Día Mundial de la Libertad de Prensa: Periodismo en resistencia dentro y fuera de Nicaragua

Washington D.C., 3 de mayo de 2022.- Este 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa; sin embargo en Nicaragua, los medios de comunicación Confidencial, 100% Noticias y La Prensa están confiscados; Radio Darío vive bajo permanente asedio de la policía, periodistas, comentaristas, trabajadores de medios y colaboradores de organizaciones promotoras de la Libertad de Prensa están arbitrariamente en la cárcel; el asesinato del periodista Ángel Gahona continúa en la impunidad; más de 100 periodistas informan desde el exilio, y las y los periodistas que reportan desde el terreno lo hacen desde la clandestinidad debido a las represalias. 

Por ello, con el objetivo de denunciar el grave deterioro de la Libertad de Prensa en Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conversó con tres periodistas nicaragüenses exiliados sobre los patrones represivos contra la prensa, su decisión de exiliarse, los retos y oportunidades de informar desde dentro y fuera del país, entre otros aspectos. A continuación sus comentarios sobre la situación. 

María Lilly Delgado: Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas 

María Lilly Delgado es una periodista nicaragüense con larga trayectoria en medios nacionales e internacionales que, como corresponsal para la cadena internacional Univisión, cubrió las protestas de abril del año 2018. En mayo del año 2021, Delgado fue citada a la Fiscalía como “testigo” por el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Posteriormente, cuando solicitó la presencia de un abogado en la cita, las autoridades cambiaron su condición a “investigada” y le aplicaron restricción migratoria y “prohibición a salir a lugares públicos y reuniones”. Actualmente se encuentra exiliada en Estados Unidos. 

Para Delgado, en Nicaragua, la prensa y los periodistas independientes son perseguidos por pensar y expresarse diferente a la narrativa oficial del régimen, por informar la demanda de justicia de los familiares de las víctimas de la represión estatal y los familiares de las personas presas políticas. “El régimen quiere aniquilar o silenciar toda voz disidente y crítica”, denunció.

“Hay una nueva versión del periodismo de catacumbas a través de la social media y la web”, afirmó refiriéndose a que, ante el peligro inminente, las y los periodistas operan de forma anónima y “prácticamente clandestina” a lo interno del país. 

Sobre informar desde el exilio, Delgado considera que representa “un enorme reto” porque las mujeres y los hombres de prensa no solo deben reinventarse y expandirse, también deben explorar alianzas, hacer periodismo colaborativo con el objetivo de seguir elevando la calidad del contenido periodístico, buscar la sostenibilidad; y adicionalmente, garantizar la seguridad de quienes reportan a lo interno.

Pese a los momentos difíciles que está viviendo el periodismo nicaragüense, la periodista cree que es el momento de renovar el compromiso con los principios de la ética periodística, como son la verdad y precisión, independencia y humanidad. “Desde donde estemos intentemos poner nuestro grano de arena con este enorme ejército de periodistas que desde dentro y fuera de Nicaragua reivindican su derecho a informar sobre la crisis de derechos humanos”, finalizó.

José Denis Cruz: El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso

José Denis Cruz es un periodista nicaragüense que se encuentra exiliado en España. Trabajó en La Prensa y El Nuevo Diario, dos periódicos de edición nacional que cesaron de circular debido a la política represiva del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Decidió exiliarse en el año 2018, luego de cubrir las protestas sociales, exponerse a golpizas, balas y otros ataques, y tras concluir que “Nicaragua ya no era un país seguro para los periodistas”. Actualmente labora en un medio español de fact-checking y verificación de noticias falsas. 

Para Cruz, ejercer la libertad de prensa sin sufrir represalias es difícil. Los medios y periodistas nicaragüenses han sufrido asedio, censura, amenazas, exilio forzoso, criminalización y en el peor de los casos, asesinato. “Ese ha sido el costo que ha pagado el periodismo por ejercer la libertad de prensa”, lamentó. 

“El régimen no quiere una prensa crítica sino una que sea el altoparlante de su discurso, y el periodismo independiente ha sido valiente en desafiarlo. Las y los periodistas, como toda sociedad que quiere un cambio, defendemos los valores de libertad, justicia y democracia”, expresó.

Sobre informar desde el exilio, Cruz considera que los medios de comunicación que han surgido desde fuera son admirables, se adelantaron a los tiempos con nuevos formatos como las entrevistas a través de la plataforma ZOOM y las reuniones editoriales virtuales. Las y los periodistas se las ingenian para contar las noticias desde nuevas narrativas como podcasts y explainers. “Hay una reinvención del periodismo y por primera vez vemos  medios que no están ligados a grupos de poder”. Sin  embargo, considera que siempre estará presente el reto de mantener la calidad, y encontrar el equilibrio entre la salud mental y la sostenibilidad de los medios. 

Finalmente, José Denis envía el siguiente mensaje para quienes continúan informando desde Nicaragua: “Tengan cuidado. No queremos más mártires… Valoramos su valentía, sin ustedes no supiéramos cómo va el país”. Para sus colegas en el exilio, envía un mensaje de resistencia: “Sigamos resistiendo y denunciando, desde cualquier espacio, las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen”.

Carlos Eddy Monterrey: Este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo

Carlos Eddy Monterrey es un periodista radial que trabajó como comentarista del noticiero “Tras La Noticia” de Radio La Costeñísima, el único medio de comunicación independiente en la ciudad de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. En su programa radial, Monterrey abordaba la crisis sociopolítica y económica, la autonomía regional, el debilitamiento de las instituciones, entre otros temas de interés regional y local. Como consecuencia de esta labor, el periodista fue agredido verbalmente por un ex Secretario Político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y simpatizantes de dicho partido, también sufrió constante acoso policial, amenazas y campañas de desprestigio. Actualmente está exiliado.

Para Monterrey, ejercer la libertad de prensa es “la libertad de informar, tener acceso a la información de parte de organismos e instituciones del Estado sin represión, ni censura”, pero esto no sucede en Nicaragua, “el régimen está desafiando todos los acuerdos internacionales”, lamentó. 

El periodista compartió que, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le extendió medidas cautelares porque su vida e integridad personal se encuentran bajo riesgo y urgencia, “esto definitivamente no ha sido acatado por el Gobierno, por el Estado”. Asimismo, lamentó que personas con medidas cautelares de la CIDH hayan sido encarceladas.

Sobre los retos que enfrentan las y los periodistas en el exilio, Monterrey lamentó las dificultades económicas, así como la necesidad de mantener un “bajo perfil”, no identificarse o evitar hacer publicaciones por miedo a que el régimen tome acciones contra sus familiares. 

Ya sabemos que este régimen es capaz de todo, es un régimen represivo, criminal y viola totalmente todos los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses”. 

Por otro lado, denunció que las y los periodistas que continúan trabajando desde el terreno se enfrentan a acoso constante y amenazas de fanáticos; pero también destacó que tienen una gran capacidad para “ingeniárselas”, tomar medidas de seguridad, e informar a través de plataformas digitales. “Esa es la manera en que la población nicaragüense se da cuenta de lo que ocurre”. 

Finalmente, su llamado es a “seguir resistiendo e informando a un pueblo ávido de información y ávido de conocer la verdad de lo que realmente está ocurriendo, que es lo que trata de ocultar el régimen Ortega Murillo (…) que se divulgue la verdad y que seamos críticos contra todas las atrocidades y barbaridades que cometen”.

Pronunciamiento

En este día, Raza e Igualdad se solidariza con las y los periodistas nicaragüenses que se encuentran dentro y fuera del país; así como con las personas trabajadoras de medios de comunicación, las personas defensoras de la libertad de prensa y sus familias. La continuidad de su labor es fundamental para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua así como para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Demandamos la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas, incluidas personas periodistas, trabajadoras de medios y de organizaciones defensoras de libertad de expresión y libertad de prensa que han sido injustamente condenadas.

Instamos al Gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de prensa, brindando condiciones para que las y los periodistas desarrollen su trabajo sin enfrentar asedio policial, persecución, amenazas, judicialización, exilio, e incluso la muerte.

Demandamos la derogación de la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y otras leyes con las que se ha criminalizado el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de informar. 

Representante OACNUDH sobre Nicaragua: La creación del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas

Washington D.C., 20 de abril de 2022.- En el cuarto aniversario del inicio de la crisis socio política y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó al Representante Regional para América Central de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, sobre el rol de las Naciones Unidas en la situación que atraviesa el país desde el año 2018, la negativa del Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) y otros órganos internacionales de protección, y el papel del Mecanismo de investigación y rendición de cuentas establecido en la 49 sesión del CDH.

El Mecanismo de investigación y rendición de cuentas adoptado por el Consejo es un pedido de las organizaciones de la sociedad civil tales como el Colectivo 46/2, conformado por Raza e Igualdad y otras veinte organizaciones de derechos humanos han realizado desde el año 2021, luego de confirmar el deterioro progresivo de la situación y la absoluta falta de voluntad del Estado nicaragüense para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. Este Mecanismo estará conformado por tres personas expertas en derechos humanos que, durante un año, investigarán de forma exhaustiva e independiente, establecerán los hechos y las circunstancias, recopilarán, preservarán y analizarán las pruebas, y -cuando sea posible- identificarán a los responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018.

Para Brunori, este Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos tiene un mandato “inédito” y “supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua”

Nicaragua lleva más de 4 años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos la ha analizado y ha emitido cuatro resoluciones. ¿Cómo ha sido la posición del Estado de Nicaragua ante estas recomendaciones? ¿Qué acciones ha llevado a cabo el gobierno? ¿Cuál es la valoración de la OACNUDH al respecto?

Me preocupa que, a lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno no haya mostrado la intención de implementar las recomendaciones emitidas, tanto por el Consejo de Derechos Humanos, como por la Oficina del Alto Comisionado y otros mecanismos del Sistema Regional (OEA) y Universal de Derechos Humanos (ONU). El año pasado la Oficina publicó un boletín donde se establecen los escasos avances en este sentido. En septiembre de este año (2022), la Oficina presentará, por requerimiento del Consejo de Derechos Humanos, un informe actualizado y exhaustivo donde se analizará la implementación de las recomendaciones emitidas por los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU hasta 2022.

Recientemente, en su 49 sesión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución que incluye el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. ¿Cuál es el mandato de este mecanismo? ¿Qué características deben tener las personas expertas que lo conformarán? ¿Cuál será el rol de la OACNUDH en este?

La Resolución 49/3 refleja la preocupación existente en la comunidad internacional y en la sociedad civil nicaragüense. La creación del Grupo de Tres Personas Expertas en Derechos Humanos supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Su mandato, como reza la resolución, consistirá en realizar investigaciones exhaustivas e independientes de las violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, establecer los hechos, reunir pruebas e identificar a los responsables, de manera que esta información pueda utilizarse también en futuras iniciativas de rendición de cuentas. También deberá formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país y presentar un informe escrito al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023, entre otras tareas.

Cabe resaltar que el mandato ha destacado las posibles dimensiones de género de los abusos y violaciones, así como sus causas estructurales.

Las tres personas expertas serán elegidas por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, por lo que confiamos en su criterio para identificar los mejores perfiles que puedan llevar a cabo el mandato de manera exitosa. Estoy convencido de que se tratará de profesionales con conocimiento del país y la región, con un profundo dominio del derecho internacional de los derechos humanos, y con la experiencia necesaria para afrontar una tarea delicada que contribuya a que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua obtengan justicia y reparación.

La Oficina del Alto Comisionado, por su parte, seguirá cumpliendo su mandato de monitoreo regular de la situación de derechos humanos en el país. En tal sentido, la Resolución 49/3 refuerza el papel de la Oficina en el ámbito del monitoreo, de los informes y del análisis normativo, de manera independiente respecto al mandato del Grupo de Expertos.

Actualmente existe un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) que fue establecido a partir de junio 2018 para darle seguimiento a las recomendaciones realizadas por la CIDH y el GIEI. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos mecanismos? ¿Cuáles son los puntos fuertes del Mecanismo de Naciones Unidas? ¿Contemplan trabajar de la mano?

El MESENI y la Oficina vienen colaborando de forma estrecha en el monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, de manera que realizamos reuniones de análisis e información, y emitimos comunicados conjuntos para expresar las preocupaciones que comparten tanto el Sistema Interamericano como el Sistema Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandato de investigación, establecimiento de los hechos y circunstancias de las violaciones, e identificación de responsables que el Consejo le da al Grupo de Personas Expertas es inédito para Nicaragua, y precisamente ahí radica su fortaleza. El Grupo de Personas Expertas, además de informar a la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país, reunirá pruebas que ayuden a llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas.

Por último, cabe agregar que el marco de colaboración establecido por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 49/3, prevé también que el Grupo  pueda relacionarse con otros organismos de derechos humanos.

En múltiples ocasiones la Alta Comisionada Michelle Bachelet ha instado al gobierno de Nicaragua permitir el reingreso de su Oficina. En su último informe lo solicita nuevamente. ¿El Estado de Nicaragua ha respondido a alguna de estas comunicaciones? ¿Qué acciones realizará la Oficina para lograr un “sí” por parte del Estado? ¿Qué expectativas tiene de esta visita?

El Gobierno no ha contestado a las múltiples peticiones de la Oficina de acceso al país, de las que se han hecho eco también numerosos Estados miembros y organismos internacionales. Por nuestro lado, seguiremos reiterando nuestra petición, tanto en nuestros informes públicos como de manera bilateral.

Tener acceso al país nos permitiría tener un conocimiento aún más profundo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Podríamos, además, tener la oportunidad de visitar a las personas arbitrariamente detenidas y contribuir a la mejora urgente de su situación. Igualmente, podríamos establecer una interlocución franca y directa con el Gobierno, que no resulta posible cuando el intercambio se reduce a comunicaciones bilaterales que no son respondidas y, cuando son públicas, contienen  consideraciones políticas sin entrar al fondo de las cuestiones de interés para los derechos humanos. La presencia en el país también nos permitiría llegar y dar aliento a tantas personas defensoras de derechos humanos que están realizando su labor en una situación de extrema precariedad, y bajo la constante amenaza de la prisión o el exilio.

De no recibir una respuesta positiva del gobierno de Nicaragua para trabajar en el terreno, ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos que podrían enfrentar estas personas expertas al trabajar a distancia?

La ONU cuenta con amplia experiencia en el monitoreo remoto, tanto debido a situaciones de conflicto e inseguridad donde no resulta posible el acceso físico a un determinado territorio, como (más frecuentemente) por la objeción de los gobiernos a permitir la entrada de oficiales de derechos humanos de la misma. Los gobiernos deben saber que bloquear el acceso de los y las investigadoras puede entorpecer su trabajo, pero finalmente no va a detener los avances hacia la rendición de cuentas. Por medio de entrevistas (físicas y virtuales) con víctimas y testigos, y el análisis de documentación, puede realizarse una labor exhaustiva de investigación. Pero, en todo caso, no debemos adelantarnos sobre este punto, pues, deberán ser las y los propios expertos los que valoren la situación en su momento.

Ante la falta de verdad y justicia en Nicaragua, ¿Qué mensaje le enviaría a las víctimas de la represión y a la ciudadanía nicaragüense? ¿Cuál es su llamado al gobierno de Nicaragua?

Ante las víctimas y todas las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo a familiares que han perdido a sus seres queridos, o quienes llevan meses e incluso años en prisión de manera injusta, sólo puedo extender mi solidaridad. Admiro profundamente la resiliencia que han mostrado y el trabajo que siguen realizando, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, por mejorar la situación en el país. Esta crisis se está extendiendo ya por demasiado tiempo, y espero que no pierdan la esperanza por lograr que se haga justicia, se libere a todas las personas que están detenidas arbitrariamente y en situaciones inhumanas, y se tomen las medidas que aseguren que estas violaciones no vayan a repetirse.

Al Gobierno le diría ante todo que, más allá de toda la serie de recomendaciones que ha recibido por parte de los organismos de derechos humanos, escuche y dé la voz a los y las nicaragüenses. Las profundas desavenencias que pueden existir sobre el modelo de sociedad que desean para Nicaragua y sobre su papel en el mundo, no pueden jamás justificar la privación de la vida y de la libertad, las torturas ni la exclusión de la vida social y política. El Gobierno debe saber que de esta crisis solo puede salir cesando inmediatamente la persecución contra aquellos sectores de la sociedad con los que discrepa, e incorporándolos al debate y a los ámbitos de decisión políticos.