Privación arbitraria de libertad por motivos políticos: “un fenómeno creciente en Las Américas”

Washington D.C., 5 de octubre de 2022– “No hay país que no esté retado por la existencia de detenciones arbitrarias”, fueron  las palabras de Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quien se refirió a  esta problemática durante el evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Samayoa recordó  tres de las cinco categorías que ha fijado el Grupo de Trabajo sobre la  Detención Arbitraria para determinar que una persona está siendo víctima de esta práctica: 

• La ausencia de base legal para la detención;
• La detención como resultado del ejercicio de derechos o libertades; y
• La inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Samayoa también destacó que las detenciones arbitrarias que ocurren para privar derechos, comúnmente están asociadas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y afectan a muchos grupos de personas: defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos de oposición, manifestantes y participantes de protestas pacíficas, líderes de pueblos indígenas, entre otros.

“Nicaragua es donde tienen (detenidos) de todo: desde una feminista, un sacerdote, un estudiante o alguien que quiso participar en el Movimiento Azul y Blanco (organización política nicaragüense), un policía que se negó a cumplir las órdenes, esto es una expresión del autoritarismo”, expresó Samayoa. 

La vicepresidenta de la OMCT categorizó a diferentes países en tres secciones dependiendo el tipo de detenciones arbitrarias que cometen. Identificó que México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Chile “padecen” del fenómeno de criminalización de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. 

Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, están en la categoría de países que detienen arbitrariamente a periodistas y personas ejerciendo sus derechos de manifestación o libertad de expresión. 

En una tercera categoría de países Samayoa identificó aquellos que realizan detenciones arbitrarias de políticos de oposición a quienes se consideran enemigos del Estado. En esta lista ubicó a Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Todo esto permite entender el fenómeno de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos  en las Américas, y para dimensionar los efectos sobre sus poblaciones, Raza e Igualdad invitó a familiares de personas que enfrentan esta realidad en  Cuba, Nicaragua y Venezuela quienes dieron sus testimonios en el evento antes citado.

Los Estados deben garantizar el derecho a defender derechos humanos 

El comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó  las obligaciones que tienen los Estados de proteger y prevenir ataques contra quienes defienden los derechos humanos en los países. Considerando que, entre las personas privadas de libertad por motivos políticos, siempre existen defensores y defensoras de derechos humanos que son víctimas de la represión estatal. 

“Existen diversas obligaciones, inherentes, para el Estado, como son el deber de prevenir ataques a la labor de defensa de derechos humanos, el deber de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y también el deber de investigar y sancionar, cualquier ataque que surja contra las personas defensoras”, dijo Hernández.

“Historia de prisioneros políticos en Cuba es horrenda”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Dr. Eduardo Cardet, recordó que su hermano se convirtió en privado de libertad por motivos políticos en 2016 cuando regresó de un viaje de Estados Unidos y fue interceptado por agentes estatales vestidos de civil que lo golpearon y se lo llevaron, para liberarlo tres años después luego de un juicio sin garantías del debido proceso y una sentencia injusta en su contra.

“La historia de los prisioneros políticos en Cuba es horrenda y de larga data. Consta desde 1959 ininterrumpidamente desde que los hermanos Castro (Fidel y Raúl Castro) asumieron el poder, con oleadas significativas (de detenciones), en las décadas del 60 y 70”, contextualizó Cardet.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía salió a manifestarse pacíficamente contra la crítica situación socio-económica y de derechos humanos en la Isla, organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex han registrado por lo menos 1,514 detenciones arbitrarias y refieren que actualmente hay 665 personas privadas de libertad por participar en dichas protestas. Desde entonces, la situación solo se ha agravado, relató Cardet. 

A pesar de la violenta represión en contra del pueblo cubano desde el 11J, el paso del huracán Ian, que provocó falta de acceso al fluido eléctrico y agravó las condiciones de pobreza de muchas personas, está generando nuevas manifestaciones en Cuba, cuyos pobladores exigen “libertad”, a lo cual las autoridades cubanas han respondido con más represión. 

“Mi mami solo ha podido ver a Lesther 10 veces en 15 meses”

En Nicaragua se contabilizan más de 205 personas privadas de libertad por motivos políticos. 195 de ellas después de las manifestaciones pacíficas de abril de 2018 y 10 antes de esa fecha, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.

Entre las personas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron en julio de 2021, se encuentra el líder estudiantil Lesther Alemán, de 24 años, quien tiene más de un año de haber sido detenido y condenado a 13 años de prisión.

Su hermana, Kenia González, recordó que durante el diálogo nacional que se realizó en el país en 2018, Alemán le reclamó directamente a Ortega por las muertes de estudiantes y manifestantes pacíficos, y le pidió que dejara el poder. 

Desde que fue detenido, Alemán ha sido una de las víctimas que ha sufrido aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y padece una enfermedad no determinada en una de sus piernas que le impide caminar correctamente, mientras la Policía le impide acceder a atención médica especializada. 

“(Este 5 de octubre), él cumple 15 meses de estar en privación de libertad y mi mami solo lo ha podido ver en 10 ocasiones. Todos los días ella va con unas botellas de agua y la esperanza, a veces se las dejan pasar y a veces no”, denunció González.

La situación en el país centroamericano no mejora y los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos reportan que entre septiembre e inicios de octubre de este año, al menos 17 personas más fueron detenidas arbitrariamente y se iniciaron juicios en su contra.  

Jueces actúan a favor del poder para condenar a inocentes

José Gregorio Guarenas, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Venezuela, organización de la Arquidiócesis de Caracas que promueve y defiende los derechos humanos en ese país, resaltó durante su intervención que para que existan personas privadas de libertad por motivos políticos en un país, también debe existir un sistema de justicia que actúe a favor del gobierno de turno, como es el caso de Venezuela y otros países. 

“Para que existan presos políticos debe existir un régimen de jueces que se encuentren a la disposición del Poder Ejecutivo o a la disposición de un régimen”, destacó Guarenas durante su intervención. 

El Foro Penal de Venezuela estima que desde 2014 hubo más de 15,775 detenciones arbitrarias de personas que luego fueron liberadas. Sin embargo, hay 244 que todavía continúan encarceladas y, de esa misma cifra, 79 fueron condenadas ilegalmente en procesos judiciales cuestionables y llenos de arbitrariedades.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2022 sobre la situación en Venezuela, concluyó que los organismos del Estado, civiles y militares, funcionan como estructuras coordinadas desde las autoridades más altas del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), mantenemos nuestro llamado constante por la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas. 

De la misma manera, exhortamos a los Estados a que inicien procesos de reparación y justicia a favor de las víctimas quienes no cometieron ningún delito, sino que fueron encarceladas con acusaciones falsas y en el marco de procesos carentes de independencia, siguiendo instrucciones dictadas desde el Poder Ejecutivo. 

 ¡Ni un día más en detención!

Raza e Igualdad exigirá la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas en el marco de la 52 Asamblea General de la OEA

Washington D.C., 26 de septiembre de 2022.- Latinoamérica se enfrenta a un aumento de  detenciones arbitrarias que están provocando que la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos se incremente de forma dramática, por ejemplo, en Cuba se ha llegado a 665 personas desde el 11 de julio de 2021, en Nicaragua a 205 desde abril de 2018, y en Venezuela a 246 desde 2014. 

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos y por ello realizaremos el evento híbrido “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en Lima, Perú, del 5 al 7 de octubre de 2022.

Este evento servirá como un espacio de reflexión y diálogo para contribuir al debate regional sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, a fin de crear conciencia sobre lo cruel de esta práctica y hacer un llamado a su  pronta liberación. 

Las personas privadas de libertad por motivos políticos en estos países son personas percibidas como oposición por el sólo hecho de ejercer crítica sobre los regímenes o gobiernos. Así pues, muchos de los privados de libertad son estudiantes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, feministas, artistas, periodistas, miembros de gremios, y candidatos y candidatas a la presidencia que han sido injustamente encarcelados y sometidos a procesos judiciales viciados que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.

En el evento participarán Miriam Cardet, hermana del ex preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Dr. Eduardo Cardet; Kenia Alemán, hermana del líder universitario nicaragüense, Lesther Alemán, quien cumple una condena de 13 años por exigir cambios en Nicaragua; además de José Gregorio Guarenas, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Venezuela, organización de la Arquidiócesis de Caracas que promueve y defiende los derechos humanos en ese país.

También compartirán en este conversatorio Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); y el comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si bien el fenómeno de privar de libertad por motivos políticos a activistas o población civil crítica de los gobiernos en el poder, en Latinoamérica hay tres casos ejemplares que exceden el uso de la privación de libertad como herramienta represora. Éstos países son Cuba, Nicaragua y Venezuela, Estados que abiertamente usan y justifican la prisión para evitar oposición contra el gobierno que se explica a continuación:

Cuba

En Cuba impera un sistema político de partido único a través del cual el gobierno mantiene un férreo control sobre todas las instituciones del Estado y, por tanto, las instrumentaliza para criminalizar a sus habitantes.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía salió a manifestarse pacíficamente contra la crítica situación socio-económica y de derechos humanos en la Isla, organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex han registrado por lo menos 1,514 detenciones arbitrarias y refieren que actualmente hay 665 personas privadas de libertad por participar en dichas protestas. 

Nicaragua 

Hasta agosto de 2022 en Nicaragua la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos subió a 205, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, sin embargo, desde el mes de septiembre las denuncias de detenciones arbitrarias continuaron en contra de familiares de la agrupación política UNAMOS, cuya presidenta, Suyen Barahona, se encuentra detenida desde junio de 2021. 

La escalada represiva alcanzó a los sacerdotes de la Iglesia Católica en agosto, y se ha ido extendiendo a tal punto que el hostigamiento a las familias de las personas detenidas o en el exilio es cada vez mayor. La Policía al servicio del régimen se encarga de reprimir, pero también se apoyan en simpatizantes y paramilitares para este fin.

En el marco de evento, se realizará la exposición fotográfica #NicasLibresYa, como parte de la campaña del mismo nombre, para visualizar las historias de 70 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua y las injusticias cometidas en su contra.

Venezuela 

El Foro Penal estima que desde 2014, las autoridades venezolanas detuvieron a 15,775 personas, las cuales fueron liberadas posteriormente. Sin embargo, hay 246 que todavía continúan encarceladas y, de esa misma cifra, 80 fueron condenadas ilegalmente en procesos judiciales cuestionables y llenos de arbitrariedades. 

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2022 sobre la situación en Venezuela, concluyó que los organismos del Estado, civiles y militares, funcionan como estructuras coordinadas desde las autoridades más altas del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. 

Al igual que en Cuba y Nicaragua, que tienen sus propios órganos represores, en Venezuela el hostigamiento a la disidencia lo realizan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Estos órganos persiguen a quienes identifican como personas opositoras e incluso desatan el hostigamiento en contra de familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. 

Para participar 

El evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 4 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:15pm hora de Lima. 

Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español e inglés para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea. 

Para registro virtual y presencial pueden usar el vínculo que se coloca a continuación:

Inscripción

Pronunciamiento 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso por la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Las Amércias,  especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe ejerciendo presión sobre los gobiernos de esos países para liberar a estas personas injustamente encarceladas y sometidas a tratos crueles, inhumanos, degradantes, y torturas.

Como organización que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos a nivel regional, pedimos que se respeten los derechos fundamentales de las personas en las Américas, sin discriminación de ningún tipo. 

¡Ni un día más en detención!

Demandamos garantías para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en Nicaragua  

Washington D.C., 9 de agosto 2022.- Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos el cierre masivo y arbitrario de radios en el departamento de Matagalpa, entre ellas Radio Vos, una emisora comunitaria con 18 años de trabajo en favor de las comunidades y grupos vulnerables del departamento, así mismo las emisoras católicas Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo y Radio Alliens.

En el caso de Radio Vos, ésta recibió una notificación de cierre por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) bajo el argumento de supuestos problemas técnicos, que en la práctica no existen.

El martes 1 de agosto de 2022, las emisoras católicas fueron obligadas a cerrar de forma inmediata luego de recibir una notificación de parte de Telcor, en la que se alegaba que “no cuenta con título habilitante vigente” para operar.

Ese mismo día, la Policía de Nicaragua intervino la capilla de Sébaco, donde también operaba la emisora católica, haciendo uso excesivo de la fuerza, bombas lacrimógenas y disparos al aire para intimidar y dispersar a la feligresía que se acercó a las instalaciones como un gesto de solidaridad.   

El 2 de agosto, Telcor también ordenó el retiro del aire del canal de televisión RB3 en Río Blanco, Matagalpa. Este canal prestó un importante servicio a la comunidad por 20 años.  A la fecha se ha tenido noticia  además el cierre de espacios informativos, como “Noticiero Hechos” y “Noticiero al Instante”, los cuales fueron suspendidos en Radio Stereo Azul, en el departamento de Chinandega. Asimismo, el cierre del Noticiero 10 En Punto que se transmitía en Radio Corporación.  

Ante los hechos descritos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron al cese de los ataques y uso de la represión a medios de comunicación como una forma de censura.

Las organizaciones firmantes nos sumamos a las condenas por los recientes cierres de las radios religiosas pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y nos solidarizamos con sus audiencias a las cuales se les ha violentado el derecho fundamental de la libre expresión.

Lamentamos que en el país se continúen clausurando espacios que promueven la promoción y defensa de los derechos fundamentales. 

Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a que reviertan los actos administrativos que han ejecutado hasta la fecha y a que se abstengan de continuar con el cierre arbitrario de medios de comunicación y la persecución en contra de la prensa independiente. 

Una democracia sólo puede construirse sobre la base del respeto a la pluralidad de voces y los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos violentados por las autoridades gubernamentales. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional de naciones y a los organismos de protección de Derechos Humanos a pronunciarse y rechazar de forma decidida estas nuevas violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. 

Nicaragua: ONGs continuarán documentando y denunciando actos de tortura, pese a la falta de cooperación del Estado con la ONU

Washington D.C., Ginebra, San José y Managua, 3 de agosto de 2022.- En una conferencia de prensa convocada con el propósito de  analizar las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura (CAT) para el Estado de Nicaragua emitidas el pasado 29 de julio, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nicaragüenses e internacionales,  denunciaron que en el país centroamericano se han violentado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde el año 2008. 

Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura 

Tania Agosti, Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordó que, el pasado 14 de julio, el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la  revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”.

Agosti aseguró que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir  a sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”. 

Para Olga Guzmán, Consejera Principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), este panorama es “muy desolador”, puesto que el Estado de Nicaragua no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por su parte, Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y Relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado, sin embargo, “no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar”. Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance “para mitigar la tremenda soledad y aprensión que (…) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”.

Finalmente, llamó al Gobierno nicaragüense a recapacitar sobre su posición respecto a las y los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y exhortó a que les “deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, que ejercer sus derechos como les corresponde”.

Falta de imparcialidad del Sistema de Justicia Penal

Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expuso que el “evidente incumplimiento del Estado”, la parcialidad del Sistema de Justicia Penal (Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y Sistema Penitenciario) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la intencionalidad represiva orientada a la violación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, ha quedado demostradas ante el CAT. 

Estas instituciones han ejercido prácticas sistemáticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a través de la aplicación de la prisión preventiva, el régimen de aislamiento y castigo de manera generalizada en contra de personas privadas de libertad por motivos políticos, y por plazos superiores a los máximos permitidos en la legislación nicaragüense. 

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que el Comité manifestó “serias preocupaciones y recomendaciones al Estado en materia de administración de justicia y violaciones a pueblos indígenas”. Los informes recibidos por el CAT indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultado de muerte; sin embargo existe una presunta reticencia de las autoridades para investigar los hechos, así como intentos de criminalización y estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos.

Gobierno de Nicaragua ejerce violencia patriarcal y machista

Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) afirmó que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal”, particularmente hacia mujeres que han alzado su voz para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. 

Sánchez destacó que el Comité expresó preocupación por la alta incidencia de agresiones y actos de violencia sexual en casos de mujeres privadas de libertad por motivos políticos y por el encarcelamiento de mujeres trans en centros para varones. En este sentido, el CAT instó al Estado a adoptar medidas para cesar los actos de represión y violencia en contra de personas defensoras, e investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva los actos de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos en el marco de las protestas iniciadas en abril 2018. 

Pronunciamiento

El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR) agradecemos los esfuerzos de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas miembros del Comité contra la Tortura que, pese a las condiciones adversas y la falta de cooperación del Estado, continúan monitoreando, documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua.

Una vez más hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con las recomendaciones brindadas por el CAT. Es imperativo que el Estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos y que, mientras esto suceda, garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales. 

Asimismo, el Estado debe garantizar imparcialidad del Sistema de Justicia Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues solo así se podría asegurar credibilidad en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional a responder contundentemente y valerse de todos los recursos a su alcance  para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, y cesen las detenciones arbitrarias y los actos de tortura que realiza actualmente.

Estado de Nicaragua se ausenta a la revisión del CAT y la califica como una “provocación”

Washington D.C. / Ginebra, 18 de julio de 2022-. El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, este jueves 14 de julio. La delegación nicaragüense no asistió y, a través de una carta, el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, calificó el examen como una “nueva provocación” y aseguró que el CAT no tiene “legitimidad alguna para cuestionar” sus informes “ni transgredir” sus leyes, constitución y normas. 

Dada la ausencia del Estado y que “Nicaragua se encuentra en un punto crítico de su historia, que afecta evidentemente la vigencia de los derechos humanos de su población”, el Presidente del Comité, Claude Heller comunicó que el grupo de personas expertas realizarían el examen basándose en la información proporcionada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sus informes anuales, la resolución 49/3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo de 2022, la más reciente actualización oral sobre la situación en Nicaragua (16 de junio, 2022), y lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil. 

Durante la sesión, Heller afirmó que el Estado de Nicaragua “ha violado sistemáticamente los derechos humanos” y la Convención contra la Tortura. “El hecho de que el Estado parte (Nicaragua) siga sin garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue siendo motivo de gran preocupación”, agregó Erdoğan İşcan, Experto del Comité y Co-Relator de País para Nicaragua. 

Desde abril del año 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y parapoliciales durante las manifestaciones pacíficas ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 fueron detenidas arbitrariamente. Tras la liberación de varias personas detenidas por motivos políticos en 2019, se documentaron casos de torturas en el marco de la custodia estatal. Actualmente, más de 190 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, y existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos.

Según la información recibida por el Comité, el 97 % de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde las personas arrestadas fueron arbitrariamente privadas de libertad sin que se formulara previamente una acusación ni se celebrase un juicio con las garantías procesales correspondientes. Además, hay una “flagrante violación” de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) en estos centros. 

El Comité informó que, si bien el Estado ha expuesto que no existe una política gubernamental de perseguir, amenazar, hostigar o asesinar a las y los defensores de derechos humanos, o impedir el ejercicio de sus labores; “la información disponible demuestra lo contrario a partir del conjunto de leyes (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, y Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la determinación para la paz)”. 

La OACNUDH registró al menos 40 casos de amenazas, intimidación, criminalización y campañas de desprestigio, la detención arbitraria de 5 periodistas, y el allanamiento de 2 medios de comunicación durante el año 2021. En ese mismo periodo, la Oficina documentó 26 casos de detención y al menos 4 casos de detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos. “Las represalias, con el apoyo de grupos estatales y simpatizantes del gobierno, institucionalizan la violencia contra defensores”, dijo el Presidente.

Asimismo, el Estado de Nicaragua comunicó que “no existen actos de violencia en contra de las ONG” pero que algunas de ellas han utilizado su organización para “alterar el orden público” y realizar acciones para “desestabilizar el país” y derrocar el gobierno, violando la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147); y por ello el Ministerio de Gobernación ha cancelado sus personalidades jurídicas. Por su parte, el CAT consideró que la creciente tendencia de cancelaciones “ha llevado a una drástica reducción del espacio cívico”.

Por otro lado, sobre la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, el CAT pidió al Estado dar referencias sobre las investigaciones en torno a la masacre de personas indígenas mískitus y mayangnas el pasado 23 de agosto de 2021, así como los ataques de colonos perpetrados en octubre del año pasado. El Comité manifestó la reticencia de las autoridades nicaragüenses para brindar información al respecto y sus intentos de criminalizar a las personas indígenas por estos casos. Igualmente, denunció la cancelación de la personalidad jurídica del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), una organización de suma importancia para estos pueblos y comunidades, que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno.

Finalmente, el Comité urgió a las autoridades nicaragüenses a sancionar a las personas responsables de los abusos denunciados y a reanudar el diálogo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité emitirá un documento con sus observaciones finales sobre Nicaragua el próximo 29 de julio, y se lo hará llegar al Estado. 

Pronunciamiento

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes reprobamos la reacción de rechazo del Estado de Nicaragua ante el Comité contra la Tortura. Esto no tiene precedentes y, como mencionó el Presidente Claude Heller, “cuestiona la integridad del Comité, de sus miembros y de los mecanismos internacionales de derechos humanos”, además expresa un profundo desconocimiento y desprecio de la Convención y sus métodos de trabajo.

Recordamos que la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura fue una acción voluntaria del Estado nicaragüense y que, por tanto, debe cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, específicamente con las recomendaciones brindadas por el Comité.

Entre otras cuestiones, demandamos al Estado de Nicaragua: Cesar de inmediato los ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; derogar el marco legal que permite criminalizar por su trabajo a  organizaciones, periodistas y comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, entre otros actores considerados como opositores; e investigar con la debida diligencia los ataques perpetrados contra pueblos indígenas y afrodescendientes, para juzgar y sancionar a los responsables.

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a responder contundentemente para que Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018. ¡No más impunidad!

Firman

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)

Unidad de Registro (UDR)