Exigimos se garantice la integridad personal de las madres en huelga de hambre y de las personas detenidas en Nicaragua

Exigimos se garantice la integridad personal de las madres en huelga de hambre y de las personas detenidas en Nicaragua

Viernes 15 de noviembre de 2019 – Trece activistas y personas de los derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente la noche del 14 de noviembre, cuando prestaban ayuda humanitaria a un grupo de madres de presas y presos políticos que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua.

La detención la realizó un grupo de policías, que permanecen asediando a las mujeres en huelga de hambre, impidiendo que nadie entre o salga del lugar y cortando el servicio de luz y agua.

Las personas detenidas son Amaya Coppens, Ivania Alvárez, Wendy Juarez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Neyma Hernández Jesús Tefel, Roberto Büstching, Derlis Hernández y Melvin Peralta, quieres fueron trasladas a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote” en la madrugada del viernes.

Tal situación resulta especialmente preocupante debido a las constantes denuncias que se han recibido respecto de hechos de tortura, tratos crueles y degradantes, así como violencia sexual en contra de las personas privadas de libertad, riesgo que se puede acrecentar por el hecho de que algunas de ellas son figuras muy representativas de la oposición, defensoras de derechos humanos y presas políticas excarceladas.

Igual de alarmante resulta la situación de las mujeres que permanecen en huelga de hambre, pues el hecho de que se encuentren privadas de agua potable, puede generar graves riesgos para su salud, ya que llevan casi 24 horas sin ingerir comida y sin contar tampoco con agua o medicamentos.

Estos hechos se dan en un contexto marcado por un incremento del discurso del odio, ataques y hostigamientos contra personas presas políticas excarceladas, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación críticos con el gobierno.

Ante tal situación, las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes:

  1. Exigimos al Estado nicaragüense la inmediata liberación de las personas detenidas arbitrariamente y que cese el asedio y hostigamiento a las madres de las presas y los presos políticos y el restablecimiento de los servicios de luz y agua en la iglesia.
  2. Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier afectación sobre la integridad personal de las personas privadas de libertad y de las mujeres que se encuentran en huelga de hambre.
  3. Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que se mantenga pendiente y actúe ante el agravamiento de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 y ante el recrudecimiento de la persecución y represión que enfrentan activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y presas políticas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras) – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Plataforma Internacional Contra la Impunidad – Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) – JASS (Asociadas por lo Justo) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) Nicaragua – Oxfam Nicaragua – Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más – Ipas Centroamérica – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) – Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIISH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG), Guatemala – Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN – Defensores Sin Fronteras – Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua – Asociación de Jueces por la Democracia Honduras – Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.- Asistencia Legal por los Derchos Humanos A.C. (ASILEGALMÉXICO) – APRODEH-Perú – La Sombrilla Centroamericana – Front Line Defenders – Centro para la Acción No violenta y Cultura de Paz en Centroamérica – ProDESC – Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil (AMS) – Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli – Red de Mujeres de Matagalpa – Feministas Madrid por Nicaragua – Feminista por Nicaragua Euskal Herria – Colectivo Feminista Ecuador – Agrupación Ciudadana por la Despenalizacion del aborto – Popol Na Nicaragua – Agrupación de Mujeres Trans y Culturales AMTC – Centro de Investigación y Acción de la Mujer CIAM – Centro de mujeres ACCIÓN YA – Colectivo de Mujeres de Matagalpa – Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto – Punto Focal Nicaragua – Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Enlace Nacional Nicaragua – Mujeres en Acción,Costa Rica – Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – Agrupación Ciudadana por la despenalizacion del aborto – Red Salvadoreña De Defensoras De Derechos Humanos – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres – Colectiva Lupa Feminista – Movimiento Autónomo de Mujeres – Articulación Feminista de Nicaragua – Fundación Acceder Costa Rica – Abuenica – Cooperacció – Handmaids Costa Rica – Ni una menos Costa Rica – Instituto de Liderazgo de las segovias – Coalición Cívica 19 de Abril Matagalpa – Asociación Agentes de Cambio Nicaragua – Nicaragua Protesta – Activismo Digital Nicaragüense (ADNIC) – Movimiento 19 de Abril Jinotega – Alianza Civica de Jinotega -Grupo Anonymous de Nicaragua – Comité Cívico Universitario UCA – REACNIC – Fundenic – Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia – Alianza Universitaria Nicaragüense AUN – Alianza Azul y Blanco Chichigalpa – Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial -Movimiento Sociales de las Segovias – Accion Universitaria – CODENI – Asociación NicaLibre – Sos Nicaragua Madrid – NicaSeattle – Unidad por los Exiliados Nicaragüenses en Panama – SosNicaragua Barcelona – SOSNicaraguaHolanda – Collectif de Solidarité avec le Peuple du Nicaragua -Nicaragua Karavaan – SosBelgique-Nicaragua – SosNicaragua-Europa – SoyNicaragua en Zaragoza – Sos Nicaragua España – SosNicaragua Galicia A Coruña – SOSNicaragua-Sverige – SOS France Nicaragua – Texas Nicaraguan community – SOSNicaragua Finlandia – Guanared Costa Rica y más.

Organizaciones denuncian ante la CIDH la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua

Quito, Ecuador, 11 de noviembre de 2019. En el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, nueve organizaciones de la sociedad civil expusieron sobre el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua, que no ha logrado garantizar los derechos de los nicaragüenses al acceso a la justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales en el contexto de la crisis democrática que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

Durante la audiencia “Desafíos para la autonomía e independencia judicial en Nicaragua”, las organizaciones destacaron cómo el poder judicial nicaragüense se constituyó como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, facilitando la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, y generando condiciones que garantizan la impunidad de las violaciones a derechos humanos perpetradas por funcionarios ligados el régimen.

“En Nicaragua, no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del poder judicial por el régimen Ortega- Murillo ha llevado a la actuación de éste bajo control partidario, construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados, con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana; privilegiándose la afinidad política en lugar de favorecer la designación conforme méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente y sujeto a la ley”, recalcó Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

También se señaló la responsabilidad de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, por no cumplir con sus obligaciones, permitir la comisión de violaciones a derechos humanos y facilitar la impunidad de las cometidas por el Estado o grupos paramilitares. 

Estado ausente

Tal y como ha sido su costumbre en las últimas audiencias, el Estado nicaragüense no se hizo presente en la audiencia. Para las organizaciones esto ejemplifica cómo el régimen de Ortega sigue negando su responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como su obligación de garantizar la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia.

“Lamentamos una vez la ausencia del Estado de Nicaragua, tampoco hemos recibido ninguna información que la justifique, cosa que sí había sucedido antes” dijo la Comisionada Antonia Urrejola, al inicio de su intervención. Urrejola saludó especialmente a las madres de jóvenes asesinados y a las víctimas presentes, reconociendo el arduo trabajo que hacen en búsqueda de justicia y no repetición.

Para finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que:

  • Cese la represión y criminalización; y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones.
  • Restituya las plenas garantías constitucionales para ejercicio de los derechos ciudadanos.
  • Devuelva los bienes incautados o sustraídos a todas las víctimas de la represión.
  • Resuelva los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por las organizaciones que fueron canceladas durante la represión.
  • Garantice la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia y su apego a los procedimientos establecidos en la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos, así como a la ratificación de instrumentos internacionales específicos, entre ellos los referidos a la administración de justicia.

La audiencia fue convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo), el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM) y la Unidad de defensa Jurídica de Nicaragua.

Demandamos libertad para 139 personas en Nicaragua que están en prisión por motivos políticos

Washington D.C. 4 de noviembre de 2019. Más de 600 personas fueron liberadas entre febrero y junio de este año por el Gobierno nicaragüense, luego de haber sido detenidas y criminalizadas por haber participado en las protestas que iniciaron en abril de 2018. A quienes fueron excarcelados en junio, se les aplicó una controversial Ley de Amnistía que garantiza impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. La ley no se aplicó a todos los prisioneros políticos por igual, ya que unas 26 personas quedaron en prisión. Teniendo en cuenta que las detenciones continuaron en julio del presente año y meses subsiguientes, el número de presos políticos se ha elevado a 139, según el último recuento de datos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Entre estos 139 prisioneros políticos hay solamente una mujer, la joven universitaria María Guadalupe Ruiz, de 22 años. Los demás son estudiantes universitarios, campesinos, profesionales, trabajadores del sector informal e inclusive, retirados.

“Están (en prisión) incluidas personas que participaron en las protestas sociales y manifestaron su repudio hacia el Gobierno”, señala Julia Baltodano, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que trabaja actualmente en la documentación de violaciones de derechos humanos de estos prisioneros. Por lo general, estas personas no tuvieron antes de su arresto exposición mediática.

La forma de criminalizar a estos prisioneros políticos se ha transformado: ya no se les acusa de haber intentado desestabilizar el país o derrocar al Gobierno a través de métodos violentos, sino que se les acusa de delitos comunes.

“Ahora tratan de disfrazarlo de delincuencia común: robo agravado, amenazas, portación ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, y ya no te acusan de diez o quince delitos, sino de uno o dos. La idea del régimen es decir: aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuencia común”, explica Alexandra Salazar, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica de Presos Políticos, un grupo que lleva la actual defensa de más de 20 prisioneros políticos y gestiona por la incierta situación legal de personas excarceladas.

Esta nueva modalidad ha dificultado la identificación de los prisioneros políticos, pero los defensores conocen de estos casos a través del monitoreo de medios de comunicación, denuncias de familiares a organizaciones de derechos humanos o publicaciones en redes sociales. Desde el CENIDH, por ejemplo, verifican si estas personas tuvieron alguna participación activa dentro de las manifestaciones antigubernamentales, si había amenazas de detención u hostigamiento previo, y luego se analiza la consistencia de las pruebas que presenta la Fiscalía en su contra. Desde la Unidad Jurídica de Presos Políticos, también tienen redes territoriales en otros departamentos que corroboran la información con familiares y otras organizaciones que trabajan por la liberación de los prisioneros políticos.

Otra nueva estrategia adoptada por las autoridades es abandonar el anterior patrón según el cual la gran mayoría de los prisioneros políticos eran trasladados a centros de detención en el departamento de Managua. Ahora la mayoría de los prisioneros políticos están en centros de detención departamentales con la intención de generar menor atención de la opinión pública y reducir el efecto del reclamo por libertad de sus familias y organizaciones que les acompañan.

“Ahora la mayoría quedan en sus jurisdicciones, como parte del cambio de patrón, para hacer todo esto menos visible. Si los trasladan del departamento a la Dirección de Auxilio Judicial (de Managua) eso muestra un interés evidente por esa persona”, explica Salazar, cuyo grupo defiende a personas de Managua, pero también de León, Estelí, Masaya y Granada.

Algunas irregularidades en el proceso judicial que fueron identificadas por el CENIDH incluyen: detenciones ilegales, presentación ante el juez después de 48 horas en violación de lo dispuesto por la Constitución nicaragüense, retardación de justicia, realización de audiencias privadas en vez de públicas, incumplimiento de órdenes de libertad y negación del contacto de los detenidos con abogados o familiares.

Aunque el Estado continúa negándose a reconocer la existencia de prisioneros políticos, ambas expertas consultadas por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, insisten en que es indispensable seguir denunciando a nivel nacional e internacional la existencia de prisioneros políticos en Nicaragua.

Raza e Igualdad se une a los reiterados llamados al Estado de Nicaragua para que libere de forma inmediata a los 139 prisioneros políticos, y proceda a sobreseerles definitivamente en las investigaciones y causas judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. A ellos, así como para todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido.

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

EPU: Estado de Nicaragua rechaza 100 recomendaciones orientadas a resolver la crisis actual de derechos humanos

Ginebra, 20 de septiembre de 2019. Las delegaciones de Estados Miembros de Naciones Unidas participantes en el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos adoptaron hoy el Informe del Grupo de Trabajo con los resultados del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua. Dicho Informe reúne un total de 259 recomendaciones hechas por Estados miembros al Estado de Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos en el país, que enfrenta una grave crisis de derechos humanos desde abril de 2018. 

Lamentamos que el Estado de Nicaragua haya rechazado 124 recomendaciones, de las cuales 100 están relacionadas con la crisis actual y plantean el retorno de los mecanismos de derechos humanos, la libertad de todos los prisioneros políticos, la restitución plena de los derechos civiles y políticos, el cese de la represión y proporcionar garantías de seguridad para que los exiliados puedan regresar al país.

Nicaragua pretendió justificar el rechazo de estas recomendaciones aduciendo que estas “no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad”. El embajador de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Ernesto Morales, negó las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cometidas por fuerzas estatales y grupos armados paraestatales, las cuales ha sido ampliamente documentadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como ACNUDH y la CIDH.  Adicionalmente, expresó que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU.

El Estado nicaragüense solamente aceptó 135 recomendaciones, relacionadas con derechos de los niños, niñas y  adolescentes, violencia de género, políticas públicas inclusivas, cambio climático, combate a la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y mejoramiento de titulación para pueblos indígenas y afrodescendientes.

Descargue la lista de recomendaciones aceptadas y rechazadas AQUÍ

Rechazo a falta de compromisos de Nicaragua

Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos realizada hoy en Ginebra, una serie de delegaciones diplomáticas y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las recomendaciones rechazadas por el Estado nicaragüense, y su pretensión de negar la realidad lo que demuestran falta de compromiso por restablecer garantías y derechos humanos fundamentales.

“Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú recordamos que el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua corrobora la falta de rendición de cuentas, la negación del derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y reparación, al reducción del espacio cívico, la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, el ataque a los defensores de derechos humanos, periodistas y personas críticas con el gobierno, detenciones arbitrarias y torturas. Los países mencionados instamos al Gobierno de Nicaragua a que cumpla con los compromisos en materia de derechos humanos y a que considere la implementación de todas las recomendaciones presentadas”, dijo el representante de Perú en nombre de un grupo de países de América del Sur.

También intervinieron en el plenario las delegaciones de Egipto, Haití, India, Irán, Iraq, Filipinas, Rusia, Serbia, Sudáfrica y Reino Unido.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización socia en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestaron: “Nos inquieta que (el Estado de Nicaragua) siga negando la violencia letal en la ciudad y el campo, ocultando la grave crisis de derechos humanos que vive el país, procurando dar una imagen de normalidad que no se corresponde con la represión que hoy sigue enfrentando la población; crímenes graves continúan en la impunidad, las manifestaciones públicas son reprimidas y fuerzas parapoliciales hostigan, amenazan y atacan a toda voz disidente. Nos preocupa profundamente que el Estado rechace las numerosas recomendaciones sobre el acceso a las organizaciones de derechos humanos al país, vulnerando así compromisos internacionales de derechos humanos (…) Insistimos al Estado en el restablecimiento de la personería jurídica de la que fueron despojadas arbitrariamente (9 organizaciones de la sociedad civil) y la devolución de sus bienes y activos así como garantizar un entorno seguro para que realicen su labor sin represalias ni amenazas”.

Otras organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en la sesión fueron UNICEF, UNFPA, Consejo Misionero Indigenista, CIVICUS y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH).

Raza e Igualdad se une a los llamados al Estado de Nicaragua para que honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y proceda a implementar de inmediato tanto la recomendaciones aceptadas, como todas aquellas que rechazó aduciendo una supuesta falta de fundamento y distorsión de la realidad. Asimismo, exhortamos al Estado de Nicaragua para que regrese a la mesa de diálogo velando por entablar un diálogo amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis, como se recomendó en el Examen Periódico Universal.

Incidencia previa

El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos que permite que los Estados miembros se examinan entre sí respecto de como están cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El 15 de mayo pasado el Estado de Nicaragua fue evaluado por el EPU en Ginebra, y en esa sesión un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejorara la situación de derechos humanos.

Un mes antes, el 3 de abril, representantes de la sociedad civil nicaragüense participaron  de la pre-sesión del EPU, espacio en el que expusieron las diversas violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a las delegaciones que evaluarían posteriormente a Nicaragua.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU. En el examen anterior, que tuvo lugar en 2014, el Estado aceptó 164 recomendaciones, pero defensores de derechos humanos denunciaron que una parte importante de esas recomendaciones no fueron plenamente implementadas.

Organizaciones de Cuba y Nicaragua presentan situación de derechos humanos en el 173 período de sesiones de la CIDH

En el marco del 173 período de sesiones de Audiencias Temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizarse del 23 de septiembre al 2 de octubre en Washington, DC; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) de la mano de diferentes organizaciones de la sociedad civil cubanas y nicaragüenses denunciarán la grave situación que activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes viven en sus respectivos países a causa de la represión, violencia y hostigamiento ejercida por los régimenes de Cuba y Nicaragua.  Le invitamos a cononocer y participar vía web de las audiencias.

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Lunes, 23 de septiembre de 2019
Audiencia: «Graves violaciones a los derechos en Cuba»

A pesar de la entrada en vigor de una nueva constitución cubana los derechos fundamentales del pueblo continúan siendo vulnerados a causa de lógicas arbitrarias y represivas que impiden el real y efectivo acceso de las y los cubanos a sus derechos fundamentales. A lo largo de esta Audiencia Temática organizaciones de sociedad civil presentarán la preocupante situación de derechos que se vive en el país y las formas en que el Estado cubano opera para censurar y coartar las libertades de las y los cubanos. Así mismo, se presentará ante la Comisión Interamericana las múltiples formas de violencia que utiliza el Estado cubano para reprimir a las voces disidentes de las lógicas del régimen.

Miércoles, 25 de Septiembre de 2019
Audiencia:  «Cumplimiento de Medidas Cautelares de protección a favor de periodistas independientes en Nicaragua»

Ante la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión y de prensa que se agudizó en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018, esta audiencia temática busca demandar el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los directores de medios y periodistas independientes censurados, hostigados, apresados y reprimidos a causa de su labor por el Estado de Nicaragua, mismo que hasta la fecha no ha adoptado las  medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas.

The National Press Club invita al evento: «Voces globales, periodismo bajo amenaza en Nicaragua»

El miércoles 25 de septiembre a las 6:30 p.m., el Comité Internacional de Corresponsales de la APN (CPI) y el Equipo de Libertad de Prensa llevarán a cabo un evento sobre represión de los medios en Nicaragua. Recién testificado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una delegación de cuatro periodistas nicaragüenses, tres de los cuales permanecen en el exilio, discutirán el reciente descenso del país a la violencia y la represión.

En abril de 2018, los cambios propuestos al sistema de seguridad social de Nicaragua provocaron una serie de protestas callejeras. Los movimientos duros para reprimir las protestas tuvieron el efecto contrario, avivaron las llamas de la disidencia y llevaron a los llamados al presidente Daniel Ortega a renunciar. Cuando los periodistas se mudaron para cubrir el creciente movimiento de oposición, muchos se encontraron directamente en la línea de fuego, enfrentando el arresto de la policía y la violencia a manos de las milicias progubernamentales.

La delegación de periodistas nicaragüenses hablará sobre sus experiencias de informar desde el frente, las tácticas que el gobierno de Ortega ha utilizado para calificar a la prensa como parte del movimiento de oposición, el estado actual del país y sus esperanzas para el futuro. El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos está apoyando a cada uno para que asista a las audiencias de la CIDH y este evento especial para los medios.

Los panelistas serán:

Carlos Fernando Chamorro es fundador y editor de Confidencial. Carlos se encuentra actualmente en el exilio en Costa Rica luego de una redada policial en Confidencial en diciembre de 2018. La policía confiscó documentos, teléfonos, computadoras y cámaras de televisión en un intento por interrumpir los informes de la revista. Carlos Fernando huyó del país en enero de este año en medio de amenazas en su contra.

Lucía Pineda Ubau es directora de noticias en 100% Noticias. Lucía fue arrestada en diciembre del año pasado, acusada de «incitación y conspiración para cometer actos de terrorismo e incitación a crímenes de odio». Fue liberada en junio bajo la controvertida ley de amnistía del país y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Aníbal Toruño, actualmente exiliado en Miami, es director y propietario de Radio Darío. El 20 de abril de 2018, multitudes progubernamentales prendieron fuego a Radio Darío, dañando gravemente la estación y obligándolos a trasladarse a otro lugar. Desde entonces, sus oficinas han sido allanadas varias veces por la policía nicaragüense.

Sergio León, propietario y director de La Costeñisima, ha permanecido en Nicaragua y ha sufrido constantes hostigamientos, siendo detenido por la policía nicaragüense en múltiples ocasiones.

Sobre la moderadora:

María Peña, nacida en Nicaragua, es una reportera digital de Telemundo, donde cubre todos los temas que afectan a los hispanos, incluyendo inmigración, comercio, educación, vivienda, votación, empoderamiento político, política exterior y, más recientemente, terrorismo doméstico en la frontera. Ha trabajado en el periodismo de Washington durante más de 30 años, pero también viaja al extranjero para cubrir importantes historias internacionales, como el histórico viaje de Obama a Cuba en 2016. Es invitada frecuente en las principales redes, incluidas Voice of America, Univision, CBC, CNN y CGTN America. En 2017, fue nombrada entre los «100 latinos influyentes» de El Tiempo Latino. María es miembro del National Press Club.

 

Para más información e inscripción al evento aquí

Transmisión en vivo del evento aquí

 

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el sitio.

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por el ataque sufrido.

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos que Ludwika Vega y ANIT ejercen en favor de las mujeres trans.

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar a los responsables.

Puede descargar el pronunciamiento aquí.

Crisis de DDHH en Nicaragua no se ha superado, denuncian Alta Comisionada de Derechos Humanos, CIDH y activistas nicas

Ginebra, 10 de septiembre de 2019. La grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril 2018 ha quedado expuesta en toda su magnitud esta semana durante el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, con la presentación de un informe actualizado sobre la situación en ese país que realizó hoy la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el respaldo al pueblo de Nicaragua expresado por diversas delegaciones diplomáticas, y la presencia de una delegación de activistas, periodistas, ex prisioneros políticos, defensores de derechos humanos nicaragüenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.

El informe de Bachelet

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reflejó en su informe que las graves violaciones de derechos humanos han continuado en Nicaragua, especialmente contra el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y asociación, a la libertad personal, a no ser sometido a tortura ni condiciones inhumanas de detención, a tener un juicio justo y a obtener reparaciones.

“La respuesta institucional a las violaciones de los derechos humanos ha sido insuficiente”, dijo Bachelet en su intervención, añadiendo que el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por estas graves violaciones. En consecuencia, resaltó la importancia de que los organismos de derechos humanos pueda regresar al país para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua.

En el informe de Bachelet se brindan ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre ellas que se reanude “urgentemente” el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; que se restablezca de forma urgente la personalidad jurídica de las nueve organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación que fueron sancionados e ilegalizados; y que se establezca un plan de acción de amplio alance orientado a la rendición de cuentas.

CIDH y delegaciones internacionales respaldaron informe de la ACNUDH

La Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló que la crisis en Nicaragua “mantiene al país en un clima de grave deterioro institucional y de completo cierre de los espacios democráticos para el ejercicio de los derechos humanos”.

De acuerdo con la Comisionada, «persiste la instalación de facto de un estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas, persisten las detenciones arbitrarias, el exilio de periodistas y líderes sociales, la falta de tutela judicial efectiva para las víctimas, persiste la impunidad, persisten las denuncias de asesinatos de personas identificadas como opositoras, las denuncias por casos que pudiesen calificarse de desapariciones forzadas y las denuncias de ataques sexuales y torturas”.

Posteriormente, diversas delegaciones respaldaron el informe de la ACNUDH, incluyendo: la Unión Europea, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bélgica, República Checa, México, Alemania, Suiza, Ecuador, España, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Georgia, Islandia, Luxemburgo. Así mismo, las organizaciones CIVICUS, Red Local, Human Rights Watch, FIDH, Amnistía Internacional, CitizenGo e Hivos, acogieron el informe e instaron al Estado a retomar las recomendaciones allí presentadas.

Estado nicaragüense niega violaciones de derechos humanos

El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentscke, negó las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la fecha, puestas en evidencia de forma irrefutable por Bachelet y por Urrejola.

En cambio, desacreditó el informe presentado por Bachelet y defendió la postura gubernamental de que en Nicaragua existe plena libertad de asociación, que ningún periodista ha sido perseguido por ejercer su oficio, ni defensores humanos han sido reprimidos en sus funciones, que no han existido las detenciones arbitrarias y que no existen torturas ni tratos crueles e inhumanos en los centros de detención nicaragüenses.

Al Estado de Nicaragua lo respaldaron las delegaciones de Bolivia, Siria, Belarús, Cuba, Rusia y Venezuela, países que solicitaron a la ONU no intervenir en asuntos internos.

Los espacios de incidencia

Un día antes de la presentación del informe de derechos humanos sobre Nicaragua, se llevó a cabo el evento “Combatiendo la impunidad y fortaleciendo la rendición de cuentas: violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, evento organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el propósito de acercar la realidad de Nicaragua al 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En el panel participaron los excarcelados políticos nicaragüenses Lucía Pineda, Victoria Obando y Edwin Carcache, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, y el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández.

La Jefa de Prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, expuso cómo el Gobierno de Nicaragua sigue acosando, amenazando y reprimiendo a los comunicadores y periodistas independientes en su país, y cómo aún continúan ocupadas las oficinas del Canal 100% Noticias y del medio digital Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

Edwin Carcache, líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, contó que aún continúan apresadas al menos 126 personas que fueron detenidas por su participación en protestas ciudadanas, y lamentó que estos presos políticos estén pasando por las mismas condiciones de torturas y tratos inhumanos que él mismo vivió en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”.

Victoria Obando, por su parte, resaltó cómo la comunidad LGBTIQ ha sido parte activa de las manifestaciones ciudadanas y por lo tanto, ha sufrido los embates de la represión a través del encarcelamiento o el exilio. “Tenemos registros de personas exiliadas de nuestra comunidad en al menos 13 países, donde sus condiciones de vida se ven afectadas gravemente cuando media la visibilidad de su orientación sexual o identidad de género”, explicó Obando.

Apoyo del Sistema Universal y Sistema Interamericano

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, coincidió con el informe de Bachelet y reiteró que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

El relator especial explicó que el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental para que se garanticen los demás derechos. Con base en lo anterior, pidió al Estado de Nicaragua que se les devuelva la personería jurídica a las ONG’s que fueron ilegalizadas, pues estas desempeñan un papel vital en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y la vida democrática de la sociedad.

“El gobierno de Nicaragua no debe verlos como una amenaza, sino como un medio de diálogo en el que debe participar”, añadió, resaltando que el inicio de cualquier proceso de justicia transicional pasa por permitir el trabajo de organizaciones independientes que puedan prestar apoyo a las víctimas y documentación de denuncias. Además, subrayó el gran interés de su oficina de visitar el país para establecer un diálogo con el gobierno nicaragüense, aunque este no ha recibido respuesta por parte del Estado.

Finalmente, el vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, también resaltó que están dispuestos a desplegar sus misiones nuevamente en Nicaragua, a pesar de que tampoco han recibido respuesta sobre reiteradas solicitudes. “Se han cerrado los espacios democráticos y a la fecha no se han abierto. Nicaragua no tiene una voluntad de solucionar esta crisis”, lamentó Hernández.

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

26 de agosto de 2019. En el marco de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este 10 de septiembre la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento al mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

Desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades del país.

Como consecuencia de esa violencia, hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han muerto al menos 328 personas, dentro de ellos 29 niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 han resultado heridas, miles fueron detenidos arbitrariamente y centenares fueron criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes.

Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos, conforme registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al 28 de julio del corriente.

Además, el esfuerzo de negociación iniciado en febrero de este año entre algunos sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación gubernamental, fue cancelado oficialmente el 30 de julio por decisión unilateral del Gobierno, que había incumplido todos los acuerdos que lograron negociarse.

Estas situaciones reflejan que en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, esta vez de buena fe por parte del Gobierno y respetando los acuerdos alcanzados.

Por todo lo anterior, pedimos a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su informe:

  1. Demandar la inmediata liberación de todas las personas que aún están en prisión por hechos vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 y de aquellos que están siendo imputados por la supuesta comisión de delitos comunes como represalia por su participación en las mismas. En cuanto a las personas que han sido excarceladas, demandar la plena restauración de sus derechos y libertades, así como el cierre de sus procesos penales, la cancelación de los antecedentes y la devolución de sus bienes ocupados.
  2. Urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y persecución a los y las jóvenes, a personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, mujeres, periodistas, personas LGBTIQ y a personas excarceladas quienes continúan siendo asediadas, perseguidas, y amenazadas de ser detenidas y judicializadas. Asimismo, exigir el irrestricto respeto del derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de protección integral del Estado.
  3. Exigir al Estado de Nicaragua el desarme y desmantelamiento de los grupos armados paraestatales que continúan amenazando y atentando contra la población.
  4. Hacer uso de todos los mecanismos existentes del Sistema Universal de Derechos Humanos a fin de lograr una política de atención especializada y urgente que garantice los derechos humanos de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y otros países.
  5. Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.
  6. Instar al Estado de Nicaragua a que entregue los bienes, equipos y licencias de funcionamiento a 100% Noticias, Confidencial y Esta Noche, permitiéndoles desarrollar su labor a estos y otros medios y radios independientes, sin obstáculos ni represalias de ningún tipo.
  7. Haga uso de sus buenos oficios para asegurar el retorno a Nicaragua sin restricciones de los mecanismos de derechos humanos: CIDH y OACNUDH. En este sentido se valora como muy positivo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), incluida su propuesta de crear una Fiscalía Especial y de adoptar un plan integral de reparaciones.
  8. Solicitar al Estado de Nicaragua que deje sin efecto la Ley de Amnistía, por ser contraria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que realice reformas profundas al Sistema Judicial del país; y que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
  9. Demandar al Estado de Nicaragua la protección inmediata a los pueblos indígenas y afrodescendientes que están siendo acosados y asesinados en distintas regiones del país; puesto que urge que el Estado los proteja de la agresión de los colonos que los asesinan, roban y destruyen sus tierras.

Mientras que a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas pedimos:

  1. Instar al Estado de Nicaragua a la reanudación de un diálogo inclusivo que permita el cese de la represión y acordar los términos y condiciones para la concreción de una transición democrática.
  2. Instar al Estado de Nicaragua a retomar el proceso de reforma profunda del Sistema Electoral y la legislación de la materia, que contribuya a garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y anticipadas respecto de noviembre de 2021.
  3. Respaldar firmemente la demanda del pueblo nicaragüense de acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
  4. Alentar al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones resultantes del Examen Periódico Universal y a implementar de inmediato todas aquellas consideradas urgentes, entre ellas, proceder a desarmar a las fuerzas paramilitares.

Finalmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a:

  1. Renovar el mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que la Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de derechos humanos en dicho país.

Suscriben: 

ORGANIZACIONES NICARAGÜENSES 

  • – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
  • – Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.
  • – Unión de Presos y Presas políticos de Nicaragua, UPPN.
  • – Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCH.
  • – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN.
  • -Canal 100% Noticias
  • – Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
  • – Articulación de Movimientos Sociales.
  • – Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.
  • – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
  • – Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
  • – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, IN-Defensoras.
  • – Fundación Puntos de Encuentro.
  • – Red de Mujeres de Matagalpa.
  • – Red de Mujeres Contra la Violencia.
  • – Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
  • – Feministas Madrid por Nicaragua.
  • – Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
  • – Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas.
  • – Articulación Feminista de Nicaragua.
  • – Movimiento Feminista de Nicaragua.
  • – Programa Feminista La Corriente.
  • – Mujeral en Acción.
  • – Grupo Lésbico Feminista Artemisa.
  • – Fundación Coordinadora de ONG’s que trabajan por los derechos de la Niñez, CODENI.
  • – SOS Nicaragua UK.
  • – Morada Feminista Nicaragua UK.
  • – SOS Nicaragua- Sverige.
  • – Resistencia Civil Nicaraguense.
  • – Proyecto Lechuza.
  • – Popol Na.
  • – Movimiento por Nicaragua.
  • – Anides.
  • – Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto – Punto focal Nicaragua.

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

  • – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
  • – Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras.
  • – Fundación Para el Debido Proceso, DPLF.
  • – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala, UDEFEGUA.
  • – Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe.
  • – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, REDLAD.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

  • – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad.
  • – Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR.
  • – Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH.
  • – Just Associates, JASS.
  • – Freedom House.
  • – CIVICUS
  • – Asociación France-Nicaragua.

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