The National Press Club invita al evento: «Voces globales, periodismo bajo amenaza en Nicaragua»

The National Press Club invita al evento: «Voces globales, periodismo bajo amenaza en Nicaragua»

El miércoles 25 de septiembre a las 6:30 p.m., el Comité Internacional de Corresponsales de la APN (CPI) y el Equipo de Libertad de Prensa llevarán a cabo un evento sobre represión de los medios en Nicaragua. Recién testificado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una delegación de cuatro periodistas nicaragüenses, tres de los cuales permanecen en el exilio, discutirán el reciente descenso del país a la violencia y la represión.

En abril de 2018, los cambios propuestos al sistema de seguridad social de Nicaragua provocaron una serie de protestas callejeras. Los movimientos duros para reprimir las protestas tuvieron el efecto contrario, avivaron las llamas de la disidencia y llevaron a los llamados al presidente Daniel Ortega a renunciar. Cuando los periodistas se mudaron para cubrir el creciente movimiento de oposición, muchos se encontraron directamente en la línea de fuego, enfrentando el arresto de la policía y la violencia a manos de las milicias progubernamentales.

La delegación de periodistas nicaragüenses hablará sobre sus experiencias de informar desde el frente, las tácticas que el gobierno de Ortega ha utilizado para calificar a la prensa como parte del movimiento de oposición, el estado actual del país y sus esperanzas para el futuro. El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos está apoyando a cada uno para que asista a las audiencias de la CIDH y este evento especial para los medios.

Los panelistas serán:

Carlos Fernando Chamorro es fundador y editor de Confidencial. Carlos se encuentra actualmente en el exilio en Costa Rica luego de una redada policial en Confidencial en diciembre de 2018. La policía confiscó documentos, teléfonos, computadoras y cámaras de televisión en un intento por interrumpir los informes de la revista. Carlos Fernando huyó del país en enero de este año en medio de amenazas en su contra.

Lucía Pineda Ubau es directora de noticias en 100% Noticias. Lucía fue arrestada en diciembre del año pasado, acusada de «incitación y conspiración para cometer actos de terrorismo e incitación a crímenes de odio». Fue liberada en junio bajo la controvertida ley de amnistía del país y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Aníbal Toruño, actualmente exiliado en Miami, es director y propietario de Radio Darío. El 20 de abril de 2018, multitudes progubernamentales prendieron fuego a Radio Darío, dañando gravemente la estación y obligándolos a trasladarse a otro lugar. Desde entonces, sus oficinas han sido allanadas varias veces por la policía nicaragüense.

Sergio León, propietario y director de La Costeñisima, ha permanecido en Nicaragua y ha sufrido constantes hostigamientos, siendo detenido por la policía nicaragüense en múltiples ocasiones.

Sobre la moderadora:

María Peña, nacida en Nicaragua, es una reportera digital de Telemundo, donde cubre todos los temas que afectan a los hispanos, incluyendo inmigración, comercio, educación, vivienda, votación, empoderamiento político, política exterior y, más recientemente, terrorismo doméstico en la frontera. Ha trabajado en el periodismo de Washington durante más de 30 años, pero también viaja al extranjero para cubrir importantes historias internacionales, como el histórico viaje de Obama a Cuba en 2016. Es invitada frecuente en las principales redes, incluidas Voice of America, Univision, CBC, CNN y CGTN America. En 2017, fue nombrada entre los «100 latinos influyentes» de El Tiempo Latino. María es miembro del National Press Club.

 

Para más información e inscripción al evento aquí

Transmisión en vivo del evento aquí

 

Condenamos agresión a activista trans en Nicaragua y exigimos una investigación exhaustiva a las autoridades

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la organización Caribe Afirmativo de Colombia condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por Ludwika Vega, mujer trans y coordinadora de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) y exigimos a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva sobre el caso.

De acuerdo con la información recibida por Raza e Igualdad, el pasado martes 10 de septiembre, dos hombres que se trasladaban en una motocicleta ingresaron de forma violenta a las oficinas de ANIT en la ciudad de Managua a eso de las 8:00 p.m., cuando Ludwika se encontraba sola en el sitio.

Los hombres golpearon a Vega con una piedra, desprendiéndole piezas dentales y provocándole sangrado. Posteriormente, los desconocidos agredieron a la activista con un objeto cortopunzante, ocasionándole cinco heridas: una al lado del pecho, tres en la espalda y otra en uno de sus costados. Se conoce además que los sujetos robaron la computadora personal y la cartera de Ludwika Vega.

Después de la agresión, fue trasladada a un centro hospitalario y actualmente se encuentra en proceso de recuperación por el ataque sufrido.

ANIT es una organización que promueve y defiende los derechos de las mujeres transgéneras a través de la educación en derechos humanos y acciones de incidencia en distintos espacios.

Para Caribe Afirmativo, Ludwika ha sido una aliada clave en Nicaragua para la implementación del proyecto Enterezas II que se centra en la investigación de violencia por prejuicio y crímenes de odio contra mujeres lesbianas y bisexuales. Su labor ha consistido en la articulación con mujeres LBT de la sociedad civil, con el fin de generar espacios de formación como talleres, capacitaciones y socialización de mecanismos de exigibilidad de derechos.

Raza e Igualdad y Caribe Afirmativo consideran imprescindible que se realice una investigación exhaustiva que tenga como una de sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión y robo esté vinculado a la labor de defensa de los derechos humanos que Ludwika Vega y ANIT ejercen en favor de las mujeres trans.

La impunidad de las agresiones contra las mujeres trans alienta nuevos actos de violencia por lo que las autoridades deben informar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y sancionar a los responsables.

Puede descargar el pronunciamiento aquí.

Crisis de DDHH en Nicaragua no se ha superado, denuncian Alta Comisionada de Derechos Humanos, CIDH y activistas nicas

Ginebra, 10 de septiembre de 2019. La grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril 2018 ha quedado expuesta en toda su magnitud esta semana durante el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, con la presentación de un informe actualizado sobre la situación en ese país que realizó hoy la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el respaldo al pueblo de Nicaragua expresado por diversas delegaciones diplomáticas, y la presencia de una delegación de activistas, periodistas, ex prisioneros políticos, defensores de derechos humanos nicaragüenses y organizaciones internacionales de derechos humanos.

El informe de Bachelet

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reflejó en su informe que las graves violaciones de derechos humanos han continuado en Nicaragua, especialmente contra el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y asociación, a la libertad personal, a no ser sometido a tortura ni condiciones inhumanas de detención, a tener un juicio justo y a obtener reparaciones.

“La respuesta institucional a las violaciones de los derechos humanos ha sido insuficiente”, dijo Bachelet en su intervención, añadiendo que el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por estas graves violaciones. En consecuencia, resaltó la importancia de que los organismos de derechos humanos pueda regresar al país para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua.

En el informe de Bachelet se brindan ocho recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre ellas que se reanude “urgentemente” el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; que se garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; que se restablezca de forma urgente la personalidad jurídica de las nueve organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación que fueron sancionados e ilegalizados; y que se establezca un plan de acción de amplio alance orientado a la rendición de cuentas.

CIDH y delegaciones internacionales respaldaron informe de la ACNUDH

La Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, señaló que la crisis en Nicaragua “mantiene al país en un clima de grave deterioro institucional y de completo cierre de los espacios democráticos para el ejercicio de los derechos humanos”.

De acuerdo con la Comisionada, «persiste la instalación de facto de un estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas, persisten las detenciones arbitrarias, el exilio de periodistas y líderes sociales, la falta de tutela judicial efectiva para las víctimas, persiste la impunidad, persisten las denuncias de asesinatos de personas identificadas como opositoras, las denuncias por casos que pudiesen calificarse de desapariciones forzadas y las denuncias de ataques sexuales y torturas”.

Posteriormente, diversas delegaciones respaldaron el informe de la ACNUDH, incluyendo: la Unión Europea, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bélgica, República Checa, México, Alemania, Suiza, Ecuador, España, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Georgia, Islandia, Luxemburgo. Así mismo, las organizaciones CIVICUS, Red Local, Human Rights Watch, FIDH, Amnistía Internacional, CitizenGo e Hivos, acogieron el informe e instaron al Estado a retomar las recomendaciones allí presentadas.

Estado nicaragüense niega violaciones de derechos humanos

El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentscke, negó las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua desde el inicio de la crisis en abril de 2018 hasta la fecha, puestas en evidencia de forma irrefutable por Bachelet y por Urrejola.

En cambio, desacreditó el informe presentado por Bachelet y defendió la postura gubernamental de que en Nicaragua existe plena libertad de asociación, que ningún periodista ha sido perseguido por ejercer su oficio, ni defensores humanos han sido reprimidos en sus funciones, que no han existido las detenciones arbitrarias y que no existen torturas ni tratos crueles e inhumanos en los centros de detención nicaragüenses.

Al Estado de Nicaragua lo respaldaron las delegaciones de Bolivia, Siria, Belarús, Cuba, Rusia y Venezuela, países que solicitaron a la ONU no intervenir en asuntos internos.

Los espacios de incidencia

Un día antes de la presentación del informe de derechos humanos sobre Nicaragua, se llevó a cabo el evento “Combatiendo la impunidad y fortaleciendo la rendición de cuentas: violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, evento organizado por el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) con el propósito de acercar la realidad de Nicaragua al 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En el panel participaron los excarcelados políticos nicaragüenses Lucía Pineda, Victoria Obando y Edwin Carcache, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, y el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández.

La Jefa de Prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, expuso cómo el Gobierno de Nicaragua sigue acosando, amenazando y reprimiendo a los comunicadores y periodistas independientes en su país, y cómo aún continúan ocupadas las oficinas del Canal 100% Noticias y del medio digital Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro.

Edwin Carcache, líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, contó que aún continúan apresadas al menos 126 personas que fueron detenidas por su participación en protestas ciudadanas, y lamentó que estos presos políticos estén pasando por las mismas condiciones de torturas y tratos inhumanos que él mismo vivió en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”.

Victoria Obando, por su parte, resaltó cómo la comunidad LGBTIQ ha sido parte activa de las manifestaciones ciudadanas y por lo tanto, ha sufrido los embates de la represión a través del encarcelamiento o el exilio. “Tenemos registros de personas exiliadas de nuestra comunidad en al menos 13 países, donde sus condiciones de vida se ven afectadas gravemente cuando media la visibilidad de su orientación sexual o identidad de género”, explicó Obando.

Apoyo del Sistema Universal y Sistema Interamericano

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, coincidió con el informe de Bachelet y reiteró que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses.

El relator especial explicó que el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental para que se garanticen los demás derechos. Con base en lo anterior, pidió al Estado de Nicaragua que se les devuelva la personería jurídica a las ONG’s que fueron ilegalizadas, pues estas desempeñan un papel vital en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y la vida democrática de la sociedad.

“El gobierno de Nicaragua no debe verlos como una amenaza, sino como un medio de diálogo en el que debe participar”, añadió, resaltando que el inicio de cualquier proceso de justicia transicional pasa por permitir el trabajo de organizaciones independientes que puedan prestar apoyo a las víctimas y documentación de denuncias. Además, subrayó el gran interés de su oficina de visitar el país para establecer un diálogo con el gobierno nicaragüense, aunque este no ha recibido respuesta por parte del Estado.

Finalmente, el vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, también resaltó que están dispuestos a desplegar sus misiones nuevamente en Nicaragua, a pesar de que tampoco han recibido respuesta sobre reiteradas solicitudes. “Se han cerrado los espacios democráticos y a la fecha no se han abierto. Nicaragua no tiene una voluntad de solucionar esta crisis”, lamentó Hernández.

Pronunciamiento sobre próximo informe de la situación en Nicaragua por la Alta Comisionada Michelle Bachelet

26 de agosto de 2019. En el marco de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este 10 de septiembre la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cumplimiento al mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.

Desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades del país.

Como consecuencia de esa violencia, hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han muerto al menos 328 personas, dentro de ellos 29 niños, niñas y adolescentes, más de 2,000 han resultado heridas, miles fueron detenidos arbitrariamente y centenares fueron criminalizados por ejercer su derecho a la protesta. La mayoría de los prisioneros políticos fueron excarcelados recientemente bajo una Ley de Amnistía, aprobada unilateralmente por diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), misma que perpetúa la impunidad para los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, pues establece que no se realizará ninguna investigación respecto de estos crímenes.

Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos, conforme registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, al 28 de julio del corriente.

Además, el esfuerzo de negociación iniciado en febrero de este año entre algunos sectores de oposición reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y una delegación gubernamental, fue cancelado oficialmente el 30 de julio por decisión unilateral del Gobierno, que había incumplido todos los acuerdos que lograron negociarse.

Estas situaciones reflejan que en Nicaragua no hay disposición de las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares; ni garantías de que se reiniciarán las negociaciones, esta vez de buena fe por parte del Gobierno y respetando los acuerdos alcanzados.

Por todo lo anterior, pedimos a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para su informe:

  1. Demandar la inmediata liberación de todas las personas que aún están en prisión por hechos vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 y de aquellos que están siendo imputados por la supuesta comisión de delitos comunes como represalia por su participación en las mismas. En cuanto a las personas que han sido excarceladas, demandar la plena restauración de sus derechos y libertades, así como el cierre de sus procesos penales, la cancelación de los antecedentes y la devolución de sus bienes ocupados.
  2. Urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y persecución a los y las jóvenes, a personas defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, mujeres, periodistas, personas LGBTIQ y a personas excarceladas quienes continúan siendo asediadas, perseguidas, y amenazadas de ser detenidas y judicializadas. Asimismo, exigir el irrestricto respeto del derecho de las niñas, niños y adolescentes a gozar de protección integral del Estado.
  3. Exigir al Estado de Nicaragua el desarme y desmantelamiento de los grupos armados paraestatales que continúan amenazando y atentando contra la población.
  4. Hacer uso de todos los mecanismos existentes del Sistema Universal de Derechos Humanos a fin de lograr una política de atención especializada y urgente que garantice los derechos humanos de las personas nicaragüenses refugiadas en Costa Rica y otros países.
  5. Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.
  6. Instar al Estado de Nicaragua a que entregue los bienes, equipos y licencias de funcionamiento a 100% Noticias, Confidencial y Esta Noche, permitiéndoles desarrollar su labor a estos y otros medios y radios independientes, sin obstáculos ni represalias de ningún tipo.
  7. Haga uso de sus buenos oficios para asegurar el retorno a Nicaragua sin restricciones de los mecanismos de derechos humanos: CIDH y OACNUDH. En este sentido se valora como muy positivo el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), incluida su propuesta de crear una Fiscalía Especial y de adoptar un plan integral de reparaciones.
  8. Solicitar al Estado de Nicaragua que deje sin efecto la Ley de Amnistía, por ser contraria con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que realice reformas profundas al Sistema Judicial del país; y que se ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
  9. Demandar al Estado de Nicaragua la protección inmediata a los pueblos indígenas y afrodescendientes que están siendo acosados y asesinados en distintas regiones del país; puesto que urge que el Estado los proteja de la agresión de los colonos que los asesinan, roban y destruyen sus tierras.

Mientras que a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas pedimos:

  1. Instar al Estado de Nicaragua a la reanudación de un diálogo inclusivo que permita el cese de la represión y acordar los términos y condiciones para la concreción de una transición democrática.
  2. Instar al Estado de Nicaragua a retomar el proceso de reforma profunda del Sistema Electoral y la legislación de la materia, que contribuya a garantizar elecciones libres, inclusivas, transparentes y anticipadas respecto de noviembre de 2021.
  3. Respaldar firmemente la demanda del pueblo nicaragüense de acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
  4. Alentar al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones resultantes del Examen Periódico Universal y a implementar de inmediato todas aquellas consideradas urgentes, entre ellas, proceder a desarmar a las fuerzas paramilitares.

Finalmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a:

  1. Renovar el mandato de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que la Oficina de la Alta Comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe monitoreando la situación de derechos humanos en dicho país.

Suscriben: 

ORGANIZACIONES NICARAGÜENSES 

  • – Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH.
  • – Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE.
  • – Unión de Presos y Presas políticos de Nicaragua, UPPN.
  • – Fundación Violeta Barrios de Chamorro, FVBCH.
  • – Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDHCAN.
  • -Canal 100% Noticias
  • – Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM.
  • – Articulación de Movimientos Sociales.
  • – Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO.
  • – Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS.
  • – Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
  • – Iniciativa Nicaragüense de Defensoras, IN-Defensoras.
  • – Fundación Puntos de Encuentro.
  • – Red de Mujeres de Matagalpa.
  • – Red de Mujeres Contra la Violencia.
  • – Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
  • – Feministas Madrid por Nicaragua.
  • – Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo.
  • – Movimiento de Jóvenes Feministas Las Malcriadas.
  • – Articulación Feminista de Nicaragua.
  • – Movimiento Feminista de Nicaragua.
  • – Programa Feminista La Corriente.
  • – Mujeral en Acción.
  • – Grupo Lésbico Feminista Artemisa.
  • – Fundación Coordinadora de ONG’s que trabajan por los derechos de la Niñez, CODENI.
  • – SOS Nicaragua UK.
  • – Morada Feminista Nicaragua UK.
  • – SOS Nicaragua- Sverige.
  • – Resistencia Civil Nicaraguense.
  • – Proyecto Lechuza.
  • – Popol Na.
  • – Movimiento por Nicaragua.
  • – Anides.
  • – Campaña 28 de septiembre por la Despenalización del Aborto – Punto focal Nicaragua.

ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS

  • – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
  • – Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras.
  • – Fundación Para el Debido Proceso, DPLF.
  • – Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala, UDEFEGUA.
  • – Fondo de Acción Urgente – América Latina y el Caribe.
  • – Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, REDLAD.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

  • – Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Raza e Igualdad.
  • – Servicio Internacional para los Derechos Humanos, ISHR.
  • – Red Internacional de Derechos Humanos, RIDH.
  • – Just Associates, JASS.
  • – Freedom House.
  • – CIVICUS
  • – Asociación France-Nicaragua.

En medio de la crisis en Nicaragua, los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados

Washington, D.C. 14 de agosto de 2019. La represión y los asesinatos extrajudiciales que ocurrieron en varias ciudades de Nicaragua desde abril de 2018, sobre todo en las zonas urbanas del pacífico y centro de Nicaragua, eran conductas ya conocidas por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense. “Estas modalidades de represión ya las hemos vivido en nuestras comunidades desde 2015”, aunque bajo motivaciones distintas, afirma la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham.

En medio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan siendo vulnerados predominantemente de dos formas: por la violación a su autodeterminación y autonomía y por falta de saneamiento de las propiedades comunales, denunció la abogada y activista, quien se encuentra profundamente preocupada por la situación de impunidad y la falta de garantías institucionales para estas poblaciones.

Autodeterminación

En el Atlántico Norte y Sur de Nicaragua cada comunidad es autónoma y debería contar con su propia forma de organización. Los pueblos indígenas se organizan con base en sus costumbres y tradiciones, por lo que existen autoridades comunales y territoriales que deben elegirse según un procedimiento regulado jurídicamente. Pero la injerencia del partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ha generado  frecuentes conflictos en las comunidades.

“Esto ha venido a crear muchos problemas, es decir, que es una forma que ha venido a confrontar las comunidades, porque por la injerencia partidaria ha creado gobiernos paralelos, crea algunas figuras que no son parte de la autoridad tradicional”, explica Cunningham.

Según la activista, los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS), también existentes en el Pacífico y en áreas urbanas, son realmente mecanismos de vigilancia, y no cumplen su rol como autoridades tradicionales. El Gobierno es el encargado de entregar, luego de cada elección, un certificado de nombramiento como autoridad, pero a quienes se elige según la tradición les es negado dicho certificado, y más bien se les otorga a personas que acatan mandatos del partido.

“Así van creando un fraccionamiento de la familia indígena, de la comunidad indígena. Y en esos conflictos, incluso ha habido heridos, derramamiento de sangre”, lamenta Cunningham. Uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad Kamla, municipio de Bilwi, Caribe Norte, cuando el 26 de junio simpatizantes sandinistas agredieron a la líder comunal y concejal municipal Marcela Foster, causándole la pérdida del ojo izquierdo y una fractura en uno de sus brazos.

“Nosotros ahora estamos preocupados por la omisión de los funcionarios públicos, la Policía, el Ministerio Público que no actúan, y como ha continuado la impunidad, esto puede agravarse”, advirtió Cunningham. “En las comunidades indígenas ha aumentado el asedio y la criminalización y nosotros tenemos mucho temor…”, añadió.

Falta de saneamiento

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas). En 2003, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos.

Debido a la inoperancia estatal, la falta de saneamiento ha empezado a surtir efectos negativos para la seguridad de los pueblos indígenas y para el aprovechamiento de los recursos naturales por los mismos. “Los colonos han venido armados hasta los perímetros más cercanos de la comunidad, usurpando, ocupando tierras”, asegura Cunningham, quien relata: “Cuando nosotros vamos a las asambleas comunales, es triste, lloran las mujeres porque te cuentan cómo no pueden ir a recopilar su alimento, no pueden ir a pescar, no pueden ir a recopilar su medicina tradicional, porque ellos no viven de una pulpería o de una farmacia, viven del bosque”.

También se han reportado casos de secuestros de indígenas, por parte de colonos, tanto para advertirles que no pasen los límites que ellos arbitrariamente han delimitado, como para forzar a las mujeres a levantar la cosecha de frijoles. “Tenemos indígenas desaparecidos, tenemos indígenas que han muerto, asesinados atrozmente, que les han cortado la cabeza, cortado las manos, sacado los ojos…”, describiendo así la violencia extrema que ha caracterizado a algunos hechos recientes.

Cunningham aseguró que la Policía no acude a las áreas comunales, y más bien son los líderes que demandan el saneamiento de las comunidades los que han sido apresados y criminalizados. “En vez avanzar en el saneamiento ahorita estamos viendo juicios de delitos comunes, que les montan un expediente con delitos comunes y nosotros sabemos que eso no es cierto, no hay pruebas, porque nosotros conocemos a la gente y conocemos que son también acciones selectivas”, señala.

De acuerdo con Cunningham, las autoridades permiten estas tomas de tierras para “mantenerse en el poder, porque los indígenas casi no les dan los votos a los partidos nacionales”. Además, también han brindado concesiones a empresas de oro y madereras sin que los gobiernos territoriales las hubieran avalado, como lo mandata el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

“Por la crisis social de 2018, ha entrado una masiva invasión de colonos. Y el Estado de Nicaragua lo sabe”, lamenta Cunningham.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad llama al Estado de Nicaragua a proteger los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a garantizar el respeto a la propiedad colectiva, a su autonomía para elegir a sus autoridades así como condiciones de seguridad que protejan sus vidas e integridad personal ante la violencia que hoy les aqueja.

Instamos al Estado de Nicaragua a aceptar las recomendaciones del Examen Periódico Universal respecto a estos pueblos en la próxima sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y a la pronta implementación de las mismas.

Fotos de Flickr. 

Refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México se reúnen en Costa Rica

San José, Costa Rica. Un grupo de refugiados nicaragüenses LGBTI en Centroamérica y México sostuvieron un encuentro en San José, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de julio de este año, para propiciar una discusión en torno a diferentes derechos que han sido vulnerados en esta población, entre ellos la discriminación por su orientación sexual e identidad de género en contextos laborales y de acceso a vivienda.

En el desarrollo del taller, organizado por la Mesa LGBTI de Nicaragua y apoyado por Raza e Igualdad, fue reiterativo que tanto los hechos iniciales que motivaron su salida de Nicaragua, en muchos casos asociadas a graves violaciones de derechos humanos, así como las situaciones forzosas de desapego familiar, la precariedad para sobrevivir en otro país, la discriminación, por mencionar solo algunos aspectos, tienen en su conjunto un grave impacto en la salud emocional y mental de los refugiados. Esta situación no ha sido identificada y atendida debidamente a pesar de que la depresión ha pasado a ser un denominador común entre los/as refugiadas, dándose en julio de 2019, incluso, el suicidio de un joven gay nicaragüense refugiado en Costa Rica.

La mayoría de estos refugiados nicaragüenses LGBTI se vieron forzados/as a salir de su país por motivos de asedio por redes sociales, persecución política, detención arbitraria y en varios casos, graves violaciones a sus derechos humanos que además de la libertad, incluyeron la integridad personal, sexual y psíquica.

Si bien los/as asistentes al taller evidenciaron la necesidad de judicialización de las violaciones a sus derechos que dieron origen a la salida de su país, el contexto actual durante su proceso de adaptación a los países receptores también es bastante preocupante y requiere acompañamiento e intervención urgente en los diversos países en que se encuentran ubicados, particularmente Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y México.

Derechos vulnerados

En primer lugar, los asistentes contaron su proceso inicial de salida de Nicaragua. En muchos casos esta decisión se tomó en cuestión de horas o días, lo cual tuvo repercusiones a nivel emocional, ya que no contaron con el tiempo para despedirse de amigos y familiares. A nivel financiero, algunos asistentes contaron que salieron con 40 dólares hacia Costa Rica; y en temas de seguridad, algunos lo hicieron por ruta terrestre de forma irregular, exponiéndose a riesgos que incluían la integridad sexual, como relataron algunas mujeres lesbianas.

Otro de los aspectos discutidos guarda relación con el contexto actual de los países receptores. Si bien, acorde a los principios internacionales la orientación sexual e identidad de género (OSIG) de los solicitantes de refugio son aspectos relevantes a tener en cuenta y que han sido reconocidos por gobiernos como el costarricense, hay otros países receptores como Honduras, Salvador o Guatemala, en los que el reconocimiento de la OSIG de los solicitantes no es tomado como relevante e incluso se convierte en un aspecto que problematiza la relación entre los funcionarios públicos y los solicitantes de refugio.

Sin embargo, ya sea en Costa Rica o cualquier otro país, en todos los casos, los asistentes evidenciaron que sus condiciones de vida se afectaban gravemente cuando mediaba la visibilidad de su OSIG.

Este impacto diferenciado se hace evidente en el ejercicio cotidiano de derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda. La ubicación de un lugar digno de vivienda ha sido particularmente problemático para mujeres trans y quienes tienen expresiones de género no binarias. Agresiones verbales cotidianas, vigilancia vecinal, denegación de contratos y cancelaciones anticipadas de arrendamiento hacen parte de la cotidianidad de los/as refugiadas nicaragüenses LGBTI en los países receptores. Esta situación se agrava cuando además se niegan contratos de arrendamiento por la xenofobia, es decir, por el hecho de ser nicaragüenses.

Algo similar ocurre con relación al derecho al trabajo. Además de las dificultades connaturales a estar fuera de su país y sus contextos locales para conseguir un trabajo, en algunos casos las mujeres trans se han visto obligadas a eliminar en su cotidianidad su expresión de género femenina como condición misma para obtener un empleo. Algunos de los migrantes son jóvenes que aún estudiaban y no han podido homologar y completar sus estudios. La suma de estas situaciones de precariedad ha llevado que en algunos casos se realice, como lo denominan ellos y ellas, “trabajo sexual por sobrevivencia”, lo que los y las ha expuesto además a una situación de riesgo sobre su salud sexual.

A pesar de este contexto tan adverso, todos/as los/as asistentes destacaron que el apoyo mutuo fue fundamental para su sobrevivencia, desde compartir espacios de vivienda solidarios, generación de fondos de apoyo financiero común y respaldo al respeto de sus identidades de género u orientación sexual frente a agresiones. Es por ello fundamental seguir trabajando en red con los y las refugiadas nicaragüenses LGBTI, para seguir articulando estrategias conjuntas de exigibilidad de sus derechos a nivel local, en los países receptores, a nivel regional como diáspora y para continuar exigiendo la garantía de sus derechos y su retorno seguro y con garantías a Nicaragua.

Acciones futuras

En este sentido, Raza e Igualdad se sumará a los esfuerzos de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua y su capítulo de trabajo en Costa Rica para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia regional sobre esta y otras poblaciones LGBTI solicitantes de refugio en la región. Por otra parte, esperamos seguir trabajando conjuntamente con nuestras contrapartes en Nicaragua y la diáspora en la región, para monitorear su situación y definir estrategias de documentación que nos permitan seguir avanzando en acciones que contribuyan a la plena garantía de sus derechos.

Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Términos Referencia

Evaluación externa del trabajo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Introducción

 El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Fortalecemos a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se base en la capacitación técnica, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Raza e Igualdad lleva a cabo proyectos en los cuales intenta fortalecer las capacidades de activistas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para hacer mejor uso de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, los procesos tienen enfoque en la documentación de violaciones de derechos humanos, la preparación de informes y la incidencia en espacios y ante actores claves.

Propósito y alcance de la evaluación 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está interesado en realizar una evaluación independiente para valorar el impacto de su proyecto que buscaba apoyar a los activistas latinoamericanos en la realización de documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas. El objetivo fundamental de la evaluación es brindar una valoración que identifique los logros, las contribuciones de Raza e Igualdad para generar cambios positivos, las oportunidades desaprovechadas y los retos del proyecto. Esta valoración deberá servir para mejorar trabajos futuros en el tema del proyecto y otros tópicos relacionados con el. Desde esta perspectiva, la audiencia primaria de la evaluación será Raza e Igualdad, su Director Ejecutivo y el equipo de trabajo.

La evaluación deberá abordar las siguientes arreas clave del proyecto:

  • Resultados e impacto
  • Relevancia
  • Efectividad para alcanzar los objetivos
  • Procesos internos y administración del proyecto
  • Inclusión de la perspectiva inter-seccional (género y LGBT)

El reporte final deberá incluir recomendaciones para la construcción de modelos exitosos, lecciones aprendidas así como sugerencias para superar cualquier limitación en el trabajo actual y futuro de Raza e Igualdad.

Metodología

Para esta evaluación se recomienda preferiblemente la aplicación de métodos cualitativos que hagan uso de diversas técnicas de recolección de datos. Esta aproximación puede incluir revisión con base en documentación de las investigaciones y acciones de incidencia ejecutadas, un análisis de la cronología de las actividades del proyecto así como de sus productos y resultados, análisis de la correspondencia electrónica, entrevistas con participantes del proyecto y actores externos relevantes, cuestionarios escritos, revisión de reportes y documentación asociada al proyecto, incluyendo artículos publicados en medios de comunicación y comunicados de prensa. Durante la evaluación, se espera que el evaluador se involucre con varios actores internos y externos al proyecto; esto incluye a pero no se limita a:

  • Equipo de trabajo de Raza e Igualdad, incluyendo su Director Ejecutivo, el Oficial del Programa a cargo del proyecto, el Asistente de Programa.
  • Participantes del proyecto.
  • Conferencistas y capacitadores que participaron en las actividades del proyecto.
  • Actores de la sociedad civil de la región que participaron en actividades del proyecto.
  • Personal de instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

La lista final de actores que deberán consultarse para la evaluación será definida conjuntamente entre Raza e Igualdad y el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad realizará una preselección de posibles evaluadores (lista corta) a los que solicitará: una breve descripción de la metodología que usarían para la evaluación, propuesta económica, y un borrador de plan de trabajo con cronograma específico. El evaluador seleccionado trabajaría en colaboración con el equipo del Instituto para refinar la metodología y desarrollar un plan de evaluación detallado. Durante las fases de investigación y análisis de la evaluación, el consultor trabajara en forma independiente.

Productos principales

Los productos principales que el evaluador deberá entregar son:

  • Una metodología de evaluación detallada y un plan de evaluación
  • Una presentación breve con los hallazgos iniciales de la evaluación.
  • Un documento preliminar de reporte final para ofrecer comentarios
  • Un reporte final de la evaluación (máximo 20 páginas)

Marco temporal tentativo y proceso de selección

Raza e Igualdad espera que la evaluación se inicie el 15 de agosto de y termine el 30 de septiembre de 2019. Dentro de este periodo calendario de tiempo, se espera que evaluador realice la evaluación en 20 días laborales. Las fechas exactas se concertarán con el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad está interesado en recibir aplicaciones del mayor número posible de evaluadores. Las aplicaciones deben incluir:

  • Una carta que presente al evaluador y destaque sus habilidades y competencias para esta evaluación.

Las aplicaciones deben remitirse a  jobs@oldrace.wp  hasta el 15 de agosto de 2019.

Crisis en Nicaragua se agrava: ejecuciones extrajudiciales, detenciones y persecución continúa

Un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha tenido lugar en las últimas semanas, en las que se han denunciado casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias a opositores cometidas por policías y grupos armados paraestatales, especialmente en áreas rurales, así como persecución a defensores de derechos humanos y periodistas.

Ejecuciones extrajudiciales

La persecución selectiva de campesinos y líderes sociales en áreas rurales no es reciente, puesto que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha documentado su ocurrencia desde el año 2007. Sin embargo, la directora ejecutiva de dicha organización, Marlin Sierra, señala que este tipo de casos ha sido una continuación de las acciones que ya se realizaban en años anteriores.

“El patrón que están utilizando es el mismo, son personas que las asesinan en los caminos, con armas de fuego, aduciendo que eran delincuentes comunes, la militarización se mantiene en el campo”, asegura Sierra, aclarando que en su mayoría los asesinados son personas que eran opositoras antes de la crisis o que se unieron a las manifestaciones una vez que estalló la crisis en abril del año pasado.

Desde julio 2018 hasta junio 2019, el CENIDH ha registrado 21 de estos asesinatos solamente en la ciudad de Jinotega, al norte del país, específicamente en las comunidades de Wiwilí, El Cuá y Pantasma.

Con los datos del CENIDH concuerda un informe realizado por la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra, quien en entrevista con el diario La Prensa, reveló que desde octubre de 2018 hasta el 15 de julio de este año “es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición”.

En el tiempo documentado por Cuadra, se reportaron 29 asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares con la complacencia de la Policía, de los cuales en 28 casos se utilizaron armas de fuego.

Un caso que no se incluye en esta lista es el de José Alejandro Martínez, de 27 años, puesto que logró sobrevivir al ataque armado. El hombre, quien fue preso político del Gobierno y excarcelado hace cuatro meses, fue atacado a balazos cerca de su casa en Wiwilí, presuntamente por un paramilitar. Tras el ataque, los médicos comunicaron a Martínez que no podrá volver a caminar.

Otro caso preocupante, aunque no ocurrió en una zona rural, fue el asesinato de Bryan Murillo López, un joven de 22 años a quien agentes policiales mataron dentro de su propia vivienda en la ciudad de León al irrumpir violentamente a las 4 y 30 am del miércoles 17 de julio. Murillo murió producto de tres disparos en el pecho. Los familiares del joven presumen que puede haber razones políticas detrás del ataque puesto que éste participó en tranques y marchas que se realizaron el año pasado.

En el mismo hecho, producto de la violencia policial, resultaron heridos otros dos miembros de la misma familia, Kenner Murillo López y su cuñado Javier Cortez Castillo. La Policía divulgó un comunicado en que se refería a las víctimas como delincuentes, sin embargo, las madres de los jóvenes presentaron evidencias de que la misma policía no tenía registrados antecedentes penales en ninguno de los casos.

Detenciones arbitrarias

Otra de las formas de represión que ha continuado tras 15 meses de iniciada la crisis de derechos humanos, son las detenciones arbitrarias tanto a manifestantes como a ex prisioneros políticos.

Uno de los casos más recientes es el de Jaime Enrique Navarrete, quien fue secuestrado frente a su casa por agentes de la Policía el miércoles 24 de julio, y quien ahora está siendo procesado por los delitos de posesión de estupefacientes y portación ilegal de armas de fuego. Según los medios locales, Navarrete fue presentado ante el juez con la nariz quebrada y moretones en todo el cuerpo por las palizas que recibió en la delegación policial.

También Edwin Altamirano, otro excarcelado político, fue detenido el jueves 17 de julio en su casa en Managua. De acuerdo con sus familiares, agentes policiales entraron a la vivienda con violencia y sin orden judicial y se lo llevaron detenido sin explicar el motivo de su detención.

Otros dos jóvenes, Kevin Orlando López, de la ciudad de Estelí, y Brayan Cruz Calderón, de Managua, ambos ex prisioneros políticos, fueron capturados en junio y julio y están siendo acusados por delitos comunes como posesión de droga y robo con intimidación.

Este tipo de capturas también se han cometido a ciudadanos reconocidos públicamente como opositores en distintas ciudades del país, aunque en varios casos se han reportado liberaciones un par de días después de las detenciones arbitrarias.

“Nosotros diario estamos recibiendo denuncias de amenazas, ya no solo de agresión o vigilancia, sino amenazas directas de muerte”, explica Marlin Sierra, quien ha recibido denuncias de todo el país, especialmente de las ciudades de Matagalpa, Jinotega, Estelí y Managua.

Persecución a defensores de derechos humanos

Los defensores de derechos humanos y abogados de prisioneros políticos han sido igualmente blanco de persecuciones y amedrentamiento por parte de grupos policiales.

El último caso ocurrió el viernes 26 de julio, con la detención de la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, por parte de agentes policiales de la ciudad de Masaya, quienes la acusaron ante el juez por “obstrucción de funciones”. Tras dos días de estar detenida, la judicial otorgó medidas alternas a Oviedo, por lo que podrá enfrentar el proceso en libertad.

En Managua, el pasado 15 de julio, unas 7 patrullas de agentes antimotines rodearon las instalaciones de la CPDH luego de que un grupo de jóvenes realizara una “piquete exprés” de 5 minutos. Esta es la única organización no gubernamental de derechos humanos aún facultada por ley para brindar atención pública, misma que recibió medidas provisionales de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en este mes, junto con el CENIDH.

“La vigilancia y la persecución y la campaña de desprestigio contra nosotros es permanente”, denunció la directora ejecutiva del CENIDH, quien opina que “el Estado ignora totalmente la disposición de la CorteIDH”.

Solamente un día después, el 16 de julio, el grupo de abogados conocido como Defensores del Pueblo denunció que unas seis patrullas de la Policía se encontraban rodeando las vías de acceso a sus instalaciones. Y el 20 de julio, sin dar explicaciones, la Policía envió al depósito vehicular el carro de la abogada Yonarquis Martínez,  defensora de varios presos políticos. Un par de días después, la abogada logró recuperar su vehículo y licencia de conducir.

La crisis que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos también se ha profundizado, porque el estatus legal, de las nueve ongs (CISAS, CENIDH, IEEPP, Hagamos Democracia, Ipade, Cinco, Popol Na, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias) despojadas arbitrariamente de su personería jurídica, no ha sido reestablecido luego de siete meses, ni tampoco sus bienes fueron regresados. Las amenazas y la intención de criminalizarles y llevarles ante los tribunales, siempre está presente, como ha quedado demostrado en el caso de la abogada de la CPDH, María Oviedo.

El periodismo independiente continúa bajo la violencia del régimen

El periodista de Confidencial, Juan Carlos Bow resultó herido en su mano derecha mientras entrevistaba a un familiar de una persona detenida en la protesta, producto de una canica de vidrio disparada por la policía que reprimió el plantón que se desarrollaba el 25 de julio pasado, en protesta por la represión gubernamental, en el sector de Movistar, en la ciudad de Managua.

El sitio web de la radio La Costeñísima  fue objeto de un ciber ataque para con el propósito de afectar su página web, mientras las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú continúan tomadas por la policía.

Los principales medios escritos también continúan enfrentando obstáculos para desaduanar sus materias primas y el Diario La Prensa no ha logrado desaduanar nada del papel y las materias primas que arbitrariamente se le retienen desde hace 48 semanas.

Pronunciamiento

Los hechos descritos evidencian que la crisis nicaragüense se ha agudizado y que incluso, no cesan sus efectos letales en la humanidad de personas que son identificadas como opositores al régimen.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Raza e Igualdad hace un vehemente llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a respetar las disposiciones de la Declaración sobre Defensores. Además, demandamos al Estado que cumpla con las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH en favor del CENIDH y la CPDH.

Demandamos también que el Estado garantice investigaciones exhaustivas e independientes respecto de las ejecuciones sumarias y otros hechos de violencia letal en que han participado agentes policiales y para estatales.

De igual forma, instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA) a conformar con la urgencia del caso, la Comisión de Alto Nivel prevista en la Resolución aprobada por la Asamblea General en Medellín, Colombia, para buscar una solución pacífica a la grave crisis que agobia a Nicaragua desde abril del año 2018.

Foto: Jorge Mejía Peralta a través de Flickr. 

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

“La situación en Nicaragua sigue siendo crítica”, sostiene la OACNUDH

Ginebra, 10 de julio de 2019. La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Kate Gilmore, sostuvo hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la situación en Nicaragua sigue siendo crítica: las autoridades siguen reprimiendo la protesta pacífica y la disidencia, al menos 80 manifestantes siguen privados de libertad, los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios siguen siendo amenazados y hostigados y los periodistas siguen siendo blanco de amenazas y censura.

“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse”, expuso Gilmore, en una actualización oral sobre el país centroamericano.

Dicha actualización ocurre en seguimiento a la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, aprobada el pasado 21 de marzo, que pedía a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, preparar informes actualizados orales y escritos sobre la situación en Nicaragua.

Los hechos recientes

Kate Gilmore planteó una serie de hechos que han sucedido recientemente en Nicaragua, como las liberaciones de presos políticos que han ascendido a 442 personas, de las cuales 106 fueron puestas en libertad bajo la cuestionada Ley de Amnistía.  No obstante, la OACNUDH ha recibido información de que más de 80 personas continúan privadas de libertad en ese contexto.

“Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, enfatizó, reiterando el llamado “a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia”.

Expresó preocupación por la actuación arbitraria de la Policía Nacional, que continúa impidiendo el derecho ciudadano a la manifestación citando que de acuerdo con fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas fueron arrestadas por agentes de policía mientras intentaban organizar protestas en varias ciudades, aunque la mayoría permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberadas sin cargos.

También se refirió a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios que continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante, y al hecho que no se ha restablecido el estatus legal y los activos de 9 organizaciones de la sociedad civil que fueron arbitrariamente ilegalizadas en noviembre y diciembre de 2018.

Además, aseguró que “las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, siguen afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación”.

El Estado nicaragüense continúa negando responsabilidades

La Alta Comisionada Adjunta también lamentó que el Gobierno de Nicaragua continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o elementos armados pro-gobierno. “Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, remarcó Gilmore.

De hecho, el vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentscke, quien se apersonó a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, repitió el argumento gubernamental de que en Nicaragua se produjo un fallido golpe de Estado que fue controlado para “consolidar la paz y retomar la senda del progreso y bienestar”. Además, dijo que en Nicaragua no hay persecución a defensores de derechos humanos.

Sobre esto último, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló en un comunicado publicado tras la sesión del Consejo de Derechos Humanos, que el vicencanciller “miente”, puesto que el mismo CENIDH es una de las “víctimas de una vengativa persecución, usurpación de bienes y cancelación de personerías jurídicas”, lo que ha obligado “al exilio forzado a varios de defensores de derechos humanos, y quienes continuamos ejerciendo en nuestro país el derecho a defender derechos enfrentamos un ambiente hostil, de descalificación, estigmatización y amenazas”.

Delegaciones opinaron

La mayoría de las delegaciones que opinaron tras la actualización sobre Nicaragua lo hicieron solicitando se libere a los presos políticos que aún continúan encarcelados, se retome el diálogo nacional de buena fe, se garantice el trabajo independiente de las organizaciones de sociedad civil, se lleven a cabo investigaciones imparciales sobre los hechos violentos cometidos desde abril de 2018 y se permita el retorno de una misión de OACNUDH al país.

Ese fue el caso de la delegación de Argentina, que se pronunció en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y de otras como Croacia, Uruguay, España, Alemania, México,  Australia,  Finlandia, Suiza, Bélgica, Georgia y Barbados.

“Nos preocupa que persistan los actos de violencia, así como nuevas modalidades de represión y violaciones de derechos humanos. Causa alarma también que continúen los actos destinados a impedir la labor de los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación”, señaló la delegación uruguaya.

La representación de España además manifestó su preocupación por la Ley de Amnistía, que “puede condicionar la liberación de los presos y servir de base para posibles situaciones de impunidad ante las violaciones de derechos humanos”.

Bolivia, Cuba, Rusia y Venezuela, respaldaron al Gobierno nicaragüense y alegaron que se debía respetar la “libre determinación de los pueblos” y la “no injerencia” en asuntos internos.

La sociedad civil, por su parte, este jueves también hizo eco de las demandas del pueblo nicaragüense y participó del debate dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y CIVICUS.

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad nos unimos al llamado de la OACNUDH y de las misiones diplomáticas que respaldan los derechos humanos de los nicaragüenses, para que el Gobierno de Nicaragua acceda a cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito y proceda a la liberación plena e incondicional de los presos políticos que continúan encarcelados, para que retome el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de buena fe y con la intenciones de honrar los acuerdos allí suscritos, para que restablezcan los derechos ciudadanos que han sido violados y restringidos en contravención a los estándares internacionales desde hace más de catorce meses, y para que investigue los hechos violentos que ocurrieron desde abril de 2018 y se castigue a los responsables de forma que las víctimas y sus familiares tengan acceso a justicia.

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