Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.
La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.
Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.
El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.
Sobre Venezuela
A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.
La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.
El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.
La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares. El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.
El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.
El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.
Sobre Nicaragua
La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.
En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.
Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.
Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.
Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)
Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.
La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.
El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.
