Rechazamos la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis de Nicaragua

Rechazamos la Ley de Atención Integral a Víctimas de la crisis de Nicaragua

4 de junio de 2019. El pasado 29 de mayo la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Atención Integral a Víctimas de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas desde el inicio de la actual crisis política, social y de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.

La Ley de Atención Integral, aprobada de manera exprés, incluye en su articulado brindar acceso de las víctimas a servicios y programas gubernamentales de atención de salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación, como parte de las reparaciones de las víctimas.

Las organizaciones firmantes señalamos que, las pretendidas reparaciones, no son otra cosa que prestación de servicios públicos esenciales a las cuales el Estado está obligado para garantizar los derechos básicos de la población nicaragüense en general y, por tanto, en ningún caso pueden entenderse como una atención integral y específica ante las graves violaciones a los derechos que han sufrido miles de víctimas de la represión gubernamental.

Además, en su artículo tercero, la Ley establece que las victimas que podrán acogerse a la misma serán identificadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que ha sido cuestionada por diversos actores por su falta de independencia del gobierno. En este sentido, el pasado mes de marzo de 2019, el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó degradar a calificación B a la PDDH de Nicaragua debido a la “falta de voluntad para abordar cuestiones fundamentales de derechos humanos de una manera completa e independiente”.

Cabe recordar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por acuerdo entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua en junio del pasado año, tenía dentro de su mandato el desarrollo de recomendaciones para la reparación de las víctimas de los hechos acontecidos después del 18 de abril de 2018. El informe que hicieron público en diciembre del mismo año, incluye amplias recomendaciones sobre el acceso a la justicia de las víctimas, la restitución de derechos, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado o el acceso a salud y educación entre otros. Además, indica expresamente que “es fundamental la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, del cual el PIR [Plan Integral de Reparaciones] debe ser parte integrante».

Los estándares internacionales establecen que las reparaciones a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos deben fundamentarse en devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación anterior en la que se encontraban, otorgar medidas de satisfacción, garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, así como indemnizaciones justas que compensen el daño físico y moral, así como la afectación al proyecto de vida de las víctimas. Además, un paso esencial en todo proceso de reparaciones es que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos reconozcan su responsabilidad en los hechos, lo cual aún no ha ocurrido en Nicaragua.

A partir de lo anterior, las organizaciones firmantes:

Primero: Denunciamos que la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, no cumple con los estándares internacionales en materia de reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Segundo: Manifestamos que el proceso de elaboración de la Ley de Atención Integral a Victimas, no ha contado con la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Tercero: Exhortamos a la Asamblea Nacional a emitir nueva legislación acorde a las obligaciones internacionales del Estado que garantice a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, precedida de un amplio proceso de consulta con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Solicitamos se valore el acompañamiento y asesoría técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la construcción de una legislación.

Cuarto: Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación de una ley de amnistía a los crímenes de lesa humanidad ocurridos, tal y como ha circulado en medios de comunicación.  Nos permitimos recordar que esta amnistía vulneraria los estándares internacionales que exigen que estos graves crímenes sean juzgados.

Quinto: Demandamos nuevamente un cese de la represión a la protesta ciudadana y cualquier otra forma de reivindicación democrática, así como la liberación de todas las personas presas por motivos políticos, como requisito necesario para avanzar hacia una verdadera reparación de las víctimas.

Sexto: Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional para no cesar en la exigencia de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las miles de víctimas que ha dejado la actual crisis en el país.

Organizaciones Firmantes
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fondo de Acción Urgente – América Latina (FAU)
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM – Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Oxfam Internacional
Plataforma Internacional Contra la Impunidad (Pi)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)

Foto: Roberto Fonseca

Organizaciones exigen liberación de presos/as políticas en Nicaragua

A 15 días de que venza el plazo que el gobierno de Nicaragua fijó para la liberación absoluta de las personas privadas de libertad de manera arbitraria, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, el Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lanzan una campaña para exigir que el Estado de Nicaragua cumpla con el plazo establecido como máximo.

La iniciativa digital se enmarca en el debate para dar salida a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde abril de 2018, cuando gran parte de la población fue reprimida, atacada y encarcelada por ejercer su derecho a la protesta social.

“Para CEJIL es imprescindible que los líderes y lideresas sociales que aún se encuentran bajo privación de libertad de manera arbitraria recuperen su libertad de inmediato, acorde al compromiso que asumió el Estado”, declaró Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.

“Nos preocupan las condiciones de extrema precariedad, tortura, trato cruel, inhumano y degradante al interior de los penales, incluyendo violencia sexual, a la que siguen expuestas las mujeres presas políticas que permanecen privadas de libertad. Por esta situación, nos urge su liberación y que se garanticen su integridad física y moral, haciendo responsable al Estado de cualquier consecuencia sobre su salud”, agregó a través de una declaración oficial IM-Defensoras.

«Raza e Igualdad considera que la liberación de presos y presas políticas no debe tener dilaciones, aún más cuando en el último mes han quedado evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentran la vida e integridad personal de estas personas», dijo Ana Bolaños, Oficial del Programa Legal de Raza e Igualdad.

Las organizaciones coordinadoras de la campaña exigen, además de la liberación de presos y presas políticas, que se cierren los procesos penales iniciados como represalia al ejercicio de la protesta social y como forma de amedrentar a la disidencia política.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado que diera respuesta pronta ante la incertidumbre que se encuentran las personas, sometidas a procesos penales espurios y violatorios de sus derechos. Esto, en la resolución de medidas provisionales en favor de 17 personas privadas de libertad, que aún no han sido liberadas en su totalidad.

La campaña se extenderá hasta el 18 de junio, el último plazo que tiene el gobierno de Nicaragua para cumplir con su compromiso.

Apreciamos resolución de Corte IDH que requiere al Estado de Nicaragua adoptar medidas urgentes para Lucía Pineda, Miguel Mora y otros 15 prisioneros políticos

Washington, D.C., 22 de mayo de 2019. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer MacGregor, resolvió ayer 21 de mayo requerir al Estado de Nicaragua que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida y la integridad personal de 17 personas privadas de libertad que fueron encarceladas por hacer uso de su derecho legítimo a la protesta.

Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están los periodistas Miguel Mora Barberena, Director del Canal 100% Noticias, y Lucía Pineda Ubau, Jefa de Prensa del Canal 100% Noticias, ambos representados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Pineda Ubau, de 45 años, fue detenida junto con Miguel Mora, de 55 años, el 21 de diciembre de 2018. Ese día, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal a los periodistas. La detención de los periodistas habría sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como consecuencia de “presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, y actualmente está detenido en la la cárcel «La Modelo», mientras que Pineda recibió medidas cautelares el pasado 22 de febrero y hasta la fecha guarda prisión en la cárcel de mujeres “La Esperanza”. Ambos se encuentran a la espera de un juicio oral y público por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Las medidas otorgadas

Los demás beneficiarios son la estudiante Amaya Eva Coppens; los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya Cristhian Rodrigo Fajardo, Yubrank Miguel Suazo y María Adilia Peralta; los miembros del Movimiento 19 de Abril de Managua Kevin Rodrigo Espinoza y Edwin José Carcache; los líderes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Mario Lener Fonseca Díaz; el profesor universitario Ricardo Baltodano; la comerciante Irlanda Undina Jeréz; las hermanas Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y Tania Verónica Muñoz Pavón, y los defensores de derechos humanos Jaime Ramon Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y Reynaldo Lira Luquez.

Las medidas otorgadas por el Presidente de la Corte IDH requieren al Estado de Nicaragua que evalúe de inmediato otorgar medidas alternativas a la privación de libertad para doce de los beneficiarios, incluyendo a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. Cinco de los beneficiarios de las medidas fueron excarcelados el pasado 20 de mayo y puestos bajo régimen de convivencia familiar.

Además, disponen que, previa aquiescencia del Estado, una delegación de la Corte IDH realice una visita a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y a la cárcel de varones “La Modelo”, para entrevistar a los beneficiarios y a diversas autoridades estatales. La delegación de la Corte IDH estaría integrada por su Presidente, Vicepresidente, otro Juez o Jueza, el Secretario y personal de la Secretaría.

De acuerdo con la disposición del Presidente de la Corte IDH, el Estado de Nicaragua deberá informar a más tardar el 1 de junio cuáles han sido las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a la decisión.

Nuestra posición

Raza e Igualdad, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), en nuestra calidad de representantes de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau acogemos con esperanza la decisión tomada por el Presidente de la Corte IDH con respecto a 17 personas privadas de libertad en Nicaragua, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad, urgencia y en la necesidad de evitar daños irreparables ante las continuas torturas, agresiones y malos tratos que reciben por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios.

Exhortamos al Estado a que asegure de forma inmediata el cumplimiento de la decisión tomada ayer por el Presidente de la Corte IDH, y que cumpla con su obligación de garantizar que las personas detenidas tengan condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, a su derecho a la salud y a su bienestar personal. Además, esperamos que el Estado Nicaraguense garantice el acceso de los beneficiarios a visitas de sus familiares, de sus abogados y de los médicos para que atiendan debidamente sus padecimientos de salud.

 

Suscriben:

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH)

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

En la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia recordamos la necesidad aún latente de que los Estados del mundo, especialmente de la Región Latinoamericana y el Caribe, continúen trabajando para que la inclusión, reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con identidades sexuales y expresiones de género diversas sean pilares fundantes de la construcción de políticas públicas y acciones afirmativas que orienten la arquitectura de sociedades diversas, en paz y justicia social.  

Aunque han sido considerables los avances en materia de reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en todo el mundo, aún persisten violencias que atentan contra la integridad física y moral de las personas que expresan orientaciones sexuales o identidades de género diversas.  La complicidad social parece ser uno de los fenómenos que estructuralmente han imposibilitado la superación de las violencias contra las personas LGBTI, por lo tanto, realidades que someten a estas personas a estados de marginación social como la falta de acceso a servicios de salud, educación, trabajo, hacen parte de las condiciones que socialmente se normalizan por el hecho de vivir como una persona diversa, lógicas que sólo reproducen la pobreza, discriminación y vulneración en las esferas sociales cuando de garantía de derechos se trata.  

En América Latina y el Caribe, los actos de exclusión, discriminación y odio, están basados en muchas ocasiones en creencias o principios religiosos, dogmas que someten la construcción identitaria de las y los individuos a normas de género,  que no reconocen expresiones diversas de ser o vivir, razones por las cuáles el estigma que enfrenta esta población para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos pasa por la conquista de una serie de espacios sociales y políticos que por derecho cualquier ser humano cuenta, pero que para estás personas son negados a causa de su realidad. 

Radiografía social de América Latina y el Caribe para personas LGBTI 

La radiografía social de las personas LGBTI para el 2019 en América Latina y el Caribe continúa siendo bastante desalentadora, especialmente por la conquista de espacios de participación y escenarios de toma de decisión que en el pasado ya habían sido ganados, pero que por empeño, desconocimiento y estigma de grupos fundamentalistas se han visto nuevamente amenazados.    

De igual forma, resulta muy preocupante como las motivaciones prejuiciadas continúan siendo uno de los principales móviles de homicidio de las personas LGBTI, caracterizados además por ser ejecutados con crueldad excesiva. Estas cifras, generadas principalmente por la sociedad civil, contrastan con la falta de interés de los Estados en fortalecer sus propios registros frente a estas violencias y documentar e investigar adecuadamente estos hechos. 

Brasil, por ejemplo, es considerado uno de los países donde más personas trans son asesinadas según el último informe de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA) y el Instituto Brasileño Trans de Educación (IBTE).   De acuerdo con el informe, solamente en el 2018 un total de 163 personas trans perdieron la vida de forma violenta en asesinatos relacionados con su sexualidad, hechos que según la presidenta de ANTRA, Keila Simpson, se identificaron durante el período electoral por discursos incitadores en contra de la población LGBTI por parte de los candidatos a la presidencia.   Esta situación continua siendo una de las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las personas LGBTI, especialmente porque el actual gobierno en cabeza de Jair Bolsonaro, ha sido enfático en desconocer e invisibilizar la situación de derechos de esta población.  

De igual forma, en República Dominicana la situación de las personas LGBTI continua siendo alarmante, especialmente por la falta de políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan espacios de inclusión social; muchos son los casos que organizaciones de sociedad civil reportan al año de esta violencia, pero poco o nada son tenidos en cuenta por medios de comunicación nacional u entes estatales; situación que, según lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual,   genera mayor discriminación contra las personas LGBTI agravándose al intersectarse con otros factores como la nacionalidad, raza, etnia, creencia, género, etc.   

Esta situación de desconocimiento estatal de los derechos de las personas LGBTI en República Dominicana, promueve además espacios de violación y/o agresión aceptados socialmente, incluso por autoridades estatales, tal y como lo señala el último informe publicado por Amnistía Internacional y TRANSSA Trans Siempre Amigas, en relación al abuso, maltrato y hostigamiento policial hacía mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes son sometidas a constantes actos de violencia por parte de la policía a causa de su identidad de género.  

Otro de los elementos a tener en cuenta durante este día, está atravesado por la afectación que las personas con identidad sexual y expresiones de género diversas presentan en relación al acceso a la justicia; particularmente porque las leyes y planes de acción estatal de la mayoría de los países de la región han desconocido parcial o completamente que las afectaciones de esta población son diferenciadas y por tanto los mecanismos de reparación deben ser pensados como tal.  Ejemplo de esto es el caso de Colombia durante el proceso de paz.  Según el Registro Único de Víctimas se reporta que fueron víctimas del conflicto armado 3.368 personas reconocidas como LGBTI, siendo las principales causas de registro el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, teniendo en cuenta que una persona pudo sufrir varios hechos.   

Resulta evidente, entonces, que las personas LGBTI regularmente ya sea por su orientación sexual o identidad de género son víctimas de múltiples afectaciones, pues el impacto de las dinámicas sociales las pone en desventaja en relación al del resto del conjunto social; así, por ejemplo, si estamos hablando de una mujer trans, afrodescendiente que vive en zonas rurales, las afectaciones de un conflicto, como el Colombiano, deben pensarse desde esta triple arista.  Justamente esta interseccionalidad por la que atraviesan la mayoría de las personas LGBTI no son contempladas por los Estados al momento de garantizar sus derechos siendo revictimizadas por una lectura incompleta de sus realidades. 

Retos para la inclusión 

 Ciertamente romper con las dinámicas de pobreza, exclusión y marginación social de todas las personas LGBTI, pasa por promover la prosperidad compartida para todos los grupos sociales, y esta tarea de los Estados debe estar en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar nadie atrás” retomando las cinco áreas priorizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al respecto de las personas LGBTI:  1) Bienestar económicos; 2) seguridad personal y violencia; 3) Educación; 4) Salud y 5) Participación Política y Cívica.  

Existen aún muchos retos para la región en materia de garantías de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en lo relacionado con la consolidación de datos en la Región acerca de su situación de derechos; la carencia de datos impide avanzar en acciones afirmativas que materialicen los puntos anteriormente señalados y así lograr espacios reales de reconocimiento, participación y toma de decisión de las personas LGBTI.  

Una primera estrategia de trabajo que podrían adoptar los gobiernos en la región, es la de tomarse muy seriamente la implementación de políticas interseccionales que reconozcan las múltiples vivencias que pueden residir en una misma persona. El reconocimiento de que las personas no existen únicamente bajo la categoría racial, etaria, orientación sexual o identidad de género, debería ser consecuente con la consolidación de políticas que reconozca las brechas sociales y económicas que se han forjado en forma compleja en torno a las personas en razón a las múltiples “categorías de análisis” que pueden cohabitar en ella. Pensar en políticas sociales segmentadas sigue aislando a las personas y generando barreras para el acceso integral a derechos. 

En segundo lugar el reconocimiento de poblaciones especialmente vulneradas que requieren una intervención articulada y urgente del Estado. La violencia homicida y abusos por parte de agentes de los Estados contra las personas trans en general y las personas Afro-LGBTI en particular, da cuenta de una situación que no da espera. La existencia de una discriminación estructural que requiere una intervención de largo aliento, debería ser prioritaria para los Estados en la región, si se desea reducir sustancialmente la violencia homicida y los abusos por parte de agentes de seguridad contra los mencionados grupos sociales. 

Finalmente, la persistencia de un contexto cada día más proclive a los fanatismos religiosos que atentan no solamente contra la seguridad e integridad de las personas LGBTI, sino además contra el Estado democrático y laico, es un riesgo importante que debería preocupar a los gobernantes latinoamericanos. Los fanatismo religiosos son un boomerang que termina por golpear a sus mismos promotores. Las tácticas de señalamiento moral, represión sexual, y criminalización bajo preceptos de fe, generan inestabilidad social y llevan a la radicalización de opiniones y acciones. La defensa del Estado laico es más necesario que nunca cuando grupos religiosos específicos se intentan imponer sobre otros en forma violenta. 

Pronunciamiento  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en esté día une su voz a las miles de organizaciones en el mundo que trabajan por la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, especialmente para que la “Justicia y Protección para Todas las Personas ” sea una realidad asumida por los Estados y que para ello materialice las políticas y acciones pertinentes para proteger a quienes históricamente han sido más vulnerables y han sido oprimidos por el abuso de poder, ya sea por la fuerza física o por la fuerza de las creencias impuestas desde el desconocimiento de los derechos humanos. 

Hacemos igualmente un llamado a los Estados para que conscientes de la necesidad de generar espacios de participación e inclusión promuevan mecanismos pedagógicos de sensibilización y diálogo para que la brecha de desigualdad, discriminación y marginalidad sea erradicada.  

Instamos, así mismo, a la comunidad internacional a continuar pronunciándose a favor de la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI, especialmente en este momento de crisis para los derechos humanos en toda la Región de América Latina y el Caribe. 

PRONUNCIAMIENTO: Condenamos la muerte de Eddy Montes, preso político nicaragüense

Washington, D.C. 17 de mayo de 2019. El día de ayer, el señor Eddy Antonio Montes Praslin, prisionero político del Gobierno nicaragüense quien estaba bajo la custodia de las autoridades de la cárcel Jorge Navarro, mejor conocida como “La Modelo”, falleció producto de un disparo propinado por un centinela penitenciario.

El Ministro de Gobernación nicaragüense, Luis Cañas, expresó que Montes Praslin, de 57 años, falleció a las 16: 05 horas “mientras era atendido por personal médico de emergencia que le realizaba procedimiento de reanimación”.

De acuerdo con la versión oficial, el centinela realizó un disparo en defensa propia luego de que Montes Praslin “se abalanzó contra personal penitenciario del perímetro de seguridad”, forcejeando con “claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria y atentar contra la vida de los funcionarios”.

No obstante, la versión de otros prisioneros políticos documentada por medios de comunicación  locales es que se trató de un operativo en el que los funcionarios abrieron fuego contra varios reos que se encontraban en la Galería 16 de La Modelo. Fuentes extraoficiales han asegurado que producto del ataque resultaron heridos entre 17 y 33 prisioneros. Recordamos que Nicaragua está sumida desde hace ya un año en un contexto de graves violaciones de derechos humanos e impunidad.

El señor Montes guardaba prisión desde octubre de 2018 y fue acusado por supuestos delitos en el contexto de las protestas de abril y de forma desproporcional el Juez Séptimo de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos dictó prisión preventiva, duplicándose además los plazos y otras violaciones al debido proceso como el hecho que fue sustraído de su juez natural, se violó la presunción de inocencia, la publicidad del proceso y otras violaciones. El juicio, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua a cargo del Juez Melvin Leopoldo Vargas García, estaba previsto para iniciar el pasado 13 de mayo y fue reprogramado.

Raza e Igualdad expresa su enérgica condena a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por custodios penitenciarios el día de ayer en la cárcel Jorge Navarro, contra el derecho a la vida, el más fundamental de los derechos humanos. Han quedado así evidenciados los elevados riesgos en los que se encuentra la vida e integridad personal de los presos políticos.

Recordamos que el Estado frente a las personas privadas de libertad tiene la posición de garante, de tal forma que resulta obligado a respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, en tanto éstas están sometidas al control efectivo del Estado. Así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace ya dos décadas, en su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Cárcel de Challapalca, al afirmar que el Estado al privar de la libertad a una persona, se coloca en una posición de garante de su vida e integridad física.

Por ello, exigimos que los hechos aquí denunciados sean investigados de forma independiente y exhaustiva, y se sancione a los responsables de la muerte del señor Eddy Montes, así como los demás hechos cometidos contra los presos políticos que también resultaron heridos el día de ayer.

Instamos a tomar todas las medidas preventivas a fin de que hechos como el aquí denunciado no se repitan y demandamos la inmediata liberación de todas las personas privadas de libertad en el contexto de las protestas de abril.

 

Foto principal: EFE

EPU: recomiendan a Nicaragua asegurar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos

15 de mayo de 2019. El llamado al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, incluidas la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, fue una de las recomendaciones más recurrentes de parte de más de 90 Estados de todo el mundo ante los que Nicaragua rindió hoy su tercer Examen Periódico Universal (EPU), en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

Las recomendaciones al Estado nicaragüense se dan luego de un año de crisis durante la cual se documentaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por parte de las autoridades y grupos paraestatales hacia la población manifestante resultando al menos 325 personas muertas, más de 2,000 lesionadas y 62,000 que debieron salir del país para resguardarse de la violencia.

Otros países también recomendaron la liberación de más de 300 presos políticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en el contexto de la represión a protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018 y la aceptación de escrutinio internacional por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas expulsadas del país por las autoridades.

El Estado de Nicaragua, representado por el vicecanciller Valdrack Jaentschke, presentó un resumen de su informe de país sobre el avance de las medidas que han adoptado los Estados en los últimos cinco años para mejorar la situación de los derechos humanos, y retomó la versión oficinal del Gobierno según la cual en Nicaragua no hubo manifestaciones espontáneas, sino un fallido golpe de Estado.

Jaentschke, tomando distancia de una realidad ampliamente documentada, se empeñó en defender al Gobierno de Daniel Ortega, señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis, y negó que las autoridades nicaragüenses coartaran la libertad de expresión, reprimieran las protestas, encarcelaran injustamente a manifestantes o se auxiliaran de grupos paraestatales para reprimir las manifestaciones.

Participación de los Estados

Un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos, entre ellos varias delegaciones de Iberoamérica como Honduras, México, El Salvador, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Bahamas, República Dominicana y España.

“Mi país recomienda (a Nicaragua) despenalizar el derecho a realizar protestas pacíficas y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas civiles; restablecer el respeto a la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que se encuentran encarcelados; garantizar el regreso, permanencia segura y sin represalias a todas las personas que se vieron forzadas a abandonar Nicaragua desde el inicio de la crisis; erradicar la práctica de violencia sexual contra mujeres privadas de libertad; y retomar la cooperación de Nicaragua con la Oficina de la Alta Comisionada, la CIDH y sus mecanismos y asegurarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato”, expresó el representante de Costa Rica.

También la delegación de España manifestó su preocupación por la crisis de derechos humanos en Nicaragua, junto con otros países europeos como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Malta.

La delegación estadounidense, por su parte, recomendó a Nicaragua que castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, que se hagan investigaciones sobre los hechos de violencia, y que se permita a las organizaciones sociales y religiosas que trabajen sin restricciones ni amenazas jurídicas o contra su vida.

Otras recomendaciones que se hicieron a Nicaragua están enfocadas en que se respeten las garantías a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como que se permita el acceso al aborto voluntario y que se amplíen medidas para disminuir niveles de embarazo adolescente. Además, que se implementen medidas para reforzar y promover la igualdad con las personas afrodescendientes e indígenas, y que se realice un censo LGBTI que permita ampliar las medidas de protección para estas comunidades.

Procedimiento

El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos en la que los países se examinan entre sí. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de las convenciones de derechos humanos de las que Nicaragua es parte.

Las recomendaciones brindadas hoy por las delegaciones de todo el mundo serán revisadas por el Estado de Nicaragua, la cual finalmente decidirá este viernes 17 qué recomendaciones se comprometerá a cumplir o de cuáles solamente tomará nota.

Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU, pero defensores de derechos humanos que trabajan en el país denunciaron recientemente que una parte importante de las 164 recomendaciones adquiridas por Nicaragua en el EPU de 2014 no fueron plenamente implementadas.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permite a dicho órgano establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes periódicos sobre la actual crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua.

Pronunciamiento

La delegación gubernamental de Nicaragua afirmó durante la revisión del Examen Periódico Universal que se ha avanzado en acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de los hechos de abril y que los medios de comunicación ejercen su labor sin censura previa ni limitaciones.

Incluso llegó al extremo de afirmar que ningún periodista ha sido apresado por ejercer el derecho de informar sugiriendo que los que guardan prisión han incurrido en ilícitos, aunque los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell fueron apresados por su desempeño periodístico.

Además, descalificó a OACNUDH y la CIDH, insistió en que los tranques o cortes de vías fueron centros de operaciones delincuenciales. Intentó justificar el uso desproporcionado de la fuerza utilizada por la Policía, señalada de haber ejecutado crímenes de lesa humanidad, argumentando que estas fuerzas reestablecieron el orden público, actuando contra lo que calificó como “focos de violencia y terror”.

En relación a la libertad de asociación, expresó que a las organizaciones a las que se les canceló su personalidad jurídica se procedió porque las mismas fueron utilizadas para fraguar el supuesto intento de Golpe de Estado buscando minimizar los atropellos cometidos, argumentando que son miles las ONGs que funcionan en el país.

Raza e Igualdad considera inaceptable que a un año de las protestas de abril, la narrativa del Gobierno continúe empeñada en hacer de un lado tantas evidencias existentes, sin aceptar su responsabilidad en la represión de las protestas.

Creemos que es inaceptable que  se siga negando las vidas de los ciudadanos que protestaron y encontraron la muerte, producto de la represión estatal. Además, consideramos inexcusable que en vez de aprovechar la asistencia técnica que podrían representar los órganos de protección del sistema regional y universal de derechos humanos, sea la descalificación el camino elegido por el régimen.

Esperamos que el Estado de Nicaragua acepte las recomendaciones formuladas, y dé los pasos necesarios para el respeto de las libertades y el restablecimiento de la democracia con la urgencia que la situación amerita.

Defensora Vilma Núñez solicita a la CIDH que demande el respeto al derecho de asociación en Nicaragua

Jamaica, 9 de mayo de 2019. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dirija al Estado de Nicaragua en conjunto con los órganos pertinentes de Naciones Unidas para demandar el respeto al derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, derecho que ha sido ampliamente violentado por las autoridades durante la crisis que inició en ese país hace más de un año.

La solicitud de Núñez, realizada durante la audiencia regional “Derechos humanos, desarrollo y libertad de asociación” en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH, se da cinco meses después de que el CENIDH fue ilegalizado y allanado arbitrariamente por la Policía de Nicaragua.

“Treinta años de trabajo del CENIDH fueron prácticamente eliminados el 12 de diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional, controlada por la pareja Ortega-Murillo anuló nuestra personería jurídica”, relató Núñez, añadiendo que “la noche del 13 de diciembre el Ministerio de Gobernación allanó por el techo nuestras oficinas en Managua introduciendo 60 policías que amarraron de pies y manos a nuestro vigilante, golpeándole y lo obligaron a permanecer bajo un escritorio durante cuatro horas. Destruyeron y se robaron todo”.

Nuñez explicó también que las oficinas del CENIDH en la ciudad de Juigalpa fueron allanadas y que el 14 de diciembre las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas.

Otras 8 ONG en la misma situación

Además de haber cancelado la personería jurídica al CENIDH, la Asamblea Nacional también invalidó legalmente a otras ocho organizaciones nicaragüenses: la Asociación Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), la Fundación del Río, el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

“La represión repercute en el desarrollo de nuestro país en todos los órdenes, puesto que el desarrollo requiere de un diálogo básico entre el gobierno y la sociedad civil, de una fluida cooperación entre gobernantes y gobernados, y el CENIDH como las otras organizaciones eran una expresión legítima de participación ciudadana para la defensa y promoción de los derechos humanos”, enfatizó Núñez.

La defensora también denunció que la misma Asamblea Nacional que ilegalizó las instituciones, les ha otorgado personerías jurídicas a asociaciones paraestatales, entre ellas la denominada “Defensores de la patria”. “Es la legalización del paramilitarismo en nuestro país”, advirtió Núñez.

Petición

Núñez solicitó a la CIDH que incluya y valore con precisión el estado de violaciones al derecho de asociación en Nicaragua y que incluya dicha problemática en su informe sobre el país.

Además, pidió que la CIDH en conjunto con el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, demanden al Estado de Nicaragua el respeto al derecho de libertad de asociación, al derecho a defender colectivamente derechos, y por consiguiente al restablecimiento inmediato de la personería jurídica del CENIDH y de las 8 ONG despojadas de la misma, así como la devolución de todos sus bienes y activos.

Reacciones

En la audiencia participaron además otros defensores de derechos humanos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia, quienes expusieron las violaciones del derecho a la asociación en sus respectivos países.

El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi instó a los defensores a que envíen información para utilizarlos como insumo en su próximo informe y llamó a los Estados a que eliminen cualquier restricción a este derecho humano.

“Hoy vemos en Venezuela y Nicaragua cómo las condiciones de vida de los ciudadanos están deteriorándose porque la sociedad civil no puede ofrecer sus servicios. La sociedad civil debe estimular, movilizar las comunidades para luchar contra las inequidades”, enfatizó.

Mientras que el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, reveló que su relatoría se encuentra trabajando en un informe temático sobre protesta social en las Américas. “La idea es desarrollar estándares claros respecto a la interacción y de conexión entre la libertad de reunión pacífica y de asociación con el desarrollo de la democracia, económico, social y cultural de los países”, explicó.

Pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua enfrentan un contexto de grave violencia, denuncian defensores

Jamaica, 8 de mayo de 2019. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos, denunciaron hoy defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones.

Lottie Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), explicó que el grave conflicto entre indígenas y colonos ha tenido “consecuencias devastadoras”, pues ha impactado a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida.

A la audiencia “Situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, también comparecieron Ana Bolaños del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos humanos (Raza e Igualdad), Nora Newball, del Gobierno Creole de Bluefields y de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN), y Esteban Madrigal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El Estado de Nicaragua, invitado a participar en el evento, no se hizo presente.

Contexto del conflicto

La Costa Atlántica de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe por la presencia de cerca de 508 mil personas que conforman los pueblos Mískitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad. Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

Más bien, ante la ausencia de este proceso, los colonos, en su mayoría ex militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte y la Corte IDH ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, “hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte del Estado”.

Aumento de violencia

Cunningham advirtió que las acciones violentas por parte de los colonos han incrementado, y puso por ejemplo que en febrero de este año 2 mujeres de las comunidad de Santa Clara fueron secuestradas por 25 colonos armados y obligadas a trabajar en la limpieza de frijoles bajo amenaza de ser asesinadas.

CEJUDHCAN ha documentado entre 2011 y 2018 un total de 34 comunitarios asesinados, 44 lesionados, 25 secuestrados y 4 desaparecidos en el marco del conflicto.

Adicionalmente, la representante de CEJUDHCAN aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para los miembros de las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. “En ese sentido, ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”, señaló Cunningham.

De acuerdo con un estudio realizado por CEJIL y CEJUDHCAN en 2018, cerca del 23% de los niños y niñas en la Costa Caribe de Nicaragua sufren de desnutrición crónica y aproximadamente el 11% desnutrición crónica severa.

No obstante, los hechos de violencia continúan en la impunidad. De 65 denuncias que ha interpuesto CEJUDHCAN ante las autoridades correspondientes, 49 fueron rechazadas.

Participación política neutralizada

Nora Newball, representante de APIAN, una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, expuso ante la CIDH que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo y ha instalado gobiernos comunales paralelos.

“En las recientes elecciones autónomas (de 2019), la participación de población indígena y étnica ha disminuido por el aumento de la invasión de colonos. El 95.5% de concejales pertenecen a partidos nacionales y solo 4.5% pertenece al partido indígena”, aseguró Newball.

La defensora y líder política también destacó que el Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico, así como lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Petitorio

La sociedad civil solicitó a la CIDH y a la comunidad internacional que realicen todas las acciones necesarias para que cese la invasión a los territorios y se garantice el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En concreto, se solicitó a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese inmediato de la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y de los defensores de derechos humanos que participaron de la audiencia; que incluya esta situación en el Capítulo VI de su informe anual; y que solicite al Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) que monitoree la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Además, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a establecer un diálogo con las autoridades tradicionales para  implementar el saneamiento de los territorios y cumplir las medidas de protección ordenadas para los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que demande al Estado que garantice el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus autoridades conforme a sus tradiciones y costumbres.

CIDH interesada en visitar el Caribe

Tras escuchar las intervenciones de los defensores de derechos humanos, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, Margarette May Macaulay, expresó su intención de visitar el Caribe nicaragüense para “hablar con la gente, para hacer esta situación más visible y más palpable”. Destacó que su visita dependería de la anuencia del Estado, pero recalcó: “espero y tengo el plan de hacerlo si pudiese”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la CIDH, Joel Hernández, aseguró que la Comisión tomó nota de las peticiones planteadas por la sociedad civil y destacó que su papel de defensoría es clave “en un contexto de grave situación de derechos humanos, donde hay una ausencia del Estado y donde el acceso a la justicia está desvanecido”.

Los demás relatores de la CIDH que se encontraban presentes en la audiencia, incluyendo a la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, y la relatora sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, mostraron un alto nivel de interés por conocer a detalle la situación de los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.

Seguimos exigiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua

Washington, D.C. 18 de abril de 2019. Un año se cumple este 18 de abril de haber empezado en Nicaragua un levantamiento popular genuino encabezado por jóvenes, el cual ha terminado por cambiar el rumbo del país en busca de tres demandas concretas: libertad para los apresados arbitrariamente y restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales; justicia para las víctimas de la represión, garantías de reparación y no repetición y democracia para el país.

¿Qué ha pasado en Nicaragua?

Hace 12 meses, un grupo de universitarios, en su mayoría, y personas mayores, organizaron protestas en las ciudades de León y Managua por unas reformas inconsultas a la Ley de Seguridad Social. La represión de ese 18 de abril a personas mayores, jóvenes y periodistas por parte de turbas y grupos afines al partido de gobierno causó tanta indignación en la población que las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Sin embargo, la represión también escaló, y comenzó a ejecutarse con apoyo de la Policía y paraestatales con armas de guerra. El 19 de abril se reportaron las primeras tres muertes.

Así, en los primeros seis meses de crisis la violenta represión estatal dejó como resultado al menos 325 personas muertas y otras 2 mil heridas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), organismo que instaló en el país la misión en terreno más extensa en su historia: desde julio a diciembre el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajaron en el registro de los hechos de violencia y en el acompañamiento a las víctimas, hasta que el Gobierno decidió dar por concluida la misión de la primera y no extender el mandato al segundo, además de instarle al inmediato abandono del país.

Hasta agosto, las misiones de la CIDH trabajaron en conjunto con una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), misma que fue expulsada tras presentar un informe en el que aseguraba que el Estado había abusado de su autoridad y causado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.  A estos mismos hechos el GIEI los calificó como crímenes de lesa humanidad.

Por miedo a la violencia mortal, a las posibles torturas o al apresamiento, miles de personas huyeron del país: solamente en Costa Rica, se estima que se exiliaron entre 40 y 60 mil nicaragüenses.

En el segundo semestre de la crisis, la represión fue selectiva. Las autoridades procedieron a capturar a más de 700 personas y cientos de ellas fueron procesadas por delitos como terrorismo, asesinato, robos, alteración al orden público, simplemente por haber participado en las protestas. A ello le siguió la prohibición de las manifestaciones de cualquier tipo por parte de ciudadanos opositores; el cierre y confiscación de medios de comunicación independientes y el exilio impuesto a decenas de periodistas ante su inminente captura, la persecución y hostigamiento a defensores de derechos humanos de origen nicaragüense y deportación para aquellos nacionalizados; cancelación arbitraria de la personería jurídica de organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger derechos humanos, derechos ambientales o enfocadas en la investigación.

En febrero de este año, un nuevo intento de diálogo ha abierto las puertas a una posible salida pacífica a la crisis, pero aunque el gobierno se ha comprometido a la liberación de todos los presos políticos y a la cancelación de sus procesos judiciales, así como al respeto de derechos y garantías ciudadanas que han sido anuladas desde hace un año, estos compromisos no han sido respetados y la Policía continúa prohibiendo las manifestaciones pacíficas y manteniendo una presencia intimidatoria en las calles.

¿Qué opinan las y los defensores nicaragüenses?

“Ha sido un año de dolor, indignación e impotencia, un año donde se ha desencadenado la más cruda y perversa represión que se haya registrado en nuestra historia”, consideran defensores y defensoras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

No obstante, aseguran que la crisis “ha revelado la capacidad incansable de los y las nicaragüenses por persistir en su demanda de justicia” y además su alta capacidad de organización “a pesar de todas las víctimas, agresiones y la amenaza latente de sufrir una agresión por parte de la Policía Nacional, paramilitares y fuerzas de choque”.

Por parte del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), también resalta que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que los acuerdos en la actual negociación no han sido cumplidos por el Gobierno, siguen confiando en que el diálogo es necesario y urgente porque la crisis en el país es insostenible.

Desde CEJUDHCAN creen que otro de los temas que no han sido incluidos dentro de la negociación es la justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con respecto a violaciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, la falta de garantía a la propiedad comunal de los pueblos indígenas, la vulnerabilidad de defensores y defensoras, líderes comunales y territoriales de las comunidades indígenas, entre otros.

La Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC), opina que tres temas sumamente importantes que deben priorizarse dentro de las actuales negociaciones son: “el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, la restauración de personerías jurídicas de las organizaciones de sociedad civil a quienes les fueron canceladas y el cese de la persecución a defensores y activistas”.

Para cumplir estos acuerdos, los organismos de derechos humanos coinciden en que es necesario el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y el OACNUDH para que se materialicen los acuerdos establecidos por las partes, así como la creación de comisiones intersectoriales que incluyan a sociedad civil, gobierno y movimientos sociales que actúen como fiscalizadores internos del cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, el CENIDH considera que “mientras no exista una voluntad política de garantizar y respetar los derechos humanos, todas las demandas de la población nicaragüense continuarán sin cumplirse”.

A la comunidad internacional, las organizaciones recomiendan apoyar a Nicaragua de las siguientes maneras: seguir exponiendo, denunciando y exigiendo el cese de la represión en el marco de la legislación regional e internacional en materia de derechos humanos; actuar como un puente indispensable para la búsqueda de una salida pacífica que garantice el cumplimiento de los acuerdos; continuar con las conversaciones en los diversos foros internacionales para generar mayor compromiso de otros actores internacionales; seguimiento y monitoreo constante de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua; acciones de apoyo y monitoreo de la situación de las personas nicaragüenses desplazadas a otros países, especialmente a países de la región centroamericana.

Otras formas en que pueden mostrar su apoyo, si las negociaciones no tiene el resultado esperado, son: impulsar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la falta de garantía de derechos humanos y las afectaciones a la democracia nicaragüense; la activación de mecanismos extraordinarios de presión política y financiación para hacer frente a la crisis de derechos humanos  (incluida en la Costa Caribe Norte de Nicaragua) que no ha sido declarada por el gobierno nacional; y acciones de apoyo y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, ante el cierre de espacios y la imposición de obstáculos administrativos y financieros, para garantizar su labor en la defensa de los derechos humanos.

Nuestro posicionamiento

Raza e Igualdad en este día, une su voz al clamor por la libertad, justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua.  Nos sumamos al llamado urgente que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional han hecho de forma reiterada al Estado de Nicaragua para que se comprometa con los esfuerzos emprendidos por amplios sectores sociales para restablecer la paz y el Estado de Derecho, debilitadas desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2008.

Deseamos que la solución a este conflicto que ha dejado tanto dolor y pérdidas económicas al pueblo nicaragüense sea por la vía del diálogo, garantizando los indispensables espacios para la participación política, la libertad de expresión y asociación, así como el pleno y efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constitución de Nicaragua y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Instamos al Estado de Nicaragua para que las garantías de reparación y no repetición sean insignia de la voluntad política necesaria para que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que en el marco de este conflicto han marcado para siempre la historia del pueblo nicaragüense. Por tal razón, consideramos de extrema importancia la participación de la comunidad internacional como mediadora en los espacios de negociación hoy efectivamente establecidos en el país; especialmente para garantizar que las voces de las víctimas, los nicaragüenses en el exilio y los sectores históricamente invisibilizados sean escuchadas y tenidas en cuenta como parte de un proceso de justicia que conduzca al restablecimiento de la paz y la democracia.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a brindar las condiciones necesarias para materializar los acuerdos ya alcanzados en la mesa de negociación para la exigibilidad de los derechos inherentes a cada nicaragüense, por tal razón, demandamos la liberación de los más de 700 presos y presas políticas, arbitrariamente detenidos e injustamente procesados. Así mismo, solicitamos el cese de la criminalización y el hostigamiento hacia los prisioneros políticos, para que su reincorporación a la vida en sociedad sea con las debidas garantías de sus derechos fundamentales y no bajo condiciones de temor y persecución que atentan contra su integridad y sus proyectos de vida.

Urgimos al Estado a garantizar el legítimo derecho a la libertad de expresión, opinión y protesta social, mecanismos de participación que garantizan el equilibrio social y por esta vía, entornos propicios para la  vida en democracia. Así mismo, demandamos que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación independientes y demás líderes de opinión dejen de ser víctimas de persecución, criminalización y señalamientos como “incitadores del desorden social”, y se les permita en libertad participar plenamente en la discusión y el diálogo como corresponde en una nación pluralista e inclusiva.   En este sentido, solicitamos urgentemente se garantice el derecho a la libertad de asociación a través de la restitución de la personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil independiente que son hoy víctimas de las decisiones arbitrarias del Gobierno de Daniel Ortega

Hacemos un especial llamado a la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, especialmente en este momento de supuesta apertura al diálogo y la negociación, para que la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición reconozcan las afectaciones diferenciadas que el impacto de la crisis ha tenido en la vida de mujeres, población indígena, afrodescendiente y comunidad LGBTI; grupos sociales histórica y estructuralmente invisibilizados y marginados que se convierten en blanco de múltiples agresiones en el contexto del conflicto sociopolítico aun sin resolver.

Como institución que trabaja por la defensa y reconocimiento de los derechos humanos, desde Raza e Igualdad nos comprometemos a continuar trabajando para que la voz de las y los nicaragüenses sea escuchada, tomada en cuenta de forma efectiva y para que los crímenes contra quienes entregaron sus vidas por defender la libertad de Nicaragua, no queden en la impunidad.

Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

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