Grupo de Expertos ONU y defensoras de Nicaragua analizan el presente y futuro del país a la luz del Primer Reporte del Grupo de Expertos

Washington D.C., 15 de marzo de 2023.- En un conversatorio sobre el primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), las defensoras nicaragüenses Olga Valle, Wendy Flores y Josefa Meza, y las personas expertas Jan-Michael Simon y Ángela Buitrago, instaron a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes y sancionar a las personas e instituciones acusadas de perpetrar violaciones y abusos a los derechos humanos desde el año 2018 en Nicaragua. Las defensoras llamaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a renovar el mandato del GRHEN por dos años más. 

Tras un año de investigaciones exhaustivas, el informe del GHREN concluye que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil identificado como “opositor”. Además, demuestra que los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del “desmantelamiento deliberado” de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.

La comunidad internacional debe actuar ante crisis humanitaria

Ángela Buitrago, experta del  GHREN, explicó que en la investigación se evidencia cómo “ha ido sofisticándose el método y la forma de realizar estos crímenes, y desde ese punto de vista, ya se llega al elemento máximo que es la deportación, la pérdida de la nacionalidad, y obviamente también la consideración de apatridia para las personas que fueron deportadas”. 

Las condiciones humanitarias se están complejizando a nivel nacional e internacional, y “el GHREN ha hecho un llamado para entender que las consecuencias de todas estas decisiones que afectan no sólo a los nicaragüenses, sino también a la comunidad internacional. Se está generando -sin lugar a dudas- una crisis humanitaria que va a ser compleja  en la región”, agregó Buitrago.

Para el Presidente del GHREN, Jan Michael Simon, «la comunidad internacional está obligada a Do not Harm«, es decir que cualquier cooperación con el Gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo debe estar condicionada “a que cualquier centavo que se desembolse tenga un objetivo de fortalecer los derechos humanos en Nicaragua”. 

Según el experto, hay fuentes que “facilitan que el gobierno siga obteniendo oxígeno para mantener la situación en la cual se encuentra” y usando fondos en “fines muy particulares”. Por ello, el GHREN ha hecho una recomendación “poco usual” para este tipo de mecanismos, que se relaciona con que “la comunidad internacional tendrá que ver, no solo el tema obvio de responsabilizar a los individuos y sus actos y sancionar a las instituciones por sus actos; sino más bien verlo de una manera más amplia, en cuanto a cómo se puede incidir para que este sistema de Gobierno no siga haciendo lo que está haciendo”, explicó el experto.

Ante la persistencia de la impunidad, las investigaciones del GHREN deben continuar

Wendy Flores, defensora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, lamentó que estas investigaciones y la presentación de este primer informe del GHREN, así como las Observaciones Finales de comités de Naciones Unidas, no se están realizando en Nicaragua  producto de la persecución política que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

“El país que deseamos no es el que hoy en día nos está representando; es un país cargado de injusticia, de persecución, de abusos, de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes y asesinatos que se mantienen en la impunidad y que fueron ejecutados por fuerzas policiales y parapoliciales que hoy en día siguen aterrorizando a la población y a las víctimas… Es importante seguir profundizando en las investigaciones y que la comunidad internacional retome las recomendaciones del Grupo de Expertos”, dijo Flores. 

Por su parte, Olga Valle, Directora de Urnas Abiertas, explicó que su organización ha documentado “cómo la consolidación del Estado totalitario después de la farsa electoral de 2021 (votaciones presidenciales) profundizó o empezó a condicionar y limitar también derechos económicos, culturales, sociales y ambientales”.

Valle llamó a los Estados y las fuerzas democráticas a que amplíen las sanciones a instituciones e individuos vinculados a la comisión de crímenes de lesa humanidad. También instó a que incorporen parámetros de derechos humanos y transparencia en los proyectos de desarrollo e inversión, ya que existen “instituciones internacionales financieras como el BCIE, el BID, el Banco Mundial o el FMI, a las que todavía se les puede identificar como financiadores del régimen en los últimos 5 años”.

Josefa Meza, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y madre del joven Jonathan Morazán, víctima de ejecuciones extrajudiciales en las manifestaciones pacíficas del año 2018, dio un mensaje de esperanza y de lucha contra la impunidad: «En nombre de la Asociación Madres de Abril (AMA), todas las madres que somos víctimas de esta represión, acogemos este informe con mucha esperanza de que por fin vamos a encontrar justicia y no va a existir impunidad». 

“Necesitamos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe la petición de renovación del mandato del GHREN. Necesitamos, como víctimas, recibir un mensaje claro para poder saber que no estamos solas y que el Sistema efectivamente nos acompaña… Para nosotras, las madres, es clave que el GHREN pueda avanzar y profundizar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos”, agregó Meza. 

Ante la CIDH: Víctimas de Estado de Nicaragua y sus ONG’s representantes denuncian privación arbitraria de la nacionalidad y otras violaciones de derechos humanos

Washington D.C., 13 de marzo de 2023.-. Una delegación conformada por tres nicaragüenses víctimas de privación arbitraria de la nacionalidad y sus organizaciones representantes, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el desplazamiento forzado de 222 personas excarceladas y el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 317 personas nicaragüenses “configuran prácticas sistemáticas que forman parte de una política generalizada de persecución política” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas consideradas como opositoras.

El estudiante de derecho y excarcelado político, Kevin Solís; la periodista y Directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau; y el periodista y Director de Radío Darío, Aníbal Toruño; relataron “de primera mano” a la Comisión los atropellos a sus derechos humanos. Representantes de la CIDH expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y afirmaron que la privación de la nacionalidad es un delito grave.

Kevin Solís: “Muchas veces me pregunté si iba soportar más”

“Muchas veces me pregunté si iba soportar más o si en realidad iba a morir ahí, un miedo que hasta hoy no supero” relató el estudiante Kevin Solís, quien fue encarcelado por el régimen Ortega-Murillo en dos ocasiones y finalmente, el 9 de febrero, fue excarcelado, despojado de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos, y desterrado por el régimen junto a otras 221 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales de Nicaragua, las cuales fueron acogidas por los Estados Unidos.

Solís fue secuestrado por primera vez en el año 2018 y estuvo encarcelado durante 9 meses. El 6 de febrero de 2020, fue secuestrado por segunda vez y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, donde -entre otras agresiones- lo desnudaban y le tiraban agua con mangueras de alta presión mientras lo ofendían. Seis días después lo enviaron a las celdas de máxima seguridad de “El infiernillo”, de tamaño de 2×3, sin ventanas, sin luz, con una puerta totalmente sellada. 

“Fueron 3 años de secuestro… No hubo una noche en donde pudiera dormir tranquilo, tenía miedo, mucho miedo de que entrarán a sacarme de la celda y se me violentara más”, confesó el estudiante.

Lucía Pineda: La persecución traspasó las fronteras

“El régimen acusa, juzga, sentencia, y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida… La persecución traspasó las fronteras”, denunció Lucía Pineda, quien estuvo encarcelada por su labor periodística durante seis meses entre 2018 y 2019, se exilió a Costa Rica producto de la persecución política, y fue despojada de su nacionalidad nicaragüense junto a 93 personas más, el pasado 15 de febrero.

Pineda subrayó que, en la resolución que leyó el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, se les declaró “prófugos de la justicia” y privó de la nacionalidad nicaragüense a 11 periodistas y directores de medios de comunicación. Por ello, la periodista solicitó a la Comisión que “avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación, para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas”.

Aníbal Toruño: “Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados” 

“En Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa… Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país”, denunció el Director de Radio Darío, Aníbal Toruño, quien se encuentra en su segundo exilio producto de la destrucción de su medio y atentados en su contra en abril 2018 y septiembre 2019. Toruño está en la lista de las 94 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad desde el 15 de febrero. 

Las y los trabajadores de Radio Darío son beneficiarios de medidas cautelares; sin embargo, el Estado de Nicaragua ha incurrido en absoluto desacato de lo requerido por la Comisión y, hasta la fecha, la implementación de las medidas ha sido nula. “Nunca se adoptaron medidas para protegerme… Al contrario, en los últimos meses se ha profundizado la instrumentalización del Poder Judicial y Legislativo para reprimir y así silenciar a los medios independientes con el interés de producir un apagón informativo general”, agregó Toruño.

Representantes CIDH: “La pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave”

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Nicaragua de la CIDH afirmó que el despojo de la nacionalidad “y eliminar sus nombres de los registros públicos tiene un impacto en la identidad y la vida de las personas y de sus hijos”.

“Todo lo que ustedes han pasado tiene que ser memoria. Este no es solo un problema de Nicaragua, es un problema de la humanidad, de la democracia. Todo lo que hemos escuchado es la deshumanización del otro», expresó la Comisionada Julissa Mantilla.

Por su parte, el Comisionado Joel Hernández afirmó que “la pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave” e hizo énfasis en la importancia de la creación y monitoreo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) para documentar estas y otras graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Edgar Stuardo Ralón, agradeció la labor de Raza e Igualdad en el trabajo por las personas privadas de libertad por motivos políticos y reafirmó su compromiso por continuar trabajando por la liberación de las 37 personas que todavía siguen encarceladas. 

Al finalizar la audiencia, la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, prometió que la CIDH seguirá “trabajando ávidamente para procurar corregir estas violaciones graves y desproporcionadas contra el pueblo de Nicaragua”.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, la Unidad de Defensa Jurídica y las personas representadas instamos a la Comisión a que, entre otras cosas, mantenga las medidas de protección y requiera la libertad inmediata de las 37 personas que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua; asimismo, solicitamos que se requiera al Estado de Nicaragua que: 

• Cierre los procesos judiciales y elimine los antecedentes penales de las personas excarceladas y desterradas, y cese la persecución a sus familias.
• Garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y la vigencia de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las personas afectadas por las violaciones que dieron lugar a la audiencia.
• Restablezca la nacionalidad de las personas que han sufrido su despojo y garantice sus derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a su pensión de vejez.
• Cese los requerimientos de la Procuraduría General de la República para despojar de sus bienes a las 94 personas privadas de nacionalidad el pasado 15 de febrero, entre otras .
• Derogue la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, La Ley de Regulación de la Pérdida de la Nacionalidad, así como las leyes 1055 y Ley 1042, que han sido utilizadas para criminalizar la defensa de los derechos humanos y toda forma de disidencia.

Raza e Igualdad condena enérgicamente el ilegal despojo de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas por parte del régimen Ortega-Murillo

Washington D.C., 16 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la decisión del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo de despojar de su nacionalidad y derechos ciudadanos y ordenar la confiscación de los bienes a 94 personas nicaragüenses, a quienes acusa de “traidores a la patria”, considerándoles “prófugos de la justicia”. Entre estas personas figuran defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales y políticos, periodistas, directores de medios, escritores/as y religiosos que no recibieron previas notificaciones de procesos en su contra y se suman a 222 personas excarceladas que fueron desterradas y despojadas de su nacionalidad el pasado 9 de febrero. 

La decisión fue dada a conocer el día de ayer, 15 de febrero, por Ernesto Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien alegó que esta fue adoptada por los jueces de distrito penales de audiencia de Managua, tras una denuncia del Ministerio Público sobre la cual tampoco fueron informadas las víctimas. 

Cabe destacar que el régimen ya se había valido de esta práctica anteriormente. Entre 2018 y 2021, canceló la nacionalidad de al menos 3 personas; y en los últimos siete días, ha despojado de su nacionalidad a 316 personas nicaragüenses, incluidas 222 personas desterradas que habían sido privadas de libertad por motivos políticos y habían sufrido actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros estatales de reclusión en  Nicaragua.

Pronunciamiento

Ante la grave situación antes planteada, Raza e Igualdad  rechaza y condena que el régimen autoritario de Ortega y Murillo continúe valiéndose del Poder Judicial para emitir resoluciones que contravienen todos los instrumentos  internacionales firmados por el Estado nicaragüense. Estas decisiones unilaterales de parte de los tribunales de justicia representan una flagrante y absoluta violación de los principios de la administración de justicia, el debido proceso y los derechos humanos de las víctimas.

El Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En tal sentido, recordamos que el Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y su artículo 15: 1. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y 2. “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. 

Los actos en los que está incurriendo el régimen, y en particular, el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado de cientos de personas, constituyen crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que deben ser investigados, juzgados y sancionados para erradicar la impunidad estructural que impera en el país.

Alertamos a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos sobre este nuevo método represivo para intimidar, silenciar y dejar en la indefensión a personas que permanecen en el país y a aquellas que se vieron forzadas al  exilio. Resaltamos que algunas de estas personas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por su situación de gravedad y riesgo irreparable a sus vidas. 

Llamamos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a apoyar una nueva resolución que renueve por dos años el mandato del “Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua” y refuerce su enfoque interseccional, prestando especial atención en grupos como personas víctimas de desplazamiento forzado y víctimas de detenciones arbitrarias por razones políticas y sus familiares.

Exigimos que se respete la integridad personal de las destacadas defensoras de derechos humanos: Doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Sofia Montenegro, periodista y activista, y Azahalea Solís, activista feminista; así como de cualquier persona acusada por motivos políticos que se encuentre en el país. 

Continuaremos denunciando los vejámenes en los que está incurriendo el régimen Ortega-Murillo y documentando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de quienes claman por la libertad de Nicaragua. Las personas responsables de tales atropellos deberán rendir cuentas ante la justicia y reparar los daños causados.

¡Basta ya de represión hacia quienes reclaman libertad y respeto de los derechos humanos!

Raza e Igualdad celebra la liberación de 222 personas presas políticas de Nicaragua y participa en asistencia técnica para su reubicación en Estados Unidos

Washington D.C., 10 de febrero de 2023.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra con emoción y esperanza la liberación de 222 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. “Este hecho es resultado de la perseverancia de familiares, activistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos humanos en su trabajo por visibilizar la situación de personas presas políticas en el país y exigir su inmediata liberación”, valora Carlos Quesada, Director de la organización. 

Desde el estallido social de abril de 2018 y el posterior uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y 1614 detenidas arbitrariamente (hasta mayo de 2020). El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó al menos 245 personas privadas de libertad por motivos políticos, al 30 de enero de 2023; y 35 personas tras la excarcelación masiva de la mañana del 9 de febrero. 

Todas estas personas habrían sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros estatales que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).

Libres bajo un continuum de violaciones a sus derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a través de un comunicado que la administración de Biden-Harris facilitó el traslado seguro de las 222 personas excarceladas al Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, DC, y les está prestando apoyo médico y legal. Raza e Igualdad forma parte del equipo de asistencia, encargándose de asegurar alojamiento en hoteles y viáticos, proveer artículos de primera necesidad y de garantizar su reubicación dentro de Estados Unidos.

Por su parte, mientras estas personas aún se encontraban volando hacia Estados Unidos y con el objetivo de legitimar los actos del régimen autoritario de Ortega y Murillo, el Presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh ordenó la “deportación inmediata y ya efectiva” de las 222 personas excarceladas, quienes ya habían sido declaradas “traidores (y traidoras) a la patria e inhabilitados (e inhabilitadas) de forma perpetua” para cargos públicos y de elección popular, y “suspendidos (suspendidas) sus derechos ciudadanos de forma perpetua” 

Posteriomente, la Asamblea Nacional -controlada por el partido de gobierno- reformó el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua agregando que “los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense” y recordando que, en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblos a la Independencia y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) están establecidas “las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria”.

Además, minutos después, la Asamblea aprobó una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense que, a través de su Artículo 2, establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055 “perderán su nacionalidad nicaragüense”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la reforma inconstitucional al Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, un intento para revestir de legalidad el destierro y la cancelación de la nacionalidad nicaragüense a una persona nacida en el país. Con esta acción, el Estado de Nicaragua viola los derechos humanos, precisamente los derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses, e incumple con múltiples tratados en materia de derechos humanos.

Lamentamos profundamente que el Estado de Nicaragua mantenga a 35 personas encarceladas por razones políticas en condiciones inhumanas. Particularmente, nos preocupa la situación de Monseñor Rolando Álvarez, quien según Daniel Ortega, no se acogió al destierro y fue cambiado de régimen de “casa por cárcel” a una celda en el Sistema Penitenciario “La Modelo”. Consideramos de suma gravedad que en cadena nacional y de manera amenazante, Ortega le calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno” que “no puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión”. 

No nos olvidamos de destacar el rol fundamental de las voces de la sociedad civil nicaragüense y las organizaciones nacionales e internacionales en el monitoreo, documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos, particularmente de las detenciones arbitrarias y la criminalización de personas opositoras, defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, periodistas, empresarios, campesinos, entre otros. Su arduo trabajo ha sido incansable y ha trascendido al plano internacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la reconstrucción de la democracia, que solo será posible con la puesta en libertad de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, el retorno seguro de las personas exiliadas, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y la justicia y rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. 

Aún hay un gran camino por recorrer, pero con mucha esperanza exigimos: ¡Justicia para Nicaragua! ¡Nicas Libres Ya!

Corte IDH declara en desacato permanente al Estado de Nicaragua y exige nuevamente que se libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua

Managua, Costa Rica, Washington D.C. 30 de noviembre de 2022.– El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Unidad de Registro (UDR), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (INDDHH), CEJIL, Raza e Igualdad, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos, celebran los requerimientos de la Corte IDH al Estado de Nicaragua establecidos en su Resolución notificada el 29 de noviembre, a quien exige nuevamente que se libere inmediatamente a las 76 personas beneficiarias de las Medidas Provisionales de los asuntos Juan Sebastián Chamorro y otras (31 personas); y 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención respecto de Nicaragua. Todos por motivos políticos.

El pasado 9 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública para analizar el incumplimiento de ambas Medidas Provisionales. Allí, las organizaciones firmantes demandaron que se ordenara la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. A pesar de la gravedad de la situación, el Estado no compareció ante el tribunal.

En su resolución, La Corte IDH, declaró en “desacato permanente” al Estado de Nicaragua tras haber emitido 6 resoluciones en el marco de las medidas provisionales otorgadas a favor de Juan Sebastián Chamorro y otras 45 personas privadas de libertad por motivos políticos, denunciando que las órdenes emitidas por la Corte han sido sistemáticamente desatendidas por el gobierno de Daniel Ortega. En palabras del más alto tribunal en materia de derechos humanos en nuestra región, esto es “ contrario al principio
internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento
al deber de informar al Tribunal”.

En consecuencia, en una resolución sin precedente, la Corte IDH instruyó a su Presidente, el juez Ricardo Pérez Manrique para que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), un informe que incluya tanto la situación de desacato del Estado de Nicaragua como la “desprotección absoluta” en que se encuentran las personas beneficiarias de ambas medidas provisionales.

Asimismo, la Corte determinó “urgir al Consejo Permanente de la OEA para que, en aplicación de la garantía colectiva, dé seguimiento al incumplimiento de las presentes Medidas Provisionales y a la situación en que se encuentran las personas identificadas en el punto resolutivo 6 y exija al Estado el cumplimiento de lo ordenado por esta Corte” indica el punto 4 de la resolución de la Corte.

Por ello, la Corte manifiesta su preocupación ante el hecho de que las y los 76 beneficiarios permanecen detenidos, “a excepción de una de las beneficiarias que salió del país, pese a que la Corte ha requerido en varias oportunidades su liberación inmediata. Además, no se ha facilitado su contacto periódico con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada. A lo anterior se suma la información aportada por los representantes, referida a las condiciones de detención”, se expresa entre las conclusiones de la Corte.

Las personas beneficiarias de las medidas provisionales emitidas por la Corte IDH son:

1. Juan Sebastián Chamorro García, 2. José Adán Aguerri Chamorro, 3. Félix Alejandro Maradiaga Blandón, 4. Violeta Mercedes Granera Padilla, 5. Daisy Tamara Dávila Rivas, 6. Lesther Lenin Alemán Alfaro, 7. Freddy Alberto Navas López, 8. Cristiana María Chamorro Barrios, 9. Pedro Joaquín Chamorro Barrios, 10. Walter Antonio Gómez Silva, 11. Marcos Antonio Fletes Casco, 12. María Lourdes Arróliga, 13. Pedro Salvador Vásquez, 14. Arturo José Cruz Sequeira, 15. Luis Alberto Rivas Anduray, 16. Miguel de los Ángeles Mora Barberena, 17. Dora María Téllez Arguello, 18. Ana Margarita Vijil Gurdián, 19. Suyen Barahona Cuán, 20. Jorge Hugo Torres Jiménez , 21. Víctor Hugo Tinoco Fonseca, 22. José Bernard Pallais Arana, 23. Michael Edwing Healy Lacayo, 24. Álvaro Javier Vargas Duarte, 25. Medardo Mairena Sequeira, 26. Pedro Joaquín Mena Amador, 27. Jaime José Arellano Arana, 28. Miguel Ángel Mendoza Urbina, 29. Mauricio José Díaz Dávila, 30. Max Isaac Jerez Meza, 31. Edgar Francisco Parrales Castillo, 32. Jhon CristopherCerna Zúñiga, 33. Fanor Alejandro Ramos, 34. Edwin Antonio Hernández Figueroa, 35. Víctor Manuel Soza Herrera, 36. Michael Rodrigo Samorio Anderson, 37. Néstor Eduardo Montealto Núñez, 38. Francisco Xavier Pineda Guatemala, 39. Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, 40. Richard Alexander Saavedra Cedeño, 41. Luis Carlos Valle Tinoco, 42. Víctor Manuel Díaz Pérez, 43. Nilson José Membreño, 44. Edward Enrique Lacayo Rodríguez, 45. Maycol Antonio Arce, 46. María Esperanza Sánchez García, 47. Karla Vanessa Escobar Maldonado, 48. Samuel Enrique González, 49. Mauricio Javier Valencia Mendoza, 50. Jorge Adolfo García Arancibia, 51. Leyving Eliezer Chavarría, 52. Carlos Antonio López Cano, 53. Lester José Selva, 54. Eliseo de Jesús Castro Baltodano, 55. Kevin Roberto Solís, 56. José Manuel Urbina Lara, 57. Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, 58. Yubrank Miguel Suazo Herrera, 59. Yoel Ibzán Sandino Ibarra, 60. José Alejandro Quintanilla Hernández, 61. Marvin Antonio Castellón Ubilla, 62. Lázaro Ernesto Rivas Pérez, 63. Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, 64. Denis Antonio García Jirón, 65. Danny de los Ángeles García González, 66. Steven Moisés Mendoza, 67. Wilber Antonio Prado Gutiérrez, 68. Walter Antonio Montenegro Rivera, 69. Max Alfredo Silva Rivas, 70. Gabriel Renán Ramírez Somarriba, 71. Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, 72. Marvin Samir López Ñamendis, 73. Irving Isidro Larios Sánchez, 74. Róger Abel Reyes Barrera, 75. José Antonio Peraza Collado, 76. Rusia Evelyn Pinto Centeno y sus núcleos familiares en Nicaragua.

Las organizaciones acompañantes y representantes de las personas beneficiarias y sus familias, reconocemos las contundentes declaraciones de la Honorable Corte Interamericana y demandamos al Estado de Nicaragua cumplir inmediatamente con lo ordenado, proceder a la liberación inmediata incondicional y con garantías, resguardar su integridad personal, actuar de buena fe de acuerdo a sus obligaciones internacionales y cumplir con las medidas provisionales tendientes a garantizar la vida e integridad física de los beneficiarios.

Familiares y organizaciones de derechos humanos demandan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua libere a las personas presas por motivos políticos

San José, 10 de noviembre-2022.– El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, CEJIL, Raza e Igualdad, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos participaron este 9 de noviembre en  una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que informaron que el Estado de Nicaragua se mantiene en desacato respecto de la orden de la Corte que dispuso la liberación de 70 personas beneficiarias de medidas provisionales, que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en ese país. 

En el petitorio presentado, las organizaciones solicitaron a la Corte que reconozca que las acciones deliberadas llevadas a cabo para causar sufrimientos a las personas beneficiarias como represalia por su oposición al régimen, sumadas a las condiciones de detención a las que están sometidas deben ser consideradas como tortura y por lo tanto deben cesar de manera inmediata. Asimismo, que reconozca que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos somete a las personas a graves y múltiples violaciones a sus derechos humanos. 

“Mientras se surten los trámites administrativos, proceda a garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias y en particular, el acceso inmediato a servicios de salud especializados y medicamentos, así como a una evaluación realizada por médicos independientes, el acceso a la alimentación y a agua potable”, alegaron las organizaciones.

Adicionalmente, exigieron que se garanticen condiciones dignas de detención, que el Estado de Nicaragua elimine la práctica de revisiones y requisas que afecten la intimidad y la dignidad durante las visitas familiares; facilite su contacto inmediato con familiares y abogados, como lo establece la ley; y elimine los antecedentes judiciales a las personas presas políticas causados por estos procesos ilegales e ilegítimos.

Esteban Madrigal, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, recordó que las personas beneficiarias participaron de las protestas cívicas de 2018, son defensoras de derechos humanos, activistas, feministas, estudiantes, líderes y lideresas sociales, personas opositoras políticas -incluidas precandidatas a la presidencia del país- y figuras históricas de Nicaragua. Todos ellos y ellas están privadas de libertad por luchar pacíficamente por los derechos humanos y la democracia. 

Personas privadas de libertad  y familiares están sufriendo tortura 

Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, detalló el tipo de tortura que viven las personas privadas de libertad por motivos políticos en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua.  Las prácticas que dañan su integridad física incluyen: alimentación escasa y de mala calidad, hacinamiento, restricciones a la luz solar, mantenerlos bajo penumbra o con las luces encendidas permanentemente, negativa de proporcionarles frazadas para que se cubran del frío, imposibilidad de acceder a lentes, prohibición de ingresar libros o incluso, biblias y cualquier tipo de asistencia espiritual; la imposición arbitraria de celdas de castigo y confinamiento solitario.

“Las personas que se enferman en las cárceles y quienes padecen de enfermedades crónicas no han recibido atención especializada en salud y, por lo tanto, sus familiares desconocen la evolución de estas enfermedades”, señaló Flores quien también refirió que varias de las personas beneficiarias recluidas en los centros Penitenciarios han sido víctimas de fuertes y reiteradas golpizas por custodios policiales, amenazados de muerte, de reclusión indefinida o de “quitarles a sus hijos”. 

Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), mencionó que no sólo las personas privadas de libertad están viendo vulnerados sus derechos, sino que también sus familiares han sido víctimas de hostigamiento y tocamientos indebidos al realizar las visitas. 

“Durante las visitas, sobre todo familiares mujeres, han sido víctimas de violencia física, tocamientos indebidos, agresiones sexualizadas y utilización de la maternidad como coerción psicológica”.  Además agregó que los niños, niñas y adolescentes se ven impedidos de comunicarse con sus padres y madres detenidos. Algunas beneficiarias iniciaron huelgas de hambre para exigir una visita. Únicamente dos beneficiarios lograron acceder a una sola visita de menores de edad. Salazar también mencionó que familiares han sido despojados de sus pasaportes y otros no pueden retornar a Nicaragua. 

Ante la Corte IDH también dieron testimonio algunos familiares de las personas encarceladas por motivos políticos.

“Hoy estoy aquí alzando mi voz por su salud. Solo sabemos que le dio un derrame cerebral”, y se encuentra postrado en una cama en un Hospital bajo custodia policial desde hace 14 meses, mencionó el hijo de Eliseo  Castro, quien fue detenido hace más de 3 años y condenado a 6 años de prisión. La misma angustia expresó Silvia Gutiérrez, sobre su madre Evelyn Pinto  “Ha sido una tortura mantenerla sin atención de salud y  encerrada y no poder ver a sus hijos y nietos, por más de 300 días”. 

Carla Mendoza, hermana del periodista Miguel Mendoza, condenado a 9 años de prisión, expresó su temor por la vida y salud de su hermano, ya que para que le permitieran ver a su hija de 8 años, inició desde fines de agosto una huelga de hambre, sin que las autoridades hayan permitido una visita a la fecha. 

Por su parte, María Margarita Hurtado, familiar de Juan Sebastián Chamorro recordó a la Corte que “yo también fui presa política y sé lo que se enfrenta mi tío. En toda esta farsa judicial ha estado en indefensión. Ya son 519 días en los que no ha estado con nosotros”.

Los jueces de la Corte agradecieron el testimonio brindado por los familiares y la información proporcionada en la audiencia. 

El Juez Sierra Porto preguntó por las razones del Estado para encarcelar a las personas beneficiarias, indagando acerca de los motivos y la legislación aplicada, el rol de las instituciones y la duración de dichos procesos. Las organizaciones participantes expresaron que ha sido el ejercicio de los derechos humanos el motivo para la criminalización y que para ello ha aplicado distintas leyes represivas, algunas existentes para las protestas de abril 2018 y otras aprobadas en 2019 y 2020 para reprimir a la disidencia. 

Finalmente, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la ausencia de la representación del Estado de  Nicaragua y ante el hecho que ninguna medida de protección se ha cumplido, y que “Nicaragua se encuentra en desacato absoluto” respecto de las medidas otorgadas por la Corte, llamó a los Estados Americanos apliquen la garantía colectiva de los derechos humanos. La Comisionada finalizó insistiendo a la Corte que debe pedir una visita a Nicaragua.