Nicaragua: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ONU alarmado por la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes

Nicaragua: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ONU alarmado por la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington D.C., 31 de agosto de 2022-. Al finalizar el examen del Estado de Nicaragua respecto de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, este martes 30 de agosto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) presentó sus observaciones finales en las que destaca su profunda preocupación por la falta de cooperación e interacción del Estado Parte, el cual se ausentó a las sesiones en las que se desarrollo la revisión, pese a las alarmantes alegaciones de violencia y graves atentados contra pueblos indígenas y afrodescendientes dentro de sus territorios. 

“Preocupan seriamente al Comité los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biósfera de Bosawás”, cita el informe del CERD, que también solicita al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes de prevención, e investigar de forma exhaustiva, imparcial y efectiva estos ataques“a fin de que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados”.

Entre otros motivos de preocupación del Comité, también figura el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, la criminalización de defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la inexistencia de una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención; la discriminación estructural que se refleja en las precarias condiciones de vida y la persistente exclusión de estos pueblos; las dificultades en la aplicación del régimen de autonomía comunal, territorial y regional, y la falta de implementación de la etapa saneamiento de territorios indígenas prevista en la Ley 445. 

Las observaciones hacen referencia a “reportes sobre la no certificación de las autoridades indígenas legítimamente electas en asambleas comunitarias o territoriales” y denuncia la imposición de “gobiernos paralelos” conformados por funcionarios y/o personas afines al gobierno, lo cual afecta los derechos de autonomía y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. 

Asimismo, refiere que se han llevado a cabo concesiones de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin procesos de consulta previa para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados, o a través de consultas con personas “no legitimadas” para representar a dichos pueblos. Lamentablemente, estas concesiones traen consigo impactos sociales, ambientales y culturales que afectan gravemente los medios de subsistencia y formas de vida «generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas«.

«Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creole de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados«, ejemplifica el Comité.

Finalmente, el Comité recomienda a Nicaragua diseñar -en consulta con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes- una legislación y estrategias de protección efectivas tomando en cuenta las diferencias culturales, regionales y de género que puedan afectar a estos pueblos. Asimismo, sugiere al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

ONG  rechazan la ausencia  del Estado

Las organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes que han dado seguimiento al proceso de  supervisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte del Estado de Nicaragua, entre las cuales se encuentran la Fundación del Río, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indigenas (CALPI) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), consideran la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del pasado 10 de agosto forma parte de un patrón de irrespeto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad,  “el Estado continúa sin dar un solo indicio de voluntad para renovar la cooperación con la comunidad internacional. El año pasado (2021) se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), y este año (2022) se ausentó a su revisión en el marco de la Convención contra la Tortura” alegando que el Comité contra la Tortura (CAT) carece de imparcialidad y objetividad.

Quesada recordó que “la firma y ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ha sido una acción voluntaria del Estado nicaragüense, y esto conlleva una serie de obligaciones y compromisos internacionales.¡Exigimos que Nicaragua cumpla con las recomendaciones del CERD!”, expresó Quesada.

Para Amaru Ruiz, Presidente de Fundación del Río y defensor de derechos de los pueblos indígenas que fue criminalizado a través de la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “la actitud del Estado en estos espacios (Sistema Interamericano y Sistema Universal de Derechos Humanos) ha sido irresponsable y de falta de respeto al derecho internacional”. 

Maria Luisa Acosta, Coordinadora de CALPI,  considera que es una “acción importante” que el Comité haya decidido continuar con el proceso de evaluación y la formulación de las observaciones finales. “Esta decisión ha permitido que tengamos este informe que demanda y recomienda acciones urgentes para enfrentar la grave situación de violación de derechos humanos, sobre todo para combatir actos discriminatorios contra pueblos indígenas y afrodescendientes”.

“Ojalá que se establezcan otras acciones en el marco del funcionamiento del Comité, sobre todo para dar seguimiento a la situación de Nicaragua y que haya una mayor incidencia alrededor de la responsabilidad que tiene el Estado en el cumplimiento de las convenciones que firma a nivel internacional”, finaliza Ruiz. 

 

Demandamos garantías para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en Nicaragua  

Washington D.C., 9 de agosto 2022.- Las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento rechazamos el cierre masivo y arbitrario de radios en el departamento de Matagalpa, entre ellas Radio Vos, una emisora comunitaria con 18 años de trabajo en favor de las comunidades y grupos vulnerables del departamento, así mismo las emisoras católicas Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio San José de Matiguás, Radio Monte Carmelo y Radio Alliens.

En el caso de Radio Vos, ésta recibió una notificación de cierre por parte del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) bajo el argumento de supuestos problemas técnicos, que en la práctica no existen.

El martes 1 de agosto de 2022, las emisoras católicas fueron obligadas a cerrar de forma inmediata luego de recibir una notificación de parte de Telcor, en la que se alegaba que “no cuenta con título habilitante vigente” para operar.

Ese mismo día, la Policía de Nicaragua intervino la capilla de Sébaco, donde también operaba la emisora católica, haciendo uso excesivo de la fuerza, bombas lacrimógenas y disparos al aire para intimidar y dispersar a la feligresía que se acercó a las instalaciones como un gesto de solidaridad.   

El 2 de agosto, Telcor también ordenó el retiro del aire del canal de televisión RB3 en Río Blanco, Matagalpa. Este canal prestó un importante servicio a la comunidad por 20 años.  A la fecha se ha tenido noticia  además el cierre de espacios informativos, como “Noticiero Hechos” y “Noticiero al Instante”, los cuales fueron suspendidos en Radio Stereo Azul, en el departamento de Chinandega. Asimismo, el cierre del Noticiero 10 En Punto que se transmitía en Radio Corporación.  

Ante los hechos descritos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron al cese de los ataques y uso de la represión a medios de comunicación como una forma de censura.

Las organizaciones firmantes nos sumamos a las condenas por los recientes cierres de las radios religiosas pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa y nos solidarizamos con sus audiencias a las cuales se les ha violentado el derecho fundamental de la libre expresión.

Lamentamos que en el país se continúen clausurando espacios que promueven la promoción y defensa de los derechos fundamentales. 

Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a que reviertan los actos administrativos que han ejecutado hasta la fecha y a que se abstengan de continuar con el cierre arbitrario de medios de comunicación y la persecución en contra de la prensa independiente. 

Una democracia sólo puede construirse sobre la base del respeto a la pluralidad de voces y los derechos humanos, entre los cuales se encuentran los derechos violentados por las autoridades gubernamentales. 

Hacemos un llamado a la comunidad internacional de naciones y a los organismos de protección de Derechos Humanos a pronunciarse y rechazar de forma decidida estas nuevas violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua. 

Firman,
Amarc ALC
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
IFEX-ALC
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos PEN Internacional
Red Voces del Sur

Nicaragua: ONGs continuarán documentando y denunciando actos de tortura, pese a la falta de cooperación del Estado con la ONU

Washington D.C., Ginebra, San José y Managua, 3 de agosto de 2022.- En una conferencia de prensa convocada con el propósito de  analizar las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura (CAT) para el Estado de Nicaragua emitidas el pasado 29 de julio, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nicaragüenses e internacionales,  denunciaron que en el país centroamericano se han violentado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes desde el año 2008. 

Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura 

Tania Agosti, Asesora Legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) recordó que, el pasado 14 de julio, el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la  revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”.

Agosti aseguró que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir  a sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”. 

Para Olga Guzmán, Consejera Principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), este panorama es “muy desolador”, puesto que el Estado de Nicaragua no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por su parte, Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y Relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado, sin embargo, “no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar”. Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance “para mitigar la tremenda soledad y aprensión que (…) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”.

Finalmente, llamó al Gobierno nicaragüense a recapacitar sobre su posición respecto a las y los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y exhortó a que les “deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, que ejercer sus derechos como les corresponde”.

Falta de imparcialidad del Sistema de Justicia Penal

Alexandra Salazar, Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), expuso que el “evidente incumplimiento del Estado”, la parcialidad del Sistema de Justicia Penal (Policía Nacional, Fiscalía, Poder Judicial y Sistema Penitenciario) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la intencionalidad represiva orientada a la violación de los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, ha quedado demostradas ante el CAT. 

Estas instituciones han ejercido prácticas sistemáticas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes a través de la aplicación de la prisión preventiva, el régimen de aislamiento y castigo de manera generalizada en contra de personas privadas de libertad por motivos políticos, y por plazos superiores a los máximos permitidos en la legislación nicaragüense. 

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que el Comité manifestó “serias preocupaciones y recomendaciones al Estado en materia de administración de justicia y violaciones a pueblos indígenas”. Los informes recibidos por el CAT indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultado de muerte; sin embargo existe una presunta reticencia de las autoridades para investigar los hechos, así como intentos de criminalización y estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos.

Gobierno de Nicaragua ejerce violencia patriarcal y machista

Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) afirmó que “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce sistemáticamente la violencia machista y patriarcal”, particularmente hacia mujeres que han alzado su voz para denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. 

Sánchez destacó que el Comité expresó preocupación por la alta incidencia de agresiones y actos de violencia sexual en casos de mujeres privadas de libertad por motivos políticos y por el encarcelamiento de mujeres trans en centros para varones. En este sentido, el CAT instó al Estado a adoptar medidas para cesar los actos de represión y violencia en contra de personas defensoras, e investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva los actos de uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos en el marco de las protestas iniciadas en abril 2018. 

Pronunciamiento

El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad); el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR) agradecemos los esfuerzos de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas miembros del Comité contra la Tortura que, pese a las condiciones adversas y la falta de cooperación del Estado, continúan monitoreando, documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua.

Una vez más hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con las recomendaciones brindadas por el CAT. Es imperativo que el Estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos y que, mientras esto suceda, garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales. 

Asimismo, el Estado debe garantizar imparcialidad del Sistema de Justicia Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues solo así se podría asegurar credibilidad en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

Finalmente, invitamos a la comunidad internacional a responder contundentemente y valerse de todos los recursos a su alcance  para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, y cesen las detenciones arbitrarias y los actos de tortura que realiza actualmente.

Estado de Nicaragua se ausenta a la revisión del CAT y la califica como una “provocación”

Washington D.C. / Ginebra, 18 de julio de 2022-. El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, este jueves 14 de julio. La delegación nicaragüense no asistió y, a través de una carta, el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, calificó el examen como una “nueva provocación” y aseguró que el CAT no tiene “legitimidad alguna para cuestionar” sus informes “ni transgredir” sus leyes, constitución y normas. 

Dada la ausencia del Estado y que “Nicaragua se encuentra en un punto crítico de su historia, que afecta evidentemente la vigencia de los derechos humanos de su población”, el Presidente del Comité, Claude Heller comunicó que el grupo de personas expertas realizarían el examen basándose en la información proporcionada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sus informes anuales, la resolución 49/3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo de 2022, la más reciente actualización oral sobre la situación en Nicaragua (16 de junio, 2022), y lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil. 

Durante la sesión, Heller afirmó que el Estado de Nicaragua “ha violado sistemáticamente los derechos humanos” y la Convención contra la Tortura. “El hecho de que el Estado parte (Nicaragua) siga sin garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue siendo motivo de gran preocupación”, agregó Erdoğan İşcan, Experto del Comité y Co-Relator de País para Nicaragua. 

Desde abril del año 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y parapoliciales durante las manifestaciones pacíficas ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1614 fueron detenidas arbitrariamente. Tras la liberación de varias personas detenidas por motivos políticos en 2019, se documentaron casos de torturas en el marco de la custodia estatal. Actualmente, más de 190 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, y existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos.

Según la información recibida por el Comité, el 97 % de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde las personas arrestadas fueron arbitrariamente privadas de libertad sin que se formulara previamente una acusación ni se celebrase un juicio con las garantías procesales correspondientes. Además, hay una “flagrante violación” de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) en estos centros. 

El Comité informó que, si bien el Estado ha expuesto que no existe una política gubernamental de perseguir, amenazar, hostigar o asesinar a las y los defensores de derechos humanos, o impedir el ejercicio de sus labores; “la información disponible demuestra lo contrario a partir del conjunto de leyes (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, y Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la determinación para la paz)”. 

La OACNUDH registró al menos 40 casos de amenazas, intimidación, criminalización y campañas de desprestigio, la detención arbitraria de 5 periodistas, y el allanamiento de 2 medios de comunicación durante el año 2021. En ese mismo periodo, la Oficina documentó 26 casos de detención y al menos 4 casos de detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos. “Las represalias, con el apoyo de grupos estatales y simpatizantes del gobierno, institucionalizan la violencia contra defensores”, dijo el Presidente.

Asimismo, el Estado de Nicaragua comunicó que “no existen actos de violencia en contra de las ONG” pero que algunas de ellas han utilizado su organización para “alterar el orden público” y realizar acciones para “desestabilizar el país” y derrocar el gobierno, violando la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147); y por ello el Ministerio de Gobernación ha cancelado sus personalidades jurídicas. Por su parte, el CAT consideró que la creciente tendencia de cancelaciones “ha llevado a una drástica reducción del espacio cívico”.

Por otro lado, sobre la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, el CAT pidió al Estado dar referencias sobre las investigaciones en torno a la masacre de personas indígenas mískitus y mayangnas el pasado 23 de agosto de 2021, así como los ataques de colonos perpetrados en octubre del año pasado. El Comité manifestó la reticencia de las autoridades nicaragüenses para brindar información al respecto y sus intentos de criminalizar a las personas indígenas por estos casos. Igualmente, denunció la cancelación de la personalidad jurídica del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), una organización de suma importancia para estos pueblos y comunidades, que históricamente han sido olvidadas por los gobiernos de turno.

Finalmente, el Comité urgió a las autoridades nicaragüenses a sancionar a las personas responsables de los abusos denunciados y a reanudar el diálogo con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Comité emitirá un documento con sus observaciones finales sobre Nicaragua el próximo 29 de julio, y se lo hará llegar al Estado. 

Pronunciamiento

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes reprobamos la reacción de rechazo del Estado de Nicaragua ante el Comité contra la Tortura. Esto no tiene precedentes y, como mencionó el Presidente Claude Heller, “cuestiona la integridad del Comité, de sus miembros y de los mecanismos internacionales de derechos humanos”, además expresa un profundo desconocimiento y desprecio de la Convención y sus métodos de trabajo.

Recordamos que la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura fue una acción voluntaria del Estado nicaragüense y que, por tanto, debe cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia, específicamente con las recomendaciones brindadas por el Comité.

Entre otras cuestiones, demandamos al Estado de Nicaragua: Cesar de inmediato los ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; derogar el marco legal que permite criminalizar por su trabajo a  organizaciones, periodistas y comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos, entre otros actores considerados como opositores; e investigar con la debida diligencia los ataques perpetrados contra pueblos indígenas y afrodescendientes, para juzgar y sancionar a los responsables.

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a responder contundentemente para que Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018. ¡No más impunidad!

Firman

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +

Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM)

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)

Unidad de Registro (UDR)

Personas presas políticas beneficiarias de medidas cautelares CIDH sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Washington D.C., 28 de junio de 2022-. El pasado 24 de junio, en una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a favor de 60 personas nicaragüenses, entre las cuales figuran 44 personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, Comisionadas y Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron  su preocupación ante los actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sometidas las personas beneficiarias. Al respecto, el comisionado  Joel Hernández expresó que  son “claramente personas presas políticas, que han sido detenidas por alzar la voz en una sociedad en la que se han cerrado todos los espacios democráticos«. 

La Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, expresó su profunda “angustia” ante la negativa del régimen de Ortega y Murillo de dar respuesta a las solicitudes de información sobre la situación de las personas detenidas. “Las respuestas no han sido efectivas, no hay respuestas del Sistema (de Justicia) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas). Y cuando digo la vida, digo su integridad física, su salud mental, su salud psicológica, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura”. 

Arosemena solicitó a la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, un trabajo en coordinación con la Comisión para emitir un comunicado de prensa que identifique la situación específica de salud de las personas beneficiarias y la falta de atención médica.

Las autoridades de la CIDH recordaron que el Estado debe abstenerse de ejercer represalias en contra de las personas participantes de la audiencia, las personas beneficiarias de las medidas cautelares y sus familiares.

Organizaciones representantes denuncian “absoluta falta de implementación de las medidas”

Las seis organizaciones de la sociedad civil, representantes de las personas beneficiarias de medidas cautelares, enfatizaron ante la Comisión la absoluta falta de implementación de las medidas por parte del Estado nicaragüense y la gravedad de la situación en la que se encuentran las personas presas políticas en las diferentes  cárceles del Sistema Penitenciario del país. Además, urgieron a la CIDH pedir la liberación inmediata de estas personas, pues “sólo esto permitirá evitar que se sigan materializando los daños a su salud y a su integridad personal” que ponen en alto riesgo sus vidas.

Carmen Herrera, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), señaló que de 60 personas beneficiarias, 44 personas continúan  privadas de libertad por ejercer sus derechos a la protesta cívica, la libertad de expresión y de reunión pacífica. Sólo 7 de estas personas han sido excarceladas, a pesar de lo cual, continúan expuestas a riesgos. Asimismo, denunció que sus detenciones fueron muy violentas, a tal punto de causar lesiones físicas que no han sido tratadas adecuadamente, y “los procesos de criminalización que han enfrentado no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso”.

Por otro lado, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que las personas beneficiarias se encuentran arbitrariamente privadas de libertad en condiciones de insalubridad y que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ruiz explicó que las celdas de detención  están plagadas de insectos, no existen servicios higiénicos, tan sólo un orificio en el piso, el acceso al agua potable no es permanente, hay ratas que dañan los alimentos, entre otros aspectos que configuran ambientes insalubres que impactan a las personas presas.

Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que se ha documentado que la tortura sexual ha sido una práctica sistemática en contra de personas presas políticas, especialmente de las mujeres, provocando graves impactos diferenciados en su vida e integridad.  Además destacó que “No tienen acceso a servicios de salud específicos que atiendan a sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género y orientación sexual”. 

Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” expresó que “la tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada”. La organización ha documentado que durante los últimos 6 meses, personas presas políticas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida e incluso de “quitarles a sus hijos”. Estos malos tratos se extienden a sus familias. “Se han registrado tocamientos excesivos en su contra, particularmente mujeres, niñas y adolescentes”.

En su intervención, Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), explicó que el deterioro de la salud de las personas presas políticas es de carácter sistemático y especialmente alarmante para las organizaciones y familiares porque “ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreversibles”. Además, expuso que se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, pero no se ha obtenido ninguna respuesta positiva “debido a que las autoridades de los Sistemas Penitenciarios, en ocasiones, no reciben los oficios judiciales y en otros casos, pese a recibirlos, no los acatan”.

Finalmente, en voz de Camila Ormar del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las organizaciones solicitaron a la Comisión ordenar al Estado de Nicaragua que, mientras surten efecto los trámites administrativos para la liberación de las personas presas políticas, garantice condiciones dignas de detención, y facilite su contacto con familiares y defensores. Igualmente, pidieron a la CIDH que requiera a Nicaragua que permita el ingreso de una delegación para constatar la implementación y efectividad de las medidas.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

Nicaragua: Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ONU pide liberar a 13 personas presas políticas e investigar la muerte de Hugo Torres

Washington D.C., 27 de junio de 2022-. En una opinión pública, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas instó al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a trece personas presas políticas, realizar una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Entre estas personas figura Jorge Hugo Torres Jiménez, quien falleció bajo custodia policial el pasado 12 de febrero, y por el cual el Grupo de Trabajo pide una investigación específica que incluya un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo que recibió.

El Grupo de Trabajo solicitó que la liberación de las otras trece (13) personas presas políticas que permanecen con vida sea absoluta, y que se les conceda a ellas y a las personas beneficiarias de Torres Jiménez, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Las trece personas cuya libertad solicita el Grupo son defensoras y defensores de derechos humanos, precandidatos a la presidencia, lideresas feministas, dirigentes políticos, periodistas y empresarios: Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri Chamorro, José Bernard Pallais Arana, Daysi Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Argüello, Suyen Barahona Cuan, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Luis Rivas Anduray, Miguel Mora Barberena, Miguel Mendoza Urbina y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

En su opinión, el Grupo de Trabajo explicó que sus detenciones son de carácter arbitrario porque contravienen ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nueve artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es firmante; y se inscriben en cuatro (I, II, III y V) de las cinco categorías, según sus Métodos de Trabajo.

No hay fundamento jurídico que justifique las detenciones. Estas personas fueron arrestadas por oficiales de la Policía Nacional acompañados de civiles armados, o por otras fuerzas coercitivas del Estado excesivamente armadas, sin orden y justificando el arresto con la supuesta comisión de un delito, pero sin antes haberles informado de las vías judiciales para impugnarla. Además, todas las detenciones fueron violentas y bajo amenazas. Incluso, en varias ocasiones había personas menores de edad presentes.

Sus casos son ejemplos del uso de procedimientos penales para que personas críticas al gobierno actual, que han trabajado en favor del cambio democrático y la defensa de los derechos humanos, no expresen sus opiniones ni participen en la vida pública.

Las personas detenidas tampoco fueron presentadas inmediatamente ante un juez, sometidas a prisión preventiva automática y estuvieron incomunicadas por al menos un mes, sin contar con la asistencia y comunicación confidencial con sus abogadas y abogados defensores. Lo anterior constituye una violación al derecho a tener contacto con el mundo exterior. Asimismo, se están incumpliendo las Reglas Nelson Mandela y principios del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”. Estas personas han sufrido impacto en su salud producto de la carencia de alimentación, higiene, sanidad, camas apropiadas, falta de abrigo y atención médica especializada.

Finalmente, el Grupo de trabajo hizo énfasis en la discriminación ejercida contra las personas defensoras de derechos humanos con posiciones y opiniones políticas expresadas públicamente, y expuso que estas detenciones fueron efectuadas para imposibilitar que integrantes de grupos políticos opositores al Gobierno participen en la vida pública del país. 

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) respaldamos plenamente el llamado del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para que las personas prisioneras por motivos políticos sean liberadas, en particular su petición para que el régimen de Nicaragua realice investigaciones exhaustivas e independientes sobre sus condiciones de detención y la lamentable muerte del General en retiro, Hugo Torres. 

Exigimos el cese de las detenciones arbitrarias, y la liberación inmediata y sin condiciones de las más de 190 personas privadas de libertad por motivos políticos. Son inocentes y fueron arrestadas por ejercer derechos humanos como el derecho a la protesta cívica, la libertad de expresión y asociación, entre otros.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de detención de las personas presas políticas, que como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes; y son especialmente alarmantes para las personas adultas mayores, mujeres y personas con padecimientos crónicos que no están recibiendo atención médica especializada.

Recordamos que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su última actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, pidió a las autoridades nicaragüenses “asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, les instó para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención; y recordó que, de acuerdo a la normativa nacional vigente, todas las personas detenidas adultas mayores o que tienen enfermedades graves deberían encontrarse en detención domiciliaria.

Finalmente, ponemos a disposición nuestra colaboración  para que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos continúen monitoreando, documentando y promoviendo la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. 

Personas presas políticas: Raza e Igualdad organiza foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en la región

Washington D.C., 17 de junio de 2022.-Raza e Igualdad organizó un foro para contribuir al abordaje eficaz de la detención y prisión por motivos políticos en el hemisferio occidental y propuso pautas que permitan establecer criterios para determinar quién es una persona detenida por motivos políticos.

“En el instituto este proceso inició hace como un año y medio preocupados un poco por la necesidad de tener criterios para que una persona sea considerada presa política en el hemisferio”, mencionó el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas destacó la similitud que existe en las violaciones a los derechos humanos cometidos contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde hay una “cooptación de los Poderes del Estado”. 

Guevara participó en el evento «Personas presas políticas: Desafíos y propuestas para su protección internacional desde un enfoque de derechos humanos», organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), con el fin de crear un espacio de reflexión sobre las características que deben existir para que se considere que una persona está arbitrariamente privada de libertad por motivos políticos en un país. 

Guevara destacó que hay un patrón entre Cuba, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en el que se apunta a la criminalización de personas periodistas y activistas de derechos humanos que se oponen a ciertas políticas estatales y, por tanto, se vuelven objetivo del Estado que crea leyes y utiliza los Poderes del Estado para enjuiciarlas. 

“Las personas son detenidas a través del uso indebido del sistema de justicia penal y através de la privación de libertad, que, muchas veces, no solo se da en condiciones de cárcel, sino que muchas veces hemos visto patrones de privaciones a la libertad através de detenciones de corto período, detenciones y domiciliarias”, dijo Guevara.

“Trataron de sacarle los ojos”

Miriam Cardet, hermana del ex preso político Eduardo Cardet, de Cuba, recordó en el evento cómo fue la detención de su familiar el 30 de noviembre de 2016, cuando, tras regresar de un viaje por Estados Unidos, fue interceptado por hombres vestidos de civil en su casa quienes lo empezaron a golpear salvajemente. 

“Se abalanzaron sobre él poniéndolo contra una reja frente a la casa y lo golpearon (…) Trataron de sacarle los ojos”, dijo Cardet en su relato. Ese fue solo el comienzo de los problemas para la familia y las violaciones de derechos humanos en contra del médico y activista cubano.

Estuvo desaparecido durante cinco días hasta que una protesta de los familiares obligó a las autoridades del gobierno cubano a mostrarlo a medias, cuando apenas podía sostenerse en pie y estaba inflamado por la golpiza que le propinaron. 

Cardet fue liberado en mayo de 2019, luego de cumplir con los tres años de condena por lo que lo habían acusado. 

“A través de todas las denuncias a nivel internacional se le pudo salvar la vida a mi hermano», dijo Cardet, recordando que la denuncia y la constante presión contra estos Estados es el único camino para garantizar la vida de estas personas.

10 muertes bajo tutela del Estado venezolano

En Venezuela se calcula que desde el año 2014 ha habido por lo menos 4000 personas presas por motivos políticos tras participar en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Al menos 10 de ellos han muerto bajo tutela del Estado según cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos.

“En el caso de Venezuela se ha creado una estructura y no es solo la detención arbitraria la única violación que se utiliza, se ha creado una estructura judicial, se ha creado una estructura administrativa y legislativa que lo que busca es cerrar el espacio cívico cada vez más”,  señaló Ronnie Boquier, coordinador jurídico del Comité de Familiares Víctimas del Caracazo.

La situación allí es bastante similar a la ocurrida en Cuba y Nicaragua, donde se inventan crímenes de terrorismo en contra de manifestantes pacíficos y se les atribuyen crímenes ambiguos como el de “traición a la patria”. 

Nicaragua y la criminalización de defensores de derechos humanos 

La criminalización de defensores de derechos humanos y la cancelación de organizaciones no gubernamentales que no son afines al régimen de Daniel Ortega ha provocado que más de 500 ONG’s ya no tengan personería jurídica, según han documentado medios de comunicación nicaragüenses. 

Estos cierres son solo parte del problema, pues luego de que se cancela su capacidad legal operativa se desata una persecución en contra de sus dirigentes que en muchos casos son obligados a salir del país o detenidos. 

Las detenciones arbitrarias en Nicaragua iniciaron en abril del 2018, tras las manifestaciones pacíficas y hasta mayo de 2020, la CIDH calculaba que al menos 1614 personas estaban en prisión, resaltó Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

“A raíz de las detenciones la Comisión ha observado una serie de violaciones a los derechos humanos: violaciones a las garantías y protección judicial, en la mayoría de los casos, inicialmente, el Estado no informó del paradero de las personas detenidas y (se impidió), tener acceso a un abogado de elección, las acusaciones presentadas en audiencias preliminares, privadas y secretas en instalaciones distintas a los tribunales judiciales”, enumeró Melzi.

Algunas fueron liberadas posteriormente, pero la criminalización de disidentes continuó y se extendió hacia todos los sectores del país. Al punto previo a las elecciones presidenciales de 2021, cuando Daniel Ortega se reeligió fraudulentamente para un cuarto período consecutivo, encarceló a 7 precandidatos y precandidatas presidenciales y hasta el 31 de mayo de 2022, la cifra de personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos  en el país ya era de más de 190, según las cifras actualizadas a mayo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua.

Muchas de estas personas fueron directivos de organizaciones no gubernamentales o simplemente se les detuvo por expresar opiniones contrarias a las políticas del régimen en redes sociales. 

“Se crean delitos nuevos, leyes contra el terrorismo que involucran a las personas que defienden derechos en la lógica de que el Estado siempre va a catalogar como enemigo y se unen con leyes pasadas», dijo Boquier, quien explicó sobre las similitudes que ocurren en los tres países al momento de perseguir a la disidencia. 

Esas son políticas que, según Boquier, están definiendo los mismos Estados y los responsabilizó de ser quienes clasifican a las personas como “enemigos”, para posteriormente detenerlos arbitrariamente por las actividades que realizan. 

“Quien define la política de persecución son los Estados y quien le da los motivos políticos son los Estados. Los presos por motivos políticos de nuestros países (existen) porque los Estados los consideran así por su actividad”, remarcó.

Raza e Igualdad propone pautas para determinar la privación de libertad por motivos políticos

Considerando todas estas situaciones que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero que también se extienden a países como Chile o Colombia, Raza e Igualdad publicó el documento «Pautas para la determinación de la detención y prisión por motivos políticos: Aportes desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, que busca contribuir a una discusión que lleve a identificar y resaltar los patrones que hay en los países que detienen a las personas por motivos políticos. 

En el documento se destaca la importancia de contar con una caracterización a nivel internacional que permita reconocer que las personas bajo esta forma de  privación de libertad se encuentran más expuestas a sufrir graves violaciones a sus derechos humanos y por lo tanto, están en una situación de especial vulnerabilidad. Este reconocimiento permite hacer responsables a los Estados por estas privaciones de libertad  arbitrarias por motivos políticos y crear una ruta de responsabilidad que permita justicia y reparación a las víctimas. 

Raza e Igualdad propone dos pautas. La primera,  consiste en establecer si  la privación de libertad es arbitraria de acuerdo a las categorías establecidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones sobre la Detención Arbitraria. Esto es, que se produce como consecuencia del ejercicio de derechos o libertades de pensamiento, conciencia y religión; opinión y expresión; reunión y asociación pacífica; y participación política; y que la misma es discriminatoria por motivos como la opinión política. 

En segundo lugar, se señala que resulta fundamental para esta determinación, identificar que la privación arbitraria de la libertad, es producto de acciones del Estado políticamente sesgadas, para lo cual se debe examinar  los patrones de detención e instrumentalización de las instituciones de justicia en contextos tanto democráticos como autoritarios, así como las acciones que lleva a cabo la persona, tales como, la defensa de los derechos humanos, la participación en la vida política de su país, el periodismo, entre otras. 

El documento completo puede ser descargado en este link para la versión en español y en este otro para la versión en inglés.

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Brian Nichols en “¿Presos Por Qué?”: Detención y juicios por motivos políticos a manifestantes son una afrenta para la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Washington DC, 15 de junio de 2022.- Las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son una afrenta para la democracia y los juicios buscan silenciar la libertad de expresión, resaltó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, organizado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Este evento se realizó en el marco de la IX Cumbre de las Américas con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países. Aparte de Nichols, en este espacio participó el  Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, así como familiares de personas presas políticas y activistas.

“Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en todo el mundo, sigue presionando para que se libere a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos y para que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y para que se den las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses elegir por sí mismos a sus dirigentes”, expresó Nichols.

Stuardo Ralón: “La CIDH quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación”

Por su parte, el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, aseguró que las cárceles en las que se encuentran las personas presas políticas “se caracterizan por altos niveles de hacinamiento, alojamiento en celdas con deficiencias estructurales y condiciones insalubres; empleo de medidas de aislamiento, falta de acceso a agua potable; alimentación adecuada y medicamentos; empleo de prácticas de tortura y otros malos tratos”.

Ralón dijo que la situación en los tres países es grave y particularmente en Cuba se volvió mucho más complicada a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que el régimen reprimió con violencia; tal cual ocurrió en las manifestaciones pacíficas de Nicaragua en 2018 y Venezuela en 2014.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación y exigir la liberación de todos los presos políticos. El compromiso de la Comisión es de visibilizar todas estas situaciones con todos los instrumentos a su alcance, sean estos comunicados de prensa, medidas cautelares para poner fin a este régimen de represión”. 

Anamely Ramos: “En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes”

En Cuba hay más de 1400 personas presas políticas a raíz de las manifestaciones del 11 y 12 de julio y las condiciones en que se encuentran son inhumanas completamente, según datos de las organizaciones Cubalex y Justicia11J.

Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos expresó que la situación es difícil para todas las personas presas políticas, pero especialmente para las mujeres. “Las mujeres que están presas, además que la mitad son madres que están separadas de sus hijos, son sometidas a actos degradantes y todo tipo de humillaciones”, expresó, y solicitó que se de acceso a las prisiones para constatar la condición de salud de las personas presas políticas, más apoyo a la sociedad civil, mayor visibilización al encarcelamiento de menores de edad y denunciar la complicidad de los sistemas de justicia de los tres países en favor de sus regímenes. 

«En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes. No comenzaron a ser presos cuando fueron detenidos, sino desde que nacieron», resaltó Ramos.

Victoria Cárdenas de Nicaragua: “Unámonos al grito de Libertad”

Un 8 de junio, pero de 2021, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue detenido por la Policía del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la empresaria Victoria Cárdenas, tuvo que exiliarse para no ser apresada también. En prisión, Chamorro ha perdido más de 50 libras de peso y se encuentra irreconocible, según las personas que han logrado visitarlo sólo siete veces en el último año.

Hasta inicios del mes de junio en Nicaragua habían 184 personas presas políticas y de ellas, 180 ya habían recibido una condena en juicios carentes del debido proceso y en los cuales se utilizaron a policías como testigos. 

“Invito a todos a alzar nuestras voces por todas esas voces que regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua quisieron callar. Unámonos al grito de libertad.  Hago un llamado a la comunidad internacional, a los jefes de Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, al empresariado del continente y del mundo y a las personas de buena voluntad, a hacer todo lo necesario para conseguir que se cumpla con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado y se les libere inmediatamente”, agregó Cárdenas. 

Sobre la situación de Nicaragua, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recalcó que desde el inicio de las protestas de abril de 2018, al menos 1,614 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente hasta mayo de 2020. “En la mayoría de los casos lo que se ha criminalizado es el derecho a la libertad de expresión», dijo Quesada.

Para finalizar, Quesada aseguró que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ortega en Nicaragua en contra de las más de 180 personas presas políticas y para ello lanzarán la campaña “Nicas Libres Ya” que busca visibilizar sus historias y lograr el apoyo necesario para su pronta liberación. 

Munira Muñoz: “En Venezuela tenemos 235 personas presas políticas”

Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela, recordó que “en Venezuela tenemos 235 personas presas políticas de las cuales 15 son mujeres”. En este país han muerto por lo menos 10 personas presas políticas desde el año 2014, y muchas de ellas son confinadas junto a presos comunes. 

Muñóz mencionó el caso de la presa política Emirlendris Benítez, de 41 años, quien fue arrestada en agosto de 2018. “Se le imputaron delitos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio intencional con alevosía en contra del alto mando militar, daños a la propiedad pública y detentación de artefactos explosivos. Ella se encontraba dando un servicio de transporte con su esposo quien también se encuentra preso”. 

Benítez perdió la movilidad de sus piernas tras sufrir un aborto por el maltrato recibido al momento de su detención y en 2021 su hermana denunció que su situación de salud era bastante delicada.

Situación grave para personas defensoras de derechos humanos

El Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, relató que la situación es grave para todas las personas de los tres países, pero especialmente para los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas activistas que, incluso cuando pretendían ir a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, fueron impedidas por las autoridades cubanas. 

“En particular se imponen (restricciones) para impedir la participación (de activistas) en foros internacionales donde se pretende exponer violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano”, agregó Quesada.

Esta situación se ha registrado en Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos Gobiernos limitan los viajes de quienes consideran oposición política para evitar las denuncias a nivel internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) no cesamos en demandar la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, instamos a los Estados a cumplir con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) en los centros penitenciarios. 

Es imperativo que estos países acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), órganos de los tratados y los procedimientos especiales. 

¡Libertad para las personas presas políticas!

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