Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

El CENIDH y su aporte en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses

Washington, DC, 25 de febrero. Dos meses han transcurrido desde que la Asamblea Nacional de Nicaragua retiró sin ninguna justificación válida la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y desde entonces agentes de la Policía tienen tomadas ilegalmente las instalaciones de esta organización, tras haberlas allanado de forma violenta y ocupado una buena parte de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos.

La disolución ilegal del CENIDH ha sido un “golpe demoledor” para su fundadora, la doctora Vilma Núñez de Escorcia. “Somos una víctima más de la represión de Daniel Ortega. Ya no somos solo los defensores de derechos humanos acompañantes de las víctimas, sino que somos víctimas”, dijo recientemente en una entrevista con Raza e Igualdad.

Los legisladores alegaron, el 12 de diciembre de 2018, que el CENIDH y otras ocho organizaciones de la sociedad civil habían cometido actos ilícitos, violentado el orden público y realizado actividades que no correspondían a los fines para los que fueron constituidas. El proceso fue expedito y sin posibilidad de que dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

Desde el 14 de diciembre por la madrugada, día en que agentes policiales allanaron ilegalmente la sede del CENIDH en Managua, los defensores se vieron impedidos de ingresar a sus oficinas y ante el constante asedio debieron resguardarse en lugares no especificados. Mientras que la oficina de Chontales también fue tomada por la Policía y las filiales de Matagalpa y Estelí no prestan las condiciones de seguridad para que el equipo trabaje en las mismas.

“No hubo tiempo de tomar una decisión colectiva de qué íbamos a hacer”, cuenta Núñez, quien explica que el equipo del CENIDH está actualmente desintegrado. Esta situación los ha obligado a dejar el trabajo directo con las decenas de víctimas que atendían a diario, especialmente en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

A nivel internacional, múltiples organizaciones de derechos humanos, organismos regionales y gobiernos cooperantes que han trabajado con el CENIDH durante sus casi tres décadas de existencia, se unieron a las voces que denunciaron la arbitrariedad del cierre de dicha organización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil. “La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, expresó en su momento el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

En el mismo sentido, la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aseguró que las decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil “marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”.

Ocho meses de crisis

El 18 de abril un grupo de ancianos, acompañados por jóvenes universitarios, iniciaron una protesta en León contra unas reformas a la seguridad social que aumentaban las cuotas mensuales para empleados, empleadores y para el Estado, y además reducían en un 5% las pensiones de los jubilados. Estas reformas servirían, según el decreto, para rescatar de una posible quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La protesta en León fue fuertemente reprimida por miembros de la Juventud Sandinista, un grupo de respaldo del partido gobernante, y el patrón se repitió en Managua, en donde estos grupos atacaron a los protestantes que desde dos puntos de la capital pedían la cancelación de las reformas.

Las imágenes de la represión se distribuyeron velozmente a través de redes sociales y al siguiente día, el 19 de abril, las protestas se extendieron a varios departamentos del país. La policía entonces se unió a los grupos de choque para reprimir y por la noche se reportaron los primeros tres muertos. Entre el 20 y el 22 de abril murieron más de 50 personas producto de la represión y otras 200 fueron encarceladas temporalmente.

El equipo del CENIDH se volcó inmediatamente a la atención de la crisis. La doctora Vilma Núñez fue quien organizó el plan de acción que ejecutarían a partir de ese día y sin saberlo, durante los próximos ocho meses.

“Lo que hice fue asignar funciones concretas a cada quien: había un encargado de contar los presos, en mi oficina cuantificábamos los muertos, otra persona se encargaba de las denuncias…”, recuerda Núñez, quien tiene 60 años de “militar en la causa de los derechos humanos”.

Las conferencias de prensa en el CENIDH se hacían casi a diario y la capacidad de respuesta del equipo para verificar información era sumamente ágil. Los miembros de las cuatro filiales del CENIDH se desplazaban a los puntos donde se habían reportado ataques a la población, acompañaban a los familiares de los desaparecidos y detenidos para gestionar su liberación de los sistemas penitenciarios o de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y documentaban denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas en su mayoría por personas afines al gobierno, grupos paramilitares o miembros de la Policía de Nicaragua.

Tras seis meses de haber iniciado la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el CENIDH recibió más de 1,800 denuncias referidas al contexto de la represión y violencia, la mayoría de ellas entre mayo y agosto. Esas denuncias eran sobre todo amenazas, pero también recibieron denuncias de detenidos, asesinados y torturados, según consta en el informe “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” publicado por el CENIDH a finales del año 2018 con el objetivo de describir los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En dicho informe se refleja que entre abril y septiembre el CENIDH documentó el asesinato de 316 personas, el apresamiento de 349 mujeres y hombres, y de estos últimos 248 que hasta ese momento habían sido acusados de diversos delitos, entre ellos terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo y uso de armas restringidas.

Durante ese tiempo, el CENIDH además trabajó muy de cerca con las misiones internacionales que llegaron al país para dar seguimiento a la crisis, como la CIDH, a través de su primera visita in loco realizada en mayo, pero también mediante su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y otras organizaciones independientes como Amnistía Internacional.

Este trabajo intenso de acompañamiento a las víctimas y de denuncia en la esfera nacional e internacional de las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo —y que continúan ocurriendo en Nicaragua—, es para muchos activistas, defensores y para los mismos miembros del CENIDH, la razón por la que fueron perseguidos por parte de las autoridades.

“Es una persecución perversa” denunció Vilma Núñez a periodistas nacionales el año pasado. Los obstáculos para la labor de los defensores del CENIDH incrementaban cada tanto: no podían entrar a los juicios orales y públicos, no se les permitía incidir en instancias públicas y enfrentaban obstáculos hasta para entregar recursos legales en las instancias del Gobierno.

“Creo que el gobierno empezó a ver en el CENIDH no solo un actor molesto, sino un palo en la rueda para alguna de las medidas que quieren seguir desarrollando y para su proyecto político de gobierno”, consideró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización que ha trabajado con el CENIDH desde su creación.

Origen

En mayo de 1990 se creó el CENIDH, justo cuando en Nicaragua asumió la presidencia Violeta Barrios de Chamorro, poniendo fin a una década de gobierno sandinista. Sus fundadores, un grupo de once activistas y académicos, pensaron que algunos logros que impulsó la revolución en materia de derechos económicos y sociales como salud y educación gratuita se verían limitados con el nuevo gobierno. “Esa fue la idea inicial que nos impulsó”, cuenta Vilma Núñez, quien estaba al frente de la nueva organización. En septiembre de ese mismo año les fue otorgada su personalidad jurídica.

«Siempre verificamos las denuncias de derechos humanos en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio», dice Núñez.

La primera tarea que se plantearon fue iniciar un trabajo de capacitación. “Nuestro reto era enseñarle a la gente que demandar salud en un hospital, que demandar escuelas y educación de buena calidad es un derecho humano”, recuerda la abogada y defensora. Así surgió el programa de capacitación en derechos humanos del CENIDH, un programa que durante años capacitó a miles de personas y logró crear una red de promotores que en algún momento alcanzó los 1,500 en todo el país.

Pero también empezaron a recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos, a comprobarlas “en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio”, y a denunciar arbitrariedades de los gobiernos de turno.

“Con el Gobierno de doña Violeta no hubo mayores problemas, al contrario, hubo apertura. Empezaron algunos problemas con Arnoldo Alemán”, dice Núñez.

El gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), a través de la Fiscalía, acusó a Vilma Núñez de dirigir el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), un grupo de rearmados integrado por ex miembros del Ejército. El CENIDH más bien había sido buscado para actuar como mediador en las negociaciones para propiciar el desarme. Pero el entonces Fiscal General, Julio Centeno, desestimó la acusación porque no había ninguna prueba que la sustentara.

No obstante, el CENIDH continuó denunciando la corrupción del presidente Alemán, quien fue posteriormente enjuiciado y declarado culpable en Nicaragua por los cargos de lavado de dinero.

El gobierno de Enrique Bolaños Geyer (2002-2006) “no concebía una alianza entre sociedad civil en las gestiones de gobierno, pero represión no hubo”, recuerda Núñez.

Tras Bolaños, Daniel Ortega retomó el poder a inicios de 2007. El CENIDH desde entonces y hasta poco antes de que estallara la crisis, empezó a alertar sobre el deterioro del Estado de derecho en Nicaragua, y no solo a nivel nacional, sino en plataformas internacionales.

“A nivel internacional, el trabajo que hizo el CENIDH fue muy importante en los últimos años para llamar la atención, alertar sobre el deterioro del Estado de derecho y una serie de patrones de violaciones de derechos humanos que se estaban dando en Nicaragua y estaban fuera del radar internacional”, asegura Viviana Krsticevic, de CEJIL.

Esfera internacional

Krsticevic conoce muy bien el trabajo del CENIDH porque desde la fundación de CEJIL, a finales de 1992, ambas organizaciones establecieron un trabajo coordinado. “Cejil trabajó muchísimo con el CENIDH justamente para alertar acerca del deterioro democrático en Nicaragua, bajo diferentes gobiernos”, sostiene la defensora.

En conjunto, han solicitado medidas cautelares para decenas de personas que han estado en riesgo y llevaron el primer litigio del CENIDH ante el Sistema Interamericano: el caso Yatama.

Caso Yatama vs Nicaragua

En 2001, CENIDH y Cejil presentaron una petición ante la Corte IDH en representación de los miembros de la organización indígena Yatama y líderes políticos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur de Nicaragua, para demandar al Estado de Nicaragua por haber sido excluidos de participar de las elecciones regionales del año 2000, cuando se escogieron alcaldes, vicealcaldes y concejales.

La petición fue admitida en el año 2001 y en 2005 la Corte IDH falló a favor de Yatama, declarando que el Estado de Nicaragua había violado los derechos a garantías judiciales, protección judicial y los derechos políticos de igualdad ante la ley de los líderes indígenas.

En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Nicaragua reformar la Ley Electoral para asegurar la participación de los miembros de Comunidades Indígenas en los procesos electorales e indemnizar a Yatama por los daños materiales e inmateriales, así como el pago de los costos del proceso judicial.

Han trascurrido aproximadamente trece años desde la emisión de la sentencia, pero “el gobierno no ha cumplido totalmente”, sostiene Núñez, pues aunque empezaron a darles las indemnizaciones, el Gobierno les puso como condición a los miembros de Yatama que el CENIDH no participara de los arreglos entre ambas partes.

Caso Acosta vs Nicaragua

Posteriormente, el CENIDH también acompañó a la defensora de derechos humanos y de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, María Luisa Acosta, para denunciar su caso ante la CIDH, en el que el Estado de Nicaragua había incurrido en denegación parcial de justicia y falta de protección a la defensora tras el asesinato de Francisco García Valle, esposo de Acosta. El crimen ocurrió en Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril del 2002, presuntamente en represalia por el papel de Acosta como defensora de derechos y apoderada legal de las comunidades de Laguna de Perlas, Monkey Point y El Rama.

Fue la CIDH la que remitió el caso a la Corte IDH, y en octubre del 2016 se realizó la primera audiencia. Finalmente, en marzo de 2017 la Corte IDH falló a favor de Acosta y determinó que el Estado de Nicaragua había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de la defensora, al ser suficientes las respuestas del sistema de justicia penal de Nicaragua respecto del homicidio de García Valle.

Además, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Nicaragua por la violación del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Acosta. Además, ordenó al Estado a adoptar medidas para que el homicidio no quedara en la impunidad en relación con la participación de los autores materiales, a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para las personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo, y a pagar una indemnización a Acosta por daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y gastos.

Finalmente, el Estado indemnizó a Acosta, a su familia y a las organizaciones litigantes, pero aún no ha elaborado los protocolos ni ha tomado las medidas para que casos como el de Acosta se repitan.

Además de estos casos litigados, el CENIDH logró presentar más de veinte casos ante la CIDH, aunque no todos escalaron ante la Corte. Actualmente, la organización también tiene varios casos en trámite, como el del femicidio de Dina Carrión, la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la discriminación de Ana Margarita Vijil para ser diputada ante la Asamblea Nacional y la transparencia de las elecciones presidenciales de 2006.

Durante sus casi treinta años de existencia, el CENIDH ha participado en comparecencias ante las instancias de Naciones Unidas, en audiencias temáticas ante la CIDH y sus relatores, en la elaboración de Informes para los tres ciclos del Examen Periódico Universal, en actividades de incidencia sobre las prioridades contenidas en dichos Informes; y forma parte de organizaciones mundiales como la Organización Mundial contra la Tortura o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de organizaciones regionales.

“El Cenidh ha demostrado a lo largo del tiempo un nivel de consistencia, de integridad, en la defensa de derechos, en la defensa de la democracia en Nicaragua que la hacen un actor imprescindible para el trabajo en derechos humanos”, opina la Directora Ejecutiva de CEJIL.

Gobierno actual

Vilma Núñez considera que el Gobierno actual de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha “atacado más que a cualquiera” al CENIDH. “Nunca nos imaginamos tanto odio, tanta saña”, confiesa.

De acuerdo con Núñez, los problemas con la actual pareja presidencial empezaron en 1998, cuando el CENIDH decidió asumir la defensa de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega, quien lo acusaba de violación.

El caso fue hecho público y llegó hasta la CIDH. “Logramos que lo admitieran, y ellos propusieron que se realizara una solución amistosa”, cuenta Núñez. Finalmente, Zoilamérica desistió de la petición. Pero la persecución por parte de Ortega no cesó para los miembros del CENIDH, quienes siguieron denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las autoridades hacia la población.

Denuncias a nivel nacional

En los últimos años, el CENIDH recibió en promedio unas 1,600 denuncias anuales por parte de la población en distintos departamentos del país, quienes veían en esa organización un lugar donde acudir en búsqueda de justicia debido a la falta de autonomía de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

De acuerdo con reportes anuales del CENIDH, entre el 2007 y el 2016, el 35% de las denuncias recibidas por esa organización fueron contra la Policía Nacional –unas 5,584–. Dichas denuncias estaban relacionadas con agresiones físicas y malos tratos al momento de la detención, represión a protestas sociales, incumplimiento del deber de intervenir en favor de la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas de choque que les agreden, y con tratos crueles, inhumanos y torturas en las celdas policiales.

En ese mismo periodo de tiempo, el resto de las denuncias fueron contra individuos particulares en un 31% —4,965 casos— y contra otras autoridades o entes privados en un 34% —5,456 casos—.

Los reportes anuales del Cenidh son una muestra fehaciente del trabajo que anualmente los defensores de esa institución realizaban a nivel nacional e internacional. Además de analizar el estado de los derechos de los nicaragüenses uno a uno, incluyendo los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, reflejan situaciones específicas de derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, de la comunidad LGBTI y de los defensores de derechos humanos. Dichos reportes tomaban el pulso de la situación actual del país en el año en que eran publicados.

La ilegalización del CENIDH, por todo el trabajo antes descrito, representa una pérdida de capacidad de trabajo en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, según Viviana Krsticevic.

“La protección de derechos no depende solo de la existencia de leyes e instituciones, necesita que haya personas que estén dispuestas a defender esos derechos y el CENIDH era y es una organización que ha servido a ese propósito. Su cierre legal obstaculiza y limita la capacidad de proteger derechos en el país y repercute en la capacidad de documentar y transmitir información hacia el exterior”, opina la representante de CEJIL.

Krsticevic añade que el cierre legal del CENIDH “no es el fin de la institución ni mucho menos y no es el fin del trabajo de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, sino que es “una evidencia del autoritarismo del Gobierno para enfrentarse a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y a confrontar con lo que son algunas de las denuncias de los abusos que el propio gobierno está cometiendo”.

Aunque por el momento el CENIDH ha dejado de trabajar directamente con las decenas de víctimas que atendía a diario, especialmente en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, para Núñez hay esperanzas de que su equipo dé continuidad al proyecto que fundó hace casi 30 años. “Yo pienso que en lo que esta dictadura termine, nos tendrán que devolver todo. Talvez yo ya no pueda, pero el equipo que quiera darle continuidad al CENIDH lo tiene que hacer”, afirma.

La organización, poniendo en práctica su lema “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, ha presentado los recursos legales que una vez resueltos le permitan reclamar internacionalmente por el despojo de su personalidad jurídica y la ilegal ocupación de sus bienes que ha tenido, para todos los fines, el efecto de una confiscación de hecho.

Foto principal: EFE

Lucía Pineda, periodista nicaragüense apresada por informar, recibe medidas cautelares de la CIDH

Washington, D.C. 22 de febrero de 2019. La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubau, Jefa de Redacción del Canal 100% Noticias, recibió este viernes medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran “en una situación de grave riesgo”.

Pineda Ubau, de 45 años, actualmente está detenida en el Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” y se encuentra enfrentando un proceso en el que se han irrespetado las garantías del debido proceso, por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Según la misma información recibida por la CIDH, la inicial persecución a la periodista y su posterior detención y enjuiciamiento “serían presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

La periodista denunciaba a través de 100% Noticias “la represión por parte de la Policía Nacional para lograr disolver las protestas, así como múltiples detenciones, denuncias de tortura, desapariciones y procesos presuntamente arbitrarios que se iniciaron contra manifestantes”, resalta la CIDH.

A través de la resolución No. 873-18, la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Pineda y su núcleo familiar, cuya identidad se reserva la CIDH.

Específicamente, requieren al Estado asegurar que los agentes penitenciarios respeten los derechos de la periodista “de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, pues se conoce que Pineda ha sido sometida por lo menos a 30 interrogatorios por varias horas con el objetivo de que grabe un video pidiendo perdón al Presidente Daniel Ortega.

También solicitan al Estado que asegure que las condiciones en las que se encuentra Lucía Pineda Ubau se adecúan a los estándares internacionales.

Desde su detención, Pineda ha reportado a su abogado defensor que duerme en el piso, sin posibilidad de que le pasen alimentos y sin contar con instrumentos de aseo, lo que le ha provocado afecciones en la piel. Además, la falta de  servicio higiénico en su celda la habría obligado a hacer sus necesidades fisiológicas de forma contraria a su dignidad humana.

La CIDH solicitó al Estado que brinde la atención médica correspondiente a Lucía Pineda y que le facilite el acceso a sus representantes legales y a sus visitas familiares, pues estas han sido limitadas hasta la fecha.

Lucía Pineda es una de al menos 60 mujeres presas políticas del Gobierno de Nicaragua. En total, se calcula que unas 765 personas han sido encarceladas por exigir justicia y democracia a las autoridades nicaraguenses.

Antecedentes

Desde que inició la represión por parte del Gobierno a los ciudadanos que protestaban en abril de 2018, el Canal 100% Noticias denunció la violencia que atravesaba el país. Lucía Pineda, como Jefa de Prensa del Canal y a través de su programa 100% Entrevistas, adquirió especial visibilidad por su labor periodística, lo que la expuso a amenazas, agresiones e incluso una campaña de estigmatización en su contra.

El 21 de diciembre del año pasado, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal al director del canal, Miguel Mora, a la esposa de Mora y también periodista Verónica Chávez, y a Pineda. Todos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aunque fue hasta 72 horas después que las autoridades informaron a sus familiares dónde se encontraban. En ese lapso, Chávez fue puesta en libertad.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, al igual que la periodista Leticia Gaitán. Esta última debió huir del país para garantizar su libertad personal.

El mismo día de la detención de Mora y Pineda, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), suspendió el medio televisivo. Hasta la fecha, las instalaciones se encuentran allanadas, clausuradas y vigiladas por agentes policiales y la frecuencia fue otorgada a otro canal de televisión.

PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

Washington, D.C. 18 de febrero de 2018. El pasado sábado, el Gobierno de Nicaragua se reunió con empresarios de la banca nacional y agroindustria, teniendo como testigos al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. En dicho encuentro, según dio a conocer el mismo Gobierno, se confirmó “la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”. Los empresarios, por su parte, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que respalden decididamente una posible nueva negociación con el Gobierno.

Entre mayo y junio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua inició un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como contraparte. Sin embargo, éste se canceló ante la negativa del gobierno de cesar la represión contra el pueblo nicaragüense.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), considera indispensable retomar el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y amplios sectores de la sociedad civil para poder encontrar una salida a la profunda crisis de derechos humanos que permanece y en muchos aspectos se ha agudizado luego de  diez meses.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, la represión a las protestas antigubernamentales dejó como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, y más de 700 hombres y mujeres se encuentran actualmente apresados por haber exigido justicia por las víctimas de la represión y respeto a la democracia.

En los últimos meses, las autoridades han focalizado sus tácticas represivas en defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarticular todo espacio de crítica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Raza e Igualdad cree indispensable que, para que se reinicie el diálogo nacional, el Gobierno de Nicaragua debe dar claras muestras de cumplir  sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • El cese inmediato de la represión y detenciones arbitrarias contra la población nicaragüense.
  • La anulación de los juicios e inmediata liberación de las presas y presos políticos.
  • Autorizar el regreso al país del  Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las cuales fueron expulsadas del país el año pasado.

Con preocupación vemos que las capturas de ciudadanos han continuado en distintas partes del país y que la maquinaria judicial no cesa de imponer centenares de años de prisión irrespetando las garantías del debido proceso. Ambas conductas no abonan de forma alguna a fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

Raza e Igualdad cree firmemente en que un diálogo incluyente es la única salida a la crisis nicaragüense; un diálogo que abone al respeto a los derechos humanos, a la verdad, justicia y a la reparación para las víctimas.

 

*Foto de Oscar Navarrete tomada para La Prensa. 

Presos políticos de Nicaragua: condenan a 216, 210 y 159 años de prisión a tres campesinos

Washington D.C., 18 de febrero de 2019.  Medardo Mairena y Pedro Mena, dos líderes del Movimiento Campesino apresados en julio por exigir justicia y democracia al Gobierno de Nicaragua tras la brutal represión gubernamental contra protestas cívicas, fueron condenados hoy a 216 y 210 años de cárcel, sentencias consideradas excesivas para reos en Nicaragua, puesto que en este país no existe la cadena perpetua y la pena máxima según la Constitución es de 30 años.

Los campesinos habían sido declarados culpables el 17 de diciembre de 2018, acusados por los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo y entorpecimiento de servicios públicos. Los defensores que llevaron el caso y expertos en el tema consideraron que había sido el final de un juicio sin garantías, lleno de contradicciones, testigos falsos y pruebas alteradas.

Según medios locales, la sentencia la dio a conocer el juez Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, quien además condenó a 159 años de prisión a un tercer campesino de nombre Luis Pineda Icabalzeta.

En diciembre, un cuarto acusado llamado Silvio Saúl Pineda Bonilla fue declarado no culpable de los delitos que se le imputaban.

El abogado defensor de Mairena y Mena, Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó en diciembre pasado a medios locales que el juez Altamirano “ya tenía preparado el fallo”, el cual se leyó inmediatamente después de que se brindaran los alegatos finales.

Mairena, Mena y Pineda son parte de los más de 760 presos y presas políticas que registró el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua hasta inicios de febrero de este año. Con los tres campesinos, serían más de 140 los presos políticos que ya han sido condenados. Su delito, aseguran sus familiares, ha sido protestar con la bandera de Nicaragua en la mano.

¿Quiénes son?

Mairena era representante de los campesinos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de ciudadanos, estudiantes, empresarios y activistas que participaron del Diálogo Nacional con el Gobierno para buscar una salida a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que hasta mayo había dejado 56 muertos. Hasta la fecha, la represión ha cobrado al menos 325 víctimas mortales, unos 2,000 heridos y más de 50,000 personas refugiadas en Costa Rica.

Además, Medardo era coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, un grupo de campesinos que desde 2014 busca la derogación de la Ley 840 que concede a una empresa china permiso para construir y operar un canal interoceánico que atravesaría decenas de comunidades rurales de Nicaragua.

Mena también pertenecía a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como asesor de Mairena, y formaba parte del Movimiento Campesino que se manifestaba contra el proyecto canalero.

Según la acusación de la Fiscalía de Nicaragua, que cita el diario La Prensa, Medardo Mairena era el jefe de un “grupo criminal” que orientó la creación de tranques o cortes de carretera en Boaco, Chontales, Nueva Guinea y Río San Juan para impedir el funcionamiento del transporte y cometer diversos delitos. Además, se le acusa de ser el “autor intelectual” del asesinato de cinco miembros de la Policía y un civil en el municipio de Morrito, en Río San Juan, el 12 de julio.

Si bien Medardo Mairena apoyaba abiertamente la creación de tranques o cortes de carretera, éstos fueron instalados por el movimiento campesino, estudiantes y ciudadanos en todo el país como forma de protesta cívica contra la represión gubernamental. Los lugareños, según cita el diario digital Confidencial, le atribuyen los asesinatos a parapoliciales afines al Gobierno que ese mismo día atacaron una marcha pacífica de ciudadanos en Morrito. Según los familiares de Mairena y Mena, ellos están siendo criminalizados por participar activamente de las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y por las demandas de justicia y democracia por los actos de represión cometidos a partir de abril.

Detención

Medardo Mairena y Pedro Mena se encontraban en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, cuando fueron detenidos el 13 de julio sin orden de captura. Desde allí, la Policía los trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”.

A través de un comunicado, la Policía anunció que había detenido a Mairena “cuando pretendía huir del país”.  El hermano del líder campesino, Alfredo Mairena, aseguró al medio digital Confidencial, que Medardo y Pedro se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, a una reunión de solidaridad con el movimiento campesino. En ese momento, la Policía no dio razón de Mena.

El comunicado policial señalaba directamente a Medardo como “un terrorista” y “cabecilla” de una organización criminal.

Proceso judicial

Cuatro días después de su detención, un juez de Managua realizó la audiencia preliminar contra Mairena y Mena a puertas cerradas, de acuerdo con el diario La Prensa. Tras dicha audiencia, los dos líderes habrían sido trasladados al Sistema Penitenciario “La Modelo”, en donde, según fue denunciado, han sido continuamente torturados. El 25 de julio, el director de la CPDH, Marcos Carmona, denunció que los líderes estaban siendo golpeados continuamente por un funcionario del reclusorio conocido como “El Chacal”.

Luego de una audiencia inicial realizada el 15 de agosto, el juicio de Medardo, Mena y Pineda fue reprogramado tres veces, hasta que finalmente se celebró el 13 de noviembre. La defensa alegó “retardación de justicia”, y durante esos meses de espera las torturas y tratos inhumanos y degradantes continuaron.

Julio Montenegro comentó el 6 de noviembre a periodistas locales que desde que fueron remitidos a “La Modelo”, los líderes campesinos permanecían en una celda conocida como “El Infiernillo”, un espacio reducido con poca ventilación y sin luz. Además, denunció que era continua la presencia de insectos, alacranes, cucarachas y zancudos, y que la alimentación que se les brindaba era “precaria”.

Después de nueve días de juicio, este 17 de diciembre concluyó el proceso con un fallo de responsabilidad penal para los tres campesinos. En ninguna de las audiencias se le permitió la entrada a delegados del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni a organismos de derechos humanos nicaragüenses, pese a que las leyes en Nicaragua establecen que las audiencias deben ser públicas.

Las pruebas y testigos

El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, aseguró ayer en conferencia de prensa que ninguna prueba presentada por la Fiscalía, ya fuera imagen, audio o video, demostró contundentemente que Medardo Mairena hubiera orientado alguna acción contra los policías o que organizó los tranques en carreteras.

Incluso, señaló Montenegro, el video que pretendía ser la prueba más importante de los fiscales, era una secuencia de tres escenas distintas que “no cuadran”. “En la primera, Medardo va sobre una calle adoquinada con un grupo de personas con banderas azul y blanco, la segunda que empalma con un grupo de personas que están en un cruce de calle con banderas roja y negra, y la tercera imagen en donde se mira una batalla campal donde no aparece Medardo Mairena”.

También hubo serias contradicciones entre varios de los 45 testigos presentados por la Fiscalía, quienes eran en su totalidad funcionarios públicos. “A uno de los testigos lo pusieron a leer de una pantalla gigante lo que iba a declarar”, dijo Montenegro.

La defensa de Mairena y Mena logró presentar en el noveno día de juicio a tres testigos y un video que revelaban que el día de los hechos en Morrito, Mairena participaba de una marcha en Managua.

Montenegro aseguró ayer que interpondrá un recurso de apelación, cuestionando en primer lugar la validez del juicio, debido a innumerables anomalías en el proceso.

 

*Una versión anterior de este artículo del 19 de diciembre de 2018 fue publicada cuando los campesinos fueron declarados culpables. Esta nueva versión se ha actualizado con las penas a las que fueron condenados.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera que la condena de Medardo Mairena y Pedro Mena, así como la detención  e irregulares procesos que se siguen  a quienes  se acusa por las protestas de abril y meses subsiguientes, se dan en el contexto de la respuesta que dio el Gobierno a las protestas cívicas que iniciaron hace ocho meses.

Lo anterior fue caracterizado por OACNUDH en su Informe  “Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos de la siguiente forma:

la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos…”.

También los procesos, las condenas y  la persecución y represión imperante ahora en Nicaragua hacia distintos sectores, debe valorarse teniendo en cuenta lo dicho por OACNUDH en su Informe antes citado:

 “En lugar de reconocer cualquier responsabilidad por la catástrofe social, el Gobierno ha culpado a los líderes sociales y de la oposición, a defensores de los derechos humanos y medios de comunicación, por lo que ha denominado “violencia golpista”, así como por el impacto negativo de la crisis política en la economía nacional y por las 197 muertes que oficialmente reconoce……”.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de los presos políticos  y que el Estado de Nicaragua acepte su responsabilidad por la violencia desatada por las autoridades que dejó al menos 325 personas muertas, entre ellos 24 niños y niñas.

Por ello, Raza e Igualdad exige al Estado de Nicaragua verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Más de 60 presas políticas han sido sometidas a distintas formas de violencia en Nicaragua

14 de febrero, 2019. Las presas políticas del Gobierno de Nicaragua, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento, denunciaron hoy representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas de conciencia en Nicaragua son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, 3 tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

Tratos inhumanos y degradantes

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

Violencia sexual

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Restricciones a la salud

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene insuficiencia venosa, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

Discriminación a personas LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan 3 mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Violaciones al debido proceso

Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, expuso las violaciones al debido proceso al que han sido sometidas las presas políticas en Nicaragua.

Las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”, señaló Bolaños, añadiendo que posterior a su detención, las presas son ilegalmente remitidas en su calidad de detenidas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional en Managua, donde han sido sometidas a extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia.

“Estas actuaciones han puesto en evidencia el actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder judicial”, puntualizó.

Más de 700 presos políticos

Además de las 68 mujeres privadas de libertad, la Comisión de Registro de la UNAB y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos contabilizan 700 hombres apresados en el contexto de la crisis actual de derechos humanos en ese país centroamericano.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Petitorio

Después de describir todas las violaciones a los derechos humanos de las privadas de libertad, las defensoras presentes en la audiencia solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a todas las presas y presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanizada, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas.

Además, pidieron directamente a los relatores de la CIDH que hagan uso del espacio al que tienen derecho en la próxima plenaria de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exponer los principales hallazgos de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y que incluyan a Nicaragua en el capítulo IV de su próximo informe anual.

Los comisionados, por su parte, reiteraron su compromiso de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua a través de diferentes instancias internacionales; y anunciaron que dentro de los próximos 10 meses trabajarán en la realización de un informe temático sobre las personas privadas de libertad en ese país.

Delegación de nicaragüenses se reúne con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos Michelle Bachelet

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) facilitó el 1 de febrero, una reunión privada entre 10 representantes de organizaciones de sociedad civil de Nicaragua y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Durante el encuentro llevado a cabo en Ginebra Suiza, defensores y defensoras de derechos humanos nicaragüenses presentaron la propuesta en la que se detalla la grave situación de derechos que se vive en el país tras la persecución emprendida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacía activistas, mujeres, periodistas, medios de comunicación independiente, jóvenes, presos y presas políticas, así como hacía defensores y defensoras de derechos humanos.

Hemos tenido una reunión con la Alta Comisionada, ha escuchado nuestras peticiones y ha expresado sentidamente preocupación por la situación en Nicaragua y su compromiso por incluir y señalar la situación que se está dando en todas sus intervenciones y contribuir en todo lo que pueda para que se logre mejorar las condiciones en el país” señaló Ana Quirós, de CISAS defensora de derechos humanos recientemente expulsada arbitrariamente de Nicaragua.  Así mismo, Heydeé Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias infirió “pudimos contarle de viva voz lo que hemos vivido y lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua, los niveles de criminalización, de violencia, los crímenes de lesa humanidad cometidos…”

Ocho de las diez organizaciones de sociedad civil presentes en la reunión han sido arbitrariamente censuradas por el gobierno de turno tras la decisión tomada por los mismos de cancelar sus personerías jurídicas como represalia por cumplir su misión y objetivos, brindando atención a la población en el contexto de la crisis nicaragüense.  En este sentido, Luciano García, de Hagamos Democracia, expresó “Lo más importante ha sido poder ponerla al tanto de manera puntual de todos los atropellos que el régimen está cometiendo en contra de todos los nicaragüenses y todas las organizaciones de sociedad civil, y ella [Michelle Bachelet] ha escuchado nuestras demandas y se encuentra extremadamente preocupada y sorprendentemente informada del caso de Nicaragua”.

Algunas de las peticiones presentadas por los representantes ante la Comisionada Bachelet estuvieron relacionadas con solicitar al Estado de Nicaragua el cese a la represión, persecución y criminalización a la población, a los y las defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, líderes sociales, políticos y periodistas; además de hacer un llamado al Estado para que ofrezca garantías para el pronto y seguro retorno al país de defensores y defensoras de derechos humanos forzados al exilio producto de la criminalización y judicialización, así como el restablecimiento de las personerías jurídicas arbitrariamente canceladas (ilegalmente arrebatadas) a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.

A lo largo del espacio la Alta Comisionada se mostró profundamente sensible y comprometida con la situación.  Anibal Toruño de Radio Darío señala que el encuentro no sólo es un espacio para presentar una realidad nacional sino la posibilidad de encontrar otros interlocutores para la pronta solución a la crisis.  “Fue un momento esperanzador, recibimos un respaldo pleno de la Alta Comisionada. Una ventana, una esperanza y desde luego la posibilidad de encontrar interlocutores que nos puedan ayudar a resolver la crisis que vivimos actualmente en Nicaragua”.

Por su parte, Mónica Baltonado representante de la Fundación Popol Na hizo hincapié en lo que significó presentarle a la comisionada no solo el dolor que viven los defensores y activistas de derechos humanos sino una nación “De una trascendencia significativa para las organizaciones nicaragüenses, pero también para el conjunto de la sociedad, primero porque pudimos de manera directa transmitirle el dolor y el sufrimiento del pueblo de nicaragüense, y la enorme preocupación que tenemos, pero sobre todo el sentido de urgencia de encontrar en el menor tiempo posible una solución”.

Desde el mes de abril de 2018 Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido agudizando en tanto no se han atendido las causas que la provocaron ni se ha escuchado la demanda de la población nicaragüense por justicia y democracia.  Durante los últimos meses se ha observado una estrategia del gobierno para desarticular todo espacio de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva dirigida hacia defensores y defensoras de derechos humanos.  Hasta el día de hoy, las acciones represivas del gobierno nicaragüense han dejado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 2000 heridos, 767 presos y presas políticas y más de 80,000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica.

Delegación de nicaragüenses se reúne con Relator Especial sobre el derecho a la libertad de Reunión Pacífica y Asociación de las Naciones Unidas

Representantes de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se reunieron con el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Sr. Clement Nyaletsossy Voule con el propósito de darle a conocer la persecución que enfrentan las organizaciones y sus directivos por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el pasado 18 de abril en el país.

Los representantes de las organizaciones expusieron al Relator la arbitrariedad con la que fue cancelada la personería jurídica de casi una decena de organizaciones con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y la democracia, así como las amenazas, agresiones y la criminalización de la labor de defensa de los derechos humanos que enfrentan líderes de la sociedad civil y sus equipos.

Durante la reunión la delegación de nicaragüenses solicitó al Relator dirigirse al Estado de Nicaragua en relación a la arbitraria cancelación de la personería jurídica de las organizaciones. Además, se puntualizó sobre la necesidad de requerir al Estado cesar la persecución a los defensores y defensoras, emitir una declaración pública condenando las violaciones al derecho de asociación, reconocer públicamente la labor de los defensores e instar al Estado que permita el acceso al país a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

En este sentido, el Relator Nyaletsossy afirmó estar monitoreando la situación del país valorando como muy importante la oportunidad de tener espacios de intercambio con distintos actores de la sociedad civil.  Así mismo, expresó comprender el sufrimiento que provoca la situación de Nicaragua.

Durante el encuentro, el Representante de las Naciones Unidas señaló que a pesar de haber solicitado al Gobierno de turno una vista al país, esta aún no ha sido respondida por los mandatarios.

Finalmente, el Relator expresó que emprenderá acciones, en el marco del mandato de la Relatoría a su cargo.

Organizaciones fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua

Las Américas/ Europa, 16 de enero de 2019.- A 9 meses del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos son cada vez más difíciles de sostener y es continua la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).

Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente.

En este contexto, un grupo de organizaciones se unieron para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua. Esta es una articulación de organizaciones internacionales, con larga trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, que tendrán como objetivo monitorear de manera constante y coordinada la situación de derechos humanos y sus implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Otra de las metas del Observatorio es, a partir del monitoreo de la situación en el país centroamericano, brindar recomendaciones a instituciones nacionales e internacionales con base en los estándares internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, en donde de acuerdo con la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

El Observatorio está formado por organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). 

Este espacio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.

 

Foto principal: Carlos Herrera-Confidencial/Cortesía

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

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