Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de diversas organizaciones sociales de países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, coordinará diferentes espacios de discusión que pretenden analizar el panorama de derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos sociales y países que actualmente se enfrentan a graves situaciones de violencia y vulneración.

Todos los eventos serán transmitidos en vivo a través de la página en Facebook de Raza e Igualdad.  Así mismo se hará cubrimiento de los eventos a través de redes sociales con el hashtag #AsambleaOEA #RazaeIgualdadOEA

A continuación, compartimos el detalle de los espacios que propiciaremos durante la semana de incidencia regional:

 

Foro Interamericano contra la Discriminación
Objetivo:  Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la situación de derechos las personas afrodecendientes de América Latina y el Caribe en el marco del Decenio de los Afrodescendientes de cara a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos OEA.

Día:  Martes, 25 de junio de 2019
Hora:  8:30 – 1:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro Medellín
Transmisión en Vivo

Puede encontrar el programa completo dando click aquí.

Palabras de inauguración

Carlos Quesada – Director ejecutivo de Raza e Igualdad

Panelistas:
Erlendy Cuero Bravo – Vicepresidenta AFRODES, Colombia
Paola Yánez – Coordinadora Regional Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas de la Diáspora
Margarette May Macaulay – Relatora CIDH de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial
Christian King – Director ejecutivo Trans Siempre Amigas, República Dominicana
Rodnei Jerico da Silva – Coordinador SOS Racismo, Brasil
Catherine Pognant, Directora de la Oficina de Sociedad Civil OEA, Washington D.C.
Juan Antonio Madrazo, Coordinador Nacional Comité Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Harvey Maradiaga, Coordinador ADISNIC, Nicaragua
Elvia Duque, representante de Raza e Igualdad

Moderadores:
Adriana Rodríguez –  Raza e Igualdad
Cecilia Ramírez – Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Conversatorio: «La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios Afrocolombianos»
Objetivo:  Generar un espacio de discusión y análisis alrededor de las oportunidades de una real y efectiva implementación del acuerdo de paz en los territorios colombianos, y así mismo, identificar las causas que han generado el incremento de homicidios a líderes y lideresas sociales afrodescendientes.

Día:  Martes, 25 de junio, 2019
Hora:  5:00 – 7:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro

Panelistas:
Comisionada Ángela Salazar, Comisión de la Verdad
Nixon Ortiz, Fundación Arcoíris libre de Tumaco
Audes Jiménez, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
Emigdio Cuesta Pino, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA
Melquiceded Blandon, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

Moderadores:
Elvia Duque, Raza e Igualdad
Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo

Conversatorio:  ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos
Objetivo:  Conversar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta Nicaragua tras 14 meses de crisis, sobre los principales desafíos y limitaciones para la garantía de los derechos humanos en el país y sobre la ruta para que se retome el diálogo entre el Gobierno deNicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Panelistas:

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua en OACNUDH
Antonia Urrejola, Comisionada y Relatora de país para Nicaragua de la CIDH
Sofía Macher, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH
Azahalea Solís, Miembra de la Alianza Cívica y representante del MAM
Lucía Pineda, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias

Moderadora:
Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad

Lanzamiento en Colombia del informe de la CIDH “Reconocimiento de Derechos de las personas LGBTI” y diálogos con personas LGBT y afro-descendientes de Colombia, Brasil y Perú

Raza e Igualdad presentará  por primera vez en Colombia los resultados de un informe de la CIDH lanzado en mayo  pasado sobre los avances han realizado los Estados de las Américas para garantizar la protección de las personas LGBTI  a fin de que los demás países logren avanzar en la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación para la población LGBTI.

Panelistas:

Antonia Urrejola, Comisionada de la CIDH y Relatora de país para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ernesto Zelayandia, Becario para la relatoría de las personas LGBTI
Sandra Milena Arizabaleta, miembra de Somos Identidad, Colombia
Alessandra Ramos, miembra de Transformar, Brasil
Belén Zapata, miembra de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashantí, Perú

Moderador: 

Mauricio Noguera, Oficial LGBTI de Raza e Igualdad

Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Washington, D.C. 18 de junio de 2019. Raza e Igualdad recuerda al Gobierno de Nicaragua su deber de cumplir con el compromiso que asumió de liberar total y definitivamente a los prisioneros políticos, cuyo plazo de 90 días finaliza a las doce de la noche del día de hoy, 18 de junio, según acuerdos suscritos el 27 de marzo del año 2019, en la mesa de negociación que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y el Sr. Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

En los últimos tres meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país, pero según la Alianza Cïvica por la Democracia y la Justicia, aún hay 86 prisioneros políticos que continúan en prisión.

En ese sentido, rechazamos la Nota de Prensa dada a conocer por el Gobierno de Nicaragua el día de hoy, en la que expresa que todos los prisioneros políticos que estaban en las listas entregadas y revisadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya fueron puestos en libertad.

“La postura del Gobierno confirma su renuencia para cumplir obligaciones de ineludible cumplimiento en tanto conciernen a la libertad, integridad física y la vida de ciudadanos que aun guardan prisión en condiciones que atentan contra su dignidad humana. Demandamos al Gobierno de Nicaragua el inmediato cumplimiento de su compromiso y proceder a la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que aun guardan prisión. Demandamos una revisión imparcial y exhaustiva de los listados de las personas detenidas en el contexto de las protestas de abril que aun no han sido liberadas, con la finalidad de garantizar que todos sean puestos en libertad”, expresó Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.

Es inaceptable que el Gobierno se escude en procesos penales irregulares y falsas imputaciones de delitos comunes contra quienes ejercieron su legítimo derecho de protesta.

Respecto de todos ellos exigimos su liberación inmediata, procederse al cierre de sus procesos de investigación y procesos judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. Su retorno a casa debe estar libre de cualquier amenaza, persecución o asedio contra ellos o sus familiares, de conformidad a la cláusula segunda del Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad suscrito en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del Gobierno.

Así mismo, reiteramos al Estado de Nicaragua, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su responsabilidad de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, provocando más de 325 muertes, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías y 2 mil personas heridas. Para ello, se requiere de la derogación de la Ley de Amnistía que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes. Dicha ley debe ser declarada inconstitucional porque impone restricciones indebidas a los derechos humanos, civiles y políticos de los ex prisioneros políticos, al amenazarlos con reabrir sus procesos judiciales y encarcelarlos nuevamente si ejercen su derecho fundamental a la protesta y porque intenta obstruir el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de la represión.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en cumplimiento del acuerdo suscrito, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y el cese de toda forma de represión y abuso policial y parapolicial.

 

Foto principal: Diario La Prensa de Nicaragua

Liberan a Lucía Pineda, Miguel Mora y más de cien presos políticos de Nicaragua

Washington, D.C. 11 de junio de 2019. A través de la recién aprobada Ley No. 996, Ley de Amnistía, las autoridades nicaragüenses liberaron entre ayer y hoy a 100 hombres y 6 mujeres prisioneras políticas que se encontraban injustamente encarcelados desde hace meses, incluidos los periodistas representados por Raza e Igualdad, Lucía Pineda y Miguel Mora, Jefa de Redacción y Director del Canal 100% Noticias, respectivamente.

La liberación de los prisioneros políticos ha operado bajo dicha ley, cuya aprobación ameritó la condena internacional por la impunidad que promueve respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades y fuerzas parapoliciales. Las instituciones del Estado nicaragüense, caracterizadas por su falta de independencia, no lograron resolver la situación legal de los prisioneros políticos como en Derecho correspondía. La Ley de Amnistía aprobada les amenaza con la pérdida del beneficio, si incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos contemplados en dicha ley. Tampoco las autoridades nicaragüenses a más de un año del inicio de las protestas de abril, han logrado atender el clamor por justicia para las víctimas de la represión.

A pesar de lo antes dicho, Raza e Igualdad ve con agrado que los prisioneros políticos puedan volver a sus casas y no continúen más expuestos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que les propinaban en la cárcel así como a condiciones que no se corresponden con los estándares internacionales.

La liberación de los periodistas, así como la liberación de líderes estudiantiles, dirigentes campesinos, activistas y defensores de derechos humanos que habían tenido mayor exposición pública durante la crisis iniciada en abril 2018, se realizó con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Además de Mora y Pineda, entre los prisioneros políticos liberados están: Medardo Mairena, Pedro Mena, Amaya Coppens, Edwin Carcache, Nahiroby Olivas, Brandon Lovo, Glen Slate, Ricardo Baltodano, Carlos Brenes, Yubrank Suazo, Christian Fajardo, Irlanda Jerez y Olesia Muñoz.

“Aquí (en Nicaragua) hay una dictadura, aquí se tortura, aquí se violentan los derechos humanos, aquí no hay libertad de prensa ni de expresión, aquí se confiscan medios de comunicación, aquí se apresa a periodistas, a ciudadanos y a jóvenes, esa es la verdad, y nos toca a todos los periodistas decirla”, aseguró Miguel Mora a medios de comunicación locales. Mientras que Lucía Pineda expresó: “vamos a seguir informando en toda la bolita del mundo”.

Al día de hoy, el Canal 100% Noticias continúa tomado por la Policía Nacional luego de ser confiscado en diciembre de 2018, por las autoridades.

El Gobierno de Nicaragua, en el marco de las negociaciones que sostenía con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), suspendidas desde el pasado 16 de mayo, luego de que el prisionero político Eddy Montes Praslin falleciera producto de un disparo realizado por un custodio penitenciario, se había comprometido a liberar a todos los prisioneros políticos a más tardar el próximo 18 de junio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también había requerido al Gobierno que evaluara otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para 17 prisioneros políticos a quienes les otorgó medidas provisionales, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

En los últimos dos meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país. Sin embargo, el Comité Pro Libertad de Presos Políticos todavía tiene en sus listas a 80 personas que continúan en prisión.

Raza e Igualdad continúa demandando la liberación inmediata de las y los prisioneros políticos, quienes durante meses se han enfrentado a procesos judiciales arbitrarios, torturas, tratos denigrantes y otras violaciones de derechos humanos que evidencian el incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de sus compromisos internacionales de derechos humanos.

Demandamos también la libertad plena para todos los prisioneros políticos excarcelados, la limpieza de los antecedentes penales y se les permita a todos y todas, el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, sin intimidación, coacción ni represalias de cualquier tipo.

 

Foto: La Prensa/ Nicaragua

Rechazamos la Ley de Amnistía aprobada en Nicaragua y exigimos justicia para las víctimas de la represión

Washington, D.C., 8 de junio de 2019. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy una aberrante Ley de Amnistía que condiciona la liberación de 182 presos y presas políticas que continúan en prisión y el cierre de procesos penales para quienes habiendo sido detenidos en el contexto de las protestas de abril, fueron excarcelados, a cambio de que no se realice ninguna investigación contra los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, la cual  provocó más de 325 muertes, entre ellos 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías  y 2 mil personas heridas.

Raza e Igualdad recuerda que el Gobierno de Nicaragua ya se había comprometido a liberar a más tardar el próximo 18 de junio a todos los y las prisioneras políticas, mediante un acuerdo suscrito en la mesa de negociaciones que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

El proyecto de Ley de Amnistía, enviado ayer a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, fue aprobado con 70 votos a favor, todos de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), partido de Gobierno. Según el texto de la ley, la amnistía cubre todos los delitos políticos y comunes, y “se extiende a personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.

La propuesta, como otras decisiones tomadas unilateralmente por el Gobierno y sus operadores en el parlamento nicaragüense (como la reciente Ley de Reparación a Víctimas de Violencia en Nicaragua y la Ley de Reconciliación), no fue objeto de ninguna consulta y fue adoptada al margen del proceso de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de Gobierno, mismo que se encuentra suspendido desde que el preso político Eddy Montes Praslin murió a causa de un disparo realizado por un custodio penitenciario.

Raza e Igualdad manifiesta su enérgico rechazo a esta Ley de Amnistía, que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes.

La ley aprobada insiste en la narrativa gubernamental de que lo que ocurrió en 2018 en Nicaragua fue un intento de golpe de Estado y se distancia absolutamente de los estándares internacionales en la materia de verdad, justicia y reparación, por lo que no abona al respeto de los derechos humanos ni a la paz de Nicaragua.

A la fecha, el Gobierno ha engavetado todas las denuncias presentadas por los familiares de nicaragüenses que fallecieron producto de la represión estatal, desatendiendo el justo reclamo por justicia de los familiares de las víctimas. Ahora, el Gobierno de Nicaragua pretende dotar de inaceptables rasgos de legalidad a la omisión de su deber de investigar y sancionar dichas muertes, incluídos los crímenes que  fueron cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental como asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada, según lo constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto de las 109 muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, que logró investigar.

Consideramos que la liberación de los y las presas políticas, así como la cancelación de sus procesos y antecedentes penales, no debe de ninguna forma condicionarse a eximir al Estado de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando y sancionando a los responsables de sus muertes. Desde Raza e Igualdad demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas y todos los prisioneros políticos, que han sido durante meses sometidos a tratos crueles e inhumanos.

La ley aprobada hoy por la Asamblea Nacional demuestra que el Gobierno de Nicaragua continúa irrespetando sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Demandamos justicia, verdad y reparación para las víctimas de la represión. Consideramos inaceptable que las autoridades nicaraguenses continúen ignorándoles, como lo hacen en la Ley de Amnistía.

Rechazamos la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis de Nicaragua

4 de junio de 2019. El pasado 29 de mayo la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Atención Integral a Víctimas de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas desde el inicio de la actual crisis política, social y de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.

La Ley de Atención Integral, aprobada de manera exprés, incluye en su articulado brindar acceso de las víctimas a servicios y programas gubernamentales de atención de salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación, como parte de las reparaciones de las víctimas.

Las organizaciones firmantes señalamos que, las pretendidas reparaciones, no son otra cosa que prestación de servicios públicos esenciales a las cuales el Estado está obligado para garantizar los derechos básicos de la población nicaragüense en general y, por tanto, en ningún caso pueden entenderse como una atención integral y específica ante las graves violaciones a los derechos que han sufrido miles de víctimas de la represión gubernamental.

Además, en su artículo tercero, la Ley establece que las victimas que podrán acogerse a la misma serán identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que ha sido cuestionada por diversos actores por su falta de independencia del gobierno. En este sentido, el pasado mes de marzo de 2019, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó degradar a calificación B a la PDDH de Nicaragua debido a la “falta de voluntad para abordar cuestiones fundamentales de derechos humanos de una manera completa e independiente”.

Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua en junio del pasado año, tenía dentro de su mandato el desarrollo de recomendaciones para la reparación de las víctimas de los hechos acontecidos después del 18 de abril de 2018. El informe que hicieron público en diciembre del mismo año, incluye amplias recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las víctimas, la restitución de derechos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado o el acceso a salud y educación entre otros. Además, indica expresamente que “es fundamental la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, del cual el PIR [Plan Integral de Reparaciones] debe ser parte integrante».

Los estándares internacionales establecen que las reparaciones a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos deben fundamentarse en devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño físico y moral, así como la afectación al proyecto de vida de las víctimas. Además, un paso esencial en todo proceso de reparaciones es que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos reconozcan su responsabilidad en los hechos, lo cual aún no ha ocurrido en Nicaragua.

A partir de lo anterior, las organizaciones firmantes:

Primero: Denunciamos que la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no cumple con los estándares internacionales en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Segundo: Manifestamos que el proceso de elaboración de la Ley de Atención Integral a Victimas, no ha contado con la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Tercero: Exhortamos a la Asamblea Nacional a emitir nueva legislación acorde a las obligaciones internacionales del Estado que garantice a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, precedida de un amplio proceso de consulta con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Solicitamos se valore el acompañamiento y asesoría técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la construcción de una legislación.

Cuarto: Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación de una ley de amnistía a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, tal y como ha circulado en medios de comunicación.  Nos permitimos recordar que esta amnistía vulneraria los estándares internacionales que exigen que estos graves crímenes sean juzgados.

Quinto: Demandamos nuevamente un cese de la represión a la protesta ciudadana y cualquier otra forma de reivindicación democrática, así como la liberación de todas las personas presas por motivos políticos, como requisito necesario para avanzar hacia una verdadera reparación de las víctimas.

Sexto: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para no cesar en la exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las miles de víctimas que ha dejado la actual crisis en el país.

Organizaciones Firmantes
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fondo de Acción Urgente – América Latina (FAU)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM – Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Oxfam Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Pi)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)

Foto: Roberto Fonseca

Organizaciones exigen liberación de presos/as políticas en Nicaragua

A 15 días de que venza el plazo que el gobierno de Nicaragua fijó para la liberación absoluta de las personas privadas de libertad de manera arbitraria, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lanzan una campaña para exigir que el Estado de Nicaragua cumpla con el plazo establecido como máximo.

La iniciativa digital se enmarca en el debate para dar salida a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde abril de 2018, cuando gran parte de la población fue reprimida, atacada y encarcelada por ejercer su derecho a la protesta social.

“Para CEJIL es imprescindible que los líderes y lideresas sociales que aún se encuentran bajo privación de libertad de manera arbitraria recuperen su libertad de inmediato, acorde al compromiso que asumió el Estado”, declaró Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nos preocupan las condiciones de extrema precariedad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante al interior de los penales, incluyendo violencia sexual, a la que siguen expuestas las mujeres presas políticas que permanecen privadas de libertad. Por esta situación, nos urge su liberación y que se garanticen su integridad física y moral, haciendo responsable al Estado de cualquier consecuencia sobre su salud”, agregó a través de una declaración oficial IM-Defensoras.

«Raza e Igualdad considera que la liberación de presos y presas políticas no debe tener dilaciones, aún más cuando en el último mes han quedado evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentran la vida e integridad personal de estas personas», dijo Ana Bolaños, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad.

Las organizaciones coordinadoras de la campaña exigen, además de la liberación de presos y presas políticas, que se cierren los procesos penales iniciados como represalia al ejercicio de la protesta social y como forma de amedrentar a la disidencia política.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado que diera respuesta pronta ante la incertidumbre que se encuentran las personas, sometidas a procesos penales espurios y violatorios de sus derechos. Esto, en la resolución de medidas provisionales en favor de 17 personas privadas de libertad, que aún no han sido liberadas en su totalidad.

La campaña se extenderá hasta el 18 de junio, el último plazo que tiene el gobierno de Nicaragua para cumplir con su compromiso.

Apreciamos resolución de Corte IDH que requiere al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para Lucía Pineda, Miguel Mora y otros 15 prisioneros políticos

Washington, D.C., 22 de mayo de 2019. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor, resolvió ayer 21 de mayo requerir al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de 17 personas privadas de libertad que fueron encarceladas por hacer uso de su derecho legítimo a la protesta.

Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están los periodistas Miguel Mora Barberena, Director del Canal 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias, ambos representados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Pineda Ubau, de 45 años, fue detenida junto con Miguel Mora, de 55 años, el 21 de diciembre de 2018. Ese día, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal a los periodistas. La detención de los periodistas habría sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de “presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, y actualmente está detenido en la la cárcel «La Modelo», mientras que Pineda recibió medidas cautelares el pasado 22 de febrero y hasta la fecha guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Ambos se encuentran a la espera de un juicio oral y público por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Las medidas otorgadas

Los demás beneficiarios son la estudiante Amaya Eva Coppens; los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo y María Adilia Peralta; los miembros del Movimiento 19 de Abril de Managua Kevin Rodrigo Espinoza y Edwin José Carcache; los líderes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Mario Lener Fonseca Díaz; el profesor universitario Ricardo Baltodano; la comerciante Irlanda Undina Jeréz; las hermanas Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Tania Verónica Muñoz Pavón, y los defensores de derechos humanos Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y Reynaldo Lira Luquez.

Las medidas otorgadas por el Presidente de la Corte IDH requieren al Estado de Nicaragua que evalúe de inmediato otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para doce de los beneficiarios, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Cinco de los beneficiarios de las medidas fueron excarcelados el pasado 20 de mayo y puestos bajo régimen de convivencia familiar.

Además, disponen que, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte IDH realice una visita a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y a la cárcel de varones “La Modelo”, para entrevistar a los beneficiarios y a diversas autoridades estatales. La delegación de la Corte IDH estaría integrada por su Presidente, Vicepresidente, otro Juez o Jueza, el Secretario y personal de la Secretaría.

De acuerdo con la disposición del Presidente de la Corte IDH, el Estado de Nicaragua deberá informar a más tardar el 1 de junio cuáles han sido las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a la decisión.

Nuestra posición

Raza e Igualdad, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en nuestra calidad de representantes de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau acogemos con esperanza la decisión tomada por el Presidente de la Corte IDH con respecto a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad, urgencia y en la necesidad de evitar daños irreparables ante las continuas torturas, agresiones y malos tratos que reciben por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios.

Exhortamos al Estado a que asegure de forma inmediata el cumplimiento de la decisión tomada ayer por el Presidente de la Corte IDH, y que cumpla con su obligación de garantizar que las personas detenidas tengan condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, a su derecho a la salud y a su bienestar personal. Además, esperamos que el Estado Nicaraguense garantice el acceso de los beneficiarios a visitas de sus familiares, de sus abogados y de los médicos para que atiendan debidamente sus padecimientos de salud.

 

Suscriben:

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

PRONUNCIAMIENTO: Condenamos la muerte de Eddy Montes, preso político nicaragüense

Washington, D.C. 17 de mayo de 2019. El día de ayer, el señor Eddy Antonio Montes Praslin, prisionero político del Gobierno nicaragüense quien estaba bajo la custodia de las autoridades de la cárcel Jorge Navarro, mejor conocida como “La Modelo”, falleció producto de un disparo propinado por un centinela penitenciario.

El Ministro de Gobernación nicaragüense, Luis Cañas, expresó que Montes Praslin, de 57 años, falleció a las 16: 05 horas “mientras era atendido por personal médico de emergencia que le realizaba procedimiento de reanimación”.

De acuerdo con la versión oficial, el centinela realizó un disparo en defensa propia luego de que Montes Praslin “se abalanzó contra personal penitenciario del perímetro de seguridad”, forcejeando con “claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria y atentar contra la vida de los funcionarios”.

No obstante, la versión de otros prisioneros políticos documentada por medios de comunicación  locales es que se trató de un operativo en el que los funcionarios abrieron fuego contra varios reos que se encontraban en la Galería 16 de La Modelo. Fuentes extraoficiales han asegurado que producto del ataque resultaron heridos entre 17 y 33 prisioneros. Recordamos que Nicaragua está sumida desde hace ya un año en un contexto de graves violaciones de derechos humanos e impunidad.

El señor Montes guardaba prisión desde octubre de 2018 y fue acusado por supuestos delitos en el contexto de las protestas de abril y de forma desproporcional el Juez Séptimo de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos dictó prisión preventiva, duplicándose además los plazos y otras violaciones al debido proceso como el hecho que fue sustraído de su juez natural, se violó la presunción de inocencia, la publicidad del proceso y otras violaciones. El juicio, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua a cargo del Juez Melvin Leopoldo Vargas García, estaba previsto para iniciar el pasado 13 de mayo y fue reprogramado.

Raza e Igualdad expresa su enérgica condena a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por custodios penitenciarios el día de ayer en la cárcel Jorge Navarro, contra el derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos. Han quedado así evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentra la vida e integridad personal de los presos políticos.

Recordamos que el Estado frente a las personas privadas de libertad tiene la posición de garante, de tal forma que resulta obligado a respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, en tanto éstas están sometidas al control efectivo del Estado. Así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace ya dos décadas, en su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca, al afirmar que el Estado al privar de la libertad a una persona, se coloca en una posición de garante de su vida e integridad física.

Por ello, exigimos que los hechos aquí denunciados sean investigados de forma independiente y exhaustiva, y se sancione a los responsables de la muerte del señor Eddy Montes, así como los demás hechos cometidos contra los presos políticos que también resultaron heridos el día de ayer.

Instamos a tomar todas las medidas preventivas a fin de que hechos como el aquí denunciado no se repitan y demandamos la inmediata liberación de todas las personas privadas de libertad en el contexto de las protestas de abril.

 

Foto principal: EFE

EPU: recomiendan a Nicaragua asegurar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos

15 de mayo de 2019. El llamado al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, incluidas la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, fue una de las recomendaciones más recurrentes de parte de más de 90 Estados de todo el mundo ante los que Nicaragua rindió hoy su tercer Examen Periódico Universal (EPU), en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Las recomendaciones al Estado nicaragüense se dan luego de un año de crisis durante la cual se documentaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por parte de las autoridades y grupos paraestatales hacia la población manifestante resultando al menos 325 personas muertas, más de 2,000 lesionadas y 62,000 que debieron salir del país para resguardarse de la violencia.

Otros países también recomendaron la liberación de más de 300 presos políticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en el contexto de la represión a protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018 y la aceptación de escrutinio internacional por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas expulsadas del país por las autoridades.

El Estado de Nicaragua, representado por el vicecanciller Valdrack Jaentschke, presentó un resumen de su informe de país sobre el avance de las medidas que han adoptado los Estados en los últimos cinco años para mejorar la situación de los derechos humanos, y retomó la versión oficinal del Gobierno según la cual en Nicaragua no hubo manifestaciones espontáneas, sino un fallido golpe de Estado.

Jaentschke, tomando distancia de una realidad ampliamente documentada, se empeñó en defender al Gobierno de Daniel Ortega, señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis, y negó que las autoridades nicaragüenses coartaran la libertad de expresión, reprimieran las protestas, encarcelaran injustamente a manifestantes o se auxiliaran de grupos paraestatales para reprimir las manifestaciones.

Participación de los Estados

Un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos, entre ellos varias delegaciones de Iberoamérica como Honduras, México, El Salvador, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Bahamas, República Dominicana y España.

“Mi país recomienda (a Nicaragua) despenalizar el derecho a realizar protestas pacíficas y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas civiles; restablecer el respeto a la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que se encuentran encarcelados; garantizar el regreso, permanencia segura y sin represalias a todas las personas que se vieron forzadas a abandonar Nicaragua desde el inicio de la crisis; erradicar la práctica de violencia sexual contra mujeres privadas de libertad; y retomar la cooperación de Nicaragua con la Oficina de la Alta Comisionada, la CIDH y sus mecanismos y asegurarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato”, expresó el representante de Costa Rica.

También la delegación de España manifestó su preocupación por la crisis de derechos humanos en Nicaragua, junto con otros países europeos como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Malta.

La delegación estadounidense, por su parte, recomendó a Nicaragua que castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, que se hagan investigaciones sobre los hechos de violencia, y que se permita a las organizaciones sociales y religiosas que trabajen sin restricciones ni amenazas jurídicas o contra su vida.

Otras recomendaciones que se hicieron a Nicaragua están enfocadas en que se respeten las garantías a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como que se permita el acceso al aborto voluntario y que se amplíen medidas para disminuir niveles de embarazo adolescente. Además, que se implementen medidas para reforzar y promover la igualdad con las personas afrodescendientes e indígenas, y que se realice un censo LGBTI que permita ampliar las medidas de protección para estas comunidades.

Procedimiento

El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos en la que los países se examinan entre sí. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de las convenciones de derechos humanos de las que Nicaragua es parte.

Las recomendaciones brindadas hoy por las delegaciones de todo el mundo serán revisadas por el Estado de Nicaragua, la cual finalmente decidirá este viernes 17 qué recomendaciones se comprometerá a cumplir o de cuáles solamente tomará nota.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU, pero defensores de derechos humanos que trabajan en el país denunciaron recientemente que una parte importante de las 164 recomendaciones adquiridas por Nicaragua en el EPU de 2014 no fueron plenamente implementadas.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permite a dicho órgano establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes periódicos sobre la actual crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua.

Pronunciamiento

La delegación gubernamental de Nicaragua afirmó durante la revisión del Examen Periódico Universal que se ha avanzado en acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de los hechos de abril y que los medios de comunicación ejercen su labor sin censura previa ni limitaciones.

Incluso llegó al extremo de afirmar que ningún periodista ha sido apresado por ejercer el derecho de informar sugiriendo que los que guardan prisión han incurrido en ilícitos, aunque los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell fueron apresados por su desempeño periodístico.

Además, descalificó a OACNUDH y la CIDH, insistió en que los tranques o cortes de vías fueron centros de operaciones delincuenciales. Intentó justificar el uso desproporcionado de la fuerza utilizada por la Policía, señalada de haber ejecutado crímenes de lesa humanidad, argumentando que estas fuerzas reestablecieron el orden público, actuando contra lo que calificó como “focos de violencia y terror”.

En relación a la libertad de asociación, expresó que a las organizaciones a las que se les canceló su personalidad jurídica se procedió porque las mismas fueron utilizadas para fraguar el supuesto intento de Golpe de Estado buscando minimizar los atropellos cometidos, argumentando que son miles las ONGs que funcionan en el país.

Raza e Igualdad considera inaceptable que a un año de las protestas de abril, la narrativa del Gobierno continúe empeñada en hacer de un lado tantas evidencias existentes, sin aceptar su responsabilidad en la represión de las protestas.

Creemos que es inaceptable que  se siga negando las vidas de los ciudadanos que protestaron y encontraron la muerte, producto de la represión estatal. Además, consideramos inexcusable que en vez de aprovechar la asistencia técnica que podrían representar los órganos de protección del sistema regional y universal de derechos humanos, sea la descalificación el camino elegido por el régimen.

Esperamos que el Estado de Nicaragua acepte las recomendaciones formuladas, y dé los pasos necesarios para el respeto de las libertades y el restablecimiento de la democracia con la urgencia que la situación amerita.

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