Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Delegación nicaragüense expone la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de cara al próximo EPU

Ginebra, 3 de abril de 2019. Antes de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realice el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua en mayo próximo, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil nicaragüense describieron en Ginebra ante la comunidad internacional la situación actual del país, que está sumido en una profunda crisis de derechos humanos desde hace casi un año.

En esta pre-sesión EPU participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de Ipas Centroamérica, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, de la Fundación del Río, de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI), quienes expusieron violaciones de derechos humanos cometidas en el país para sensibilizar a los Estados que evaluarán a Nicaragua próximamente.

El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar cada cinco años qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Sin embargo, a la pre-sesión realizada hoy no se presentaron representantes del Estado de Nicaragua.

Al evento asistieron 43 misiones diplomáticas presentes en Ginebra, y de ellas participaron las misiones de Chile, Colombia, Bélgica, Canadá y Argentina con preguntas enfocadas en la situación de los más de 700 presos políticos, la independencia judicial o los avances de las negociaciones que actualmente sostiene el gobierno con la sociedad civil.

Exposición

“Existe un profundo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, caracterizada por la represión iniciada en abril de 2018 y sus efectos: muertes, personas heridas, desaparecidas y centenares de personas que ahora enfrentan procesos sin que se respeten las garantías del debido proceso”, dijo Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, durante su ponencia.

«El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población», agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.

Día Internacional de la Visibilidad Trans 2019

Washington, DC. 31 de Marzo, 2019.  Hoy 31 de marzo con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, recordamos la deuda histórica que tenemos con las personas trans en el acceso a sus derechos fundamentales, y nos unimos para recalcar la inmensa tarea que todas y todos tenemos para eliminar los prejuicios que recaen sobre esta población, propendiendo por brindar sus debidas garantías y protecciones básicas.

Debemos hacer frente a la des-protección e inseguridad que viven las personas trans en la región, haciendo aún más visible cómo son sujetos de un tipo de violencia mucho más cruel, y que tienen una clara barrera de acceso a derechos humanos y garantías de dignidad humana debido al prejuicio generado por la sociedad.

Las personas trans continuamente ven vulnerados sus derechos a la identidad, a la vida e integridad personal, la salud integral, el trabajo, y a la vivienda, lo que genera mayor riesgo de morir a edades tempranas o hacer parte de círculos de pobreza y delincuencia común.

Es tarea de las instituciones estatales el garantizar que las personas trans no sean sometidas a tratos violentos, psiquiatrización forzada o intervenciones abusivas sobre sus cuerpos como requisito para reconocer su identidad. El reconocimiento social y jurídico de la identidad de género de las personas trans significa una garantía básica de sus derechos. Adicionalmente, deben promoverse las medidas necesarias para que estas personas tengan programas especiales de acceso al trabajo y a la salud en condiciones libres de discriminación. De la misma forma,  la sociedad civil en general juega un papel fundamental en la eliminación de prejuicios y estereotipos negativos que existen sobre las personas trans.

Es imprescindible considerar las múltiples intersecciones que pueden coexistir con la experiencia de vida trans, y cómo suponen barreras y fuentes de violencia y discriminación más fuertes. Así, debemos recordar cómo el racismo, las situaciones de movilidad humana por el conflicto internos o crisis económicas que generan migraciones, la pobreza y las condiciones de privación de la libertad, impactan de forma más brutal la vida de personas trans y las privan cada vez más

Insistimos en la necesidad por parte de los Estados de no dar la espalda al problema estructural al que se enfrenta la población trans, y donde el apoyo de organizaciones de la sociedad civil juega un papel supremamente importante desde su rol.  Así mismo, es de suma importancia que prontamente se realicen reformas legislativas y proyectos de política pública que impactan aspectos de las experiencias de vida trans en los que existen aún muchas barreras. El reconocer la identidad de género de las personas trans, brindar garantías para su autodeterminación como elemento constitutivo de su identidad y ligado a su dignidad humana, es una tarea primordial que los Estados deben tomar en sus manos. Adicionalmente, debe ser un imperativo el buscar derogar todas las leyes que condenen la plena existencia de las personas con identidad sexual o expresiones de género diverso, o que impongan barreras de reconocimiento de su identidad de género a través de la vulneración de otros derechos fundamentales.

La región actualmente vive un ambiente político tenso de retroceso en materia de protección de los derechos de personas LGBTI y especialmente de la población trans; tales como la eliminación del capítulo de diversidad sexual y de género en el Plan Nacional de Desarrollo en Colombia; las demostraciones públicas por parte de miembros del gobierno de Brasil; y la resiente propuesta impulsada por miembros del Partido Nacional de Uruguay en aras de convocar a un referendum que derogue la “Ley Trans” que con mucho esfuerzo fue aprobada por el Senado el año pasado.  Para Raza e Igualdad es claro que el acceso a los derechos de una población especialmente vulnerable no puede quedar en manos del voto de las mayorías, vulnerando así las garantías básicas de igualdad material para esta población. Estamos convencidos que la meta dentro de una sociedad democrática que considere como base de sus cimientos el pluralismo y la diversidad, debe ser la de eliminar toda forma de discriminación e intolerancia.

PRONUNCIAMIENTO: Negociaciones en Nicaragua deben priorizar el respeto de todos los derechos humanos

Washington, D.C. 22 de marzo de 2019. El retorno a la mesa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia desembocó este miércoles en el acuerdo de una agenda de negociación que retoma temas indispensables para asegurar una salida justa y democrática a la crisis que enfrenta el país desde abril del año pasado: la liberación de los presos políticos, el fortalecimiento de derechos y garantías constitucionales, la aplicación de reformas electorales, el aseguramiento de verdad, justicia, reparación y no repetición y mecanismos de implementación de los acuerdos.

Según un comunicado conjunto publicado ayer, las autoridades nicaragüenses se comprometieron a “liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país”.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua, al menos 802 personas se encuentran privadas de libertad en distintos centros penitenciarios del país, delegaciones policiales o bajo el régimen de convivencia familiar. Todos ellos fueron apresados por haber participado en las manifestaciones que desde abril del 2018 exigían el cese a la represión gubernamental, justicia por las víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese contexto de represión y reformas para democratizar el país.

El Gobierno nicaragüense, aunque durante estos meses había insistido en que los prisioneros eran “presos comunes” que cometieron delitos como parte de un supuesto Golpe de Estado, aceptó ayer que liberará a “todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como preso político”, según una misiva enviada ayer por el canciller nicaragüense Denis Moncada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Durante estos once meses de crisis, las cárceles nicaragüenses han sido denunciadas como centros de torturas y lugares donde se somete a los prisioneros a tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, deficiente o nula atención médica y hostigamientos constantes.

Sumado a esto, en los últimos once meses la represión a las protestas antigubernamentales ha dejado como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, según datos de la CIDH y la ONU.

Raza e Igualdad considera que las negociaciones que han retomado el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica pueden representar un avance significativo en  la búsqueda de una salida pacífica a la crisis que vive el país, siempre que en la ejecución de los acuerdos, se priorice el respeto a los derechos humanos, el derecho a la verdad, justicia y  la reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua.

Los acuerdos alcanzados en dicha negociación no deben fomentar la impunidad de los crímenes cometidos por fuerzas policiales y grupos paraestatales u ordenados por las más altas autoridades, como ha documentado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Estimamos indispensable que se reestablezca la personería jurídica a las nueve organizaciones de la sociedad civil independiente a las que se les ha negado su derecho de ejercer derechos y contraer obligaciones desde diciembre pasado y se les regresen los bienes que fueron ocupados por las autoridades, así como los bienes que fueron ocupados ilegalmente a las empresas vinculadas al periodista Carlos Fernando Chamorro.

Así mismo, consideramos  urgente que se propicien las condiciones para que la ciudadanía en general pueda expresarse y manifestarse libremente y que los periodistas y medios independientes puedan ejercer su derecho de informar y disponer de sus equipos y bienes, sin temor a las represalias del poder.

Finalmente, Raza e Igualdad considera que la liberación de los presos políticos debe hacerse sin dilaciones y de forma simultánea con la anulación de todos los procesos judiciales para que estos ciudadanos, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres encarceladas puedan recobrar a lo inmediato, su total libertad y continuar con sus proyectos de vida.

Raza e Igualdad con ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Mensaje de Carlos Quesada – Director Ejecutivo , Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Hoy 21 de marzo conmemoramos de nuevo el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, observando lo que acontece en el mundo y nuestro continente no puedo pensar sino en cómo la discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia van ganando terreno;  en los medios de comunicación, en la política, en nuestras sociedades y en nuestra vida cotidiana. Luchar por la eliminación de todas las formas de discriminación, racismo, xenofobia, homofobia e intolerancia es uno de los pilares fundamentales para promover la cohesión social, el derecho por la vida y la diversidad de los pueblos.

Quiero llamar la atención, sobre el hecho de que en nuestro continente solo tres países hayan ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia: Costa Rica, Uruguay y Antigua y Barbuda.  Es imperativo que los demás Estados de la region realmente asuman ese compromiso de combatir, castigar y eliminar ese flagelo que carcome a nuestras sociedades y los instamos a que firmen y ratifiquen este importante instrumento interamericano, en especial en el marco de los Planes de Acción que deben desarrollar durante el Decenio de los Afrodescendientes (2015-2025).

No se puede permitir que los afrodescendientes en las Americas continúen siendo las poblaciones mas marginadas y afectadas por ese racismo estructural que se ve reflejado en las pocas inversiones estatales, en los altos indices de analfabetización, en la sub-representación en instancias de toma de decisiones y en la sobre-representación dentro del sistema de administración de justicia. Jóvenes afrodescendientes siguen siendo víctimas del perfilamiento racial y de la brutalidad policial. Las mujeres afrodescendientes continúan teniendo poco acceso a salud y educación, perpetuando con ello los altos niveles de pobreza.

Los Estados se aprestan a iniciar la nueva ronda censal (2020) donde esperamos no solo tener datos cuantificables de cuantos afrodescendientes existen,  sino de cuales son las condiciones socioeconómicas de esas poblaciones, con el objetivo de que los Estados hagan un mejor uso de los recursos e inviertan en las zonas mas pobres, coincidentemente donde habitan los afrodescendientes.

En esta segunda década del Siglo XXI  ha quedado claro que los afrodescendientes, gracias a la resiliencia,  esperan mas que buenas intenciones,  esperan cambios estructurales reales. Mas académicos, politicos, profesionales y empresarios afrodescendientes han demostrado no solo los aportes que han hecho en sus países, sino que forman parte,  han construido y seguirán construyendo las identidades de los países donde habitan desde Canada hasta Argentina; ya sea que se llamen, negros, afroamericanos, afrolatinos, palenqueros, raizales o pretos!

Desde Raza e Igualdad seguiremos visibilizando, combatiendo y denunciando el flagelo de la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia junto a nuestras contrapartes en el hemisferio, quienes con su experiencia y lucha han logrado avances a nivel nacional e internacional.

150 presos políticos son excarcelados en Nicaragua, pero 600 continúan en las cárceles

Washington, D.C., 15 de marzo de 2019. Oficialmente 150 prisioneros políticos del Gobierno de Nicaragua han sido excarcelados y pasado al régimen de convivencia familiar en las últimas tres semanas, en el marco de las negociaciones que sostienen una delegación gubernamental con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida a la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril 2018.

Esta mañana, medios locales reportaron que cinco buses salieron del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, una cárcel de hombres conocida como “La Modelo”, en los que las autoridades penitenciarias trasladaban a los prisioneros que serían entregados casa por casa, en diferentes ciudades del país.

El Ministerio de Gobernación publicó hoy en su sitio web una lista de 50 personas, 8 mujeres y 42 hombres, que a partir de hoy recibieron medidas cautelares, entre ellas los líderes estudiantiles Yaritza Rostrán y Levis Artola, y las estudiantes matagalpinas Nelly Roque y Solange Centeno.  

“La prisión en su totalidad es espantosa, pero hay muchas chavalas que son en realidad guerreras”, le dijo Rostrán a periodistas, según informó el diario La Prensa. Los familiares de los presos políticos y sus defensores han reportado en diversas ocasiones que estos sufren tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias.

Otros 100 prisioneros de conciencia, 12 mujeres y 88 hombres, fueron liberados el 27 de febrero, el mismo día que iniciaron nuevamente las negociaciones luego de que en junio de 2018 se suspendiera el Diálogo Nacional a consecuencia de la continua represión a manifestantes por parte de policías y agentes paraestatales.

Negociaciones

La excarcelación del último grupo de prisioneros que se realizó hoy, ocurre luego de que la Alianza Cívica se retirara hace una semana de la mesa de negociación ante la negativa del Gobierno de Nicaragua de dar “gestos creíbles” para alcanzar verdaderos cambios. El miércoles 13 de marzo, las autoridades anunciaron que liberarían a una “cantidad apreciable” de personas, lo que impulsó que las negociaciones se reanudaran este jueves.

“La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno”, dijo ayer a Confidencial el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y delegado de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

De acuerdo con cifras del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua, al menos 777 personas están privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la protesta, lo que significaría que aún quedan más de 600 personas encarceladas por ejercer ese derecho humano.

Según el gobierno, las 150 personas excarceladas cometieron “delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” durante las propuestas antigubernamentales.

Esta decisión de enviar a sus casas a 50 nicaraguenses que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente, coincide con la negativa policial de permitir la Marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco para el día 17 de marzo, que demandaría la liberación incondicional de todos los presos políticos y con el aumento de la presencia policial en la capital para intimidar a la población y persuadirla de que no salga a protestar.

Desde abril, fecha en que inició una crisis de derechos humanos en Nicaragua producto de la represión estatal a manifestaciones cívicas en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza que fallecieron al menos 325 personas y otras 2mil resultaron lesionadas.

Raza e Igualdad demanda la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua.

«A las mujeres lesbianas, bisexuales y trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber decidido serlo» Laura Weinstein

«No existe una sola manera de ser mujer, existen multiplicidad de maneras»

El Día Internacional de la Mujer se presente como una oportunidad de continuar reivindicando la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres; pero también, es el espacio para hacer un llamado a la sociedad y el Estado Colombiano a reconocer la diversidad y multiplicidad de las mujeres que componen el constructo social.  Raza e Igualdad habló con Laura Weinstein, defensora de los derechos de las personas trans en Colombia y directora de la Fundación Grupo de Apoyo a Personas Trans (GAAT); quien asegura que para avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa, democrática y en paz, se requiere reconocer a aquellas mujeres diversas que han sido hasta la fecha invisibilizadas y doblemente violentadas.

 ¿Cuál es la situación de derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en Colombia?

Aunque hemos tenido importantes avances en materia de derechos para las mujeres, incluyendo a las mujeres diversas en Colombia, creo que no son suficientes, especialmente porque falta avanzar mucho en lo relacionado al reconocimiento de la existencia de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans (LBT), no sólo porque aun socialmente no se entiende la experiencia de vida e identidad de las mujeres LBT, sino porque pareciera que los derechos que nosotras reivindicamos fueran diferentes al del resto de la sociedad, de personas que acceden a derechos distintos, y esto no es así, lo que justamente nos pone en un lugar diferente de lucha.

Yo diría que lo primero que debemos hacer es hacerle entender a nuestra sociedad que no estamos exigiendo derechos diferentes a los existentes, a los que todas y todos debemos gozar, no hablamos de derechos de otro tipo, hablamos de los mismos derechos que justamente por nuestra por nuestra identidad u orientación sexual se nos son negados o en la mayoría de veces muy limitados; como es el caso de las mujeres trans para acceder a su identidad, las complicaciones para recibir una atenciones médicas que no nos vulneren, el trabajo, la educación y muchos otros espacios sociales de participación que nos limitan. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales sus derechos son aún más desconocidos, porque socialmente ha imperado una idea de “confusión” por parte de estas mujeres que al final “tarde o temprano” se resolverá; situación que no sólo vulnera la libertad de estas mujeres, sino que las pone en un plano de absoluta invisibilización.  Por otra parte, hay que decirlo, se cuestiona el ser mujer de las mujeres trans, por eso nos ponen en un plano distinto, ya hay unas dificultades por el hecho de ser mujer, pero es una mujer que tiene otras particularidades, que atraviesa otras necesidades, pues te pone en unos lugares muchos más complejos.

Todavía es muy evidente la falta de reconocimiento de las afectaciones propias de las mujeres con identidades sexuales y de género diversas por parte del movimiento de mujeres en toda la región ¿Llamar la atención sobre la importancia de tratar de manera diferenciada estas afectaciones de las mujeres LBTI dentro de la lucha y reivindicación de los derechos de las mujeres se puede consideración como discriminatorio o excluyente, o considera es necesario abordarlo de manera diferenciada?

Yo sí creo que es importa hablar de ellas, hablar de sus afectaciones y la manera cómo se deben garantizar sus derechos, porque lo que no se nombra, no existe. Entonces, al no hacerlas visible simplemente estamos ocultando una realidad que necesita ser contada, estamos además diciendo que no pasa nada, que todas estamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar y no es así.  A una mujer cisgénero heterosexual, por ejemplo, la matan por ser mujer, cosa que es muy grave; pero en el caso de las mujeres lesbianas o una mujer trans no sólo nos matan por ser mujeres, sino por haber llegado decidir serlo, el llegar a ser mujer nos da un lugar diferente de esa construcción del ser mujer, porque recordemos que el ser mujer no es algo con lo que naces, sino que es una construcción que a partir del relacionamiento del otro y otra te configura a ti misma.  Entonces, yo creo que sí es importante decir y hablar de las necesidades, que se tienen en este caso, de las mujeres LBT, pero reconociendo que en sí el decidir ser mujer ya te pone en un lugar diferente a lo que implica socialmente ser hombre o ser mujer.

¿Cuáles son las principales violencias hacía las mujeres LBT en Colombia?

El trabajo de GAAT se concentra en población trans, pero si tenemos que entender que tenemos una conexión directa de lucha con las mujeres lesbianas y bisexuales. Por ejemplo, en el caso de estas últimas, las afectaciones están completamente invisibilizadas porque son socialmente desconocidas, es como que no existieran, son mujeres comúnmente catalogadas como “confundidas” o “indecisas” y esto claramente las lleva a cuestionarse quienes son, como si algo estuviera mal en ellas, y pues esto no debería ser así.   En el caso de las mujeres lesbianas las sistemáticas violaciones correctivas de “lo que a usted le hace falta es un hombre” para que supuestamente haya un “enderezamiento” de su orientación sexual y sepa lo que le ha faltado en la vida.

En el caso de las mujeres transexuales, hay también una idea relacionada a la negación del privilegio con el que se nace, por esta , pero cuando una persona dice “es que esto no es lo mío” “esto no es lo que yo quiero experimentar o vivenciar” tiene una muerte que se asume como una traición, y la traición se paga con la perdida de la vida, pero no es solamente que te maten, sino la perdida de acceso a todos los derechos que podría tener cualquier otra persona.  Esos son el tipo de violencias que vivimos y sentimos; pero seguramente hay muchas más cosas, por ejemplo, el sometimiento en el marco de la guerra de mujeres trans, porque son utilizadas como armas de guerra y sexuales; es decir, lucen como mujeres y por eso son llamativas, pero también tienen la fuerza de un hombre y esto se aprovecha para la guerra.

¿Cuál es el llamado que GAAT y Laura Weinstein hacen al Estado colombiano y la sociedad en general al respecto del reconocimiento de los derechos de las mujeres LBT?

El llamado es a reconocer las identidades y la multiplicidad de mujeres que existimos, no solamente limitarlo a las orientaciones e identidades de género, sino que no existe una sola manera de ser mujer, existe multiplicidad formas de configurarnos como mujeres, las mujeres afros, mujeres campesinas, las mujeres que son cabeza de familia, son ejemplo de esto; entonces creo que es importante que la sociedad y el estado colombiano reconozcan el papel tan importante de todas estas mujeres diversas para el progreso de este país, que el Estado muchas veces ha invisibilizado.

Lo mismo para el caso de la sociedad, que de un lugar realmente a las mujeres porque las mujeres son las que han dado mucha fuerza en este país, y que han logrado demostrar que aquí existimos y que aquí podemos vivir, y que ese papel de la mujer ha sido fundamental.

¿Cuáles podrían ser las estrategias o mecanismos que el Estado o la sociedad colombiana debería emprender para el reconocimiento de los derechos de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans?

Es importante el reconocimiento de la existencia, ahí es donde empieza todo, reconocer que el otro y la otra existe, que el otro tiene un lugar en la sociedad, que sin importar quien sea o como sea, merece la vida, creo que ahí es donde debemos empezar, hacer campañas de reconocer que existen otras identidades, otras formas del ser, no como muchos otros las pintan, esas “otras mujeres”, entonces es como estas mujeres acá “normales” y estás otras mujeres “diferentes” no, sino que nos podamos encontrar en la multiplicidad de ser mujeres, porque somos precisamente diversas y diferentes.

Día Internacional de la Mujer ¡SOMOS MUJERES EN LUCHA Y TODAS DIVERSAS!

Este 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recuerda y respalda la lucha de todas las mujeres en el mundo por el reconocimiento y garantías de sus derechos.

Pese a los múltiples esfuerzos y evidentes avances en materia de derechos para el mejoramiento de la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe, especialmente en relación al cierre de brechas de género, que garanticen el real y efectivo acceso a la salud, educación, empleo y participación política y económica de las mujeres; sigue siendo un gran reto superar las iniquidades que persisten en casi todos estos ámbitos, particularmente cuando se trata de mujeres racializadas, étnicas, rurales o con identidades de género diversas.

Según datos ofrecido, por la hoy, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el artículo titulado “La situación de la mujer en América Latina:  25 años de luces y sombras”;  9.300 mujeres mueren al año por causas relacionadas con el embarazo y sus deficientes prácticas ginecoobstetras; existen, por cada 100 hombres que viven en condición de pobreza, 118 mujeres en esta situación, cifra que da cuenta de un aumento sistemático de la pobreza en las mujeres de la región desde 1997 a la fecha.

A pesar de que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha tenido un notable progreso, la presencia de las mujeres aún sigue siendo minoritaria, marcada por una serie de “micro” violencias relacionadas la paridad de género, razón por la cual, según la CEPAL, la participación laboral femenina se ha estancado en torno al 53%,  y el 78,1% de las mujeres que están laborando, lo hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con las tecnologías y la innovación.

En relación a la participación política de las mujeres, continua siendo un reto aumentar la presencia femenina en los espacios de poder, para así transformar las estructuras patriarcales que imposibilitan la presencia de mujeres en los gobiernos, en las gerencias de las empresas pública y privadas y en los laboratorios de las leyes. “Mientras no se nos permita ser tomadoras de decisión, participar en los espacios de poder, la posibilidad de emparejar el terreno y de construir en igualdad de condiciones nuestras sociedades será una utopia” señala la mandataria.

Cuando de violencia de género se trata, América Latina y el Caribe sigue presentando la tasa más alta de agresión hacía las mujeres, ubicado en un ranking de 14 entre los 25 países con los índices más altos de feminicidio en el mundo.   Aproximadamente 2.100 mujeres son asesinadas cada año ( 6 cada día y 175 cada mes) por el simple hecho de ser mujeres, según lo indicado por Bachelet.

Lo anterior, da cuenta de una mirada rápida a la situación de derechos de las mujeres en la región, sin embargo, el reconocimiento de la diversidad de mujeres y la particularidad de sus condiciones ha estado transversalizada por una serie de factores que juegan en su contra cuando de exigibilidad de derechos se trata, es decir, las mujeres rurales, mujeres afrodescendientes o con identidades sexuales y de género diversas se ven enfrentadas además, a otro tipos de violencias que a lo largo de este día vale la pena visibilizar.

Según el informe “Mujeres afrodescendientes en America Latina y el Caribe: Deudas de Igualdad” de la CEPAL, la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta, en su calidad de mujeres que viven en un contexto histórico, social y cultural de sociedades esclavistas y racistas.  Contextos, por lo tanto, que profundizan las iniquidades de las mujeres afrodescendientes en relación a otros grupos sociales, debido a la invisibilización de estas como sujetas de políticas diferenciadas, con afectaciones particulares y por tanto, preocupantes índices de pobreza, pocas posibilidades de acceso a la salud, educación, empleo y participación en espacios de toma de decisión mucho más bajos al del resto de la población, que además, están minados por lógicas racistas y discriminatorias producto de un legado histórico instaurado en las formas en que los pueblos afrodescendientes se desenvuelven en la sociedad.

Algo similar, ocurre con las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, quienes a lo largo de la historia se han visto enfrentadas a una serie de violencias físicas y simbólicas instauradas en el conjunto social, que imposibilitan el reconocimiento de sus identidades sexuales y de género y por tanto la garantía de sus derechos fundamentales.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) las personas que se auto reconocen con una identidad diferente a la cisgénero (concordante socialmente con el sexo asignado al nacer) o socialmente reconocidas, padecen de innumerables violaciones a los derechos humanos; especialmente, en America Latina las mujeres se ven enfrentadas a una serie de violencias por prácticas machistas que las estigmatizan y/o encasillan en roles que no les permiten expresar con libertad y reconocimiento su identidad. Es así, como se ha logrado identificar que en promedio la expectativa de vida de una mujer trans no es superior a los 30 años; su participación en el mercado laboral está rezagada, en un alto porcentaje a trabajos informales o como trabajadoras sexuales, además, de verse enfrentadas a violentos y complejos procesos para acceder a servicios de salud, educación y participación en espacios de poder o toma de decisión.

Desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a todos los Estados de America Latina y el Caribe para continuar trabajando por las garantías y reconocimiento de los derechos de las mujeres.  Ciertamente, las mujeres empoderadas rompen ciclos de violencia y pobreza, factores determinante para avanzar en la consolidación de sociedades más equitativas y democráticas.  Resulta indispensable para esto, continuar trabajando para romper esquemas patriarcales históricamente arraigados, especialmente en lo que concierne a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión.

Exhortamos a los Estados a no perder de vista la pluralidad y diversidad en la construcción de lo que implica ser mujer, en la que resulta indispensable emprender acciones afirmativas que reconozcan a aquellas mujeres afrodescendientes, rurales y con identidades sexuales y de género diversas; y así, romper con las barreras que histórica y sistemáticamente han impedido la inclusión y participación de este conjunto de mujeres en la vida social, haciendo que sus futuras generaciones se vean sometidas al mismo circulo vicioso de desigualdad, racismo y discriminación.

El CENIDH y su aporte en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses

Washington, DC, 25 de febrero. Dos meses han transcurrido desde que la Asamblea Nacional de Nicaragua retiró sin ninguna justificación válida la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y desde entonces agentes de la Policía tienen tomadas ilegalmente las instalaciones de esta organización, tras haberlas allanado de forma violenta y ocupado una buena parte de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos.

La disolución ilegal del CENIDH ha sido un “golpe demoledor” para su fundadora, la doctora Vilma Núñez de Escorcia. “Somos una víctima más de la represión de Daniel Ortega. Ya no somos solo los defensores de derechos humanos acompañantes de las víctimas, sino que somos víctimas”, dijo recientemente en una entrevista con Raza e Igualdad.

Los legisladores alegaron, el 12 de diciembre de 2018, que el CENIDH y otras ocho organizaciones de la sociedad civil habían cometido actos ilícitos, violentado el orden público y realizado actividades que no correspondían a los fines para los que fueron constituidas. El proceso fue expedito y sin posibilidad de que dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

Desde el 14 de diciembre por la madrugada, día en que agentes policiales allanaron ilegalmente la sede del CENIDH en Managua, los defensores se vieron impedidos de ingresar a sus oficinas y ante el constante asedio debieron resguardarse en lugares no especificados. Mientras que la oficina de Chontales también fue tomada por la Policía y las filiales de Matagalpa y Estelí no prestan las condiciones de seguridad para que el equipo trabaje en las mismas.

“No hubo tiempo de tomar una decisión colectiva de qué íbamos a hacer”, cuenta Núñez, quien explica que el equipo del CENIDH está actualmente desintegrado. Esta situación los ha obligado a dejar el trabajo directo con las decenas de víctimas que atendían a diario, especialmente en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

A nivel internacional, múltiples organizaciones de derechos humanos, organismos regionales y gobiernos cooperantes que han trabajado con el CENIDH durante sus casi tres décadas de existencia, se unieron a las voces que denunciaron la arbitrariedad del cierre de dicha organización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” respecto de que la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil. “La disolución forzada de las organizaciones civiles, especialmente de las defensoras de derechos humanos, constituye una de las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Además, se trata de una medida que afecta a las personas acusadas y a sus defensores, y estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, expresó en su momento el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

En el mismo sentido, la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, aseguró que las decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil “marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos”.

Ocho meses de crisis

El 18 de abril un grupo de ancianos, acompañados por jóvenes universitarios, iniciaron una protesta en León contra unas reformas a la seguridad social que aumentaban las cuotas mensuales para empleados, empleadores y para el Estado, y además reducían en un 5% las pensiones de los jubilados. Estas reformas servirían, según el decreto, para rescatar de una posible quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

La protesta en León fue fuertemente reprimida por miembros de la Juventud Sandinista, un grupo de respaldo del partido gobernante, y el patrón se repitió en Managua, en donde estos grupos atacaron a los protestantes que desde dos puntos de la capital pedían la cancelación de las reformas.

Las imágenes de la represión se distribuyeron velozmente a través de redes sociales y al siguiente día, el 19 de abril, las protestas se extendieron a varios departamentos del país. La policía entonces se unió a los grupos de choque para reprimir y por la noche se reportaron los primeros tres muertos. Entre el 20 y el 22 de abril murieron más de 50 personas producto de la represión y otras 200 fueron encarceladas temporalmente.

El equipo del CENIDH se volcó inmediatamente a la atención de la crisis. La doctora Vilma Núñez fue quien organizó el plan de acción que ejecutarían a partir de ese día y sin saberlo, durante los próximos ocho meses.

“Lo que hice fue asignar funciones concretas a cada quien: había un encargado de contar los presos, en mi oficina cuantificábamos los muertos, otra persona se encargaba de las denuncias…”, recuerda Núñez, quien tiene 60 años de “militar en la causa de los derechos humanos”.

Las conferencias de prensa en el CENIDH se hacían casi a diario y la capacidad de respuesta del equipo para verificar información era sumamente ágil. Los miembros de las cuatro filiales del CENIDH se desplazaban a los puntos donde se habían reportado ataques a la población, acompañaban a los familiares de los desaparecidos y detenidos para gestionar su liberación de los sistemas penitenciarios o de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y documentaban denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas en su mayoría por personas afines al gobierno, grupos paramilitares o miembros de la Policía de Nicaragua.

Tras seis meses de haber iniciado la crisis de derechos humanos en Nicaragua, el CENIDH recibió más de 1,800 denuncias referidas al contexto de la represión y violencia, la mayoría de ellas entre mayo y agosto. Esas denuncias eran sobre todo amenazas, pero también recibieron denuncias de detenidos, asesinados y torturados, según consta en el informe “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” publicado por el CENIDH a finales del año 2018 con el objetivo de describir los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En dicho informe se refleja que entre abril y septiembre el CENIDH documentó el asesinato de 316 personas, el apresamiento de 349 mujeres y hombres, y de estos últimos 248 que hasta ese momento habían sido acusados de diversos delitos, entre ellos terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, robo y uso de armas restringidas.

Durante ese tiempo, el CENIDH además trabajó muy de cerca con las misiones internacionales que llegaron al país para dar seguimiento a la crisis, como la CIDH, a través de su primera visita in loco realizada en mayo, pero también mediante su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); y otras organizaciones independientes como Amnistía Internacional.

Este trabajo intenso de acompañamiento a las víctimas y de denuncia en la esfera nacional e internacional de las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo —y que continúan ocurriendo en Nicaragua—, es para muchos activistas, defensores y para los mismos miembros del CENIDH, la razón por la que fueron perseguidos por parte de las autoridades.

“Es una persecución perversa” denunció Vilma Núñez a periodistas nacionales el año pasado. Los obstáculos para la labor de los defensores del CENIDH incrementaban cada tanto: no podían entrar a los juicios orales y públicos, no se les permitía incidir en instancias públicas y enfrentaban obstáculos hasta para entregar recursos legales en las instancias del Gobierno.

“Creo que el gobierno empezó a ver en el CENIDH no solo un actor molesto, sino un palo en la rueda para alguna de las medidas que quieren seguir desarrollando y para su proyecto político de gobierno”, consideró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización que ha trabajado con el CENIDH desde su creación.

Origen

En mayo de 1990 se creó el CENIDH, justo cuando en Nicaragua asumió la presidencia Violeta Barrios de Chamorro, poniendo fin a una década de gobierno sandinista. Sus fundadores, un grupo de once activistas y académicos, pensaron que algunos logros que impulsó la revolución en materia de derechos económicos y sociales como salud y educación gratuita se verían limitados con el nuevo gobierno. “Esa fue la idea inicial que nos impulsó”, cuenta Vilma Núñez, quien estaba al frente de la nueva organización. En septiembre de ese mismo año les fue otorgada su personalidad jurídica.

«Siempre verificamos las denuncias de derechos humanos en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio», dice Núñez.

La primera tarea que se plantearon fue iniciar un trabajo de capacitación. “Nuestro reto era enseñarle a la gente que demandar salud en un hospital, que demandar escuelas y educación de buena calidad es un derecho humano”, recuerda la abogada y defensora. Así surgió el programa de capacitación en derechos humanos del CENIDH, un programa que durante años capacitó a miles de personas y logró crear una red de promotores que en algún momento alcanzó los 1,500 en todo el país.

Pero también empezaron a recibir denuncias sobre violaciones a derechos humanos, a comprobarlas “en el lugar donde ocurrían los hechos y no desde el escritorio”, y a denunciar arbitrariedades de los gobiernos de turno.

“Con el Gobierno de doña Violeta no hubo mayores problemas, al contrario, hubo apertura. Empezaron algunos problemas con Arnoldo Alemán”, dice Núñez.

El gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2001), a través de la Fiscalía, acusó a Vilma Núñez de dirigir el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), un grupo de rearmados integrado por ex miembros del Ejército. El CENIDH más bien había sido buscado para actuar como mediador en las negociaciones para propiciar el desarme. Pero el entonces Fiscal General, Julio Centeno, desestimó la acusación porque no había ninguna prueba que la sustentara.

No obstante, el CENIDH continuó denunciando la corrupción del presidente Alemán, quien fue posteriormente enjuiciado y declarado culpable en Nicaragua por los cargos de lavado de dinero.

El gobierno de Enrique Bolaños Geyer (2002-2006) “no concebía una alianza entre sociedad civil en las gestiones de gobierno, pero represión no hubo”, recuerda Núñez.

Tras Bolaños, Daniel Ortega retomó el poder a inicios de 2007. El CENIDH desde entonces y hasta poco antes de que estallara la crisis, empezó a alertar sobre el deterioro del Estado de derecho en Nicaragua, y no solo a nivel nacional, sino en plataformas internacionales.

“A nivel internacional, el trabajo que hizo el CENIDH fue muy importante en los últimos años para llamar la atención, alertar sobre el deterioro del Estado de derecho y una serie de patrones de violaciones de derechos humanos que se estaban dando en Nicaragua y estaban fuera del radar internacional”, asegura Viviana Krsticevic, de CEJIL.

Esfera internacional

Krsticevic conoce muy bien el trabajo del CENIDH porque desde la fundación de CEJIL, a finales de 1992, ambas organizaciones establecieron un trabajo coordinado. “Cejil trabajó muchísimo con el CENIDH justamente para alertar acerca del deterioro democrático en Nicaragua, bajo diferentes gobiernos”, sostiene la defensora.

En conjunto, han solicitado medidas cautelares para decenas de personas que han estado en riesgo y llevaron el primer litigio del CENIDH ante el Sistema Interamericano: el caso Yatama.

Caso Yatama vs Nicaragua

En 2001, CENIDH y Cejil presentaron una petición ante la Corte IDH en representación de los miembros de la organización indígena Yatama y líderes políticos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur de Nicaragua, para demandar al Estado de Nicaragua por haber sido excluidos de participar de las elecciones regionales del año 2000, cuando se escogieron alcaldes, vicealcaldes y concejales.

La petición fue admitida en el año 2001 y en 2005 la Corte IDH falló a favor de Yatama, declarando que el Estado de Nicaragua había violado los derechos a garantías judiciales, protección judicial y los derechos políticos de igualdad ante la ley de los líderes indígenas.

En la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Nicaragua reformar la Ley Electoral para asegurar la participación de los miembros de Comunidades Indígenas en los procesos electorales e indemnizar a Yatama por los daños materiales e inmateriales, así como el pago de los costos del proceso judicial.

Han trascurrido aproximadamente trece años desde la emisión de la sentencia, pero “el gobierno no ha cumplido totalmente”, sostiene Núñez, pues aunque empezaron a darles las indemnizaciones, el Gobierno les puso como condición a los miembros de Yatama que el CENIDH no participara de los arreglos entre ambas partes.

Caso Acosta vs Nicaragua

Posteriormente, el CENIDH también acompañó a la defensora de derechos humanos y de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, María Luisa Acosta, para denunciar su caso ante la CIDH, en el que el Estado de Nicaragua había incurrido en denegación parcial de justicia y falta de protección a la defensora tras el asesinato de Francisco García Valle, esposo de Acosta. El crimen ocurrió en Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, el 8 de abril del 2002, presuntamente en represalia por el papel de Acosta como defensora de derechos y apoderada legal de las comunidades de Laguna de Perlas, Monkey Point y El Rama.

Fue la CIDH la que remitió el caso a la Corte IDH, y en octubre del 2016 se realizó la primera audiencia. Finalmente, en marzo de 2017 la Corte IDH falló a favor de Acosta y determinó que el Estado de Nicaragua había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de la defensora, al ser suficientes las respuestas del sistema de justicia penal de Nicaragua respecto del homicidio de García Valle.

Además, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Nicaragua por la violación del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Acosta. Además, ordenó al Estado a adoptar medidas para que el homicidio no quedara en la impunidad en relación con la participación de los autores materiales, a elaborar mecanismos de protección y protocolos de investigación para las personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo, y a pagar una indemnización a Acosta por daños materiales e inmateriales y por reintegro de costas y gastos.

Finalmente, el Estado indemnizó a Acosta, a su familia y a las organizaciones litigantes, pero aún no ha elaborado los protocolos ni ha tomado las medidas para que casos como el de Acosta se repitan.

Además de estos casos litigados, el CENIDH logró presentar más de veinte casos ante la CIDH, aunque no todos escalaron ante la Corte. Actualmente, la organización también tiene varios casos en trámite, como el del femicidio de Dina Carrión, la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la discriminación de Ana Margarita Vijil para ser diputada ante la Asamblea Nacional y la transparencia de las elecciones presidenciales de 2006.

Durante sus casi treinta años de existencia, el CENIDH ha participado en comparecencias ante las instancias de Naciones Unidas, en audiencias temáticas ante la CIDH y sus relatores, en la elaboración de Informes para los tres ciclos del Examen Periódico Universal, en actividades de incidencia sobre las prioridades contenidas en dichos Informes; y forma parte de organizaciones mundiales como la Organización Mundial contra la Tortura o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de organizaciones regionales.

“El Cenidh ha demostrado a lo largo del tiempo un nivel de consistencia, de integridad, en la defensa de derechos, en la defensa de la democracia en Nicaragua que la hacen un actor imprescindible para el trabajo en derechos humanos”, opina la Directora Ejecutiva de CEJIL.

Gobierno actual

Vilma Núñez considera que el Gobierno actual de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha “atacado más que a cualquiera” al CENIDH. “Nunca nos imaginamos tanto odio, tanta saña”, confiesa.

De acuerdo con Núñez, los problemas con la actual pareja presidencial empezaron en 1998, cuando el CENIDH decidió asumir la defensa de Zoilamérica Ortega Murillo, hijastra de Ortega, quien lo acusaba de violación.

El caso fue hecho público y llegó hasta la CIDH. “Logramos que lo admitieran, y ellos propusieron que se realizara una solución amistosa”, cuenta Núñez. Finalmente, Zoilamérica desistió de la petición. Pero la persecución por parte de Ortega no cesó para los miembros del CENIDH, quienes siguieron denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las autoridades hacia la población.

Denuncias a nivel nacional

En los últimos años, el CENIDH recibió en promedio unas 1,600 denuncias anuales por parte de la población en distintos departamentos del país, quienes veían en esa organización un lugar donde acudir en búsqueda de justicia debido a la falta de autonomía de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

De acuerdo con reportes anuales del CENIDH, entre el 2007 y el 2016, el 35% de las denuncias recibidas por esa organización fueron contra la Policía Nacional –unas 5,584–. Dichas denuncias estaban relacionadas con agresiones físicas y malos tratos al momento de la detención, represión a protestas sociales, incumplimiento del deber de intervenir en favor de la integridad física de ciudadanos que demandan sus derechos frente a las fuerzas de choque que les agreden, y con tratos crueles, inhumanos y torturas en las celdas policiales.

En ese mismo periodo de tiempo, el resto de las denuncias fueron contra individuos particulares en un 31% —4,965 casos— y contra otras autoridades o entes privados en un 34% —5,456 casos—.

Los reportes anuales del Cenidh son una muestra fehaciente del trabajo que anualmente los defensores de esa institución realizaban a nivel nacional e internacional. Además de analizar el estado de los derechos de los nicaragüenses uno a uno, incluyendo los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, reflejan situaciones específicas de derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, de la comunidad LGBTI y de los defensores de derechos humanos. Dichos reportes tomaban el pulso de la situación actual del país en el año en que eran publicados.

La ilegalización del CENIDH, por todo el trabajo antes descrito, representa una pérdida de capacidad de trabajo en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, según Viviana Krsticevic.

“La protección de derechos no depende solo de la existencia de leyes e instituciones, necesita que haya personas que estén dispuestas a defender esos derechos y el CENIDH era y es una organización que ha servido a ese propósito. Su cierre legal obstaculiza y limita la capacidad de proteger derechos en el país y repercute en la capacidad de documentar y transmitir información hacia el exterior”, opina la representante de CEJIL.

Krsticevic añade que el cierre legal del CENIDH “no es el fin de la institución ni mucho menos y no es el fin del trabajo de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, sino que es “una evidencia del autoritarismo del Gobierno para enfrentarse a denuncias de graves violaciones de derechos humanos y a confrontar con lo que son algunas de las denuncias de los abusos que el propio gobierno está cometiendo”.

Aunque por el momento el CENIDH ha dejado de trabajar directamente con las decenas de víctimas que atendía a diario, especialmente en el contexto de crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua, para Núñez hay esperanzas de que su equipo dé continuidad al proyecto que fundó hace casi 30 años. “Yo pienso que en lo que esta dictadura termine, nos tendrán que devolver todo. Talvez yo ya no pueda, pero el equipo que quiera darle continuidad al CENIDH lo tiene que hacer”, afirma.

La organización, poniendo en práctica su lema “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, ha presentado los recursos legales que una vez resueltos le permitan reclamar internacionalmente por el despojo de su personalidad jurídica y la ilegal ocupación de sus bienes que ha tenido, para todos los fines, el efecto de una confiscación de hecho.

Foto principal: EFE

Lucía Pineda, periodista nicaragüense apresada por informar, recibe medidas cautelares de la CIDH

Washington, D.C. 22 de febrero de 2019. La periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubau, Jefa de Redacción del Canal 100% Noticias, recibió este viernes medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran “en una situación de grave riesgo”.

Pineda Ubau, de 45 años, actualmente está detenida en el Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” y se encuentra enfrentando un proceso en el que se han irrespetado las garantías del debido proceso, por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

Según la misma información recibida por la CIDH, la inicial persecución a la periodista y su posterior detención y enjuiciamiento “serían presuntas represalias con el ejercicio de su actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión”.

La periodista denunciaba a través de 100% Noticias “la represión por parte de la Policía Nacional para lograr disolver las protestas, así como múltiples detenciones, denuncias de tortura, desapariciones y procesos presuntamente arbitrarios que se iniciaron contra manifestantes”, resalta la CIDH.

A través de la resolución No. 873-18, la CIDH solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Pineda y su núcleo familiar, cuya identidad se reserva la CIDH.

Específicamente, requieren al Estado asegurar que los agentes penitenciarios respeten los derechos de la periodista “de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, pues se conoce que Pineda ha sido sometida por lo menos a 30 interrogatorios por varias horas con el objetivo de que grabe un video pidiendo perdón al Presidente Daniel Ortega.

También solicitan al Estado que asegure que las condiciones en las que se encuentra Lucía Pineda Ubau se adecúan a los estándares internacionales.

Desde su detención, Pineda ha reportado a su abogado defensor que duerme en el piso, sin posibilidad de que le pasen alimentos y sin contar con instrumentos de aseo, lo que le ha provocado afecciones en la piel. Además, la falta de  servicio higiénico en su celda la habría obligado a hacer sus necesidades fisiológicas de forma contraria a su dignidad humana.

La CIDH solicitó al Estado que brinde la atención médica correspondiente a Lucía Pineda y que le facilite el acceso a sus representantes legales y a sus visitas familiares, pues estas han sido limitadas hasta la fecha.

Lucía Pineda es una de al menos 60 mujeres presas políticas del Gobierno de Nicaragua. En total, se calcula que unas 765 personas han sido encarceladas por exigir justicia y democracia a las autoridades nicaraguenses.

Antecedentes

Desde que inició la represión por parte del Gobierno a los ciudadanos que protestaban en abril de 2018, el Canal 100% Noticias denunció la violencia que atravesaba el país. Lucía Pineda, como Jefa de Prensa del Canal y a través de su programa 100% Entrevistas, adquirió especial visibilidad por su labor periodística, lo que la expuso a amenazas, agresiones e incluso una campaña de estigmatización en su contra.

El 21 de diciembre del año pasado, varias patrullas de la Policía allanaron con armas, durante la noche, las instalaciones del medio televisivo 100% Noticias. En el operativo desmantelaron y sustrajeron los equipos periodísticos, y detuvieron de manera ilegal al director del canal, Miguel Mora, a la esposa de Mora y también periodista Verónica Chávez, y a Pineda. Todos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aunque fue hasta 72 horas después que las autoridades informaron a sus familiares dónde se encontraban. En ese lapso, Chávez fue puesta en libertad.

Mora y sus familiares habían recibido medidas cautelares por parte de la CIDH apenas 8 días antes de su detención, al igual que la periodista Leticia Gaitán. Esta última debió huir del país para garantizar su libertad personal.

El mismo día de la detención de Mora y Pineda, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), suspendió el medio televisivo. Hasta la fecha, las instalaciones se encuentran allanadas, clausuradas y vigiladas por agentes policiales y la frecuencia fue otorgada a otro canal de televisión.

PRONUNCIAMIENTO: Acogemos los intentos por regresar al diálogo en Nicaragua, pero con garantías de respeto a los derechos humanos

Washington, D.C. 18 de febrero de 2018. El pasado sábado, el Gobierno de Nicaragua se reunió con empresarios de la banca nacional y agroindustria, teniendo como testigos al Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, y al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. En dicho encuentro, según dio a conocer el mismo Gobierno, se confirmó “la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”. Los empresarios, por su parte, hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que respalden decididamente una posible nueva negociación con el Gobierno.

Entre mayo y junio del año pasado, el Gobierno de Nicaragua inició un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora y con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como contraparte. Sin embargo, éste se canceló ante la negativa del gobierno de cesar la represión contra el pueblo nicaragüense.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), considera indispensable retomar el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y amplios sectores de la sociedad civil para poder encontrar una salida a la profunda crisis de derechos humanos que permanece y en muchos aspectos se ha agudizado luego de  diez meses.

Desde el 18 de abril de 2018 hasta la fecha, la represión a las protestas antigubernamentales dejó como resultado al menos 325 personas fallecidas, más de 2 mil heridos, alrededor de 50 mil personas que debieron salir del país en calidad de refugiadas, y más de 700 hombres y mujeres se encuentran actualmente apresados por haber exigido justicia por las víctimas de la represión y respeto a la democracia.

En los últimos meses, las autoridades han focalizado sus tácticas represivas en defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil con el fin de desarticular todo espacio de crítica.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, Raza e Igualdad cree indispensable que, para que se reinicie el diálogo nacional, el Gobierno de Nicaragua debe dar claras muestras de cumplir  sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, entre los cuales destacamos los siguientes:

  • El cese inmediato de la represión y detenciones arbitrarias contra la población nicaragüense.
  • La anulación de los juicios e inmediata liberación de las presas y presos políticos.
  • Autorizar el regreso al país del  Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las cuales fueron expulsadas del país el año pasado.

Con preocupación vemos que las capturas de ciudadanos han continuado en distintas partes del país y que la maquinaria judicial no cesa de imponer centenares de años de prisión irrespetando las garantías del debido proceso. Ambas conductas no abonan de forma alguna a fomentar un ambiente propicio para el diálogo.

Raza e Igualdad cree firmemente en que un diálogo incluyente es la única salida a la crisis nicaragüense; un diálogo que abone al respeto a los derechos humanos, a la verdad, justicia y a la reparación para las víctimas.

 

*Foto de Oscar Navarrete tomada para La Prensa. 

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