17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that «in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.

[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

21 de marzo: Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Message from Carlos Quesada, executive director of Race and Equality

Washington DC, 2020, May 21st. Today we commemorate once again the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, a day that we at the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), take as an opportunity to remember our universal rights to equality and non-discrimination. This message must be echoed in a context of growing intolerance, hate, and superiority speech that do not contribute to the development and well-being of our society.

We have been commemorating this day since 1966, in memory of the 1960 Sharpeville massacre in South Africa, when police opened fire and killed 69 people who were protesting peacefully against the Apartheid Pass Laws. Since then, racial discrimination has subsided considerably in Africa and also in Latin America.

This year, Mexico ratified the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, thus joining Uruguay, Costa Rica, and Antigua and Barbuda; and also ratified the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance, which entered into force with this ratification.

Also in Mexico, the inclusion of the Afro-descendant self-identification question was achieved for the first time in the 2020 Census. However, it was included late in the process, so Afro-Mexican organizations had to start their awareness campaigns just a few months before the census, which is being carried out this month. Currently, the campaign continues with great force led by the Collective to Eliminate Racism in Mexico (COPERA, for its initials in Spanish) along with Race and Equality and in alliance with some government agencies and Afro-Mexican organizations.

In Panama, we are concerned that the census scheduled for May 2020 was postponed until the first quarter of 2021, due to delays with the bidding process. This implied that all progress made on the 2020 Census was suspended, and adjustments to the next steps represent a great challenge. This is because there are several actions that must be carried out such as updating the budget, cartography, and identifying and hiring personnel, among many other duties. However, this period has allowed for the promotion of self-identification among Afro-descendants in both rural and urban communities.

In Colombia, the number of social leaders assassinated in 2019 was alarming: at least 253, of which 91 were Afro-descendant and indigenous leaders, according to the Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ, for its initials in Spanish). Patterns of structural racial discrimination continue to prevent Afro-Colombian and indigenous communities from having effective enjoyment of their economic, social, and cultural rights compared to the rest of the Colombian society. It is a matter of concern that given this situation, the Colombian government has not guaranteed an adequate statistical estimate of the Afro-Colombian population. This is reflected in the 2018 Census, where the black, palenquera and raizal population was reduced by 31% compared to the 2005 Census. The Government is also not offering the conditions needed for the implementation of the Peace Agreement with an ethnic-differential approach.

In Brazil, between January and February 2020, 38 trans women were killed, of whom 75% were Afro-Brazilian. This figure is particularly worrisome because it is 90% higher compared to last year’s figures. In general, most LGBT crimes are committed against Afro-descendants, according to data from the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA, for its initials in Portuguese).

In Cuba, there is still no implementation plan for the International Decade for People of African Descent. We have managed to document that the majority of the activists who are victims repression by the Cuban Government are Afro-descendants, such as Juan Antonio Madrazo, Marthadela Tamayo or Nancy Alfaya. From the State’s side, there is no opening to recognize the existence of racial discrimination on the island.

From Race and Equality, we will continue to make visible, fight, and denounce the marginalization and injustices that Afro-descendant populations face in the Americas. We will continue to work, especially in the company of our counterparts in the region, who, from their communities, contribute to tehe construction of a more equal society.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.

[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

VIDEO: ¡Por la inclusión del pueblo afropanameño en el CENSO 2020!

La realidad de los pueblos afrodescendientes en América Latina pasa por lógicas estructurales de racismo y discriminación que subyacen en los contextos sociales, económicos y políticos de la mayoría de los Estados; situaciones de violencia, pobreza, desempleo y pocas garantías de acceso a salud, educación, vivienda digna afectan la vida de personas afrodescendientes, aspectos en su gran mayoría desconocidos por los gobiernos de turno, debido a una inminente carencia de datos estadísticos que les permitan tener una radiografía de los círculos de violencia y marginalidad que circundan a los pueblos afrodescendientes; y por tanto, la carencia de planes, proyectos o políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en ejercicios de encuestas de hogares recientes y en preparacion al censo 2020, la población Afropanameña paso de 9.2% a 24.5%.

Atendiendo a esta realidad, Raza e Igualdad, de la mano de múltiples organizaciones de la sociedad civil afropanameña ha venido trabajando por la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en Panamá; esto a través de proyectos que garanticen la visibilización de sus realidades, fortalezcan el carácter identitario e incremente los índices de apropiación de los derechos ciudadanos de esta población.  Es por esta razón, que la inclusión de la población afrodescendiente en el próximo censo de población y vivienda 2020, para la caracterización y reconocimiento de sus realidades, constituye un espacio fundamental de participación, empoderamiento y apropiación que permitan la identificación de una serie de problemáticas que aquejan a esta población y que urgen la atención inmediata del Estado panameño.

Para garantizar la real y efectiva participación de las y los afropanameños en el próximo censo 2020, organizaciones sociales afropanameñas, con el apoyo de Raza e Igualdad, han emprendido una campaña de sensibilización y visibilización para el pueblo afrodescendiente, esto como estrategia de formación que posibilite espacios de diálogo y empoderamiento, que a su vez permitan a la población comprender la importancia de su participación y el impacto del censo para la exigibilidad de sus derechos.  

“Ciertamente el censo del 2010 no arrojó datos certeros y precisos sobre la realidad de los pueblos afropanameños, según esta encuesta para este año sólo el 9% de la población se reconocía como afrodescendiente, situación que nos dejó profundamente preocupados porque esto no correspondía con la realidad, después de indagar y analizar la situación nos dimos cuenta que muchas personas o no entienden el término afropanameño o no se identifican con él, por lo que pudimos determinar que el subregistro se debió a una falta de compresión de la pregunta en relación a la identificación étnica y una falta de conocimiento del encuestador para poder explicarla, es por esta razón que para este censo no estamos tomando la tarea de explicar que existen muchos etnonimos para el panameño afrodescendiente”  lideresa afropanameña.

Con el fin de garantizar el reconocimiento e inclusión del pueblo afropanameño, y su compresión de la pregunta étnico – racial, o que algunos denominan “pregunta afrodescendiente” que se ha propuesto para el censo 2020 de panamá, se ha producido un material audiovisual titulado «Censo Afropanameño 2020» una herramienta que se estará promocionando en redes sociales con la esperanza de visibilizar ante el pueblo afrodescendiente de Panamá los étnominos o conceptos que se utilizarán durante el censo.

Le invitamos a compartir este material para garantizar la inclusión del pueblo afropanameño en los resultados del censo 2020.

Video: Censo Afropanameño 2020 «Por la inclusión de todos los pueblos»

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Raza e Igualdad, continuará trabajando por los derechos fundamentales de las y los afropanameños, para que el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos sea una realidad en la construcción de una nación incluyente y equitativa.

Evaluación externa del trabajo de Raza e Igualdad para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Términos Referencia

Evaluación externa del trabajo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) para apoyar a la sociedad civil latinoamericana en la documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas

Introducción

 El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Fortalecemos a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se base en la capacitación técnica, la documentación de las violaciones a los derechos humanos y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Raza e Igualdad lleva a cabo proyectos en los cuales intenta fortalecer las capacidades de activistas y organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para hacer mejor uso de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, los procesos tienen enfoque en la documentación de violaciones de derechos humanos, la preparación de informes y la incidencia en espacios y ante actores claves.

Propósito y alcance de la evaluación 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está interesado en realizar una evaluación independiente para valorar el impacto de su proyecto que buscaba apoyar a los activistas latinoamericanos en la realización de documentación de violaciones de derechos humanos y producción de informes sobre aquellas. El objetivo fundamental de la evaluación es brindar una valoración que identifique los logros, las contribuciones de Raza e Igualdad para generar cambios positivos, las oportunidades desaprovechadas y los retos del proyecto. Esta valoración deberá servir para mejorar trabajos futuros en el tema del proyecto y otros tópicos relacionados con el. Desde esta perspectiva, la audiencia primaria de la evaluación será Raza e Igualdad, su Director Ejecutivo y el equipo de trabajo.

La evaluación deberá abordar las siguientes arreas clave del proyecto:

  • Resultados e impacto
  • Relevancia
  • Efectividad para alcanzar los objetivos
  • Procesos internos y administración del proyecto
  • Inclusión de la perspectiva inter-seccional (género y LGBT)

El reporte final deberá incluir recomendaciones para la construcción de modelos exitosos, lecciones aprendidas así como sugerencias para superar cualquier limitación en el trabajo actual y futuro de Raza e Igualdad.

Metodología

Para esta evaluación se recomienda preferiblemente la aplicación de métodos cualitativos que hagan uso de diversas técnicas de recolección de datos. Esta aproximación puede incluir revisión con base en documentación de las investigaciones y acciones de incidencia ejecutadas, un análisis de la cronología de las actividades del proyecto así como de sus productos y resultados, análisis de la correspondencia electrónica, entrevistas con participantes del proyecto y actores externos relevantes, cuestionarios escritos, revisión de reportes y documentación asociada al proyecto, incluyendo artículos publicados en medios de comunicación y comunicados de prensa. Durante la evaluación, se espera que el evaluador se involucre con varios actores internos y externos al proyecto; esto incluye a pero no se limita a:

  • Equipo de trabajo de Raza e Igualdad, incluyendo su Director Ejecutivo, el Oficial del Programa a cargo del proyecto, el Asistente de Programa.
  • Participantes del proyecto.
  • Conferencistas y capacitadores que participaron en las actividades del proyecto.
  • Actores de la sociedad civil de la región que participaron en actividades del proyecto.
  • Personal de instituciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

La lista final de actores que deberán consultarse para la evaluación será definida conjuntamente entre Raza e Igualdad y el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad realizará una preselección de posibles evaluadores (lista corta) a los que solicitará: una breve descripción de la metodología que usarían para la evaluación, propuesta económica, y un borrador de plan de trabajo con cronograma específico. El evaluador seleccionado trabajaría en colaboración con el equipo del Instituto para refinar la metodología y desarrollar un plan de evaluación detallado. Durante las fases de investigación y análisis de la evaluación, el consultor trabajara en forma independiente.

Productos principales

Los productos principales que el evaluador deberá entregar son:

  • Una metodología de evaluación detallada y un plan de evaluación
  • Una presentación breve con los hallazgos iniciales de la evaluación.
  • Un documento preliminar de reporte final para ofrecer comentarios
  • Un reporte final de la evaluación (máximo 20 páginas)

Marco temporal tentativo y proceso de selección

Raza e Igualdad espera que la evaluación se inicie el 15 de agosto de y termine el 30 de septiembre de 2019. Dentro de este periodo calendario de tiempo, se espera que evaluador realice la evaluación en 20 días laborales. Las fechas exactas se concertarán con el evaluador seleccionado.

Raza e Igualdad está interesado en recibir aplicaciones del mayor número posible de evaluadores. Las aplicaciones deben incluir:

  • Una carta que presente al evaluador y destaque sus habilidades y competencias para esta evaluación.

Las aplicaciones deben remitirse a  jobs@oldrace.wp  hasta el 15 de agosto de 2019.

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Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

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