Comité de Derechos Humanos ONU: Ausencia de Nicaragua es “especialmente preocupante” ante el grave deterioro de derechos humanos

Comité de Derechos Humanos ONU: Ausencia de Nicaragua es “especialmente preocupante” ante el grave deterioro de derechos humanos

Washington D.C., 20 de Octubre de 2022.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a la revisión del IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en inglés), el 19 de octubre. El Estado Parte se ausentó al examen, “una situación desafortunada que ha surgido como consecuencia de la falta de respuesta de las comunicaciones”, según la Presidenta del Comité, Photini Pazartzis.

Para Pazartzis “es especialmente preocupante” que esta sea la cuarta ocasión consecutiva que el Estado de Nicaragua se niega a entablar un diálogo constructivo con órganos de tratados de las Naciones Unidas. El año pasado se negó a responder la lista de cuestiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) y decidió limitarse a participar “en calidad de escucha”. En julio de este año se ausentó al examen del Comité contra la Tortura (CAT) y lo calificó como una “provocación”; en agosto no asistió a la revisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), y ahora lo hizo con el Comité de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos, de conformidad con su reglamento y con el apoyo de los informes alternativos enviados por organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses e internacionales, procedió a discutir 29 cuestiones en ausencia del Estado, entre las cuales destacan: la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y comunidad LGBTI+; la situación de los derechos de las mujeres frente a la violencia, el uso excesivo de las fuerzas estatales para restringir libertades públicas, la falta de independencia judicial, entre otras.

Privación de Libertad por motivos políticos y falta de independencia judicial 

Actualmente, más de 219 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. Existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos, así como condiciones de detención precarias: hacinamiento, deficiente saneamiento y alimentación, y falta de acceso a la atención médica.“Se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos en las cárceles de El Chipote, La Modelo y La Esperanza… se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres detenidos en el contexto de las protestas, incluso tocamientos inapropiados y amenazas de violación”, dijo el Sr. Quesada.

Por otro lado, la Sra. Bassim lamentó que en febrero de 2022, se dio el fallecimiento bajo custodia del líder opositor Hugo Torres, quien fue transferido a un hospital de forma tardía; asimismo, aseguró que “este fallecimiento ha obligado al gobierno a recurrir a las detenciones domiciliarias en casos muy precarios desde el punto de vista de salud”, sin embargo, las excesivas restricciones de las visitas familiares a personas que se encuentran en los centros de detención han traído como consecuencia que estas hayan iniciado huelgas de hambre que pueden afectar gravemente su salud. 

Posteriormente, el Sr. Carlos Gómez se refirió a los juicios y condenas contra personas detenidas en 2021 en el contexto de las elecciones generales, que dejan entrever la falta de independencia judicial. 

“Se celebraron a puertas cerradas, sin presencia de público, algunos de ellos en los mismos centros de detención… y no se permitió que estos acusados se entrevistas  con sus abogados hasta unos minutos antes”. Solo una de las condenas ha sido revocada en apelación y otras se encuentran pendientes de recurso de casación. “Este proceder sugiere una falta total de las garantías subjetivas de la jurisdicción, como son la independencia e imparcialidad del tribunal”, explicó Gómez.

Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI+

Las estadísticas oficiales continúan careciendo de datos sobre la violencia y discriminación contra personas LGBTI+, lo que impide hacer una evaluación sobre la dimensión real de los problemas asociados; sin embargo, según la información recibida por el Comité, “mujeres trans privadas de libertad en el contexto de la crisis fueron recluidas en prisiones de hombres y sometidas a tratos discriminatorios y degradantes”. 

Sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Sr. Santos Pais aseguró “siguen siendo víctimas de discriminación estructuctural” que se refleja en los índices de pobreza, las condiciones de vida precarias y la persistente violencia y discriminación institucional. El Estado Parte “aún ha omitido realizar la última etapa del proceso, la etapa de saneamiento, de los 23 territorios titulados…que tendría como finalidad definir los derechos de terceros o colonos dentro de los territorios indígenas”, agregó.

Por otro lado, en relación a la violencia contra las mujeres y femicidios, el Comité observa con preocupación que la política pública desconoce los derechos de las mujeres y privilegia la protección a la familia, obstaculiza la denuncia y permite mediaciones que las podrían poner en mayor riesgo de femicidio. Asimismo, el gobierno no ha destinado fondos del Presupuesto de la República a albergues y ha cerrado al menos 176 organizaciones que garantizaban protección a víctimas de violencia doméstica y de género. El gobierno “confiscó sus bienes o canceló sus estatutos jurídicos”, explicó Santos Pais.

Uso excesivo de las fuerzas estatales e impunidad

“El Comité ha recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden, particularmente con ocasión de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018”, así como de elementos armados progubernamentales o fuerzas de choque “que han actuado con el beneplácito de autoridades de alto nivel y de la Policía Nacional en ataques a manifestantes e incluso detenciones ilegales”, expuso el Sr. Quezada, experto del Comité de Derechos Humanos.

El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales durante las manifestaciones pacíficas del año 2018 ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 detenidas arbitrariamente.

En relación a esto, para la Presidenta del Comité, la Ley de Amnistía aprobada en julio de 2021, que concede inmunidad a los agentes estatales por las acciones que tomaron desde abril de 2018 hasta la fecha en la que se aprobó la ley “genera preocupaciones bastantes serias, incluidas preocupaciones relativas a la retroactividad”

Represalias contra periodistas, medios y personas defensoras de derechos humanos

Al menos 120 periodistas nicaragüenses se han exiliado por represalias del gobierno, al menos tres medios de comunicación han sido confiscados desde el año 2018, entre ellos Confidencial, La Prensa y 100% Noticias. En el presente año se han clausurado 23 estaciones de radio y televisión, añadió el Sr. Gómez.

Seis periodistas han sido condenados hasta con 13 años de cárcel, entre ellos: el Gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, quien fue sentenciado a 9 años de prisión por el supuesto delito de lavado de activos; y otros 3 periodistas fueron condenados por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. Por otro lado, “no se ha esclarecido el asesinato de periodista Ángel Gahona” en el contexto de la crisis de 2018, y el Comité ha recibido información de que tras la Ley de Amnistía del año 2019, este caso ha sido archivado. 

La Presidenta Pazartzis agregó que el Comité también tiene conocimiento del despojo de pasaportes a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

Deterioro grave de la situación de derechos humanos tras proceso electoral

“Resulta claro que, a la luz de la información recibida… sobre todo desde el 2018, y más recientemente durante las elecciones del 2021, la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando de manera muy grave”, dijo la Presidenta Pazartzis. 

Las elecciones generales del 2021 se dieron en un contexto de concentración de los poderes del Estado en el Ejecutivo y, según la Organización de Estados Americanos (OEA), “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”. Cabe destacar que, en mayo de 2021, una reforma a la Ley Electoral favoreció la hegemonía del partido actual de gobierno. Además, según registros de la sociedad civil, durante las votaciones hubo más de 2000 reportes de anomalías y se estima que hubo 81.5% de abstención. 

En este sentido, según el Comité, “es posible que el nuevo proceso electoral municipal de noviembre de este año seguirá un patrón similar al de las presidenciales de 2021”. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la negativa estatal de dialogar y proporcionar la información necesaria al Comité respecto de sus preocupaciones expresadas en la Lista de Cuestiones proporcionada oportunamente al Estado. La plena cooperación de los Estados Partes en los diálogos es un componente clave para el cumplimiento de las obligaciones contraídas bajo el Pacto. Recordamos al Estado de Nicaragua que la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conlleva la obligación de remitir informes, participar de diálogos constructivos con el Comité y cumplir con las recomendaciones formuladas por este. 

Finalmente, destacamos el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el monitoreo y documentación de violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos civiles y políticos, en Nicaragua. Su arduo trabajo y presentación de informes han hecho posible el examen y formulación de observaciones.

*El Comité emitirá sus observaciones finales durante el periodo de sesiones actual (10 de Octubre – 4 de noviembre) y las remitirá al Estado de Nicaragua.

Cierre de espacios cívicos es una amenaza para la democracia en las Américas, concordaron defensores en el marco de la 52 Asamblea General OEA

Washington D.C., 17 de Octubre de 2022.- “La sumatoria de muchos actos represivos termina derivando en un cierre del espacio cívico, en perder la confianza en el ejercicio de libertades”, expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, en el evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, celebrado en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Pedro Vaca y personas defensoras de derechos humanos de Brasil, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, convocadas por el Consorcio Latioamericano de Derechos Humanos -iniciativa conformada por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y liderada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos-, denunciaron el alarmante cierre de los espacios cívicos en sus países, los patrones represivos comunes y sus ideas para contrarrestarlos.

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +, expuso la dramática situación que vive la sociedad civil nicaragüense que, desde el año 2018 -cuando inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos- vive “el mayor ataque a la libertad de asociación” en su historia. Según los registros de su organización, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo uso de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, ha despojado de sus personalidades jurídicas a más 2250 organizaciones hasta el año 2022. “Ha habido días en los que han ilegalizado 200″, lamentó.

La Coordinadora General de CRIOLA (Brasil), Lúcia Xavier, denunció que el Estado brasileño ha actuado con violencia para controlar manifestaciones públicas en el marco de las elecciones presidenciales. «En Brasil, en estas elecciones, 42 manifestaciones contra el gobierno fueron rechazadas. Defensores de los derechos humanos están siendo amenazados».

Arturo Jordán Rodas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, recordó que el cierre de los espacios cívicos es un “problema regional que se está expandiendo” con patrones comunes como: la corrupción, la persecución a la prensa independiente, la parcialidad de los operadores de justicia, entre otros. 

Además, para Rodas, es de extrema preocupación cómo se reprime con “trato diferencial” a las y los estudiantes y sociedad civil guatemalteca. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos pone (a Guatemala) a la par de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde se están vulnerando permanentemente los derechos humanos”, lamentó.

Por su parte, Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes destacó que el régimen venezolano utiliza mecanismos como la televisión pública para emitir comentarios en contra de las organizaciones de la sociedad civil. “Se les trata de mecanismos para que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela… servidores del imperio”.

Fundaredes, por más de 15 años, ha documentado ampliamente la presencia de grupos armados en Venezuela, así como casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto les ha traído como consecuencia al menos 11 ataques de hostigamiento contra la organización“que se materializaron el 2 de julio de 2021, cuando detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Director de Fundaredes”. 

Pedro Vaca: Ante el cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que el 2022 «apunta a ser el año más letal para la prensa en el continente, desde que existe la Relatoría (Especial para la Libertad de Expresión – RELE), hace 24 años», así como «el año en el que hay más personas privadas de libertad por ejercer la libertad de expresión»

Pese al desolador panorama para la prensa independiente, el Relator reconoció la resiliencia de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. “Actualmente, en varios países de la región hay más incentivos para dejar de ser y hacer sociedad civil, que para persistir y hacer, pero hay una constancia, hay un compromiso. Yo creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora porque no solo es un periodismo que está aportando, es un periodismo a contracorriente… y a pesar de todos estos obstáculos hay periodismo, hay solidaridad entre periodistas”

En su ponencia, Vaca también insistió en que hay que llamar a las “voces oficiales” a que “entiendan que son una voz importante pero no son la única voz. Pierden todas las democracias si la voz oficial se plantea como la única voz”. 

“Somos sociedades diversas, la democracia es diversa, las narraciones unilaterales le hacen daño a nuestra vida en comunidad y es muy importante que, ante este cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo”, finalizó.

Raza e Igualdad reitera su compromiso con la sociedad civil

Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, denunció que algunos gobiernos de la región “independientemente de su orientación y lógica” emprenden acciones para restringir la libertad de asociación. “El cierre de espacios cívicos en la región se ha profundizado y es una amenaza seria para la democracia… Continuaremos fortaleciendo el rol de la sociedad civil en la región», recalcó.

“Fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y sus espacios de participación es un tema de particular relevancia para el hemisferio en su conjunto”, agregó David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Es necesario compartir y discutir las estrategias utilizadas por los gobiernos, pero también “las estrategias que las organizaciones de la región están implementando para hacer frente a este desafío compartido”. 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo el preocupante deterioro del tejido y los valores democráticos, reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas. 

El fortalecimiento de una democracia sana requiere de una sociedad civil activa que ejerza libremente su rol de vigilar las acciones de gobiernos y funcionarios públicos, presentar propuestas, defender y promover derechos, dirigir reclamos, entre otros. Por ello, urgimos a la comunidad internacional actuar de forma coordinada para combatir los desafíos que enfrenta la sociedad civil y las consecuencias que esto puede generar para la estabilidad y la paz social de las Américas.

Raza e Igualdad condena represalias del régimen de Nicaragua contra la Experta ONU Anexa Alfred Cunningham

Washington D.C., 12 de octubre de 2022.- En un acto inaceptable, el Gobierno de Nicaragua negó la entrada al país a la ciudadana nicaragüense y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP, por sus siglas en inglés), Anexa Alfred Cunningham, el pasado 9 de julio. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena este ataque contra la Sra. Alfred por su trabajo como defensora de derechos humanos, que también es un ataque hacia el EMRIP, las Naciones Unidas y  demás personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH). 

La Sra. Alfred Cunningham es una mujer indígena mískitu, abogada y experta en Derechos y Política Indígena, que se ha desempeñado como asesora de Gobiernos Territoriales y Gobiernos Comunales Indígenas en Nicaragua. Entre otros, la Sra. Alfred ha contribuido al proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua, y ha promovido diferentes reformas legislativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas en la legislación nicaragüense.

En abril de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la nombró miembro  del Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas por América Central y del Sur, cuyo mandato es asistir de forma especializada a los Estados Miembros en la consecución de los objetivos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y promover medidas concretas para que los Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras entidades puedan adoptar para alcanzar su cumplimiento.

En julio, la experta viajó a Ginebra, Suiza, con el objetivo de llevar a cabo su primera misión oficial en la decimoquinta sesión del EMRIP. Al final de su gira, la línea aérea no le permitió abordar el avión hacia Nicaragua informándole que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no autorizó su entrada al país. Esta decisión del régimen, entre otras cosas, violenta el artículo VI, sección 22, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Privilegios e Inmunidades, que otorga a las personas expertas nombradas por el CDH «prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones, incluido el tiempo necesario para viajar en relación con ellas».

Frente a esta grave situación, el pasado miércoles 28 de septiembre, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Federico Villegas, expresó que ha solicitado “en numerosas ocasiones aclaraciones sobre la situación, así como la cooperación del Gobierno de Nicaragua para rectificar el asunto”; sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta, “ni las garantías del Gobierno de que la señora Cunningham podría regresar a Nicaragua”. Esto indica un “acto de represalia”, aseguró Villegas. 

Por su parte, en una entrevista a Raza e Igualdad, la Sra. Alfred Cunningham expresó que la prohibición de retornar a su país se enmarca en una serie de acciones emprendidas por el gobierno de Nicaragua para reprimir y castigar a voces disidentes. “Lo hemos visto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales… y los pueblos indígenas y afrodescendientes no estamos exentos de esto”. 

Asimismo, lamentó que el régimen le impida cumplir su mandato en Nicaragua, pues “el EMRIP tendría la capacidad técnica y especializada de asesorar al Estado para poder cumplir con la fase del proceso de saneamiento, entendiendo que este es un derecho que está reconocido en la Constitución Política de Nicaragua y en todos los instrumentos de derechos humanos en materia de Pueblos Indígenas de los que Nicaragua es parte”. 

“Sabemos que es un proceso que no se ha cumplido y ha generado una serie de irregularidades que afecta los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua”, explicó a Raza e Igualdad.

Finalmente, Alfred llamó al gobierno de Nicaragua  a responder las comunicaciones que ha enviado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre su caso, así como a rectificar su decisión y abrir las vías de comunicación con la comunidad internacional y los sectores nacionales. 

“Yo creo que todavía está a tiempo de reaccionar y rectificar esta grave decisión… El aislamiento no es la solución para salir de esta crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que vive el pueblo de Nicaragua. Es necesario abrir un canal de comunicación, solo de esa manera vamos a poder salir de esta crisis”, finalizó.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda solidaridad hacia la Sra. Anexa Alfred Cunningham y su familia. 

Condenamos este grave ataque sin precedentes hacia una experta de Naciones Unidas, el cual atenta contra los privilegios e inmunidades diplomáticas que Nicaragua y demás Estados Miembros se han comprometido a respetar.

Recordamos que esta es una violación directa al Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:“Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país”, que además, conlleva afectaciones múltiples de otros derechos como: el derecho a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional -incluidos el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- para que condenen la actuación de Nicaragua e insten al Estado a rectificar su decisión y asegurar condiciones para el retorno seguro de la Sra. Alfred y su familia; y soliciten investigaciones, juicios y sanciones para todos los responsables, así como reparación por todas las violaciones y abusos sufridos.

No cesamos en exigir al Estado  de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el restablecimiento de una cooperación significativa con la comunidad internacional. El pueblo de Nicaragua necesita que se realicen investigaciones que garanticen justicia, reparación y no repetición de las violaciones y abusos a los derechos humanos que se continúan cometiendo en el país. 

La investigación y rendición de cuentas de estas violaciones que -como ha mencionado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH- deben considerarse crímenes de lesa humanidad, son requisitos indispensables para combatir la impunidad y superar la grave crisis de derechos humanos. 

Esperamos que el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 49/3, continúe con esta importante labor.

Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos abordará el alarmante cierre de espacios cívicos, en el marco de la Asamblea General de la OEA

Washington D.C., 5 de octubre de 2022.- Durante los últimos años, Latinoamérica ha experimentado un alarmante retroceso en cuanto a libertad de asociación, libertad de expresión y participación ciudadana. En varios países de la región se discuten iniciativas de leyes y/o se han aprobado normas que afectan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, introducen condiciones antidemocráticas para impedir la creación de nuevas ONGs, establecen límites a su accionar o restringen su acceso a financiamiento, y en los casos más extremos, permiten a los gobiernos criminalizar el trabajo que realizan las organizaciones y líderes que trabajan en las distintas agendas de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

El jueves 6 de octubre, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -iniciativa compuesta por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y liderada por el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el panel “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, con el fin dar a conocer a actores de la comunidad internacional los múltiples desafíos que enfrenta la sociedad civil de la región en materia de cierre de espacio cívicos, e intercambiar buenas prácticas que colaboren a fortalecer la participación ciudadana.  

En el evento, Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +; Lucía Javier, Coordinadora General de CRIOLA, Brasil; Arturo Jordán Rojas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de la República de Guatemala; Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes, Venezuela; y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compartirán sus ideas y experiencias para contrarrestar la pérdida de espacios cívicos en las Américas. 

 

Inscripción 

El evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 6 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:30 pm hora local. 

Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español, inglés y portugués para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea. 

Para atender de forma presencial o virtual puede realizar su registro en el vínculo a continuación:

Inscripción

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Sobre el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos es una alianza de tres prestigiosas organizaciones: Freedom House, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality), y Pan American Development Foundation (PADF); con el objetivo de fortalecer las capacidades de organizaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe. 

Desde 2020, colaboran y coordinan acciones destinadas a documentar violaciones a los derechos humanos, proveer de asistencia legal y psicosocial a víctimas, generar oportunidades de incidencia para organizaciones de la sociedad civil y capacitar en distintas áreas a organizaciones y actores que trabajan en la promoción de distintas agendas de Derechos Humanos de la región. A través de un trabajo coordinado, convergen para que sus contrapartes amplifiquen sus oportunidades de incidencia y el alcance de sus acciones.  

Privación arbitraria de libertad por motivos políticos: “un fenómeno creciente en Las Américas”

Washington D.C., 5 de octubre de 2022– “No hay país que no esté retado por la existencia de detenciones arbitrarias”, fueron  las palabras de Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), quien se refirió a  esta problemática durante el evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, organizado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Samayoa recordó  tres de las cinco categorías que ha fijado el Grupo de Trabajo sobre la  Detención Arbitraria para determinar que una persona está siendo víctima de esta práctica: 

  • La ausencia de base legal para la detención;
  • La detención como resultado del ejercicio de derechos o libertades; y
  • La inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Samayoa también destacó que las detenciones arbitrarias que ocurren para privar derechos, comúnmente están asociadas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y afectan a muchos grupos de personas: defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos de oposición, manifestantes y participantes de protestas pacíficas, líderes de pueblos indígenas, entre otros.

“Nicaragua es donde tienen (detenidos) de todo: desde una feminista, un sacerdote, un estudiante o alguien que quiso participar en el Movimiento Azul y Blanco (organización política nicaragüense), un policía que se negó a cumplir las órdenes, esto es una expresión del autoritarismo”, expresó Samayoa. 

La vicepresidenta de la OMCT categorizó a diferentes países en tres secciones dependiendo el tipo de detenciones arbitrarias que cometen. Identificó que México, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Chile “padecen” del fenómeno de criminalización de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. 

Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, están en la categoría de países que detienen arbitrariamente a periodistas y personas ejerciendo sus derechos de manifestación o libertad de expresión. 

En una tercera categoría de países Samayoa identificó aquellos que realizan detenciones arbitrarias de políticos de oposición a quienes se consideran enemigos del Estado. En esta lista ubicó a Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Todo esto permite entender el fenómeno de la privación arbitraria de libertad por motivos políticos  en las Américas, y para dimensionar los efectos sobre sus poblaciones, Raza e Igualdad invitó a familiares de personas que enfrentan esta realidad en  Cuba, Nicaragua y Venezuela quienes dieron sus testimonios en el evento antes citado.

Los Estados deben garantizar el derecho a defender derechos humanos 

El comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó  las obligaciones que tienen los Estados de proteger y prevenir ataques contra quienes defienden los derechos humanos en los países. Considerando que, entre las personas privadas de libertad por motivos políticos, siempre existen defensores y defensoras de derechos humanos que son víctimas de la represión estatal. 

“Existen diversas obligaciones, inherentes, para el Estado, como son el deber de prevenir ataques a la labor de defensa de derechos humanos, el deber de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y también el deber de investigar y sancionar, cualquier ataque que surja contra las personas defensoras”, dijo Hernández.

“Historia de prisioneros políticos en Cuba es horrenda”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Dr. Eduardo Cardet, recordó que su hermano se convirtió en privado de libertad por motivos políticos en 2016 cuando regresó de un viaje de Estados Unidos y fue interceptado por agentes estatales vestidos de civil que lo golpearon y se lo llevaron, para liberarlo tres años después luego de un juicio sin garantías del debido proceso y una sentencia injusta en su contra.

“La historia de los prisioneros políticos en Cuba es horrenda y de larga data. Consta desde 1959 ininterrumpidamente desde que los hermanos Castro (Fidel y Raúl Castro) asumieron el poder, con oleadas significativas (de detenciones), en las décadas del 60 y 70”, contextualizó Cardet.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía salió a manifestarse pacíficamente contra la crítica situación socio-económica y de derechos humanos en la Isla, organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex han registrado por lo menos 1,514 detenciones arbitrarias y refieren que actualmente hay 665 personas privadas de libertad por participar en dichas protestas. Desde entonces, la situación solo se ha agravado, relató Cardet. 

A pesar de la violenta represión en contra del pueblo cubano desde el 11J, el paso del huracán Ian, que provocó falta de acceso al fluido eléctrico y agravó las condiciones de pobreza de muchas personas, está generando nuevas manifestaciones en Cuba, cuyos pobladores exigen “libertad”, a lo cual las autoridades cubanas han respondido con más represión. 

“Mi mami solo ha podido ver a Lesther 10 veces en 15 meses”

En Nicaragua se contabilizan más de 205 personas privadas de libertad por motivos políticos. 195 de ellas después de las manifestaciones pacíficas de abril de 2018 y 10 antes de esa fecha, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.

Entre las personas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron en julio de 2021, se encuentra el líder estudiantil Lesther Alemán, de 24 años, quien tiene más de un año de haber sido detenido y condenado a 13 años de prisión.

Su hermana, Kenia González, recordó que durante el diálogo nacional que se realizó en el país en 2018, Alemán le reclamó directamente a Ortega por las muertes de estudiantes y manifestantes pacíficos, y le pidió que dejara el poder. 

Desde que fue detenido, Alemán ha sido una de las víctimas que ha sufrido aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y padece una enfermedad no determinada en una de sus piernas que le impide caminar correctamente, mientras la Policía le impide acceder a atención médica especializada. 

“(Este 5 de octubre), él cumple 15 meses de estar en privación de libertad y mi mami solo lo ha podido ver en 10 ocasiones. Todos los días ella va con unas botellas de agua y la esperanza, a veces se las dejan pasar y a veces no”, denunció González.

La situación en el país centroamericano no mejora y los medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos reportan que entre septiembre e inicios de octubre de este año, al menos 17 personas más fueron detenidas arbitrariamente y se iniciaron juicios en su contra.  

Jueces actúan a favor del poder para condenar a inocentes

José Gregorio Guarenas, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Venezuela, organización de la Arquidiócesis de Caracas que promueve y defiende los derechos humanos en ese país, resaltó durante su intervención que para que existan personas privadas de libertad por motivos políticos en un país, también debe existir un sistema de justicia que actúe a favor del gobierno de turno, como es el caso de Venezuela y otros países. 

“Para que existan presos políticos debe existir un régimen de jueces que se encuentren a la disposición del Poder Ejecutivo o a la disposición de un régimen”, destacó Guarenas durante su intervención. 

El Foro Penal de Venezuela estima que desde 2014 hubo más de 15,775 detenciones arbitrarias de personas que luego fueron liberadas. Sin embargo, hay 244 que todavía continúan encarceladas y, de esa misma cifra, 79 fueron condenadas ilegalmente en procesos judiciales cuestionables y llenos de arbitrariedades.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2022 sobre la situación en Venezuela, concluyó que los organismos del Estado, civiles y militares, funcionan como estructuras coordinadas desde las autoridades más altas del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), mantenemos nuestro llamado constante por la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas. 

De la misma manera, exhortamos a los Estados a que inicien procesos de reparación y justicia a favor de las víctimas quienes no cometieron ningún delito, sino que fueron encarceladas con acusaciones falsas y en el marco de procesos carentes de independencia, siguiendo instrucciones dictadas desde el Poder Ejecutivo. 

 ¡Ni un día más en detención!

Raza e Igualdad exigirá la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas en el marco de la 52 Asamblea General de la OEA

Washington D.C., 26 de septiembre de 2022.- Latinoamérica se enfrenta a un aumento de  detenciones arbitrarias que están provocando que la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos se incremente de forma dramática, por ejemplo, en Cuba se ha llegado a 665 personas desde el 11 de julio de 2021, en Nicaragua a 205 desde abril de 2018, y en Venezuela a 246 desde 2014. 

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) exigimos la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos y por ello realizaremos el evento híbrido “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará en Lima, Perú, del 5 al 7 de octubre de 2022.

Este evento servirá como un espacio de reflexión y diálogo para contribuir al debate regional sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, a fin de crear conciencia sobre lo cruel de esta práctica y hacer un llamado a su  pronta liberación. 

Las personas privadas de libertad por motivos políticos en estos países son personas percibidas como oposición por el sólo hecho de ejercer crítica sobre los regímenes o gobiernos. Así pues, muchos de los privados de libertad son estudiantes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, feministas, artistas, periodistas, miembros de gremios, y candidatos y candidatas a la presidencia que han sido injustamente encarcelados y sometidos a procesos judiciales viciados que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos.

En el evento participarán Miriam Cardet, hermana del ex preso político y líder del Movimiento Cristiano Liberación de Cuba, Dr. Eduardo Cardet; Kenia Alemán, hermana del líder universitario nicaragüense, Lesther Alemán, quien cumple una condena de 13 años por exigir cambios en Nicaragua; además de José Gregorio Guarenas, miembro de la Vicaría de Derechos Humanos de Venezuela, organización de la Arquidiócesis de Caracas que promueve y defiende los derechos humanos en ese país.

También compartirán en este conversatorio Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); y el comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si bien el fenómeno de privar de libertad por motivos políticos a activistas o población civil crítica de los gobiernos en el poder, en Latinoamérica hay tres casos ejemplares que exceden el uso de la privación de libertad como herramienta represora. Éstos países son Cuba, Nicaragua y Venezuela, Estados que abiertamente usan y justifican la prisión para evitar oposición contra el gobierno que se explica a continuación:

Cuba

En Cuba impera un sistema político de partido único a través del cual el gobierno mantiene un férreo control sobre todas las instituciones del Estado y, por tanto, las instrumentaliza para criminalizar a sus habitantes.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando la ciudadanía salió a manifestarse pacíficamente contra la crítica situación socio-económica y de derechos humanos en la Isla, organizaciones de derechos humanos como Justicia 11J y Cubalex han registrado por lo menos 1,514 detenciones arbitrarias y refieren que actualmente hay 665 personas privadas de libertad por participar en dichas protestas. 

Nicaragua 

Hasta agosto de 2022 en Nicaragua la cifra de personas privadas de libertad por motivos políticos subió a 205, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, sin embargo, desde el mes de septiembre las denuncias de detenciones arbitrarias continuaron en contra de familiares de la agrupación política UNAMOS, cuya presidenta, Suyen Barahona, se encuentra detenida desde junio de 2021. 

La escalada represiva alcanzó a los sacerdotes de la Iglesia Católica en agosto, y se ha ido extendiendo a tal punto que el hostigamiento a las familias de las personas detenidas o en el exilio es cada vez mayor. La Policía al servicio del régimen se encarga de reprimir, pero también se apoyan en simpatizantes y paramilitares para este fin.

En el marco de evento, se realizará la exposición fotográfica #NicasLibresYa, como parte de la campaña del mismo nombre, para visualizar las historias de 70 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua y las injusticias cometidas en su contra.

Venezuela 

El Foro Penal estima que desde 2014, las autoridades venezolanas detuvieron a 15,775 personas, las cuales fueron liberadas posteriormente. Sin embargo, hay 246 que todavía continúan encarceladas y, de esa misma cifra, 80 fueron condenadas ilegalmente en procesos judiciales cuestionables y llenos de arbitrariedades. 

Un informe de la Organización de Naciones Unidas publicado en septiembre de 2022 sobre la situación en Venezuela, concluyó que los organismos del Estado, civiles y militares, funcionan como estructuras coordinadas desde las autoridades más altas del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. 

Al igual que en Cuba y Nicaragua, que tienen sus propios órganos represores, en Venezuela el hostigamiento a la disidencia lo realizan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Estos órganos persiguen a quienes identifican como personas opositoras e incluso desatan el hostigamiento en contra de familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. 

Para participar 

El evento “Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 4 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:15pm hora de Lima. 

Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español e inglés para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea. 

Para registro virtual y presencial pueden usar el vínculo que se coloca a continuación:

Inscripción

Pronunciamiento 

Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso por la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Las Amércias,  especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe ejerciendo presión sobre los gobiernos de esos países para liberar a estas personas injustamente encarceladas y sometidas a tratos crueles, inhumanos, degradantes, y torturas.

Como organización que trabaja en la promoción y defensa de derechos humanos a nivel regional, pedimos que se respeten los derechos fundamentales de las personas en las Américas, sin discriminación de ningún tipo. 

¡Ni un día más en detención!

Día Internacional del Periodista: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Washington D.C., 8 de septiembre de 2022.- En este Día Internacional de las y los periodistas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se solidariza con los hombres y mujeres de prensa, que resisten a los graves abusos y violaciones a sus derechos humanos por ejercer su derecho legítimo de informar, fiscalizar el poder y denunciar la corrupción. Raza e Igualdad levanta una alerta para la comunidad internacional: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Desde el 2018, año en el que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, las y los periodistas independientes y las personas trabajadoras de la comunicación han sido blanco de ataques a su integridad física y psicológica, amenazas, robos y destrucción de sus equipos e instalaciones, exilio, privación de libertad por motivos políticos e incluso, asesinato, como es el caso del periodista Ángel Gahona, quien murió por disparo de arma de fuego  el 21 de abril de 2018 mientras realizaba una transmisión en vivo de las manifestaciones en la ciudad de Bluefields, Costa Caribe Sur. 

En 2021, el Ministerio Público citó e interrogó a más de 50 periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones de derechos humanos, en el marco de un proceso de criminalización contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Algunas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, injustamente procesadas y, actualmente, permanecen privadas de libertad en condiciones inhumanas. Entre ellas se encuentran: Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y Pedro Joaquín Chamorro. 

Recientemente, entre julio y agosto del 2022, al menos 23 medios de comunicación fueron cancelados arbitrariamente, entre ellos 8 radioemisoras católicas, radios feministas como Radio Vos de Matagalpa y otros medios críticos, como Radio Darío en la ciudad de León, cuyas instalaciones fueron incendiadas en el contexto de las protestas sociales de abril  de 2018. También se dieron allanamientos ilegales de viviendas de periodistas, detenciones arbitrarias de trabajadores de medios de comunicación y el exilio forzado de toda la redacción del diario La Prensa, algo nunca antes visto en la historia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Raza e Igualdad conversó con Aníbal Toruño, Director de Radio Darío de León, y  Eduardo Enríquez, Editor Jefe del diario La Prensa, sobre la represión que han vivido estos medios de comunicación a lo largo de su existencia, las diferencias y similitudes con los ataques por parte del régimen actual y qué razones hay detrás de un gobierno que se empecina en criminalizar al periodismo independiente. Al finalizar, ambos periodistas dieron un mensaje de resistencia para sus colegas e hicieron un llamado a la comunidad internacional.

Aníbal Toruño: “Quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión”

El pasado 13 de agosto, después de más 73 años de transmisión, Radio Darío anunció que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó su cierre inmediato, mediante un comunicado, alegando que: “Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, con la previa autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia”. 

Su Director, Aníbal Toruño afirma  que antes de este cierre arbitrario, la emisora ya había sido atacada en seis ocasiones, siendo la penúltima vez en el año 2008 y la última en el 2018. “Las formas han sido diferentes, desde quebrar, balear con armas militares, y la más dramática en el 2018, cuando hubo una explosión dentro del edificio… Esto sí fue un atentado, quisieron asesinarnos dentro de la radio”. 

Según Toruño, los ataques del régimen hacia el periodismo son un intento fallido para ocultar la verdad. “Ellos (Ortega y Murillo) quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión, de tener un estado de sitio y suspensión de las garantías constitucionales, y para esto, una de las acciones más comunes es la eliminación de los medios de comunicación independientes”.

En este sentido, el régimen ha ahogado económicamente a las radios comunitarias y ha sembrado la  censura a través de asedio policial y amenazas a sus colaboradores, “hay periodistas que tienen mucho temor, no presentan sus rostros y no firman sus contenidos periodísticos precisamente para proteger su identidad”. También, ha hecho uso de su poder sobre las instituciones estatales, para desarrollar nuevas formas de represión como el manejo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para realizar cancelaciones de licencias para transmitir en AM o FM.

Pese al panorama adverso para el ejercicio del periodismo, Toruño envía un mensaje de esperanza a sus colegas: “Una noche nunca ha vencido un amanecer… y yo creo que desde la noche oscura nació el día hermoso y -eventualmente- nosotros vamos a tener luz y democracia, y vamos a poder retomar la lucha un poco más abierta por el tema de la libertad de expresión en Nicaragua”.

Toruño llama a la comunidad internacional a “volver a ver a Nicaragua con preocupación” y solicita ayuda para que periodistas y medios de comunicación se reinventen y puedan continuar informando.

Eduardo Enríquez: El trabajo de denuncia “le ha costado muy caro” a  La Prensa 

El régimen de Ortega y Murillo concretó el robo de las instalaciones del diario más antiguo de Nicaragua, La Prensa, tras un año de ocupación policial, el exilio de toda su redacción y el encarcelamiento arbitrario de dos de sus conductores, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, y dos integrantes de su Junta Directiva: Cristiana Chamorro Barrios y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Las instalaciones fueron asignadas al Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, una réplica de lo que hizo el régimen con las redacciones confiscadas de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial al asignarlas a centros estatales.

Su editor jefe, Eduardo Enríquez, cuenta que “La Prensa, en sus 96 años, siempre se ha enfrentado a las dictaduras que han desgobernado Nicaragua”, pero su trabajo de denuncia de la corrupción y los abusos a los derechos humanos “le ha costado muy caro”. En 1944, la familia Chamorro Cradenal tuvo que salir al exilio por dos años para evitar las represalias del régimen de Somoza García. En 1979, durante la insurrección de Somoza Debayle, las instalaciones fueron bombardeadas e incendiadas. En los años 80, el Frente Sandinista dio la orden de cerrarla indefinidamente, y ahora el régimen Ortega-Murillo tomó, confiscó y robó su edificio. 

“En todas las ocasiones la intención ha sido aniquilar a La Prensa, pero no lo han logrado en ninguna”, asegura. El diario, en su edición digital, no ha dejado de informar un solo minuto, incluso cuando la Policía tomó sus instalaciones de forma violenta y se llevó al señor Holmann. 

Para Enríquez, es evidente que el régimen quiere sembrar terror y que -al criminalizar el periodismo independiente- su objetivo es mantener a la población “en la oscuridad” y hacerles creer la “realidad alterna” que promueven a través de “un aparato propagandístico gigantesco”.

“El régimen trata de hacer pensar a todas estas personas que la falta de derechos y oportunidades es normal, y que si no existen esas oportunidades no es su culpa, sino de un enemigo, de los traidores a la patria o de los Estados Unidos”, explica. 

Por ello, Enríquez invita a sus colegas a estar conscientes de que “su labor es importantísima en la construcción de la ciudadanía”, pues están contribuyendo a que las y los ciudadanos sepan que tienen derechos que hay que defender y ejercer, y que si estos son abusados o violentados, tienen derecho a exigir que se respeten. “Tenemos que saber que se puede construir una mejor sociedad. Nuestro trabajo es seguir señalando eso”. 

Asimismo, llama a la comunidad internacional a reconocer que este no es un gobierno legítimo, “este es un grupo de personas que han secuestrado el poder, lo mantienen a punta de balas, violencia y terror”. 

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, recordando que el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa por los medios de comunicación en el marco de un Estado de Derecho constituye una piedra angular de la sociedad, condena los atropellos en los que ha incurrido el régimen contra estas libertades y los recientes cierres de medios de comunicación. Enérgicamente, expresamos nuestro repudio ante la privación arbitraria de libertad en la que se encuentran las y los trabajadores de la comunicación, y continuamos  exigiendo el cese inmediato de los ataques contra periodistas independientes.

El Estado nicaragüense debe: 

  • Derogar las leyes restrictivas para el ejercicio de la libertad de expresión, que además incumplen los estándares internacionales y la misma Constitución de Nicaragua, entre ellas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. 
  • Liberar de forma inmediata y sin condiciones a las 205 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y libertad de prensa. 
  • Abstenerse de continuar el cierre arbitrario de medios de comunicación independientes y organizaciones; así como revertir las sanciones administrativas realizadas, y devolver los equipos e instalaciones incautadas. 
  • Investigar de forma exhaustiva e independiente el asesinato del periodista Ángel Gahona y otros abusos contra periodistas, para luego juzgar y sancionar a las personas responsables.
  • Cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de las y los periodistas independientes, garantizando un entorno habilitante para el ejercicio de sus labores.
  • Propiciar las condiciones para que las y los periodistas que se han visto obligados al exilio, puedan volver al país de forma segura.

Finalmente, Raza e Igualdad llama a la comunidad internacional, a los organismos de protección de Derechos Humanos y Estados de la región a rechazar y condenar los inaceptables niveles de violencia contra la prensa independiente, así como promover la rendición de cuentas por las violaciones a la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. 

Nicaragua necesita de la comunidad internacional para combatir la impunidad y avanzar hacia un proceso de justicia transicional. 

¡Sin periodismo, no hay democracia! #SOSPeriodismo

Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación preocupado por cierre de espacios en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras

San José, 7 de septiembre de 2022.- Centroamérica atraviesa un período de graves retrocesos en el respeto y garantía de las libertades que integran el espacio cívico, entre ellas la de expresión y la de reunión y asociación pacíficas, particularmente en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, situación que representa una importante amenaza para las sociedades pacíficas e inclusivas en la región.  

Ante este contexto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, realizó una gira académica en Costa Rica, con el objetivo de exponer algunos de los principales aportes de la Relatoría para promover y proteger tales derechos en la región. 

Durante la gira, que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, el Relator tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas entre otros. 

El día 1 de septiembre, en la sede de la Universidad para la Paz, tuvo lugar un conversatorio con estudiantes de la mencionada casa de estudios, en el que participaron el Decano de la UPAZ, Juan Carlos Sainz-Borgo, y el señor Mihir Kanade, Director del Centro de Derechos Humanos de la UPAZ, Coordinador Académico de UPAZ y Presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.

Durante la misma gira académica, el relator Voule participó en un conversatorio en la Academia Diplomática “Manuel María de Peralta” de San José, junto con la Embajadora Carmen Claramunt, Directora Adjunta de la Academia Diplomática. 

Nicaragua

“En Nicaragua, una de nuestras principales preocupaciones son las herramientas que se han adoptado en 2020 y 2022, una es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la otra es la Ley de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro”, dijo Voule durante su presentación en la UPAZ.

“Estas dos leyes permitieron a las autoridades nicaragüenses suprimir el espacio cívico criminalizando a los defensores de derechos humanos y líderes de oposición y disolviendo centenares de organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

La exposición hizo especial énfasis en la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua  desde el año 2018. La crisis político-social que comenzó hace ya más de 4 años ha derivado en el cierre absoluto del espacio cívico, el cercenamiento de la libertad de asociación y la represión de toda manifestación pacífica adversa al Gobierno.

El Relator recordó que con la aprobación de leyes se han cerrado más de 1600 organizaciones no gubernamentales en el país, según la información que ha recibido.

“La situación es tensa, incluso para nosotros. No podemos entrar al país. Incluso con las personas que he ha hablado, sus propiedades fueron confiscadas y se está volviendo una situación tan difícil que otros países están intentando imitar. Y mi mandato quiere prevenir eso. por ello es que vine a Centroamérica”, dijo el relator.

El cierre de estos espacios se agravó desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el Parlamento nicaragüense en septiembre de 2020 y que fue utilizada como pretexto para cerrar organizaciones de la sociedad civil en el país.

Ese mismo mes, la Relatoría envió una comunicación al Estado de Nicaragua mostrando su preocupación por la incompatibilidad de Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos con las obligaciones internacionales del país, especialmente con los derechos humanos. En ese entonces, la Relatoría manifestó que el ámbito de aplicación de la Ley era muy amplio y no quedaba claro su alcance. Esta legislación prohíbe a quienes son clasificados como “agentes extranjeros” intervenir en asuntos, temas políticos o actividades internas de Nicaragua, sin que estos términos estén definidos.

El Salvador

De igual forma, en la región, El Salvador se encuentra en medio de la discusión de una Ley similar desde 2021 que ha generado preocupación en diferentes sectores, pues temen que se genere una situación parecida a la de Nicaragua que conlleve el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales.

Entre otras cosas, el Relator también expresó su preocupación por las disposiciones que señalan la creación de un registro de agentes extranjeros que limita severamente el acceso a fondos de fuentes externas. El Relator especial mencionó que se alegró de recibir una respuesta del gobierno indicando que se suspendía la consideración de esta ley.

Guatemala

En Guatemala, mencionó el relator, la preocupación está enfocada en el abuso de las medidas de emergencia para prohibir y suprimir las protestas pacíficas, además del incremento de la militarización y politización de las protestas cívicas. Estas preocupaciones fueron convocadas a las autoridades a través de un canal de comunicación.

Honduras

Honduras, también es uno de los países de la región que merece especial atención de la relatoría que Voule representa, El señor Voule ha compartido su preocupación a través de canales oficiales con el Gobierno sobre la criminalización de, así como los ataques y el acoso judicial contra líderes de la sociedad civil que, han provocado varias muertes. 

Sobre el mandato del Relator

El señor Clément Nyaletsossi Voulle fue nombrado Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y asumió sus funciones en abril de 2018.

La Relatoría que representa debe presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como realizar visitas oficiales a los países para evaluar la situación de los derechos de libertad de asociación pacífica y asociación y presentar recomendaciones.

También debe transmitir llamamientos urgentes, otras cartas y cartas de alegación a los Estados Miembros sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica. 

En junio de 2022, el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe temático más reciente sobre el «Acceso a los recursos», así como el informe: “Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas durante situaciones de crisis.

Nicaragua: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ONU alarmado por la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington D.C., 31 de agosto de 2022-. Al finalizar el examen del Estado de Nicaragua respecto de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este martes 30 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) presentó sus observaciones finales en las que destaca su profunda preocupación por la falta de cooperación e interacción del Estado Parte, el cual se ausentó a las sesiones en las que se desarrollo la revisión, pese a las alarmantes alegaciones de violencia y graves atentados contra pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de sus territorios. 

“Preocupan seriamente al Comité los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biósfera de Bosawás”, cita el informe del CERD, que también solicita al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes de prevención, e investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.

Entre otros motivos de preocupación del Comité, también figura el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención; la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos; las dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445. 

Las observaciones hacen referencia a “reportes sobre la no certificación de las autoridades indígenas legítimamente electas en asambleas comunitarias o territoriales” y denuncia la imposición de “gobiernos paralelos” conformados por funcionarios y/o personas afines al gobierno, lo cual afecta los derechos de autonomía y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

Asimismo, refiere que se han llevado a cabo concesiones de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin procesos de consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, o a través de consultas con personas “no legitimadas” para representar a dichos pueblos. Lamentablemente, estas concesiones traen consigo impactos sociales, ambientales y culturales que afectan gravemente los medios de subsistencia y formas de vida «generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas«.

«Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creole de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados«, ejemplifica el Comité.

Finalmente, el Comité recomienda a Nicaragua diseñar -en consulta con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes- una legislación y estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a estos pueblos. Asimismo, sugiere al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

ONG  rechazan la ausencia  del Estado

Las organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado seguimiento al proceso de  supervisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte del Estado de Nicaragua, entre las cuales se encuentran la Fundación del Río, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), consideran la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del pasado 10 de agosto forma parte de un patrón de irrespeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad,  “el Estado continúa sin dar un solo indicio de voluntad para renovar la cooperación con la comunidad internacional. El año pasado (2021) se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), y este año (2022) se ausentó a su revisión en el marco de la Convención contra la Tortura” alegando que el Comité contra la Tortura (CAT) carece de imparcialidad y objetividad.

Quesada recordó que “la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha sido una acción voluntaria del Estado nicaragüense, y esto conlleva una serie de obligaciones y compromisos internacionales.¡Exigimos que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del CERD!”, expresó Quesada.

Para Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río y defensor de derechos de los pueblos indígenas que fue criminalizado a través de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “la actitud del Estado en estos espacios (Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos) ha sido irresponsable y de falta de respeto al derecho internacional”. 

Maria Luisa Acosta, Coordinadora de CALPI,  considera que es una “acción importante” que el Comité haya decidido continuar con el proceso de evaluación y la formulación de las observaciones finales. “Esta decisión ha permitido que tengamos este informe que demanda y recomienda acciones urgentes para enfrentar la grave situación de violación de derechos humanos, sobre todo para combatir actos discriminatorios contra pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Ojalá que se establezcan otras acciones en el marco del funcionamiento del Comité, sobre todo para dar seguimiento a la situación de Nicaragua y que haya una mayor incidencia alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado en el cumplimiento de las convenciones que firma a nivel internacional”, finaliza Ruiz. 

 

Demandamos garantías para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en Nicaragua  

Washington D.C., 9 de agosto 2022.- Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos el cierre masivo y arbitrario de radios en el departamento de Matagalpa, entre ellas Radio Vos, una emisora comunitaria con 18 años de trabajo en favor de las comunidades y grupos vulnerables del departamento, así mismo las emisoras católicas Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo y Radio Alliens.

En el caso de Radio Vos, ésta recibió una notificación de cierre por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) bajo el argumento de supuestos problemas técnicos, que en la práctica no existen.

El martes 1 de agosto de 2022, las emisoras católicas fueron obligadas a cerrar de forma inmediata luego de recibir una notificación de parte de Telcor, en la que se alegaba que “no cuenta con título habilitante vigente” para operar.

Ese mismo día, la Policía de Nicaragua intervino la capilla de Sébaco, donde también operaba la emisora católica, haciendo uso excesivo de la fuerza, bombas lacrimógenas y disparos al aire para intimidar y dispersar a la feligresía que se acercó a las instalaciones como un gesto de solidaridad.   

El 2 de agosto, Telcor también ordenó el retiro del aire del canal de televisión RB3 en Río Blanco, Matagalpa. Este canal prestó un importante servicio a la comunidad por 20 años.  A la fecha se ha tenido noticia  además el cierre de espacios informativos, como “Noticiero Hechos” y “Noticiero al Instante”, los cuales fueron suspendidos en Radio Stereo Azul, en el departamento de Chinandega. Asimismo, el cierre del Noticiero 10 En Punto que se transmitía en Radio Corporación.  

Ante los hechos descritos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron al cese de los ataques y uso de la represión a medios de comunicación como una forma de censura.

Las organizaciones firmantes nos sumamos a las condenas por los recientes cierres de las radios religiosas pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y nos solidarizamos con sus audiencias a las cuales se les ha violentado el derecho fundamental de la libre expresión.

Lamentamos que en el país se continúen clausurando espacios que promueven la promoción y defensa de los derechos fundamentales. 

Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a que reviertan los actos administrativos que han ejecutado hasta la fecha y a que se abstengan de continuar con el cierre arbitrario de medios de comunicación y la persecución en contra de la prensa independiente. 

Una democracia sólo puede construirse sobre la base del respeto a la pluralidad de voces y los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos violentados por las autoridades gubernamentales. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional de naciones y a los organismos de protección de Derechos Humanos a pronunciarse y rechazar de forma decidida estas nuevas violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. 

Firman,
Amarc ALC
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
IFEX-ALC
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos PEN Internacional
Red Voces del Sur

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