PRONUNCIAMIENTO Continúan agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua

PRONUNCIAMIENTO Continúan agresiones contra organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Washington D.C., 14 de diciembre de 2018. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente los violentos allanamientos ilegales cometidos a partir de la madrugada de este viernes por la Policía de Nicaragua a las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), Fundación Popol Na, Fundación del Río, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), todas estas  organizaciones a las cuales la Asamblea Nacional les había cancelado su personalidad jurídica de forma arbitraria. Asimismo, Raza e Igualdad repudia el allanamiento realizado al medio de comunicación digital Confidencial, en donde también funcionan los estudios de los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana y la ocupación ilegal de sus equipos de trabajo.

Las organizaciones denunciaron que para ingresar, los agentes de la Policía abusaron de su autoridad, agredieron físicamente a vigilantes, rompieron puertas, destrozaron mobiliario e incautaron ilegalmente documentos, equipos de trabajo, computadoras e incluso vehículos.

Ante este hecho sin precedentes en la historia reciente nicaragüense, expresamos nuestro repudio a la arbitrariedad e impunidad con la que actúan las autoridades nicaragüenses dispuestas a violar las libertades fundamentales de asociación y reunión pacífica de los defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y activistas disidentes, para servir a los fines de la dictadura Ortega Murillo. Tal proceder confirma una abrupta reducción y restricción de los espacios de participación democrática y los derechos políticos de los grupos que han decidido reclamar por justicia y paz en Nicaragua.

Así mismo, declaramos que los allanamientos ilegales realizados por la Policía no sólo transgreden el derecho a la propiedad e intimidad de las y los defensores directamente implicados y persistentemente agredidos, criminalizados y perseguidos, sino que son una contundente expresión del totalitarismo y política de miedo que el Estado de Daniel Ortega y Rosario Murillo han instalado en el país centroamericano.

Demandamos al gobierno de Ortega restablecer la personalidad jurídica de las asociaciones antes mencionadas y regresar los bienes sustraídos.

Estos hechos son evidencia del estado de represión y crisis de derechos humanos que enfrenta el pueblo de Nicaragua, por tal razón, urgimos a la  comunidad internacional pronunciarse ante estos actos que transgreden el bienestar de todo ser humano, coartan la participación e imposibilitan la construcción de sociedades democráticas que buscan alcanzar el bienestar, la justicia y la paz.

Organizaciones de derechos humanos condenamos acciones estatales para dejar en indefensión a población nicaragüense

Washington, D.C. 13 de diciembre de 2018. El día de ayer, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una solicitud por parte del gobierno de Daniel Ortega en la cual se cancela la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la organización Hagamos Democracia. Hoy, 13 de diciembre, fueron canceladas las personerías de 5 organizaciones más: Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.

Esta acción se suma a otros decretos que fueron aprobados en días pasados para cancelar la personería de la organización Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Para justificar estas decisiones, la Asamblea Nacional argumenta falta de requisitos administrativos, así como la presunta participación en actos golpistas. En la realidad, todas las organizaciones afectadas tienen una amplia trayectoria en la defensa de la democracia, la justicia y de los derechos humanos.

La actuación contra el CENIDH reviste particular preocupación por su rol como defensores históricos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en un país sin institucionalidad capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales. En este sentido, las actuaciones estatales no solo impactan a las organizaciones, sino que dejan en indefensión a miles de personas.

Hasta la fecha, 325 personas han sido asesinadas por causa de la represión, 24 de ellas niños y niñas. Además, se documentan más de 603 presos y presas políticos (40 de ellas mujeres), 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo; más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica; y, 417 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo. Con respecto a la libertad de expresión, tan solo en los últimos dos meses se acumulan 56 de esas violaciones que van desde la intimidación hasta las agresiones directas contra periodistas.

Estas cifras demuestran que la situación se agrava día con día y amenaza con desestabilizar aún más a toda la región centroamericana.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad ante los y las colegas defensoras de derechos humanos en Nicaragua y les decimos que acompañamos su lucha. No están solos.

Asimismo, condenamos de manera enérgica esta arbitrariedad que solo demuestra el cierre absoluto de espacios democráticos en este país. Finalmente, hacemos los siguientes llamados:

1.    A la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque de manera inmediata al Consejo Permanente y emitan una resolución que condene estos hechos, así como realice todas las acciones posibles para que Nicaragua cese en sus actos represivos.

2.    Al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se envíe una delegación de alto nivel a Nicaragua y se ofrezcan sus buenos oficios a efectos de generar vías que permitan una pronta salida a esta crisis

3.    Al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), la Unión Europea, y demás países que conforman la comunidad internacional para que se pronuncien condenando los hechos descritos y tomen todas las acciones necesarias para apoyar a las personas defensoras en este país, así como para exhortar a las autoridades a rectificar sus actuaciones.

4.    A todas las personas, organizaciones, y movimientos sociales que creen en la democracia y en la justicia para que levanten sus voces y expresen solidaridad ante el pueblo nicaragüense.

Organizaciones firmantes:

Argentina:
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Ningunas Santas, mujeres por la perspectiva de género

Brasil:
Instituto de Estudos da Religião (ISER)
Conectas Direitos Humanos

Bolivia:
Oficina Jurídica para la Mujer

Colombia:
Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar)
Grupo Interdisciplinario (GIDH)
Sisma Mujer

Costa Rica:
Asociación Ciudadana ACCEDER
Asociación MANU
Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos)
Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina)
Colectivo Furia Rosa / Peras del Olmo
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectivo Transcendentes
Costa Rica Afro
Mujeres en Acción
Observatorio Ético Caribe y América Central (OBETICA)

Ecuador:
Acción Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM)
Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial
Fundación Pachamama
Terra Mater

España:
Observatorio Ético Internacional (OBETI)

Estados Unidos:
Washington Office on Latin America (WOLA)
Peace and Hope International
American Jewish World Service

Guatemala:
Centro para la Defensa Legal Indígena
Condena total
Convergencia por los Derechos Humanos:
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)
CPR-Sierra
Fundación Myrna Mack
Fundación para la Juventud (FUNDAJU)
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Sociedad Civil para el Desarrollo de la Juventud (SODEJU)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Honduras:
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)

Inglaterra:
#SOSNicaragua

México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Colectivo de Mujeres (COLEM)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS)

Paraguay:
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri)

Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos
CLADEM
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus)
Movimiento Manuela Ramos
Paz y Esperanza
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos

Suiza:
Plataforma Internacional Contra la Impunidad

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:
Acción Solidaria
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Regionales:
Asociación Interamericana para la defensa del  Ambiente (AIDA)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Ciudadano Inteligente
Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los derechos Humanos de las Mujeres
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Hivos
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
International Institute on Race, Equality and Human Rights
Nexos, Programa Centroamericano de Derechos Humanos
Synergía – Initiatives for Human Rights
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales

Globales:
Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS)
International Service for Human Rights (ISHR)
Robert F. Kennedy Human Rights
Oxfam International

Persecución a defensores de derechos humanos en Nicaragua: cancelan personería jurídica del CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP, CISAS y otras cinco ONGs

Washington, D.C. 12 de diciembre, 2018. El Gobierno de Nicaragua escaló en las últimas dos semanas la persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos en el país y utilizó a la mayoría parlamentaria del FSLN, partido de gobierno, para cancelar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el país, siendo las últimas dos: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Hagamos Democracia.

Se trata de “una decisión de eliminar todo aquello que se opone, que critica la perversidad de la represión que están impulsando” las autoridades, dijo Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH, tras conocer la decisión de la Asamblea Nacional (AN), aunque aseguró que el “compromiso de seguir acompañando al pueblo nicaragüense en la forma que sea, no lo disuelve una ilegal y arbitraria resolución de órganos que no tienen autonomía, que no tienen independencia”.

El pasado 29 de noviembre, la AN canceló la personalidad jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), luego de que las autoridades migratorias despojaran de su nacionalidad nicaragüense a su directora, la defensora de derechos humanos y feminista, Ana Quirós Víquez y la deportaran a Costa Rica. Posteriormente, el 11 de diciembre  le fue cancelada la personalidad jurídica al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de pensamiento dirigido por el académico y activista Félix Maradiaga, quien debió autoexiliarse en Estados Unidos por la criminalización a la que se vio expuesto.

A las cuatro organizaciones, las cuales han tenido un rol aún más determinante durante los últimos ocho meses de crisis sociopolítica y de derechos humanos, se les acusa de forma infundada de haber cometido actos ilícitos, haber violentado el orden público y haber realizado actividades que no corresponden a los fines para los que fueron constituidas. Sin embargo, las autoridades incurrieron en arbitrariedades tales como procesos secretos, expeditos y no permitieron que los representantes legales de dichas organizaciones alegaran nada en su defensa.

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“Hay CENIDH para rato”

El CENIDH nació en 1990 como un centro por la defensa y la promoción de los derechos humanos en Nicaragua y dos años después obtuvo su personería jurídica. Hoy, 12 de diciembre por la mañana, a solicitud del director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, la Asamblea Nacional recibió con trámite de urgencia la propuesta para cancelar la personería jurídica de esta organización.

Según la exposición de motivos de Sirias, el CENIDH se encontraba acéfalo porque su Junta Directiva estaba vencida, tampoco reportó sus estados financieros para el año 2017 y además “utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

Aunque los anteriores argumentos fueron respaldados por diputados del FSLN, en el pleno parlamentario los diputados opositores negaron dichas acusaciones e insistieron en que se trata de una arbitrariedad más del Gobierno nicaragüense contra defensores de derechos humanos.

María Fernanda Flores, diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la Asamblea nicaragüense estaba “dejando indefensa a toda una población que a través del CENIDH denuncia a diario los atropellos y las violaciones a sus derechos”, mientras el diputado Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama, expresó que con la cancelación de la personería jurídica del CENIDH se está más bien profundizando la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril. “Desde los pueblos indígenas hemos sido testigos del trabajo arduo y totalmente dedicado de la doctora Núñez con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas, a todos”, afirmó Rivera.

Finalmente, la cancelación de la personalidad jurídica del CENIDH se aprobó con 70 votos a favor y 17 en contra. Núñez, presidenta de la organización, calificó de “perversa” la iniciativa y se mostró indignada ante los medios de comunicación que la acompañaron en la sede de la institución luego que se aprobara el decreto.

“Hay CENIDH para rato, hay compromiso de todos y cada uno de los defensores de derechos humanos, de su Consejo Directivo, de sus miembros fundadores, pero sobre todo el equipo que a diario se enfrenta a la violencia, a la discriminación, a los atropellos que comete el Gobierno”, dijo Núñez acuerpada por los defensores y defensoras del CENIDH.

Sobre las razones presentadas hoy por el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ante la Asamblea Nacional, Núñez reveló que el 23 de marzo entregaron al MIGOB su estado financiero relativo al año fiscal del 2017 aunque no se les brindó una constancia de legalidad; y con respecto a la Junta Directiva, dijo que ésta venció el 25 de abril y que la asamblea para elegir a las nuevas autoridades tuvo que ser suspendida por la crítica situación en la que se encontraba el país en esos días en que recién empezaba la crisis.

“Se elige la Junta Directiva y el 30 de noviembre de 2018 se les manda el acta certificada y los requisitos. Ellos no quisieron firmar, no quisieron ponerle presentado y nos entregaron una lista de 15 requisitos que decían que para que pudieran aceptarla teníamos que cumplir”, dijo Núñez, quien expresó que el CENIDH no ha violado ninguno de sus estatutos y todas sus acciones han estado enmarcadas dentro de la ley.

“Estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier invasión de nuestra institución física que quieran hacer, con esto no van a coartar nuestro compromiso”, enfatizó la Presidenta del CENIDH, quien recientemente cumplió 80 años.

Persecución a defensores

El CENIDH presentó en esta semana, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un informe titulado “Graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado de Nicaragua” en el que describe los derechos violentados durante seis meses de resistencia cívica frente a la represión gubernamental.

En el informe refleja que el Estado de Nicaragua violentó el derecho humano a defender derechos”, porque existe un patrón de ataques dirigidos a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, abogados, estudiantes y activistas, los cuales han sido víctimas de acciones de intimidación, amenazas, asesinatos, detenciones, allanamientos ilegales, campañas de desprestigio, difamaciones, criminalización, entre otras, con el objetivo de “silenciar sus voces e impedir el ejercicio del derecho a informar, de manifestarse, de expresarse y de defender los derechos humanos”.

El CENIDH había solicitado días atrás permiso para marchar en conmemoración al Día de los Derechos Humanos, acatando la inconstitucional disposición policial en relación con las manifestaciones. El permiso no sólo fue denegado, sino que la Policía alegó como uno de los supuestos argumentos que la organización estaba siendo investigada por los hechos de abril.

Un día después de que la Asamblea de Nicaragua cancelara la personalidad jurídica del CENIDH y Hagamos Democracia, esta institución canceló la representación legal de otras cinco organizaciones defensoras de derechos humanos, de la naturaleza y de la libertad de prensa: el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), cuya directora, Haydeé Castillo, ha sufrido múltiples persecuciones, amenazas e incluso le fue impuesta una retención migratoria; la ambientalista Fundación del Río, la cual ya había sido amenazada por difundir información y denunciar arbitrariedades con relación al incendio en la Reserva Indio Maíz; el Instituto para el desarrollo y la democracia (IPADE), una de las organizaciones nacionales e independientes más capacitadas para observar comicios; la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na, líder en la lucha anticanal y cuya directora, Mónica López Baltodano, debió autoexiliarse en Costa Rica por las constantes amenazas a las que se enfrentaba en el país; y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

PRONUNCIAMIENTO

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enérgicamente condena y rechaza la arbitraria decisión del Estado de Nicaragua expresada el día de hoy en el pleno de la Asamblea Nacional de cancelar la personalidad jurídica a organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la democracia.

El decreto legislativo de cancelación de la personalidad jurídica del ILLS, Fundación del Río, IPADE, Fundación Popol Na, CINCO, así como el que le antecedió para el CENIDH, Hagamos Democracia, IEEPP y CISAS evidencian el estado de represión y grave vulneración a la libertad de expresión, participación asociación y reunión pacífica de la que hoy es víctima el pueblo nicaragüense, defensores y defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes, disidentes del proyecto dictatorial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo están imponiendo al pueblo nicaragüense. 

Rechazamos los señalamientos de diputados del FSLN en la  Asamblea Nacional, que irresponsablemente acusan de “terroristas” y “golpistas” a organizaciones defensoras de derechos humanos que incansablemente, como el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional lo conoce, han reclamado por justicia, democracia y verdad por las víctimas del régimen. 

Con preocupación observamos las gravísimas consecuencias que tiene la inexistencia de un Estado de Derecho de Nicaragua por el accionar del gobierno de turno, que lejos de garantizar, velar y proteger los derechos humanos del pueblo, con obstinada persistencia ha coartado a la sociedad civil sus legítimas posibilidades de participar libremente de la construcción social, lo que abre nuevas, repugnantes  y deliberadas brechas de desigualdad, exclusión y discriminación.

Así mismo, denunciamos que esta determinación del régimen de Ortega y Murillo  nunca logrará invisibilizar  el terror, la vulnerabilidad y violencia que atraviesa el país desde hace ocho meses, y se orienta a perpetuar la impunidad en que continúan  las graves violaciones a los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses tras los asesinatos, persecuciones e intimidaciones a las que han sido sometidos a causa de su denuncia. 

En Raza e Igualdad estamos convencidos de que sin un nuevo acuerdo político y social no habrá resolución pacífica de la crisis, por tanto, demandamos al Estado de Nicaragua respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión de los nicaragüenses; así como, exigimos respetar  las garantías al debido proceso y derecho a la defensa hoy transgredidos de forma desvergonzada por la Asamblea Nacional al sancionar a dichas organizaciones basados en informes unilaterales que acusan arbitrariamente a las instituciones de realizar actividades distintas a sus objetivos y misión. 

Todos estos hechos nos motivan a elevar la alerta internacional respecto de la situación de Nicaragua, invitando a la comunidad internacional y a los  órganos de protección de los derechos humanos y a distintas expresiones de sociedad civil a que redoblemos  esfuerzos para que la democracia, la justicia y la paz retornen muy pronto a Nicaragua.

Organizaciones demandamos a CIDH que endurezca sanciones contra Nicaragua, en respuesta a la gravedad de la crisis de DDHH

Washington, D.C., jueves 6 de diciembre de 2018.- Las organizaciones participantes de la audiencia temática sobre “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua”, celebrada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacemos enérgica denuncia de la renuencia del Estado de someterse al escrutinio internacional. Esto demuestra su falta de interés para dar respuesta acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones en las que ha incurrido desde 18 de abril a la fecha.

El país se encuentra sumido en una crisis política y social, desde hace casi ocho meses, que estalló con protestas masivas en respuesta al a la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social.

Con extrema preocupación, vemos cómo las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte, en especial, en contra de aquellos/as que son víctimas de la represión, amenazas, señalamientos y detenciones arbitrarias de parte del régimen.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, alrededor de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 600 manifestantes, estudiantes y activistas privados/as de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Lo que hoy enfrenta Nicaragua es, a todas luces, una dictadura.

Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer una falsa “normalidad” en el país, cuando los actos de represión y violencia se siguen intensificando, a través de políticas de miedo que crean un ambiente de inseguridad en la población y coartan la libertad de expresión de las y los nicaragüenses.

En este sentido, la prohibición absoluta de la protesta social, así como la persecución sistemática contra periodistas y medios de comunicación independientes son muestra evidente de un gobierno que insiste en quebrantar y violentar los legítimos derechos a la libertad de expresión, prensa e información del pueblo de Nicaragua.

Por todo lo anterior, solicitamos a la CIDH que incluya en el Capítulo VI de su informe anual la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso.

En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados/as y del relator especial de Libertad de Expresión, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución.

Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder.

Defensores nicaragüenses denuncian nueva escalada represiva en el país, mientras CIDH asegura no cesará de acompañar a ONGs de Derechos Humanos y a la población

Washington, D.C. 6 de diciembre de 2018. Un grupo de defensores nicaragüenses expuso hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo una nueva escalada represiva por parte del Gobierno de Nicaragua busca desarticular todo espacio de crítica y acallar las voces de manifestantes, periodistas, mujeres, activistas, campesinos y todos aquellos que defienden la libertad, exigen democracia y piden justicia para las víctimas que desde abril han sufrido violaciones de derechos humanos.

Durante la audiencia temática “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada hoy en el marco del 170º  periodo de sesiones de la CIDH,  defensores y defensoras de catorce organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Raza e Igualdad, solicitaron a la CIDH y a la comunidad internacional que “realicen todas las acciones necesarias para que cese la represión y para que haya una salida democrática a esta crisis”.

El Estado de Nicaragua, que estaba invitado a participar de dicha audiencia, la cuarta en realizarse desde que inició la actual crisis de derechos humanos hace ocho meses, no se presentó alegando  que no corresponde realizar una audiencia como mecanismo de monitoreo para el país debido a la presencia permanente del MESENI. Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil,  la falta de comparecencia del Estado nicaragüense refleja la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales.

Por su parte, Paulo Abrāo, Secretario Ejecutivo de la CIDH,  aseguró que la situación de Nicaragua se está atendiendo “a un nivel prioritario” porque en el país se ha instalado un Estado policial. “No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no reciba denuncias de violación de derechos humanos en el contexto de la crisis”, lamentó.

Situación actual del país

Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos y la CIDH han constatado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 603 presos y presas políticos, 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo, más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica. Además, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), calcula que cerca de 417 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis.

Madeleine Caracas, universitaria nicaragüense, miembro de la Coalición Universitaria, actualmente refugiada en Costa Rica, expuso que desde finales de septiembre la fuerza pública ha impedido las manifestaciones cívicas, lo que “inhibe el legítimo derecho de las personas a expresarse y demuestran el autoritarismo que estamos enfrentando”. Además, reveló que hay más de un centenar de estudiantes universitarios que han sido expulsados de sus universidades por haber participado en protestas y en la toma de universidades.

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Mientras que la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IND) ha contabilizado más de 370 agresiones a mujeres, de las cuales 2 denuncian haber sido víctimas de violación sexual, 2 mujeres trans fueron asesinadas, y otras 102 fueron detenciones arbitrarias. 48 mujeres aún permanecen detenidas, algunas con condena, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso, detalló Caracas.

La joven resaltó también la continua persecución a defensoras de derechos humanos, y puso por ejemplo los casos de Ana Cecilia Juguer, promotora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien lleva 20 días apresada en El Chipote, Haydeé Castillo, quien fue retenida en el aeropuerto y a quien se le impuso una retención migratoria, y el caso más reciente de Ana Quirós, expulsada del país, despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y a cuya organización (Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud) le fue cancelada su personería jurídica.

“Es evidente y preocupante que las personas que defendemos derechos humanos en Nicaragua somos uno de los principales objetivos de la estrategia de represión implementada por el gobierno Ortega-Murillo. No nos permiten realizar nuestra labor de defensa, se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos niega información, entre otras agresiones”, denunció Caracas.

Marcos Carmona, de la CPDH, detalló las detenciones ilegales, los procesos penales contra los manifestantes y las violaciones de las garantías al debido proceso.

“CPDH lleva 72 procesos a los que están sometidas 178 personas, de las cuales 35 han sido condenadas a penas mayores de 24 años por terrorismo, 20 personas han logrado su libertad, 102 personas esperan fallos”, expresó Carmona, quien afirmó que “todos estos procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales y el debido proceso y todos sus derechos humanos, desde la detención, la desaparición forzada, hasta las violaciones de los derechos a la legítima defensa y a los principios de presunción de inocencia”.

Carmona además enfatizó en que “ningún policía, ningún paramilitar, ningún dirigente partidario afín al gobierno ni funcionario han sido procesados” por los delitos que se cometieron desde abril como parte de la respuesta represiva del Gobierno a las manifestaciones cívicas.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que a los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados, no se les permite el acompañamiento de defensores de derechos humanos, se les niega el acceso a recibir atención médica y sus familiares enfrentan obstáculos para visitarlos y acompañarlos durante el juicio.

Asimismo, Núñez denunció que seis líderes campesinos están “recluidos en celdas de máxima seguridad, sin acceso a luz ni ventilación, conviviendo con plagas y sin acceso a retretes adecuados” y otros han sido forzados a autoexiliarse producto de la persecución.

También destacó la censura y criminalización a la que se enfrentan distintos medios y periodistas nicaragüenses e incluso la Iglesia. “Desde el inicio de la crisis la represión se ha caracterizado por adoptar medidas represivas contra la libertad de expresión”, destacó Núñez, mencionando la escalada de ataques y agresiones hacia periodistas y hacia religiosos de la Iglesia Católica nicaragüense.

Peticiones

Las organizaciones participantes en audiencia hicieron a la CIDH siete peticiones, entre ellas que  el Estado de Nicaragua cese inmediatamente la represión, que continúe monitoreando la situación del país, que incluya a Nicaragua en el Capítulo IV de su Informe Anual del año 2018 y que exija al Estado las condiciones adecuadas para que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realicen su trabajo sin restricciones.

Además, pidieron a la CIDH demandar pleno acceso a los procesos judiciales para familiares y organismos de derechos humanos, solicitar a los Estados Americanos información periódica sobre los desplazados nicaragüenses, y solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de sesiones periódicas sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, respondió que el monitoreo sobre la situación de Nicaragua se mantendrá constante, que esta semana discutirán la introducción de Nicaragua en el Capítulo IV, que pronto se publicará un informe sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que fortalecerán el Meseni, que los Comisionados y Relatores Especiales continuarán haciendo visitas al país y que ya cuentan con una planificacion al respecto para el primer trimestre de 2019.

“Simplemente quiero insistir en que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día están viviendo en Nicaragua y que van a contar con nosotros de manera permanente, no tengan duda”, concluyó Urrejola.

Por su parte, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó que en Nicaragua se ha dado una supresión absoluta de las libertades fundamentales instalándose un Estado de Terror que busca la demolición moral de los líderes y lideresas de la sociedad civil y que también pretende alcanzar a la CIDH.

OACNUDH volverá a Nicaragua

Tres meses después de que la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), se retirara de Nicaragua porque el Gobierno dio por concluida su misión, representantes de esa oficina volverán a Managua a mediados de diciembre, reveló hoy Marlene Alejos, Representante Regional de la OACNUDH para América Central, Panamá y República Dominicana.

“La Oficina realizará una visita a Managua a mediados de este mes, para explorar con el Gobierno la existencia de condiciones adecuadas que permitan volver a trabajar en el país, tanto en el monitoreo de la situación de derechos humanos como en la asistencia técnica”, explicó Alejos.

Dos días antes de su expulsión, la OACNUDH publicó un informe sobre la crisis de Nicaragua en el concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De igual forma, Alejos recordó que en marzo de 2019 se desarrollará una Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la que los Estados Miembros evaluarán la situación de Nicaragua y que otra oportunidad importante será  en el mes de mayo durante el Examen Periódico Universal.

Agresiones a periodistas independientes escalan de forma alarmante en Nicaragua y motivan reacción internacional

(Foto principal: Cortesía, Oscar Navarrete, La Prensa de Nicaragua).

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Las agresiones a periodistas, directivos, editores y colaboradores de medios de comunicación independientes por parte de autoridades y simpatizantes del FSLN, partido de Gobierno han arreciado en los últimos dos meses en Nicaragua, de acuerdo con testimonios de comunicadores y organizaciones que  defienden la libertad de expresión.

Según la Fundación Violeta B. de Chamorro, (FVBCH), entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre han contabilizado un total de 77 violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. Y desde el 18 de abril, día en que inició la crisis actual de derechos humanos en ese país, hasta la fecha, la suma de agresiones, hostigamientos, detenciones arbitrarias, asedio, espionajes y requisas e inspecciones fuera de rutina asciende a 497 casos.

Reporteros Sin Fronteras denunció el día de hoy,  que las fuerzas policiales “ya no se contentan con obstruir el trabajo de los periodistas”, sino que “ahora emprenden directamente acciones violentas contra los periodistas que consideran demasiado críticos con el gobierno”.

Nicaragua está sumida en una crisis de derechos humanos causada por la represión gubernamental a miles de manifestantes que se alzaron en protestas en todo el país reclamando justicia y democracia. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicha represión, que se ha desarrollado en cuatro etapas desde abril, ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos, cientos de presos y presas políticas y miles de ciudadanos exiliados.

Agresiones recientes

La última agresión reportada hacia medios de comunicación ocurrió el pasado 3 de diciembre, cuando agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Radio Darío en la ciudad de León, obligaron a los colaboradores que allí se encontraban a apagar los equipos de radioemisión y los esposaron bajo amenaza de ser encarcelados. Tres de los colaboradores de la radio: Leo Cárcamo, Henry Blanco y Audberto Gallo cuentan, así como el director de la radio, cuentan con medidas cautelares No. 693-18, otorgadas por la CIDH el 2 de julio de este año.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

“Fue todo un operativo policial, con un derroche de fuerza y vehículos, rodearon por tres horas la manzana (el perímetro) donde estamos nosotros ubicados”, denunció Aníbal Toruño, director de Radio Darío, al periodista Carlos Fernando Chamorro en el programa de televisión Esta Noche.

Toruño responsabilizó por proceder arbitrariamente al Primer Comisionado de León, Fidel Domínguez, y alertó que las autoridades están “tratando de destruir la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el staff de la Radio Darío”.

La Radio Darío ha sufrido el asedio de las autoridades y simpatizantes del FSLN desde el inicio de la crisis en abril. El 20 de ese mes, las instalaciones de la radio fueron quemadas completamente por dos reconocidos cuadros del partido de Gobierno.

Ahora desde otras instalaciones, Toruño aseguró que la radio continuará transmitiendo su programación regular “asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión”.

También el 3 de diciembre, pero en horas de la mañana, medios oficialistas informaron que simpatizantes del partido de Gobierno presentaron una acusación ante el Ministerio Público contra Miguel Mora, director y propietario del Canal 100% Noticias, por considerarlo “incitador de odio y la violencia” a través de la programación noticiosa que transmite. Además, lo acusaron de forma infundada, por la desaparición y supuesto asesinato de Bismarck Martínez, un ciudadano que habría muerto en un tranque durante el mes de junio.

Mora, quien ha sido acosado y retenido en seis ocasiones por agentes policiales, negó las acusaciones, y aseguró que lo que intentan las autoridades es un artilugio legal para encarcelarlo y acallar las denuncias que diariamente se transmiten en su canal.

“Esto es para censurar y callar a los medios independientes de este país… esto es parte de la campaña sucia de desprestigio que lleva el único objetivo de censurar a 100% Noticias y a mí como su director”, denunció Mora, según recoge el diario La Prensa.

En diversas ocasiones durante los últimos ocho meses, el Canal 100% Noticias ha sido censurado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). Hace una semana, Telcor ordenó a dos compañías de cable que retiraran ese canal de su grilla de programación en señal satelital.

Una semana antes, el 30 de noviembre, la Radio Mi Voz de León, anunció que cerraría operaciones temporalmente ante las múltiples invasiones que realizó la Policía de Nicaragua a la radio. Su director, Álvaro Montalván, quien fue detenido y golpeado por la policía en varias ocasiones, aseguró que el asedio al personal de la emisora lo empujaba a tomar esa decisión.

La situación es tan grave, que Reporteros Sin Fronteras señaló que varios periodistas han tenido que abandonar el país debido a constantes amenazas de muerte y persecución que padecen, y advirtió sobre la posibilidad de que más periodistas deban seguir el mismo camino.

En abril, el periodista de Bluefields, Ángel Eduardo Gahona, murió asesinado a balazos mientras transmitía un Facebook Live sobre una manifestación antigubernamental. Aunque los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate fueron declarados culpables por el crimen, tanto los familiares de ellos como los de Gahona señalan que el verdadero asesino continúa impune.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), condena enérgicamente las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que el Gobierno de Nicaragua ha cometido contra medios de comunicación, directores de medios y periodistas independientes que exponen en sus noticieros y programas de opinión las denuncias de nicaragüenses víctimas de la represión estatal.

Las intimidaciones, persecuciones, retenciones temporales injustificadas e invasiones a medios de comunicación sin orden judicial exponen la voluntad del régimen Ortega Murillo de quebrantar y violentar las legítimas libertades y derechos que la Constitución del país les otorga a los hombres y mujeres de prensa. Exigimos a las autoridades nicaragüenses que cesen por completo la represión contra la prensa independiente.

Comunidad LGBTI es más vulnerable tras el inicio de la crisis de Nicaragua, afirman defensores

Washington, DC. Noviembre 30 de 2018. Los derechos de la comunidad LGBTI han sido vulnerados reiteradamente durante la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril pasado. Según activistas y defensores que conversaron con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), esta comunidad ha sufrido en los últimos meses discriminación y asedio de forma más dirigida y sistemática.

“El ser gay o el ser lesbiana en Nicaragua, y aún en este contexto en que la violencia está más justificada socialmente, es una condición de vulnerabilidad más”, sostiene Alex, un joven gay de 25 años que vive en un municipio al norte de Nicaragua. Según el joven activista, están expuestos “no solamente porque no estás de acuerdo con un sistema político totalitario, sino porque sos disidente sexual”.

De tal forma, que “en la calle no solamente te van a atacar por ser Azul y Blanco sino porque van a decir ‘el cochón’ Azul y Blanco, ‘la lesbiana’ Azul y Blanco”, relata Alex.

Él es parte de los miles de ciudadanos que se unieron a las protestas pacíficas que en un primer momento exigían anular unas reformas del Instituto de Seguridad Social, pero que tras una brutal represión gubernamental que ha dejado al menos 325 muertos, más de 2000 heridos y cientos de presos y presas políticas, se volcaron a las calles a reclamar justicia y respeto a los derechos humanos. Los llaman “Azul y Blanco” porque utilizan la bandera de Nicaragua como símbolo de protesta.

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“A partir de mi participación en las protestas he sufrido asedio, persecución”, relata, añadiendo que continuamente pasan frente a su casa grupos de motorizados afines al Gobierno que le gritan frases como “golpista” o lo amenazan con que lo van a matar “por cochón”. “Hacen bastante énfasis en el tema de mi identidad y de mi opción sexual y de vida”, asegura Alex.

Francisca, una mujer lesbiana que prefiere omitir su nombre real por temor, sostiene que antes de la crisis la comunidad LGBTI había avanzado significativamente en el campo del respeto y la igualdad. “Pero en estos tiempos de crisis, muchas cosas en las cuales habíamos avanzado, han retrocedido”, asegura.

Al igual que Alex, Francisca participó de las manifestaciones cívicas, tras lo cual empezó a recibir amenazas y una intensa campaña de descalificación en las redes sociales.

“Me amenazaban directamente, me decían ‘esta es la cochona’, o ‘mirá, ya sabemos dónde vivís, te vamos a caer, alístate’ o ‘te vamos a enseñar lo que es un hombre, talvez así te curás’. Hasta incluso, me sacaron en listas de Whatsapp y de Facebook en las que me ponían como la pro aborto, la feminista loca”.

Esta situación, más una llamada en la que le alertaban que su captura era inminente, obligó a Francisca a huir de su hogar. “Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”, relata la joven.

Ahora vive prácticamente escondida en otra ciudad, junto con su novia. Pero el miedo a que la apresen es constante. La situación de Alex es similar. Según el activista, los que decidieron quedarse en Nicaragua deben vivir “prácticamente en la clandestinidad”.

“Ya llevo casi cinco meses fuera de casa, extrañando la familia, extrañando todo lo que dejé allá. Me tocó salir solo con una mochila”. Mujer lesbiana, 33 años.

Desde el 13 de octubre, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de cualquier tipo de movilización que no fuera autorizada por esa institución. Un día después, un grupo de 38 ciudadanos y activistas fueron detenidos por agentes policiales por realizar un plantón sin haber solicitado dichos permisos.

“Estamos en mayor peligro, porque como no hay marchas, no hay movilizaciones, el Estado y su aparato represor tiene más facilidad de encontrarte, buscarte y hacer cualquier acción con tu vida y con tu cuerpo. Ahora la represión, las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales, incluso para los defensores y defensoras LGBT, son más focalizados”, explica Alex.

Más agresiones

Las mujeres transgénero también han sufrido distintos tipos de agresiones. “Hay casos de compañeras transgénero que han sido tomadas por la policía o fuerzas paramilitares, que han sido agredidas salvajemente, golpeadas y dejadas tiradas en las calles. Lo que dicen es que eso es una muestra de lo que les va a seguir pasando a los ‘Azul y Blanco’”, cuenta Dámaso Vargas, una mujer transgénero de 25 años y activista de Managua.

Una de las formas de protesta que encontró Dámaso fue abandonar el sistema educativo público. Este año cursaba el último año de bachillerato. “Estoy en desacuerdo con todo lo que está pasando y para mí también es un modo de decir que no estoy de acuerdo, que no voy a seguir dando validez a un Estado que en realidad no está haciendo el trabajo que debería hacer”, sostiene.

Además, hay cuatro mujeres trans que están actualmente apresadas en el sistema penitenciario varonil de La Modelo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El caso más mediático es el de Victoria Obando, una mujer trans de 27 años y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien se atrincheró en su centro de estudios y pertenecía a la Coordinadora Universitaria. Desde finales de agosto fue apresada y las autoridades la acusan de varios delitos como terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

“La compañera Victoria dice que la desnudan delante del resto de reos, los abucheos de parte de los policías, frases como de que ‘aquí lo que hay son huevones, hombres, machos’, sabiendo que no queremos sentirnos así y no nos sentimos así”, comenta Dámaso, quien asegura sentir impotencia y tristeza ante tal situación.

Las violaciones sexuales también se han convertido en una forma de represión. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha registrado 12 casos de hombres y mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante detenciones ilegales o secuestros cometidos por agentes policiales y parapoliciales.

“Son testimonios totalmente terribles que en la actualidad no pueden aspirar a justicia en este contexto precisamente por los miedos y los temores porque no hay instituciones que puedan investigar a las autoridades”, comentó Wendy Flores, abogada del Cenidh, durante el conversatorio “Mujeres en resistencia ante la represión”, organizado por DeHumo la semana pasada.

En el mismo conversatorio Tania Sánchez denunció que a su hermana, Kisha López, mujer trans apresada en La Modelo, un hombre la intentó abusar dentro de la cárcel para hombres en la que se encuentra. “Kisha se defendió y le dio con una escoba en las costillas, porque ella dice que independientemente de lo que ella sea, la tienen que respetar”, señaló Sánchez.

Indígenas

Para las comunidades indígenas, pertenecer a la población LGBTI es un doble factor de vulnerabilidad, indica un indígena miskitu gay, quien prefiere identificarse como Arturo.

Desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas en la Costa Caribe de Nicaragua.

En la opinión del activista y abogado, en la Costa Caribe de Nicaragua “la crisis no es de 7 meses, sino que es una situación que se ha mantenido en el conflicto por la misma exclusión y la discriminación que los poderes del Estado imponen a la sociedad en las comunidades”. Y esto lo ejemplifica con el siguiente dato: desde 2013, 23 personas de la comunidad LGBTI han sido asesinadas. “El trasfondo también es una persecución a esta comunidad”, asegura.

El mismo Arturo afirma haber sido atacado y amenazado en las redes sociales, tanto por su orientación sexual como por “ser defensor de derechos humanos, y por promover los derechos colectivos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos territoriales”.

Continuarán trabajando

Aunque las vulneraciones de derechos humanos en el contexto actual de crisis en Nicaragua no son exclusivas hacia la comunidad LGBTI, los activistas que conversaron con Raza e Igualdad insistieron en la necesidad de que se visibilicen sus problemáticas y desafíos.

Tal como mencionó Alex, “las acciones que hacemos día a día, las reuniones, las estrategias de movilización, los contenidos de redes, la defensa y denuncia de nuestras presas y presos políticos, con énfasis en los LGBTI, es lo que nos mueve”.

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

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