Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QAdn97gLQaiuT7sPQ0-UPg

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses exponen los desafíos a los que se enfrentan

Washington D.C., 4 de mayo de 2020. En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), conversó con cuatro periodistas y directores de medios nicaragüenses sobre el estado del periodismo independiente en el país que recientemente cumplió dos años sumergido en una grave crisis de derechos humanos.

Los periodistas coincidieron en que la prensa independiente continúa resistiendo los ataques de las autoridades, los que han incluido el asesinato del periodista Ángel Gahona, la destrucción u ocupación de medios de comunicación, agresiones físicas, amenazas, intimidación, exilio forzado, censura, robo de equipos y el encarcelamiento de periodistas.

“La labor de informar, investigar y comunicar, está bajo asedio y acoso gubernamental”, asegura Patricia Orozco, directora del programa radial Onda Local. Las oficinas desde donde se producía el programa fueron allanadas en diciembre de 2018, cuando el legislativo nicaragüense canceló la personalidad jurídica a una organización socia, pero pese a las circunstancias difíciles los periodistas siguen informando.

“Periodistas y comunicadores realizamos nuestra labor, bajo altos niveles de presión, riesgos y amenazas. Gran parte de los medios y comunicadores sociales trabajan desde el exilio; y los medios que aún continúan operando desde Nicaragua, que es el caso de Onda Local, lo hacen sometidos a amenazas y serias limitaciones financieras”, explica Orozco.

Por otro lado, los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, que fueron allanados arbitrariamente hace año y medio, continúan ocupados por la Policía. Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, quien estuvo encarcelada durante seis meses por ejercer su oficio periodístico, señala que el hecho de que haya “policías en salas de redacción, donde tienen que haber periodistas, es la prueba que la libertad de prensa está bajo ataque”.

Para Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, “en Nicaragua hoy se hace periodismo bajo el riesgo de la agresión física, el asalto, y el asedio de policías y paramilitares, en condiciones de censura”. Sin embargo, explica que durante estos dos años de crisis, “la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con el apego a la verdad a cualquier costo”.

 Aníbal Toruño, director de Radio Darío, una emisora que fue atacada y quemada por grupos paraestatales afines al Gobierno en abril de 2018, señala que hasta la fecha continúan trabajando bajo limitaciones. “Los asedios no han cambiado, la dictadura se reinventa y ahora usa el mismo deseo del periodista en la búsqueda de la información para acusarlo o para inventarle o para hacer presión sobre los medios independientes y acusar(les) de desestabilización al gobierno”.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que defiende en Nicaragua la libertad de expresión y el acceso a la información pública, ha documentado en los últimos dos años más de 2 mil ataques a la libertad de prensa.

En el contexto de la COVID-19

La COVID-19 ha supuesto otro gran desafío para la prensa independiente, pues el acceso a la información veraz y transparente no ha sido posible ni para los periodistas ni para la población en general.

“En tiempos de la pandemia del coronavirus, el control sobre la información pública ha sido aún más centralizado”, detalla Carlos Fernando Chamorro, añadiendo que en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud está “vetado” el acceso a los medios independientes y la prensa internacional, por lo que “únicamente pueden asistir los medios oficiales y los pertenecientes al consorcio privado de la familia presidencial”.

Patricia Orozco añade que la desinformación “ha generado que muchas ciudadanas y ciudadanos informen (ellos mismos) de lo que ocurre en sus localidades, lo cual en muchas ocasiones es retomado por algunos medios independientes”.

Para Lucía Pineda, desde el Ejecutivo se “minimiza la pandemia, su impacto, repercusiones, y tratan de descalificar el trabajo de los periodistas (…) las alertas, las advertencias, que hacen profesionales de la salud entrevistados por periodistas independientes, el régimen las toma como “golpe de Estado” o como “noticias falsas”.

En la misma línea, Aníbal Toruño resalta que los periodistas continúan “en una lucha diaria de poder brindar a la nación una información veraz, con fuentes, creíble y en la batalla de poder compensar la enorme guerra en redes sociales porque generan noticias que distorsionan lo que está pasando en el país”.

Perspectivas a futuro

Para los periodistas entrevistados por Raza e Igualdad, a pesar de los ataques a la prensa, el compromiso es seguir informando y hacerlo con los más altos estándares. La mayoría de medios independientes transmiten a través de redes sociales, como Confidencial y 100% Noticias, que ante la toma de sus instalaciones, divulgan sus contenidos en Youtube y Facebook para desafiar la censura televisiva. Mientras, las radios y programas radiales luchan día a día para poder continuar produciendo contenido de calidad que pueda a su vez ser retransmitido en otras comunidades del país.

Aníbal Toruño, quien actualmente está viviendo la cuarentena en las oficinas de Radio Darío en conjunto con su equipo, asegura que seguirán “construyendo verdad, periodismo, (aunque sea) sumamente difícil en las condiciones que nosotros vivimos”.

Como comparte Lucía Pineda: “Mi compromiso sigue firme, informar para que la gente tome sus decisiones de cuido en medio de esta pandemia. Informar porque callar sería estar derrotada en la lucha de defensa de la libertad de prensa. La mejor lucha por la libertad de prensa es seguir informando”.

Pronunciamiento 

Raza e Igualdad exhorta al Estado de Nicaragua a crear un entorno habilitante para la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua que incluya la restitución de los bienes propiedad de Confidencial y 100% Noticias, garantías de seguridad para el ejercicio del periodismo independiente y las condiciones necesarias para que el periodismo independiente transmita en televisión abierta programas y opiniones que constituyen legítimas expresiones de disidencia que son fundamentales para la vida en democracia.

Foto de portada: Radialistas

Organizaciones denuncian aumento de la represión en Nicaragua en el aniversario de las protestas que iniciaron en abril de 2018

Las Américas y Europa, 18 de abril de 2020 – A dos años de las protestas cívicas iniciadas el 18 de abril de 2018, organizaciones sociales nicaragüenses dan cuenta de un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno y grupos afines como estrategia para inhibir la conmemoración del segundo aniversario del inicio de las masivas manifestaciones.

Las personas excarceladas, familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones sociales y de derechos humanos y activistas en general denuncian un incremento en las acciones estatales de hostigamiento y amedrentamiento, incluyendo asedio a sus viviendas y comercios, amenazas, acoso, allanamientos irregulares y detenciones ilegales por parte de la policía. Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha recibido denuncias de citaciones policiales donde se obliga a las personas a firmar un documento en el que se comprometen a abstenerse de criticar al Gobierno y de participar en actos conmemorativos del aniversario de las protestas sociales.

De acuerdo con información recopilada por las organizaciones nacionales, entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 19 se reportaron 65 incidentes, que incluyen agresiones físicas, amenazas, asedio y ataques a viviendas así como detenciones ilegales de personas. Dentro de estos, 32 fueron agresiones dirigidas a activistas mujeres y sus familias, incluyendo insultos y amenazas de tipo sexual.

Uno de los hechos más preocupantes es la agresión física sufrida por Luis Potosme, padre del periodista independiente exiliado Winston Potosme, el pasado 17 de abril. El periodista denunció en redes sociales que grupos afines al gobierno entraron a la vivienda del señor Potosme en plena madrugada, lo agredieron físicamente hasta dejarlo en estado delicado de salud y utilizaron su teléfono celular para enviarle mensajes de texto amenazadores a su hijo exiliado.

Para las organizaciones firmantes, esta escalada de agresiones es parte de la estrategia reiterativa del gobierno para desarticular la protesta ante acontecimientos relevantes para la crítica social en Nicaragua. Vale recordar que en la víspera de la movilización convocada por personas críticas al gobierno en febrero pasado, la policía nicaragüense acorraló a figuras opositoras en sus domicilios para impedir la protesta pública.

Estas estrategias refuerzan un escenario de continua represión estatal prevaleciente en Nicaragua desde abril de 2018. A la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica por lo menos 328 personas asesinadas como consecuencia de la represión estatal, más de 2000 heridas y al menos 100 mil desplazadas forzosamente por violencia política.

Adicionalmente, la personería jurídica y bienes confiscados de las organizaciones civiles y de derechos humanos canceladas en diciembre de 2018 siguen sin restablecerse; y continúa la clausura y toma de instalaciones de algunos medios independientes. Al menos 70 personas siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en medio de una crisis sanitaria que les deja en particular vulnerabilidad, tal como lo ha reconocido la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH) y la CIDH.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado enfático a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a la comunidad internacional en general a mantener un monitoreo atento a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Particularmente, a los acontecimientos de represión tanto suscitados como previsibles en el marco del segundo aniversario de las protestas cívicas de abril de 2018.

Reiteramos nuestro compromiso con la lucha legítima del pueblo nicaragüense por el restablecimiento pleno de sus derechos, con la búsqueda de libertad de las personas detenidas por motivos políticos y excarceladas, así como con todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Organizaciones firmantes
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Organización Mundial contra la Tortura – Front Line Defenders – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos – Fundación Acceso – Amnistía Internacional – Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality) – Unidad de Defensa Jurídica – Colectivo Nicaragua Nunca Más – Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IMD) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Asociadas por lo Justo (JASS).

Dos años de crisis en Nicaragua: impunidad y persistencia de las violaciones de derechos humanos en un país ahora enfrentando el COVID-19

Washington D.C., 17 de abril de 2020. Este mes de abril se marcan dos años de crisis de derechos humanos en Nicaragua, un parteaguas en la historia reciente del país centroamericano, en donde todavía persisten graves violaciones de derechos humanos con consecuencias para la vida, la integridad física y la libertad individual de los nicaragüenses, especialmente para aquellos que defienden derechos humanos y quienes expresan sus opiniones políticas o ejercen el periodismo independiente, y una oposición, que enfrenta restricciones indebidas impuestas por el régimen, para ejercer sus derechos políticos.

Después de 24 meses de aquel 18 de abril que inició una rebelión pacífica, y ante la inexistencia de respuestas por parte del Estado, aún se mantienen en pie las tres demandas básicas de la ciudadanía: libertad para los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición; y democracia para el país.

Hasta la fecha, en Nicaragua continúa la represión selectiva y persiste la impunidad para los responsables de las violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que podían constituir crímenes de lesa humanidad. En las prisiones del país aún están encarcelados unos 61 ciudadanos por motivos políticos y las capturas continúan ocurriendo, siendo las más recientes a excarcelados y universitarios organizados.

En el Caribe, más de 800 indígenas han sido desplazados forzosamente de sus comunidades, lo que representa la ocupación por colonos de al menos 23,243 hectáreas de cultivo, según el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

La libertad de prensa también sigue siendo restringida. Desde 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha reportado más de 2 mil violaciones a la libertad de prensa, pero los periodistas continúan informando a pesar de las restricciones oficiales. Los medios Confidencial y 100% Noticias siguen confiscados por la Policía y sin poder transmitir en televisión abierta. Sin embargo, en este periodo han surgido 21 nuevas plataformas digitales y la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Para las mujeres los riesgos de ser víctimas de violencia siguen latentes: en 2019 se registraron 63 femicidios y 18 se han documentado en lo que va de 2020. Las defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de agresiones y las mujeres excarceladas son perseguidas y amenazadas por grupos paraestatales, como en el caso de Tania Muñoz, de Masaya, y Nelly Roque, de Matagalpa.

Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU
Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU
Fórum Permanente dos Afrodescendentes da ONU

En el contexto de la pandemia del COVID-19, el panorama no es alentador para Nicaragua. A un mes de anunciado el primer caso de la enfermedad del coronavirus, el Gobierno no ha tomado medidas urgentes para combatir su propagación incluidas las medidas básicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mostrando serias deficiencias para proteger el derecho a la salud y la vida de la ciudadanía.

La actuación estatal en materia de salud expuesta en 2018, cuando se bloqueó el acceso a centros médicos y hospitales a ciudadanos opositores, genera serios temores para la ciudadanía en cuanto a la respuesta que dará el sistema de salud pública.

Hasta este 17 de abril, en Nicaragua se han confirmado 9 casos de coronavirus y 1 muerte, una cifra que genera desconfianza entre los expertos, porque además de ser la más baja de Centroamérica, las autoridades no informan la cantidad de pruebas que se realizan a diario ni se brinda información transparente sobre los contagios y personas en vigilancia. Preocupa además que el Gobierno no haya adoptado un plan específico para la Costa Caribe, en donde los servicios de salud son de difícil acceso y la mayoría de las comunidades carecen de agua potable.

Raza e Igualdad ha acompañado al pueblo nicaragüense y a organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua durante estos dos años, facilitando los espacios de comunicación entre estos y el Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos. Una de las demandas más recurrentes en estos espacios es que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que el Estado está en la obligación de facilitarles.

Seguimos comprometidos con hacer eco de sus demandas y llamamos a la comunidad internacional a continuar prestando la atención debida a la situación de los nicaragüenses.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that «in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.


[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.


[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

Alta Comisionada Michelle Bachelet actualiza el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua

Ginebra, 27 de febrero. En el marco del 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet actualizó a los Estados miembros sobre la situación en Nicaragua, en grave crisis desde abril de 2018, asegurando que la represión continúa desde diversos frentes.

“Desde la presentación de mi último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”, inició la Alta Comisionada.

Dentro de los aspectos mencionados en la actualización, destacaron la falta de garantías de condiciones básicas para el retorno seguro de más de 98 mil nicaragüenses que han salido del país; la continuación de amenazas e intimidaciones contra organizaciones de víctimas y sus abogados; las violaciones al derecho a la protesta pacífica, a la libertad de opinión y de expresión, así como las amenazas y agresiones físicas en contra de periodistas; las continuas detenciones arbitrarias y la existencia de 61 presos políticos; y los recientes homicidios en comunidades rurales del Norte comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua.

La Alta Comisionada también lamentó que nueve organizaciones de la sociedad civil siguen sin personería jurídica desde que el Gobierno las cancelara en diciembre de 2018.

En su informe oral, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas, a que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos condiciones seguras y adecuadas para realizar libremente su labor, a que adopte todas las medidas aun necesarias para garantizar el ejercicio pleno del trabajo periodístico.

Finalmente, la Alta Comisionada exhortó al Gobierno a implementar urgentemente las recomendaciones formuladas por su Oficina y otros mecanismos internacionales y regionales. En particular, reiteró la recomendación que permita el acceso de la OACNUDH a Nicaragua.

Con esta actualización concluye el mandato de la Alta Comisionada para Nicaragua, que le había otorgado el Consejo de Derechos Humanos bajo la resolución (A/HRC/40/L.8) “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el 21 de marzo de 2019 para un periodo de un año.

La delegación nicaragüense que viajó a Ginebra para participar en el 43 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mantenido reuniones con varias misiones diplomáticas, instando a la adopción de una nueva resolución sobre Nicaragua para renovar el mandato de la Alta Comisionada.

Esta delegación está compuesta por estudiantes, ex presos políticos, defensores de derechos humanos y miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Asociación de Madres de Abril (AMA) y la Articulación de los Movimientos Sociales (AMS).

Esta mañana en Ginebra, los nicaragüenses Vilma Núñez, Dilon Zeledón Ramos y Lizeth Dávila mantuvieron una conversación sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua con el Primer Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Joel Hernández y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de la Asamblea y Asociación Pacífica Clément Voulé. El evento fue organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y Civicus, y copatrocinado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Iniciativa de Defensores Mesoamericanos (IM-Defensoras).

El relator Clément Voulé dijo que tenía “fuertes razones para creer que las restricciones alarmantes al derecho de reunión pacífica continúan a través de la represión violenta de la protesta pacífica y una serie de medidas que impiden que las reuniones pacíficas tengan lugar”. También reiteró al Estado nicaragüense su disposición a visitar el país y de “brindar apoyo técnico para que el país se adhiera al estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos”.

El vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, lamentó que se intensifique un círculo vicioso de violaciones de derechos humanos debido a la falta de independencia judicial. “Las medidas de reparación, justicia y no repetición deben darse de inmediato para comenzar a salir de esta crisis, de lo contrario continuaremos inmersos en este círculo vicioso”, afirmó.

Los participantes también pidieron misiones permanentes en Ginebra y organizaciones de la sociedad civil para mantener el tema de Nicaragua en la agenda del Consejo de Derechos Humanos.

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