“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Washington D.C., 28 de junio de 2021.– Para conmemorar este Día del Orgullo LGBTI+, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) escogió el lema “Amando y Resistiendo desde la Diversidad”, para rendir homenaje a organizaciones y activistas LGBTI+ que día a día libran una intensa lucha para combatir la discriminación y la violencia, y avanzan hacia el reconocimiento de sus derechos a pesar de vivir en un contexto tan adverso como el que prevalece en América Latina y el Caribe en materia de derechos humanos.

A pesar de que los avances en la región en cuanto a reconocimiento y garantía de derechos para las personas LGBTI+ son pocos, queremos exaltar la gran capacidad de amar y resistir que han tenido y siguen teniendo las personas con una orientación sexual y expresión o identidad de género diversas, ante una sociedad que les agrede, les excluye y humilla, y en la que, además, aumentan los ataques y se intensifica el discurso de odio.

Este día no podemos dejar de recordar los disturbios de Stonewall, que se realizaron en rechazo a la redada policial ocurrida la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el cual solían reunirse personas LGBTI+. Años después, se declararía esa fecha como el Día del Orgullo LGBTI+, como una forma de reivindicar y celebrar la lucha por la libertad y el respeto a los derechos de esta comunidad.

Avances y desafíos

A inicios de este mes de junio, la Fiscalía de Salta, Argentina, confirmó que los restos óseos encontrados por un jornalero y su hijo en una zona desolada al norte de la ciudad, correspondían a Santiago Cancinos, un joven trans que desapareció en mayo de 2017 y había denunciado en redes sociales que sufría bullying de parte del colegio y de sus compañeros.

Este es uno de los hechos más recientes e impactantes. Pero, si de violencia y discriminación se trata, América Latina y el Caribe acumula una larga lista de hechos que van desde amenazas y agresiones verbales hasta brutalidad policial y asesinatos. Crímenes de odio que en la mayoría de los casos quedan en total impunidad, pues la falta de voluntad y de mecanismos judiciales no permite que las autoridades tengan como prioridad hacer justicia por los cuerpos disidentes.

Organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del caso Vicky Hernández vs Honduras, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinará la responsabilidad del Estado por la alegada ejecución extrajudicial cometida en contra de Hernández en junio de 2009, en medio del tenso contexto socio-político generado por el Golpe de Estado ese año, pues esto marcaría un importante precedente a nivel regional para la aplicación de justicia en casos de violencia contra personas LGBTI+.

En el caso específico de la pandemia de COVID-19, vemos cómo se exacerba la situación de vulnerabilidad de esta población, pues la emergencia sanitaria profundiza condiciones de desigualdad en los campos de salud, asistencia social, educación, trabajo, entre otros, además que los Estados no han tomado en cuenta sus realidades para definir e implementar las medidas de contención del virus, por lo que en países como Colombia las personas con identidad o expresión de género diversa quedaron en el limbo ante políticas como la denominada “pico y género”.

No obstante, el compromiso de lucha por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, también ha tenido resultados y en el último año pudimos celebrar, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, y somos testigos de cómo avanzan campañas y proyectos de ley para el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas LGBTI+. En Argentina, por mencionar un caso, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 11 de junio el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

¡Celebremos!

Raza e Igualdad conversó con activistas LGBTI+ de diferentes países de la región y les preguntó cuál es la importancia de celebrar el Orgullo LGBTI+. Estas fueron sus respuestas.

Christian King, activista trans no binarie e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – de República Dominicana: Para mí, celebrar el mes del Orgullo LGBTIQ+ no es más que reivindicarme como persona, pero al mismo tiempo reivindicar a todas esas personas que han luchado, que han perdido la vida visibilizándose, esas personas que nos han impulsado a incursionar en este movimiento de lucha para reconocernos como miembres de la comunidad LGBTIQ+ y demandar al Estado el reconocimiento a nuestros derechos.

Agatha Brooks, activista trans e integrante de Trans Siempre Amigas (TRANSSA) – República Dominicana: celebrar el Mes de Orgullo, es visibilizarnos como esa bandera arcoíris que nos representa a cada uno de nosotres, somos una marca que cada día crece más y más. Nos hacemos más visibles para que la igualdad se haga presente en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo entero.

Darlah Farias, mujer lesbiana y activista del Colectivo Sapato Preto – Brasil : celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar la vida de esta población. No solo las vidas que están en la lucha hoy, sino todas las vidas que cayeron para que pudiéramos estar aquí. Principalmente, yo como mujer afro y lesbiana, llevo toda mi ascendencia conmigo y entiendo que nuestra lucha se forja en revolución y reinvención.

Thiffany Odara, activista del Foro Nacional de Travestis e Transexuais Negras y Negros (FONATRANS) – Brasil: celebrar el Orgullo LGBTI+ es celebrar el derecho a la vida, mi existencia, el derecho a ser quien soy, es celebrar la memoria de mis antepasados. Celebrar quien soy es el mayor desafío de la sociedad brasileña. El desafío de resistir para garantizar políticas de equidad social. ¡Viva el orgullo del movimiento LGBTI+! ¡Orgullosos de ser quienes somos!

Gael Jardim, hombre trans activista del Trascendendo – Brasil: celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ se trata de marcar una gran diferencia. Recordar que este día nació de una revuelta para que las personas puedan tener derecho a existir en sociedad, ya no en guetos, armarios o exclusión. Celebrar el Día del Orgullo es dar visibilidad a nuestra causa y nuestra lucha, que no es un día sino todo un año para la ciudadanía.

Santiago Balvin, activista transmasculine no binarie e integrante de Rosa Rabiosa – Perú: el orgullo para mí es importante porque la sociedad nos ha impuesto sentimientos de culpa y de vergüenza sobre quiénes somos, pero nosotros nos levantamos contra ellos mostrando orgullo de quiénes somos y mostrándonos de manera auténtica. También es muy importante saber que hemos estado en la clandestinidad y que la visibilidad ha sido importante para poder mostrarnos y mostrar nuestras problemáticas.

Leyla Huerta, fundadora y directora de Féminas – Perú: Celebrar el Día del Orgullo para mí es muy importante. Es aquel día en el cual nos reconocemos valientes, fuertes y resilientes, es una fecha también de conmemoración de todas aquellas personas que ya no están con nosotros y que por su orientación sexual y/o identidad de género fueron exterminadas, porque esa es la palabra que mejor calza a nuestras desapariciones. Una sociedad que no nos reconoce, una sociedad que nos limita en el desarrollo de nuestras vidas, hace eso: exterminarnos. El Día del Orgullo, como bien lo dice la palabra, es un día en el cual debemos sentirnos orgullosos porque estamos aquí, resistiendo, avanzando y educando.

Roberto Lechado, comediante independiente – Nicaragua: celebrar el Orgullo Gay es celebrar la vida, pero también reconocerme parte de una comunidad y recordarme que no estoy solo, y eso es un sentimiento súper bonito. También es recordarme que está bien ser la persona que quiero ser, que mi amor es válido y valioso, mi existencia es magnífica e importante. Celebrar el Orgullo es también visibilizar estos colores que muchas veces en el día a día quieren opacarse, y decir a la sociedad “¡oye, aquí estamos, existimos, o sea, merecemos, valemos!”.

Miguel Rueda Sáenz, director y fundador de Pink Consultores – Colombia: para mí, celebrar el orgullo gay significa un montón de cosas. Esto tiene una fuerza histórica importante, también tiene una fuerza de comunidad y de grupo y de aspectos sociales fundamentales, y tiene una situación personal enorme al reconocerme como un hombre gay desde hace mucho tiempo que me permite a mí ese día gritarlo más duro. Para mí es muy importante el 28 de junio poder celebrar quiénes somos y por qué existimos y para qué existimos.

Lesley Wolf, actor, bailarín, y licenciado en Artes Escénicas – Colombia: la celebración del orgullo LGBTI es más que una celebración y se convierte en una reivindicación de la lucha. Digamos que un poco resignificar y dignificar una lucha que no solamente nos cuesta o nos lleva un mes, sino todo un año, es una actividad constante.

María Matienzo, activista y periodista independiente – Cuba: para mí celebrar el Día del Orgullo es celebrar de alguna manera la reivindicación de derechos que deberíamos tener todos los ciudadanos del mundo, aunque realmente no es una cuestión de un día, debería ser una cuestión de toda la vida.

Para Raza e Igualdad es un honor conocer y acompañar el trabajo que se realiza, de manera individual o colectiva, para defender y promover los derechos de la población LGBTI+, denunciando las violencias que enfrentan en los diferentes ámbitos de la sociedad, visibilizando y documentando sus realidades y demandas, y fortaleciendo sus capacidades para incidir ante los Estados y los mecanismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.

Para nosotres, celebrar el Día del Orgullo LGBTI+ implica reforzar y renovar nuestro compromiso de trabajar por una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Además, representa una oportunidad para hacer recomendaciones a los Estados, dirigidas a proteger y promover los derechos de la población LGBTI+:

Implementar campañas educativas sobre orientación sexual e identidad de género, dirigidas a que las personas, en todos los ámbitos de la sociedad, conozcan y respeten la diversidad de la población.
Recopilar datos desagregados y con un enfoque interseccional sobre la población LGBTI+, incluyendo información sobre la violencia que enfrentan.
Capacitar a autoridades, principalmente operadores de justicia, proveedores de salud y del sector educación, para que las personas LGBTI+ puedan acceder a estos servicios básicos sin sufrir discriminación y sin limitantes basadas en prejuicios sobre orientación sexual e identidad de género.
Adoptar políticas y leyes que permitan que las personas LGBTI+ tengan un goce pleno de sus derechos, como la ley de identidad de género.
Firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia.

Alta Comisionada de la ONU: Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción frente al proceso electoral

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes 22 de junio, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una actualización oral sobre Nicaragua, en la que expresó su preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos del país, que “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

En su actualización, Bachelet lamentó que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018, el Estado de Nicaragua continúa sin cumplir casi la totalidad de las recomendaciones formuladas.

Bachelet denunció las diferentes acciones represivas perpetradas por la Policía Nacional, paramilitares, medios oficialistas y otras autoridades estatales en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes, periodistas y medios de comunicación independientes, comunidades indígenas de Caribe Norte, campesinos, familiares de personas asesinadas en 2018, entre otros.

La Alta Comisionada considera que las más recientes detenciones a miembros de la oposición se han dado “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria”, además que están “marcadas por graves violaciones de las garantías procesales” y por el uso de leyes que ya habían sido cuestionadas por su oficina y otros mecanismos, tales como son la “Ley nº 977 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo”, la “Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz” y la reforma al Código Procesal Penal para extender la prisión preventiva a un término de hasta 90 días mientras dura la investigación.

Asimismo, Bachelet expuso que la ley de reforma electoral adoptada el pasado mes de mayo “no introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política”.

Ante este panorama represivo, la Alta Comisionada llamó al Gobierno de Nicaragua a rectificar el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral, a través de: la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; el cese de todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; el restablecimiento de los derechos y las libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y la derogación de la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.

Igualmente, hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos para que “considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, y expresó la urgencia de que se autorice el regreso de la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos de derechos humanos a Nicaragua.

Al finalizar la actualización oral de la Alta Comisionada, el representante del Estado de Nicaragua ejerció su derecho de réplica. Como en ocasiones anteriores, el canciller Denis Moncada Colindres aseguró que su presencia en la sesión era para “defender la justicia y la paz”, defender el derecho de Nicaragua “a vivir sin intromisiones extranjeras” y decir “ya basta”.

Más de 59 países firmaron una declaración conjunta que insta al Estado de Nicaragua a que “se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia”. Además, la Unión Europea, Suiza, Francia, Argentina y Liechtenstein hicieron referencia a la situación de derechos humanos en Nicaragua en sus declaraciones individuales.

Pronunciamiento
Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respaldamos esta actualización de la Alta Comisionada y todos los esfuerzos de Naciones Unidas para contribuir a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua. Pedimos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su continuo monitoreo, documentación, denuncia y condena de las violaciones a derechos humanos en el contexto electoral del país.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a liberar de forma inmediata y sin condiciones a todas las personas presas políticas, cesar las acciones represivas contra voces disidentes, permitir el acceso de mecanismos de derechos humanos y demás medidas que garanticen la celebración de elecciones justas, libres y transparentes el próximo 7 de noviembre de 2021.

Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y ex-funcionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 144 días de las elecciones generales en Nicaragua.

En mayo de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, inició una investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y dos ex-trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, por el supuesto delito de «lavado de dinero”, presuntamente detectado en los informes financieros del período 2015 al 2019 de dicha organización.

Periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han catalogado esta investigación como “parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos”, ya que la Fiscalía ha citado e interrogado a decenas de periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de empresas que tuvieron algún tipo de relación con FVBCH.

El pasado 25 de mayo por la noche, los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, ex-contador y ex-administrador financiero de FVBCH, respectivamente, fueron capturados con violencia por policías y paramilitares.

El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro; así como la restricción migratoria de la periodista de Univisión, María Lilly Delgado, y los ex trabajadores de FVBCH, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, quienes fueron citados en su calidad de testigos, sin embargo, al éstos solicitar la presencia de sus abogados, los fiscales les advirtieron que por ello pasarían a ser investigados.

Posteriormente, el 2 de junio, una juez dictó orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro Barrios. Su casa fue allanada por decenas de agentes policiales y paramilitares por más de cinco horas y desde ese momento, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario e incomunicada.

Tres días después, el 5 de junio, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue detenido de manera arbitraria en el aeropuerto de Managua por actos catalogados como “traición a la Patria”, de acuerdo a la controvertida Ley 1055; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz.

El 8 de junio, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares» y «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Al finalizar su cita, el aspirante fue interceptado y arrestado junto a su conductor y su abogado, quienes luego fueron liberados.

Esa misma noche, la Policía Nacional allanó las viviendas y detuvo al aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y al ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri; e impuso casa por cárcel a la activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares».

El 9 de junio, el ex-diputado José Pallais, quien es miembro de la Coalición Nacional, también fue arrestado en su casa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos”, “exaltar y aplaudir sanciones”, entre otras acciones citadas en la Ley 1055.

La noche del 11 de junio, la UNAB y el CENIDH denunciaron que Violeta Granera fue trasladada en un transporte no oficial desde su casa con rumbo desconocido, que resultó ser la Dirección de Auxilio Judicial. La noche siguiente, Tamara Dávila, quien también es miembro del Consejo Político de la UNAB y dirigente del partido Unamos (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), fue detenida por los mismo cargos.

El día 13 de junio, la Policía Nacional allanó las casa de habitación y detuvo a liderazgos de la disidencia sandinista y miembros del partido Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre ellos, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona; su vicepresidente, el General en retiro, Hugo Torres; una de las figuras prominentes de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez; la ex-presidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, y el ex-canciller del primer Gobierno Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Finalmente, la noche del 15 de junio, la Policía Nacional arrestó al actual Presidente Ejecutivo del Banco de Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien también estaría siendo investigado por cargos amparados en la Ley 1055.

Cabe destacar que esta nueva ola de allanamientos y detenciones se han dado sin órdenes judiciales y en condiciones inusuales. La mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos detenidos se encuentran incomunicados, no se les ha permitido recibir visitas, ni reunirse con sus abogados.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición; así como la imposición de la medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Firman

Due Process of Law Foundation
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
Center for Justice and International Law
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
CIVICUS
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
OXFAM
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución sobre grave situación de Nicaragua

Washington D.C., 17 de junio de 2021.- El pasado 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por una amplia mayoría de 26 votos a favor una resolución expresando su “alarma ante el deterioro del entorno político y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluído el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.

Las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia y Ecuador votaron a favor de la resolución; en cambio, Bolivia, San Vicente y Granadinas y Nicaragua votaron en contra; y las delegaciones de Argentina, México, Honduras, Dominica y Belice optaron por la abstención.

La resolución aprobada condena el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a potenciales candidatos y candidatas presidenciales, integrantes de partidos políticos y periodistas independientes, además demanda la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en las últimas semanas, así como del resto de presas y presos políticos.

El Consejo instó enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que implemente medidas legislativas y de otro tipo, acordes a las normas internacionales, con el fin de promover elecciones libres, justas, transparentes y con observación electoral fidedigna de la OEA y otros países.

Asimismo, solicitó a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “presenten dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación en la Asamblea General”.

Desde el inicio de la sesión, el representante de la delegación de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, expresó que el Gobierno de Nicaragua desaprobaba la convocatoria del Consejo Permanente y, por tanto, declaraba la resolución sometida a votación como “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el Gobierno”.

“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, recalcó Alvarado.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expuso que esta nueva resolución es un “avance en el trabajo de la organización respecto a Nicaragua”; e hizo un recuento de todos los acuerdos que el Gobierno de Nicaragua ha firmado con la Secretaría General y con la Organización de Estados Americanos, pero que lamentablemente “ha violado e incumplido”.

“Urge la liberación de todos los presos políticos, urge la liberación de todos los precandidatos: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Pallais, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Walter Gómez, Marcos Fletes, Tamara Dávila Rivas… los compañeros de otros tiempos del Sandinismo: Hugo Tórrez, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Victor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil”, expresó Almagro.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente, así como todos los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para el irrestricto respeto de las libertades fundamentales y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen cese de la represión contra voces críticas y periodistas de Nicaragua

AMARC-ALC, IFEX-ALC, PEN Internacional, Race and Equality y Voces del Sur condenan enérgicamente el recrudecimiento de la represión contra periodistas independientes y voces críticas del Gobierno, y exigen el cese de los ataques a la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de asociación en Nicaragua.

Esta mañana, el Ministerio de Gobernación (Migob) envió una citatoria a Cristiana Chamorro Barrios y otros miembros administrativos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización defensora de la libertad de expresión que cesó operaciones el pasado 5 de febrero 2021 debido a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Chamorro compareció a la citatoria y se le impidió que ingresara al edificio acompañada de su abogado.

Según la nota de prensa del Ministerio de Gobernación, “La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

Tras la publicación de dicho documento, patrullas y decenas de antimotines de la Policía Nacional se apostaron en las antiguas instalaciones de la Fundación.

Simultáneamente, se dio un fuerte despliegue policial en el Centro Corporativo Invercasa, donde se encuentra temporalmente la redacción del medio digital Confidencial y los programas Esta Noche y Esta Semana, debido al allanamiento y confiscación ilegal de sus antiguas instalaciones en diciembre del año 2018.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional allanaron nuevamente las oficinas de Confidencial, robaron ejemplares impresos de la revista, atacaron y detuvieron a periodistas y corresponsales de agencias extranjeras que cubrían los hechos. Entre ellos, el fotoperiodista Luis Sequeira de Agence France-Presse (AFP), quien fue detenido durante media hora; la periodista René Lucía Ramos de la Agencia EFE, que fue perseguida y agredida físicamente, y el camarógrafo Leonel Gutiérrez de confidencial – y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –, que fue detenido arbitrariamente mientras trabajaba en el estudio de grabación, movilizado en una patrulla policial y permaneció desaparecido durante siete horas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas, medios y demás personas afectadas por estas acciones represivas. Expresamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de la represión y las continuas violaciones a los derechos humanos a tan solo cinco meses de las elecciones generales de Nicaragua, previstas a realizarse el 7 de noviembre del 2021.

Llamamos al Estado de Nicaragua a cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales suscritos para el fortalecimiento de la democracia, a cesar cualquier acción que atente contra el libre ejercicio del periodismo, y a proteger la integridad física y psicológica de las mujeres y hombres de prensa. Recordamos que las y los periodistas juegan un rol fundamental de fiscalización del poder y comunicación de las demandas del pueblo nicaragüense.

¡Cese la represión contra periodistas!

Firman

AMARC-ALC

IFEX-ALC

Instituto Raza, igualdad y Derechos Humanos

PEN Internacional

Voces del Sur

Organizaciones internacionales piden rendición de cuentas de Nicaragua ante Corte IDH por desprotección a personas defensoras de derechos humanos

El Estado fue convocado por la Corte IDH para referirse a las medidas de protección dictadas a favor de integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

En medio de una nueva ola represiva por el tercer aniversario de las movilizaciones de abril y el proceso electoral, el Estado de Nicaragua ha sido convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una audiencia pública el próximo 06 de mayo para rendir cuentas sobre las medidas provisionales ordenadas para garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y asegurar la continuidad de las labores en defensa de los derechos humanos en favor defensoras y defensores de derechos humanos, en el asunto “Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)”.

Las organizaciones firmantes lamentamos que el Estado de Nicaragua se encuentre en completo desacato de lo dispuesto por La Corte IDH en octubre de 2019 en cuanto a la implementación de medidas de protección y que, por el contrario, continúe obstaculizando la labor de las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y poniéndoles en riesgo.

El caso del CENIDH es emblemático de la grave situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en Nicaragua. Con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos, ha sido víctima de constantes campañas de desprestigio, hostigamiento y criminalización. Estas alcanzaron un momento cúspide tras las movilizaciones de 2018, obligando al exilio a varias de sus integrantes. Posteriormente, la Asamblea Nacional bajo control oficialista, canceló su personería jurídica y el gobierno allanó sus oficinas y confiscó sus bienes. A pesar de lo anterior, continúan con su labor, en un contexto de hostigamiento y amenazas contra toda persona que defienda derechos humanos en el país y siendo los cuerpos de seguridad y simpatizantes del gobierno sus principales agresores.

Contrario a lo mandatado por la Corte IDH, Nicaragua continúa impulsando medidas que obstaculizan el desarrollo de las labores de las personas defensoras, entre otras formas, a través de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esta normativa estigmatiza a las organizaciones que reciban financiamiento extranjero para sostener sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos, y las somete a un sistema de sanciones arbitrarias. Otro mecanismo es la Ley Especial de Ciberdelitos, que propone penas de hasta 5 años de prisión para quienes divulguen información que sea considerada como “falsa” por las autoridades estatales a su total discrecionalidad, sin definir los alcances de este concepto.

Como organizaciones internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos y promueven su respeto y garantía en Nicaragua, vemos esta convocatoria de la Corte IDH como una oportunidad para exigirle al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y que garantice su derecho a defender. A la luz del ciclo electoral que vive Nicaragua este 2021, exigimos que se garantice el respeto de las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación y el derecho a defender, elementos indispensables para asegurar un entorno electoral democrático.

Llamamos a la comunidad internacional y cuerpo diplomático con mandato sobre Nicaragua a que siga el desarrollo de la audiencia pública y reciba información actualizada sobre los mecanismos de represión y persecución contra personas defensoras en el país. Consideramos indispensable que los reclamos por garantías democráticas de cara a las elecciones de noviembre reconozcan e incorporen la obligación reforzada que los Estados tienen al respecto de proteger a personas defensoras y garantizar su derecho a defender.

Finalmente, nos solidarizamos con las organizaciones y todas las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. La resiliencia y dignidad que han demostrado, particularmente desde abril de 2018, ha sido luz y referencia para todo el movimiento de derechos humanos en las Américas.

FIRMAN

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Red Internacional de Derechos Humanos -RIDH

CIVICUS: Alianza Mundial por la participación ciudadana

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos- WOLA

Asociadas por lo Justo -JASS Mesoamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL

AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones que suscribimos el presente comunicado condenamos el grave deterioro a la libertad de expresión y de prensa que actualmente vive Nicaragua; donde aún persiste un entorno hostil y sin garantías para el libre ejercicio del periodismo. Hemos conocido mediante denuncias de los hombres y mujeres de prensa agredidos, que durante las coberturas son requisados excesivamente, golpeados, insultados, obligados a quitarse los cubre bocas para ser fotografiados y existen denuncias de abuso sexual.

Es preocupante observar el trato diferenciado, excluyente y discriminatorio que prevalece en contra de periodistas independientes, a quienes se les impide realizar su trabajo, se les niega el acceso a información pública—incluidos datos confiables sobre la pandemia de COVID-19, y que además son blanco permanente de todo tipo de agresiones y violaciones a sus derechos. Dicha situación ha sido documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y los mismos medios de comunicación.

Expresamos nuestra solidaridad y reconocemos la valentía, coraje y el compromiso inquebrantable demostrado por periodistas y trabajadores de medios nicaragüenses en su vocación de informar, seguir buscando y compartiendo información de calidad a pesar de las agresiones, difamaciones, uso del lenguaje estigmatizante y venciendo la cultura del secreto, como estrategia de comunicación impuesta por el gobierno actual.

En los últimos meses se han conocido varios casos de periodistas que enfrentan procesos judiciales en su contra con el objetivo de silenciar sus voces. Uno de esos casos es el de la periodista Kalúa Salazar jefa de Prensa de Radio La Costeñísima, quien además de los procesos judiciales en su contra ha sido víctima en reiteradas ocasiones de asedio policial en grandes dimensiones, campañas de desprestigio en redes sociales, criminalización, y, hasta agresiones físicas. Todo esto como consecuencia de ejercer su derecho a informar.

Como organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión y de prensa, nos sumamos a las múltiples voces que exigen el esclarecimiento del asesinato en abril de 2018 del periodista Ángel Eduardo Gahona, urgimos al Gobierno de Nicaragua, la aplicación de una justicia plena que identifique y castigue a los verdaderos responsables de su muerte, para así poner fin a tres años de impunidad.

Expresamos nuestra profunda preocupación ante el incumplimiento por parte del estado nicaragüense de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a periodistas y familiares. De igual manera, la falta de implementación de las 48 recomendaciones recibidas en el Tercer Ciclo de Evaluaciones del Examen Periódico Universal orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. El estado también ha incumplido las recomendaciones realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación a que se establezca un diálogo fundado en los estándares internacionales, entre el gobierno y la oposición para abordar la crisis multidimensional que afronta el país.

Hacemos un llamado al estado de Nicaragua para que, en el contexto de las elecciones generales previstas a realizarse en noviembre 2021, garantice medidas especiales de protección para los y las periodistas que estarán dando cobertura a cada una de las etapas del proceso electoral. Hasta la fecha, hacer cubrimiento de temas electorales como precandidaturas y presentación de bloques de la oposición en diferentes espacios del país, ha significado el aumento de los niveles de abuso y restricción de la libertad de prensa.

La CIDH y su Relatoría Especial para la libertad de expresión, han expresado que, “[e]l sano debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de los candidatos, sus partidos y sus propuestas durante el período que precede a unas elecciones, principalmente a través de los medios de comunicación, de los candidatos, y de quienes deseen expresarse. Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar”.

Por último, urgimos al Estado de Nicaragua, la derogación de las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros, las cuales contradicen los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La existencia de estas leyes ha obligado a organizaciones de sociedad civil como PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cesar sus operaciones.

Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, emplazamos vehementemente al Estado nicaragüense a garantizar la seguridad de los y las periodistas; abstenerse de utilizar el aparato estatal y las fuerzas armadas para hostigar y censurar las voces críticas; y cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Firman,

AMARC-ALC

CPJ

IFEX-ALC

Instituto Raza, igualdad y Derechos Humanos

Voces del Sur

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Washington D.C., 21 de abril de 2021.– Luego del estallido social en abril de 2018, el Gobierno de Nicaragua ha restringido el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Además, hace poco aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual impacta de forma negativa el derecho a la libertad de asociación, y provocó el cierre de organizaciones civiles que decidieron no someterse a ella.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Clément Voule, ha expresado en reiteradas ocasiones su disposición a visitar el país para conocer de cerca la situación referida a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica, además conjuntamente con otras Relatorías de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la aprobación de leyes que son contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.

En esta entrevista brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco del tercer aniversario de la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, Voule se refiere a porqué es importante su visita al país una vez se haya superado la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, y asegura que continuará apelando al Gobierno para suspender la aplicación de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.

Usted ha expresado reiteradamente su voluntad de visitar Nicaragua. ¿De qué manera piensa que una visita suya contribuiría a mejorar el rendimiento del Estado en cuanto a la libertad de asociación y la libertad de reunión?

Nicaragua, efectivamente es uno de los países que me gustaría visitar en el futuro cercano, después de que se levanten las restricciones impuestas debido a la crisis sanitaria actual. Las visitas a países, se realizan en un espíritu de cooperación y diálogo. El objetivo, es que el Relator Especial pueda entender de primera mano, los asuntos relacionados a la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso los esfuerzos realizados y los desafíos que quedan.

Durante una visita oficial a un país, el Relator Especial se reúne con partes interesadas a nivel nacional que están involucradas en la promoción y protección de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluso oficiales gubernamentales de alto rango, miembros de los poderes legislativo y judicial, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mecanismos de supervisión policiaca, representantes de la comisión nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos(as), junto con otras partes relevantes. El propósito, es examinar los asuntos relacionados con estos dos derechos.

Aporto recomendaciones concretas, en apoyo de los esfuerzos del Gobierno para reforzar el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

El Gobierno nicaragüense ha suprimido el derecho a la reunión o manifestación pacífica. Dichas prohibiciones, dan forma al contexto de las próximas elecciones a realizarse en noviembre, y limitan la posibilidad de libremente ejercer derechos durante dichas elecciones. ¿Cuáles llamados haría Ud. al Gobierno sobre esta situación?

Según la información que he recibido, desde septiembre de 2018 el Gobierno nicaragüense ha continuado a prohibir las manifestaciones públicas organizadas por cualquier grupo que opone el Gobierno.

Dichas restricciones, están minando el derecho a la reunión pacífica, el cual es uno de los derechos fundamentales para cualquier proceso electoral libre y significativo. Hago un llamado al Gobierno nicaragüense, a garantizar plenamente el derecho a la reunión pacífica en Nicaragua.

Desde el 13 de noviembre de 2020, los Procedimientos Especiales, incluso su Relatoría, se han pronunciado sobre la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Los Procedimientos Especiales, han señalado que ambas medidas plantean preguntas serias sobre su compatibilidad con las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos internacionales. ¿El Estado ha respondido a dichas comunicaciones con la voluntad de revisar las leyes, o de colaborar con su asistencia técnica? ¿Cómo continuarán los Procedimientos Especiales a insistir en que dichas leyes se adapten para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos?

Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna respuesta del Gobierno a la comunicación OL NIC 3/2020 que se envió en noviembre de 2020, sobre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Junto con otros(as) poseedores(as) de mandatos, detallé unas cuantas preocupaciones sobre dichas leyes, que se consideran estar en violación de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos.

Una de las preocupaciones más serias, es que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros prohíbe aquellas personas denominadas ‘agentes extranjeros(as)’ de ‘intervenir en asuntos, actividades o temas políticos internos’, sin definir dichos términos. Esta amplia prohibición, viola no solamente el derecho a la libertad de asociación, sino que además los derechos de participación política, libertad de expresión y reunión pacífica, y gravemente limita la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil, defensores(as) de derechos humanos y periodistas de plantear cualquier tema relacionado con la política, o de participar en actividades consideradas como políticas.

La Ley, además incluye sanciones desmedidas por incumplimiento, ya que dispone que organizaciones deben ser disueltas o sus fondos confiscados, cuando no cumplen con requisitos administrativos menores.

Exhorto al Gobierno de Nicaragua, a que inmediatamente suspenda la aplicación de la Ley, y que colabore con las organizaciones de la sociedad civil para realizar reformas.

Continuaré mi conversación con el Gobierno sobre dichas leyes, y continuaré mi seguimiento de cerca de la situación, con la colaboración de organizaciones locales en terreno, y además con la presencia del ACNUDH en Panamá, el cual monitorea desde lejos la situación en Nicaragua.

¿Es común, que su Relatoría se enfrente a tantos obstáculos para realizar una visita oficial a un país, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua?

Como mencioné anteriormente, mi intención es visitar a Nicaragua apenas se hayan levantado las restricciones, y se haya llegado a un acuerdo con el Gobierno. Permitiendo y facilitando una tal visita, además demostrará la voluntad del Gobierno de proteger dichos derechos y el espacio cívico en el país.

¿Qué mensaje desea dar a la sociedad civil nicaragüense, en el contexto de la intensificación de las represalias contra su trabajo?

Me gustaría expresar mi admiración, por el coraje y la perseverancia de los(as) defensores(as) de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, los(as) cuales enfrentan un sinnúmero de obstáculos en llevar a cabo sus labores.

Desde abril de 2018, mi mandato ha seguido de cerca la situación en Nicaragua. Es fundamental, mantener la atención internacional en la situación de derechos humanos en Nicaragua, pues estamos observando unas restricciones graves del espacio cívico y democrático, incluso ataques, acoso y amenazas contra los(as) defensores(as) de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. Esto es aún más relevante, con vista a garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes en noviembre de 2021.

La sociedad civil en Nicaragua, puede contar con mi apoyo, y continuaré mi involucramiento con ella, para abordar la crisis actual. Además continuaré mis conversaciones con el Gobierno, para asegurar que las inquietudes planteadas por mi mandato sean abordadas, y la situación actual sea revertida.

Antonia Urrejola – Presidenta de la CIDH: “Seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en Nicaragua; la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”

Washington D.C., 20 de abril de 2021.- Al conmemorar tres años de la grave crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) entrevistó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, sobre el rol que ha jugado este organismo en la situación que atraviesa el país desde abril de 2018 y cuáles podrían ser los próximos pasos para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la violencia y represión.

Aunque hasta la fecha nada parece cambiar y el Gobierno más bien ha recurrido a nuevas estrategias para violar y restringir los derechos de la población y perseguir a la sociedad civil, la oposición , personas defensoras de derechos humanos y periodistas, Urrejola valora como positivo el hecho que –gracias al esfuerzo y compromiso de diversos sectores locales, regionales e internacionales—la situación de Nicaragua se mantiene visible y, por tanto, cree que la impunidad puede ser derrotada y que el país retornará eventualmente a un contexto democrático.

“Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”, asegura.

¿Qué rol ha jugado la CIDH en la crisis de Nicaragua y cómo valora la respuesta que han recibido por parte del Estado, el rol de la sociedad civil y las víctimas?

Creo que el rol que ha jugado la Comisión en el desarrollo de la crisis de derechos humanos -que se inició con la represión de las protestas de abril de 2018 y que continúa hasta hoy- ha sido fundamental.

Para llegar a esta conclusión, basta observar objetivamente el despliegue de la CIDH en este contexto: desde el inicio de la crisis se han aprobado cuatro informes de país, dos informes temáticos, 102 comunicados de prensa; se han realizado cientos de posteos en las redes sociales denunciando lo que ocurre en el país; se han otorgado 92 medidas cautelares que protegen a más de 300 personas y sus familias; se han obtenido más de 1700 testimonios que dan cuenta de las características de las violaciones de derechos que continúan ocurriendo en el país. Se debe decir además que la Comisión actualiza al menos tres registros relacionados con la crisis, el de personas fallecidas, personas privadas de libertad, así como el de los testimonios recibidos, directamente de las víctimas o de sus familiares.

Gracias a este despliegue, me atrevería a afirmar que parte importante de la narrativa internacional sobre la crisis, es decir, la de las propias organizaciones internacionales, de la sociedad civil, así como de los Estados de la región y del mundo sobre la crisis de Nicaragua, ha estado marcada de manera relevante por el trabajo que la CIDH ha realizado a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y, en su momento, por el Informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).

Ahora bien, no cabe duda que la labor de la sociedad civil ha sido fundamental en el ejercicio del mandato convencional de la Comisión Interamericana en Nicaragua. Ustedes mismos, Raza e Igualdad, junto a otras organizaciones de la sociedad civil internacional, por ejemplo, han sido actoras fundamentales en la denuncia y visibilización internacional de la situación de derechos humanos en el país o en la utilización de mecanismos de protección, como las medidas cautelares, en favor de personas cuyos derechos corren grave y urgente riesgo en el país.

Creo que la sociedad civil nicaragüense merece una mención especial cuando reconocemos a las actoras relevantes en esta crisis. Por razones de seguridad de las propias organizaciones y sus integrantes no me parece prudente exponer en detalle, y en su real magnitud, la maravillosa articulación de esfuerzos que la sociedad civil y particularmente las víctimas y sus familiares han realizado. Pero puedo mencionar algunos ejemplos: el registro y denuncia exhaustivo de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, no sería posible sin la articulación de sociedad civil, del activismo, y de las víctimas y familiares que han constituido el “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”. El silencioso, valiente y comprometido trabajo de registro de la Asociación de Madres de Abril (AMA), por poner otro ejemplo, son muestras específicas de lo esencial que, en el trabajo de monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, ha sido la sociedad civil local. Tampoco es posible concebir las excarcelaciones que se han producido hasta ahora, sin la intervención de la Iglesia Católica y la Comisión de Verificación y Seguridad. Todas estas son iniciativas de la sociedad civil que tienen un valor inconmensurable en el abordaje de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

Como Relatora para Nicaragua usted ha mostrado un gran interés por el país y se ha pronunciado reiteradamente sobre la situación de este. Ahora, como presidenta de la Comisión, ¿De qué forma se plantea incidir para lograr que la CIDH y el MESENI puedan regresar a Nicaragua?

En esta materia siempre hay novedades que ofrecer, la labor que ha desarrollado la CIDH ha logrado el importante objetivo de mantener la atención internacional sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en medio de un ambiente muy acontecido en las Américas, en materia de derechos humanos, frente a los intentos desplegados por el Estado de instalar la sensación de normalidad, y en medio de la pandemia.

Pero este objetivo se ha logrado por medio de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la crisis. En este sentido ya tenemos suficiente evidencia que el 2021 será un año diferente en Nicaragua y en dicho contexto, mantendremos a Nicaragua como parte inevitable de la agenda interamericana y universal, adaptándonos a las circunstancias especiales que ya están caracterizando este año.

Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente. Los Estados a veces, como sucede con Nicaragua ahora, parecen ser inmunes a los llamados internacionales, pero, como decía, la experiencia en nuestro continente nos muestra que los procesos de democratización se producen y que la impunidad al fin es derrotada por la memoria y la justicia. La CIDH sigue y seguirá ahí en la cotidiana labor de cumplir su mandato y estará ahí también, para colaborar con la sociedad nicaragüense y con el propio Estado, cuando esos procesos se produzcan

El país se encamina a unas elecciones generales sin garantías mínimas y no da señales de realizar reformas electorales de aquí a mayo 2021, tal como exhortó la OEA, ¿Cómo valora el impacto que tendrá en la crisis de derechos humanos el no realizar dichas reformas oportunamente?

La Asamblea General de la OEA ha dictado una resolución el año pasado en que promueve que en Nicaragua se realicen elecciones “libres y justas” este año. En dicha resolución se hace un llamado al Estado para que, entre otras, reforme la normativa que regula el Consejo Supremo Electoral.

La Comisión Interamericana, ya a comienzos del 2018, hizo presente la falta de independencia y neutralidad del CSE como uno de los factores que inciden en la situación en Nicaragua, en que se observa una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Esa falta de neutralidad e independencia, se manifiesta, tal como ya lo señaló la Comisión, en decisiones que afectan a fuerzas políticas de oposición.

La CIDH no ha sido ajena a estos asuntos y estará muy atenta a los desenvolvimientos de este año de elecciones, porque existen también estándares de derechos humanos que deben ser respetados en materia de derechos políticos. Esa sigue siendo una materia en que el Estado de Nicaragua debe realizar modificaciones institucionales para asegurar elecciones libres y justas.

En medio de una crisis socio-político y de derechos humanos sin resolver, el Gobierno aprobó leyes y reformas, como la reforma al art. 37 de la Constitución y la reforma al Código Procesal Penal que han ameritado serios cuestionamientos en materia de derechos humanos, ¿Cómo puede incidir la Comisión para que el gobierno derogue estas leyes?

La Comisión, así como sus relatorías competentes, ya se han manifestado de manera específica sobre la llamada Ley de Agentes Extranjeros, sobre disposiciones de la Ley Especial de Ciberdelitos, así como sobre la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, expresando que ellas no satisfacen estándares internacionales de derechos humanos y llamó en su momento a dejarlas sin efecto. Del mismo modo, se ha manifestado la preocupación por el uso eventualmente represivo que podría darse a las reformas a la Constitución sobre el establecimiento de la cadena perpetua y al Código Procesal Penal en la extensión de privación de libertad sin acusación fiscal. En el mismo sentido lo ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como le decía antes, estos llamados y pronunciamientos no son garantía directa e inmediata de que esas leyes se deroguen, pero sí inciden en la agenda internacional y ello a su vez influye en los cambios que deben producirse en Nicaragua. Nosotros no descansaremos y sé que la propia sociedad civil no descansará en promover esos cambios.

¿Cuál es su valoración sobre las dificultades que han encontrado las medidas cautelares para su cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua y qué oportunidades ve usted de que dichas medidas sean implementadas, en el actual contexto? ¿En qué etapa está la definición de un Protocolo para su implementación?

En las actuales circunstancias, dada la casi total falta de colaboración e información aportada por el Estado, no parece verse en el horizonte la adopción de un protocolo de implementación de medidas cautelares, que requeriría por supuesto de la colaboración y disposición del Estado.

De la misma manera, se puede afirmar que el Estado no ha dado cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Sin embargo, las medidas cautelares concedidas no han sido del todo estériles en materia de protección a las personas que son sus beneficiarias. Por poner solo un ejemplo, las 17 personas que fueron beneficiarias de medidas cautelares y respecto de las cuales la Corte Interamericana luego emitió medidas provisionales, fueron excarceladas. En medio de la crisis y del sufrimiento que ella causa a las personas, estos pequeños y aún insuficientes triunfos nos dan esperanza.

¿Qué mensaje le manda a la sociedad civil nicaragüense en el contexto del escalamiento de las represalias hacia las organizaciones que impera actualmente?

Que este será un año previsiblemente difícil luego de las leyes dictadas entre fines del año pasado y comienzos de este. En dicho marco, quisiera transmitirles que estaremos muy pendientes del día a día y muy preparados para denunciar públicamente las violaciones de derechos y tomar medidas de protección cuando corresponda.

¿Qué mensaje le envía a las víctimas y sus familiares?

Que siguiendo su ejemplo, seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en el país; que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse. Además, como siempre resaltamos en la Comisión, tengo que enviarles un mensaje de entrañable agradecimiento, pues su compromiso, valentía y trabajo hacen también posible el nuestro.

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sufren persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales

Washington D.C., 19 de abril de 2021.- A tres años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, en Nicaragua persiste la represión contra las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas personas defensoras de la comunidad LGBTIQ, de pueblos indígenas y afrodescendientes, periodistas, opositores y sociedad civil.

El Estado de Nicaragua implementa una estrategia para obstaculizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos a través de actos de intimidación, amenazas, campañas sistemáticas de estigmatización, confiscación de bienes, y la aprobación de leyes que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos, como son la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con representantes de tres organizaciones de la sociedad civil que han sufrido represalias por su trabajo de promoción y defensa de derechos humanos. Les pedimos que compartieran su valoración sobre la crisis, un llamado a la comunidad internacional y un mensaje para las personas defensoras de derechos humanos.

Marlin Sierra: Sin presentar ninguna prueba, el Gobierno ha acusado a las ONG de conspiración contra el Estado

Marlin Sierra, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que el Gobierno de Nicaragua ha acusado a las organizaciones no gubernamentales de conspiración contra el Estado. Por tanto, la nueva legislación tiene como objetivo “crear un ambiente extremadamente restrictivo para la labor de defensa de los derechos humanos, reduciendo significativamente sus actividades, y acentuando el estado de terror ya existente en el país”, indicó.

En diciembre del año 2018, el CENIDH sufrió la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica, y el despojo de sus bienes. En febrero del 2021, el Gobierno de Ortega confirmó que se quedará, ilegalmente, con las oficinas del CENIDH en las ciudades de Managua y Juigalpa tras convertirlas en dependencias del Ministerio de Salud (MINSA).

Pese a este grave atentado contra la libertad de asociación, el CENIDH mantiene su trabajo por la defensa de derechos humanos y reconoce el compromiso que tienen los órganos internacionales de derechos humanos con Nicaragua. “No se han limitado a condenar las leyes restrictivas (…) han hecho hincapié en el papel esencial de las personas defensoras, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos”, manifestó Sierra.

Finalmente, en su mensaje para las y los defensores de derechos humanos, Sierra citó a la Dra. Vilma Núñez, presidenta fundadora del CENIDH: “Defender los derechos humanos es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola”; e hizo énfasis en la importancia de definir nuevas estrategias para continuar resistiendo y acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia.

Lottie Cunningham: El Gobierno ha formalizado barreras administrativas y burocráticas

Para Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Gobierno ha establecido barreras administrativas y burocráticas para limitar el funcionamiento de las ONG, obstaculizar el acceso a financiación extranjera, y criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Cunningham señaló que, si bien la cancelación de las personerías jurídicas ha sido la expresión más visible de violación a la libertad de asociación, “también se han denunciado otras disposiciones y acciones negligentes que han reducido los márgenes de operación de estas organizaciones”.

“(Las organizaciones) se han visto imposibilitadas de acceder a la documentación necesaria como consecuencia del retraso infundado por parte de las autoridades estatales de emitir las constancias correspondientes (…) Posteriormente imponen multas que generan un mayor gasto de dinero para las asociaciones”, denunció la defensora.

Cunningham hizo un llamado especial a los mecanismos internacionales de la CIDH y la ONU para que continúen demandando que el Gobierno revise las leyes, abra un espacio público de discusión de su contenido con la sociedad civil, actores y personas expertas en la materia, y asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública a fin de garantizar que se alineen con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Para sus colegas y pueblo nicaragüense, Lottie envió un mensaje de resistencia: “Continuemos la lucha por la democracia y el Estado de Derecho utilizando los mecanismos nacionales e internacionales, asimismo acciones de civismo”.

Haydeé Castillo: No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril

Haydeé Castillo, Presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), también confiscado por la policía en diciembre del 2018 y ahora convertido en un centro de estudios adscrito a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), considera que la crisis sociopolítica de Nicaragua “se ha acrecentado”; ya que el país atraviesa una crisis económica, el deterioro del tejido social y la desesperanza del pueblo nicaragüense, que “resiste en una total indefensión ante un régimen de alta criminalidad”.

Ante esta situación, la defensora afirma que las dictaduras no entienden de llamados y exhortaciones, y que uno de los grandes desafíos del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos es “establecer mecanismos vinculantes y de obligatorio cumplimiento para Estados que han dejado de proteger a sus pueblos”.

Castillo envía este mensaje para sus colegas: “No permitamos que se esfume el sueño de la Rebelión de Abril, de instaurar un sistema donde los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana sean el centro. Sigamos haciendo la historia, sin nuestra labor las víctimas quedarían desprotegidas de justicia, y el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional no podría comprobar que vivimos bajo un régimen que comete crímenes de lesa humanidad”.

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

“Amando y resistiendo desde la diversidad”: Raza e Igualdad celebra el Día del Orgullo LGBTI+

Alta Comisionada de la ONU: Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción frente al proceso electoral

Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución sobre grave situación de Nicaragua

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen cese de la represión contra voces críticas y periodistas de Nicaragua

Organizaciones internacionales piden rendición de cuentas de Nicaragua ante Corte IDH por desprotección a personas defensoras de derechos humanos

AMARC-ALC, CPJ, IFEX-ALC, Race and Equality y Voces del Sur condenan el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua y exhortan a las autoridades nicaragüenses a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Clément Voule – Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Reunión Pacífica: “Hago un llamado al Gobierno de Nicaragua para que garantice el derecho de reunión pacífica durante el proceso electoral”

Antonia Urrejola – Presidenta de la CIDH: “Seguiremos siendo incansables en promover los derechos humanos en Nicaragua; la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse”

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua sufren persecución y graves violaciones a las libertades fundamentales

Únete a nuestros esfuerzos