#ONUporNicaragua: Por la renovación del mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para Nicaragua

#ONUporNicaragua: Por la renovación del mandato de la Alta Comisionada Michelle Bachelet para Nicaragua

El instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), inició la campaña #ONUporNicaragua para solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve la resolución (A/HRC/40/L.8) “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el 21 de marzo de 2019 para un periodo de un año. Dicha resolución expresaba preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018, por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua, e instaba al Gobierno a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, a regresar al diálogo nacional y a reanudar la cooperación con los organismos internacionales, incluidas la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Pero el punto medular de la resolución es que le daba el mandato a Michelle Bachelet, de elaborar informes periódicos sobre la situación en Nicaragua para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos. Así, en julio de 2019 se presentó un informe oral hecho por la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, y en septiembre de 2019 se presentó un minucioso informe escrito sobre el avance de la situación y unas recomendaciones de Michelle Bachelet al Estado de Nicaragua. Una nueva actualización oral se realizará este 27 de febrero durante el 43 periodo de sesiones del Consejo.

Para Raza e Igualdad, la renovación de esta resolución es muy relevante ya que la misma permitirá que las violaciones de derechos humanos, que continúan ocurriendo en Nicaragua, puedan seguir siendo conocidas y discutidas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto, a su vez, permitirá que este órgano internacional continúe abogando por soluciones y haciendo eco de las demandas del pueblo nicaragüense: verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión.

Compartimos aquí la importancia de la renovación del mandato de la ACNUDH, en las voces de distintas personalidades nicaragüenses:

 

Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a garantizar justicia ante el asesinato de miembros del pueblo Mayagna

Washington, D.C. 30 de enero de 2020. La invasión de territorios indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua continúa generando violencia con consecuencias letales para la vida, integridad fisica y derechos humanos de los pueblos indígenas. Raza e Igualdad conoció que la noche del 29 de enero un grupo de colonos fuertemente armados invadió la comunidad mayagna de Alal, ubicada dentro de la Zona Núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawas, en el Caribe Norte, con el objetivo de despojar a los indígenas de sus territorios.

Durante la invasión, los colonos quemaron las viviendas de la comunidad mayagna, asesinaron a seis indígenas y secuestraron a otros diez comunitarios, de los cuales han sido identificados seis: Tránsito Meza, Víctor Díaz, Juan Emilio Devis, Carlos Martín, Miguel Dixon y Efraín Miguel.

Hasta el momento, la Policía de Nicaragua informó que se encuentra investigando los hechos, aunque solo reportaron el fallecimiento de dos hombres a consecuencia de impactos de bala.

La zona está protegida desde 2003 por la Ley 445, Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas y Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua, pero desde hace años los pueblos indígenas han denunciado que no hay garantías estatales para que usen y gocen efectivamente de sus territorios frente a la ocupación de colonos o terceros. El objetivo de los colonos es fundamentalmente la extracción de bienes naturales con fines de comercialización.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) documentó entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco de dichas invasiones, mismas que han obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

Raza e Igualdad expresa su más enérgica condena ante este hecho de violencia que ha dejado luto y dolor en el pueblo Mayagna y urgimos al Estado de Nicaragua a cumplir con las medidas de protección que por ley deben garantizar a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Exigimos que las autoridades realicen una investigación exhaustiva sobre los hechos acaecidos en la comunidad mayagna de Alal, y se castigue debidamente a los responsables para evitar que este tipo de acciones queden en la impunidad y se repitan.

Llamamos nuevamente al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente, a garantizar el respeto a la propiedad colectiva y las condiciones de seguridad para proteger sus vidas e integridad personal ante la violencia a la que continúan expuestos.

91 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, asedio continúa

Washington D.C., 9 de enero de 2020. El Gobierno de Nicaragua excarceló el pasado 30 de diciembre a 91 presos y presas políticas que se encontraban detenidos en diversos centros penitenciarios del país desde hacía dos y hasta dieciocho meses, entre ellos dieciséis activistas que fueron apresados por repartir agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre.   

Las excarcelaciones se dan en un contexto de amplia presión nacional e internacional por la liberación de los presos políticos. Las autoridades reconocieron el acompañamiento en el proceso del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag.

El pasado 30 de diciembre, los presos políticos fueron trasladados a sus viviendas bajo el régimen de convivencia familiar, según informó el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Esto significa que aún tienen abiertos los procesos judiciales, y que tienen ciertas restricciones de movilización.

La banda de las y los aguadores, como es conocida la agrupación de 16 activistas excarcelados, denunciaron este miércoles que todo su proceso judicial se dio “de forma totalmente irregular, y condicionado con una serie de restricciones, que nos dejan muy en claro que seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados”. Su juicio está programado para el 30 de enero.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre los 91 excarcelados, se encuentran 41 que ya habían sido condenados, 39 que están siendo procesados, y 4 que estaban detenidos pero sin tener un proceso judicial abierto.

Represión continúa

Varios excarcelados además han reportado que desde su salida de prisión han sido víctimas de amenazas, asedio y hostigamientos por parte de grupos afines al Gobierno y la misma Policía Nacional.

La joven belga-nicaragüense Amaya Coppens, ha sido blanco de diversas agresiones. El 1 y 2 de enero, un grupo de hombres a bordo de motocicletas, lanzaron aceite negro en las paredes de su casa y piedras a los ventanales de la vivienda ubicada en la ciudad de Estelí. El lugar, además, es continuamente vigilado por patrullas policiales.

“Las agresiones, el asedio, continúan en el día a día, es difícil saber que mi familia sigue siendo víctima también, pero intentamos mantenernos protegidos hasta donde podemos”, dijo Coppens este miércoles, tras una conferencia de prensa.  

El CENIDH solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluar la permanencia del riesgo de que se produzca un daño irreparable en los derechos a la vida y la integridad física de la familia Coppens Zamora, y que urja al Estado de Nicaragua a cesar las “agresiones y hostigamientos de sus grupos parapoliciales y funcionarios en contra de todos los miembros” de dicha familia.

Amaya, al igual que los otros 15 jóvenes detenidos por llevar agua a madres de presos políticos, recibieron a finales de diciembre medidas cautelares de la CIDH por considerar que su vida e integridad física se encontraban en riesgo dentro de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.

Otros excarcelados, entre ellos Roberto Buchting, también han reportado constantes hostigamientos, los que incluyen vigilancia continua de sus viviendas por parte de paramilitares, amenazas a través de redes sociales e incluso invasión de la propiedad con intenciones intimidatorias.

Todavía en prisión

Según el CENIDH, después de un amplio cotejo de las listas de personas excarceladas, se confirmó que aún falta por liberar a 65 prisioneros políticos. 

“Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca, a pesar (de) que el 30 de diciembre fuimos excarceladas 91 personas, aún quedan más de 65 presas y presos políticos, incluidas Katherine Martínez y Mayela Cruz, activista trans”, aseguraron los 16 activistas.

Raza e Igualdad exige la liberación inmediata de todas las personas presas políticas en Nicaragua, y el cierre de los procesos judiciales, así como la cancelación de sus antecedentes penales. Llamamos a las autoridades a cesar la represión, hostigamiento y persecución en contra de quienes estuvieron apresados arbitrariamente. Es primordial que su retorno a casa esté libre de cualquier amenaza o asedio contra ellos o sus familiares.

Pronunciamiento de la sociedad civil con ocasión de la actualización oral sobre la situación en Nicaragua que realizará ACNUDH

11 de diciembre de 2019. Organizaciones de la sociedad civil queremos expresar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nuestra alarma por el escalamiento de la represión en Nicaragua y la renuencia del Estado de Nicaragua a dar respuesta a los llamados contenidos en la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.  

En este sentido y a casi un año de la adopción de la mencionada resolución, las organizaciones que suscribimos el presente, queremos dar cuenta de que las preocupaciones, solicitudes y llamados contenidos en dicha resolución siguen hoy vigentes:

1. Las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018

Continúan lasagresiones, amenazas y represalias hacia defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas y afrodescendientes, personas LGBTI, excarcelados, familiares de víctimas de la represión, niños, niñas y adolescentes, miembros de la Iglesia católica y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir. Se siguen registrando allanamientos ilegales y tratos degradantes por parte de la Policía, como el reciente caso de la familia Reyes Alonso. También la violencia policial con efectos letales persiste, sobre todo en el campo, donde organizaciones contabilizan que unos 30 líderes campesinos asesinados entre abril de 2018 y septiembre de 2019, en hechos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

2. Restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua

 No se ha restablecido la personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales que desde diciembre de 2018 fueron cerradas con la intención de poner fin a décadas de trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia. Sus bienes están bajo ocupación de la Policía. Los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, continúan sin poder transmitir en televisión abierta y sus oficinas y equipos de trabajo fueron ocupados ilegalmente desde hace casi un año.

3. Respeto a los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión

No se ha dejado sin efecto la restricción policial de respetar el derecho a la manifestación. El Gobierno tampoco ha atendido el llamado de la comunidad internacional a poner en libertad a las personas detenidas arbitraria o ilegalmente. Si bien es cierto que más de 400 personas fueron excarceladas entre febrero y mayo de este año, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia registra que al mes de noviembre al menos 159 personas continúan presas, entre ellos dos adolescentes. Entre estos presos políticos se incluyen 16 defensores detenidos en noviembre por llevar agua a un grupo de madres en huelga de hambre. Estas personas son criminalizadas por su oposición al gobierno y por su trabajo de denuncia y protección de los derechos humanos.

4. Cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

El 30 de agosto de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua rescindió la invitación al ACNUDH y en diciembre de 2018 decidió expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH. Desde esa esa fecha no han podido ingresar de nuevo al país, a pesar de múltiples solicitudes.

5. La reanudación del diálogo nacional

El Gobierno sigue sin aceptar su retorno a la mesa de diálogo ni la disposición de las organizaciones de la sociedad civil de dar cumplimiento a la hoja de ruta que se había aprobado en el diálogo anterior iniciado en febrero de 2019. Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 985 en enero de este año, que tiene por objeto “establecer el marco jurídico general que garantiza una Cultura de Diálogo”, esta ley no contempla las múltiples violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018, ni considera como sujetos de diálogo a los miembros de la oposición o defensores de derechos humanos.

6. Un proceso de rendición de cuentas exhaustivo y transparente a fin de asegurar que las víctimas de violaciones y abusos de los derechos humanos en Nicaragua puedan acceder a la justicia y a la reparación

El Gobierno de Nicaragua continúa negando las denuncias de violaciones de derechos humanos y pretende perpetuar la impunidad mediante instrumentos jurídicos como: la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019, la cual no cumple con los estándares de derechos humanos respecto a la rendición de cuentas y no han contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de adopción; o la Ley de Atención Integral a Víctimas aprobada en mayo pasado, la cual no recoge el derecho de las víctimas para interponer recursos ante las autoridades judiciales, y continúa señalando a las personas opositoras al gobierno como autores de un golpe de estado fallido y no como víctimas de la represión. Tampoco se ha rendido cuentas sobre los 328 asesinatos documentados por la CIDH, ni se ha procesado judicialmente a los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes.

7. Informe exhaustivo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

Las organizaciones que suscribimos el presente, alertamos respecto al riesgo de mayor violencia, por un lado, teniendo en cuenta que las causas que motivaron las protestas de abril no han sido atendidas por parte del Estado; y por otro, previendo las tensiones una vez se vayan acercando las elecciones de noviembre de 2021 y cobren mayor fuerza los esfuerzos del gobierno de Nicaragua por reelegirse sin las indispensables garantías democráticas. Al día de hoy, en Nicaragua, no existen indicios de que las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares.

Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento pedimos a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta el contexto antes expuesto para su próxima actualización oral a realizarse en marzo de 2020. Además, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las misiones diplomáticas ante las Naciones Unidas que se renueve la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que OACNUDH continúe monitoreando y documentando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua.

Suscriben:

  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
  • Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
  • CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
  • Concertación Interamericana de Mujeres en Acción
  • Arrupe Human Rights Observatory (USF)
  • Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
  • Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
  • Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS – Costa Rica)
  • Iniciativa Nicaragüenses de Defensoras (IN-Defensoras)
  • Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
  • Asociación Madres de Abril (AMA)
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +
  • Fundación Puntos de Encuentro
  • Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)
  • Academia Nicaragüense de las Ciencias Jurídicas y Políticas
  • Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN)
  • Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO)
  • Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)
  • Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS)
  • Asociación Hagamos Democracia (Hademos)
  • Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
  • Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
  • Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
  • Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES)
  • Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
  • Movimiento por Nicaragua (MpN)
  • Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)
  • Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV)
  • Red de Mujeres de Matagalpa
  • Colectivo de Mujeres de Matagalpa
  • Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo
  • Movimiento de jóvenes feministas Las Malcriadas
  • Grupo Lésbico Feminista Artemisa
  • Mesa Nacional LGBTIQ Nicaragua
  • Fundación POPOL NA
  • Fundación del Río
  • Radio Darío
  • 100% Noticias
  • Radio La Costeñísima
  • Confidencial
  • Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
  • Movimiento Nicaragüense de Profesionales del Turismo
  • Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)
  • Centro de la Mujer ACCIÓN YA
  • Acción en Red
  • Asociación Agentes de Cambio
  • Cotidiano Mujer
  • Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”
  • DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Perú
  • Colectivo por la Igualdad de Género Piura
  • Feministas por la Democracia
  • Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
  • Activismo Digital Nicaragüense (ADNIC)
  • Acción Universitaria
  • Unidos por Nicaragua
  • Movimiento Costeño Autoconvocado
  • Movimiento Universitario Costeño 19 de Abril
  • Comité Cívico Universitario
  • Movimiento 19 de Abril de Rivas
  • Morada Feminista Nicaragua UK
  • Unidad por los Exiliados Nicaragüenses en Panamá
  • Feministas Autoconvocadas de Barcelona
  • SOS Nicaragua Madrid
  • Feministas Madrid por Nicaragua
  • GENERA
  • Movimientos Sociales de Nueva Segovia
  • Movimiento 19 de abril Matagalpa
  • SOS Nicaragua France

Día de los Derechos Humanos: seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en América Latina

Washington, D.C. 10 de diciembre de 2019. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hoy se une a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Setenta y un años después de aprobado ese documento que marcó un hito en el reconocimiento de los derechos inherentes a cada ser humano, estableciendo que debían respetarse sin distinción de la raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas, origen, ni ninguna otra condición, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad – continúa abogando por el cumplimiento y la defensa de dicha Declaración.

Durante este día, recordamos que la situación de derechos humanos en América Latina es crítica y por lo tanto se necesita un urgente accionar de los Estados para velar y garantizar efectivamente los derechos de sus ciudadanos, especialmente de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas.

En Cuba, nos preocupa la situación de los prisioneros políticos y del hostigamiento y represión en contra de activistas y periodistas independientes. El caso del preso político José Daniel Ferrer García, coordinador general y fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), es alarmante, pues han pasado tres meses desde su detención, no ha tenido un proceso judicial y sufre malos tratos en los calabozos de la prisión en que se encuentra detenido. Su situación es especialmente preocupante porque podría correr la misma suerte de varias otras activistas independientes que han sido condenadas por delitos comunes después de expresar su opiniones. Por ejemplo, la Dama de Blanco Martha Sánchez está en prisión actualmente bajo una condena de 4 años y medio. De la misma manera, es alarmante la situación de activistas y periodistas independientes que sufren de restricciones de viajes sin razón legal alguna, lo que viola el derecho a la libre circulación de todo ciudadano cubano. En relación con esta situación, apoyamos la propuesta de una demostración pacífica y simbólica a favor de los derechos de libre circulación que se llevará a cabo este martes en la terminal del Aeropuerto Internacional José Martí. Recordamos que toda demostración o expresión pacifica de un individuo constituye un derecho inalienable bajo las leyes internacionales.

En Nicaragua, la grave crisis política y de derechos humanos que el país atraviesa desde hace casi 20 meses no parece mejorar, pues las autoridades se rehúsan a respetar las voces disidentes y continúan violando los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo el derecho a la manifestación, a la libre movilización y a la libertad de expresión y de prensa. Hasta la fecha, se contabilizan alrededor de 150 presos y presas políticas, quienes atraviesan juicios viciados y carentes de garantías constitucionales. Tampoco se ha permitido el retorno al país de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que las organizaciones locales se enfrentan a la persecución y el asedio permanente por parte de policías y grupos afines al Gobierno.

En Colombia, las múltiples violencias que se viven tras la firma del Acuerdo de Paz no permiten pensar en la superación real de las desigualdades, marginación, terror y violencia que aún se vive en los territorios colombianos. El asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales es uno de los fenómenos que hoy por hoy más laceran la integridad de quienes defienden los derechos humanos. Según cifras oficiales, entre enero del 2016 y agosto de 2018 se reportaron aproximadamente 343 asesinatos de líderes sociales, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 400, de los cuales alrededor del 40% fueron asesinatos contra líderes afrodescendientes e indígenas. A esto se le suma el “genocidio estadístico” que representan los últimos resultados de la encuesta poblacional: las cifras oficiales reportaron 2,9 millones de personas que se auto-reconocían como afrodescendientes en el Censo de 2018, al menos un millón menos de las reportadas en el Censo de 2005.  En este mes, después de dos semanas de paros nacionales y movilizaciones sociales del pueblo colombiano que demanda al Estado respuestas inmediatas y urgentes frente a las graves violaciones a los derechos fundamentales, el incumplimiento en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, y los compromisos asumidos en materia de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición representantes de las organizaciones de sociedad civil siguen apostando a la construcción de la paz por una vía pacífica que posibilite el encuentro en la diferencia.

Parte del equipo de Raza e Igualdad con defensores de derechos humanos de América Latina.

Durante el año de 2019, la persistencia de la violencia y discriminación contra la población afro-LGBTI ha sido una problemática que ha venido siendo estudiada de manera más cercana por los Sistemas Internacionales de protección de Derechos Humanos. Durante este año se celebró la Audiencia sobre la situación de la población Afro-LGBTI de las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con presencia de representantes de Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú; por su parte, el Experto Independiente sobre OSIG de la ONU, Victor Madrigal,  se reunió en Colombia con organizaciones afro LGBTI en Cartagena y la Comisionada Margarette Macaulay visitó activistas Afro-LGBTI de la Favela de Maré en Río de Janeiro en Brasil.

Todas estas actividades se enmarcan en un año en el que ha persistido la violencia contra las personas Afro-LGBTI.  Brasil sigue siendo el país con mayor cantidad de asesinatos contra las personas trans del mundo. Según los datos actuales de la Asociación Nacional de Personas Trans en Brasil ANTRA, al menos 106 personas transgénero fueron asesinadas en Brasil hasta noviembre de 2019, muchas de estas víctimas son mujeres trans afrodescendientes. Con otras dimensiones, la violencia contra la población Afro-LGBTI en países como Colombia y República Dominicana, persiste, con la ocurrencia de casos de homicidio. Otras expresiones de la violencia, como en el caso de Nicaragua, están fuertemente asociadas a un contexto represivo político y religioso que impacta en la vida de los y las activistas LGBTI, llegando incluso a situaciones como el exilio, para evitar detenciones arbitrarias y torturas.  

En México, Panamá y Perú, la incorporación de preguntas de auto-identificación racial y étnica en los censos de población y vivienda sigue siendo un gran desafío en la recolección de datos estadísticos reales y permanentes que reflejen las características de la población afrodescendiente e indígena de esos Estados. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en múltiples ocasiones que la falta de información estadística sobre pueblos étnicos se debe, entre otras cosas, a una falta de trabajo dialógico y participativo que procure la elaboración de preguntas de auto identificación racial en conjunto con las comunidades étnicas. Al contrario, los censos contienen preguntas que carecen de contexto, lo que conlleva a que los pueblos no las comprendan y esto se derive en datos estadísticos erróneos, incompletos o no abordados en los censos. Por tal razón, la creación de planes, programas o políticas de gobierno en beneficio de la superación de las realidades de desigualdad e injusticia social de esta población son tan complejos de materializar e implementar.

Al cumplirse cinco años de fundado el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la región, especialmente en los países en los que trabajamos: Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Dominicana, México, Panamá y Perú. Continuamos trabajando para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, por su orientación sexual o identidad de género; además de aquellos que piensan y muestran opiniones distintas. Este 10 de diciembre reafirmamos nuestros deseos de aportar a la construcción de una sociedad equitativa para todos y todas, sobre la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Trece activistas nicaragüenses enfrentan procesos judiciales orientados a criminalizar un acto de solidaridad

Washington D.C. 19 de noviembre de 2019. Un grupo de trece activistas y defensores de derechos humanos fueron acusados este lunes por el Ministerio Público de Nicaragua de tráfico ilícito de armas en perjuicio de la seguridad pública de los nicaragüenses, y presentados en audiencia preliminar ante el juez suplente Cruz Adalberto Zeledón, de la capital, cuatro días después de haber sido detenidos arbitrariamente en la ciudad de Masaya.

La detención de los trece activistas ocurrió la noche del jueves 14 de noviembre, cuando viajaban en una caravana de 4 vehículos rumbo a la Iglesia San Miguel Arcángel con el objetivo de dejar agua y medicinas a las madres de presos políticos que hasta la fecha se encuentran allí realizando una huelga de hambre reclamando que sus hijos sean liberados antes de la Navidad.

Los activistas forman parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), un conjunto de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y ciudadanía organizada que exige la salida del poder de los Ortega–Murillo por vías democráticas.

Sus nombres son: Ivannia Álvarez Martínez, Amaya Coppens Zamora, Neyma Hernández Ruiz, Jesús Tefel Amador, José Medina Cabrera, Atahualpa Quintero Morán, Wendy Avilés Juárez, Olga Valle López, Roberto Buchting Miranda, Hansel Quintero Gómez, María Hurtado Chamorro, Melvin Peralta Centeno y Derlis Hernández Flores.

Otros tres ciudadanos también fueron acusados en el mismo caso, pero sus familiares aseguraron que fueron sustraídos de sus viviendas en diversas fechas. Estos son: Jordan Lanzas Herrera, Marvin López Ñamendiz y Wilfredo Brenes Domínguez.

Detención

Una de las activistas registró en un video en vivo el momento en que fueron detenidos por varias patrullas policiales: primero, los oficiales de policía les obstaculizaron el paso, luego se acercaron a solicitar sus documentos de identificación y la circulación de los vehículos, y posteriormente, sin explicar razones, les indicaron que debían dirigirse a la estación policial en Masaya.

No obstante, la acusación presentada por la Fiscalía relata otra versión. El fiscal asegura que durante la revisión de documentos hecha por la Policía “los investigados antes mencionados reaccionaron de forma violenta, alterando el orden y la tranquilidad en el lugar, obstruyendo de esta manera la labor policial”. Este lunes, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz, dijo que la Policía encontró en los vehículos doce bombas molotov, tres revólveres, cuatro armas de fuego artesanales y una escopeta, con los cuales supuestamente los jóvenes pretendían hacer atentados en Masaya, Managua y Chinandega.

“Esto es un acto más de este gran circo que este régimen está montando en Nicaragua. No hallan qué inventar, imagínate el temor que le tienen a un grupo de jóvenes llevando agua a una iglesia, un acto humanitario y los acusan con tremenda ridiculez”, dijo Mario Hurtado, hermano de María Hurtado, al medio digital Confidencial.

Los detenidos no fueron encontrados en flagrancia delictiva ni las autoridades contaban con una orden de detención en su contra, se irrespetó el plazo de 48 horas que debía cumplirse para ser presentados ante el juez, no se les permitió comunicarse con sus abogados antes de ser llevados a audiencia y tampoco se le comunicó a ellos ni a su familia su detención ni los delitos por los que eran investigados.

Tratos inhumanos

Al contrario, los detenidos relataron a sus abogados defensores -a quienes conocieron durante la audiencia preliminar- que habían sido golpeados en la delegación policial y que tres de los procesados habían sido apartados del grupo y llevados a celdas de castigo.

Este martes, el abogado Maynor Curtis, defensor de la belga-nicaragüense Amaya Coppens divulgó que la joven estaba en una celda de castigo, un espacio que carece de luz solar y ventilación. Según Curtis, citado por el diario Confidencial, los custodios no entregaron a Coppens la medicación que sus padres le habían llevado para aliviar sus problemas de asma y presión arterial, por lo que presentó problemas de salud la noche del viernes 15 de noviembre y debió ser llevada de urgencia a un puesto médico de la cárcel.

Está previsto que el proceso judicial, admitido por el juez Zeledón, del juzgado quinto de distrito de lo penal, se reanude el próximo 28 de noviembre con la realización de la audiencia inicial.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad condena este acto de criminalización a la solidaridad, de violación al derecho a defender derechos y a las libertades de movilización y manifestación. En diferentes espacios internacionales, hemos denunciado el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua y cómo el sistema de justicia ha sido instrumentalizado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos del gobierno nicaragüense.

Lamentamos que la imputación en la vía judicial de infundadas conductas delictivas persista como un mecanismo represivo, aplicado a más de 400 personas durante el año pasado, del que sigue valiéndose el Estado de Nicaragua hasta la fecha, violando el debido proceso y las garantías mínimas a las que tienen derecho los detenidos.

Exigimos al Estado de Nicaragua que libere inmediatamente a los más de 150 prisioneros políticos existentes a la fecha, y proceda a sobreseerles definitivamente en las investigaciones y causas judiciales, a la cancelación de sus antecedentes penales y se les devuelvan los bienes ocupados al momento de la detención. A ellos, así como a todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido.

Exigimos se garantice la integridad personal de las madres en huelga de hambre y de las personas detenidas en Nicaragua

Viernes 15 de noviembre de 2019 – Trece activistas y personas de los derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente la noche del 14 de noviembre, cuando prestaban ayuda humanitaria a un grupo de madres de presas y presos políticos que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua.

La detención la realizó un grupo de policías, que permanecen asediando a las mujeres en huelga de hambre, impidiendo que nadie entre o salga del lugar y cortando el servicio de luz y agua.

Las personas detenidas son Amaya Coppens, Ivania Alvárez, Wendy Juarez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Neyma Hernández Jesús Tefel, Roberto Büstching, Derlis Hernández y Melvin Peralta, quieres fueron trasladas a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote” en la madrugada del viernes.

Tal situación resulta especialmente preocupante debido a las constantes denuncias que se han recibido respecto de hechos de tortura, tratos crueles y degradantes, así como violencia sexual en contra de las personas privadas de libertad, riesgo que se puede acrecentar por el hecho de que algunas de ellas son figuras muy representativas de la oposición, defensoras de derechos humanos y presas políticas excarceladas.

Igual de alarmante resulta la situación de las mujeres que permanecen en huelga de hambre, pues el hecho de que se encuentren privadas de agua potable, puede generar graves riesgos para su salud, ya que llevan casi 24 horas sin ingerir comida y sin contar tampoco con agua o medicamentos.

Estos hechos se dan en un contexto marcado por un incremento del discurso del odio, ataques y hostigamientos contra personas presas políticas excarceladas, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación críticos con el gobierno.

Ante tal situación, las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes:

  1. Exigimos al Estado nicaragüense la inmediata liberación de las personas detenidas arbitrariamente y que cese el asedio y hostigamiento a las madres de las presas y los presos políticos y el restablecimiento de los servicios de luz y agua en la iglesia.
  2. Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier afectación sobre la integridad personal de las personas privadas de libertad y de las mujeres que se encuentran en huelga de hambre.
  3. Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que se mantenga pendiente y actúe ante el agravamiento de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 y ante el recrudecimiento de la persecución y represión que enfrentan activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y presas políticas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMDefensoras) – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Plataforma Internacional Contra la Impunidad – Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) – JASS (Asociadas por lo Justo) – Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) Nicaragua – Oxfam Nicaragua – Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más – Ipas Centroamérica – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) – Convergencia por los Derechos Humanos (CAFCA, CALDH, CIISH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG), Guatemala – Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política INCIDEJOVEN – Defensores Sin Fronteras – Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua – Asociación de Jueces por la Democracia Honduras – Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J.- Asistencia Legal por los Derchos Humanos A.C. (ASILEGALMÉXICO) – APRODEH-Perú – La Sombrilla Centroamericana – Front Line Defenders – Centro para la Acción No violenta y Cultura de Paz en Centroamérica – ProDESC – Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil (AMS) – Asociación de Jóvenes Feministas Ameyalli – Red de Mujeres de Matagalpa – Feministas Madrid por Nicaragua – Feminista por Nicaragua Euskal Herria – Colectivo Feminista Ecuador – Agrupación Ciudadana por la Despenalizacion del aborto – Popol Na Nicaragua – Agrupación de Mujeres Trans y Culturales AMTC – Centro de Investigación y Acción de la Mujer CIAM – Centro de mujeres ACCIÓN YA – Colectivo de Mujeres de Matagalpa – Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto – Punto Focal Nicaragua – Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Enlace Nacional Nicaragua – Mujeres en Acción,Costa Rica – Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – Agrupación Ciudadana por la despenalizacion del aborto – Red Salvadoreña De Defensoras De Derechos Humanos – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Concertación Interamericana de Derechos Humanos de las Mujeres – Colectiva Lupa Feminista – Movimiento Autónomo de Mujeres – Articulación Feminista de Nicaragua – Fundación Acceder Costa Rica – Abuenica – Cooperacció – Handmaids Costa Rica – Ni una menos Costa Rica – Instituto de Liderazgo de las segovias – Coalición Cívica 19 de Abril Matagalpa – Asociación Agentes de Cambio Nicaragua – Nicaragua Protesta – Activismo Digital Nicaragüense (ADNIC) – Movimiento 19 de Abril Jinotega – Alianza Civica de Jinotega -Grupo Anonymous de Nicaragua – Comité Cívico Universitario UCA – REACNIC – Fundenic – Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia – Alianza Universitaria Nicaragüense AUN – Alianza Azul y Blanco Chichigalpa – Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Mineria Industrial -Movimiento Sociales de las Segovias – Accion Universitaria – CODENI – Asociación NicaLibre – Sos Nicaragua Madrid – NicaSeattle – Unidad por los Exiliados Nicaragüenses en Panama – SosNicaragua Barcelona – SOSNicaraguaHolanda – Collectif de Solidarité avec le Peuple du Nicaragua -Nicaragua Karavaan – SosBelgique-Nicaragua – SosNicaragua-Europa – SoyNicaragua en Zaragoza – Sos Nicaragua España – SosNicaragua Galicia A Coruña – SOSNicaragua-Sverige – SOS France Nicaragua – Texas Nicaraguan community – SOSNicaragua Finlandia – Guanared Costa Rica y más.

Organizaciones denuncian ante la CIDH la falta de independencia del sistema judicial en Nicaragua

Quito, Ecuador, 11 de noviembre de 2019. En el marco del 174 período de sesiones de la CIDH, nueve organizaciones de la sociedad civil expusieron sobre el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua, que no ha logrado garantizar los derechos de los nicaragüenses al acceso a la justicia, al debido proceso y a las garantías judiciales en el contexto de la crisis democrática que vive el país desde el 18 de abril de 2018.

Durante la audiencia “Desafíos para la autonomía e independencia judicial en Nicaragua”, las organizaciones destacaron cómo el poder judicial nicaragüense se constituyó como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, facilitando la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos humanos, y generando condiciones que garantizan la impunidad de las violaciones a derechos humanos perpetradas por funcionarios ligados el régimen.

“En Nicaragua, no existe independencia ni autonomía de poderes. La cooptación del poder judicial por el régimen Ortega- Murillo ha llevado a la actuación de éste bajo control partidario, construida a través de procesos de selección y nombramientos viciados, con ausencia de publicidad, transparencia y participación ciudadana; privilegiándose la afinidad política en lugar de favorecer la designación conforme méritos y capacidades profesionales que garanticen un ejercicio judicial objetivo, independiente y sujeto a la ley”, recalcó Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

También se señaló la responsabilidad de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Instituto de Medicina Legal, por no cumplir con sus obligaciones, permitir la comisión de violaciones a derechos humanos y facilitar la impunidad de las cometidas por el Estado o grupos paramilitares. 

Estado ausente

Tal y como ha sido su costumbre en las últimas audiencias, el Estado nicaragüense no se hizo presente en la audiencia. Para las organizaciones esto ejemplifica cómo el régimen de Ortega sigue negando su responsabilidad en la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como su obligación de garantizar la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia.

“Lamentamos una vez la ausencia del Estado de Nicaragua, tampoco hemos recibido ninguna información que la justifique, cosa que sí había sucedido antes” dijo la Comisionada Antonia Urrejola, al inicio de su intervención. Urrejola saludó especialmente a las madres de jóvenes asesinados y a las víctimas presentes, reconociendo el arduo trabajo que hacen en búsqueda de justicia y no repetición.

Para finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que:

  • Cese la represión y criminalización; y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones.
  • Restituya las plenas garantías constitucionales para ejercicio de los derechos ciudadanos.
  • Devuelva los bienes incautados o sustraídos a todas las víctimas de la represión.
  • Resuelva los recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados por las organizaciones que fueron canceladas durante la represión.
  • Garantice la autonomía e independencia de las instituciones operadoras de justicia y su apego a los procedimientos establecidos en la Constitución de la Republica y los tratados internacionales de derechos humanos, así como a la ratificación de instrumentos internacionales específicos, entre ellos los referidos a la administración de justicia.

La audiencia fue convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), el instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo), el Movimiento Autónomo de Mujeres-Nicaragua (MAM) y la Unidad de defensa Jurídica de Nicaragua.

Demandamos libertad para 139 personas en Nicaragua que están en prisión por motivos políticos

Washington D.C. 4 de noviembre de 2019. Más de 600 personas fueron liberadas entre febrero y junio de este año por el Gobierno nicaragüense, luego de haber sido detenidas y criminalizadas por haber participado en las protestas que iniciaron en abril de 2018. A quienes fueron excarcelados en junio, se les aplicó una controversial Ley de Amnistía que garantiza impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos. La ley no se aplicó a todos los prisioneros políticos por igual, ya que unas 26 personas quedaron en prisión. Teniendo en cuenta que las detenciones continuaron en julio del presente año y meses subsiguientes, el número de presos políticos se ha elevado a 139, según el último recuento de datos de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Entre estos 139 prisioneros políticos hay solamente una mujer, la joven universitaria María Guadalupe Ruiz, de 22 años. Los demás son estudiantes universitarios, campesinos, profesionales, trabajadores del sector informal e inclusive, retirados.

“Están (en prisión) incluidas personas que participaron en las protestas sociales y manifestaron su repudio hacia el Gobierno”, señala Julia Baltodano, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que trabaja actualmente en la documentación de violaciones de derechos humanos de estos prisioneros. Por lo general, estas personas no tuvieron antes de su arresto exposición mediática.

La forma de criminalizar a estos prisioneros políticos se ha transformado: ya no se les acusa de haber intentado desestabilizar el país o derrocar al Gobierno a través de métodos violentos, sino que se les acusa de delitos comunes.

“Ahora tratan de disfrazarlo de delincuencia común: robo agravado, amenazas, portación ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, y ya no te acusan de diez o quince delitos, sino de uno o dos. La idea del régimen es decir: aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuencia común”, explica Alexandra Salazar, abogada de la Unidad de Defensa Jurídica de Presos Políticos, un grupo que lleva la actual defensa de más de 20 prisioneros políticos y gestiona por la incierta situación legal de personas excarceladas.

Esta nueva modalidad ha dificultado la identificación de los prisioneros políticos, pero los defensores conocen de estos casos a través del monitoreo de medios de comunicación, denuncias de familiares a organizaciones de derechos humanos o publicaciones en redes sociales. Desde el CENIDH, por ejemplo, verifican si estas personas tuvieron alguna participación activa dentro de las manifestaciones antigubernamentales, si había amenazas de detención u hostigamiento previo, y luego se analiza la consistencia de las pruebas que presenta la Fiscalía en su contra. Desde la Unidad Jurídica de Presos Políticos, también tienen redes territoriales en otros departamentos que corroboran la información con familiares y otras organizaciones que trabajan por la liberación de los prisioneros políticos.

Otra nueva estrategia adoptada por las autoridades es abandonar el anterior patrón según el cual la gran mayoría de los prisioneros políticos eran trasladados a centros de detención en el departamento de Managua. Ahora la mayoría de los prisioneros políticos están en centros de detención departamentales con la intención de generar menor atención de la opinión pública y reducir el efecto del reclamo por libertad de sus familias y organizaciones que les acompañan.

“Ahora la mayoría quedan en sus jurisdicciones, como parte del cambio de patrón, para hacer todo esto menos visible. Si los trasladan del departamento a la Dirección de Auxilio Judicial (de Managua) eso muestra un interés evidente por esa persona”, explica Salazar, cuyo grupo defiende a personas de Managua, pero también de León, Estelí, Masaya y Granada.

Algunas irregularidades en el proceso judicial que fueron identificadas por el CENIDH incluyen: detenciones ilegales, presentación ante el juez después de 48 horas en violación de lo dispuesto por la Constitución nicaragüense, retardación de justicia, realización de audiencias privadas en vez de públicas, incumplimiento de órdenes de libertad y negación del contacto de los detenidos con abogados o familiares.

Aunque el Estado continúa negándose a reconocer la existencia de prisioneros políticos, ambas expertas consultadas por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, insisten en que es indispensable seguir denunciando a nivel nacional e internacional la existencia de prisioneros políticos en Nicaragua.

Raza e Igualdad se une a los reiterados llamados al Estado de Nicaragua para que libere de forma inmediata a los 139 prisioneros políticos, y proceda a sobreseerles definitivamente en las investigaciones y causas judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. A ellos, así como para todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido.

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

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