En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

Washington D.C., 30 de agosto de 2024 – En Venezuela, luego de que se cumpliera un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en este país, más de dos mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, de acuerdo con las organizaciones Provea y Foro Penal.  En México, “son alrededor de 110 mil las personas que a la fecha se encuentran desaparecidas”, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Mientras, en Cuba se registran casos de activistas “víctimas de desapariciones forzadas que no se prolongan en el tiempo”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

La situación en estos tres países evidencia parte de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, con quien dialogamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes 30 de agosto. 

Las desapariciones forzadas ocurren “siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad”, de acuerdo con Naciones Unidas. 

Esto es, precisamente, lo que ocurre de manera constante en América Latina y el Caribe, donde, según Albán, se registra el número más elevado de desapariciones forzadas en el mundo, siendo México el país en el que más se han documentado este tipo de violaciones a los derechos humanos. 

“Las tendencias más notables que se registran en la región y en el mundo, tienen que ver con las desapariciones cometidas por actores no estatales, las desapariciones en el entorno migratorio, las desapariciones en contextos de represión de la protesta o bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, o contra la delincuencia organizada; y las desapariciones de personas que son etiquetadas como potenciales miembros de pandillas, de bandas de delincuencia organizada o grupos terroristas”, afirma el integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 

Albán asegura que cuando en un país se registran casos de desaparición forzada, se pierde la calidad de la democracia porque no hay debate social. “Los Estados pierden mucho cuando no responden, no afrontan este fenómeno y peor todavía, cuando practican la desaparición forzada como una política estatal”, agrega.

Colombia

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia ha sido un problema persistente durante más de seis décadas, estrechamente vinculado al conflicto armado que ha asolado el país. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 se reportaron aproximadamente 121,768 casos de desapariciones forzadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar las 210,000 víctimas. Esta problemática también ha afectado a la población migrante, especialmente a las y los venezolanos. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, de 2015 a 2020 se reportaron 836 personas venezolanas desaparecidas en Colombia. Sin embargo, la ausencia de datos precisos ha dificultado una evaluación completa de la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Paro Nacional de 2021, se documentaron 4,846 traslados por protección temporal, una figura legal que ha sido cuestionada por su uso arbitrario y su impacto en los derechos de las y los manifestantes. A pesar de la resolución de la Corte Constitucional de exigir reportes detallados y el derecho a solicitar la cesación del traslado, estas prácticas continúan en la actualidad y siguen siendo problemáticas, con numerosos casos de abuso reportados, incluyendo tortura y violencia sexual.

El manejo de las desapariciones forzadas en Colombia enfrenta varios desafíos críticos, como la falta de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de la Fiscalía; la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales y el uso de eufemismos por parte del Gobierno para minimizar la gravedad del problema. Además, el subregistro de casos y la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de la sociedad civil complican la evaluación precisa del fenómeno. Estas cuestiones subrayan la necesidad de una reforma integral en las prácticas policiales, y una mejora en la transparencia y eficacia en la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.

Cuba

En la Isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron “93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana”, de acuerdo con la organización Cubalex. El movimiento Damas de Blanco, por su parte, ha denunciado que entre 2013 y junio de 2024, se han documentado 3,904 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra mujeres integrantes de este colectivo. La mayoría han sido víctimas en repetidas ocasiones, y por periodos que van de las 24 a las 72 horas.  

Este tipo de desapariciones forzadas, que no se prolongan en el tiempo como sí ocurre en Colombia, afectan principalmente a activistas, periodistas independientes, artistas y, en general, a todas las personas que discrepan del discurso oficial.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de julio de 2024, también ha expresado su preocupación por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. De acuerdo con este Procedimiento Especial de Naciones Unidas, la mayoría de las personas detenidas en ese contexto no comparecieron ante una autoridad judicial hasta muchos días, semanas o meses después, y antes de eso se desconocía la suerte y el paradero de los detenidos, lo que constituyó un acto de desaparición forzada.

Nicaragua 

En Nicaragua nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, según la Unidad de Registro (UDR).  Entre estas personas se encuentran el líder indígena Brooklyn Rivera, y la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. 

Brooklyn Rivera, 72 años, es indígena miskitu, diputado regional (2022-2026) y líder máximo del pueblo misquito (Ta Upla), y del partido idígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”). Su familia no tiene conocimiento de su paradero desde el 29 de septiembre de 2023. En enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que Rivera se encuentra en “desaparición forzada” y abogó por su liberación.

Fabiola Tercero es periodista, activista y fundadora de “El rincón de Fabi”, un proyecto que tiene como objetivo promover la lectura entre jóvenes nicaragüenses. Su vivienda fue allanada el pasado 12 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el de su madre y su hermana. 

En una entrevista con el periódico español El País, la directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, afirmó que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de estas personas. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, añadió. Además, la UDJ identificó casos en los que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, lo cual incrementa la angustia y constituye una forma adicional de tortura.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su informe de julio de 2024, afirmó que las desapariciones forzadas “de corta duración” están siendo utilizadas como “instrumento para reprimir a opositores y críticos del Gobierno” desde el año 2018. Asimismo, el Grupo puso en relieve que el Estado debe proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de las personas privadas de libertad y el lugar o lugares a los miembros de su familia y a cualquier otra persona que tenga interés legítimo (art. 10, párr. 2, de la Declaración), y que el hecho de no hacerlo constituye una desaparición forzada. 

Perú 

En el caso de Perú, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, hubo 21,918 personas desaparecidas, de las cuales aún falta determinar el paradero de 19,200 casos. A la fecha, solo se ha concluido con la búsqueda de 2,718 personas desaparecidas, en las que 39 fueron halladas con vida. Además, se pudo identificar y restituir 682 restos óseos que fueron entregados a las familias. A inicios de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la restitución de restos del caso Putis, alentando al Estado a continuar la búsqueda, identificación, restitución digna y juzgamiento de los responsables.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en el acceso de justicia, derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 32107 que prescribe los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Con esta ley, nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por desapariciones forzadas, genocidio, esclavitud, terrorismo, tortura sistemática y generalizada, y otros crímenes de lesa humanidad. 

“Todo esto para darle impunidad a Fujimori y otras personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, enfatiza Albán. De hecho, los actos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori dieron paso a la declaratoria de responsabilidad internacional de Perú dentro de  los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los cuales varias de estas acciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En junio pasado, a través de un comunicado, la CIDH expresó que la propuesta de ley es contraria al derecho internacional y alertó que «desobedece abiertamente las sentencias de la Corte IDH”. En la misma línea, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una reciente declaración que estos delitos no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Sin embargo, nada de eso impidió que el Congreso aprobara la norma.

Los casos de desapariciones forzadas que se describen en Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos que también se registran en toda América Latina y el Caribe, y que, al mismo tiempo, entorpecen la democracia en la región. 

De acuerdo con el miembro del CED, Juan Pablo Albán, es necesario que en cada uno de estos países se promueva una cultura de denuncia, se documenten los casos, se utilicen las vías de protección, y más Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometan a luchar contra este fenómeno, para reducir las cifras de desapariciones forzadas en todo el mundo. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y enfatizamos que este tipo de violencia afecta a miles de seres humanos incluidos activistas, personas defensoras de derechos humanos, indígenas, artistas de la región, personas opositoras o percibidas como tales, así como a sus familias, entre las que se encuentran niños y niñas que sufren por esta violencia institucional, o por parte de otros actores. Condenamos este fenómeno y hacemos un llamado a las autoridades de América Latina y el Caribe, para que se comprometan a buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, y protejan a las voces críticas y disidentes. También instamos a la sociedad civil independiente a que siga denunciando estas violencias ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 



Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

Washington D.C., 11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH. 

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones.

Inversión extranjera oxigena al régimen

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024.

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López.

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el caso de Canadá. Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.  

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulka, y agregó “Lo que es importante es que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este. 

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal.

Impunidad persistente

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL.

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero.

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras.

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó. 

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

  1. El cumplimiento íntegro de las medidas de protección a favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
  2. Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  3. Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades.

Informe de Raza e Igualdad: IFIs deben garantizar que su apoyo no perpetúe la crisis en Nicaragua

Washington D.C., 3 de julio de 2024.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe «El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos», que analiza la falta de cambios sustanciales en la relación de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pese a la amplia documentación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde el año 2018. Según la investigación, las IFIs tampoco han reforzado su debida diligencia en derechos humanos para impedir que sus aportes financieros contribuyan para la manutención de la crisis democrática y de derechos humanos.

El espacio cívico nicaragüense está completamente cerrado. Desde el año 2018, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido responsable de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos contra la población civil por motivos políticos, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Entre estos crímenes destacan 355 ejecuciones extrajudiciales, más de 2000 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas de abril de 2018, más de 317 casos de despojo arbitrario de la nacionalidad nicaragüense, y la permanencia de 141 personas presas políticas en centros estatales con condiciones que suponen tratos crueles, inhumanos y torturas. 

El informe detalla que, en el mes de febrero de 2024, el grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica estaban apoyando 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. Entre estos proyectos se encuentran 57 proyectos que fueron aprobados después del inicio de la crisis en 2018, con una aprobación total de 2,784.43 millones de dólares estadounidenses, según la información disponible en sus páginas web.

El informe recuerda que, según sus convenios constitutivos, las IFIs no pueden practicar actividades políticas y sus decisiones deben basarse en aspectos económicos. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son cruciales para la estabilidad económica y deben ser considerados en sus decisiones y actividades en Nicaragua. 

Asimismo, el derecho internacional obliga a las IFIs a no reconocer la legalidad de situaciones creadas por crímenes de lesa humanidad ni ofrecer apoyo que las perpetúe. Las IFIs deben prevenir o mitigar los impactos negativos vinculados a sus operaciones y proyectos. Por tanto, es vital que las IFIs reconozcan el contexto de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y actúen en consecuencia implementando políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los impactos negativos asociados a sus actividades.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo que el trabajo de las IFIs es crucial para el desarrollo sostenible y la reducción de desigualdades en Nicaragua, recomienda:

  • Fortalecer el acceso público a la información sobre proyectos de desarrollo ejecutados en territorio nicaragüense de manera a permitir la auditoría ciudadana de las políticas públicas sin hostigamiento, persecución o criminalización;
  • Fortalecer las políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos a los derechos humanos asociados a su cadena de valor;
  • Cooperar para poner fin a la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua.
    Para más información descarga el informe aquí

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Día de las madres en Nicaragua: la comunidad internacional debe amplificar su clamor por justicia

Washington D.C, 30 de mayo 2024.- El 30 de mayo se celebra el día de las madres en Nicaragua, un día que debería representar felicidad y paz, pero en este país centroamericano está marcado por luto y dolor. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reconocemos la incansable búsqueda de justicia de las madres nicaragüenses y reanudamos nuestro compromiso con su lucha. Llamamos a la comunidad internacional a amplificar sus clamores de verdad, justicia, medidas de reparación y garantías de no repetición; considerando también demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Desde abril de 2018, al menos 355 madres perdieron a sus hijos por la represión estatal contra las protestas. Hace exactamente seis años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una masacre en una manifestación pacífica titulada “la madre de todas las marchas”. Su objetivo era que el pueblo nicaragüense expresara su solidaridad a las al menos 83 mujeres que habían perdido a sus hijos durante los primeros días de protestas. Durante dicha movilización, efectivos policiales y parapoliciales asesinaron a 19 manifestantes más.

“Nunca olvidaremos ‘la madre de todas las marchas’. Era un día de luto, un día de mostrar respeto y empatía a quienes perdieron a sus hijos, pero la dictadura mostró su cara más cruel disparando a matar. Ortega y Murillo convirtieron este día en una masacre atroz”, expresó Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador de Raza e Igualdad.

“Las madres de abril no han podido vivir su luto en paz. No pueden siquiera ir a visitar la tumba de sus hijos. Sin embargo, en medio del dolor, la persecución y el exilio impuesto por la dictadura, continúan tomándose espacios de denuncia y preservación de la memoria histórica. Su compromiso con la verdad y la justicia sigue siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura. ¡Su memoria nunca será olvidada, y sus voces nunca serán silenciadas!”, declaró Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

Las madres han organizado marchas y manifestaciones pacíficas para exigir verdad y rendición de cuentas en los países de acogida. Han creado el Museo de la Memoria contra la impunidad “AMA Y NO OLVIDA” para honrar y dignificar a sus hijos, y contrarrestar el discurso impulsado por el gobierno de que “eran delincuentes”. Este museo, al no poder continuar con su muestra itinerante en Nicaragua, ha sido instalado temporalmente en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Además, las madres han colaborado con organizaciones de derechos humanos para documentar casos de violaciones y abusos, brindando testimonios valiosos que ayudan a construir un registro histórico de los eventos. También han llevado su lucha a instancias internacionales, participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros espacios para sensibilizar sobre la situación en Nicaragua y presionar por acciones concretas.

“Debemos recordar que en las cárceles de Nicaragua hay mujeres que son madres  con contacto cero con sus hijos e hijas, por hacer uso de su voz para defender la libertad de Nicaragua. Tampoco podemos olvidar que el régimen ha desterrado a decenas de mujeres que tienen hijos e hijas de menores de edad, y cuya reunificación familiar ha sido gravemente obstaculizada e incluso imposible de realizarse”, dijo Carlos Quesada.

Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, al 15 de abril de 2024 al menos 23 mujeres se encontraban privadas por motivos políticos en centros de detención insalubres, en condiciones que se consideran tratos crueles e inhumanos, y tortura; y expuestas a riesgos adicionales por razón de género, como acoso y violencia sexual.

Por otro lado, en el grupo de 222 personas ex-presas políticas del régimen que fueron desterradas a Estados Unidos y en el listado de 94 personas declaradas “traidoras a la patria” en febrero de 2023, se encuentran decenas de madres y abuelas. Estas mujeres perdieron su nacionalidad, derechos ciudadanos, y sus registros en Nicaragua, afectando directamente la estabilidad física y emocional no solo de ellas, sino también de sus hijos e hijas. La administración de Nicaragua se empeña en negar los pasaportes y, en el caso de los menores de edad, a no entregar los permisos de salida, imposibilitando la reunificación familiar.

Entre estas madres y abuelas se encuentran mujeres mayores de 60 años y que padecen de enfermedades crónicas. A ellas, el régimen no solo les arrebató su ciudadanía y libertad de circulación, sino también les despojó de sus pensiones de jubilación y con ello su derecho a una vejez digna.

En este día de las madres en Nicaragua, la comunidad internacional debe escuchar y apoyar a estas valientes mujeres en su lucha por la justicia y la paz.

Nicaragua: Condenamos detenciones arbitrarias a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión

Las organizaciones firmantes condenamos la continuidad de los allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en Nicaragua.

 

El domingo 19 de mayo de 2024 por la noche, la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua dio a conocer que el periodista del municipio de León en Nicaragua, Orlando Chávez Esquivel, fue víctima de allanamiento por parte de la Policía Nacional del régimen de Daniel Ortega. Luego de que sus dos hermanos se opusieron al allanamiento, tanto Obed Chávez Esquivel como Merary Chávez Esquivel, fueron arrestados.

 

Orlando Chavéz Esquivel es director del noticiero El Metropolitano que se transmite en la radio La Cariñosa. Según el medio República 18, el allanamiento sucedió como represalia en contra del director por su participación en la presentación del libro Los Brujos y sus prodigios del periodista y académico Guillermo Rothschuh, que se llevó a cabo en el municipio de León, en abril de este año. El 16 de mayo, el escritor Rothschuh por medio de Facebook anunció que la presentación de su libro en el municipio de Juigalpa fue cancelada por orden de la Policía Nacional de Nicaragua.

 

Además, el domingo se allanó y detuvo arbitrariamente al profesor y escritor Pedro Alfonso Morales Ruiz en el municipio de Telica, de acuerdo con el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Al igual que con Chávez Esquivel, la detención de Morales ocurrió tras su participación en la presentación del libro de Rothschuh, en el municipio de León.

 

Estas acciones perpetradas por autoridades del Estado son alarmantes. El actuar del régimen de Daniel Ortega se ha caracterizado por la persecución abierta a cualquier voz crítica, pero los últimos años buscan la total desactivación de la oposición en el país, como lo indicara el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe presentado en febrero del presente año: “En la actualidad, las autoridades, habiéndose acercado al objetivo de la destrucción total de cualquier voz crítica en Nicaragua, han focalizado los patrones de violaciones, inhibiendo a largo plazo cualquier tipo de oposición”.

 

Recordamos al Estado de Nicaragua que diferentes organizaciones y mecanismos internacionales han dirigido innumerables llamados urgentes a detener crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se mira con preocupación la detención arbitraria por motivos políticos, la cual, junto con el despojo de la nacionalidad por supuesta “traición a la patria”, han forzado a casi un millón de personas nicaragüenses a salir del país.

 

También recordamos al régimen de Daniel Ortega que, pese a su denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, su salida de este foro regional no lo exime de dirigirse conforme al respeto irrestricto de los derechos humanos, obligado por los instrumentos internacionales de los que forma parte, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

 

Por lo tanto, nos unimos al llamado de colectivos y organizaciones y exigimos al Estado de Nicaragua que cese la persecución en contra de voces críticas de periodistas, escritores y comunicadores.

Por último, recordamos la detención arbitraria y pena dictaminada en contra del periodista Víctor Ticay y la detención del locutor Sergio Castilblanco, ambos hechos ocurridos en 2023. En el primer caso, al periodista se le adjudicaron los supuestos delitos de “ciberdelitos” y “traición a la patria”, razón por la cual enfrenta una condena injusta de 8 años de prisión.

 

Article 19

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED)

PCIN

PEN International

 

 

Cuba y Nicaragua: países donde el periodismo independiente es un crimen

Washington D.C., 3 de mayo de 2024.- En los regímenes autoritarios  de Cuba y Nicaragua el periodismo independiente es castigado con cárcel, exilio, despojo arbitrario de la nacionalidad, confiscaciones de propiedades personales y medios de comunicación. A propósito del Día de la Libertad de Prensa, que se conmemora hoy en todo el mundo, y reconociendo que la libertad es un pilar esencial para la rendición de cuentas y el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) destaca la labor de las y los periodistas cubanos y nicaragüenses, que trabajan incansablemente por visibilizar las crisis democráticas y de derechos humanos de sus países, y luchan por el derecho de sus pueblos a acceder a información veraz y diversa.

Cuba: detenciones arbitrarias y represión

En Cuba “los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico”, de acuerdo con el Capítulo IV.B del informe anual 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1].

Según el informe ‘Cuba: la resistencia frente a la censura’, elaborado por la organización Artículo 19, el año pasado se registraron un total de 274 agresiones contra periodistas y activistas en la Isla[2]. Al menos cinco comunicadores y reporteros permanecen privados de libertad por motivos políticos, enfrentando cargos injustos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas personas son: Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Armando Bello, José Antonio López Piña, Jorge Fernández Era y Luis Ángel Cuza[3].

El régimen autoritario cubano también ha incrementado las restricciones y obstáculos para el ingreso y salida del territorio de periodistas independientes. Hasta abril de 2024, las y los periodistas Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Anais Remón y Henry Constantín tenían prohibición para salir del país[4].

Además, las autoridades cubanas han impuesto una serie de regulaciones que coartan severamente el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística en Cuba. Entre estas medidas se encuentran el servicio militar obligatorio para las mujeres que deseen estudiar periodismo, el Decreto 370 que reprime la libre expresión en Internet[5]; y la Ley de Comunicación Social[6], que regula los contenidos de los medios en la Isla y desconoce a la prensa independiente como figura jurídica.

Este panorama sombrío de Cuba obliga a que las y los periodistas independientes trabajen en condiciones precarias, enfrentando constantes amenazas y represalias; sin embargo, su determinación por visibilizar las injusticias y defender los derechos humanos de este país, es inquebrantable.

Nicaragua: entre la clandestinidad, el exilio  y la autocensura

En el Informe Anual 2023 de la CIDH, este organismo y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también advirtieron que “la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes” en Nicaragua[7].

Desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en abril del año 2018, más de 250 periodistas han sido obligados al exilio[8], 56 medios de comunicación han sido cerrados y sus edificios confiscados, 22 periodistas han sido despojados de su nacionalidad y sus propiedades confiscadas; y el asesinato del periodista Angel Gahona, quien hace 6 años cubría el inicio de las manifestaciones pacíficas, sigue en la impunidad.

En el último año, el régimen Ortega Murillo ha extendido la detención arbitraria por motivos políticos a periodistas que ni siquiera realizaban coberturas de temas políticos. Tal es el caso de Víctor Ticay[9], arrestado mientras cubría una procesión religiosa y condenado a 8 años de cárcel por los delitos no probados de “propagación de noticias falsas y conspiración y menoscabo a la integridad nacional”.

También se conoce de los casos de cinco personas periodistas que fueron  acusadas por los mismos falsos delitos y apresadas durante unas horas; además de los casos de 22 mujeres periodistas víctimas de acoso sexual por parte de las fuerzas policiales.

Cabe destacar que agentes de la Policía Nacional, uniformados y vestidos de civil, son los principales agresores de la libertad de prensa en el país. Además, el régimen utiliza la Dirección de Migración y Extranjería, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones con fines coercitivos. La aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía, ha exacerbado la situación al otorgar al régimen poderes para perseguir y castigar a cualquier persona que critique al gobierno.

Todo este contexto represivo ha causado que en 5 de los 17 departamentos de Nicaragua, el periodismo independiente haya sido completamente silenciado[10]. Sin embargo, las y los periodistas nicaragüenses trabajan desde la clandestinidad y el exilio, venciendo la censura y divulgando la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.

Para Raza e Igualdad, el Día de la Libertad de Prensa recuerda la importancia de los derechos  a la libertad de prensa y expresión en el funcionamiento de una sociedad democrática. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a  la comunidad internacional a defender estos derechos, y trabajar coordinadamente  para garantizar que las voces de periodistas independientes no sean más silenciadas por los regímenes autoritarios de Cuba y Nicaragua. Exigimos que las autoridades de ambos Estados garanticen este derecho, y permitan el desarrollo del ejercicio periodístico independiente, sin violentar y reprimir a quienes ejercen esta profesión.

 

***

 

[1] Capítulo IV.B Cuba. Informe anual 2023 de la CIDH. Publicado el 25 de abril de 2024. Disponible: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Cuba_SPA.PDF

[2] Informe Cuba: la resistencia frente a la censura. Publicado el 19 de marzo de 2024. Disponible en: https://articulo19.org/cuba-la-resistencia-frente-a-la-censura/

[3] Balance parcial 2023. Hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, recopilados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Disponible en: https://iclep.org/informes-por-indicador/6/2023/

[4] Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[5]  Resolución – Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Publicado el 19 de abril de 2024. Disponible en: https://www.sipiapa.org/notas/1216479-cuba

[6] La RELE manifiesta su preocupación por nueva ley de Comunicación Social en Cuba. Publicado el 16 de junio de 2023. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1278

[7] Capítulo IV.B Nicaragua. Informe anual 2023 de la CIDH. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2023/capitulos/IA2023_Cap_4B_Nicaragua_SPA.PDF

[8] Al menos 253 periodistas dejaron Nicaragua por persecución de Daniel Ortega. Publicado el 21 de abril de 2024. Disponible en: https://efectococuyo.com/internacionales/al-menos-253-periodistas-dejaron-nicaragua-por-persecucion-de-daniel-ortega/

[9] Víctor Ticay: detenido por transmitir un evento religioso durante Semana Santa. Disponible en: https://nicaslibresya.org/perfiles_pp/victor-ticay/

[10] Represión y problemas financieros provocan el abandono del periodismo en Nicaragua. Publicado el 10 de abril de 2024. Disponible en: https://fled.ong/represion-y-problemas-financieros-provocan-el-abandono-del-periodismo-en-nicaragua/

Seis años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua: ¡La justicia no debe demorar más!

Washington D.C, 18 de abril 2024.– En el sexto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) insta a la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, quienes merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Raza e Igualdad llama urgentemente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del dictador Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios perpetradores de crímenes de lesa humanidad, así como a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

“En esta fecha no podemos dejar de pensar en las madres de abril, las y los familiares de las personas presas políticas y el resto del pueblo nicaragüense que tiene seis años clamando paz.  La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces. Entre más tiempo pase, más difícil será reconstruir a la Nicaragua, Nicaragüita; por eso, países amigos del pueblo nicaragüense: ¡La justicia no debe demorar más, actuemos, busquemos mecanismos para la rendición de cuentas!”, instó Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Las atrocidades cometidas por el régimen dictatorial de Ortega y Murillo han dejado miles de víctimas: Al menos 355 personas asesinadas y más de 2000 personas manifestantes heridas por agentes estatales o paraestatales en el contexto de las protestas del año 2018; 317 personas arbitrariamente despojadas de su  nacionalidad y derechos ciudadanos, 200 periodistas exiliados; más de 240 personas desterradas, incluyendo religiosos católicos; aproximadamente 6.5% de la población en el exilio, en búsqueda de asilo o refugio; más de 3625 organizaciones de sociedad civil canceladas; y 121 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran mujeres, personas adultas mayores, artistas, liderazgos políticos y guardabosques indígenas.

“Ortega y Murillo, con sus cómplices intelectuales y autores directos, han logrado sembrar terror más allá de las fronteras de Nicaragua con la aplicación de la apatridia; sin embargo, vemos madres de víctimas letales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas venciendo la censura, monitoreando y haciendo incidencia pese a los riesgos y las represalias. ¡Su resiliencia es impresionante, no les dejemos solos y solas en la lucha!”, dijo Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad.

En el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua se identificaron a altos funcionarios del Estado como perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Entre estos figuran: Fidel Moreno; Secretario Público (FSLN), Alcaldía de Managua; Ana Julia Guido, fiscal general de la República; Maria Amelia Coronel Kinloch, Ministra de Gobernación; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Horacio Rocha, Ministro asesor para asuntos de seguridad de la Presidencia de Nicaragua; Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema; Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacimiento; y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad e inteligencia. El Grupo recomendó a los Estados reforzar sanciones contra instituciones y personas identificadas por su involucramiento en los crímenes.

Asimismo, un grupo de parlamentarios británicos, tras su reciente investigación “The Nicaraguan Inquiry: The Silencing of Democracy in Nicaragua”, sugirieron a los Estados acudir a la CIJ para demandar a la dictadura por las violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores de delitos de lesa humanidad.

“Este año la justicia debe ser una prioridad en las agendas de los Estados aliados del pueblo nicaragüense. Desde Raza e Igualdad continuamos acompañando a víctimas a denunciar ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y proveyendo información al Grupo de Expertos para sus investigaciones. A las víctimas les reafirmamos que estamos aquí para escucharles y dar eco a  sus clamores. A la comunidad internacional y Estados les decimos: aquí tienen una organización aliada, ponemos nuestros esfuerzos a la orden. ¡Justicia para Nicaragua! ” Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Campaña

Este abril, Raza e Igualdad te invita a seguir nuestras actividades a través de nuestras cuentas de X, Facebook e Instagram y el sitio web, y a compartir el contenido usando los hashtags #SOSNicaragua y #JusticiaParaNicaragua.

Si estás en Miami, Florida oen San José, Costa Rica, te invitamos a tomar fotos a nuestras vallas (o billboards) exigiendo libertad y justicia para las personas presas políticas nicaragüenses. Súbelas a tus redes con los hashtags de la campaña. ¡Etiquétanos!

Dirección de valla en Costa Rica: Los Yoses, del Automercado 300 mts al oeste, o de KFC 400 mts al este. San Pedro hacia San José, Costa Rica.

Dirección de valla en Miami: SW 17 Ave 50.00 ft South of SW 1st Street West Side Facing North

Tuitazo #JusticiaParaNicaragua

Este 19 de abril a partir de las 10 de la mañana (hora Centroamérica), llamemos a los Estados a unir esfuerzos para que Ortega y Murillo rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2018.

¡Usa  #JusticiaParaNicaragua, y etiqueta a estos Estados aliados de Nicaragua!

Régimen de Nicaragua comete crímenes de lesa humanidad: La comunidad internacional debe colaborar en investigaciones judiciales

Ginebra, 29 de febrero de 2024- Ante el segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que identifica al Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo y otros  altos funcionarios estatales nicaragüenses como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exhorta a la comunidad internacional a colaborar en investigaciones judiciales y otras acciones ante los Sistemas Universal e Interamericano. Raza e Igualdad también llama a reforzar el apoyo al GHREN, a fin de que continúe profundizando sus investigaciones para propiciar una real rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, tanto a nivel estatal como personal.

Para este segundo informe, el Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas a víctimas de la represión estatal y profundizó sus investigaciones sobre las violaciones y abusos dirigidos contra grupos específicos como pueblos indígenas y afrodescendientes, estudiantes y académicos, integrantes de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas, y miembros del movimiento campesino. El GHREN concluyó que el régimen “está cerca de acabar de forma permanente con las voces críticas organizadas” en Nicaragua.

El GHREN también identificó nombres de instituciones y funcionarios estatales, y otros individuos “identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones, abusos y delitos documentados”. Entre estas personas figuran Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado tras su renuncia en el año 2019, y privado de su nacionalidad nicaragüense; Marvin Aguilar, magistrado de la Corte Suprema;  Ana Julia Guido, fiscal general de la República; y Luis Cañas Novoa, viceministro y secretario político del Ministerio del Interior.

“Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen años sino décadas cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de la población nicaragüense. Observamos como un gran avance que el Grupo haya identificado una estructura y cadenas de mando dentro del Estado, incluyendo asesores de confianza que llevan a cabo actos represivos contra voces disidentes al régimen. La comunidad internacional debe -urgentemente- tomar acciones legales y extender sanciones a las instituciones y personas identificadas como perpetradoras de crímenes de derecho internacional” dijo Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

Asimismo, a través de entrevistas a 72 personas excarceladas políticas, el Grupo corroboró patrones de torturas y maltratos, y modus operandis para la privación arbitraria de libertad por motivos políticos que ya habían sido detallados en su primer informe. Entre estos patrones destacan los allanamientos sin órdenes de detención y registro, la incomunicación con sus familias y abogados, y el desconocimiento de sus paraderos por periodos prolongados. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, conformado por organizaciones de la sociedad civil, hay 121 (102 hombres y 19 mujeres) privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 111 son del contexto de abril 2018, entre las cuales figuran 12 personas indígenas.

El GHREN también alertó que algunas de las nuevas estrategias de persecución del régimen “se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua”, como la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular, el impedimento de la reunificación familiar, entre otras. El GHREN documentó 317 casos de personas privadas de su nacionalidad, 145 casos de nicaragüenses a quienes se prohibió la entrada en el país, 21 expulsiones de extranjeros, 263 expulsiones de personas nicaragüenses, entre otras violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el GHREN abordó brevemente la necesidad de que los hallazgos de este informe se tomen en cuenta al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos de Instituciones Financieras Internacionales. El GHREN llamó a la comunidad internacional a “condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los objetivos de política no comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua”.

Al respecto, Marcelo Azambuja, Oficial Legal de Raza e Igualdad, argumentó que “el respeto a la democracia y a los derecho humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las Instituciones Financieras Internacionales en sus decisiones y actividades hacia el desarrollo sostenible en Nicaragua. Es imperativo que esas instituciones formulen e implementen -en colaboración con el Estado nicaragüense- políticas de debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y remediar los potenciales y consumados impactos negativos asociados a sus proyectos y/o recursos. Establecer condiciones es un mecanismo eficaz para incentivar el fin de la crisis y el regreso a la normalidad democrática y al respeto a los derechos humanos.”

Finalmente, el GHREN observó que el regreso a la democracia en Nicaragua y la recuperación de todo lo perdido bajo el gobierno de Ortega tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos. En este sentido, Carlos Quesada enfatizó en que “la justicia no puede demorar más. La comunidad internacional, particularmente los países aliados al pueblo de Nicaragua deben tomar acción con prontitud”.

Violento fin de año en Nicaragua: Alerta máxima por redada sin precedentes contra líderes de la Iglesia católica

Washington D.C., 31 de diciembre de 2023.– A tan solo unas horas del cierre del año 2023, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanza una alerta máxima a la comunidad internacional por la redada sin precedentes, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra miembros de la Iglesia católica en Nicaragua. Raza e Igualdad llama a la condena internacional por la detención de al menos 14 religiosos en los últimos días de 2023, y exhorta a la comunidad internacional a ejercer mayores presiones que obliguen a que el régimen nicaragüense respete los derechos humanos y se les responsabilice por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Esta redada de fin de año es tan solo una muestra del terror que se vive en Nicaragua y sin duda da un mal presagio de lo que será el año 2024 para este pueblo. El régimen no respeta un solo derecho humano y la libertad religiosa no es la excepción. Continuamos monitoreando y denunciando ante el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los crímenes cometidos; sin embargo, somos conscientes de que la gravedad de la situación excede nuestros esfuerzos. La comunidad internacional debe actuar urgentemente”, dijo Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de forma infundada, ha tildado a la Iglesia católica como “golpista” desde la participación de esta institución como mediadora de las negociaciones de la mesa de Diálogo Nacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis sociopolítica que inició en abril del año 2018. Los ataques hacia la Iglesia han ido adquiriendo mayores niveles de violencia e intentan instaurar el terror en los y las nicaragüenses que profesan su fe y escuchan a sus líderes religiosos.

En febrero de este año, el régimen excarceló, desterró a Estados Unidos y despojó de su nacionalidad nicaragüense a al menos 8 religiosos que mantenía privados de libertad por motivos políticos desde el año 2022; y envió a aislamiento en la cárcel “La Modelo” al Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, quien fue condenado a 26 años de prisión por los falsos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y despojado de su nacionalidad y derechos ciudadanos.

Asimismo, en 2023 el régimen cortó las relaciones diplomáticas con el Vaticano, “institucionalizó de facto” la prohibición de actividades religiosas, estableció vigilancia permanente en templos católicos, cerró y confiscó la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), encarceló y desterró al Vaticano a otros 12 sacerdotes,  y continuó su estrategia de “tierra arrasada” contra organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones religiosas. Se estima que al menos 76 monjas y 151 sacerdotes han sido desterrados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua.

Los religiosos víctimas de esta redada de fin de año son el Obispo Isidoro Mora y los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios, de la Diócesis de Siuna; Monseñor Carlos Avilés, Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Mykel Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Héctor Treminio, de la Diócesis de Managua; Ervin López, Monseñor Jaime Ramos y Monseñor Marcos Díaz Prado, de Chinandega; Fernando Calero de Matagalpa; Monseñor Pablo Villafranca, de Masaya. Actualmente se desconoce el paradero de todos ellos, por lo cual están en una situación de desaparición forzosa.

Cabe destacar que el sacerdote Jader Guido y monseñor Óscar Escoto, de la Diócesis de Matagalpa, fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente liberados. Ambos se encuentran bajo una amenazante vigilancia policial y paramilitar.

“En este fin de año queremos expresar nuestra más enérgica condena, pero también nuestra solidaridad y nuestros deseos de esperanza y resiliencia al pueblo nicaragüense, particularmente a las familias de las víctimas de las detenciones arbitrarias y otros crímenes cometidos por la dictadura que permanecen en la impunidad. Reconocemos la labor de las personas defensoras de derechos humanos, entre ellas, todas aquellas que defienden la libertad religiosa, quienes son incansables en su quehacer. Este 2024 restablecer la democracia en Nicaragua debe ser una prioridad en nuestras agendas. ¡No nos olvidemos de Nicaragua!”, finalizó Christina Fetterhoff, Directora de Programa de Raza e Igualdad.

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