“Nicaragua pone a prueba los límites del Sistema de Naciones Unidas”, dicen personas expertas en evento paralelo al 57º período de sesiones del Consejo ONU

Ginebra 13 de septiembre de 2024.- “Nicaragua no solo se está aislando, está poniendo a prueba los límites del Sistema Internacional de Naciones Unidas”, afirmó Jan Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), durante un evento paralelo organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco del 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Simon instó a una incidencia coordinada por parte de la comunidad internacional, especialmente ante las Instituciones Financieras Internacionales.

** El evento, titulado “Solidaridad Internacional con Nicaragua: retrocesos, avances y retos futuros”, fue co-patrocinado por las organizaciones de derechos humanos CCPR, ISHR, MAM, INANA, y las embajadas de Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Canadá, Argentina y Costa Rica en Ginebra. En el diálogo participaron defensoras de derechos humanos nicaragüenses, representantes del GHREN, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y personas delegadas de embajadas aliadas del pueblo nicaragüense.

En sus palabras de bienvenida, la Embajadora de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, Claudia Fuentes-Julio recordó que las bases del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas en general, se sostienen sobre la voluntad de cooperar y trabajar en conjunto y por tanto, el aislamiento de Nicaragua es una amenaza. “Cuando tenemos un Estado como Nicaragua, que corta relaciones políticas con el mundo exterior y cuyo régimen se mantiene en el poder en consecuencia de sus relaciones económicas, es que hay cuestionar las verdaderas prioridades del Sistema que estamos construyendo”, alertó.

Por su parte, Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, señaló que el único espacio en el que Nicaragua no se está aislando es en los órganos multilaterales en materia de financiamiento internacional, conocidas como Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ello, el experto hace énfasis en que se debe hacer incidencia en estos órganos.

“Quisiéramos que los países representados y los respectivos directorios de esas IFIs, ya sea en el Fondo (Monetario Internacional), el Grupo de Acción Financiera Internacional, y/o los países que tienen relaciones bilaterales con Nicaragua tomen en serio sus compromisos con los tratados de libre comercio”, finalizó el experto.

Pueblos indígenas y afrodescendientes son un “target” del régimen 

Para Ariela Peralta, experta del GHREN, la persecución política está centrada en acallar cualquier voz  autónoma de disidencia que pueda convocar.  Según la experta, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua son un “target” de la persecución política del régimen “por su capacidad de convocar y manifestar expresiones contrarias…se demuestra en una lectura tanto de los hallazgos como de los contextos históricos”.

Peralta lamentó que entre el grupo de 135 personas nicaragüenses que fueron excarceladas y desterradas hacia Guatemala, no se encontraban los liderazgos indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez. Rivera se encuentra en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023.

Anexa Alfred Cunningham, experta nicaragüense del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fundadora de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes INANA, denunció que la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes es sistemática. Según los registros de INANA, las masacres han sido una constante entre 2020 y 2023. En este período, se perpetraron tres masacres en las comunidades indígenas mayangnas, ubicadas en la Reserva Biósfera de Bosawás, que dejaron al menos 20 indígenas muertos, incluidas mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia sexual y torturas.

Alfred también lamentó el reciente cierre de la Iglesia Morava, que brindaba asistencia “ante la ausencia del Estado en temas de salud y educación”. 

EPU es una oportunidad crucial

“El ejercicio de los derechos fundamentales es delictivo (en Nicaragua). Desde hace muchos años, términos como incidencia política o participación ciudadana son perseguibles. Demandar derechos se llama “terrorismo”. Exigir que los funcionarios y las autoridades se sometan a la ley, se llama “menoscabo a la integridad nacional”. Demandar democracia es ser “golpista””, denunció Azahalia Solís, defensora nicaragüense e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad en el año 2023.

Por su parte, Fiorella Melzi, Coordinadora del MESENI, alertó que “la represión ha continuado con expresiones aún más severas al espacio cívico y democrático. Todo ello con el fin de eliminar a la sociedad civil organizada y afianzar un régimen de concentración de poder en el Ejecutivo -orquestado desde hace años- basado en un estado policial”. El Estado de Nicaragua continúa cometiendo graves y sistemáticas violaciones en contra de la población, principalmente por motivos de persecución política, “o por simplemente ser personas consideradas no afines a los intereses del gobierno”.

Andrés Sánchez, Representante Adjunto y Funcionario encargado de la Oficina Regional del ACNUDH para América Central y la República Dominicana, coincidió en que “ el panorama es extremadamente alarmante… Este desmantelamiento del tejido social deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales lo cual exacerba la crisis social y económica del país”.

“En ese contexto quiero subrayar la importancia del próximo Examen Periódico Universal. Este EPU es una oportunidad crucial para que los Estados presenten sus recomendaciones al Gobierno nicaragüense, instándole a cesar estas violaciones y apoyándose en las recomendaciones del Alto Comisionado, que pueden servir de una base o guía sólida”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia que el régimen de Nicaragua sigue utilizando las detenciones arbitrarias como un mecanismo para silenciar voces disidentes. Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, señaló que el régimen continúa recurriendo a esta práctica, “manteniendo a centenares de personas en prisión, para luego excarcelarlas y desterrarlas”. Recordamos que en febrero de 2023, 222 personas nicaragüenses fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos, y ahora el régimen ha repetido esta acción con 135 personas más, enviándolas a Guatemala. Estos destierros destruyen los proyectos de vida de las personas afectadas, dejándolas en una situación de indefensión.

Asimismo, Raza e Igualdad exhorta con urgencia a actuar para implementar la recomendación del GHREN sobre la importancia de realizar acciones de incidencia ante las Instituciones Financieras Internacionales. Estas Instituciones deben reconocer que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad, y en  consecuencia implementar políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades en el país.

Raza e Igualdad y #NicasLibresYa condenan la desnacionalización de las 135 personas desterradas hacia Guatemala 

Washington D.C., 10 de septiembre de 2024.- Desde Raza e Igualdad y la campaña #NicasLibresYa, expresamos nuestra más enérgica condena a la decisión arbitraria tomada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de arrebatarle la nacionalidad nicaragüense a 135 personas que el pasado 5 de septiembre fueron desterradas hacia Guatemala tras sufrir cárcel por motivos políticos.

No es la primera vez que el régimen en Nicaragua deja en situación de vulnerabilidad y condena a la apatridia a personas que, por años, sufrieron de persecución política, torturas y ahora el destierro. Tras la excarcelación de 222 personas, presas por motivos políticos, el 9 de febrero de 2023, el régimen las despojó de su nacionalidad y, posteriormente, a otras 94 personas exiliadas les aplicó el mismo patrón que incluyó la confiscación de sus bienes.

En total, son ya 452 personas que nacieron en Nicaragua y han vivido todas sus vidas como nicaragüenses gozando de la protección que les reconocían las convenciones internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales reformadas espuriamente por Ortega, Murillo y sus cómplices. Todas ellas han visto su nacionalidad revocada sin posibilidad de defenderse en los tribunales por una decisión del régimen, motivada por el odio hacia quienes piensan diferente y por la persecución política desatada en contra de un pueblo que reclama democracia y respeto a sus derechos humanos.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha advertido que las personas que quedan en la apatridia pueden “tener dificultades para ejercer sus derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que la privación arbitraria de la nacionalidad se encuentra prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos y por la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de la cual Nicaragua es Estado parte, especialmente cuando se trata de una pena o sanción impuesta por motivos políticos.

Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del día de hoy, denunció que en Nicaragua se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad, particularmente persecución por motivos políticos.

“Hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos; hechos que se han quedado impunes y sin reparación alguna” expresó Jan Michael Simon, presidente del GHREN, alegando que tienen motivos razonables para creer que Ortega y Murillo son los principales responsables.

Christina Fetterhoff, Directora de programas de Raza e Igualdad, expresó que “el hecho de que estas 135 personas nicaragüenses hayan salido de la cárcel y ahora estén en un lugar seguro, sin malos tratos y torturas, nos trae alivio y esperanza; sin embargo la lucha no termina aquí ya que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo supera a las peores del mundo. Si no se les detiene ahora continuarán apresando, desterrando y despojando de su nacionalidad nicaragüense a más personas. ¡La solidaridad internacional debe ir un paso adelante!”.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, “la comunidad internacional no solo tiene el deber moral de condenar con firmeza estos hechos, sino también de promover la aplicación adecuada de la jurisdicción universal y extraterritorial. Asimismo, deben garantizar la protección internacional a todos los nicaragüenses que huyen de la persecución, facilitando su proceso de inserción para retomar sus proyectos de vida y defendiendo estrictamente el principio de no devolución, para que ninguna víctima sea obligada a regresar a un país donde su vida, libertad o derechos estén en peligro. ¡Es urgente redoblar los esfuerzos para poner fin a esta crisis!”

Adicionalmente, reiteramos nuestro llamado para que las instituciones financieras internacionales tengan muy en cuenta las prácticas aberrantes a las que recurre el régimen hacia las voces disidentes y en tal sentido les exhortamos una vez más a que procedan a la inmediata y urgente revisión de sus proyectos de desarrollo e inversión, y ante las constatadas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se proceda a la suspensión condicionada y/o cancelación de los mismos en territorio nicaragüense.

Nuestro compromiso es y seguirá siendo, el de acompañar a las víctimas de la represión durante este proceso y exigir justicia ante las instancias internacionales por los crímenes que están cometiendo Daniel Ortega y  Rosario Murillo y todos sus cómplices.

¡Sanciones para los responsables de las detenciones arbitrarias y el despojo de la nacionalidad nicaragüense!

Crisis multifacética de Nicaragua requiere un ‎cambio urgente de rumbo por parte del gobierno, dice Alto Comisionado ONU

Ginebra, 4 de septiembre de 2024. – “La crisis multifacética que ha afectado a Nicaragua desde 2018 requiere un cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno” recomendó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en su informe anual (2023-2024) publicado este martes 3 de septiembre. 

En su informe, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que el gobierno de Nicaragua ha intensificado el control sobre todas las instituciones estatales, así como la persecución a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o exprese opiniones disidentes, incluyendo defensores de derechos humanos, medios independientes y organizaciones no gubernamentales.

Funcionarios bajo la lupa del régimen

La OACNUDH subrayó la grave situación del sistema de justicia en Nicaragua, que se encuentra bajo el control del Poder Ejecutivo, y ha permitido la persecución de personas opositoras reales o percibidas como tales. Según testimonios de funcionarios del sistema de justicia ante la OACNUDH, existe un clima de miedo, intimidación y acoso. 

En noviembre de 2023, cientos de funcionarios fueron despedidos, presuntamente debido a sus lealtades políticas conflictivas con diferentes facciones del Gobierno. En un caso documentado por la OACNUDH, un funcionario de alto rango fue sometido a arresto domiciliario arbitrario y un juez tuvo que huir del país para evitar una detención por motivos políticos.

Violaciones y abusos sexuales a mujeres y hombres presos políticos

Según datos de la OACNUDH, hasta mayo pasado,131 personas se encontraban bajo detención arbitraria, lo que supone un marcado aumento en comparación con las 54 personas de junio de 2023. Cabe destacar que en junio y julio de 2024 se produjeron otras diez detenciones arbitrarias. 

La OACNUDH alarmó sobre cinco casos detenidos que fueron sometidos a tortura o malos tratos, entre ellos palizas brutales, aislamiento durante períodos prolongados y tortura postural y por estrés. Asimismo, en la segunda mitad de 2023, la Oficina documentó siete casos de detenidos que denunciaron haber sido sometidos a violación, abuso sexual y descargas eléctricas. Entre los casos más alarmantes, tres detenidos denunciaron estrangulamiento de testículos.

Por otro lado, la OACNUDH señaló que las condiciones de detención de las mujeres se caracterizan por el uso de la violencia sexual y la violencia de género, incluidas las amenazas de muerte o de quitarles a sus hijos, la privación de medicamentos y productos de higiene necesarios, el trabajo forzoso, la desnudez forzada, las amenazas de violación, el abuso sexual y la violación. Además, en 2023 se documentó que bebés de dos y tres meses fueron separados de sus madres tras arrestos arbitrarios, interrumpiendo la lactancia materna. 

Desapariciones forzadas como instrumento de control

La OACNUDH ha documentado el uso de desapariciones forzadas como herramienta de control. Entre los casos documentados se encuentra el de un comerciante de 70 años que fue detenido el 10 de octubre de 2023 por criticar al Gobierno en conversaciones informales en su tienda en Terrabona, Matagalpa. Tras más de un mes sin conocerse su paradero, lo que constituye una desaparición forzada, fue condenado a siete años de prisión por tráfico de armas en un juicio que no garantizó su derecho a un debido proceso.

Otro caso alarmante es el de un académico de 65 años, desaparecido el 20 de noviembre de 2023, presuntamente en represalia por una publicación crítica en redes sociales. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido. 

Las desapariciones forzadas representan una violación grave del derecho internacional y dejan a las familias de las víctimas en un estado de angustia e incertidumbre. 

Expulsiones y desnacionalizaciones

En 2023, el gobierno de Nicaragua despojó arbitrariamente a 317 personas (60 mujeres y 257 hombres) de su nacionalidad, convirtiéndoles en apátridas, en clara violación del derecho internacional de los derechos humanos. Esta acción ha tenido consecuencias devastadoras, dejándolos sin acceso a derechos fundamentales y servicios esenciales.

Adicionalmente, se documentaron 62 casos en los que a nacionales nicaragüenses (33 mujeres y 29 hombres) se les negó la entrada a su propio país. Esta negativa se realizó sin previo aviso, provocando una serie de consecuencias graves, como la separación forzada de familias. “Estas expulsiones y desnacionalizaciones han obligado a las víctimas a reconstruir sus vidas lejos de sus familias, enfrentando una situación de inseguridad jurídica y personal”, cita el informe.

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

La OACNUDH ha registrado múltiples violaciones en territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. En julio de 2023, dos guardabosques indígenas del territorio Mayangna Sauni As fueron asesinados por colonos, y otro indígena de la misma región murió a causa de heridas recibidas en un ataque. Las autoridades no han tomado medidas adecuadas para investigar estos incidentes ni para prevenir futuros abusos.

Además, el 31 de octubre de 2023 y el 22 de abril de 2024, se otorgaron concesiones mineras en territorios indígenas sin realizar las consultas necesarias. El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali Tzay,  expresó preocupación por la falta de información y presión durante las consultas del proyecto Bio-CLIMA realizadas por el Gobierno entre el 18 de agosto al 7 de septiembre de 2023.

El 7 de marzo de 2024, el Fondo Verde para el Clima anunció que había rescindido el proyecto debido al incumplimiento de sus políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales.

Elecciones 2026, “una nueva oportunidad para Nicaragua”

Entre sus recomendaciones, el Alto Comisionado instó a: liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis política; adoptar medidas para prevenir la tortura y los malos tratos en las prisiones; modificar la legislación penal para alinearla con los estándares internacionales de derechos humanos; garantizar juicios justos y el debido proceso; y restaurar los espacios cívicos y democráticos. 

Además, solicitó al gobierno garantizar la imparcialidad en las próximas elecciones en 2026, que “tienen el potencial de ofrecer una nueva oportunidad para Nicaragua… si se celebran en un entorno seguro y propicio para los derechos humanos, en el que se pueda ejercer de manera significativa el derecho a la participación política y las y los nicaragüenses sean libres de decidir el futuro de su país”

Finalmente, Turk instó a la comunidad internacional a fortalecer la rendición de cuentas por los presuntos crímenes internacionales cometidos desde 2018 en Nicaragua, así como promover la aplicación adecuada de las jurisdicciones universal y extraterritorial; y a “garantizar que toda la asistencia internacional y las inversiones que se brinden a Nicaragua, incluso a través de instituciones financieras y empresas internacionales, adopten un enfoque basado en los derechos humanos”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), subrayamos la importancia del trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). A pesar de la negativa del gobierno nicaragüense a cooperar y proporcionar información, la Oficina sigue cumpliendo un papel esencial en el monitoreo de la crisis en Nicaragua, protegiendo la confidencialidad de las fuentes en situación de riesgo y emitiendo recomendaciones cruciales al Estado nicaragüense y a la comunidad internacional para poner fin a esta situación alarmante.

Asimismo, enaltecemos el papel vital que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. A pesar de las condiciones de riesgo extremo en las que operan, estas organizaciones continúan, con valentía y determinación, informando sobre la situación tanto desde dentro como fuera del país, garantizando que el mundo conozca las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en Nicaragua. Su labor es indispensable para la defensa de los derechos humanos y la restauración de la democracia en la nación.

En pre-sesión EPU Nicaragua: Exigimos prueba de vida de personas en situación de desaparición forzada

COMUNICADO PRENSA_LEGAL

Solicitamos a la ONU que utilice todos los mecanismos a su disposición para investigar y documentar las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua, y que tome medidas concretas para proteger a las víctimas.

Ginebra, Suiza. 29 de agosto de 2024. La articulación de organizaciones de Nicaragua, en el marco de la Presesión del Examen Periódico Universal (EPU) —mecanismo de las Naciones Unidas para mejorar la situación de Derechos Humanos en 193 países—, presentó a los Estados información actualizada sobre las graves y sistemáticas violaciones a la libertad de asociación, libertad de información, libertad de expresión, libertad religiosa, así como las violaciones a los derechos políticos y los derechos de personas presas políticas, mujeres, estudiantado, pueblos indígenas y afrodescendientes.

El Examen Periódico Universal (EPU) es una oportunidad para que los Estados miembros de Naciones Unidas puedan pronunciarse ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en Nicaragua, un Estado que se mantiene en absoluto incumplimiento de las recomendaciones de este mecanismo. Además, los Estados podrán realizar recomendaciones sobre el agravamiento de violaciones a Derechos Humanos o nuevas formas de represión como: la desnacionalización, el destierro, las agresiones contra la libertad de religión, y otros crímenes de lesa humanidad que se continúan perpetrando.

En Nicaragua, existen más de 151 personas presas políticas, de las cuales 11 fueron capturadas en el contexto de abril de 2018. Todas estas personas sufren condiciones injustas en las prisiones: torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Otra evidencia reciente de la crisis de Derechos Humanos es la arbitraria y masiva cancelación de la personalidad jurídica de 1650 organizaciones sin fines de lucro, para un total de 5479 organizaciones perseguidas desde 2018. Esto incluye la cancelación de la personalidad jurídica, disoluciones voluntarias o cambios de régimen jurídico de cientos de grupos religiosos, organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, gremios empresariales, asociaciones comunitarias, universidades, entre otras. Además, el gobierno de Nicaragua ha confiscado sus bienes y ordenado traspasarlos al Estado, consolidando así su control autoritario sobre la Sociedad Civil nicaragüense y la inseguridad jurídica.

Alertamos sobre la grave situación de los pueblos originarios y afrodescendientes, a quienes no se les garantiza de forma efectiva el derecho a la autodeterminación, el respeto a las formas tradicionales de elecciones de autoridades y sus derechos territoriales. Al no cumplir con el saneamiento, última etapa de la demarcación y titulación de los territorios, esto propicia la violencia de los colonos hacia las comunidades. Por ello, hacemos un llamado al Estado para implementar lo dispuesto en el Convenio 169, adoptando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios en políticas públicas y en proyectos que puedan afectarles. Asimismo, se exige la liberación de los liderazgos indígenas y la presentación de todas las personas en situación de desaparición forzada.

Todo lo anterior ha motivado el desplazamiento forzado, interno o externo, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la población, desprotegida ante la violencia y omisión de protección del Estado.

Ante el incumplimiento del Estado de Nicaragua de sus obligaciones internacionales, solicitamos a los Estados en el marco del 4to. Ciclo del EPU de Nicaragua: Promover recomendaciones progresivas que aborden de forma integral la grave situación de Derechos Humanos, considerando a su vez, los informes presentados por sociedad civil que dan cuenta de dicha situación.

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

Washington D.C., 11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH. 

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones.

Inversión extranjera oxigena al régimen

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024.

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López.

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la “respuesta desvergonzada” de países de la región que son considerados “campeones de los derechos humanos”, pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el caso de Canadá. Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.  

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulka, y agregó “Lo que es importante es que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del “buen clima de inversiones” que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este. 

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.

Impunidad persistente

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL.

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero.

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras.

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó. 

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

1. El cumplimiento íntegro de las medidas de protección a favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
2. Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
3. Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.

Informe de Raza e Igualdad: IFIs deben garantizar que su apoyo no perpetúe la crisis en Nicaragua

Washington D.C., 3 de julio de 2024.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, que analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2018. Según la investigación, las IFIs tampoco han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan para la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos.

El espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado. Desde el año 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Entre estos crímenes destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales con condiciones que suponen tratos crueles, inhumanos y torturas. 

El informe detalla que, en el mes de febrero de 2024, el grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran 57 proyectos que fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de 2,784.43 millones de dólares estadounidenses, según la información disponible en sus páginas web.

El informe recuerda que, según sus convenios constitutivos, las IFIs no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua. 

Asimismo, el derecho internacional obliga a las IFIs a no reconocer la legalidad de situaciones creadas por crímenes de lesa humanidad ni ofrecer apoyo que las perpetúe. Las IFIs deben prevenir o mitigar los impactos negativos vinculados a sus operaciones y proyectos. Por tanto, es vital que las IFIs reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y actúen en consecuencia implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo que el trabajo de las IFIs es crucial para el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en Nicaragua, recomienda:

• Fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense de manera a permitir la auditoría ciudadana de las políticas públicas sin hostigamiento, persecución o criminalización;
• Fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor;
• Cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
  Para más información descarga el informe aquí

Día de las madres en Nicaragua: la comunidad internacional debe amplificar su clamor por justicia

Washington D.C, 30 de mayo 2024.- El 30 de mayo se celebra el día de las madres en Nicaragua, un día que debería representar felicidad y paz, pero en este país centroamericano está marcado por luto y dolor. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconocemos la incansable búsqueda de justicia de las madres nicaragüenses y reanudamos nuestro compromiso con su lucha. Llamamos a la comunidad internacional a amplificar sus clamores de verdad, justicia, medidas de reparación y garantías de no repetición; considerando también demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Desde abril de 2018, al menos 355 madres perdieron a sus hijos por la represión estatal contra las protestas. Hace exactamente seis años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una masacre en una manifestación pacífica titulada “la madre de todas las marchas”. Su objetivo era que el pueblo nicaragüense expresara su solidaridad a las al menos 83 mujeres que habían perdido a sus hijos durante los primeros días de protestas. Durante dicha movilización, efectivos policiales y parapoliciales asesinaron a 19 manifestantes más.

“Nunca olvidaremos ‘la madre de todas las marchas’. Era un día de luto, un día de mostrar respeto y empatía a quienes perdieron a sus hijos, pero la dictadura mostró su cara más cruel disparando a matar. Ortega y Murillo convirtieron este día en una masacre atroz”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador de Raza e Igualdad.

“Las madres de abril no han podido vivir su luto en paz. No pueden siquiera ir a visitar la tumba de sus hijos. Sin embargo, en medio del dolor, la persecución y el exilio impuesto por la dictadura, continúan tomándose espacios de denuncia y preservación de la memoria histórica. Su compromiso con la verdad y la justicia sigue siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. ¡Su memoria nunca será olvidada, y sus voces nunca serán silenciadas!”, declaró Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

Las madres han organizado marchas y manifestaciones pacíficas para exigir verdad y rendición de cuentas en los países de acogida. Han creado el Museo de la Memoria contra la impunidad “AMA Y NO OLVIDA” para honrar y dignificar a sus hijos, y contrarrestar el discurso impulsado por el gobierno de que “eran delincuentes”. Este museo, al no poder continuar con su muestra itinerante en Nicaragua, ha sido instalado temporalmente en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Además, las madres han colaborado con organizaciones de derechos humanos para documentar casos de violaciones y abusos, brindando testimonios valiosos que ayudan a construir un registro histórico de los eventos. También han llevado su lucha a instancias internacionales, participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros espacios para sensibilizar sobre la situación en Nicaragua y presionar por acciones concretas.

“Debemos recordar que en las cárceles de Nicaragua hay mujeres que son madres  con contacto cero con sus hijos e hijas, por hacer uso de su voz para defender la libertad de Nicaragua. Tampoco podemos olvidar que el régimen ha desterrado a decenas de mujeres que tienen hijos e hijas de menores de edad, y cuya reunificación familiar ha sido gravemente obstaculizada e incluso imposible de realizarse”, dijo Carlos Quesada.

Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 15 de abril de 2024 al menos 23 mujeres se encontraban privadas por motivos políticos en centros de detención insalubres, en condiciones que se consideran tratos crueles e inhumanos, y tortura; y expuestas a riesgos adicionales por razón de género, como acoso y violencia sexual.

Por otro lado, en el grupo de 222 personas ex-presas políticas del régimen que fueron desterradas a Estados Unidos y en el listado de 94 personas declaradas “traidoras a la patria” en febrero de 2023, se encuentran decenas de madres y abuelas. Estas mujeres perdieron su nacionalidad, derechos ciudadanos, y sus registros en Nicaragua, afectando directamente la estabilidad física y emocional no solo de ellas, sino también de sus hijos e hijas. La administración de Nicaragua se empeña en negar los pasaportes y, en el caso de los menores de edad, a no entregar los permisos de salida, imposibilitando la reunificación familiar.

Entre estas madres y abuelas se encuentran mujeres mayores de 60 años y que padecen de enfermedades crónicas. A ellas, el régimen no solo les arrebató su ciudadanía y libertad de circulación, sino también les despojó de sus pensiones de jubilación y con ello su derecho a una vejez digna.

En este día de las madres en Nicaragua, la comunidad internacional debe escuchar y apoyar a estas valientes mujeres en su lucha por la justicia y la paz.