Alta Comisionada Michelle Bachelet: “la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua

Alta Comisionada Michelle Bachelet: “la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua

Ginebra, 2 de julio de 2020. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua, afirmó hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su actualización oral durante el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales (…) Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, detalló la Alta Comisionada.

La OACNUDH también ha recibido denuncias de al menos 16 médicos que habrían sido despedidos “sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

Además, mencionó como efecto consecuente de la pandemia el incremento de la violencia contra las mujeres, particularmente de los femicidios, de los que se registraron 32 entre enero y mayo de este año, 5 más que el año pasado.

Esta actualización es parte del mandato de la recién aprobada resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice una nueva actualización oral en el 45 periodo de sesiones en septiembre de este año y un informe escrito en el 46 periodo de sesiones en marzo de 2021.

Por su parte, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, tildó de “campañas de desinformación y odio” a las informaciones que se han divulgado sobre la inadecuada respuesta gubernamental ante la pandemia, asegurando que se adoptaron una serie de medidas preventivas para preparar al sistema de salud público ante la llegada del nuevo coronavirus. Morales además descalificó el informe de la Alta Comisionada y tildó de “injerencista” a la resolución L.35 aprobada a finales de junio pasado.

Violaciones a derechos humanos

La Alta Comisionada también aseguró que desde su último informe ante el Consejo sobre la situación en Nicaragua, en febrero pasado, “se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos”.

De acuerdo con la OACNUDH, el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua continúa siendo sistemáticamente coartado: entre marzo y junio de este año documentaron 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Mientras, Bachelet alertó que aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

Ataques en zonas rurales

Otro tema de preocupación para la OACNUDH son los ataques y homicidios en zonas rurales. Bachelet mencionó los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo; así como los incidentes violentos del 19 y 20 de abril en la Isla de Ometepe, que dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos; y el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, resaltó Bachelet.

Señaló además que desde 2018 el Gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectado el derecho a la libertad de asociación en el país. La última fue la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), que desarrollaba actividades sociales en Camoapa, cancelada el 25 de junio.

Por otro lado, la Alta Comisionada recomendó la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, así como a cooperar con las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. “Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”.

Concluyó instando al Consejo de Derechos Humanos a seguir monitoreando la situación.

Sociedad civil

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), participaron del debate en el Consejo tras la actualización oral de la Alta Comisionada. “Continúa el secretismo que aumenta el riesgo y la incertidumbre ante la gran diferencia en las cifras oficiales con 83 fallecidos y las del Observatorio Ciudadano, que señala 1878 muertes sospechosas, unido a las amenazas y despidos masivos del personal médico de los hospitales y la falta de protección de que fueron objeto por lo cual fallecieron más de 40”, señaló Sonia Tancic en representación de ambas organizaciones.

Consejo de Derechos Humanos reforzará su seguimiento a la situación en Nicaragua

Ginebra, 19 de junio de 2020. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una nueva resolución sobre Nicaragua que renueva y refuerza el mandato a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para el seguimiento a la situación de graves violaciones de derechos humanos en ese país e informar sobre dicho monitoreo en los periodos de sesiones 44, 45 y 46 del Consejo, es decir, hasta marzo del 2021.

La resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”,  que da continuidad a la aprobada en marzo de 2019, (A/HRC/40/L.8), permitirá que se informe de manera periódica la situación en Nicaragua para que los Estados miembros del Consejo discutan nuevas alternativas de solución a la crisis y aboguen por el cumplimiento de las recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua, estuvo liderada por Canadá, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Perú, fue copatrocinada por más de 40 países y fue cabildeada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la votación de dicha resolución estaba programada para marzo de este año, debido a la pandemia de la COVID-19 esta se retrasó hasta este mes. No obstante, contó con la aprobación de 24 países (Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, México, Holanda, Perú, Polonia, República de Corea, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay), tuvo 19 abstenciones y solo 4 votos en contra (Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela).

Contenido de la resolución

La resolución expresa preocupación “por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales”, así como por las denuncias de constantes detenciones, hostigamientos y torturas por parte de las autoridades.

También insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el poder judicial, a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, que ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas ilegalmente, que garantice un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos, y que adopte un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes de la violencia letal de 2018.

Además, exhorta al Gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “permitiendo el acceso sin trabas a todo el país y facilitando las visitas”.

En el contexto electoral, insta al Gobierno y a las instituciones pertinentes que “emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.

Otros temas como la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, los desplazados que no tienen garantías para regresar al país ni acceso a derechos económicos, sociales y culturales,  también son temas que preocupan en Nicaragua, pero que no fueron considerados en esta resolución.

Votación

En el pleno del Consejo varios países respaldaron abiertamente la resolución, entre ellos Costa Rica, República Checa en representación de la Unión Europea, Perú, Australia, Holanda, Alemania y Uruguay, cuyos representantes exhortaron al Gobierno de Nicaragua a tomar las recomendaciones brindadas con anterioridad por distintos organismos de derechos humanos, liberar a los presos políticos, implementar reformas electorales, combatir la violencia basada en género y proteger a los pueblos indígenas.

La representante de Costa Rica además llamó la atención sobre el manejo de las autoridades nicaragüenses de la pandemia del nuevo coronavirus. “El Gobierno de Nicaragua ha faltado en implementar y promover medidas reales y efectivas para contrarrestar el COVID-19 entre su población. Al contrario, la irresponsabilidad mostrada por su gobierno ha exacerbado la extrema y negativa situación de los derechos humanos, en particular para los detenidos arbitrariamente”.

La misión de Venezuela expresó en un video su negativa a la aprobación de la resolución por considerarla injerencista, mientras que el representante de Nicaragua se reservó el derecho a tomar la palabra.

Pronunciamiento en ocasión de la resolución a ser votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

12 de junio de 2020. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nuestra alarma por la represión que continúa en Nicaragua, el rápido deterioro de la situación frente a la expansión del COVID-19, la ausencia de respuesta del Estado, y la renuencia del Estado a dar respuesta a los llamados realizados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8).

En vista de lo cual una nueva resolución  (A/HRC/43/L.35) fue propuesta durante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, sesión que se suspendió por la situación derivada del COVID-19 y que se ha decidido reanudar el 14 de junio con la votación de la misma entre los puntos de la agenda. En este marco, las organizaciones que suscribimos el presente, hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en particular los Estados Latinoamericanos y Caribe, a adoptar una posición de principios y a apoyar activamente la adopción de dicha resolución, teniendo en consideración:

  1. Las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018

Aún durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, en Nicaragua continúan utilizándose de manera sistemática métodos represivos como asedio, hostigamiento, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, familiares de las víctimas de la represión y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

  1. Las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua

En el marco de la pandemia, desde las altas esferas del Gobierno no se han atendido las propuestas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos sobre la implementación de medidas de distanciamiento social y aislamiento para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Más bien, se han reportado represalias, amenazas y despidos en contra de médicos que han exigido al Gobierno medidas para enfrentar a la COVID-19 y que han compartido públicamente la situación en hospitales públicos.

  1. El irrespeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión

En el marco del segundo aniversario desde las protestas de abril 2018, varios ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por la Policía, especialmente en la Isla de Ometepe y la ciudad de Masaya. Al menos once personas fueron arrestadas y remitidas a juicio bajo acusaciones de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio frustrado y daños. Además, mientras el Ejecutivo incita la participación en eventos masivos en el espacio público en plena crisis sanitaria, aún continúa vigente la restricción policial para ejercer el derecho a la manifestación.

  1. Las detenciones y reclusiones arbitrarias para reprimir a la disidencia

El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. La cifra de presos políticos es de 86 hasta el mes de mayo, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos. El 13 de mayo, el Gobierno excarceló bajo el régimen de convivencia familiar a 2,815 reos comunes, pero ninguno de ellos era prisionero político. Los familiares de los opositores encarcelados temen que un brote de COVID-19 sea letal dentro del Sistema Penitenciario Nacional, donde según afirman los familiares de prisioneros políticos, habría más de treinta prisioneros que presentan los síntomas del COVID.

  1. La falta de garantías de entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas

A pesar de las comunicaciones enviadas por varios mandatos de Procedimientos Especiales, hasta la fecha no se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas arbitrariamente y sus bienes siguen bajo ocupación de la Policía. Los defensores de derechos humanos siguen trabajando a pesar de las represalias, bajo prohibiciones y acusaciones de terrorismo. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año. Las autoridades continúan empleando un discurso estigmatizante en contra de los periodistas y opositores, como en el recién publicado “Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de Covid-19: una estrategia singular”.

  1. La falta de garantías de independencia e imparcialidad del sistema de justicia

Con las últimas detenciones arbitrarias y el inicio de nuevos juicios irregulares para ciudadanos opositores, queda en evidencia que el sistema judicial sigue cooptado por el partido en el gobierno, y continúa siendo una pieza clave en la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Recientemente, uno de los jueces que procesó a decenas de manifestantes en juicios carentes de garantías del debido proceso, Edgar Altamirano, fue ascendido por la Corte Suprema de Justicia a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada.

  1. La necesidad de adoptar un plan de acción integral orientado hacia la rendición de cuentas, de forma inclusiva y centrado en las víctimas

A la fecha, las iniciativas emprendidas por el Gobierno el año pasado orientadas a la rendición de cuentas no se han desarrollado de forma inclusiva y centrada en las víctimas y los sobrevivientes de la violencia letal ocurrida desde abril de 2018. La Ley de Amnistía fue adoptada de forma unilateral por las autoridades y perpetúa la impunidad, mientras que la Ley de Atención Integral a Víctimas no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y señala a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco ha rendido cuentas sobre los más de 300 asesinatos ocurridos en 2018 ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes, como recoge el informe de la OACNUDH “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. Esto ha impedido que se garantice el acceso a la verdad, justicia y reparación.

  1. La falta de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH

El Gobierno tampoco ha reanudado su cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos y sus mecanismos, sin responder a comunicaciones de los Procedimientos Especiales desde noviembre de 2018. Inclusive, se ha negado a informar sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional y ha presentado información estadística de manera irregular. Esto

ha provocado que los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tengan aún acceso a hospitales ni información detallada sobre las personas contagiadas, en seguimiento o fallecidas.

  1. La continuación de actos de intimidación o represalia para quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales

En el último informe sobre represalias de la OACNUDH se documentaron al menos 23 casos de acoso y persecución contra personas que comparten información sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un caso emblemático fue el de Amaya Coppens, arrestada en diciembre de 2019 junto con 15 personas que llevaban agua a madres de presos políticos en huelga de hambre. Coppens había asistido tres meses antes al Consejo para denunciar violaciones de derechos humanos en su país.

  1. La renuencia a reanudar el diálogo nacional

El Gobierno ha descartado su participación futura en una mesa de diálogo, y tampoco ha mostrado disposición a dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

  1. La falta de implementación de reformas jurídicas e institucionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles

Durante este año preelectoral, no se han implementado, discutido ni iniciado negociaciones sobre las reformas electorales, aun cuando a inicios del 2020 la Asamblea Nacional agendó este tema. A pesar de que decenas de organizaciones sociales diseñaron una propuesta de reforma electoral en diciembre de 2019, esta no fue atendida por las autoridades. Siendo que las elecciones están previstas a desarrollarse en el 2021, es fundamental que se retome dicha reforma y la misma se consensúe con amplios sectores políticos y sociales, y con el apoyo de la OEA.

  1. Otros asuntos de preocupación

Preocupa la situación en el Caribe de Nicaragua, donde las comunidades afro e indígenas han sido históricamente discriminadas, víctimas de actos de violencia e invasión de sus territorios con la aquiescencia y/o cooperación del Estado. En el contexto de la COVID-19, el acceso a servicios de salud es limitado, hay desabastecimiento de medicinas y falta personal de salud entrenado. Además, desde 2018 más de 100,000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua, principalmente a Costa Rica, sin que hasta el día de hoy existan las garantías para un retorno pronto y seguro.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a las misiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que copatrocinen y aprueben esta nueva resolución, teniendo en cuenta que esta cumple con los “criterios objetivos para la acción del Consejo”, los que se toman en cuenta para decidir cuándo este debe “comprometerse con un Estado para prevenir, responder o abordar violaciones y ayudar a reducir la escalada de una situación de preocupación”. Esta resolución permitirá que la OACNUDH y la comunidad internacional sigan monitoreando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, y refuercen su rol de prevención frente al rápido deterioro de la situación nacional.

Suscriben:

  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
  • Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
  • Asociación Madres de Abril (AMA)
  • Mesa Nacional LGBTIQ+ Nicaragua
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Fundación Violeta Barrios de Chamorro
  • Instituto de Liderazgo de Las Segovias
  • Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras)
  • Fundación Puntos de Encuentro
  • Grupo Lésbico feminista Artemisa
  • Colectivo de Mujeres 8 de marzo
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
  • 100% Noticias
  • Radio Darío
  • Gobierno Comunal Creole de Bluefields
  • Organización de Mujeres Afrodescendiente de Nicaragua (OMAN)
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • CLADEM Bolivia
  • CLADEM Argentina
  • Articulação de Mulheres Brasileiras AMB
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Red Juvenil Centroamericana Previos
  • Asociación Juvenil Decide
  • Articulación Feminista Marcosur

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QAdn97gLQaiuT7sPQ0-UPg

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses exponen los desafíos a los que se enfrentan

Washington D.C., 4 de mayo de 2020. En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conversó con cuatro periodistas y directores de medios nicaragüenses sobre el estado del periodismo independiente en el país que recientemente cumplió dos años sumergido en una grave crisis de derechos humanos.

Los periodistas coincidieron en que la prensa independiente continúa resistiendo los ataques de las autoridades, los que han incluido el asesinato del periodista Ángel Gahona, la destrucción u ocupación de medios de comunicación, agresiones físicas, amenazas, intimidación, exilio forzado, censura, robo de equipos y el encarcelamiento de periodistas.

“La labor de informar, investigar y comunicar, está bajo asedio y acoso gubernamental”, asegura Patricia Orozco, directora del programa radial Onda Local. Las oficinas desde donde se producía el programa fueron allanadas en diciembre de 2018, cuando el legislativo nicaragüense canceló la personalidad jurídica a una organización socia, pero pese a las circunstancias difíciles los periodistas siguen informando.

“Periodistas y comunicadores realizamos nuestra labor, bajo altos niveles de presión, riesgos y amenazas. Gran parte de los medios y comunicadores sociales trabajan desde el exilio; y los medios que aún continúan operando desde Nicaragua, que es el caso de Onda Local, lo hacen sometidos a amenazas y serias limitaciones financieras”, explica Orozco.

Por otro lado, los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, que fueron allanados arbitrariamente hace año y medio, continúan ocupados por la Policía. Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, quien estuvo encarcelada durante seis meses por ejercer su oficio periodístico, señala que el hecho de que haya “policías en salas de redacción, donde tienen que haber periodistas, es la prueba que la libertad de prensa está bajo ataque”.

Para Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, “en Nicaragua hoy se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física, el asalto, y el asedio de policías y paramilitares, en condiciones de censura”. Sin embargo, explica que durante estos dos años de crisis, “la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo”.

 Aníbal Toruño, director de Radio Darío, una emisora que fue atacada y quemada por grupos paraestatales afines al Gobierno en abril de 2018, señala que hasta la fecha continúan trabajando bajo limitaciones. “Los asedios no han cambiado, la dictadura se reinventa y ahora usa el mismo deseo del periodista en la búsqueda de la información para acusarlo o para inventarle o para hacer presión sobre los medios independientes y acusar(les) de desestabilización al gobierno”.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que defiende en Nicaragua la libertad de expresión y el acceso a la información pública, ha documentado en los últimos dos años más de 2 mil ataques a la libertad de prensa.

En el contexto de la COVID-19

La COVID-19 ha supuesto otro gran desafío para la prensa independiente, pues el acceso a la información veraz y transparente no ha sido posible ni para los periodistas ni para la población en general.

“En tiempos de la pandemia del coronavirus, el control sobre la información pública ha sido aún más centralizado”, detalla Carlos Fernando Chamorro, añadiendo que en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud está “vetado” el acceso a los medios independientes y la prensa internacional, por lo que “únicamente pueden asistir los medios oficiales y los pertenecientes al consorcio privado de la familia presidencial”.

Patricia Orozco añade que la desinformación “ha generado que muchas ciudadanas y ciudadanos informen (ellos mismos) de lo que ocurre en sus localidades, lo cual en muchas ocasiones es retomado por algunos medios independientes”.

Para Lucía Pineda, desde el Ejecutivo se “minimiza la pandemia, su impacto, repercusiones, y tratan de descalificar el trabajo de los periodistas (…) las alertas, las advertencias, que hacen profesionales de la salud entrevistados por periodistas independientes, el régimen las toma como “golpe de Estado” o como “noticias falsas”.

En la misma línea, Aníbal Toruño resalta que los periodistas continúan “en una lucha diaria de poder brindar a la nación una información veraz, con fuentes, creíble y en la batalla de poder compensar la enorme guerra en redes sociales porque generan noticias que distorsionan lo que está pasando en el país”.

Perspectivas a futuro

Para los periodistas entrevistados por Raza e Igualdad, a pesar de los ataques a la prensa, el compromiso es seguir informando y hacerlo con los más altos estándares. La mayoría de medios independientes transmiten a través de redes sociales, como Confidencial y 100% Noticias, que ante la toma de sus instalaciones, divulgan sus contenidos en Youtube y Facebook para desafiar la censura televisiva. Mientras, las radios y programas radiales luchan día a día para poder continuar produciendo contenido de calidad que pueda a su vez ser retransmitido en otras comunidades del país.

Aníbal Toruño, quien actualmente está viviendo la cuarentena en las oficinas de Radio Darío en conjunto con su equipo, asegura que seguirán “construyendo verdad, periodismo, (aunque sea) sumamente difícil en las condiciones que nosotros vivimos”.

Como comparte Lucía Pineda: “Mi compromiso sigue firme, informar para que la gente tome sus decisiones de cuido en medio de esta pandemia. Informar porque callar sería estar derrotada en la lucha de defensa de la libertad de prensa. La mejor lucha por la libertad de prensa es seguir informando”.

Pronunciamiento 

Raza e Igualdad exhorta al Estado de Nicaragua a crear un entorno habilitante para la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua que incluya la restitución de los bienes propiedad de Confidencial y 100% Noticias, garantías de seguridad para el ejercicio del periodismo independiente y las condiciones necesarias para que el periodismo independiente transmita en televisión abierta programas y opiniones que constituyen legítimas expresiones de disidencia que son fundamentales para la vida en democracia.

Foto de portada: Radialistas

Organizaciones denuncian aumento de la represión en Nicaragua en el aniversario de las protestas que iniciaron en abril de 2018

Las Américas y Europa, 18 de abril de 2020 – A dos años de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, organizaciones sociales nicaragüenses dan cuenta de un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno y grupos afines como estrategia para inhibir la conmemoración del segundo aniversario del inicio de las masivas manifestaciones.

Las personas excarceladas, familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos y activistas en general denuncian un incremento en las acciones estatales de hostigamiento y amedrentamiento, incluyendo asedio a sus viviendas y comercios, amenazas, acoso, allanamientos irregulares y detenciones ilegales por parte de la policía. Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha recibido denuncias de citaciones policiales donde se obliga a las personas a firmar un documento en el que se comprometen a abstenerse de criticar al Gobierno y de participar en actos conmemorativos del aniversario de las protestas sociales.

De acuerdo con información recopilada por las organizaciones nacionales, entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 19 se reportaron 65 incidentes, que incluyen agresiones físicas, amenazas, asedio y ataques a viviendas así como detenciones ilegales de personas. Dentro de estos, 32 fueron agresiones dirigidas a activistas mujeres y sus familias, incluyendo insultos y amenazas de tipo sexual.

Uno de los hechos más preocupantes es la agresión física sufrida por Luis Potosme, padre del periodista independiente exiliado Winston Potosme, el pasado 17 de abril. El periodista denunció en redes sociales que grupos afines al gobierno entraron a la vivienda del señor Potosme en plena madrugada, lo agredieron físicamente hasta dejarlo en estado delicado de salud y utilizaron su teléfono celular para enviarle mensajes de texto amenazadores a su hijo exiliado.

Para las organizaciones firmantes, esta escalada de agresiones es parte de la estrategia reiterativa del gobierno para desarticular la protesta ante acontecimientos relevantes para la crítica social en Nicaragua. Vale recordar que en la víspera de la movilización convocada por personas críticas al gobierno en febrero pasado, la policía nicaragüense acorraló a figuras opositoras en sus domicilios para impedir la protesta pública.

Estas estrategias refuerzan un escenario de continua represión estatal prevaleciente en Nicaragua desde abril de 2018. A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica por lo menos 328 personas asesinadas como consecuencia de la represión estatal, más de 2000 heridas y al menos 100 mil desplazadas forzosamente por violencia política.

Adicionalmente, la personería jurídica y bienes confiscados de las organizaciones civiles y de derechos humanos canceladas en diciembre de 2018 siguen sin restablecerse; y continúa la clausura y toma de instalaciones de algunos medios independientes. Al menos 70 personas siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en medio de una crisis sanitaria que les deja en particular vulnerabilidad, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la CIDH.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado enfático a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional en general a mantener un monitoreo atento a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Particularmente, a los acontecimientos de represión tanto suscitados como previsibles en el marco del segundo aniversario de las protestas cívicas de abril de 2018.

Reiteramos nuestro compromiso con la lucha legítima del pueblo nicaragüense por el restablecimiento pleno de sus derechos, con la búsqueda de libertad de las personas detenidas por motivos políticos y excarceladas, así como con todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Organizaciones firmantes
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Organización Mundial contra la Tortura – Front Line Defenders – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos – Fundación Acceso – Amnistía Internacional – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality) – Unidad de Defensa Jurídica – Colectivo Nicaragua Nunca Más – Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Asociadas por lo Justo (JASS).

Dos años de crisis en Nicaragua: impunidad y persistencia de las violaciones de derechos humanos en un país ahora enfrentando el COVID-19

Washington D.C., 17 de abril de 2020. Este mes de abril se marcan dos años de crisis de derechos humanos en Nicaragua, un parteaguas en la historia reciente del país centroamericano, en donde todavía persisten graves violaciones de derechos humanos con consecuencias para la vida, la integridad física y la libertad individual de los nicaragüenses, especialmente para aquellos que defienden derechos humanos y quienes expresan sus opiniones políticas o ejercen el periodismo independiente, y una oposición, que enfrenta restricciones indebidas impuestas por el régimen, para ejercer sus derechos políticos.

Después de 24 meses de aquel 18 de abril que inició una rebelión pacífica, y ante la inexistencia de respuestas por parte del Estado, aún se mantienen en pie las tres demandas básicas de la ciudadanía: libertad para los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición; y democracia para el país.

Hasta la fecha, en Nicaragua continúa la represión selectiva y persiste la impunidad para los responsables de las violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que podían constituir crímenes de lesa humanidad. En las prisiones del país aún están encarcelados unos 61 ciudadanos por motivos políticos y las capturas continúan ocurriendo, siendo las más recientes a excarcelados y universitarios organizados.

En el Caribe, más de 800 indígenas han sido desplazados forzosamente de sus comunidades, lo que representa la ocupación por colonos de al menos 23,243 hectáreas de cultivo, según el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

La libertad de prensa también sigue siendo restringida. Desde 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha reportado más de 2 mil violaciones a la libertad de prensa, pero los periodistas continúan informando a pesar de las restricciones oficiales. Los medios Confidencial y 100% Noticias siguen confiscados por la Policía y sin poder transmitir en televisión abierta. Sin embargo, en este periodo han surgido 21 nuevas plataformas digitales y la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Para las mujeres los riesgos de ser víctimas de violencia siguen latentes: en 2019 se registraron 63 femicidios y 18 se han documentado en lo que va de 2020. Las defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de agresiones y las mujeres excarceladas son perseguidas y amenazadas por grupos paraestatales, como en el caso de Tania Muñoz, de Masaya, y Nelly Roque, de Matagalpa.

Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU
Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU
Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el panorama no es alentador para Nicaragua. A un mes de anunciado el primer caso de la enfermedad del coronavirus, el Gobierno no ha tomado medidas urgentes para combatir su propagación incluidas las medidas básicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mostrando serias deficiencias para proteger el derecho a la salud y la vida de la ciudadanía.

La actuación estatal en materia de salud expuesta en 2018, cuando se bloqueó el acceso a centros médicos y hospitales a ciudadanos opositores, genera serios temores para la ciudadanía en cuanto a la respuesta que dará el sistema de salud pública.

Hasta este 17 de abril, en Nicaragua se han confirmado 9 casos de coronavirus y 1 muerte, una cifra que genera desconfianza entre los expertos, porque además de ser la más baja de Centroamérica, las autoridades no informan la cantidad de pruebas que se realizan a diario ni se brinda información transparente sobre los contagios y personas en vigilancia. Preocupa además que el Gobierno no haya adoptado un plan específico para la Costa Caribe, en donde los servicios de salud son de difícil acceso y la mayoría de las comunidades carecen de agua potable.

Raza e Igualdad ha acompañado al pueblo nicaragüense y a organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua durante estos dos años, facilitando los espacios de comunicación entre estos y el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Una de las demandas más recurrentes en estos espacios es que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que el Estado está en la obligación de facilitarles.

Seguimos comprometidos con hacer eco de sus demandas y llamamos a la comunidad internacional a continuar prestando la atención debida a la situación de los nicaragüenses.

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