Nicaragua: la Asamblea Nacional no debe aprobar la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por amenazar la libertad de asociación

Nicaragua: la Asamblea Nacional no debe aprobar la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por amenazar la libertad de asociación

San José-Ginebra-París-Managua, 25 de septiembre de 2020. – Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que activen urgentemente los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de la iniciativa de Ley de Regulación de ‘Agentes Extranjeros’ por considerar que su contenido es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y supone una restricción inaceptable de la libertad de asociación y del derecho a defender derechos humanos en Nicaragua.

Las organizaciones firmantes manifiestan su profunda preocupación ante el trámite legislativo de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en la cual se establecen nuevas limitaciones y obstáculos para la labor que desarrollan las organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Si se aprobare este proyecto de Ley se pondrían en riesgo al mismo tiempo el ejercicio y goce de los derechos a la libertad de opinión y de expresión; la libertad de reunión pacífica y de asociación; y el derecho a defender los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales que derivan de los acuerdos suscritos por Nicaragua en materia de derechos humanos.

La iniciativa de Ley fue presentada el día 22 de septiembre por miembros del partido de gobierno, bajo el supuesto de velar por la seguridad del Estado frente a la injerencia extranjera. Sin embargo, el contenido de la iniciativa dispone de varios artículos que, de ser aprobados, impondrían inaceptables restricciones al derecho a la libertad de asociación y podría ser usada como instrumento de represión en contra de las personas y organizaciones de derechos humanos que reciben recursos de la cooperación internacional en el país.

Es de señalar que el proyecto de Ley define como ‘agente extranjero’ a todas las “organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes, o cualquier objeto de valor provenientes directa o indirectamente, de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea”; exceptuando de su ámbito de aplicación los acuerdos comerciales, inversiones extranjeras y personas físicas y jurídicas que realicen actividades económicas o comerciales.

Estas disposiciones, de aprobarse, contribuirían directamente al bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos y agravaría la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones. En efecto, el artículo 12 de la iniciativa de ley subraya que “las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse, so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna”, a su vez que establece que los agentes externos tendrían prohibido “financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización (…) o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

La vaguedad de la redacción de varios de los artículos de la iniciativa de ley otorgan una grave discrecionalidad y restringirían los derechos cíviles y políticas de las y los nicaragüenses.

Asimismo, la iniciativa establece que las personas naturales y jurídicas que reciban dinero del extranjero deberán registrarse como ‘agentes extranjeros’ en el Ministerio de Gobernación. Sobre ellos, dispone el proyecto, habrá controles muy estrictos respecto de sus actividades y recursos que, más allá de lo que implican en sí mismos, podrían propiciarla actuación arbitraria de las autoridades. En el mismo sentido, esta ley obligaría a las entidades financieras del país a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) todos los fondos percibidos por agentes extranjeros. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta norma, además de multas y sanciones administrativas, puede implicar incurrir en delitos contra la seguridad del Estado.

De manera preocupante, esta iniciativa se presenta un par de semanas después de que el Poder Ejecutivo iniciara el trámite de una reforma para establecer cadena perpetua para, en palabras del propio presidente Ortega, castigar a personas percibidas como opositoras que “comentan crímenes de odio” o “contra la paz”, sin una clara definición de las conductas. Ello podría significar en ciertos casos la represión del ejercicio de la libertad de expresión y asociación.

Por tanto, las organizaciones firmantes alertamos que ambas iniciativas representan una alarmante escalada en el entorno represivo que se vive en Nicaragua. En particular, con relación a las barreras que se impondrían para la defensa de los derechos humanos por parte de colectivos y organizaciones; y los múltiples obstáculos resultantes al monitoreo internacional. Es importante recordar que el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos.

Por ello, llamamos la atención de organismos internacionales de protección de derechos humanos y cuerpo diplomático de la comunidad internacional para que refuercen su compromiso con movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras en Nicaragua; a través de la censura de estas medidas, que sin duda provocarán que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener en Nicaragua.

FIRMAN:

  • Amnistía Internacional Américas
  • Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
  • Asociadas por lo Justo (JASS) Mesoamérica
  • Bienvenida al sur (BAS)
  • Brujas Migrantes
  • Ca la Dona
  • CEJIL
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
  • Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres CLADEM
  • Cooperación Comunitaria AC
  • Escuela para Defensoras Benita Galeana AC
  • Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
  • Feministas Autoconvocadas Barcelona
  • Feministas Madrid X Nicaragua
  • Feministas por Nicaragua Euskal Herria
  • Fundación Estudios Sindicales y Cooperación de Andalucía – FESCA
  • FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO – DPLF –
  • ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • International Institute on Race, Equality and Human Rights
  • Las Amapolas
  • Movimiento Campesino de Nicaragua
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Nuevas Ideas Nicaragua
  • Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
  • Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua
  • Red de Hondureñas Migradas
  • Red EU-LAT
  • Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  • Solidaridad Internacional Andalucía
  • Tlalij A. C.

Nicaragua: Se intensifican las acciones represivas ejercidas por las autoridades contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas

18 de septiembre de 2020.- Las organizaciones internacionales firmantes observamos con preocupación el recrudecimiento de la represión por agentes del Estado ejercida contra personas activistas y aquellas que son percibidas como opositoras, ocurridas durante las fiestas conmemorativas de la independencia de Nicaragua. Las violaciones de derechos humanos registradas por las organizaciones locales no pueden ser sino interpretadas como un nuevo intento de amedrentar a toda persona que se oponga a las políticas de las autoridades públicas.

Cabe señalar que durante el mes de septiembre personas activistas vinculadas con organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas y sus familias han denunciado haber sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales.

Además, es preocupante la situación de violencia que han enfrentado las mujeres defensoras de derechos humanos. De acuerdo con el Registro Mesoamericano de agresiones contra mujeres defensora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), de 1 al 14 de septiembre se han cometido 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, incluyendo amenazas recibidas en redes sociales. Son especialmente graves los reportes de violencia sexual contra mujeres activistas y defensoras – dos de ellas, de acuerdo con el Registro Mesoamericano, habrían sido sometidas a violación sexual. Según la información recogida por la IM-Defensoras y remitida por las denunciantes, uno de los hechos de violencia sexual habría sido cometido por integrantes de los grupos pro-gubernamentales y el segundo está bajo verificación de la Iniciativa.

Estos hechos forman parte de un patrón, que parece estar incrementándose, de actos represivos cometidos durante conmemoraciones o fechas especiales, que también fue observado durante los actos para conmemorar los dos años del inicio de las protestas en Nicaragua y de la marcha del día de las madres.

Nos preocupan especialmente las denuncias de organizaciones nicaragüenses que señalan a las autoridades estatales, a través de la Policía Nacional, como principales perpetradores de estas violaciones de derechos humanos. Según la información de organizaciones locales, estos agentes estarían siendo asistidos por grupos armados pro-gubernamentales e integrantes de las redes de control territorial afines al partido de gobierno. Lo anterior, correspondería con la evidencia recogida en distintos informes previos, donde ha quedado demostrada la coordinación de agentes del Estado con grupos pro-gubernamentales en la implementación de la estrategia de represión.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a permanecer atentos y condenar la escalada en los actos represivos contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

FIRMAN:
1. ACCOES (Asociación Casa de Colombia en España), Estado español
2. Alianza Politica Sector de Mujeres -APSM-, Guatemala
3. Amnistía Internacional, Global
4. Aquelarre RD, República Dominicana
5. Articulación de Movimientos Sociales y OSC, Nicaragua
6. Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, El Salvador
7. Asociación Nica Libre, Estado español
8. Asociadas por lo Justo (JASS), Global
9. Calala Fondo de Mujeres, Estado español
10. Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe – Punto Focal Nicaragua, Nicaragua
11. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), México y Centroamérica
12. Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), Global
13. Centro de estudios y capacitación familiar, Panamá
14. Centro de Información de Servicios de Asesoría en Salud, Nicaragua – Costa Rica
15. Centro Nicaraguense de Derechos Humanos CENIDH, Nicaragua
16. Civicus: Alianza Mundial por la participación Ciudadana, Global
17. Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Costa Rica
18. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, América Latina y El Caribe
19. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Guatemala
20. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Panamá
21. Comite de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM Nicaragua
22. Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos – CIMA, Latinoamérica
23. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC, México
24. Convergencia Ciudadana de Mujeres (Converge Mujeres), Guatemala
25. Equipos Docentes Rep. Dom., República Dominicana
26. FAN Feministas Autoconvocadas de Nicaragua, Nicaragua
27. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Global
28. Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL, América Latina y Caribe Hispanohablante
29. Fundación Acceso, Centroamérica
30. Fundación para el Debido Proceso (DPLF), América Latina
31. Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua
32. Grupo Guatemalteco de Mujeres, Guatemala
33. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Mesoamérica
34. Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), América Latina
35. Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, México
36. Mujeres en Acción, Global
37. Mujeres en Acción – Costa Rica
38. Núcleo de Apoyo a la Mujer NAM, República Dominicana
39. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centroamerica, US
40. Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala
41. Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de Derechos Humanos, Global
42. Plataforma Nicaragüense Redes de ONG, Nicaragua
43. Protection International Mesoamérica, Mesoamérica
44. Red de Defensoría DDHH de Mujeres y Jóvenes, República Dominicana
45. Red de Hondureñas Migradas, Estado español
46. Red de Mujeres Contra la Violencia, Nicaragua
47. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, América Latina y el Caribe
48. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Global
49. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala
50. Y las Mujeres Qué?, México

Alta Comisionada Michelle Bachelet exhorta al Gobierno de Nicaragua a liberar a 94 presas y presos políticos

Ginebra, 16 de septiembre de 2020. En su última actualización oral sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada este lunes, la Alta Comisionada Michelle Bachelet exhortó al Gobierno a liberar a “todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno”, argumentando que “esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente”.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las organizaciones de sociedad civil nicaragüenses contabilizan 90 hombres y 4 mujeres percibidos como opositores al Gobierno, quienes han sido arbitrariamente privados de libertad y acusados de delitos comunes.

Esta actualización es la segunda que se realiza como parte del mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice un informe escrito en el 46º período de sesiones en febrero de 2021.

La Alta Comisionada agregó que desde su última actualización oral, en julio de este año, “no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. El Gobierno tampoco ha implementado ninguna de las recomendaciones elaboradas por su oficina.

Desde julio hasta la fecha, OACNUDH registró 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos, miembros del clero católico y otros.

A pesar de que los hechos a los que se refirió Bachelet evidencian la profundización de la crisis, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, no aceptó la actualización oral de Bachelet, alegando que fue “parcializada y unilateral”, pues según la delegación, “no tomó en cuenta los informes que nuestro país ha compartido oportunamente y de buena fe con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, y más bien se elaboró con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que consideran “opositores” al Gobierno, cuestionando la pluralidad de fuentes en que se apoyan los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos para desarrollar su labor.

Según Morales, el Gobierno de Nicaragua ha garantizado el derecho a la salud en el contexto de la pandemia, ha respetado los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe y ha otorgado medidas extraordinarias a más de 8 mil personas en situación carcelaria en lo que va del año.

Sobre el COVID-19

Bachelet resaltó que la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, ante los cuales la respuesta estatal ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico.

“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, agregó la Alta Comisionada.

Otros asuntos de preocupación

En su intervención, Bachelet destacó las condiciones precarias a las que miles de migrantes nicaragüenses se tuvieron que enfrentar para retornar a su país en últimos meses, incluida la de cientos varados en la frontera sur de Peñas Blancas.

También expresó preocupación por la diferencia con los datos de femicidios reportados por organizaciones de mujeres hasta la fecha (50) y los reportados por las autoridades (11) entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de este año, lo que evidencia “un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”.

Asimismo, alertó sobre recientes ataques a periodistas, entre ellos dos procesos legales por injurias y calumnias, actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía en contra de directivos y personal de radio La Costeñísima y Radio Darío, y tres resoluciones fiscales impuestas contra medios de comunicación.

Finalmente, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones hechas por su Oficina, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021, y a reanudar una cooperación efectiva con la OACNUDH, incluso “autorizando una misión al país” en el marco de su próximo informe escrito a inicios del año entrante.

Apoyo internacional

La Unión Europea urgió al Gobierno de Nicaragua a adoptar reformas electorales e institucionales y a asegurar elecciones libres y justas en 2021, mientras que un grupo de países (Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), lamentaron la ausencia de progreso en materia de derechos humanos en Nicaragua y denunciaron la falta de cooperación y respuesta de las autoridades.

“Nos preocupa la falta de reformas electorales reales que permitan a los nicaragüenses realizar libremente y con transparencia su participación política con miras a las próximas elecciones presidenciales. Nuestros países hacen un llamado firme a las autoridades del Gobierno de Nicaragua para que implementen las recomendaciones emitidas por parte de la Alta Comisionada. Reiteramos la necesidad de establecer una cooperación genuina y acceso a la Oficina de la Alta Comisionada en el país y dar pruebas reales de un diálogo y de una voluntad concreta de mejorar la situación sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua para el beneficio de todos sus habitantes”, dijo Julio Peralta, representante de Ecuador, en nombre del grupo de países latinoamericanos.

También las delegaciones de Ucrania y Austria expresaron preocupación por la situación en Nicaragua, particularmente con relación a las y los presos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, quienes han recibido ataques, incluso por parte de grupos armados pro-gobierno.

Solamente el Gobierno de Venezuela apoyó al Gobierno de Nicaragua, instando a la OACNUDH a basarse en la “no injerencia”.

Campaña previa a la actualización

Una semana antes de la actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Raza e Igualdad invitó a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de presos políticos de Nicaragua a que expusieran desde sus propias realidades cómo se ha profundizado la crisis de derechos humanos, resaltando la importancia de que se mantenga el monitoreo internacional.

En esta serie de videos, las y los activistas cuentan sus experiencias y manifiestan su respaldo a las actualizaciones de la OACNUDH:

Día Internacional del Periodista: en Nicaragua “es una profesión de alto riesgo”

Washington, D.C. 8 de septiembre de 2020. En este Día Internacional del Periodista, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconoce el trabajo de las y los periodistas nicaragüenses que realizan su labor en un contexto de pandemia, pero también en medio de una crisis de derechos humanos que se ha extendido ya por más de dos años y que ha significado para ellas y ellos ataques, persecución, amenazas, prisión, criminalización, exilio y el cierre de varios de sus medios de comunicación.

Los más recientes embates para el periodismo independiente en Nicaragua incluyen la judicialización de al menos cinco periodistas por los supuestos delitos de injurias, calumnias y amenazas; y el cobro millonario de impuestos al Canal 100% Noticias, que desde diciembre de 2018 fue confiscado por la Policía, e imposibilitado de transmitir su programación a través de la televisión abierta.

En el primer semestre del año, además fallecieron seis periodistas tras enfermarse con COVID-19 en el ejercicio de sus labores, y otros han reportado haberse contagiado, pero lograron recuperarse.

En este sentido, las libertades de prensa y de expresión se han visto mayormente limitadas por las autoridades. “Han usado la pandemia, han usado el tema del COVID-19 para aumentar la represión e impedir que la gente esté informada”, refiere Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización nicaragüense que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Nicaragua.

Raza e Igualdad conversó con Cristiana sobre la situación actual del periodismo independiente en su país, y estas son sus valoraciones.

¿Cómo está al día de hoy la situación del periodismo independiente en Nicaragua, hay nuevas formas de represión al cumplirse dos años y medio de crisis?

Sí, desde el 2018 hasta el presente, llevamos documentados 2,213 distintos casos de violaciones a la libertad de prensa. En el 2020, estos casos continúan aumentando, hemos tenido 52 violaciones en los primeros tres meses del año, es decir 17 en cada mes. En julio tuvimos una violación cada día, o sea 30 casos de violaciones a la libertad de expresión y por otra parte estos casos, estos nuevos, se han revelado nuevos métodos de acoso y de represión como son la judicialización de los periodistas. Obviamente se mantiene el acceso a la información bloqueada, se mantienen los abusos de poder, la intimidación, la persecución, ya sabemos las confiscaciones que están pendientes y es una forma del régimen de seguir intimidando a la libertad de expresión.

Han usado la pandemia, han usado el tema del COVID-19 para aumentar la represión e impedir que la gente esté informada. Es necesario destacar que en la pandemia murieron varios periodistas: Gustavo Bermúdez, Sergio León Corea, José Francisco Ruíz, Alexander Espinoza, Lorenzo Larios, Mario Torres, Sandoval. Ellos murieron en el cumplimiento de su deber para informarnos a todos nosotros y a todos sus colegas, la situación de este virus y cómo protegerse. Y ellos por las razones que ya sabemos de la situación del gobierno, estaban desprotegidos. Tenemos que hacerles ese reconocimiento permanentemente, porque se mantuvieron en la primera fila, no sólo del combate contra la lucha de la represión, sino también en el servicio ciudadano.

¿Estos nuevos formatos son parte de la reinvención del periodismo bajo riesgo?

Es bien interesante cómo ha evolucionado el periodismo en dar respuesta a la censura y a la represión, es decir, ha logrado, usando las herramientas digitales, derrotar la censura y la represión que se nos impone. Porque si te das cuenta han surgido una serie de plataformas digitales, este año recibimos alrededor de 31 trabajos y el año pasado que también recibimos muchos, estos trabajos son valorados por un jurado internacional, que nosotros convocamos, y te digo, destacaron enormemente la coherencia, la valentía y la integridad, la creatividad que tenía, el nivel de profesionalismo.

Entonces la represión, podríamos decir paradójicamente, ha logrado que la calidad del periodismo y de la información digital suba. Porque antes se utilizaban las redes sociales para cosas sociales, para hablar cualquier cosa, para comunicaciones vanas y eso, pero ahora se ha encontrado que estamos reprimidos, en lo que es comunicación presencial, en lo que es canales de televisión y espacios mediáticos en general, pero los periodistas, los comunicadores y todo estos profesionales, han sabido cómo evadir esto y cómo ponerse en la primera fila. Y aquellos que han sido confiscados como Confidencial y 100% Noticias, han pasado a explorar el YouTube y los vemos todos los días y muchos de ellos están en YouTube.

Ahora, la otra cara de la moneda, es la reacción que han tenido los periodistas y pareciera que, un dicho de mi padre que decía que mientras haya una plaza pública, mientras haya un micrófono abierto, mientras haya un espacio, siempre tenemos que usar nuestra libertad de expresión. Creo que los periodistas han sabido hacerlo, y en ese sentido, el martes (hoy), la FVBCH va a premiar a periodistas que se han innovado digitalmente en defensa de las libertades públicas y de la constitución de la democracia.

¿Y qué pasa con los periodistas que están siendo judicializados?

Es importante señalar que debemos mantener una solidaridad muy grande con estos periodistas que están siendo judicializados por el régimen. Pareciera que esa es la última arma que están usando en los departamentos y a distintos medios para intimidarlos. Los están acusando de injurias y calumnias sólo por haber cumplido el deber de informar. Ahí hay que destacar el trabajo de Kalúa Salazar de La Costeñísima, de David Quintana de Boletín Ecológico, William Espinoza y todos los otros que han sido víctimas de atrocidades y del uso de la pandemia para aumentar la represión.

¿Por qué cree usted que las autoridades se empecinan en perseguir en acosar a los periodistas independientes? ¿Qué razón hay detrás de eso?

Bueno, detrás de eso está que la libertad de expresión, al final de cuentas, es la primera de todas las libertades, entonces es, para el régimen, el principal enemigo, porque cuando vos tenés un pueblo informado y una sociedad bien informada, fuerte, es una sociedad que toma criterios, que protesta, que puede decir lo que quiere; mientras que si la mantenés desinformada la podés controlar más. Entonces ellos atacan a los periodistas y quisiesen que no hubiese periodismo libre.

Para toda dictadura, el primer enemigo y lo primero que comienzan a atacar son los medios de comunicación y los periodistas independientes y aquí en Nicaragua, ha habido una repuesta tan valiente desde los periodistas, en defensa de su independencia. El régimen no esperaba eso, porque aquí vos has visto muchos periodistas que no se dejan comprar, porque tienen un sentido altísimo de su vocación, y saben que su vocación es servir a la verdad.

Entonces la libertad de expresión para ellos es cómo la cruz al diablo, una cosa así. Siempre ha sido. Y una de las primeras víctimas del 18 de abril, fue un periodista, no es casualidad que eso haya pasado. Y después vimos todo, cómo en el 2018 criminalizaron la labor del periodismo, cómo echaron presos a Miguel Mora y a Lucía Pineda, fue una cosa impresionante. Mantuvieron a La Prensa también limitada en su materia prima para que no diera información.

¿La situación de los periodistas en Nicaragua es particular o es comparable con otras realidades en América Latina?

Sí, es comparable en algunas partes, digamos en Bolivia y en algunos otros han usado la pandemia para restringir la información. Hay otras partes del mundo que sí han usado… en China fue espantoso también. Y como dijo el Papa, cuando no informás, cuando no atendés a la gente, estás comenzando a cometer un genocidio porque la gente muere por estar desinformada.

Sí hay casos, pero el de Nicaragua es particular porque es doble. No sólo es un régimen que quiere controlar el tema del COVID-19, sino que también ya estaba ensañado contra la libertad de expresión desde antes. Desde el 2007 comenzó una escala paso a paso para ir controlando la información, las políticas del secretismo, de no dar información y así fue escalando hasta que llegamos ahora al 2018, que hubo hasta torturas a periodistas y una persecución que de pronto se ha vuelto peligroso ejercer el periodismo. Es una profesión de alto riesgo, en este momento. Ser periodista independiente es ser considerado un enemigo del régimen.

Foto de portada: Jorge Mejía Peralta, vía Flickr.

Gobierno de Nicaragua impide el regreso de cientos de nicaragüenses a su país

Washington, D.C., 31 de julio de 2020. Desde hace más de diez días, cientos de nicaragüenses permanecen en la frontera sur de Nicaragua procedentes de Costa Rica, imposibilitados de entrar a su país puesto que las autoridades les exigen una prueba negativa de COVID-19 cuyo costo no tienen la capacidad de pagar.

Organizaciones de derechos humanos calculan que unas 300 personas se encuentran a la intemperie, sin acceso a alimentos y con servicios higiénicos limitados, varados en espacio nicaragüense, pero sin haber pasado el puesto fronterizo. Dentro del grupo hay niños, niñas, adultos mayores y mujeres embarazadas, expuestos a contraer COVID-19 por la imposibilidad para observar medidas de prevención básicas como lavarse las manos y mantener una adecuada higiene personal.

Las autoridades costarricenses anunciaron ayer que varias organizaciones de la sociedad civil lograron gestionar recursos para costear de forma privada la realización de pruebas de COVID-19 a todos los nicaragüenses varados en la frontera, cuyos resultados se espera tener en un máximo de 48 horas.

Condiciones inhumanas

“Están en condiciones completamente inhumanas, inhóspitas, no cuentan ni siquiera con la mínima garantía de vida para tener acceso al agua potable, a tener acceso a un lugar donde dormir, a tener un techo digno, están durmiendo bajo champas, bajo plástico negro que al sol calienta demasiado”, relata Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, quien ha estado en la frontera durante varios días.

Según Abarca, el Estado de Nicaragua no solo les ha impedido el paso a sus ciudadanos, sino que la Policía y miembros del Ejército, quienes tienen cercado el paso fronterizo, han golpeado a las personas para hacerlas a un lado, para impedirles que se organicen o tomen liderazgos y les han amenazado para que no hablen con periodistas ni con los defensores de derechos humanos que se han presentado al lugar.

Fabián Flores, uno de los nicaragüenses que se encuentra en la frontera sur de Nicaragua, logró hablar con un equipo periodístico de Nicaragua Actual y señaló: “Queremos ir a nuestras casas, si el problema es el tranque, ya no hay tranque, si el problema es el Minsa (Ministerio de Salud), hay que traer personal calificado para que venga, no que traen policías y antimotines que no van a resolver, son médicos los que deberían estar atendiendo esto y prestando las condiciones pertinentes para nosotros, si es que realmente se quiere demostrar un verdadero protocolo sanitario”.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha exigido al Gobierno velar por la salud de los nicaragüenses en la frontera de Peñas Blancas, que están sufriendo condiciones precarias que les hacen especialmente vulnerables y les exponen al contagio.

Forzados a encontrar otras vías de ingreso o regresar a Costa Rica

En días pasados, se había llegado a contabilizar más de 500 personas varadas, pero ante la negativa de las autoridades de dejarles pasar, han buscado otras vías para entrar al país. “Hay personas que han arriesgado su vida y que han arriesgado su integridad y han tenido que salir de manera irregular, no sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, ni siquiera sabemos si esas personas han podido llegar a su destino”, señaló Abarca.

Otras personas han optado por retornar a Costa Rica, luego de que el Gobierno costarricense publicara un lineamiento para que las personas “rechazadas por la República de Nicaragua”, puedan anular su egreso del país y ser admitidos nuevamente, pero esta opción se evaluará caso por caso y no es viable para todos los migrantes, muchos de los cuales han quedado sin trabajo ni medios económicos para sustentarse en ese país.

Según el Artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, los nicaragüenses tienen derecho a entrar y salir libremente del país. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló recientemente que “cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, así mismo enfatizó en que “los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”.

La OACNUDH calculaba que unos 850 migrantes se encontraban varados hasta el 27 de julio en zonas fronterizas de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala,

Pronunciamiento

Raza e Igualdad demanda se respete el derecho de los y las nicaragüenses de ingresar a su propio país, sobre todo en un contexto de pandemia en que la población migrante está expuesta a serias vulnerabilidades. Exigimos al Estado que realice pruebas gratuitas, garantizando así el derecho a la salud de los ciudadanos, para facilitar el cumplimiento del protocolo que ha dispuesto de forma que los nicaragüenses varados en el exterior o en las fronteras sur y norte de Nicaragua logren ingresar a la brevedad.

Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU opina sobre dos casos nicaragüenses

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas hizo públicas este 20 de julio dos opiniones adoptadas sobre la detención de 16 activistas nicaragüenses en noviembre de 2019 después de que llevaran agua y medicamentos a un grupo de madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre, y sobre la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en diciembre de 2018. Para ambos casos, las opiniones concluyen que las detenciones fueron arbitrarias y piden al Gobierno de Nicaragua que remedie la situación de los activistas y periodistas, incluyendo “libertad plena y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Caso Aguadores 

La opinión sobre el caso de los 16 activistas, aprobada el 1 de mayo de 2020, fue solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en diciembre de 2019. Aunque el Grupo de Trabajo solicitó unos días después al Gobierno de Nicaragua que suministrase información sobre la situación de los 16 activistas para contrastar la denuncia, este no respondió a la comunicación.

Detención arbitraria

Según el Grupo de Trabajo, la privación de libertad de Amaya Coppens, Atahualpa Quintero, Derlis Hernández, Hansel Quintero, Ivannia Álvarez, Jesús Tefel, Jordán Lanzas, José Medina, María Hurtado, Marvin López, Melvin Peralta, Neyma Hernández, Olga Valle, Roberto Buchting, Wendy Juárez y Wilfredo Brenes fue arbitraria conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

Primero, no hubo un fundamento jurídico que la justificara: al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia. También se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad. Segundo, la detención de las 16 personas fue consecuencia del ejercicio su libertad de opinión y de expresión, así como por su posición crítica al gobierno. Tercero, se vulneraron parcialmente de manera grave las garantías a un juicio justo.

El Grupo de Trabajo consideró importante esta opinión porque si bien los activistas fueron excarcelados bajo el régimen de convivencia familiar en diciembre de 2019, la liberación “se dio unilateralmente por decisión del Poder Ejecutivo, antes de la sentencia y sin aval del tribunal de la causa, con un proceso judicial que sigue en curso, lo que podría dar lugar a un encarcelamiento posterior”.

Además, el Grupo remitió el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes, al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

Caso 100% Noticias

La opinión sobre el caso de los periodistas y directivos de 100% Noticias, aprobada también el 1 de mayo de 2020, fue solicitada por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en noviembre de 2019. El Grupo de Trabajo solicitó información al Gobierno de Nicaragua para contrastar la denuncia, pero no se obtuvo respuesta.

Detención arbitraria

Según esta opinión, las detenciones de Miguel Mora y Lucía Pineda «ilustran un patrón de detenciones en Nicaragua», y fueron arbitrarias conforme a las categorías I, II y III de sus métodos de trabajo.

En primer lugar, porque no se les informó de las razones de su detención ni se les mostró acusación alguna en su contra, por haber sido incomunicado Miguel Mora y desaparecida Lucía Pineda, así como por la aplicación de la prisión preventiva automática en su perjuicio. En segundo lugar, porque la detención se efectuó en contravención de su derecho a la libertad de opinión, expresión e información, así como su derecho a participar en los asuntos públicos. Y en tercer lugar, porque no se aplicaron las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial.

El Grupo de Trabajo emitió esta opinión aunque los periodistas fueron puestos en libertad en junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía, puesto que su situación legal es incierta. «Los procedimientos penales no fueron sobreseídos definitivamente y al mismo tiempo contiene una disposición que amenaza con la pérdida de los beneficios de la Ley para quienes incurran en conductas reiterativas que constituyan delitos, lo que genera incertidumbre jurídica», establece la opinión.

Adicionalmente, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, teniendo en cuenta la información relativa a la desaparición de Lucía Pineda, las condiciones de detención, los requerimientos en materia de salud, y las alegaciones de tortura y  otros tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia ambos periodistas, remitió el caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.

Solicitudes

En ambos casos, el Grupo de Trabajo consideró que el remedio adecuado de parte del Gobierno de Nicaragua sería poner a los 16 activistas y 2 periodistas en libertad plena y concederles el derecho a medidas de reparación. El Grupo de Trabajo instó además al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a detención y adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Finalmente, el Grupo de Trabajo sugiere al Gobierno que considere permitirle llevar a cabo una visita oficial al país, y solicita que se provea la información de seguimiento a los casos en un periodo de 6 meses.

Alta Comisionada Michelle Bachelet: “la crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua

Ginebra, 2 de julio de 2020. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua, afirmó hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su actualización oral durante el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales (…) Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, detalló la Alta Comisionada.

La OACNUDH también ha recibido denuncias de al menos 16 médicos que habrían sido despedidos “sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

Además, mencionó como efecto consecuente de la pandemia el incremento de la violencia contra las mujeres, particularmente de los femicidios, de los que se registraron 32 entre enero y mayo de este año, 5 más que el año pasado.

Esta actualización es parte del mandato de la recién aprobada resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”, misma que permitirá que se realice una nueva actualización oral en el 45 periodo de sesiones en septiembre de este año y un informe escrito en el 46 periodo de sesiones en marzo de 2021.

Por su parte, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, tildó de “campañas de desinformación y odio” a las informaciones que se han divulgado sobre la inadecuada respuesta gubernamental ante la pandemia, asegurando que se adoptaron una serie de medidas preventivas para preparar al sistema de salud público ante la llegada del nuevo coronavirus. Morales además descalificó el informe de la Alta Comisionada y tildó de “injerencista” a la resolución L.35 aprobada a finales de junio pasado.

Violaciones a derechos humanos

La Alta Comisionada también aseguró que desde su último informe ante el Consejo sobre la situación en Nicaragua, en febrero pasado, “se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y exdetenidos políticos”.

De acuerdo con la OACNUDH, el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua continúa siendo sistemáticamente coartado: entre marzo y junio de este año documentaron 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Mientras, Bachelet alertó que aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

Ataques en zonas rurales

Otro tema de preocupación para la OACNUDH son los ataques y homicidios en zonas rurales. Bachelet mencionó los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo; así como los incidentes violentos del 19 y 20 de abril en la Isla de Ometepe, que dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos; y el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, resaltó Bachelet.

Señaló además que desde 2018 el Gobierno ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectado el derecho a la libertad de asociación en el país. La última fue la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), que desarrollaba actividades sociales en Camoapa, cancelada el 25 de junio.

Por otro lado, la Alta Comisionada recomendó la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, así como a cooperar con las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. “Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente”.

Concluyó instando al Consejo de Derechos Humanos a seguir monitoreando la situación.

Sociedad civil

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), participaron del debate en el Consejo tras la actualización oral de la Alta Comisionada. “Continúa el secretismo que aumenta el riesgo y la incertidumbre ante la gran diferencia en las cifras oficiales con 83 fallecidos y las del Observatorio Ciudadano, que señala 1878 muertes sospechosas, unido a las amenazas y despidos masivos del personal médico de los hospitales y la falta de protección de que fueron objeto por lo cual fallecieron más de 40”, señaló Sonia Tancic en representación de ambas organizaciones.

Consejo de Derechos Humanos reforzará su seguimiento a la situación en Nicaragua

Ginebra, 19 de junio de 2020. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una nueva resolución sobre Nicaragua que renueva y refuerza el mandato a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para el seguimiento a la situación de graves violaciones de derechos humanos en ese país e informar sobre dicho monitoreo en los periodos de sesiones 44, 45 y 46 del Consejo, es decir, hasta marzo del 2021.

La resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”,  que da continuidad a la aprobada en marzo de 2019, (A/HRC/40/L.8), permitirá que se informe de manera periódica la situación en Nicaragua para que los Estados miembros del Consejo discutan nuevas alternativas de solución a la crisis y aboguen por el cumplimiento de las recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua, estuvo liderada por Canadá, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Perú, fue copatrocinada por más de 40 países y fue cabildeada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la votación de dicha resolución estaba programada para marzo de este año, debido a la pandemia de la COVID-19 esta se retrasó hasta este mes. No obstante, contó con la aprobación de 24 países (Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, México, Holanda, Perú, Polonia, República de Corea, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay), tuvo 19 abstenciones y solo 4 votos en contra (Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela).

Contenido de la resolución

La resolución expresa preocupación “por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales”, así como por las denuncias de constantes detenciones, hostigamientos y torturas por parte de las autoridades.

También insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el poder judicial, a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, que ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas ilegalmente, que garantice un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos, y que adopte un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes de la violencia letal de 2018.

Además, exhorta al Gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “permitiendo el acceso sin trabas a todo el país y facilitando las visitas”.

En el contexto electoral, insta al Gobierno y a las instituciones pertinentes que “emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.

Otros temas como la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, los desplazados que no tienen garantías para regresar al país ni acceso a derechos económicos, sociales y culturales,  también son temas que preocupan en Nicaragua, pero que no fueron considerados en esta resolución.

Votación

En el pleno del Consejo varios países respaldaron abiertamente la resolución, entre ellos Costa Rica, República Checa en representación de la Unión Europea, Perú, Australia, Holanda, Alemania y Uruguay, cuyos representantes exhortaron al Gobierno de Nicaragua a tomar las recomendaciones brindadas con anterioridad por distintos organismos de derechos humanos, liberar a los presos políticos, implementar reformas electorales, combatir la violencia basada en género y proteger a los pueblos indígenas.

La representante de Costa Rica además llamó la atención sobre el manejo de las autoridades nicaragüenses de la pandemia del nuevo coronavirus. “El Gobierno de Nicaragua ha faltado en implementar y promover medidas reales y efectivas para contrarrestar el COVID-19 entre su población. Al contrario, la irresponsabilidad mostrada por su gobierno ha exacerbado la extrema y negativa situación de los derechos humanos, en particular para los detenidos arbitrariamente”.

La misión de Venezuela expresó en un video su negativa a la aprobación de la resolución por considerarla injerencista, mientras que el representante de Nicaragua se reservó el derecho a tomar la palabra.

Pronunciamiento en ocasión de la resolución a ser votada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”

12 de junio de 2020. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU nuestra alarma por la represión que continúa en Nicaragua, el rápido deterioro de la situación frente a la expansión del COVID-19, la ausencia de respuesta del Estado, y la renuencia del Estado a dar respuesta a los llamados realizados por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8).

En vista de lo cual una nueva resolución  (A/HRC/43/L.35) fue propuesta durante la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, sesión que se suspendió por la situación derivada del COVID-19 y que se ha decidido reanudar el 14 de junio con la votación de la misma entre los puntos de la agenda. En este marco, las organizaciones que suscribimos el presente, hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, y en particular los Estados Latinoamericanos y Caribe, a adoptar una posición de principios y a apoyar activamente la adopción de dicha resolución, teniendo en consideración:

  1. Las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos desde abril de 2018

Aún durante la emergencia sanitaria de la COVID-19, en Nicaragua continúan utilizándose de manera sistemática métodos represivos como asedio, hostigamiento, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, especialmente contra excarcelados políticos, defensores de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, familiares de las víctimas de la represión y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

  1. Las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua

En el marco de la pandemia, desde las altas esferas del Gobierno no se han atendido las propuestas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos sobre la implementación de medidas de distanciamiento social y aislamiento para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Más bien, se han reportado represalias, amenazas y despidos en contra de médicos que han exigido al Gobierno medidas para enfrentar a la COVID-19 y que han compartido públicamente la situación en hospitales públicos.

  1. El irrespeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión

En el marco del segundo aniversario desde las protestas de abril 2018, varios ciudadanos fueron fuertemente reprimidos por la Policía, especialmente en la Isla de Ometepe y la ciudad de Masaya. Al menos once personas fueron arrestadas y remitidas a juicio bajo acusaciones de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, homicidio frustrado y daños. Además, mientras el Ejecutivo incita la participación en eventos masivos en el espacio público en plena crisis sanitaria, aún continúa vigente la restricción policial para ejercer el derecho a la manifestación.

  1. Las detenciones y reclusiones arbitrarias para reprimir a la disidencia

El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitrariamente. La cifra de presos políticos es de 86 hasta el mes de mayo, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos. El 13 de mayo, el Gobierno excarceló bajo el régimen de convivencia familiar a 2,815 reos comunes, pero ninguno de ellos era prisionero político. Los familiares de los opositores encarcelados temen que un brote de COVID-19 sea letal dentro del Sistema Penitenciario Nacional, donde según afirman los familiares de prisioneros políticos, habría más de treinta prisioneros que presentan los síntomas del COVID.

  1. La falta de garantías de entorno seguro y propicio para defensores de derechos humanos y periodistas

A pesar de las comunicaciones enviadas por varios mandatos de Procedimientos Especiales, hasta la fecha no se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas arbitrariamente y sus bienes siguen bajo ocupación de la Policía. Los defensores de derechos humanos siguen trabajando a pesar de las represalias, bajo prohibiciones y acusaciones de terrorismo. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año. Las autoridades continúan empleando un discurso estigmatizante en contra de los periodistas y opositores, como en el recién publicado “Libro blanco Nicaragua ante la pandemia de Covid-19: una estrategia singular”.

  1. La falta de garantías de independencia e imparcialidad del sistema de justicia

Con las últimas detenciones arbitrarias y el inicio de nuevos juicios irregulares para ciudadanos opositores, queda en evidencia que el sistema judicial sigue cooptado por el partido en el gobierno, y continúa siendo una pieza clave en la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Recientemente, uno de los jueces que procesó a decenas de manifestantes en juicios carentes de garantías del debido proceso, Edgar Altamirano, fue ascendido por la Corte Suprema de Justicia a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada.

  1. La necesidad de adoptar un plan de acción integral orientado hacia la rendición de cuentas, de forma inclusiva y centrado en las víctimas

A la fecha, las iniciativas emprendidas por el Gobierno el año pasado orientadas a la rendición de cuentas no se han desarrollado de forma inclusiva y centrada en las víctimas y los sobrevivientes de la violencia letal ocurrida desde abril de 2018. La Ley de Amnistía fue adoptada de forma unilateral por las autoridades y perpetúa la impunidad, mientras que la Ley de Atención Integral a Víctimas no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y señala a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco ha rendido cuentas sobre los más de 300 asesinatos ocurridos en 2018 ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes, como recoge el informe de la OACNUDH “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. Esto ha impedido que se garantice el acceso a la verdad, justicia y reparación.

  1. La falta de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CIDH

El Gobierno tampoco ha reanudado su cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos y sus mecanismos, sin responder a comunicaciones de los Procedimientos Especiales desde noviembre de 2018. Inclusive, se ha negado a informar sobre la situación de la pandemia a través del reglamento sanitario internacional y ha presentado información estadística de manera irregular. Esto

ha provocado que los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tengan aún acceso a hospitales ni información detallada sobre las personas contagiadas, en seguimiento o fallecidas.

  1. La continuación de actos de intimidación o represalia para quienes cooperan o intentan cooperar con los órganos internacionales y regionales

En el último informe sobre represalias de la OACNUDH se documentaron al menos 23 casos de acoso y persecución contra personas que comparten información sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un caso emblemático fue el de Amaya Coppens, arrestada en diciembre de 2019 junto con 15 personas que llevaban agua a madres de presos políticos en huelga de hambre. Coppens había asistido tres meses antes al Consejo para denunciar violaciones de derechos humanos en su país.

  1. La renuencia a reanudar el diálogo nacional

El Gobierno ha descartado su participación futura en una mesa de diálogo, y tampoco ha mostrado disposición a dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

  1. La falta de implementación de reformas jurídicas e institucionales para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y creíbles

Durante este año preelectoral, no se han implementado, discutido ni iniciado negociaciones sobre las reformas electorales, aun cuando a inicios del 2020 la Asamblea Nacional agendó este tema. A pesar de que decenas de organizaciones sociales diseñaron una propuesta de reforma electoral en diciembre de 2019, esta no fue atendida por las autoridades. Siendo que las elecciones están previstas a desarrollarse en el 2021, es fundamental que se retome dicha reforma y la misma se consensúe con amplios sectores políticos y sociales, y con el apoyo de la OEA.

  1. Otros asuntos de preocupación

Preocupa la situación en el Caribe de Nicaragua, donde las comunidades afro e indígenas han sido históricamente discriminadas, víctimas de actos de violencia e invasión de sus territorios con la aquiescencia y/o cooperación del Estado. En el contexto de la COVID-19, el acceso a servicios de salud es limitado, hay desabastecimiento de medicinas y falta personal de salud entrenado. Además, desde 2018 más de 100,000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua, principalmente a Costa Rica, sin que hasta el día de hoy existan las garantías para un retorno pronto y seguro.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a las misiones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que copatrocinen y aprueben esta nueva resolución, teniendo en cuenta que esta cumple con los “criterios objetivos para la acción del Consejo”, los que se toman en cuenta para decidir cuándo este debe “comprometerse con un Estado para prevenir, responder o abordar violaciones y ayudar a reducir la escalada de una situación de preocupación”. Esta resolución permitirá que la OACNUDH y la comunidad internacional sigan monitoreando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua, y refuercen su rol de prevención frente al rápido deterioro de la situación nacional.

Suscriben:

  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  • Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica)
  • Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
  • Plataforma Internacional contra la Impunidad
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
  • Asociación Madres de Abril (AMA)
  • Mesa Nacional LGBTIQ+ Nicaragua
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Fundación Violeta Barrios de Chamorro
  • Instituto de Liderazgo de Las Segovias
  • Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IN-Defensoras)
  • Fundación Puntos de Encuentro
  • Grupo Lésbico feminista Artemisa
  • Colectivo de Mujeres 8 de marzo
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS)
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
  • 100% Noticias
  • Radio Darío
  • Gobierno Comunal Creole de Bluefields
  • Organización de Mujeres Afrodescendiente de Nicaragua (OMAN)
  • Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres
  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • CLADEM Bolivia
  • CLADEM Argentina
  • Articulação de Mulheres Brasileiras AMB
  • Mujeres en Acción Costa Rica
  • Red Juvenil Centroamericana Previos
  • Asociación Juvenil Decide
  • Articulación Feminista Marcosur

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

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