La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Periodista Lucía Pineda Ubau: “Nos robaron seis meses de nuestras vidas en prisión”

Después de estar seis meses en la cárcel como prisionera política, la periodista Lucía Pineda Ubau se paró frente a una cámara y comenzó a transmitir en vivo para la audiencia de 100% Noticias desde la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. En un par de minutos, más de 3 mil personas se habían conectado a la transmisión y celebraban el suceso. “Hacerlo ahora en libertad, es una sensación de felicidad”, cuenta Lucía.

La última vez que había reportado en vivo fue el 21 de diciembre de 2018, denunciando el allanamiento del canal donde trabajaba y la detención del director del medio, Miguel Mora Barberena. No le dio tiempo para reportar que también la llevaban capturada. Casi seis meses después, el 11 de junio de este año, a través de una cuestionada Ley de Amnistía, las autoridades nicaragüenses liberaron a Lucía y a 50 de los prisioneros políticos más mediáticos que se encontraban injustamente encarcelados, muchas veces expuestos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Desde entonces, la periodista nica-costarricense de 45 años se ha dedicado a “seguir tocando las puertas” a nivel internacional y “elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua”. Un par de días después de su liberación, viajó a Costa Rica a reencontrarse con su familia y se reunió con el presidente Carlos Alvarado Quesada, la vicepresidenta Epsy Campbell y varios funcionarios, así como con medios de comunicación. La semana pasada, en Medellín, también despertó el interés de diversos medios colombianos e internacionales que la entrevistaron ampliamente.

En esta entrevista, brindada al Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Lucía Pineda comenta sobre su experiencia en prisión, la situación actual del periodismo en Nicaragua y sus planes de poner a funcionar nuevamente el Canal 100% Noticias, desde donde reporteaba “para toda la bolita del mundo”.

¿Qué la motivó a realizar esa transmisión luego de 6 meses de cárcel y cómo se sintió en ese momento?

Me sentí feliz porque es lo que a mí me gusta, me apasiona mi carrera. Tenía ya 6 meses de no hacer transmisiones en vivo. La última fue precisamente reportando el allanamiento, la toma, ocupación y encarcelamiento de nuestro director, Miguel Mora. Hacerlo ahora en libertad es una sensación de felicidad. Incluso yo no tenía acreditación para entrar, pero logré escribirle al que acredita y le dije que como yo acabo de salir de la cárcel, que si me podían acreditar, y lo conseguí. Ya que estaba en ese momento, en ese escenario los representantes de los diferentes países y la delegación azul y blanco que vino de Nicaragua pues decidí hacer la transmisión en vivo y en el Facebook de 100% Noticias. Según las reacciones que he visto, ya quieren que arranque de nuevo, pero lo estamos haciendo al suave. Todavía no está todo el personal, hay unos que están en el exilio, hay que esperar que el gobierno devuelva lo que tienen confiscado.

Como periodista está acostumbrada a entrevistar, pero últimamente ha sido usted el foco de la noticia. ¿Cómo ha asumido ese rol?

Es un poco complicado. Es cierto que uno está acostumbrado a preguntarle a los actores de la noticia, pero uno nunca piensa que te vas a convertir en actor de la noticia, en protagonista de esa noticia. Ahora entiendo a los entrevistados. Salen unas preguntas capciosas y tengo que saber bien qué es lo que voy a responder. Hoy me preguntaban qué era para mí el odio. Dije que es todo lo que le hizo la dictadura al pueblo de Nicaragua, toda la persecución de la prensa en Nicaragua, juzgar a personas inocentes. Eso es el odio, lo que hizo la dictadura a la prensa independiente por informar la verdad. Es medio incómodo estar al otro lado, pero hay que saberlo manejar.

Hace poco más de dos semanas que la liberaron. ¿Por qué decidió viajar a Medellín a hacer incidencia?

Me invitan y yo decido ir porque creo que a nivel internacional hay que seguir tocando las puertas y elevando la voz para que no nos dejen solos allá en Nicaragua. Que estén siempre pendientes de nosotros para conquistar y recuperar algo que ya había sido conquistado, como son las libertades, la democracia, y seguir denunciando que nuestros medios de comunicación todavía están tomados, incluidos Confidencial y Esta Semana, de Carlos Fernando Chamorro. Que no hay todavía garantías de seguridad para que los periodistas informen en Nicaragua. Demandando que haya presión al Gobierno para que recapacite. Solo se ha logrado una excarcelación, y no de todos, porque todavía hay 86 en prisión y no se han cumplido los diferentes compromisos que firmaron en el diálogo con la Alianza Cívica. La gente todavía no puede salir a protestar ni a manifestarse. El ciudadano no se siente en libertad y eso se tiene que garantizar, digo yo, bajo la vigilancia de la comunidad internacional.

Hablaba sobre la situación de los periodistas. En general, ¿entonces todavía no se han reestablecido las libertades de expresión y de prensa en Nicaragua?

No, todavía no hay libertades. No hay una garantía de que se respete tu derecho constitucional de expresión, de información, de manifestación. Siempre está la amenaza de que te van a llevar preso o hasta que te pueden matar. Nicaragua no está normal, no es normal que se te persiga por informar, no es normal que dos medios de comunicación importantes estén todavía tomados por la Policía sandinista, lo normal sería que estuviéramos informando, que no nos hubieran echado presos, que no nos ocuparan nuestros instrumentos de trabajo, que no nos censuraran. Hay muchos colegas que han estado haciendo diferentes esfuerzos tanto dentro de Nicaragua como en el exilio.

El exilio ha sido duro para ellos. Yo me reuní con periodistas exiliados en Costa Rica y la están pasando muy mal. Hay unos que se han dedicado a la construcción, otros a ser vigilantes de seguridad, otros han andado vendiendo lotería o en tiendas, y en medio de todo eso ellos siempre se mantienen activos en sus plataformas haciendo sus propios esfuerzos. Pero también se necesita fortalecerlos a ellos en algún tipo de financiamiento para que se mantengan vivos esos espacios. Si ayudás en este momento a los periodistas independientes, están derrotando la censura. Es el momento de apoyar a la prensa independiente.

Usted tiene veinticinco años haciendo periodismo, ¿cuál ha sido su experiencia cuestionando a los poderosos?

La experiencia más fuerte la hemos tenido ahorita. Yo nunca pensé que Daniel Ortega me fuera a echar presa, o a Miguel Mora, o a cualquier periodista por informar. Precisamente porque él estuvo preso en una dictadura luchando por libertades. Más bien pensaba que algún día Arnoldo Alemán (Presidente de Nicaragua en periodo 1997-2002) de molesto me mandaba a echar presa, porque había mucho cuestionamiento al doctor Alemán, él era muy temperamental, se peleaba mucho con nosotros los periodistas, él explotaba y te decía cualquier cosa. Pero no nos mandó a echar presos, no nos censuró, no pasaba del enojo o que me puso el apodo de «la chilindrina».

Daniel Ortega sobrepasó todos los niveles, retrocedimos en el tiempo. Es lamentable que hayamos retrocedido a vivir esos capítulos que se vivieron en el tiempo del somocismo. A Daniel Ortega no le gusta la crítica, no le gusta que le digan la verdad, que la gente se exprese con la verdad en los diferentes medios independientes.

¿Fue eso lo que incomodó tanto a Daniel Ortega?

Es por eso que a nosotros nos cierran y nos encarcelan. Nosotros siempre informamos con la verdad, con los mismos videos que la población filmaba, porque esta ha sido la represión más documentada. Precisamente la gente, las víctimas, lo filmaban. No hay dónde perderse, las víctimas te daban sus relatos. La verdad la contó la gente, la verdad está documentada, el mundo ya sabe qué es lo que pasó en Nicaragua, que no hubo ningún intento de golpe de Estado, que lo que hubo fue un estallido social y que el Gobierno reaccionó de forma brutal con mucha represión que dejó más de 325 personas fallecidas y más de 2 mil heridos.

Estuvo seis meses en prisión, ¿cómo ve desde ahora en retrospectiva ese tiempo?

Nos robaron seis meses de nuestras vidas allí. Yo no le renegaba a Dios porqué estaba allí, sino que le preguntaba cuál era mi propósito. Dios te pone metas y en estos sucesos nos dio la misión de informar. Y así lo hicimos, que fuéramos valientes, que fuéramos firmes y comprometidos con el pueblo de Nicaragua. Y así actuamos, con obediencia a esa misión de informar. Yo comenzaba a reflexionar, a pensar allí dentro de prisión y decía: pues sí valió la pena. Vale la pena decir la verdad, vale la pena hacer un periodismo comprometido con las necesidades del pueblo de Nicaragua, un periodismo que vaya en pro de garantizarle al pueblo nicaragüense las necesidades, la democracia, la vida, sobre todo. Cuando uno informa hasta salvás vidas, y eso fue lo que hizo la prensa independiente de Nicaragua.

Uno siente satisfacción de que informás hasta el último momento. Cuando me llevaron a la celda preventiva, yo le dije a Miguel: por lo menos cerramos con broche de oro, me dio tiempo de lanzar el «última hora». Nos querían callar, pero más bien nos elevaron el perfil.

Usted ha dicho que hubo maltrato psicológico más que físico…

Lo psicológico es desde el hecho que me mantienen aislada, sin socializar. Los seres humanos somos seres sociales, y te encierran seis meses, solo abren la puerta tres veces al día para darte la comida y te sacan una vez a la semana una hora de sol, como si fueras un animalito. Eso es un daño psicológico, es una tortura psicológica. Yo traté de mitigar el impacto de esa tortura, pero he conocido relatos de otras mujeres que estuvieron solas apenas 12 días y ya se les vino en mente la idea de querer matarse. A mí nunca se me pasó eso por la mente. Mi rutina era de oración, de alabanza, de lectura bíblica. También hacía ejercicio, hacía 1500 trotes por día dentro de la celda, para la circulación. Me guiaba por los turnos de las oficiales, hacían cambio cada seis horas. Eso fue lo que me mantuvo: mi fe, que nunca la perdí. En mis oraciones yo oraba por ellos y hasta los perdoné, porque yo quería cuidar mi corazón, no quería salir resentida ni con odio. Pero uno no olvida todo lo que han hecho.

¿Tienen planes específicos para el futuro?

Vamos a ir viendo cómo nos vamos a reestructurar, cómo restablecer la sala de redacción, si hacerla en Nicaragua o en Costa Rica o hacer una combinación. El Facebook Live fue una prueba, para calentar motores, pero ya entrar las 24 horas, con todos los fierros, ya lo vamos a estar trabajando después de que nos demos un poco de tiempo para nosotros.

Líderes y lideresas de América Latina y el Caribe en la 49ª Asamblea General de la OEA: «Estamos ante una grave situación de vulneración a nuestros derechos humanos»

En el marco de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA celebrada en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio de 2019, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo diversos eventos con la especial participación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas Afrodescendientes y LGBTI de Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Brasil, Nicaragua, México, Bolivia y República Dominicana.

Dichos espacios de encuentro y discusión pretendían reflexionar y cuestionar sobre la realidad social y política en materia de derechos que enfrenta la Región Latinoamericana, que actualmente afecta especialmente a poblaciones históricamente marginadas e invisibilizadas como los pueblos afrodescendientes y personas LGBTI, así como las violaciones a los derechos fundamentales por persecución y hostigamiento que viven defensoras y defensores de derechos humanos por los diferentes gobiernos de la región.

Reiteramos nuestra condena por la ausencia de activistas cubanos a quienes se les fue denegada la salida del país por parte de autoridades de migración; esto como una estrategia de coerción y represión del Estado cubano para impedir que líderes y lideresas visibilicen la situación de violación de derechos en la isla.

Foro Interamericano contra la Discriminación

Durante este espacio de diálogo, activistas de la región describieron la situación social y política que en materia de derechos se viven en la región, en relación a esto la presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de las Diáspora señaló la importancia de que las mujeres de toda la región levanten sus voces para hacerse escuchar, denunciar, incidir y participar como sujetas de derechos.  Así mismo, el activista Rodnei Jericó de Géledes de Brasil, expresó a lo largo de su intervención los grandes desafíos que presenta la población afrobrasilera en relación a la garantía y reconocimiento de sus derechos, especialmente aquellas personas afrodescendientes con expresiones de género y sexo diversas, quienes encabezan en mayor porcentaje a nivel mundial el número más alto de homicidios, siendo las personas negras y LGBTI las víctimas más recurrentes.

En este sentido, el director de Caribe Afirmativo y activista por los derechos LGBTI en Colombia, Wilson Castañeda, indicó que, aunque el acuerdo paz colombiano es el único en el mundo con una agenda de trabajo y reivindicación de derechos de las personas LGBTI víctimas del conflicto armado, la violencia y prácticas de odio hacía las personas LGBTI se han recrudecido, esto, especialmente, a través de discursos de odio y expresiones estatales de indiferencia ante los reclamos de  estas personas. Ante estas declaraciones el representante de Caribe afirmativo señaló:  “La paz nos está costando la vida” La cara oculta del proceso de paz en Colombia es que al día de hoy, según INDEPAZ, se hayan asesinado 837 líderes y lideresas durante el proceso de paz, más 17 nuevos presuntos casos de violencia y homicidio recientemente cometidos.

Por su parte, la Comisionada Margarette May Macaulay compartió ante el público la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia, espacio en el que aseguró que la CIDH ha encontrado que las y los afrodescendientes en las Américas sufren de discriminación estructural, lo cual afecta cualquier derecho social al que estos pudiesen tener acceso.

En relación a esto, el abogado y representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Hader Viveros, señaló que las personas afrodescendientes aún siguen siendo vistos como un producto, por tanto, continúan siendo víctimas de discriminación y desconocimiento de sus necesidades reales.   Evidencia de esto, fue presentado por la lideresa María Martínez de Moschta, quien señaló que existen más de 117 mil personas en estado de apátrida en República dominicana, producto del racismo sin sentido y la decidía del Estado.

Finalmente, los activistas Christian King, director de la organización TRANSA Trans Siempre amigas de República Dominicana, y la directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) Cecilia Ramírez, compartieron con las y los participantes la importancia de incidir en espacios de corte internacional como la Asamblea General de la OEA, insistiendo en la posibilidad que estos espacios brindan a la sociedad civil de presentar demandas y visibilizar las agendas sociales y políticas del movimiento social latinoamericano en lucha por la garantía de sus derechos.

Lea aquí declaraciones de la Coalición Afrodescendiente

49ª Asamblea General de la OEA

La coalición afrodescendiente fue representada por Erlendy Cuero Bravo lideresa afrocolombiana de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES

Conversatorio “La implementación del Acuerdo de Paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos”

En compañía de líderes y lideresas afrocolombianos, se llevó a cabo el pasado 25 de Junio en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA,  el conversatorio “La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios afrocolombianos, espacio que contó con especial participación de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad y de la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH.

Durante el espacio precedido por la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, esta instó a líderes y lideresas a continuar la luchando, construyendo y trabajando por la paz a pesar de estar enfrentados a una sociedad “parturienta”en medio de un conflicto social y político aún sin resolver.  En este sentido la Comisionada Ángela Salazar de la Comisión de la Verdad señaló que el papel del pueblo afrodescendiente en la implementación del Acuerdo de Paz siendo enfrentando grandes desafíos especialmente porque aún no existe reconocimiento de las historias, relatos y vivencias de los pueblos negros.

El conversatorio que tuvo por eje central de discusión el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales, recordó la muerte de lo más de 400 líderes y lideresas asesinados según cifras de la Defensoría del Pueblo; hecho frente al cual activistas afrocolombianos expresaron total repudio recordando el reciente caso de violencia contra la fallecida María del Pilar Hurtado.

En relación a esto Audes Jiménez, lideresa afrocolombiana y representante de la Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, expresó: “Mientras el presidente Iván Duque está preocupado por la migración de venezolanos en Colombia, y su política de migración, en Colombia se está cometiendo un genocidio de líderes y lideresas sociales y esto debe ser de conocimiento de la Asamblea General”.  Así mismo la lideresa añadió que en el Caribe Colombiano continúan los asesinatos, el asedio y persecución hacía activistas especialmente de grupos étnicos que defienden su tierra y territorio como fuente de vida.

Así mismo, la reconocida lideresa afrocolombiana Francia Márquez señaló que existe un sentimiento generalizado en los pueblos afrocolombianos de abandono y desatención por parte del Estado, situación que está permitiendo el exterminio del pueblo negro, indígena y campesino del país, que ha dedicado su vida e historia a cuidar la casa grande: el mundo. “La paz implica pensar otras alternativas al desarrollo. En nombre del desarrollo nos están matando, amenazando y somos objetivo militar” señaló la lideresa.

En este sentido, también manifestó que es el racismo estructural lo que ha generado que las mujeres sigan siendo asesinadas y violentadas “Tenemos rabia porque estamos hablando de un discurso de paz vacío, la paz aún no llega a los territorios y nosotros hemos sido quienes hemos puesto los muertos” añadió Márquez.

Ante esta declaración, el activista LGBTI y director de la Fundación Afrocolombiana Arco Irís de Tumaco, Nixón Ortíz, señaló que la falta de compromiso del Estado colombiano con la implementación del  Acuerdo de Paz ha generado una serie de focos de violencia en los territorios, aún desprotegidos y desatendidos. “Queremos decir que venimos resistiendo con mucha fuerza con nuestros cuerpos, cantos y bailes. Nuestras armas son nuestras tradiciones. Pero la falta de gobernabiliad en los territorios pone en riesgo a las poblaciones” añadió Ortíz.

Finalmente, la invitación del Padre Emigdio Cuesta Pino, secretario general de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA, fue que a pesar de las muertes los líderes y lidersas sigan luchando, construyendo y resistiendo, como una responsabilidad asumida con los que ya no están, por los que hoy quedan y por aquellos que llegarán.

Conversatorio: ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y Desafíos ante la grave crisis de derechos humanos

Una delegación de nicaragüenses viajó hasta Medellín para participar de la Asamblea General de la OEA y cabildear ante las misiones diplomáticas que estarían allí presentes. En ese marco, la delegación de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ex prisioneros políticos, participaron del evento “¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos”, organizado por Raza e Igualdad en conjunto con Cejil.

Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, mientras que la mesa de ponencia estuvo integrada por Marlin Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Lucía Pineda, Jefa de Prensa de 100% Noticias y ex prisionera política del régimen de Nicaragua, Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, Roberto Desogus, encargado para Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Sofía Macher, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.

Durante el evento, que se extendió por más de dos horas, las primeras tres ponentes de origen nicaragüense se enfocaron en describir sus experiencias de defensa de derechos humanos y de labores de reportería, en el caso de Lucía Pineda, mientras que los ponentes que representaban organismos internacionales describieron el trabajo de monitoreo que han continuado realizando fuera del país, y describieron sus compromisos a futuro y su interés de regresar al país cuando las autoridades muestren la disposición de recibir sus respectivas misiones.

Al siguiente día, Lucía Pineda participó de un desayuno con periodistas colombianos y extranjeros de medios digitales, impresos y televisivos. A lo largo de su estancia en Medellín, la periodista que estuvo casi seis meses en prisión por informar a través de 100% Noticias, también fue entrevistada por diversos medios de comunicación interesados en contar su experiencia y visibilizar las demandas del pueblo nicaragüense.

Lanzamiento de la exposición fotográfica «Ponte en mis zapatos»

Con la participación de activistas de derechos humanos de diferentes países de Latinoamérica, en el marco de la 49ava Asamblea General de la OEA se llevó a cabo el lanzamiento de la exposición Fotográfica «Ponte en mis Zapatos» un trabajo colaborativo entre el Maestro Edgar Armando Plata de la Universidad del Norte y Raza e Igualdad.

La muestra fotográfica que pretende visibilizar el trabajo que diferentes activistas, defensores y defensoras de derechos humanos realizan como trabajo fundamental para la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, fue expuesta en el Instituto Colombo Americano de Medellín y estará disponible hasta el mes de agosto de 2019.

Lanzamiento del informe de la CIDH – Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI: Miradas Afro LGBTI desde un enfoque interseccional

En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su reciente informe “Reconocimiento de derechos de las personas LGBTI” una mirada sobre el estado de derechos de las personas con identidades y expresiones de sexo y género diversas, en relación a este documento activistas de Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia señalaron la grave situación de des-protección y violación de los derechos fundamentales a los que continúan viéndose enfrentados las personas LGBTI de toda la región.   En este sentido la activista Belén Zapata mujer trans afroperuana señaló que los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI en Perú no son considerados crímenes, aún cuando existen múltiples casos hoy no hay leyes que penalicen estos hechos “No debemos seguir muriendo y que nuestros asesinos sigan en las calles cometiendo otros crímenes», resalta Belén Zapata sobre los asesinatos a personas trans.

Así mismo, la lideresa Alessandra Ramos, mujer trans afrobrasilera señaló que las personas LGBTI en el país se enfrentan hoy a una preocupante y grave situación de vulneración y violación a sus derechos fundamentales, especialmente porque el gobierno de turno liderado por Jair Bolsonaro no reconoce a las personas con expresiones e identidades de género y sexo diverso. En este sentido, la lideresa señaló que Brasil es el primera país en el que más se asesinan personas trans, siendo 163 el número de personas trans asesinadas el año pasado por crímenes de odio. Ante esta situación la lideresa expresó:  “Nosotres existimos para resistir y resistimos para no dejar de existir”.

Finalmente, la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe presentes en el evento hicieron una declaración pública en relación a las afectaciones, violaciones y discriminación estructural que las personas Afro LGBTI de la Región Latinoamericana a razón de su orientación sexual, raza y etnia.

Lea aquí Declaración de la Red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Día del orgullo LGBTI: Los 50 años de la Revuelta de Stonewall

En el día de hoy, millones de personas en todo el mundo conmemoran los 50 años de la Revuelta de Stonewall. Stonewall es considerado un evento histórico para el movimiento LGBTI organizado en el mundo, y lleva ese nombre por cuenta de un evento que ocurrió en un bar gay ubicado en Nueva York llamado Stonewall Inn.

En aquella época, muchos estados norteamericanos trataban las relaciones homosexuales como crímenes, y en Nueva York las personas estaban obligadas a usar ropa de acuerdo con su sexo biológico. Los bares ni siquiera podían vender bebidas para homosexuales o cualquier persona que desafiara la heterossexualidad cisgénero. Eran muy comunes las rondas policiales en que dueños, empleados y clientes eran criminalizados.

El 28 de junio de 1969, policías entraron en el bar Stonewall Inn y comenzaron a arrestar a empleados y clientes. Sin embargo, en vez de simplemente someterse a esa situación, ese día las personas decidieron resistir. Los clientes comenzaron a lanzar monedas a los policías, haciendo referencia a la propina que ellos pagaban para no molestar a los bares. Luego, la revuelta se intensificó e incluso cócteles molotov fueron arrojados a la puerta.

Esta reacción inesperada de personas cansadas de toda la represión de la época dio inicio a una serie de protestas en los días siguientes. Un año después, esas personas organizaron la primera Marcha del Orgullo. Sin embargo, al contar esta historia no se puede correr el riesgo de realizar una lectura que invisibilice a algunas figuras que lideraron esos episodios y que fueron extremadamente importantes para la historia del movimiento LGBTI. Es el caso de Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson.

Voces silenciadas: Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson

Sylvia Rivera fue una de las figuras emblemáticas en las revueltas iniciadas en el Stonewall Inn, y es reconocida como una de las activistas que estuvieron en la línea de frente de la Revuelta, siendo esencial en la agitación y movilización de los manifestantes.

Nacida en 1951 en Nueva York, Sylvia era pobre, latina y prostituta, hija de dos inmigrantes de Puerto Rico y Venezuela, habiendo sufrido durante toda su vida abusos de la policía. Fue abandonada por su padre en los primeros años de su vida y su madre se suicidó cuando Sylvia tenía sólo 3 años de edad. Comenzó a vivir en la calle con 11 años de edad.

Sylvia era muy amiga de Marsha P. Johnson: negra, transgénero, pobre y trabajadora sexual. Nacida en Nueva Jersey en 1945, llegó a Nueva York a finales de los años 60. Aunque poco se sepa sobre su infancia, es conocido que Marsha fue una gran activista política: gritaba en las calles, movilizaba marchas, daba entrevistas y, al igual que Sylvia , era constantemente criminalizada.

Tanto Rivera como Johnson estuvieron en la línea de frente de los procesos de resistencia en Stonewall, pero fueron más que eso. Un año después de la Rebelión, Johnson y Rivera fundaron la organización Street Transvtestite Action Revolutionaries (S.T.A.R.), que daba techo, comida y ropa para unas 50 personas trans que vivían condiciones de pobreza y habitabilidad de calle. Marsha y Sylvia sostenían ese proyecto con el dinero fruto del propio trabajo sexual. Sin embargo, en una entrevista concedida en 1989, Rivera habla que cuando ella y Marsha pidieron ayuda a otras organizaciones de la comunidad, que contaban con profesores y abogados (blancos y de clase media alta) y que podrían ayudar con algunos recursos, esas personas les dieron la espalda. No había nadie para ayudarlas.

De hecho, mientras el movimiento LBGTI crecía, sobre todo hombres gays, en su mayoría blancos, asumieron el liderazgo y relegaron a personas trans como Johnson y Rivera a la periferia porque creían que figuras como ellas, con toda su vestimenta, por un lado, traían más la falta de respeto a la comunidad y, por otro, dificultaban el argumento de que no había ninguna diferencia entre gays, lesbianas y heterosexuales.

El ápice de la tensión fue en la Marcha de 1973, cuando Rivera fue abucheada al recordar que, si no fuera por las drag queens, no habría movimiento de liberación gay y que ellas eran la línea de frente de la resistencia.

Por un orgullo interseccional

La historia de la participación de personas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera en la Revuelta de Stonewall resalta cómo la comunidad LGBTI no puede ser vista de una manera homogénea, como si todas las experiencias fueran las mismas y, sobre todo, como si los derechos conquistados fueran luchados de la misma forma por toda esa población. No sucede así. Más que eso, esta historia explora los límites de las alianzas dentro de la comunidad LGBTI, que no puede utilizar a las personas trans sólo como un puente para conquistar derechos o status.

Por otro lado, las dos encarnan en sus vidas la interseccionalidad, evidenciando la importancia de considerar varios marcadores sociales para pensar en los procesos de construcción de las identidades, como la raza, la clase, la nacionalidad, la etnia, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual, entre otros ejes de opresión.

Johnson y Rivera nos dan la oportunidad de pensar que, más que solamente incluir, por ejemplo, referencias a género en los debates de raza y viceversa, la interseccionalidad debe constituir una herramienta para asumir un compromiso con las experiencias, conocimientos, luchas y las agendas políticas que emerjan a partir de la resistencia a los diversos ejes de dominación y opresión. Ello, sobre todo con aquellas que están en las esferas más bajas del reconocimiento de la humanidad – como fue el caso de Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera-, y sigue siendo el caso de tantas personas trans negras y latinas, que siguen figurando como las víctimas de más violaciones a sus derechos humanos.

En estos 50 años de la Revuelta de Stonewall, Raza e Igualdad desea renovar nuestro compromiso con las resistencias de las personas que tienen sus vidas marcadas por opresiones a partir de su raza, identidad o expresión de género, orientación sexual, clase, nacionalidad y otras, y aprovechamos esa oportunidad para invitar a toda la comunidad LGBTI a comprometerse en una lucha por igualdad que no cierra los ojos para aquellos y aquellas que no gozan de los privilegios blancos, cisgénero, masculinos y de clase, o cualquier condición que les permita experimentar una humanidad que no es experimentada por todos/as. La lucha por la igualdad no puede dejar de lado a los que más la necesitan.

Os 50 anos da Rebelião de Stonewall

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Organizaciones de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe estarán presentes en la 49 Asamblea General de la OEA

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en Medellín, Colombia del 25 al 28 de junio, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), de la mano de diversas organizaciones sociales de países de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador y Nicaragua, coordinará diferentes espacios de discusión que pretenden analizar el panorama de derechos humanos en la región, especialmente de aquellos grupos sociales y países que actualmente se enfrentan a graves situaciones de violencia y vulneración.

Todos los eventos serán transmitidos en vivo a través de la página en Facebook de Raza e Igualdad.  Así mismo se hará cubrimiento de los eventos a través de redes sociales con el hashtag #AsambleaOEA #RazaeIgualdadOEA

A continuación, compartimos el detalle de los espacios que propiciaremos durante la semana de incidencia regional:

 

Foro Interamericano contra la Discriminación
Objetivo:  Propiciar un espacio de reflexión y análisis de la situación de derechos las personas afrodecendientes de América Latina y el Caribe en el marco del Decenio de los Afrodescendientes de cara a la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos OEA.

Día:  Martes, 25 de junio de 2019
Hora:  8:30 – 1:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro Medellín
Transmisión en Vivo

Puede encontrar el programa completo dando click aquí.

Palabras de inauguración

Carlos Quesada – Director ejecutivo de Raza e Igualdad

Panelistas:
Erlendy Cuero Bravo – Vicepresidenta AFRODES, Colombia
Paola Yánez – Coordinadora Regional Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas de la Diáspora
Margarette May Macaulay – Relatora CIDH de derechos de personas afrodescendientes y contra la discriminación racial
Christian King – Director ejecutivo Trans Siempre Amigas, República Dominicana
Rodnei Jerico da Silva – Coordinador SOS Racismo, Brasil
Catherine Pognant, Directora de la Oficina de Sociedad Civil OEA, Washington D.C.
Juan Antonio Madrazo, Coordinador Nacional Comité Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Harvey Maradiaga, Coordinador ADISNIC, Nicaragua
Elvia Duque, representante de Raza e Igualdad

Moderadores:
Adriana Rodríguez –  Raza e Igualdad
Cecilia Ramírez – Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Conversatorio: «La implementación del acuerdo de paz, fuente de innovación social y desarrollo para los territorios Afrocolombianos»
Objetivo:  Generar un espacio de discusión y análisis alrededor de las oportunidades de una real y efectiva implementación del acuerdo de paz en los territorios colombianos, y así mismo, identificar las causas que han generado el incremento de homicidios a líderes y lideresas sociales afrodescendientes.

Día:  Martes, 25 de junio, 2019
Hora:  5:00 – 7:30 pm
Lugar:  Hotel Estelar Milla de Oro

Panelistas:
Comisionada Ángela Salazar, Comisión de la Verdad
Nixon Ortiz, Fundación Arcoíris libre de Tumaco
Audes Jiménez, Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
Emigdio Cuesta Pino, Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CNOA
Melquiceded Blandon, Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa)

Moderadores:
Elvia Duque, Raza e Igualdad
Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo

Conversatorio:  ¿Hacia dónde va Nicaragua? Retos y desafíos ante la grave crisis de derechos humanos
Objetivo:  Conversar sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta Nicaragua tras 14 meses de crisis, sobre los principales desafíos y limitaciones para la garantía de los derechos humanos en el país y sobre la ruta para que se retome el diálogo entre el Gobierno deNicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Panelistas:

Roberto Desogus, coordinador para Nicaragua en OACNUDH
Antonia Urrejola, Comisionada y Relatora de país para Nicaragua de la CIDH
Sofía Macher, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua
Marlin Sierra, directora ejecutiva del CENIDH
Azahalea Solís, Miembra de la Alianza Cívica y representante del MAM
Lucía Pineda, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias

Moderadora:
Ana Bolaños, representante de Raza e Igualdad

Lanzamiento en Colombia del informe de la CIDH “Reconocimiento de Derechos de las personas LGBTI” y diálogos con personas LGBT y afro-descendientes de Colombia, Brasil y Perú

Raza e Igualdad presentará  por primera vez en Colombia los resultados de un informe de la CIDH lanzado en mayo  pasado sobre los avances han realizado los Estados de las Américas para garantizar la protección de las personas LGBTI  a fin de que los demás países logren avanzar en la agenda de igualdad, inclusión y no discriminación para la población LGBTI.

Panelistas:

Antonia Urrejola, Comisionada de la CIDH y Relatora de país para Brasil, Cuba, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Ernesto Zelayandia, Becario para la relatoría de las personas LGBTI
Sandra Milena Arizabaleta, miembra de Somos Identidad, Colombia
Alessandra Ramos, miembra de Transformar, Brasil
Belén Zapata, miembra de la Red de Jóvenes Afroperuanos Ashantí, Perú

Moderador: 

Mauricio Noguera, Oficial LGBTI de Raza e Igualdad

Demandamos al Gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que continúan encarcelados

Washington, D.C. 18 de junio de 2019. Raza e Igualdad recuerda al Gobierno de Nicaragua su deber de cumplir con el compromiso que asumió de liberar total y definitivamente a los prisioneros políticos, cuyo plazo de 90 días finaliza a las doce de la noche del día de hoy, 18 de junio, según acuerdos suscritos el 27 de marzo del año 2019, en la mesa de negociación que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y el Sr. Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

En los últimos tres meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país, pero según la Alianza Cïvica por la Democracia y la Justicia, aún hay 86 prisioneros políticos que continúan en prisión.

En ese sentido, rechazamos la Nota de Prensa dada a conocer por el Gobierno de Nicaragua el día de hoy, en la que expresa que todos los prisioneros políticos que estaban en las listas entregadas y revisadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja ya fueron puestos en libertad.

“La postura del Gobierno confirma su renuencia para cumplir obligaciones de ineludible cumplimiento en tanto conciernen a la libertad, integridad física y la vida de ciudadanos que aun guardan prisión en condiciones que atentan contra su dignidad humana. Demandamos al Gobierno de Nicaragua el inmediato cumplimiento de su compromiso y proceder a la inmediata liberación de los 86 prisioneros políticos que aun guardan prisión. Demandamos una revisión imparcial y exhaustiva de los listados de las personas detenidas en el contexto de las protestas de abril que aun no han sido liberadas, con la finalidad de garantizar que todos sean puestos en libertad”, expresó Carlos Quesada, director de Raza e Igualdad.

Es inaceptable que el Gobierno se escude en procesos penales irregulares y falsas imputaciones de delitos comunes contra quienes ejercieron su legítimo derecho de protesta.

Respecto de todos ellos exigimos su liberación inmediata, procederse al cierre de sus procesos de investigación y procesos judiciales, así como a la cancelación de sus antecedentes penales. Su retorno a casa debe estar libre de cualquier amenaza, persecución o asedio contra ellos o sus familiares, de conformidad a la cláusula segunda del Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad suscrito en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación del Gobierno.

Así mismo, reiteramos al Estado de Nicaragua, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y su responsabilidad de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando a los autores intelectuales y materiales de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, provocando más de 325 muertes, entre ellas 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías y 2 mil personas heridas. Para ello, se requiere de la derogación de la Ley de Amnistía que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de las autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes. Dicha ley debe ser declarada inconstitucional porque impone restricciones indebidas a los derechos humanos, civiles y políticos de los ex prisioneros políticos, al amenazarlos con reabrir sus procesos judiciales y encarcelarlos nuevamente si ejercen su derecho fundamental a la protesta y porque intenta obstruir el derecho a la justicia que asiste a las víctimas de la represión.

Raza e Igualdad demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en cumplimiento del acuerdo suscrito, el restablecimiento de los derechos ciudadanos y el cese de toda forma de represión y abuso policial y parapolicial.

 

Foto principal: Diario La Prensa de Nicaragua

Liberan a Lucía Pineda, Miguel Mora y más de cien presos políticos de Nicaragua

Washington, D.C. 11 de junio de 2019. A través de la recién aprobada Ley No. 996, Ley de Amnistía, las autoridades nicaragüenses liberaron entre ayer y hoy a 100 hombres y 6 mujeres prisioneras políticas que se encontraban injustamente encarcelados desde hace meses, incluidos los periodistas representados por Raza e Igualdad, Lucía Pineda y Miguel Mora, Jefa de Redacción y Director del Canal 100% Noticias, respectivamente.

La liberación de los prisioneros políticos ha operado bajo dicha ley, cuya aprobación ameritó la condena internacional por la impunidad que promueve respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades y fuerzas parapoliciales. Las instituciones del Estado nicaragüense, caracterizadas por su falta de independencia, no lograron resolver la situación legal de los prisioneros políticos como en Derecho correspondía. La Ley de Amnistía aprobada les amenaza con la pérdida del beneficio, si incurren en conductas repetitivas generadoras de los delitos contemplados en dicha ley. Tampoco las autoridades nicaragüenses a más de un año del inicio de las protestas de abril, han logrado atender el clamor por justicia para las víctimas de la represión.

A pesar de lo antes dicho, Raza e Igualdad ve con agrado que los prisioneros políticos puedan volver a sus casas y no continúen más expuestos a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que les propinaban en la cárcel así como a condiciones que no se corresponden con los estándares internacionales.

La liberación de los periodistas, así como la liberación de líderes estudiantiles, dirigentes campesinos, activistas y defensores de derechos humanos que habían tenido mayor exposición pública durante la crisis iniciada en abril 2018, se realizó con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. Además de Mora y Pineda, entre los prisioneros políticos liberados están: Medardo Mairena, Pedro Mena, Amaya Coppens, Edwin Carcache, Nahiroby Olivas, Brandon Lovo, Glen Slate, Ricardo Baltodano, Carlos Brenes, Yubrank Suazo, Christian Fajardo, Irlanda Jerez y Olesia Muñoz.

“Aquí (en Nicaragua) hay una dictadura, aquí se tortura, aquí se violentan los derechos humanos, aquí no hay libertad de prensa ni de expresión, aquí se confiscan medios de comunicación, aquí se apresa a periodistas, a ciudadanos y a jóvenes, esa es la verdad, y nos toca a todos los periodistas decirla”, aseguró Miguel Mora a medios de comunicación locales. Mientras que Lucía Pineda expresó: “vamos a seguir informando en toda la bolita del mundo”.

Al día de hoy, el Canal 100% Noticias continúa tomado por la Policía Nacional luego de ser confiscado en diciembre de 2018, por las autoridades.

El Gobierno de Nicaragua, en el marco de las negociaciones que sostenía con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), suspendidas desde el pasado 16 de mayo, luego de que el prisionero político Eddy Montes Praslin falleciera producto de un disparo realizado por un custodio penitenciario, se había comprometido a liberar a todos los prisioneros políticos a más tardar el próximo 18 de junio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también había requerido al Gobierno que evaluara otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para 17 prisioneros políticos a quienes les otorgó medidas provisionales, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

En los últimos dos meses, las autoridades nicaragüenses excarcelaron a más de 600 opositores que fueron apresados por exigir justicia para las víctimas de la represión y democracia para el país. Sin embargo, el Comité Pro Libertad de Presos Políticos todavía tiene en sus listas a 80 personas que continúan en prisión.

Raza e Igualdad continúa demandando la liberación inmediata de las y los prisioneros políticos, quienes durante meses se han enfrentado a procesos judiciales arbitrarios, torturas, tratos denigrantes y otras violaciones de derechos humanos que evidencian el incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de sus compromisos internacionales de derechos humanos.

Demandamos también la libertad plena para todos los prisioneros políticos excarcelados, la limpieza de los antecedentes penales y se les permita a todos y todas, el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, sin intimidación, coacción ni represalias de cualquier tipo.

 

Foto: La Prensa/ Nicaragua

Rechazamos la Ley de Amnistía aprobada en Nicaragua y exigimos justicia para las víctimas de la represión

Washington, D.C., 8 de junio de 2019. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy una aberrante Ley de Amnistía que condiciona la liberación de 182 presos y presas políticas que continúan en prisión y el cierre de procesos penales para quienes habiendo sido detenidos en el contexto de las protestas de abril, fueron excarcelados, a cambio de que no se realice ninguna investigación contra los responsables de la violencia letal de la que se valió el Estado para reprimir las protestas, la cual  provocó más de 325 muertes, entre ellos 24 niños, niñas y adolescentes, 21 policías  y 2 mil personas heridas.

Raza e Igualdad recuerda que el Gobierno de Nicaragua ya se había comprometido a liberar a más tardar el próximo 18 de junio a todos los y las prisioneras políticas, mediante un acuerdo suscrito en la mesa de negociaciones que contó con la presencia del Nuncio Apostólico Waldemar Sommertag en representación del Vaticano y Luis Ángel Rosadilla por la OEA, como testigos.

El proyecto de Ley de Amnistía, enviado ayer a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, fue aprobado con 70 votos a favor, todos de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), partido de Gobierno. Según el texto de la ley, la amnistía cubre todos los delitos políticos y comunes, y “se extiende a personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”.

La propuesta, como otras decisiones tomadas unilateralmente por el Gobierno y sus operadores en el parlamento nicaragüense (como la reciente Ley de Reparación a Víctimas de Violencia en Nicaragua y la Ley de Reconciliación), no fue objeto de ninguna consulta y fue adoptada al margen del proceso de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de Gobierno, mismo que se encuentra suspendido desde que el preso político Eddy Montes Praslin murió a causa de un disparo realizado por un custodio penitenciario.

Raza e Igualdad manifiesta su enérgico rechazo a esta Ley de Amnistía, que busca dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de autoridades policiales y grupos paraestatales, ocurridos en el contexto de la represión de las protestas de abril de 2018 y meses subsiguientes.

La ley aprobada insiste en la narrativa gubernamental de que lo que ocurrió en 2018 en Nicaragua fue un intento de golpe de Estado y se distancia absolutamente de los estándares internacionales en la materia de verdad, justicia y reparación, por lo que no abona al respeto de los derechos humanos ni a la paz de Nicaragua.

A la fecha, el Gobierno ha engavetado todas las denuncias presentadas por los familiares de nicaragüenses que fallecieron producto de la represión estatal, desatendiendo el justo reclamo por justicia de los familiares de las víctimas. Ahora, el Gobierno de Nicaragua pretende dotar de inaceptables rasgos de legalidad a la omisión de su deber de investigar y sancionar dichas muertes, incluídos los crímenes que  fueron cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental como asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada, según lo constató el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto de las 109 muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, que logró investigar.

Consideramos que la liberación de los y las presas políticas, así como la cancelación de sus procesos y antecedentes penales, no debe de ninguna forma condicionarse a eximir al Estado de honrar las vidas de las víctimas de la represión, investigando y sancionando a los responsables de sus muertes. Desde Raza e Igualdad demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas y todos los prisioneros políticos, que han sido durante meses sometidos a tratos crueles e inhumanos.

La ley aprobada hoy por la Asamblea Nacional demuestra que el Gobierno de Nicaragua continúa irrespetando sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Demandamos justicia, verdad y reparación para las víctimas de la represión. Consideramos inaceptable que las autoridades nicaraguenses continúen ignorándoles, como lo hacen en la Ley de Amnistía.

Rechazamos la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis de Nicaragua

4 de junio de 2019. El pasado 29 de mayo la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Atención Integral a Víctimas de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas desde el inicio de la actual crisis política, social y de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.

La Ley de Atención Integral, aprobada de manera exprés, incluye en su articulado brindar acceso de las víctimas a servicios y programas gubernamentales de atención de salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación, como parte de las reparaciones de las víctimas.

Las organizaciones firmantes señalamos que, las pretendidas reparaciones, no son otra cosa que prestación de servicios públicos esenciales a las cuales el Estado está obligado para garantizar los derechos básicos de la población nicaragüense en general y, por tanto, en ningún caso pueden entenderse como una atención integral y específica ante las graves violaciones a los derechos que han sufrido miles de víctimas de la represión gubernamental.

Además, en su artículo tercero, la Ley establece que las victimas que podrán acogerse a la misma serán identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que ha sido cuestionada por diversos actores por su falta de independencia del gobierno. En este sentido, el pasado mes de marzo de 2019, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó degradar a calificación B a la PDDH de Nicaragua debido a la “falta de voluntad para abordar cuestiones fundamentales de derechos humanos de una manera completa e independiente”.

Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua en junio del pasado año, tenía dentro de su mandato el desarrollo de recomendaciones para la reparación de las víctimas de los hechos acontecidos después del 18 de abril de 2018. El informe que hicieron público en diciembre del mismo año, incluye amplias recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las víctimas, la restitución de derechos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado o el acceso a salud y educación entre otros. Además, indica expresamente que “es fundamental la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, del cual el PIR [Plan Integral de Reparaciones] debe ser parte integrante».

Los estándares internacionales establecen que las reparaciones a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos deben fundamentarse en devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño físico y moral, así como la afectación al proyecto de vida de las víctimas. Además, un paso esencial en todo proceso de reparaciones es que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos reconozcan su responsabilidad en los hechos, lo cual aún no ha ocurrido en Nicaragua.

A partir de lo anterior, las organizaciones firmantes:

Primero: Denunciamos que la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no cumple con los estándares internacionales en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Segundo: Manifestamos que el proceso de elaboración de la Ley de Atención Integral a Victimas, no ha contado con la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Tercero: Exhortamos a la Asamblea Nacional a emitir nueva legislación acorde a las obligaciones internacionales del Estado que garantice a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, precedida de un amplio proceso de consulta con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Solicitamos se valore el acompañamiento y asesoría técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la construcción de una legislación.

Cuarto: Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación de una ley de amnistía a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, tal y como ha circulado en medios de comunicación.  Nos permitimos recordar que esta amnistía vulneraria los estándares internacionales que exigen que estos graves crímenes sean juzgados.

Quinto: Demandamos nuevamente un cese de la represión a la protesta ciudadana y cualquier otra forma de reivindicación democrática, así como la liberación de todas las personas presas por motivos políticos, como requisito necesario para avanzar hacia una verdadera reparación de las víctimas.

Sexto: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para no cesar en la exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las miles de víctimas que ha dejado la actual crisis en el país.

Organizaciones Firmantes
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fondo de Acción Urgente – América Latina (FAU)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM – Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Oxfam Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Pi)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)

Foto: Roberto Fonseca

Organizaciones exigen liberación de presos/as políticas en Nicaragua

A 15 días de que venza el plazo que el gobierno de Nicaragua fijó para la liberación absoluta de las personas privadas de libertad de manera arbitraria, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lanzan una campaña para exigir que el Estado de Nicaragua cumpla con el plazo establecido como máximo.

La iniciativa digital se enmarca en el debate para dar salida a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde abril de 2018, cuando gran parte de la población fue reprimida, atacada y encarcelada por ejercer su derecho a la protesta social.

“Para CEJIL es imprescindible que los líderes y lideresas sociales que aún se encuentran bajo privación de libertad de manera arbitraria recuperen su libertad de inmediato, acorde al compromiso que asumió el Estado”, declaró Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nos preocupan las condiciones de extrema precariedad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante al interior de los penales, incluyendo violencia sexual, a la que siguen expuestas las mujeres presas políticas que permanecen privadas de libertad. Por esta situación, nos urge su liberación y que se garanticen su integridad física y moral, haciendo responsable al Estado de cualquier consecuencia sobre su salud”, agregó a través de una declaración oficial IM-Defensoras.

«Raza e Igualdad considera que la liberación de presos y presas políticas no debe tener dilaciones, aún más cuando en el último mes han quedado evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentran la vida e integridad personal de estas personas», dijo Ana Bolaños, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad.

Las organizaciones coordinadoras de la campaña exigen, además de la liberación de presos y presas políticas, que se cierren los procesos penales iniciados como represalia al ejercicio de la protesta social y como forma de amedrentar a la disidencia política.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado que diera respuesta pronta ante la incertidumbre que se encuentran las personas, sometidas a procesos penales espurios y violatorios de sus derechos. Esto, en la resolución de medidas provisionales en favor de 17 personas privadas de libertad, que aún no han sido liberadas en su totalidad.

La campaña se extenderá hasta el 18 de junio, el último plazo que tiene el gobierno de Nicaragua para cumplir con su compromiso.

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