En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del pacífico y centro de Nicaragua, eran conductas ya conocidas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. “Estas modalidades de represión ya las hemos vivido en nuestras comunidades desde 2015”, aunque bajo motivaciones distintas, afirma la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham.

En medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados predominantemente de dos formas: por la violación a su autodeterminación y autonomía y por falta de saneamiento de las propiedades comunales, denunció la abogada y activista, quien se encuentra profundamente preocupada por la situación de impunidad y la falta de garantías institucionales para estas poblaciones.

Autodeterminación

En el Atlántico Norte y Sur de Nicaragua cada comunidad es autónoma y debería contar con su propia forma de organización. Los pueblos indígenas se organizan con base en sus costumbres y tradiciones, por lo que existen autoridades comunales y territoriales que deben elegirse según un procedimiento regulado jurídicamente. Pero la injerencia del partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ha generado  frecuentes conflictos en las comunidades.

“Esto ha venido a crear muchos problemas, es decir, que es una forma que ha venido a confrontar las comunidades, porque por la injerencia partidaria ha creado gobiernos paralelos, crea algunas figuras que no son parte de la autoridad tradicional”, explica Cunningham.

Según la activista, los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), también existentes en el Pacífico y en áreas urbanas, son realmente mecanismos de vigilancia, y no cumplen su rol como autoridades tradicionales. El Gobierno es el encargado de entregar, luego de cada elección, un certificado de nombramiento como autoridad, pero a quienes se elige según la tradición les es negado dicho certificado, y más bien se les otorga a personas que acatan mandatos del partido.

“Así van creando un fraccionamiento de la familia indígena, de la comunidad indígena. Y en esos conflictos, incluso ha habido heridos, derramamiento de sangre”, lamenta Cunningham. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Kamla, municipio de Bilwi, Caribe Norte, cuando el 26 de junio simpatizantes sandinistas agredieron a la líder comunal y concejal municipal Marcela Foster, causándole la pérdida del ojo izquierdo y una fractura en uno de sus brazos.

“Nosotros ahora estamos preocupados por la omisión de los funcionarios públicos, la Policía, el Ministerio Público que no actúan, y como ha continuado la impunidad, esto puede agravarse”, advirtió Cunningham. “En las comunidades indígenas ha aumentado el asedio y la criminalización y nosotros tenemos mucho temor…”, añadió.

Falta de saneamiento

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). En 2003, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos.

Debido a la inoperancia estatal, la falta de saneamiento ha empezado a surtir efectos negativos para la seguridad de los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales por los mismos. “Los colonos han venido armados hasta los perímetros más cercanos de la comunidad, usurpando, ocupando tierras”, asegura Cunningham, quien relata: “Cuando nosotros vamos a las asambleas comunales, es triste, lloran las mujeres porque te cuentan cómo no pueden ir a recopilar su alimento, no pueden ir a pescar, no pueden ir a recopilar su medicina tradicional, porque ellos no viven de una pulpería o de una farmacia, viven del bosque”.

También se han reportado casos de secuestros de indígenas, por parte de colonos, tanto para advertirles que no pasen los límites que ellos arbitrariamente han delimitado, como para forzar a las mujeres a levantar la cosecha de frijoles. “Tenemos indígenas desaparecidos, tenemos indígenas que han muerto, asesinados atrozmente, que les han cortado la cabeza, cortado las manos, sacado los ojos…”, describiendo así la violencia extrema que ha caracterizado a algunos hechos recientes.

Cunningham aseguró que la Policía no acude a las áreas comunales, y más bien son los líderes que demandan el saneamiento de las comunidades los que han sido apresados y criminalizados. “En vez avanzar en el saneamiento ahorita estamos viendo juicios de delitos comunes, que les montan un expediente con delitos comunes y nosotros sabemos que eso no es cierto, no hay pruebas, porque nosotros conocemos a la gente y conocemos que son también acciones selectivas”, señala.

De acuerdo con Cunningham, las autoridades permiten estas tomas de tierras para “mantenerse en el poder, porque los indígenas casi no les dan los votos a los partidos nacionales”. Además, también han brindado concesiones a empresas de oro y madereras sin que los gobiernos territoriales las hubieran avalado, como lo mandata el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

“Por la crisis social de 2018, ha entrado una masiva invasión de colonos. Y el Estado de Nicaragua lo sabe”, lamenta Cunningham.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a garantizar el respeto a la propiedad colectiva, a su autonomía para elegir a sus autoridades así como condiciones de seguridad que protejan sus vidas e integridad personal ante la violencia que hoy les aqueja.

Instamos al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones del Examen Periódico Universal respecto a estos pueblos en la próxima sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y a la pronta implementación de las mismas.

Fotos de Flickr. 

Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

San José, Costa Rica. Un grupo de refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de julio de este año, para propiciar una discusión en torno a diferentes derechos que han sido vulnerados en esta población, entre ellos la discriminación por su orientación sexual e identidad de género en contextos laborales y de acceso a vivienda.

En el desarrollo del taller, organizado por la Mesa LGBTI de Nicaragua y apoyado por Raza e Igualdad, fue reiterativo que tanto los hechos iniciales que motivaron su salida de Nicaragua, en muchos casos asociadas a graves violaciones de derechos humanos, así como las situaciones forzosas de desapego familiar, la precariedad para sobrevivir en otro país, la discriminación, por mencionar solo algunos aspectos, tienen en su conjunto un grave impacto en la salud emocional y mental de los refugiados. Esta situación no ha sido identificada y atendida debidamente a pesar de que la depresión ha pasado a ser un denominador común entre los/as refugiadas, dándose en julio de 2019, incluso, el suicidio de un joven gay nicaragüense refugiado en Costa Rica.

La mayoría de estos refugiados nicaragüenses LGBTI se vieron forzados/as a salir de su país por motivos de asedio por redes sociales, persecución política, detención arbitraria y en varios casos, graves violaciones a sus derechos humanos que además de la libertad, incluyeron la integridad personal, sexual y psíquica.

Si bien los/as asistentes al taller evidenciaron la necesidad de judicialización de las violaciones a sus derechos que dieron origen a la salida de su país, el contexto actual durante su proceso de adaptación a los países receptores también es bastante preocupante y requiere acompañamiento e intervención urgente en los diversos países en que se encuentran ubicados, particularmente Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Derechos vulnerados

En primer lugar, los asistentes contaron su proceso inicial de salida de Nicaragua. En muchos casos esta decisión se tomó en cuestión de horas o días, lo cual tuvo repercusiones a nivel emocional, ya que no contaron con el tiempo para despedirse de amigos y familiares. A nivel financiero, algunos asistentes contaron que salieron con 40 dólares hacia Costa Rica; y en temas de seguridad, algunos lo hicieron por ruta terrestre de forma irregular, exponiéndose a riesgos que incluían la integridad sexual, como relataron algunas mujeres lesbianas.

Otro de los aspectos discutidos guarda relación con el contexto actual de los países receptores. Si bien, acorde a los principios internacionales la orientación sexual e identidad de género (OSIG) de los solicitantes de refugio son aspectos relevantes a tener en cuenta y que han sido reconocidos por gobiernos como el costarricense, hay otros países receptores como Honduras, Salvador o Guatemala, en los que el reconocimiento de la OSIG de los solicitantes no es tomado como relevante e incluso se convierte en un aspecto que problematiza la relación entre los funcionarios públicos y los solicitantes de refugio.

Sin embargo, ya sea en Costa Rica o cualquier otro país, en todos los casos, los asistentes evidenciaron que sus condiciones de vida se afectaban gravemente cuando mediaba la visibilidad de su OSIG.

Este impacto diferenciado se hace evidente en el ejercicio cotidiano de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. La ubicación de un lugar digno de vivienda ha sido particularmente problemático para mujeres trans y quienes tienen expresiones de género no binarias. Agresiones verbales cotidianas, vigilancia vecinal, denegación de contratos y cancelaciones anticipadas de arrendamiento hacen parte de la cotidianidad de los/as refugiadas nicaragüenses LGBTI en los países receptores. Esta situación se agrava cuando además se niegan contratos de arrendamiento por la xenofobia, es decir, por el hecho de ser nicaragüenses.

Algo similar ocurre con relación al derecho al trabajo. Además de las dificultades connaturales a estar fuera de su país y sus contextos locales para conseguir un trabajo, en algunos casos las mujeres trans se han visto obligadas a eliminar en su cotidianidad su expresión de género femenina como condición misma para obtener un empleo. Algunos de los migrantes son jóvenes que aún estudiaban y no han podido homologar y completar sus estudios. La suma de estas situaciones de precariedad ha llevado que en algunos casos se realice, como lo denominan ellos y ellas, “trabajo sexual por sobrevivencia”, lo que los y las ha expuesto además a una situación de riesgo sobre su salud sexual.

A pesar de este contexto tan adverso, todos/as los/as asistentes destacaron que el apoyo mutuo fue fundamental para su sobrevivencia, desde compartir espacios de vivienda solidarios, generación de fondos de apoyo financiero común y respaldo al respeto de sus identidades de género u orientación sexual frente a agresiones. Es por ello fundamental seguir trabajando en red con los y las refugiadas nicaragüenses LGBTI, para seguir articulando estrategias conjuntas de exigibilidad de sus derechos a nivel local, en los países receptores, a nivel regional como diáspora y para continuar exigiendo la garantía de sus derechos y su retorno seguro y con garantías a Nicaragua.

Acciones futuras

En este sentido, Raza e Igualdad se sumará a los esfuerzos de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua y su capítulo de trabajo en Costa Rica para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia regional sobre esta y otras poblaciones LGBTI solicitantes de refugio en la región. Por otra parte, esperamos seguir trabajando conjuntamente con nuestras contrapartes en Nicaragua y la diáspora en la región, para monitorear su situación y definir estrategias de documentación que nos permitan seguir avanzando en acciones que contribuyan a la plena garantía de sus derechos.

Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Términos Referencia

Evaluación externa del trabajo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Introducción

 El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Fortalecemos a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se base en la capacitación técnica, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Raza e Igualdad lleva a cabo proyectos en los cuales intenta fortalecer las capacidades de activistas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para hacer mejor uso de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, los procesos tienen enfoque en la documentación de violaciones de derechos humanos, la preparación de informes y la incidencia en espacios y ante actores claves.

Propósito y alcance de la evaluación 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está interesado en realizar una evaluación independiente para valorar el impacto de su proyecto que buscaba apoyar a los activistas latinoamericanos en la realización de documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas. El objetivo fundamental de la evaluación es brindar una valoración que identifique los logros, las contribuciones de Raza e Igualdad para generar cambios positivos, las oportunidades desaprovechadas y los retos del proyecto. Esta valoración deberá servir para mejorar trabajos futuros en el tema del proyecto y otros tópicos relacionados con el. Desde esta perspectiva, la audiencia primaria de la evaluación será Raza e Igualdad, su Director Ejecutivo y el equipo de trabajo.

La evaluación deberá abordar las siguientes arreas clave del proyecto:

  • Resultados e impacto
  • Relevancia
  • Efectividad para alcanzar los objetivos
  • Procesos internos y administración del proyecto
  • Inclusión de la perspectiva inter-seccional (género y LGBT)

El reporte final deberá incluir recomendaciones para la construcción de modelos exitosos, lecciones aprendidas así como sugerencias para superar cualquier limitación en el trabajo actual y futuro de Raza e Igualdad.

Metodología

Para esta evaluación se recomienda preferiblemente la aplicación de métodos cualitativos que hagan uso de diversas técnicas de recolección de datos. Esta aproximación puede incluir revisión con base en documentación de las investigaciones y acciones de incidencia ejecutadas, un análisis de la cronología de las actividades del proyecto así como de sus productos y resultados, análisis de la correspondencia electrónica, entrevistas con participantes del proyecto y actores externos relevantes, cuestionarios escritos, revisión de reportes y documentación asociada al proyecto, incluyendo artículos publicados en medios de comunicación y comunicados de prensa. Durante la evaluación, se espera que el evaluador se involucre con varios actores internos y externos al proyecto; esto incluye a pero no se limita a:

  • Equipo de trabajo de Raza e Igualdad, incluyendo su Director Ejecutivo, el Oficial del Programa a cargo del proyecto, el Asistente de Programa.
  • Participantes del proyecto.
  • Conferencistas y capacitadores que participaron en las actividades del proyecto.
  • Actores de la sociedad civil de la región que participaron en actividades del proyecto.
  • Personal de instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

La lista final de actores que deberán consultarse para la evaluación será definida conjuntamente entre Raza e Igualdad y el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad realizará una preselección de posibles evaluadores (lista corta) a los que solicitará: una breve descripción de la metodología que usarían para la evaluación, propuesta económica, y un borrador de plan de trabajo con cronograma específico. El evaluador seleccionado trabajaría en colaboración con el equipo del Instituto para refinar la metodología y desarrollar un plan de evaluación detallado. Durante las fases de investigación y análisis de la evaluación, el consultor trabajara en forma independiente.

Productos principales

Los productos principales que el evaluador deberá entregar son:

  • Una metodología de evaluación detallada y un plan de evaluación
  • Una presentación breve con los hallazgos iniciales de la evaluación.
  • Un documento preliminar de reporte final para ofrecer comentarios
  • Un reporte final de la evaluación (máximo 20 páginas)

Marco temporal tentativo y proceso de selección

Raza e Igualdad espera que la evaluación se inicie el 15 de agosto de y termine el 30 de septiembre de 2019. Dentro de este periodo calendario de tiempo, se espera que evaluador realice la evaluación en 20 días laborales. Las fechas exactas se concertarán con el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad está interesado en recibir aplicaciones del mayor número posible de evaluadores. Las aplicaciones deben incluir:

  • Una carta que presente al evaluador y destaque sus habilidades y competencias para esta evaluación.

Las aplicaciones deben remitirse a  jobs@oldrace.wp  hasta el 15 de agosto de 2019.

Crisis en Nicaragua se agrava: ejecuciones extrajudiciales, detenciones y persecución continúa

Un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha tenido lugar en las últimas semanas, en las que se han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias a opositores cometidas por policías y grupos armados paraestatales, especialmente en áreas rurales, así como persecución a defensores de derechos humanos y periodistas.

Ejecuciones extrajudiciales

La persecución selectiva de campesinos y líderes sociales en áreas rurales no es reciente, puesto que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha documentado su ocurrencia desde el año 2007. Sin embargo, la directora ejecutiva de dicha organización, Marlin Sierra, señala que este tipo de casos ha sido una continuación de las acciones que ya se realizaban en años anteriores.

“El patrón que están utilizando es el mismo, son personas que las asesinan en los caminos, con armas de fuego, aduciendo que eran delincuentes comunes, la militarización se mantiene en el campo”, asegura Sierra, aclarando que en su mayoría los asesinados son personas que eran opositoras antes de la crisis o que se unieron a las manifestaciones una vez que estalló la crisis en abril del año pasado.

Desde julio 2018 hasta junio 2019, el CENIDH ha registrado 21 de estos asesinatos solamente en la ciudad de Jinotega, al norte del país, específicamente en las comunidades de Wiwilí, El Cuá y Pantasma.

Con los datos del CENIDH concuerda un informe realizado por la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, quien en entrevista con el diario La Prensa, reveló que desde octubre de 2018 hasta el 15 de julio de este año “es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición”.

En el tiempo documentado por Cuadra, se reportaron 29 asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares con la complacencia de la Policía, de los cuales en 28 casos se utilizaron armas de fuego.

Un caso que no se incluye en esta lista es el de José Alejandro Martínez, de 27 años, puesto que logró sobrevivir al ataque armado. El hombre, quien fue preso político del Gobierno y excarcelado hace cuatro meses, fue atacado a balazos cerca de su casa en Wiwilí, presuntamente por un paramilitar. Tras el ataque, los médicos comunicaron a Martínez que no podrá volver a caminar.

Otro caso preocupante, aunque no ocurrió en una zona rural, fue el asesinato de Bryan Murillo López, un joven de 22 años a quien agentes policiales mataron dentro de su propia vivienda en la ciudad de León al irrumpir violentamente a las 4 y 30 am del miércoles 17 de julio. Murillo murió producto de tres disparos en el pecho. Los familiares del joven presumen que puede haber razones políticas detrás del ataque puesto que éste participó en tranques y marchas que se realizaron el año pasado.

En el mismo hecho, producto de la violencia policial, resultaron heridos otros dos miembros de la misma familia, Kenner Murillo López y su cuñado Javier Cortez Castillo. La Policía divulgó un comunicado en que se refería a las víctimas como delincuentes, sin embargo, las madres de los jóvenes presentaron evidencias de que la misma policía no tenía registrados antecedentes penales en ninguno de los casos.

Detenciones arbitrarias

Otra de las formas de represión que ha continuado tras 15 meses de iniciada la crisis de derechos humanos, son las detenciones arbitrarias tanto a manifestantes como a ex prisioneros políticos.

Uno de los casos más recientes es el de Jaime Enrique Navarrete, quien fue secuestrado frente a su casa por agentes de la Policía el miércoles 24 de julio, y quien ahora está siendo procesado por los delitos de posesión de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego. Según los medios locales, Navarrete fue presentado ante el juez con la nariz quebrada y moretones en todo el cuerpo por las palizas que recibió en la delegación policial.

También Edwin Altamirano, otro excarcelado político, fue detenido el jueves 17 de julio en su casa en Managua. De acuerdo con sus familiares, agentes policiales entraron a la vivienda con violencia y sin orden judicial y se lo llevaron detenido sin explicar el motivo de su detención.

Otros dos jóvenes, Kevin Orlando López, de la ciudad de Estelí, y Brayan Cruz Calderón, de Managua, ambos ex prisioneros políticos, fueron capturados en junio y julio y están siendo acusados por delitos comunes como posesión de droga y robo con intimidación.

Este tipo de capturas también se han cometido a ciudadanos reconocidos públicamente como opositores en distintas ciudades del país, aunque en varios casos se han reportado liberaciones un par de días después de las detenciones arbitrarias.

“Nosotros diario estamos recibiendo denuncias de amenazas, ya no solo de agresión o vigilancia, sino amenazas directas de muerte”, explica Marlin Sierra, quien ha recibido denuncias de todo el país, especialmente de las ciudades de Matagalpa, Jinotega, Estelí y Managua.

Persecución a defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos y abogados de prisioneros políticos han sido igualmente blanco de persecuciones y amedrentamiento por parte de grupos policiales.

El último caso ocurrió el viernes 26 de julio, con la detención de la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, por parte de agentes policiales de la ciudad de Masaya, quienes la acusaron ante el juez por “obstrucción de funciones”. Tras dos días de estar detenida, la judicial otorgó medidas alternas a Oviedo, por lo que podrá enfrentar el proceso en libertad.

En Managua, el pasado 15 de julio, unas 7 patrullas de agentes antimotines rodearon las instalaciones de la CPDH luego de que un grupo de jóvenes realizara una “piquete exprés” de 5 minutos. Esta es la única organización no gubernamental de derechos humanos aún facultada por ley para brindar atención pública, misma que recibió medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en este mes, junto con el CENIDH.

“La vigilancia y la persecución y la campaña de desprestigio contra nosotros es permanente”, denunció la directora ejecutiva del CENIDH, quien opina que “el Estado ignora totalmente la disposición de la CorteIDH”.

Solamente un día después, el 16 de julio, el grupo de abogados conocido como Defensores del Pueblo denunció que unas seis patrullas de la Policía se encontraban rodeando las vías de acceso a sus instalaciones. Y el 20 de julio, sin dar explicaciones, la Policía envió al depósito vehicular el carro de la abogada Yonarquis Martínez,  defensora de varios presos políticos. Un par de días después, la abogada logró recuperar su vehículo y licencia de conducir.

La crisis que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos también se ha profundizado, porque el estatus legal, de las nueve ongs (CISAS, CENIDH, IEEPP, Hagamos Democracia, Ipade, Cinco, Popol Na, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias) despojadas arbitrariamente de su personería jurídica, no ha sido reestablecido luego de siete meses, ni tampoco sus bienes fueron regresados. Las amenazas y la intención de criminalizarles y llevarles ante los tribunales, siempre está presente, como ha quedado demostrado en el caso de la abogada de la CPDH, María Oviedo.

El periodismo independiente continúa bajo la violencia del régimen

El periodista de Confidencial, Juan Carlos Bow resultó herido en su mano derecha mientras entrevistaba a un familiar de una persona detenida en la protesta, producto de una canica de vidrio disparada por la policía que reprimió el plantón que se desarrollaba el 25 de julio pasado, en protesta por la represión gubernamental, en el sector de Movistar, en la ciudad de Managua.

El sitio web de la radio La Costeñísima  fue objeto de un ciber ataque para con el propósito de afectar su página web, mientras las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú continúan tomadas por la policía.

Los principales medios escritos también continúan enfrentando obstáculos para desaduanar sus materias primas y el Diario La Prensa no ha logrado desaduanar nada del papel y las materias primas que arbitrariamente se le retienen desde hace 48 semanas.

Pronunciamiento

Los hechos descritos evidencian que la crisis nicaragüense se ha agudizado y que incluso, no cesan sus efectos letales en la humanidad de personas que son identificadas como opositores al régimen.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Raza e Igualdad hace un vehemente llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a respetar las disposiciones de la Declaración sobre Defensores. Además, demandamos al Estado que cumpla con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH en favor del CENIDH y la CPDH.

Demandamos también que el Estado garantice investigaciones exhaustivas e independientes respecto de las ejecuciones sumarias y otros hechos de violencia letal en que han participado agentes policiales y para estatales.

De igual forma, instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) a conformar con la urgencia del caso, la Comisión de Alto Nivel prevista en la Resolución aprobada por la Asamblea General en Medellín, Colombia, para buscar una solución pacífica a la grave crisis que agobia a Nicaragua desde abril del año 2018.

Foto: Jorge Mejía Peralta a través de Flickr. 

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

“La situación en Nicaragua sigue siendo crítica”, sostiene la OACNUDH

Ginebra, 10 de julio de 2019. La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Kate Gilmore, sostuvo hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la situación en Nicaragua sigue siendo crítica: las autoridades siguen reprimiendo la protesta pacífica y la disidencia, al menos 80 manifestantes siguen privados de libertad, los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios siguen siendo amenazados y hostigados y los periodistas siguen siendo blanco de amenazas y censura.

“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse”, expuso Gilmore, en una actualización oral sobre el país centroamericano.

Dicha actualización ocurre en seguimiento a la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el pasado 21 de marzo, que pedía a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, preparar informes actualizados orales y escritos sobre la situación en Nicaragua.

Los hechos recientes

Kate Gilmore planteó una serie de hechos que han sucedido recientemente en Nicaragua, como las liberaciones de presos políticos que han ascendido a 442 personas, de las cuales 106 fueron puestas en libertad bajo la cuestionada Ley de Amnistía.  No obstante, la OACNUDH ha recibido información de que más de 80 personas continúan privadas de libertad en ese contexto.

“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, enfatizó, reiterando el llamado “a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Expresó preocupación por la actuación arbitraria de la Policía Nacional, que continúa impidiendo el derecho ciudadano a la manifestación citando que de acuerdo con fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas fueron arrestadas por agentes de policía mientras intentaban organizar protestas en varias ciudades, aunque la mayoría permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberadas sin cargos.

También se refirió a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios que continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante, y al hecho que no se ha restablecido el estatus legal y los activos de 9 organizaciones de la sociedad civil que fueron arbitrariamente ilegalizadas en noviembre y diciembre de 2018.

Además, aseguró que “las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, siguen afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación”.

El Estado nicaragüense continúa negando responsabilidades

La Alta Comisionada Adjunta también lamentó que el Gobierno de Nicaragua continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o elementos armados pro-gobierno. “Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, remarcó Gilmore.

De hecho, el vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentscke, quien se apersonó a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, repitió el argumento gubernamental de que en Nicaragua se produjo un fallido golpe de Estado que fue controlado para “consolidar la paz y retomar la senda del progreso y bienestar”. Además, dijo que en Nicaragua no hay persecución a defensores de derechos humanos.

Sobre esto último, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló en un comunicado publicado tras la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que el vicencanciller “miente”, puesto que el mismo CENIDH es una de las “víctimas de una vengativa persecución, usurpación de bienes y cancelación de personerías jurídicas”, lo que ha obligado “al exilio forzado a varios de defensores de derechos humanos, y quienes continuamos ejerciendo en nuestro país el derecho a defender derechos enfrentamos un ambiente hostil, de descalificación, estigmatización y amenazas”.

Delegaciones opinaron

La mayoría de las delegaciones que opinaron tras la actualización sobre Nicaragua lo hicieron solicitando se libere a los presos políticos que aún continúan encarcelados, se retome el diálogo nacional de buena fe, se garantice el trabajo independiente de las organizaciones de sociedad civil, se lleven a cabo investigaciones imparciales sobre los hechos violentos cometidos desde abril de 2018 y se permita el retorno de una misión de OACNUDH al país.

Ese fue el caso de la delegación de Argentina, que se pronunció en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y de otras como Croacia, Uruguay, España, Alemania, México,  Australia,  Finlandia, Suiza, Bélgica, Georgia y Barbados.

“Nos preocupa que persistan los actos de violencia, así como nuevas modalidades de represión y violaciones de derechos humanos. Causa alarma también que continúen los actos destinados a impedir la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”, señaló la delegación uruguaya.

La representación de España además manifestó su preocupación por la Ley de Amnistía, que “puede condicionar la liberación de los presos y servir de base para posibles situaciones de impunidad ante las violaciones de derechos humanos”.

Bolivia, Cuba, Rusia y Venezuela, respaldaron al Gobierno nicaragüense y alegaron que se debía respetar la “libre determinación de los pueblos” y la “no injerencia” en asuntos internos.

La sociedad civil, por su parte, este jueves también hizo eco de las demandas del pueblo nicaragüense y participó del debate dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y CIVICUS.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad nos unimos al llamado de la OACNUDH y de las misiones diplomáticas que respaldan los derechos humanos de los nicaragüenses, para que el Gobierno de Nicaragua acceda a cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito y proceda a la liberación plena e incondicional de los presos políticos que continúan encarcelados, para que retome el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de buena fe y con la intenciones de honrar los acuerdos allí suscritos, para que restablezcan los derechos ciudadanos que han sido violados y restringidos en contravención a los estándares internacionales desde hace más de catorce meses, y para que investigue los hechos violentos que ocurrieron desde abril de 2018 y se castigue a los responsables de forma que las víctimas y sus familiares tengan acceso a justicia.

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Periodista Lucía Pineda Ubau: “Nos robaron seis meses de nuestras vidas en prisión”

Después de estar seis meses en la cárcel como prisionera política, la periodista Lucía Pineda Ubau se paró frente a una cámara y comenzó a transmitir en vivo para la audiencia de 100% Noticias desde la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. En un par de minutos, más de 3 mil personas se habían conectado a la transmisión y celebraban el suceso. “Hacerlo ahora en libertad, es una sensación de felicidad”, cuenta Lucía.

La última vez que había reportado en vivo fue el 21 de diciembre de 2018, denunciando el allanamiento del canal donde trabajaba y la detención del director del medio, Miguel Mora Barberena. No le dio tiempo para reportar que también la llevaban capturada. Casi seis meses después, el 11 de junio de este año, a través de una cuestionada Ley de Amnistía, las autoridades nicaragüenses liberaron a Lucía y a 50 de los prisioneros políticos más mediáticos que se encontraban injustamente encarcelados, muchas veces expuestos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Desde entonces, la periodista nica-costarricense de 45 años se ha dedicado a “seguir tocando las puertas” a nivel internacional y “elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua”. Un par de días después de su liberación, viajó a Costa Rica a reencontrarse con su familia y se reunió con el presidente Carlos Alvarado Quesada, la vicepresidenta Epsy Campbell y varios funcionarios, así como con medios de comunicación. La semana pasada, en Medellín, también despertó el interés de diversos medios colombianos e internacionales que la entrevistaron ampliamente.

En esta entrevista, brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Lucía Pineda comenta sobre su experiencia en prisión, la situación actual del periodismo en Nicaragua y sus planes de poner a funcionar nuevamente el Canal 100% Noticias, desde donde reporteaba “para toda la bolita del mundo”.

¿Qué la motivó a realizar esa transmisión luego de 6 meses de cárcel y cómo se sintió en ese momento?

Me sentí feliz porque es lo que a mí me gusta, me apasiona mi carrera. Tenía ya 6 meses de no hacer transmisiones en vivo. La última fue precisamente reportando el allanamiento, la toma, ocupación y encarcelamiento de nuestro director, Miguel Mora. Hacerlo ahora en libertad es una sensación de felicidad. Incluso yo no tenía acreditación para entrar, pero logré escribirle al que acredita y le dije que como yo acabo de salir de la cárcel, que si me podían acreditar, y lo conseguí. Ya que estaba en ese momento, en ese escenario los representantes de los diferentes países y la delegación azul y blanco que vino de Nicaragua pues decidí hacer la transmisión en vivo y en el Facebook de 100% Noticias. Según las reacciones que he visto, ya quieren que arranque de nuevo, pero lo estamos haciendo al suave. Todavía no está todo el personal, hay unos que están en el exilio, hay que esperar que el gobierno devuelva lo que tienen confiscado.

Como periodista está acostumbrada a entrevistar, pero últimamente ha sido usted el foco de la noticia. ¿Cómo ha asumido ese rol?

Es un poco complicado. Es cierto que uno está acostumbrado a preguntarle a los actores de la noticia, pero uno nunca piensa que te vas a convertir en actor de la noticia, en protagonista de esa noticia. Ahora entiendo a los entrevistados. Salen unas preguntas capciosas y tengo que saber bien qué es lo que voy a responder. Hoy me preguntaban qué era para mí el odio. Dije que es todo lo que le hizo la dictadura al pueblo de Nicaragua, toda la persecución de la prensa en Nicaragua, juzgar a personas inocentes. Eso es el odio, lo que hizo la dictadura a la prensa independiente por informar la verdad. Es medio incómodo estar al otro lado, pero hay que saberlo manejar.

Hace poco más de dos semanas que la liberaron. ¿Por qué decidió viajar a Medellín a hacer incidencia?

Me invitan y yo decido ir porque creo que a nivel internacional hay que seguir tocando las puertas y elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua. Que estén siempre pendientes de nosotros para conquistar y recuperar algo que ya había sido conquistado, como son las libertades, la democracia, y seguir denunciando que nuestros medios de comunicación todavía están tomados, incluidos Confidencial y Esta Semana, de Carlos Fernando Chamorro. Que no hay todavía garantías de seguridad para que los periodistas informen en Nicaragua. Demandando que haya presión al Gobierno para que recapacite. Solo se ha logrado una excarcelación, y no de todos, porque todavía hay 86 en prisión y no se han cumplido los diferentes compromisos que firmaron en el diálogo con la Alianza Cívica. La gente todavía no puede salir a protestar ni a manifestarse. El ciudadano no se siente en libertad y eso se tiene que garantizar, digo yo, bajo la vigilancia de la comunidad internacional.

Hablaba sobre la situación de los periodistas. En general, ¿entonces todavía no se han reestablecido las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua?

No, todavía no hay libertades. No hay una garantía de que se respete tu derecho constitucional de expresión, de información, de manifestación. Siempre está la amenaza de que te van a llevar preso o hasta que te pueden matar. Nicaragua no está normal, no es normal que se te persiga por informar, no es normal que dos medios de comunicación importantes estén todavía tomados por la Policía sandinista, lo normal sería que estuviéramos informando, que no nos hubieran echado presos, que no nos ocuparan nuestros instrumentos de trabajo, que no nos censuraran. Hay muchos colegas que han estado haciendo diferentes esfuerzos tanto dentro de Nicaragua como en el exilio.

El exilio ha sido duro para ellos. Yo me reuní con periodistas exiliados en Costa Rica y la están pasando muy mal. Hay unos que se han dedicado a la construcción, otros a ser vigilantes de seguridad, otros han andado vendiendo lotería o en tiendas, y en medio de todo eso ellos siempre se mantienen activos en sus plataformas haciendo sus propios esfuerzos. Pero también se necesita fortalecerlos a ellos en algún tipo de financiamiento para que se mantengan vivos esos espacios. Si ayudás en este momento a los periodistas independientes, están derrotando la censura. Es el momento de apoyar a la prensa independiente.

Usted tiene veinticinco años haciendo periodismo, ¿cuál ha sido su experiencia cuestionando a los poderosos?

La experiencia más fuerte la hemos tenido ahorita. Yo nunca pensé que Daniel Ortega me fuera a echar presa, o a Miguel Mora, o a cualquier periodista por informar. Precisamente porque él estuvo preso en una dictadura luchando por libertades. Más bien pensaba que algún día Arnoldo Alemán (Presidente de Nicaragua en periodo 1997-2002) de molesto me mandaba a echar presa, porque había mucho cuestionamiento al doctor Alemán, él era muy temperamental, se peleaba mucho con nosotros los periodistas, él explotaba y te decía cualquier cosa. Pero no nos mandó a echar presos, no nos censuró, no pasaba del enojo o que me puso el apodo de «la chilindrina».

Daniel Ortega sobrepasó todos los niveles, retrocedimos en el tiempo. Es lamentable que hayamos retrocedido a vivir esos capítulos que se vivieron en el tiempo del somocismo. A Daniel Ortega no le gusta la crítica, no le gusta que le digan la verdad, que la gente se exprese con la verdad en los diferentes medios independientes.

¿Fue eso lo que incomodó tanto a Daniel Ortega?

Es por eso que a nosotros nos cierran y nos encarcelan. Nosotros siempre informamos con la verdad, con los mismos videos que la población filmaba, porque esta ha sido la represión más documentada. Precisamente la gente, las víctimas, lo filmaban. No hay dónde perderse, las víctimas te daban sus relatos. La verdad la contó la gente, la verdad está documentada, el mundo ya sabe qué es lo que pasó en Nicaragua, que no hubo ningún intento de golpe de Estado, que lo que hubo fue un estallido social y que el Gobierno reaccionó de forma brutal con mucha represión que dejó más de 325 personas fallecidas y más de 2 mil heridos.

Estuvo seis meses en prisión, ¿cómo ve desde ahora en retrospectiva ese tiempo?

Nos robaron seis meses de nuestras vidas allí. Yo no le renegaba a Dios porqué estaba allí, sino que le preguntaba cuál era mi propósito. Dios te pone metas y en estos sucesos nos dio la misión de informar. Y así lo hicimos, que fuéramos valientes, que fuéramos firmes y comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Y así actuamos, con obediencia a esa misión de informar. Yo comenzaba a reflexionar, a pensar allí dentro de prisión y decía: pues sí valió la pena. Vale la pena decir la verdad, vale la pena hacer un periodismo comprometido con las necesidades del pueblo de Nicaragua, un periodismo que vaya en pro de garantizarle al pueblo nicaragüense las necesidades, la democracia, la vida, sobre todo. Cuando uno informa hasta salvás vidas, y eso fue lo que hizo la prensa independiente de Nicaragua.

Uno siente satisfacción de que informás hasta el último momento. Cuando me llevaron a la celda preventiva, yo le dije a Miguel: por lo menos cerramos con broche de oro, me dio tiempo de lanzar el «última hora». Nos querían callar, pero más bien nos elevaron el perfil.

Usted ha dicho que hubo maltrato psicológico más que físico…

Lo psicológico es desde el hecho que me mantienen aislada, sin socializar. Los seres humanos somos seres sociales, y te encierran seis meses, solo abren la puerta tres veces al día para darte la comida y te sacan una vez a la semana una hora de sol, como si fueras un animalito. Eso es un daño psicológico, es una tortura psicológica. Yo traté de mitigar el impacto de esa tortura, pero he conocido relatos de otras mujeres que estuvieron solas apenas 12 días y ya se les vino en mente la idea de querer matarse. A mí nunca se me pasó eso por la mente. Mi rutina era de oración, de alabanza, de lectura bíblica. También hacía ejercicio, hacía 1500 trotes por día dentro de la celda, para la circulación. Me guiaba por los turnos de las oficiales, hacían cambio cada seis horas. Eso fue lo que me mantuvo: mi fe, que nunca la perdí. En mis oraciones yo oraba por ellos y hasta los perdoné, porque yo quería cuidar mi corazón, no quería salir resentida ni con odio. Pero uno no olvida todo lo que han hecho.

¿Tienen planes específicos para el futuro?

Vamos a ir viendo cómo nos vamos a reestructurar, cómo restablecer la sala de redacción, si hacerla en Nicaragua o en Costa Rica o hacer una combinación. El Facebook Live fue una prueba, para calentar motores, pero ya entrar las 24 horas, con todos los fierros, ya lo vamos a estar trabajando después de que nos demos un poco de tiempo para nosotros.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Lea aquí Declaración de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

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