Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

«El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población», agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

Día Internacional de la Visibilidad Trans 2019

Washington, DC. 31 de Marzo, 2019.  Hoy 31 de marzo con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordamos la deuda histórica que tenemos con las personas trans en el acceso a sus derechos fundamentales, y nos unimos para recalcar la inmensa tarea que todas y todos tenemos para eliminar los prejuicios que recaen sobre esta población, propendiendo por brindar sus debidas garantías y protecciones básicas.

Debemos hacer frente a la des-protección e inseguridad que viven las personas trans en la región, haciendo aún más visible cómo son sujetos de un tipo de violencia mucho más cruel, y que tienen una clara barrera de acceso a derechos humanos y garantías de dignidad humana debido al prejuicio generado por la sociedad.

Las personas trans continuamente ven vulnerados sus derechos a la identidad, a la vida e integridad personal, la salud integral, el trabajo, y a la vivienda, lo que genera mayor riesgo de morir a edades tempranas o hacer parte de círculos de pobreza y delincuencia común.

Es tarea de las instituciones estatales el garantizar que las personas trans no sean sometidas a tratos violentos, psiquiatrización forzada o intervenciones abusivas sobre sus cuerpos como requisito para reconocer su identidad. El reconocimiento social y jurídico de la identidad de género de las personas trans significa una garantía básica de sus derechos. Adicionalmente, deben promoverse las medidas necesarias para que estas personas tengan programas especiales de acceso al trabajo y a la salud en condiciones libres de discriminación. De la misma forma,  la sociedad civil en general juega un papel fundamental en la eliminación de prejuicios y estereotipos negativos que existen sobre las personas trans.

Es imprescindible considerar las múltiples intersecciones que pueden coexistir con la experiencia de vida trans, y cómo suponen barreras y fuentes de violencia y discriminación más fuertes. Así, debemos recordar cómo el racismo, las situaciones de movilidad humana por el conflicto internos o crisis económicas que generan migraciones, la pobreza y las condiciones de privación de la libertad, impactan de forma más brutal la vida de personas trans y las privan cada vez más

Insistimos en la necesidad por parte de los Estados de no dar la espalda al problema estructural al que se enfrenta la población trans, y donde el apoyo de organizaciones de la sociedad civil juega un papel supremamente importante desde su rol.  Así mismo, es de suma importancia que prontamente se realicen reformas legislativas y proyectos de política pública que impactan aspectos de las experiencias de vida trans en los que existen aún muchas barreras. El reconocer la identidad de género de las personas trans, brindar garantías para su autodeterminación como elemento constitutivo de su identidad y ligado a su dignidad humana, es una tarea primordial que los Estados deben tomar en sus manos. Adicionalmente, debe ser un imperativo el buscar derogar todas las leyes que condenen la plena existencia de las personas con identidad sexual o expresiones de género diverso, o que impongan barreras de reconocimiento de su identidad de género a través de la vulneración de otros derechos fundamentales.

La región actualmente vive un ambiente político tenso de retroceso en materia de protección de los derechos de personas LGBTI y especialmente de la población trans; tales como la eliminación del capítulo de diversidad sexual y de género en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia; las demostraciones públicas por parte de miembros del gobierno de Brasil; y la resiente propuesta impulsada por miembros del Partido Nacional de Uruguay en aras de convocar a un referendum que derogue la “Ley Trans” que con mucho esfuerzo fue aprobada por el Senado el año pasado.  Para Raza e Igualdad es claro que el acceso a los derechos de una población especialmente vulnerable no puede quedar en manos del voto de las mayorías, vulnerando así las garantías básicas de igualdad material para esta población. Estamos convencidos que la meta dentro de una sociedad democrática que considere como base de sus cimientos el pluralismo y la diversidad, debe ser la de eliminar toda forma de discriminación e intolerancia.

PRONUNCIAMIENTO: Negociaciones en Nicaragua deben priorizar el respeto de todos los derechos humanos

Washington, D.C. 22 de marzo de 2019. El retorno a la mesa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia desembocó este miércoles en el acuerdo de una agenda de negociación que retoma temas indispensables para asegurar una salida justa y democrática a la crisis que enfrenta el país desde abril del año pasado: la liberación de los presos políticos, el fortalecimiento de derechos y garantías constitucionales, la aplicación de reformas electorales, el aseguramiento de verdad, justicia, reparación y no repetición y mecanismos de implementación de los acuerdos.

Según un comunicado conjunto publicado ayer, las autoridades nicaragüenses se comprometieron a “liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, al menos 802 personas se encuentran privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país, delegaciones policiales o bajo el régimen de convivencia familiar. Todos ellos fueron apresados por haber participado en las manifestaciones que desde abril del 2018 exigían el cese a la represión gubernamental, justicia por las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese contexto de represión y reformas para democratizar el país.

El Gobierno nicaragüense, aunque durante estos meses había insistido en que los prisioneros eran “presos comunes” que cometieron delitos como parte de un supuesto Golpe de Estado, aceptó ayer que liberará a “todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como preso político”, según una misiva enviada ayer por el canciller nicaragüense Denis Moncada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Durante estos once meses de crisis, las cárceles nicaragüenses han sido denunciadas como centros de torturas y lugares donde se somete a los prisioneros a tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, deficiente o nula atención médica y hostigamientos constantes.

Sumado a esto, en los últimos once meses la represión a las protestas antigubernamentales ha dejado como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, según datos de la CIDH y la ONU.

Raza e Igualdad considera que las negociaciones que han retomado el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica pueden representar un avance significativo en  la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que vive el país, siempre que en la ejecución de los acuerdos, se priorice el respeto a los derechos humanos, el derecho a la verdad, justicia y  la reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua.

Los acuerdos alcanzados en dicha negociación no deben fomentar la impunidad de los crímenes cometidos por fuerzas policiales y grupos paraestatales u ordenados por las más altas autoridades, como ha documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Estimamos indispensable que se reestablezca la personería jurídica a las nueve organizaciones de la sociedad civil independiente a las que se les ha negado su derecho de ejercer derechos y contraer obligaciones desde diciembre pasado y se les regresen los bienes que fueron ocupados por las autoridades, así como los bienes que fueron ocupados ilegalmente a las empresas vinculadas al periodista Carlos Fernando Chamorro.

Así mismo, consideramos  urgente que se propicien las condiciones para que la ciudadanía en general pueda expresarse y manifestarse libremente y que los periodistas y medios independientes puedan ejercer su derecho de informar y disponer de sus equipos y bienes, sin temor a las represalias del poder.

Finalmente, Raza e Igualdad considera que la liberación de los presos políticos debe hacerse sin dilaciones y de forma simultánea con la anulación de todos los procesos judiciales para que estos ciudadanos, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres encarceladas puedan recobrar a lo inmediato, su total libertad y continuar con sus proyectos de vida.

Raza e Igualdad con ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Mensaje de Carlos Quesada – Director Ejecutivo , Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Hoy 21 de marzo conmemoramos de nuevo el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, observando lo que acontece en el mundo y nuestro continente no puedo pensar sino en cómo la discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia van ganando terreno;  en los medios de comunicación, en la política, en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana. Luchar por la eliminación de todas las formas de discriminación, racismo, xenofobia, homofobia e intolerancia es uno de los pilares fundamentales para promover la cohesión social, el derecho por la vida y la diversidad de los pueblos.

Quiero llamar la atención, sobre el hecho de que en nuestro continente solo tres países hayan ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia: Costa Rica, Uruguay y Antigua y Barbuda.  Es imperativo que los demás Estados de la region realmente asuman ese compromiso de combatir, castigar y eliminar ese flagelo que carcome a nuestras sociedades y los instamos a que firmen y ratifiquen este importante instrumento interamericano, en especial en el marco de los Planes de Acción que deben desarrollar durante el Decenio de los Afrodescendientes (2015-2025).

No se puede permitir que los afrodescendientes en las Americas continúen siendo las poblaciones mas marginadas y afectadas por ese racismo estructural que se ve reflejado en las pocas inversiones estatales, en los altos indices de analfabetización, en la sub-representación en instancias de toma de decisiones y en la sobre-representación dentro del sistema de administración de justicia. Jóvenes afrodescendientes siguen siendo víctimas del perfilamiento racial y de la brutalidad policial. Las mujeres afrodescendientes continúan teniendo poco acceso a salud y educación, perpetuando con ello los altos niveles de pobreza.

Los Estados se aprestan a iniciar la nueva ronda censal (2020) donde esperamos no solo tener datos cuantificables de cuantos afrodescendientes existen,  sino de cuales son las condiciones socioeconómicas de esas poblaciones, con el objetivo de que los Estados hagan un mejor uso de los recursos e inviertan en las zonas mas pobres, coincidentemente donde habitan los afrodescendientes.

En esta segunda década del Siglo XXI  ha quedado claro que los afrodescendientes, gracias a la resiliencia,  esperan mas que buenas intenciones,  esperan cambios estructurales reales. Mas académicos, politicos, profesionales y empresarios afrodescendientes han demostrado no solo los aportes que han hecho en sus países, sino que forman parte,  han construido y seguirán construyendo las identidades de los países donde habitan desde Canada hasta Argentina; ya sea que se llamen, negros, afroamericanos, afrolatinos, palenqueros, raizales o pretos!

Desde Raza e Igualdad seguiremos visibilizando, combatiendo y denunciando el flagelo de la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia junto a nuestras contrapartes en el hemisferio, quienes con su experiencia y lucha han logrado avances a nivel nacional e internacional.

150 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, pero 600 continúan en las cárceles

Washington, D.C., 15 de marzo de 2019. Oficialmente 150 prisioneros políticos del Gobierno de Nicaragua han sido excarcelados y pasado al régimen de convivencia familiar en las últimas tres semanas, en el marco de las negociaciones que sostienen una delegación gubernamental con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018.

Esta mañana, medios locales reportaron que cinco buses salieron del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, una cárcel de hombres conocida como “La Modelo”, en los que las autoridades penitenciarias trasladaban a los prisioneros que serían entregados casa por casa, en diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Gobernación publicó hoy en su sitio web una lista de 50 personas, 8 mujeres y 42 hombres, que a partir de hoy recibieron medidas cautelares, entre ellas los líderes estudiantiles Yaritza Rostrán y Levis Artola, y las estudiantes matagalpinas Nelly Roque y Solange Centeno.  

“La prisión en su totalidad es espantosa, pero hay muchas chavalas que son en realidad guerreras”, le dijo Rostrán a periodistas, según informó el diario La Prensa. Los familiares de los presos políticos y sus defensores han reportado en diversas ocasiones que estos sufren tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

Otros 100 prisioneros de conciencia, 12 mujeres y 88 hombres, fueron liberados el 27 de febrero, el mismo día que iniciaron nuevamente las negociaciones luego de que en junio de 2018 se suspendiera el Diálogo Nacional a consecuencia de la continua represión a manifestantes por parte de policías y agentes paraestatales.

Negociaciones

La excarcelación del último grupo de prisioneros que se realizó hoy, ocurre luego de que la Alianza Cívica se retirara hace una semana de la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno de Nicaragua de dar “gestos creíbles” para alcanzar verdaderos cambios. El miércoles 13 de marzo, las autoridades anunciaron que liberarían a una “cantidad apreciable” de personas, lo que impulsó que las negociaciones se reanudaran este jueves.

“La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno”, dijo ayer a Confidencial el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y delegado de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua, al menos 777 personas están privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta, lo que significaría que aún quedan más de 600 personas encarceladas por ejercer ese derecho humano.

Según el gobierno, las 150 personas excarceladas cometieron “delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” durante las propuestas antigubernamentales.

Esta decisión de enviar a sus casas a 50 nicaraguenses que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente, coincide con la negativa policial de permitir la Marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 17 de marzo, que demandaría la liberación incondicional de todos los presos políticos y con el aumento de la presencia policial en la capital para intimidar a la población y persuadirla de que no salga a protestar.

Desde abril, fecha en que inició una crisis de derechos humanos en Nicaragua producto de la represión estatal a manifestaciones cívicas en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que fallecieron al menos 325 personas y otras 2mil resultaron lesionadas.

Raza e Igualdad demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua.

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

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