Día Internacional de la Bisexualidad: Una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad

Día Internacional de la Bisexualidad: Una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad

Washington, DC.  Septiembre 22, 2018 – El 23 de septiembre de cada año, desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad, y la urgente necesidad de seguir trabajando por el reconocimiento de los derechos a la libertad individual, autonomía e identidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, especialmente de la reivindicación y reconocimiento de los derechos de las personas bisexuales.

Al respecto, saludamos con agrado el reciente comunicado de prensa emitido en conjunto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Bisexualidad, ya que consideramos que este tipo de pronunciamientos son fundamentales en la lucha contra la invisibilización de las barreras y discriminaciones que afectan a las personas bisexuales, además de que proveen datos concretos que ayudan a erradicar concepciones erróneas, permeadas por estigmas en torno a la bisexualidad. En ese sentido, en el comunicado, estos organismos indican que la bisexualidad se refiere “a la capacidad de atracción emocional, romántica y/o física hacía más de un solo sexo o género”.  Del trabajo con nuestras contrapartes en la región notamos con preocupación que resulta frecuente que por su orientación sexual, las personas bisexuales son altamente discriminadas, pues socialmente son categorizadas como “indecisas” “no definidas” o “promiscuas” aludiendo, de esta manera, a una orientación aún “no decidida” y que necesita ser “definida” como heterosexual u homosexual.  Los estigmas a los que son sometidas las personas bisexuales conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) la bisexualidad y las personas bisexuales son marginadas alrededor de todo el mundo, lo que ha generado alarmantes cifras de depresión, aislamiento, problemas de salud y altas tasas de suicidio dentro de esta población.  Adicionalmente, indican que los índices de violencia doméstica y psicológica hacia personas bisexuales son mucho más elevados en comparación con las de grupos homosexuales o heterosexuales.  En este mismo estudio, ILGA señala que “la realidad de las personas bisexuales es desconocida por instituciones sociales e incluso para los grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTI” razón por la cual, hay muy pocos datos o no existen datos, de parte de organizaciones sociales y gubernamentales con respecto a la salud, educación, y acceso a los derechos reproductivos de esta población; así mismo, las acciones implementadas por organizaciones estatales tampoco responden a las realidades de las personas que responden a una orientación sexual bisexual.

En América Latina y el Caribe la realidad social de las personas bisexuales es completamente desconocida, se actúa como si estas no existieran ya que se tiende a considerar que éstas “atraviesan una fase o presentan una desviación de la conducta sexual”, por tal motivo, no existen estadísticas o datos oficiales que reflejen la situación de esta comunidad tanto a nivel de los Estados de la región, como a nivel de organizaciones de la sociedad civil las cuales tienden a abordar en reducida medida las situaciones de personas bisexuales. En adición a esto, la falta de conocimiento, investigación y comprensión en lo referente a la bisexualidad se convierte en una preocupante limitante para identificar o definir la barreas que enfrentan las personas bisexuales.

La bisexualidad es altamente invisible en la práctica y el discurso de los Derechos Humanos, razón por la cual, este día se convierte en una oportunidad para visibilizar la voz, historias y experiencias de las personas bisexuales; además de constituirse como una forma para reclamar por la protección de los derechos de todas estas personas; demandar por investigaciones que permitan identificar sus necesidades en todo el mundo, y hacer pedagogía sobre su realidad.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región, instituciones de gobierno y movimiento LGBTI para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la población bisexual. Instamos a que consideren la creación de políticas públicas que contemplen la bisexualidad dentro de la orientación sexual y en consecuencia se recolecten datos oficiales para poder contrarrestar a nivel interno la violencia y discriminación que enfrentan las personas bisexuales.  La bifobia, así como cualquier tipo de expresión de odio o violencia contra las diversas formas de género, identidad u orientación sexual son actos que menoscaban las posibilidades de construir sociedades más incluyentes, justas y respetuosas de la diversidad.

RAZA E IGUALDAD DENUNCIA LA CACERÍA DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS LGBTI EN NICARAGUA A MANOS DEL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia la detención arbitraria de dos jóvenes LGBTI el pasado 14 de septiembre por parte de la policía nacional, acusados por participar en las marchas realizadas en contra del régimen de Ortega y Murillo en los últimos meses, así como, por denunciar las violaciones a los derechos humanos propiciadas por el gobierno de turno en redes sociales.  

 Según la información recibida por parte de ADISNIC, organización que trabaja por la defensa, lucha y reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Nicaragua, Osiris Castro, estudiante activista lesbiana de la ciudad de Matagalpa, fue secuestrada por paramilitares y sacada a la fuerza de su casa, por participar en las marchas y denunciar contra del régimen Ortega Murillo en las redes sociales; así mismo, Marcelo Ramírez, joven homosexual, estudiante miembro del M19 de la ciudad El Realejo, Chinandega fue secuestrado por el secretario político del FSLN y paramilitares por participar en las marchas contra el régimen Ortega – Murillo y denunciar la violación a los derechos humanos de parte del gobierno de turno en redes sociales. 

 Como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos rechazamos enérgicamente la fuerte represión que vive el pueblo de Nicaragua en este momento a manos de la policía nacional, grupos paramilitares, turbas sandinistas y grupos represores que diariamente atentan contra la seguridad, vida y derechos humanos de las y los ciudadanos en Nicaragua.  Denunciamos la estrategia de miedo, hostigamiento, intimidación y amenazas utilizada contra aquellos y aquellas que en su legítimo derecho a la denuncia y protesta social han decidido denunciar y hoy son ilegalmente detenidos, secuestrados y torturados.   

Instamos a la comunidad internacional a no cesar en su llamado al diálogo, la paz, la justicia y la verdad por quienes han fallecido y por el pueblo que aun en medio del temor resiste.  

 Nicaragua vive hoy una tercera fase de represión por parte del Estado, según lo manifestado en diversas ocasiones por el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH Paulo Abrão, caracterizada por amenazas, intimidación, hostigamiento, desapariciones y arrestos arbitrarios contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas o medios de comunicación y población en general que abiertamente ha participado en movilizaciones rechazando lo actos dictatoriales del gobierno nacional.  El último informe presentado por la misión recientemente expulsada del país de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidad de Derechos Humanos señala que de acuerdo a lo estimado por organizaciones no gubernamentales  al 18 de Agosto del 2018, al menos 300 personas, incluidos defensoras y defensores de derechos humanos, están siendo acusados de delitos graves, incluyendo cargos de terrorismo, crimen organizado, por haber participado o apoyado las protestas.    

 Esta “cacería” a manifestantes opositores, se constituye según lo expresado en el informe No. 5 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH, como una de las mayores persecuciones en la historia del país contra la sociedad civil, por su violencia y absoluta ilegitimidad de autores,  los cuales operan con la aquiescencia del Estado e incumplen todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

 A pesar del miedo que se vive en las calles de Nicaragua el pueblo está decidido a no cesar las denuncias, clamores y movilizaciones por la paz y la justicia; es así, como a través de redes sociales, las organizaciones sociales de derechos humanos, líderes y lideresas, jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres de Nicaragua hoy invitan a toda la comunidad internacional a sumarse a la movilización digital #MarchoPorlaIndependencia un espacio que tiene por objetivo continuar denunciando las atrocidades que viene sufriendo el pueblo a manos de este gobierno dictatorial, sin que sus vida corran peligro por salir a marchar.    Sumémonos a la marcha a través de este link:  https://www.alianzacivicanicaragua.com/es/marchamos-por-la-independencia-por-la-libertad-la-democracia-y-la-justicia-de-nicaragua/  

ORTEGA PROMUEVE ABIERTAMENTE LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA AL ORDENAR SALIDA DE LA OACNUDH

Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.  

La Resolución aprobada de manera unánime, en el Congreso Nacional de Estados Unidos condena la represión del Gobierno Nicaragüense

Agosto 14 de 2018 – El pasado 25 de Julio, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó de manera unánime la resolución bipartidista H.Res.981, propuesta por la Congresista Republicana Ileana Ros-Lehtinen, representante del Distrito 27 del Estado de la Florida, y copatrocinada por el Congresista Republicano Ed Royce, Representante del Distrito 39 del Estado de California y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el Congresista Demócrata Albio Sires, Representante del Distrito 8 de Nueva Jersey y miembro de mayor rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, y otros miembros del Congreso.  La resolución condena la violencia y represión perpetrada por el Gobierno de Daniel Ortega a su pueblo durante los últimos tres meses, que a la fecha ha provocado la muerte de 295 personas, según la última actualización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su declaración, la cual fue publicada en un comunicado de prensa después de ser aprobada la resolución, la Congresista Ros-Lehtinen condenó en nombre de todos los proponentes de la resolución la persecución, intimidación, violencia y asesinatos cometidos por el gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos; indicando que el número de muertos aumenta todos los días bajo una política de “disparar a matar”.  Además, resaltó que a la cifra de homicidios se suman los heridos, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, medidas que según la Congresista son acciones represivas tomadas por un régimen que hará lo necesario por mantenerse en el poder.  La Representante señaló la importancia de ejercer presión sobre Daniel Ortega y su régimen; instando al gobierno Americano a hacer más teniendo en cuenta que el tiempo es supremamente importante para proceder: “Mi resolución insta a la administración a hacer más, a identificar más ‘matones’ de Ortega para ser sancionados y para esto el tiempo es esencial” señaló la representante de estado.

La resolución aprobada, entre otras medidas, identifica de forma contundente a Ortega como el orquestador de la violencia e insta a la Administración a tomar más medidas contra el régimen; por otra parte, demuestra apoyo inquebrantable al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de la democracia, incluido el llamado a elecciones anticipadas, libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles.  Además, convoca a las naciones para que se solidaricen con el pueblo de Nicaragua.

El mensaje enviado por el congreso americano al gobierno nicaragüense es el clamor de no sólo este país, sino de muchos otros, de organizaciones de sociedad civil y sociedad en general, para que cese la violencia en Nicaragua.  Es preocupante, que a pesar de ese clamor, la represión en el país continúe, muestra de ello es la grave situación de violación al legítimo derecho al debido proceso que enfrentan en que se encuentran los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena acusados sin presencia de su familia ni abogados de su elección por terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios público y daños y perjuicios a 23 supuestas víctimas, entre las que incluyen al Estado de Nicaragua. En días pasados, medios de comunicación locales notificaron que los dos líderes sociales estaban siendo torturados por parte de la Polícia Nacional, situación que el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente y solicita la intervención de la comunidad internacional para velar por los derechos de estos líderes del movimiento campesino que se enfrentan a una maquinaria judicial viciada, instrumentalizada por Daniel Ortega.

La resolución pide a la administración estadounidense que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, que exija la liberación de ciudadanos detenidos injustamente e identifique a personas cuya participación en la violencia les hace merecedores de sanciones previstas en la Ley Global Magnitsky, la cual impone sanciones a violadores de derechos humanos, y congela sus bienes y activos Estadounidenses. La resolución del Congreso ve en elecciones libres, anticipadas, la solución a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde abril.

Raza e Igualdad considera que iniciativas como la del Congreso estadounidense y otras que ha adoptado la comunidad internacional son expresiones de solidaridad hacia el pueblo nicaragüense y que como tales, contribuyen a la resolución del conflicto sin que haya más derramamiento de sangre de un pueblo dispuesto a recuperar su libertad.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a miembros participantes por el Sector Privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en el Diálogo Nacional en Nicaragua

Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.  

En medio del luto Ortega y Murillo celebraron el 39avo aniversario de la Revolución Sandinista

Julio 27 de 2018 – En medio del dolor y luto por la masacre que ha tenido lugar en Nicaragua desde el pasado 18 de Abril y un día después de que se aprobara en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA la  resolución títulada “Situación de Nicaragua” en la que 21 estados condenan la crisis humanitaria que vive el país y demandan al gobierno nacional parar la violencia, las represiones y retornar al diálogo, el día de ayer; 19 de Julio, Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron el 39 avo aniversario de la Revolución Sandinista.

A pesar de los hechos violentos que vienen sucediendo en el país en los que más de trescientas personas han perdido la vida, más de mil quinientas han resultado heridas y centenares fueron detenidas ilegalmente, el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, precedidos por la intervenciones de los Cancilleres de Cuba y Venezuela, se dirigieron a sus simpatizantes reunidos en la Plaza Juan Pablo II para contar su particular versión sobre los hechos ocurridos en los últimos noventa días en Nicaragua.

En su discurso el Jefe de Estado mencionó que este ha sido un período en el que los nicaraguenses han tenido que defender la paz y librar una dolorosa batalla para enfrentar la conspiración armada financiada por fuerzas internas y externas; así mismo, señaló que el complot busca poner fin a once años de buen gobierno intentando culpar al Estado por el incendio de la Reserva Indio-Maíz, levantar una revolución contra la reforma a la seguridad social y ocupar las universidades para instalar centros de tortura contra la población.   Sin decencia, cuestionó la imparcialidad de la iglesia Católica acusándola de estar comprometida con los “golpistas” para promover la confrontación y no la mediación; así como acusó a la ciudadanía que todavía se mantiene en protesta, de pertenecer a fuerzas sátanicas y de prácticar “ritos satánicos”.  En su diatraba contra los Obispos, sañaló que su decisión de reestablecer el orden es lo que tiene “enfurecidos” e “irritados”, a quienes además acusó de permitir que los templos fueran utilizados como cuarteles de la muerte. Finalmente, invitó a los asistentes a “luchar por la paz” y a fortalecer los “mecanismos de autodefensa” así como a “erradicar esos mensajes en las redes”, lo que podría conducir a un perfeccionamiento de los mecanismos de vigilancia y a futuras restricciones en el uso del Internet.

No cabe duda que para Ortega solamente cuentan los muertos y heridos que están de su lado, un número de 52 policías y 342 heridos. Nombró a los oficiales de la Policía que resultaron muertos,  y los presentes reclamaron justicia al unínoso por parte de los simpatizantes. Cabe entonces preguntarse por los otros cientos que han muerto y que al parecer no suman en las cifras tenidas en cuenta por la máxima autoridad del Estado nicaragüense..

La negación del gobierno nacional a las acusaciones por parte de la ciudadanía, organizaciones nacionales y la Comunidad Internacional con relación a la oleada de violencia que sufren hoy todas y todos lo nicaraguenses dejan en entredicho la voluntad política de Ortega y Murillo para retomar el diálogo nacional para encontrar una salida dialogada y pacífica al conflicto, por el contrario, el discurso proferido por el mandatario da cuenta de una sola intención: “retomar el orden nacional” sin importar el clamor de un pueblo que reclama paz, justicia y democracia.

Raza e Igualdad apoya delegación nicaragüense a Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Junio 2018- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) apoyó a una delegación de activistas nicaragüenses a las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza del 18 al 29 de junio, con el objetivo de dar a conocer la situación de derechos humanos que enfrenta Nicaragua ante los actores de la sociedad civil, los representantes del gobierno, la Sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos y ante la comunidad internacional en general; entre ellos; Alexandra Salazar representante de la organización Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua; Oswaldo Montoya de Alianza MenEngage, Ana Quirós de la organización Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS y Aníbal Toruño de la Radio Darío.

Durante dos semanas, las y los activistas nicaragüenses se reunieron con actores importantes tanto de la Oficina del Alto Comisionado  de los Derechos Humanos (OACDH), miembros de la Sociedad Civil Internacional y representantes de las Misiones Permanentes de varios países, incluyendo algunos de América Latina,  para compartir sus historias y dar a conocer las demandas para una salida a la crisis política; incluyendo la represión que enfrentan y el incremento de los ataques a representantes de la sociedad civil, estudiantes, las personas mayores, entre otros.

Las y los activistas participaron en dos ruedas de prensa con medios nacionales e internacionales, que fueron transmitidas en vivo en nuestras plataformas sociales.  A lo largo de estos espacios, ellos denunciaron la represión  y  las violaciones a los derechos humanos fundamentales a manos de grupos denominados “paramilitares, turbas sandinistas y parapoliciales”

Pueden verse aquí: — https://goo.gl/NdRgtN

Así mismo, la delegación participó en el Plenario del Consejo de Derechos Humanos en su 38ava sesión ordinaria y en dos eventos paralelos en el marco del Consejo de Derechos Humanos. El primero  titulado “Derechos Humanos en Nicaragua: la violencia y la represión de Estado” fue organizado
de la mano de La Red Internacional de Derechos Humanos y The MenEngage Alliance, espacio que contó con la asistencia de aproximadamente 50 personas, incluyendo al Comisionado Joel Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Durante el encuentro se relataron las causas que condujeron a la rebelión cívica, además de la presentación de un informe de violación de derechos humanos a cargo de la organización Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH); finalmente, se hizo un llamado urgente la comunidad internacional de pronunciarse frente a la situación y hacer lo necesario para instar al gobierno nacional a detener las represiones.

El evento fue transmitido en vivo a través de nuestras redes sociales.  Puede verse aquí— https://goo.gl/NdRgtN

El segundo evento fue  organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el informe: Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaraguadicho evento también fue transmitido en vivo en nuestras plataformas sociales.

Puede verse aquí: https://goo.gl/mmuPQZ

 Finalmente, Las y los activistas exhortaron a la comunidad internacional a seguir presionando al gobierno nicaragüense a que acepte una visita de la Oficina del Alto Comisionado (Visita que fue luego aceptada); a condenar públicamente las acciones del gobierno de Nicaragua en contra de sus ciudadanos e instaron a la ONU y a los Estados Miembros a pedir una Comisión de Investigación Independiente para investigar y sancionar los crímenes cometidos.

(a la redacción de este artículo, habían más de 200 matanzas documentadas.)

¡PORQUE NUESTRAS VOCES SEAN ESCUCHADAS E INCLUÍDAS! Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, afrocaribeña y de la Diáspora.

El 25 de Julio se conmemora el día internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña, fecha instituida en 1992 después de la reunión en República Dominicana de más de 400 mujeres de diversos países latinoamericanos para analizar las secuelas del racismo y sexismo en la región; espacio que además se propuso como forma de articular acciones conjuntas y recordar a las luchadoras históricas.

Durante este día recordamos que la lucha por abatir los vejámenes de la discriminación, la pobreza y la violencia está vigente, pues todavía los espacios de participación son disputados debido a lógicas racistas y discriminatorias, por ser mujer y ser afrodescendientes, que imperen en espacios colectivos.  Las mujeres de la región seguimos siendo víctimas de una guerra hostil empeñada en condenar nuestras voces, nuestros cantos, en violentar nuestros cuerpos y arrebatar nuestros hijos.

Es importante recordar que muchos han sido los esfuerzos de las organizaciones de mujeres afrodescendientes para lograr el reconocimiento y la participación en espacios de toma de decisión, por esto, instamos a los todos los estados promover acciones afirmativas en favor de la inclusión de las voces de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, espacios que permitan la promoción de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos y condenen severamente todo tipo de discriminación étnico-racial.

Hoy nos levantamos en resistencia por las mujeres que sufren la guerra y desidia del en Nicaragua, por el hostigamiento y represión contra las mujeres en Colombia, especialmente aquellas que son perseguidas por liderar la vida en el territorio; nos levantamos por aquellas mujeres no reconocidas y discriminadas en Perú, por la violencia y hostigamiento contra las mujeres trans en Brasil; por las voces de las mujeres en Panamá; por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en toda la región; seguiremos luchando porque nuestras voces sean escuchadas, incluidas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a Aníbal Toruño y otros periodistas de Radio Darío en Nicaragua

Washington – 5 de Julio de 2018 – Tras la crisis desatada en Nicaragua el pasado 18 de abril, que ha cobrado la vida de más de 300 personas a manos de fuerzas parapoliciales y turbas sandinistas que insisten en silenciar las protestas de jóvenes, hombres y mujeres en contra de las represiones del gobierno de Daniel Ortega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a periodistas de Radio Darío y su director Aníbal Toruño; esto a causa del hostigamiento, asedio y represión a la que se han visto sometidos, incluso después del atentado sufrido el pasado 20 de abril en las instalaciones de la emisora al ser incendiada por grupos que simpatizan con el gobierno de turno.

La situación de intimidación propiciada al señor Aníbal Toruño, y los periodistas Aníbal Enrique Alonso Toruño, Víctor Xavier Morales Toruño, Audberto Gallo, Eduardo Amaya, Henry Blanco, Eladio Canales, Elmer Cano, Leo Cárcamo, Gary Castillo, Marcelino Osorio, Alexander Quiroz, Francisco Torres y Jorge Vallejos se ha presentado desde inicios de la crisis del país Nicaragüense a raíz de las denuncias que desde el medio de comunicación se han promovido en contra de las represiones del gobierno de Ortega; así mismo, día 5 de Julio dos de los periodistas del equipo de Radio Darío, que han sido cubiertos con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, fueron agredidos a golpes por parte de la Policía Nacional mientras cubrían la situación que se vive hoy en León, hasta ahora ha dejado tres muertos y varios heridos, además la policía ha destruido sus equipos y los ha retenido sin argumento alguno.

Las agresiones propiciadas los casos de detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento, como amenazas, hostigamiento y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana han sido prácticas implementadas por parte del gobierno para censurar y acallar las demandas de un pueblo inconforme con las lógicas de violencia nacional.

El contexto de intimidación y de graves violaciones a los derechos humanos por el hostigamiento, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y terceros armados y especialmente la desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra la población en general, especialmente defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas son parte de los antecedentes que la CIDH ha asumido para otorgar las medidas cautelares a este grupo de periodistas y defensores de derechos humanos hasta hoy amedrentados, perseguidos y amenazados por promover espacios de participación ciudadana en medio de la coyuntura nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la situación de desprotección, vulneración y riesgo que viven hoy los periodistas y defensores de derechos humanos, a causa de su ejercicio de denuncia, en este caso específico, el señor Aníbal Toruño y sus periodistas, atienden los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contempladas en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión; por tanto, la CIDH instó al estado de Nicaragua a través de la resolución otorgando la medida cautelar a velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los integrantes de la Radio “Darío”, por tanto, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias como está establecido en el derecho internacional de derechos humanos; por otro lado, solicita al Estado adoptar las medidas necesarias para que las personas propuestas beneficiarias puedan desarrollar sus labores como periodistas sin ser objeto de actos de intimidaciones amenazas u otro hecho de violencia en el ejercicio de las mismas.  Lo anterior incluye, por ejemplo, las medidas que fuesen necesarias para brindar protección a las instalaciones de las radios y finalmente, se solicitó al Estado informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida de los periodistas de Radio Darío y su director Aníbal Toruño, para así continuar con labor de denuncia e información pública que garantizar la participación y expresión política de cada ciudadano y ciudadana en Nicaragua.

Puede leer aquí la resolución 47/2018 – Medidas Cautelares a Aníbal Toruño Jirón y otros integrantes de la Radio “Darío”

Voces de Nicaragua analizan crisis de derechos humanos en Nicaragua y plantean recomendaciones para garantizar la verdad, la justica y el restablecimiento de un orden democrático.

El 6 de Junio de 2018, en el marco de 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – OEA, se realizó el evento “Voces de Nicaragua: Derechos Humanos y Democracia”, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, Amnistía Internacional y JASS Mesoamérica. Los objetivos del evento estuvieron orientados a propiciar la visibilización y el diálogo sobre la crisis de derechos humanos y gobernabilidad democrática que se ha profundizado en Nicaragua hace 50 días: 129 han perdido la vida y la protesta social legítima a sido reprimida con violencia. El panel realizado estuvo moderado por el Director Ejecutivo de Raza & Igualdad, y contó con la participación representantes de las organizaciones convocantes, del secretario ejecutivo de la Comisión interamericana de Derechos Humanos – CIDH Pablo Abrão, y líderes y lideresas Nicaragüenses.

El conjunto de las intervenciones de los panelistas permitió comprender la gravedad y características de la crisis humanitaria: cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos paraestatales en complicidad con la policía nacional, agresiones contra ciudadanos en las protestas, malos tratos en las prisiones, criminalización y hostigamiento de líderes sociales, censura severa a los medios de comunicación y redes sociales. El comportamiento del gobierno de Nicaragua ante esta crisis ha sido a claramente negligente, y violatorio de todos los estándares de derechos humanos.

Esta crisis, que se hizo más visible al mundo desde la intensificación de la represión del pasado mes de Abril, este el resultado de un patrón sistemático consolidado desde hace varios años: “una muerte anunciada” según lo indicó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez. Su análisis denuncia como el aumento de la represión y las violaciones a los derechos humanos a partir de 2016 ha estado asociado con creación por parte del gobierno de fuerzas de choque instrumentalizadas jóvenes del partido sandinista y demás organizaciones parapoliciales. Las protestas contra una reforma a la ley de seguridad social que perjudica a la ciudadanía en general, y desconoce los derechos estipulados a los pensionados, fue uno de los factores que desencadenó la ola de represión actual.

La violencia ejercida por el Estado y fuerzas paraestatales ha tenido una magnitud y características de extrema gravedad. Se trata de una “política sistemática de uso excesivo de la fuerza” que claramente aprueba la comisión de ejecuciones extrajudiciales; así lo indicó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, quien presentó el informe “Disparar a Matar” construido a partir de testimonios directos: “Con mucho preocupación hoy podemos decir que, después de la elaboración del informe, tenemos evidencias para argumentar que en Nicaragua existe una política sistemática de represión violenta que acalla indiscriminadamente las voces que pacíficamente se manifiestan a manos de turbas, grupos armados y parapoliciales”

La gravedad de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, y la libertad de expresión también fueron confirmadas por el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão, y por el Relator sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza. La CIDH desplegó una reacción inmediata ante la oleada de violencia y represión, denunciado la situación y exhortando al gobierno de Nicaragua a cesar la represión, garantizar la libertad de expresión, judicializar y sancionar a los responsables de los actos violentos, y adoptar medidas para garantizar la verdad y la justicia.

El deterioro de una institucionalidad que garantice la independencia de los poderes y la protección de los derechos humanos para los ciudadanos es una dimensión resaltada por Marcía Aguiluz, Directora del programa de Mesoamérica y México de CEJIL: “Las y los Nicaragüenses en este momento se encuentran en un grave contexto de indefensión al no haber una institucionalidad capaz de respaldar y velar por la seguridad de cada ciudadano en el país”.

La prioridad de garantizar condiciones para la verdad y la justicia es una recomendación en la que coincidieron los representantes de la CIDH, CEJIL, Amnistía Internacional, y CENIDH. Como muy bien lo expresa la presidenta de CENIDH: “la solución debe ser rápida, cada mes se acumulan más muertos. Tenemos 129 muertos hasta ahora y ese número va en aumento.   En Nicaragua no puede haber borrón y cuenta nueva, porque al país se le ha negado la justicia, como organizaciones de derechos humanos creemos que primero debe venir la justicia y luego la democratización”. En esta perspectiva es de especial relevancia la recomendación de Amnistía Internacional sobre la conformación de un cuerpo interno de expertos independientes que garanticen la imparcialidad de las investigaciones para así dar paso a la verdad y la justicia.

La capacidad y el compromiso de las organizaciones sociales para enfrentarse a esta situación tan adversa se pudieron constatar a través de las voces de algunos  líderes y lideresas Nicaragüenses que participaron en el evento. Aníbal Toruño, director de Radio Dario reitero su compromiso a pesar de que las instalaciones de este medio fueron quemadas. La lideresa del CISAS, Ana Quirós denunció la criminalización a las y los defensores de derechos humanos: Las defensoras y defensores han estado en permanente riesgo, se identifica que 9 de cada 10 defensores han estado en situación de riesgo, violencia, amenaza, intimidación y campañas de desprestigio; Y 6 de cada 10 agresiones vienen de turbas o fuerzas parapoliciales – paraestatales organizadas por el partido sandinista específicamente para agredir”. También denunció el caso de Félix Madariaga hoy señalado por la policía Nacional de hacer parte de un cartel  al margen de la ley:

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad hacia la sociedad y las organizaciones nicaragüenses. Non unimos a las #VocesConNicaragua que demandan verdad y justicia para las 129 personas asesinadas y sus familias, y el restablecimiento de un orden democrático que garantice los derechos humanos. Estaremos atentos a apoyar sus acciones de incidencia y de promoción y protección de los derechos humanos.

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