para que la sociedad civil y la ciudadanía crítica pueda reclamar respeto a los derechos humanos.

La primera es la intención de establecer la cadena perpetua para los denominados “delitos de odio” entendidos en un sentido amplio que más alla de no resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y las niñas, amenaza a los sectores de oposición a quienes según Ortega también aplicaría la decisión, luego de llamarles asesinos, vendepatrias, cobardes y torturadores.

Mediante la segunda iniciativa se pretende aprobar una ley de Regulación de Agentes Extranjeros que busca obligar a los nicaragüenses y las organizaciones a auto incriminarse, registrándose como Agentes Extranjeros, si reciben recursos provenientes de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades, o asociaciones extranjeras, bajo cualquier concepto. Según la iniciativa, los agentes extranjeros no podrán intervenir en asuntos de política interna ni financiar o promover el financiamiento a organizaciones políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas, además que no podrán desempeñar cargos públicos ni ser elegidos en cargos de elección popular. Quienes no se inscriban podrían recibir  sanciones que incluyen la confiscación de bienes muebles e inmuebles e incluso, acciones en la vía penal que podrían derivar en la prisión.

La intención de aplicar la cadena perpetua, combinada con la Ley de Agentes Extranjeros representan una seria amenaza hacia la oposición, para la labor de defensa de los derechos humanos y también hacia el periodismo independiente, respecto de este último caso ya que muchos de los espacios digitales se apoyan en recursos de la cooperación internacional para continuar funcionando. Ambas son evidencia de que el Gobierno está dispuesto a perdurar aun cuando para ello sea necesario encarcelar a quienes incurran en cualquier forma de disidencia.

El día 28 de septiembre se conoció otra iniciativa: La Ley Especial del Ciberdelito, que se orienta a criminalizar las publicaciones en las redes sociales con penas que van desde 1 a 4 años de prisión, y propone perseguir a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicio al público, así como a bancos y aseguradoras y el resto del sistema financiero.

Mediante esta iniciativa, el régimen busca frenar las filtraciones de información para impedir la divulgación por parte de la ciudadanía de los abusos en los que incurren las autoridades, los cuales desde la perspectiva del Gobierno son “noticias falsas”.

El establecimiento de la cadena perpetua y la eventual aprobación de las dos iniciativas antes comentadas, en caso de ser aprobadas, serán determinantes para el deterioro extremo del entorno para defender la democracia, los derechos humanos y de la libertad de expresión, prensa e información.

Igual que como ocurrió con la Ley Antiterrorismo, que estableció tipos penales vagos, abiertos que en la práctica significaron violaciones a los derechos humanos, las dos iniciativas ya presentadas dan un amplio margen de discrecionalidad a la actuación de las autoridades y la posibilidad de ocasionar daños significativos a personas jurídicas y personas naturales.

El derecho a la vida

En septiembre Nicaragua se vio estremecida por la violación y el femicidio de dos niñas en Lisawe, Mulukuku, Región Autónoma del Caribe Norte (RAAN). A los pocos días, el 17 de septiembre, una mujer embarazada de 20 años de edad en Ayapal, fue víctima de femicidio. Las muertes por femicidio se elevaron a 50 en agosto y la violación y el asesinato de las niñas de Lisawe fue aprovechada por Ortega y Murillo para plantear el establecimiento de la cadena perpetua.

Situación prisioneros políticos

De la situación de los prisioneros políticos destacamos que las autoridades siguen aplicando el aislamiento discrecionalmente, por tiempo indefinido y sin el seguimiento debido. Tal es el caso del estudiante Kevin Solís, quien permanece en una celda muy pequeña, de máxima seguridad, en el penal Jorge Navarro en Tipitapa, llamada “La 300” y de John Cerna, quien recientemente, por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! ha sido confinado en una celda de máxima seguridad y está siendo torturado.

También se continúan conociendo casos en los que las personas prisioneras denuncian torturas y tratos contrarios a la dignidad humana, sin que las autoridades tomen las medidas del caso para sancionarlos y prevenir que hechos similares continúen ocurriendo.

Represalias hacia periodistas continúan

En septiembre continuó el asedio policial contra Radio Darío. El incidente más reciente se registró el 12 de septiembre, cuando patrullas policiales volvieron a presentarse frente a la radio en actitud intimidatoria.

La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima, en Bluefields, fue condenada el 23 de septiembre, por injurias y calumnias, en un proceso violatorio de las garantías. La fiscalía solicitó una pena que va de 120 a 300 días multa.

Una nueva embestida se registró hacia la televisión abierta, mediante el embargo de las cuentas y bienes del propietario de Canal 12 de Televisión, uno de los dos canales que aún mantienen una linea independiente respecto del gobierno, por un cobro de 21 millones de Córdobas, por parte del fisco.

Asedio a movimientos de mujeres

El 25 de septiembre, la policía cercó las instalaciones del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) en la ciudad de Managua, impidiendo por varias horas que las mujeres que trabajan en dicha organización ingresaran a la sede de la misma. Su directora, Sandra Ramos, reaccionó enérgicamente contra el asedio, expresando que no les tienen miedo y que lo que molesta al poder es que ellas defienden a la “pobretería” que el gobierno dice defender, aludiendo a las mujeres trabajadoras y desempleadas que la organización ha defendido por más de 20 años de existencia.

El mismo día, la Policía detuvo a dos de los integrantes del Movimiento Feminista La Corriente, quienes intentaban trasladar a una bodega materiales de campañas sociales. Al menos una docena de agentes policiales y antidisturbios les rodearon, les pidieron información personal y les amenazaron porque los materiales que trasladaban tenían logos de la cooperación.

Persecución policial a las actividades de la oposición política

Distintas iniciativas de la oposición para reunirse en los territorios han encontrado el asedio y la persecución policial y paraestatal como respuesta. Los días 26 y 27 de septiembre, más de un centenar de opositores, activistas y defensores de derechos humanos sufrieron una nueva ola de represión por parte la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, incluyendo cinco detenciones arbitrarias, la obstrucción de reuniones, asedios en cinco viviendas y seis retenciones acompañadas de requisas y persecución.

Las denuncias registradas en redes sociales y medios de comunicación confirman que en Managua, Río San Juan y Chinandega se dieron distintos hechos de asedio: el asedio policial en una reunión de 92 integrantes de la Coalición Nacional, la retención y persecución del director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro por parte de la Policía que colocó un retén a la entrada de la urbanización donde habita; la detención del presidente del Gobierno Territorial Rama Kriol, Jaime Mcrea, además de la retención arbitraria de 17 indígenas y afrodescendientes en el contexto de una visita planificada a la reserva Indio Maíz para confirmar la continuidad de las invasiones.

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