Nicaragua: Condena de 8 años contra el periodista Víctor Ticay se suma a la lista de violaciones a los derechos humanos

Washington D.C., 18 de agosto de 2023.- Las autoridades de Nicaragua  mantienen una política de criminalización en contra del periodismo independiente en Nicaragua. La detención, encarcelamiento, acusaciones y  condena contra el periodista Víctor Ticay son la más reciente muestra de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. 

El 1 de junio de 2023, organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenamos el arresto en contra del periodista nicaragüense Víctor Ticay, en represalia por informar en una de sus redes sociales sobre una celebración católica, el 5 de abril de 2023. El régimen de Daniel Ortega prohibió la expresión religiosa en los espacios públicos y, como se observa en el caso del periodista, la cobertura de este tipo de eventos fue la justificación para la judicialización de  personas periodistas independientes.

El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía Nacional de Nicaragua acusó a Víctor Ticay de los supuestos delitos de traición a la patria y ciberdelito. De acuerdo con información pública, durante más de cuarenta días en detención, estuvo incomunicado y en un limbo jurídico. Ticay es colaborador del Canal 10 y director de la página de «La Portada» en donde ha documentado violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. 

Pese a la condena pública de organismos y organizaciones internacionales sobre su detención así como una campaña promoviendo su liberación por parte de sus colegas periodistas, el 16 de agosto se dio a conocer que el periodista fue condenado a 8 años de cárcel, 5 años por el supuesto delito de traición a la patria y 3 años más por ciberdelitos. 

Alertamos que Víctor Ticay puede encontrarse en riesgo de perder su nacionalidad debido a las reformas constitucionales en el marco del destierro de 222 ciudadanos y como parte de una estrategia de las autoridades de forzar al exilio a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros.

Además de Ticay, dos personas periodistas fueron judicializadas los últimos meses por la supuesta propagación de noticias falsas. El 3 de mayo fueron detenidos la directora de Doce Noticias, y corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora, y William Aragón (ex corresponsal de La Prensa) a quienes se les dictó libertad condicional. Además, a inicios de julio, a Aragón le fue negada la atención médica en el Centro de Salud y en el hospital Juan Antonio Brenes Palacios de Somoto pese al cuadro de salud que presentaba.

Las condiciones actuales han forzado a los y las periodistas y medios del país a tomar la drástica medida de salir al exilio, a consecuencia de la persecución del gobierno, como una forma de salvaguardar su integridad física, laboral y emocional. El 3 de agosto pasado se reportó el desplazamiento forzado de al menos 8 periodistas más, entre estos figura el caso del periodista de Radio Corporación y Fuentes Confiables, Marcos Medina, que junto con su familia se le prohibió el ingreso a Nicaragua el 24 de julio, luego de un viaje a Estados Unidos.

El 31 de marzo de 2023, un informe del Grupo de Expertos de la ONU detalló la gravedad del ataque a los derechos humanos en Nicaragua como  «producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y de la destrucción del espacio cívico». El mismo Grupo de Expertos expuso la importancia de que la comunidad internacional continúe monitoreando la situación del país. Además, el pasado 18 de abril en el marco del aniversario de la represión en contra de opositores al gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el restablecimiento de la democracia de la mano de un proceso que garantice el acceso a la justicia.  Para sentar las bases de la democracia la garantía del ejercicio de la libertad de expresión es fundamental.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay y la suspensión de las recientes reformas constitucionales vinculadas al delito de “traición a la patria”, por ser un vehículo que busca facilitar la violación de los Derechos Humanos a personas críticas, opositoras  o percibidas como tales. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia a las autoridades nicaragüenses para que ponga fin a la ola de represión en contra de las voces críticas en Nicaragua. 

Solicitamos a la comunidad internacional que mantenga el seguimiento, monitoreo y apoyo a las víctimas del régimen autoritario en Nicaragua.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Continuamos trabajando en el monitoreo, documentación y denuncia de los ataques a la libertad de expresión, y la incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, con el propósito de garantizar justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

FIRMAN

Red Voces Del Sur

Fundamedios

IFEX-ALC

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Article 19 Oficina para México y Centroamérica 

Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)

PEN International 

PEN Nicaragua 

Amarc ALC

Nicaragua: el peor ejemplo de represión en las Américas

Washington D.C, 22 de junio de 2023 – El Instituto sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) en el contexto de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizaron un conversatorio sobre “La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región”, en el cual abogadas y víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expusieron sus puntos de vista sobre los patrones represivos contra personas opositoras o consideradas como tales y contra la Iglesia Católica; la prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia quienes ejercen sus libertades.  

La Primera Vicepresidenta de la CIDH y Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, se refirió a la atención que la Comisión y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) ha prestado a la crisis, acompañando a las víctimas desde los primeros días de las protestas de abril 2018.  

Carlos Quesada director ejecutivo de Raza e Igualdad manifestó que el objetivo del evento es visibilizar, en el marco de la 53 Asamblea General de la OEA, la persistencia y la profundización de la crisis de derechos humanos y cómo Nicaragua está dando la pauta de los retrocesos democráticos en la región, porque, aunque Nicaragua no es el único caso de retroceso democrático que se ha valido de la prisión por motivos políticos, este ha sido el peor de todos.  

“Raza e Igualdad ha confirmado que el régimen continúa reprimiendo de muy distintas formas, encarcelando y desterrando a nicaragüenses opositores y a personas consideradas como tales. A otros, les ha aplicado la muerte civil y a otros, les ha condenado, en la práctica, al destierro y la apatridia al impedirles regresar a su país”, manifestó Quesada.  

Lista de privados de libertad en aumento 

El primer panel, moderado por Marcelo Azambuja, de Raza e Igualdad,  abordó el tema sobre los “Patrones de represión a la oposición y represión a la Iglesia”. Este panel contó con la participaron de la abogada Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), organización que representa legalmente a personas privadas de libertad por motivos políticos y Martha Patricia Molina abogada e investigadora quien ha realiza un monitoreo y sistematización de las agresiones del régimen Ortega-Murillo hacia la Iglesia Católica. 

Salazar manifestó que en los últimos años se ha observado una tendencia regresiva en materia de derechos humanos y democracia a nivel regional y eso se puede observar en la cooptación de los poderes del Estado al servicio de las voluntades políticas partidarias, la falta de independencia judicial y la instrumentalización del sistema de justicia para reprimir, la corrupción, el menoscabo a las libertades de expresión, prensa, movilización, el control de todos los poderes del Estado, la aprobación o reformas a leyes con fines de control político partidario, la suspensión y cancelación de personería jurídicas y cierre de espacios cívicos, la criminalización y encarcelamiento de periodistas, activistas y defensores, los procesos judiciales viciados y Juicios espurios, sin abogados defensores. 

“Al día de hoy (22 de junio), el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, ha registrado más de 230 personas detenidas entre febrero y mayo del 2023, y refiere que permanecen en cárcel al menos 64 personas, de las cuales 13 son mujeres, 6 de ellas son defensoras de derechos humanos y 5 con hijos e hijas menores de edad”, dijo Salazar, quien agregó que las personas detenidas entre abril y mayo permanecieron bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero, sin confirmación oficial de las autoridades durante al menos 2 meses y sus familiares han referido que algunos muestran en sus rostros y cuerpos evidencia de las golpizas. 

Por su parte la abogada e investigadora Martha Patricia Molina quien realizó una sistematización de los ataques efectuados contra la Iglesia Católica por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril del 2018 hasta marzo de 2023, explicó que en ese periodo se han efectuado 529 ataques, y el año 2022 fue nefasto contra la Iglesia Católica con 161 agresiones realizadas, sin embargo, el 2023 podría ser peor pues ya en el primer trimestre se registraron 90 agresiones.  

Agregó que en el primer semestre 80 personas que se dedican a la vida religiosa han sido desterradas, exiliadas, expulsadas o se les prohibió el ingreso al territorio nacional. También les han confiscado al menos 8 edificios.  

Molina abogó por la libertad del obispo Rolando José Álvarez a quien desde el 25 de marzo no le han visto. “Alzo mi voz para solicitar a la comunidad internacional que exija a la dictadura Ortega-Murillo su libertad y cese a la persecución de la iglesia católica” 

“Un régimen de terror” 

El segundo panel moderado por Julia Dellasoppa de Raza e Igualdad, abordó el tema de “La prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia la disidencia y hacia quienes ejercen su libertad religiosa desde la óptica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las víctimas”.  

Participó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y víctimas de la represión en Nicaragua: Alex Hernández, Eilen Montoya y Evelyn Pinto. La Comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena de Troitiño, recordó que desde antes de 2018 Nicaragua ya estaba viviendo una situación de represión a los derechos humanos, ya que a ella le cerraron la puerta de país cuando quiso llegar a una reunión para analizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Arosemena, a quien se le quebrantó la voz al dirigirse a las víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dijo que evaluar la situación de Nicaragua desde 2018 es una tarea muy dura, muy compleja. 

Arosemena calificó al régimen Ortega Murillo como “un régimen de terror” y manifestó que la Comisión sigue constatando que las personas que son privadas de libertad por motivos políticos son tratadas por el gobierno como objetos para el intercambio, la negociación, para mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, para inhibir cualquier acción de protesta social, para condicionar las acciones que la oposición y la sociedad civil pueden buscar para lograr el retorno a la democracia. 

Por último, la Comisionada hizo un llamado a la comunidad internacional para que haga el análisis y reflexione sobre lo que representa la realidad de Nicaragua. “Por eso la comunidad internacional, los Estados de la región deben asumir el compromiso de la denuncia, el cuestionamiento y buscar formas creativas para que la justicia internacional empiece a buscar los cauces para que haya justicia”.  

Eilen Montoya González, sobrina del privado de libertad por motivos políticos en Nicaragua Abdul Montoya Vivas, de 65 años, denunció que su tío se encuentra en un limbo jurídico al no ser presentado por las autoridades ante el Juez que le procesa. 

Explicó que su tío fue detenido arbitrariamente en Jinotega y luego trasladado a Managua, lo cual ha provocado un desgaste económico para la familia que tiene que viajar desde Matagalpa, ubicada a 140 kilómetros de Managua para hacerle llegar los alimentos, medicina y productos de aseo personal. Una única visita fue concedida por 20 minutos, a los 70 días de detención. 

Montoya abogó por la liberación de su tío y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Además, denunció que la Policía Nacional de Nicaragua, el 8 de abril en horas de la tarde, creó un perfil falso con el nombre de su tío con publicaciones que incitan al odio y a la violencia armada. 

Por su parte Evelyn Pinto defensora de derechos humanos, exprisionera política, desterrada y desnacionalizada por la dictadura Ortega-Murillo, relató que entre las arbitrariedades a las que fue sometida está la alteración de la fecha y lugar de su detención, ya que indicaban que fue detenida el 18 de noviembre, sin embargo, su detención ocurrió el 6 de noviembre. 

Pinto relató que, aunque no fue agredida físicamente, si fue violentada psicológicamente cuando la trasladaron a la cárcel La Esperanza. “Si bien las mujeres presas comunes gozan de una serie de prerrogativas, para nosotras estaban negadas, éramos constantemente custodiadas, fotografiadas, sin atención médica especializada y requisadas cada vez que íbamos a visita con nuestras familias», dice Pinto. 

Pinto pidió a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos que continúen involucrándose activamente en la denuncia de la situación de Nicaragua. “Ayúdennos a ser la voz de los que han querido callar con cárcel, muerte o exilio. Insto a la comunidad internacional a tomar medidas concretas como: la adopción de resoluciones que condenen las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que los organismos internacionales financieros dejen de oxigenar a semejante dictadura y que la OEA haga lo necesario para aplicar la Carta Democrática Interamericana”.  

Por su parte Alex Hernández activista político y quien ha sido prisionero político en dos ocasiones, expresó que, para desdicha del pueblo nicaragüense, en el último quinquenio, Nicaragua es la prueba de hasta dónde puede llegar la crisis en una sociedad cuando la democracia y las otras virtudes que de ella emanan desaparecen por completo de la vida política y cotidiana de un Estado. 

“El desafío de nuestras democracias y de nosotros las victimas es no dejar que las atrocidades que pasan en nuestro país sean invisibilizadas por ‘solidaridad’ ideológica entre gobernantes, el desafío  para nosotros es llegar a todos los rincones de nuestra América, donde las libertades están en peligro para alzar nuestra voz, que nos escuchen y reviertan ahora que aún están a tiempo”, dijo Hernández. 

Colectivo 46/2 condena arbitrariedad de Corte Suprema de Justicia contra profesionales del Derecho

San José, Ginebra, Washington D.C., 12 de mayo del 2023.- Ante la reciente suspensión definitiva del ejercicio de la abogacía y notariado a 25 personas en Nicaragua, ordenada el 11 de mayo de 2023 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las organizaciones que integramos el Colectivo 46/2 expresamos nuestra enérgica condena a lo que constituye una represalia más de los operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

De las 25 personas afectadas,15 son abogados del grupo de 222 personas que fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero, y las otras 10 personas fueron despojadas de su nacionalidad en un grupo de 94 personas, entre quienes se encuentran la reconocida defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y el escritor Sergio Ramírez Mercado.  

Vilma Núñez de Escorcia, es fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización integrante del Colectivo 46/2. Núñez tiene una carrera intachable de más de seis décadas luchando incansablemente por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, siendo su labor reconocida a nivel nacional e internacional. El régimen ya la había despojado de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, junto a otras 93 personas.

Entre las abogadas y notarias suspendidas están Mónica López Baltodano, defensora ambiental y Presidenta de POPOL NA; Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; Ana Margarita Vijil, feminista, dirigente política de UNAMOS y defensora de derechos humanos; y María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos de CPDH.

La arbitraria decisión afecta también a otras defensoras de derechos humanos, ambientalistas, políticos opositores, escritores y a tres extrabajadores del mismo Poder Judicial que fueron procesados el año pasado y enviados al destierro en febrero. Esta decisión fue antecedida por la tomada el 9 de mayo contra la abogada Yonarqui Martínez, quien denunció la detención arbitraria de 57 personas el 3 de mayo.  

Desde el Colectivo 46/2 lamentamos profundamente que el impacto de esta acción represiva traerá consecuencias directas en la observancia y defensa en procesos judiciales y en la defensa de derechos humanos. Exigimos a las autoridades del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anular esta decisión, que es violatoria del derecho internacional de los derechos humanos.  

Demandamos que se investigue y sancione a los responsables de esta nueva ola de arbitrariedades. Llamamos a los órganos de protección de los derechos humanos y a la comunidad internacional a denunciar esta acción emprendida por un poder desbordado que persigue a un sector de la población que se identifica como oposición o se percibe como tal, lo que caracteriza la situación de Nicaragua como una de las más graves de la región por los crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose.  

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por esta nueva arbitrariedad y nuestro reconocimiento a su importante labor. Continuaremos observantes para que estos y otros hechos no queden en la impunidad.  

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El Colectivo 46/2 es una coalición conformada por 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses que informa periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del régimen de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  

El Colectivo 46/2 impulsó una campaña de incidencia #MecanismoParaNicaragua con el objetivo de que el Consejo de Derechos Humanos de Humanos de Naciones Unidas adoptara la Resolución 49/3, que estableció el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés); y más recientemente, abogó para la aprobación de la Resolución L.38. Esta última resolución, aprobada el pasado 27 de marzo de 2023, renueva el mandato de monitoreo de la OACNUDH y el mandato GHREN por dos años, reforzando su enfoque interseccional de este último, y prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a familiares de las víctimas.  

Organizaciones que conforman #NicasLibresYa condenan detenciones arbitrarias y juicios espurios realizados en una noche contra más de 57 nicaragüenses

Washington D.C. 5 de mayo de 2023. – Al terminar la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y tras una serie de condenas por la persecución de periodistas en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo desató una nueva ola de secuestros procesando al  menos a 57 personas en horas de la noche del 3 de mayo y la madrugada del 4 de mayo.

Monitoreo Azul y Blanco, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron este 4 de mayo, que por lo menos la mitad de esas personas fueron enviadas a arresto domiciliario luego de ser sometidas a una audiencia preliminar expedita, realizada de forma privada, en horas de la madrugada sin presencia de familiares ni abogados defensores de su elección o la prensa independiente. 

Entre las personas detenidas están periodistas, miembros del Movimiento Campesino,  Madres de abril, activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil, entre ellas estarían más de una veintena de mujeres, cuyas viviendas fueron allanadas sin orden judicial y sin que cometieran delitos, se les despojó de todos los  equipos o medios de comunicación de las personas detenidas y de todos sus familiares. Fueron sometidos a audiencias judiciales arbitrarias y presentación diaria ante las delegaciones departamentales de la Policía controlada por el régimen. 

Entre las ilegalidades reportadas está también que las personas detenidas fueron enviadas al Complejo Judicial de Managua sustrayéndolas de su jurisdicción y no se les abrió proceso en los departamentos del país correspondientes.  Además, se les realizó la audiencia preliminar divididos en diferentes salas donde fueron agrupados dependiendo del lugar donde se les capturó, sin asegurar su derecho a la defensa y el debido proceso. 

En febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo excarceló y desterró a 222 personas privadas de libertad por motivos políticos de un total de 245. Sin embargo, a marzo de 2023 ya habían 36 personas privadas de libertad en la cárcel. 

Desde la segunda semana de abril de 2023, cuando se conmemora la Semana Santa y en el marco del 5to aniversario del levantamiento cívico de abril 2018, el régimen volvió a capturar a más nicaragüenses opositores o percibidos como tales y la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos nuevamente volvió a subir a un número todavía no determinado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua. Preocupa profundamente el ritmo que llevan estas detenciones arbitrarias ya que de continuar esta tendencia, podría llegarse al fin de año con una cifra similar a las 222 personas que fueron excarceladas y desterradas el 8 de febrero de este año o incluso superior, todas personas inocentes en cárcel o con las restricciones propias de la detención domiciliar como parte de una estrategia represiva que no tiene fin.

El Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Unidad de Registro (UDR) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, desde la campaña permanente #NicasLibresYa condenamos  enérgicamente que el régimen Ortega-Murillo continúe persiguiendo a todos los sectores de la población que identifica como opositores y viole su libertad individual y otros derechos humanos sometiéndoles a juicios espurios pretendiendo ampararse en la oscuridad de la noche y sin garantías de que se respeten las leyes del país. 

Exigimos que se anulen los juicios, se revoquen las medidas  de presentación diaria que se impusieron y que se permita a estas personas volver a la cotidianidad de sus vidas sin repercusiones para ellas ni sus familiares. 

El régimen de terror de los Ortega-Murillo debe acabar y desde #NicasLibresYa demandamos a la comunidad internacional que continúe presionando para que se restablezca la democracia y se respeten los derechos humanos en Nicaragua.

¡No más detenciones arbitrarias ni juicios espurios!

#NicasLibresYa