Raza e Igualdad rechaza actos de acoso e intimidación contra periodista Sergio León director general de «La Costeñísima» de Nicaragua

Raza e Igualdad rechaza actos de acoso e intimidación contra periodista Sergio León director general de «La Costeñísima» de Nicaragua

Washington D.C. octubre 23 de 2018 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza y condena enérgicamente los actos de acoso, represión y hostigamiento contra el periodista Sergio León, Director General de la radio “La Costeñísima”, quien fue retenido arbitrariamente por la Policía, el pasado domingo 21 de octubre en Bluefields, ciudad ubicada en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

Los hechos tuvieron lugar mientras el periodista circulaba en su automóvil por las calles de Bluefields, después de ser informado sobre la numerosa presencia de policías y antimotines que se movilizaban por la ciudad fuertemente armados, situación que León decidió documentar por tratarse de una actividad inusual en la zona.

Mientras el periodista se disponía a hacer registro audiovisual y fotográfico de la  caravana de vehículos de la Policía que se encontraban en el sector de Colón en el barrio Fátima, los agentes del ultimo vehículo detuvieron su marcha, se bajaron de la unidad en posición de combate y violentamente abordaron al periodista, alegando que la actividad que realizaba no estaba permitida, argumentos que éste cuestionó expresando que no existía ninguna ley que prohibiera dicha actividad como periodista en su ejercicio profesional.

Acto seguido, los policías le solicitaron la documentación del automóvil y aún después de encontrar que todo estaba en orden, lo obligaron a bajarse de su auto y ser sometido a una inusual requisa; para después ser conducido a una delegación de policía donde fue retenido por más de una hora y multado sin argumento alguno, por la cantidad de 320 córdobas, lo que equivale aproximadamente a 10 dólares.

Adicionalmente, después de ser dejado en libertad, el director general de “La Costeñísima”, encontró que una de las llantas de su automóvil había sido hundida por un punzón y clavo de acero, en posición para que cuando el carro emprendiera su marcha se hundiera en la llanta, acto que también, según la denuncia realizada por el periodista, fue cometido contra su hija días atrás, con claro propósito de atentar contra su vida.

Todos estos hechos constituyen una clara violación a la libertad de circulación, expresión y labor informativa del periodista Sergio León, quien a inicios del mes de octubre participó del 169 periodo de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la sistemática represión que el régimen de Ortega y Murillo ha emprendido contra la ciudadanía que ejerce su legítimo derecho de protestar, y contra  medios de comunicación y periodistas independientes que al informar denuncian al régimen por sus  actos contrarios a los derechos humanos y a las reglas más elementales de la convivencia pacífica.   Los y las periodistas, por su compromiso con la verdad y la justicia  se han visto sometidos a toda clase de actos de intimidación, persecución, hostigamiento y amenazas que atentan contra sus derechos fundamentales.

Raza e Igualdad exige al Estado nicaragüense cesar la persecución e intimidación contra los periodistas independientes y velar porque los derechos a la libertad de expresión, opinión y prensa sean garantizados.  Así mismo, demandamos implementar las recomendaciones realizadas por representantes de medios de comunicación y periodistas en la audiencia pública del período de sesiones 169 de la CIDH, antes mencionado, para garantizar la vida e integridad física de periodistas que hoy son acosados y censurados.  Hacemos un llamado a la comunidad internacional a documentar los actos de represión y censura a los que son sometidos diariamente las y los periodistas en Nicaragua, así como redoblar esfuerzos para que su llamado por la paz, la verdad y la justicia sea prontamente escuchado propiciando las condiciones necesarias para que Nicaragua retorne a la Democracia y garantice el indispensable respeto a los derechos humanos.

COMUNICADO PÚBLICO: Con represión y violencia el régimen de Ortega viola nuevamente el estado de derecho de Nicaragua

Una vez más el gobierno Ortega – Murillo reprimió al pueblo de Nicaragua que pacíficamente se disponía a participar el pasado 14 de octubre, en la marcha cívica “Unidos por la Libertad”, actividad en la que estarían participando activistas y defensores de derechos humanos para exigir paz, justicia y libertad para las y los presos políticos que hoy ascienden a más de 400.

Mientras activistas y reconocidos defensores y defensoras de derechos humanos protestaban pacíficamente exigiendo al régimen de Ortega libertad para las y los presos políticos, antimotines de la Policía fuertemente armados arremetieron violentamente contra las y los manifestantes, argumentando que la movilización se constituía como una actividad instigadora y provocadora, que obstruía el derecho a la tranquilidad y libertad de circulación de las familias nicaragüenses para realizar sus actividades cotidianas; esto según lo expuesto en comunicado oficial de la Policía, en el que se reportaron un total de 38 personas capturadas, de las cuales 8 fueron liberadas horas después. Entre los detenidos están líderes políticos y sociales como Suyen Barahona, Presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, Ana Margarita Vijil dirigente Movimiento Renovador Sandinista y José Antonio Peraza, Director del Movimiento por Nicaragua.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos condena y rechaza enérgicamente la represión y brutalidad en la que incurrió la Policía el día de ayer en contra de activistas y defensores de derechos humanos; así como la censura y hostigamiento contra medios de comunicación nacionales independientes e internacionales que en ejercicio de su labor fueron retenidos.  Todos estos actos se constituyen como una gravísima violación a los legítimos derechos a la protesta social, libertad de expresión y de prensa; así como a la integridad, seguridad y buen trato que merecen las y los nicaragüenses según los tratados que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Constitución nicaragüense.

Con preocupación denunciamos el patrón de crueldad y persecución del régimen de Ortega-Murillo, que se orienta a intimidar a la población para que desista de ejercer su legítimo derecho a manifestarse, lo que transgrede los derechos fundamentales de las y los nicaragüenses, así como el derecho internacional.  Las amenazas y actos de criminalización, intimidación y censura continúan escalando, lo que evidencia la poca voluntad política del gobierno nacional para tramitar una salida pacífica del conflicto y su afán por instalar de facto un estado de excepción.

Demandamos al gobierno de Nicaragua velar por la seguridad de su pueblo y cesar los actos de crueldad; así mismo, exigimos el respeto por ciudadanos y ciudadanas que cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentran hoy detenidos.  Exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos injustamente judicializados y de las personas detenidas ayer por ejercer su derecho a la manifestación. Demandamos información sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos que contribuyan a una solución pacífica a una crisis que ya ha cobrado más de trescientas vidas, más de dos mil personas heridas, centenares de presos políticos y personas desaparecidas.

Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Boulder, Colorado. 2 de Octubre de 2018.  Periodistas y defensores de derechos humanos participaron el pasado 2 de octubre en el 169º Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contexto de las protestas sociales.

Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua se encuentra inmersa en una grave crisis de derechos humanos. Hasta la fecha la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social, ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas por medio de un decreto policial emitido el pasado 28 de septiembre. Dicho decreto responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a la policía y a particulares, y además prohibe las manifestaciones públicas y amenaza con procesar judicialmente a quienes las convoquen y participen en ellas; lo que quiere decir, una política de terror para sumar a la desproporcionada cifra de presos políticos del gobierno nacional.

Durante la audiencia pública defensores de derechos humanos y periodistas describieron la evolución de la crisis en Nicaragua, que ha estado atravesada, como se ha mencionado en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por distintas etapas represivas  y niveles de intensidad que obedecen a prácticas violentas contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Adicionalmente, se expuso las graves violaciones a la libertad de expresión y libertad prensa, sometidas en el último tiempo a agresiones, intimidación, ataques, robos, persecución y censura.

Según el reporte ofrecido por Marco Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los grupos paramilitares y para-policiales continúan operando en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, quienes además son responsables de más de 320 asesinatos en el país, dentro de los cuales se encuentran 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. En su discurso, Carmona advirtió que más de 3000 personas han resultado heridas y 1500 han sido detenidas arbitrariamente, de las cuales un 90% han sido torturadas con prácticas violentas como golpes, choques eléctricos, extracción de uñas, violencias sexuales, entre otras. “De las 603 personas que todavía continúan detenidas, sólo 203 han sido puestas a orden de un juez acusadas por delitos graves como terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado, a quienes también se le ha violado el derecho a un debido proceso” señaló el representante nicaragüense.

Por otra parte, Carmona indicó que las represalias contras las organizaciones no cesan, por lo que promotores, que incluso gozan de medidas cautelares, se han visto obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas, lo que confirma un estado de indefensión del pueblo y un recrudecimiento de la violencia por los llamados a “mantener el orden público” quienes por orden del jefe de estado están arremetiendo contra quienes tan sólo portan banderas o globos azules y blancos, colores insignia de la bandera nicaragüense.

En su intervención, Patricia Orozco, representante de la radio independiente Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y de prensa, legítimo derecho de los periodistas, es un delito para el régimen de Ortega por el hecho de no estar alienados con las políticas dictatoriales de su gobierno. “Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno. Menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales, y paramilitares, por informar lo que sucede” testificó la periodista.

En relación a lo planteado, Joel Hernández, comisionado encargado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad lamentó la ausencia del estado nicaragüense, y su falta de voluntad política para tramitar un diálogo y  la crisis hoy latente en el país.  Además planteó con mucha preocupación que el asedio hacía medios de comunicación y/o periodistas independientes puede constituirse como una cuarta etapa de represión del gobierno de turno, después de las ya denunciadas por la misma Comisión en relación al asesinato, intimidación, señalamiento y amenazas por parte del régimen.

En adición, el Comisionado Hernández, declaró que producto de la visita recientemente realizada al país, de la cuál no recibió respuesta del gobierno nacional, pudo identificar un patrón regular, hallado en los testimonios de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil.  Este patrón está relacionado con los procesos penales, condiciones de internación y centros penitenciarios que enfrentan los presos políticos del régimen. El Comisionado advirtió, que el poder judicial debe ejercer un mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la “alteración del orden constitucional”, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo; acusación utilizada frecuentemente como argumento de enjuiciamientos y sentencia hacía los presos políticos.

En este sentido, Paulo Abrão, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteó con preocupación que se está avizorando en el país una situación muy grave relacionada con la normalización o normatización del conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho.  Según lo planteado por el representante, es necesario estar muy pendientes, pues todo parece apuntar a una intención de transformación de un estado de derecho a un estado de excepción. Así mismo, Abrão señaló que la forma de resolver  la normalización de la excepción, sería respetando la independencia judicial, a través de las denuncias de los jueces por las injerencias y abusos de poder por parte de la policía al no permitir detenciones arbitrarias, lo que a la fecha no está sucediendo.

Sergio León, director de la «La Costenísima» se declaró víctima de constantes amenazas por su labor, alegando que ser periodista hoy representa un gran peligro en el país, especialmente en el Caribe, zona donde fue asesinado el periodista Ángel Gahona, delito por el cual fueron procesados y condenados dos jóvenes afrodescendientes bajo un proceso judicial inconsistente.  En este sentido, Edison Lanza Relator  Especial para la Libertad de Expresión señaló: “La persecución se intensifica pues hay una intención del estado de falsear la realidad a través de una narrativa que no corresponda al contexto nacional para así encubrir un ejercicio de terror”

La Comisionada y Relatora para el Estado de Nicaragua de la Comisión IDH, Antonia Urrejola, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a no tomar represalias contra las personas partícipes en la audiencia, por lo que instó velar por su protección.

Representantes de la sociedad civil presentes en la audiencia pública solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Además, pidieron que la CIDH inste al gobierno a cesar de inmediato la represión contra el pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social.  Así mismo, se solicitó instar al gobierno cesar el acoso, intimidación, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales.  Por otra parte,  se solicitó  al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos, otorgar oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos y finalmente, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares.

Vea audiencia completa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=XECN6lLBEUU&t=2063s 

Aníbal Toruño – Radio Darío «La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene sus días contados»

«La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir» Aníbal Toruño – Radio Darío

 

La situación de violencia y represión que se vive en Nicaragua es cada vez más errática, tras la expulsión del grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH) y los múltiples llamados de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) nuevas formas de represión se perpetúan en el territorio, incluso, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes de cerca han logrado ver la barbarie de los actos represivos que hoy atentan contra la vida, integridad y respeto de los derechos humanos de la población nicaragüense; además de la poca disposición al diálogo y casi nula voluntad política del gobierno de turno.

Pese a los innumerables llamados de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional que convocan al gobierno nacional a cesar la represión, criminalización y hostigamiento hacía la población que se manifiesta pacíficamente para poner fin a la guerra que se vive ya hace casi 6 meses y que ha dejado un saldo de más de 450 muertos, 2000 heridos y 355 presos políticos, según las cifras ofrecidas por organizaciones de derechos humanos del país, el pasado viernes 28 de septiembre, la policía nacional, publicó un comunicado en el que califica como «ilegales» las protestas del pueblo contra las políticas de Daniel Ortega y advierte a organizadores de dichas manifestaciones que «responderán ante la justicia» por promover concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, que alteran el orden público, promuevan acciones ofensivas y delictivas que atentan contra el trabajo y la vida de las familias nicaragüenses.

La posibilidad de retornar a un diálogo nacional, la concertación y el cese de la violencia, no se ven muy claros en el panorama, el gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo carece de voluntad política y un diálogo nacional que posibilite la construcción de una paz estable y duradera en el país; por el contrario, Ortega y Murillo han recurrido, a varias estrategias represivas, como lo han sido la llamada «Operación Limpieza» en la que grupos policiales, parapoliciales y civiles afines al gobierno con armas de gran calibre arremetieron contra los barricadas construidas por la sociedad civil para defenderse de los ataques de grupos armados del orteguismo; además de la toma de tierras, estrategia utilizada como represalia hacía sector privado que ahora se opone al gobierno; la violencia contra representantes de la Iglesia Católica actores claves de mediación para lograr la justicia y democratización del país, y recientemente, las detenciones arbitrarias que deja una cifra alarmante de presos políticos que se encuentran en las principales cárceles del país bajo tortura y deplorables condiciones de higiene y atención médica. Todas estas acciones represivas para volver al denominado «orden nacional» lo único que han ocasionado es una agudización del conflicto y, por tanto, violaciones a la libertad de expresión del pueblo, criminalización a la protesta social y un temor que se extiendo en toda Nicaragua.

Mientras tanto, la sensación generalizada, de la comunidad internacional, y de la sociedad civil, organizaciones de estados y organizaciones no gubernamentales gira en torno a preguntas como: ¿Qué más tiene que pasar? o en definitiva ¿Qué debería pasar para que la paz retorne a la República de Nicaragua? ¿Qué hacer para cesar las muertes y detenciones arbitrarias? Ciertamente la respuesta de Ortega y Murillo hasta la fecha ha sido desalentadora e indignante, justamente porque las muertes que se han dado en el contexto de la represión siguen impunes, y la responsabilidad continúa siendo conferida a «fuerzas extranjeras» que valiéndose de elementos internos en el territorio quieren acabar con la paz del país y su soberanía; excusas bastantes comunes que ofrecen otros regímenes dictatoriales, pero que no responden al clamor de justicia de las familias, de tantos jóvenes, niños y niñas y civiles asesinados como resultado de la represión por parte del régimen de Ortega y Murillo que no han querido aceptar atender las causas estructurales que motivaron las protestas los últimos meses en Nicaragua.

Consternados por el desenlace de este mal capítulo en la historia de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos conversó con Anibal Toruño, director de Radio Darío, quien ha sido víctima directa de agresión, hostigamiento y amenazas por parte de los simpatizantes y promotores de esta escalada de violencia y quien hoy cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En su análisis Aníbal logra identificar una clara estrategia de guerra por parte de Daniel Ortega, estrategia de exterminio utilizada para ganar tiempo y así poder configurar mejores condiciones de negociación para salir del poder.

¿Cómo describe usted la actitud que el gobierno nacional ha asumido frente a toda la ola de violencia que vive su país?

Daniel Ortega está acostumbrado a llevar las cosas al margen del abismo, cuando salió en su discurso y dijo que no iba a adelantar elecciones básicamente estaba apostando a llevar las cosas al margen del abismo, para eso tuvo que haber matado en Jinotepe y en Diriamba más de 30 personas adicionales, más de 100 heridos, para eso tuvo que haber avasallado a los Obispos al Cardenal y a el Nuncio, Ortega negocia con hierro, él es un tipo oscuro, maquiavélico, que quiere llegar en algún momento a negociar su transición de poder, porque él sabe que ya no podrá volver a las lógicas de manipulación que utilizaba antes del 18 de Abril, por eso su transición, la quiere negociar en unos términos que sean más cerca de lo que él quiere y más lejos que de lo que nosotros deseamos.

¿Cómo cree que Daniel Ortega está intentando negociar esto que usted denomina «transición de poder»?

Daniel sabe que no hay posibilidad de volver al poder, él sabe que sus días ahí están contados, no hay vuelta atrás, lo que él está haciendo es utilizar una horrible estrategia de muerte, sangre y dolor para tener una mejor posición y así poder negociar tres cosas: 1. Su impunidad; 2: Cuotas de poder y, finalmente 3: La protección de sus intereses económicos dentro de Nicaragua. El lapso de tiempo en el que él jugó un poco con el diálogo lo utilizó para armar ese ejército de muerte que hoy actúa impunemente y desgobierna, porque hoy mandan las camionetas de la muerte con los paramilitares, para-policía y turbas del miedo.»

¿Cuál cree que es el panorama nacional e internacional con el que está jugando Daniel Ortega? ¿Cómo lo describiría?

El regreso al pasado, sabe que no lo tiene, sabe que no va a tener financiamiento del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni del BID, como tampoco financiamiento de la Unión Europea, de ningún organismo internacional, por tanto, la economía va a «pique» total y complemente, la economía en mi país está básicamente paralizada; la ley Global Magnitsky está jugando en su contra, ésta ya empezó a afectar a su círculo más interno, entre ellos Francisco López y Fidel Moreno, que como ya lo vimos fueron sancionados por la ley, esta es la estrategia que Estados Unidos está utilizando para presionar al gobierno nacional.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) le ha puesto una salida única la cual son elecciones adelantadas, no sé, pero a mí me da la sensación de que hay un entorno, una especie de tijera de los países democráticos del mundo, como para poderlo presionar para que entre en una negociación final, y él ha decidido que para entrar en esa negociación final tiene que fortalecer sus posiciones y decidió que a través de la violencia, el miedo, como lo que hoy estamos viviendo con la detención de más de 300 nicaragüenses sentenciados a puerta cerrada, y las formas de hacer «limpieza» como lo hizo con las barricadas, eso supuestamente, según mi análisis, le va a dar una mejor posición de negociación.

¿Según el análisis de contexto que hace anteriormente qué cree que puede pasar en Nicaragua?

Yo quiero reiterar que Daniel Ortega se va porque se va del poder; lo que habría que ver es en el desarrollo de los acontecimientos, qué tanto se puede hacer en la negociación para que sea de frente al pueblo o de la nación, y así ver si podemos hacer un proceso que nos lleve finalmente a alcanzar elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Yo no veo una revolución armada que venga a tratar de derrocar a Daniel ortega porque aquí no hay armas, aquí lo que hay es una resistencia cívica, social contra Daniel Ortega y eso hasta cierto punto es un proceso bien complejo, bien complejo porque Daniel Ortega tiene todo el aparato militar y la infraestructura la fuerza, y desde luego nosotros estamos poniendo los muertos, es indudable, sería un error, armar o pensar que se resolvería armando a la resistencia, eso es un error, debe mantenerse en un sistema de resistencia social, pacífica, utilizando los recursos de herramientas y defensas que se nos permita dentro de ese marco, y seguir adelante y es una lucha de desgaste… así como se le termina el tiempo a Daniel Ortega se nos termina a nosotros, estamos claros en eso.

Pero estratégicamente yo lo veo en tres tomos, tres perspectivas. Un primer tomo, que me duele mucho de admitir, es con mi pueblo resistiendo, pacíficamente, una estrategia de guerra, sangre y muerte de Daniel Ortega que lucha a través de la violencia, la muerte y la represión por tener un mejor escenario para el poder negociar mejor sus condiciones; para después en un segundo tomo o momento, llegar a elecciones adelantadas transparentes, refundando el estado, separación de poderes; y finalmente o tercer tomo, tendría que ser aterrizar esta primera y segunda parte, para que de manera pragmática y efectiva se logre alcanzar la justicia respecto de los asesinatos, del genocidio, de la corrupción; entonces sería ver como desde ese nuevo gobierno confrontar ante la justicia nacional e internacional los responsables materiales e intelectuales de estos actos atroces de muerte.

¿Qué papel jugaría la comunidad internacional en todo este proceso de negociación?

Ortega ya ha hecho lo necesario para sacar a los grupos de trabajo de la Unión Europea y aunque no ha sacado a la Comisión Interamerican de Derechos Humanos, no los deja hacer mucho, ha cerrado mucho las puertas, sin embargo, el papel que considero debe jugar la comunidad internacional es seguir acompañando a una población que está en completo estado de desprotección, además de seguir ejerciendo presión al gobierno, documentando, exponiendo en todas las tarimas internacionales las atrocidades que están pasando en Nicaragua y finalmente poder dar seguimiento al proceso de refundación del estado y penalización para los responsables.

No veo viable, por la manera como están diseñados los organismos internacionales hasta este momento, la presencia de un ejército o brazo armado internacional que instigue al Estado a parar; lo único que veo es que, presionado por un mundo democrático, Daniel Ortega ceda al diálogo; esa es su única salida y nuestra única salida.

¿Cuáles son las alternativas entonces que tiene el pueblo nicaragüense en este momento?

La resistencia. Lo único que podemos hacer en este momento es resistir, resistir y resistir, pacíficamente resistir – Daniel Ortega escogió la violencia, la muerte, y la represión para tener una posición más fortalecida para poder regresar al diálogo con más fortaleza y poder negociar su impunidad, su cuota de poder y los temas económicos. Creo que también hay que recurrir a la perseverancia de los organismos internacionales del mundo democrático, bloqueo económico total y completo para Nicaragua donde no exista financiamiento alguno, aplicación de la Ley Magnitsky en toda su extensión para los corruptos y para aquellos que han matado a tantos nicaragüenses y finalmente una mesa de diálogo efectiva y verdaderamente democrática.

Lo deseoso y lo deseado es que Daniel Ortega se vaya de Nicaragua de una vez y para siempre, eso lo deseamos todos, veremos a ver si en el proceso y el pragmatismo, entre lo que podemos, entre nuestro sentimiento, y la realidad podemos hacerlo, pero indudablemente la solicitud de un mundo democrático, de sociedad democrática internacional que presione que bloquee, que hagan todo lo que esté humanamente al alcance para que nosotros podamos alcanzar un punto en el que Daniel Ortega acepte salir democráticamente de este país, el regreso a ese pasado que él construyó a fuerza de un régimen totalitario no va a volver a suceder en Nicaragua

Raza e Igualdad participa del 169º Período de Audiencias Públicas de la CIDH de la mano de organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua

En compañía de más de 20 organizaciones el Instituto Internacional sobre Raza, igualdad y Derechos Humanos participará del 1 al 5 de octubre del “169º período de sesiones de Audiencias Públicas” realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Colorado ubicada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos.

Para este período de sesiones, Raza e Igualdad participará de tres (3) audiencias públicas solicitadas por organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua, con el fin de exponer ante relatores de la Comisión IDH y la comunidad internacional las situaciones de derechos humanos que enfrentan cada uno de estos países.  Para el caso de Cuba y Nicaragua las audiencias están orientadas a exponer los casos de criminalización y represión hacía activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales de sus países en medio de la crisis política desatada hasta la fecha; y en el caso de Colombia la audiencia está orientada a describir y denunciar la situación de derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, las audiencias son públicas y los interesados pueden asistir libremente, sin necesidad de registro previo.  Las audiencias son transmitidas en línea en varios idiomas a través de la página oficial de la CIDH.

A continuación presentamos el cronograma de audiencias públicas de Colombia, Cuba y Nicaragua en las que Raza e Igualdad acompañará.

Día Internacional de la Bisexualidad: Una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad

Washington, DC.  Septiembre 22, 2018 – El 23 de septiembre de cada año, desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad, y la urgente necesidad de seguir trabajando por el reconocimiento de los derechos a la libertad individual, autonomía e identidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, especialmente de la reivindicación y reconocimiento de los derechos de las personas bisexuales.

Al respecto, saludamos con agrado el reciente comunicado de prensa emitido en conjunto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Bisexualidad, ya que consideramos que este tipo de pronunciamientos son fundamentales en la lucha contra la invisibilización de las barreras y discriminaciones que afectan a las personas bisexuales, además de que proveen datos concretos que ayudan a erradicar concepciones erróneas, permeadas por estigmas en torno a la bisexualidad. En ese sentido, en el comunicado, estos organismos indican que la bisexualidad se refiere “a la capacidad de atracción emocional, romántica y/o física hacía más de un solo sexo o género”.  Del trabajo con nuestras contrapartes en la región notamos con preocupación que resulta frecuente que por su orientación sexual, las personas bisexuales son altamente discriminadas, pues socialmente son categorizadas como “indecisas” “no definidas” o “promiscuas” aludiendo, de esta manera, a una orientación aún “no decidida” y que necesita ser “definida” como heterosexual u homosexual.  Los estigmas a los que son sometidas las personas bisexuales conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) la bisexualidad y las personas bisexuales son marginadas alrededor de todo el mundo, lo que ha generado alarmantes cifras de depresión, aislamiento, problemas de salud y altas tasas de suicidio dentro de esta población.  Adicionalmente, indican que los índices de violencia doméstica y psicológica hacia personas bisexuales son mucho más elevados en comparación con las de grupos homosexuales o heterosexuales.  En este mismo estudio, ILGA señala que “la realidad de las personas bisexuales es desconocida por instituciones sociales e incluso para los grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTI” razón por la cual, hay muy pocos datos o no existen datos, de parte de organizaciones sociales y gubernamentales con respecto a la salud, educación, y acceso a los derechos reproductivos de esta población; así mismo, las acciones implementadas por organizaciones estatales tampoco responden a las realidades de las personas que responden a una orientación sexual bisexual.

En América Latina y el Caribe la realidad social de las personas bisexuales es completamente desconocida, se actúa como si estas no existieran ya que se tiende a considerar que éstas “atraviesan una fase o presentan una desviación de la conducta sexual”, por tal motivo, no existen estadísticas o datos oficiales que reflejen la situación de esta comunidad tanto a nivel de los Estados de la región, como a nivel de organizaciones de la sociedad civil las cuales tienden a abordar en reducida medida las situaciones de personas bisexuales. En adición a esto, la falta de conocimiento, investigación y comprensión en lo referente a la bisexualidad se convierte en una preocupante limitante para identificar o definir la barreas que enfrentan las personas bisexuales.

La bisexualidad es altamente invisible en la práctica y el discurso de los Derechos Humanos, razón por la cual, este día se convierte en una oportunidad para visibilizar la voz, historias y experiencias de las personas bisexuales; además de constituirse como una forma para reclamar por la protección de los derechos de todas estas personas; demandar por investigaciones que permitan identificar sus necesidades en todo el mundo, y hacer pedagogía sobre su realidad.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región, instituciones de gobierno y movimiento LGBTI para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la población bisexual. Instamos a que consideren la creación de políticas públicas que contemplen la bisexualidad dentro de la orientación sexual y en consecuencia se recolecten datos oficiales para poder contrarrestar a nivel interno la violencia y discriminación que enfrentan las personas bisexuales.  La bifobia, así como cualquier tipo de expresión de odio o violencia contra las diversas formas de género, identidad u orientación sexual son actos que menoscaban las posibilidades de construir sociedades más incluyentes, justas y respetuosas de la diversidad.

RAZA E IGUALDAD DENUNCIA LA CACERÍA DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS LGBTI EN NICARAGUA A MANOS DEL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) denuncia la detención arbitraria de dos jóvenes LGBTI el pasado 14 de septiembre por parte de la policía nacional, acusados por participar en las marchas realizadas en contra del régimen de Ortega y Murillo en los últimos meses, así como, por denunciar las violaciones a los derechos humanos propiciadas por el gobierno de turno en redes sociales.  

 Según la información recibida por parte de ADISNIC, organización que trabaja por la defensa, lucha y reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en Nicaragua, Osiris Castro, estudiante activista lesbiana de la ciudad de Matagalpa, fue secuestrada por paramilitares y sacada a la fuerza de su casa, por participar en las marchas y denunciar contra del régimen Ortega Murillo en las redes sociales; así mismo, Marcelo Ramírez, joven homosexual, estudiante miembro del M19 de la ciudad El Realejo, Chinandega fue secuestrado por el secretario político del FSLN y paramilitares por participar en las marchas contra el régimen Ortega – Murillo y denunciar la violación a los derechos humanos de parte del gobierno de turno en redes sociales. 

 Como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos rechazamos enérgicamente la fuerte represión que vive el pueblo de Nicaragua en este momento a manos de la policía nacional, grupos paramilitares, turbas sandinistas y grupos represores que diariamente atentan contra la seguridad, vida y derechos humanos de las y los ciudadanos en Nicaragua.  Denunciamos la estrategia de miedo, hostigamiento, intimidación y amenazas utilizada contra aquellos y aquellas que en su legítimo derecho a la denuncia y protesta social han decidido denunciar y hoy son ilegalmente detenidos, secuestrados y torturados.   

Instamos a la comunidad internacional a no cesar en su llamado al diálogo, la paz, la justicia y la verdad por quienes han fallecido y por el pueblo que aun en medio del temor resiste.  

 Nicaragua vive hoy una tercera fase de represión por parte del Estado, según lo manifestado en diversas ocasiones por el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH Paulo Abrão, caracterizada por amenazas, intimidación, hostigamiento, desapariciones y arrestos arbitrarios contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas o medios de comunicación y población en general que abiertamente ha participado en movilizaciones rechazando lo actos dictatoriales del gobierno nacional.  El último informe presentado por la misión recientemente expulsada del país de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidad de Derechos Humanos señala que de acuerdo a lo estimado por organizaciones no gubernamentales  al 18 de Agosto del 2018, al menos 300 personas, incluidos defensoras y defensores de derechos humanos, están siendo acusados de delitos graves, incluyendo cargos de terrorismo, crimen organizado, por haber participado o apoyado las protestas.    

 Esta “cacería” a manifestantes opositores, se constituye según lo expresado en el informe No. 5 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos – CENIDH, como una de las mayores persecuciones en la historia del país contra la sociedad civil, por su violencia y absoluta ilegitimidad de autores,  los cuales operan con la aquiescencia del Estado e incumplen todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

 A pesar del miedo que se vive en las calles de Nicaragua el pueblo está decidido a no cesar las denuncias, clamores y movilizaciones por la paz y la justicia; es así, como a través de redes sociales, las organizaciones sociales de derechos humanos, líderes y lideresas, jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres de Nicaragua hoy invitan a toda la comunidad internacional a sumarse a la movilización digital #MarchoPorlaIndependencia un espacio que tiene por objetivo continuar denunciando las atrocidades que viene sufriendo el pueblo a manos de este gobierno dictatorial, sin que sus vida corran peligro por salir a marchar.    Sumémonos a la marcha a través de este link:  https://www.alianzacivicanicaragua.com/es/marchamos-por-la-independencia-por-la-libertad-la-democracia-y-la-justicia-de-nicaragua/  

ORTEGA PROMUEVE ABIERTAMENTE LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA AL ORDENAR SALIDA DE LA OACNUDH

Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.  

La Resolución aprobada de manera unánime, en el Congreso Nacional de Estados Unidos condena la represión del Gobierno Nicaragüense

Agosto 14 de 2018 – El pasado 25 de Julio, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó de manera unánime la resolución bipartidista H.Res.981, propuesta por la Congresista Republicana Ileana Ros-Lehtinen, representante del Distrito 27 del Estado de la Florida, y copatrocinada por el Congresista Republicano Ed Royce, Representante del Distrito 39 del Estado de California y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el Congresista Demócrata Albio Sires, Representante del Distrito 8 de Nueva Jersey y miembro de mayor rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, y otros miembros del Congreso.  La resolución condena la violencia y represión perpetrada por el Gobierno de Daniel Ortega a su pueblo durante los últimos tres meses, que a la fecha ha provocado la muerte de 295 personas, según la última actualización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su declaración, la cual fue publicada en un comunicado de prensa después de ser aprobada la resolución, la Congresista Ros-Lehtinen condenó en nombre de todos los proponentes de la resolución la persecución, intimidación, violencia y asesinatos cometidos por el gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos; indicando que el número de muertos aumenta todos los días bajo una política de “disparar a matar”.  Además, resaltó que a la cifra de homicidios se suman los heridos, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, medidas que según la Congresista son acciones represivas tomadas por un régimen que hará lo necesario por mantenerse en el poder.  La Representante señaló la importancia de ejercer presión sobre Daniel Ortega y su régimen; instando al gobierno Americano a hacer más teniendo en cuenta que el tiempo es supremamente importante para proceder: “Mi resolución insta a la administración a hacer más, a identificar más ‘matones’ de Ortega para ser sancionados y para esto el tiempo es esencial” señaló la representante de estado.

La resolución aprobada, entre otras medidas, identifica de forma contundente a Ortega como el orquestador de la violencia e insta a la Administración a tomar más medidas contra el régimen; por otra parte, demuestra apoyo inquebrantable al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de la democracia, incluido el llamado a elecciones anticipadas, libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles.  Además, convoca a las naciones para que se solidaricen con el pueblo de Nicaragua.

El mensaje enviado por el congreso americano al gobierno nicaragüense es el clamor de no sólo este país, sino de muchos otros, de organizaciones de sociedad civil y sociedad en general, para que cese la violencia en Nicaragua.  Es preocupante, que a pesar de ese clamor, la represión en el país continúe, muestra de ello es la grave situación de violación al legítimo derecho al debido proceso que enfrentan en que se encuentran los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena acusados sin presencia de su familia ni abogados de su elección por terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios público y daños y perjuicios a 23 supuestas víctimas, entre las que incluyen al Estado de Nicaragua. En días pasados, medios de comunicación locales notificaron que los dos líderes sociales estaban siendo torturados por parte de la Polícia Nacional, situación que el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente y solicita la intervención de la comunidad internacional para velar por los derechos de estos líderes del movimiento campesino que se enfrentan a una maquinaria judicial viciada, instrumentalizada por Daniel Ortega.

La resolución pide a la administración estadounidense que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, que exija la liberación de ciudadanos detenidos injustamente e identifique a personas cuya participación en la violencia les hace merecedores de sanciones previstas en la Ley Global Magnitsky, la cual impone sanciones a violadores de derechos humanos, y congela sus bienes y activos Estadounidenses. La resolución del Congreso ve en elecciones libres, anticipadas, la solución a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde abril.

Raza e Igualdad considera que iniciativas como la del Congreso estadounidense y otras que ha adoptado la comunidad internacional son expresiones de solidaridad hacia el pueblo nicaragüense y que como tales, contribuyen a la resolución del conflicto sin que haya más derramamiento de sangre de un pueblo dispuesto a recuperar su libertad.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a miembros participantes por el Sector Privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en el Diálogo Nacional en Nicaragua

Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.  

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