Perú: Exigen que Tribunal Constitucional emita sentencia justa e inmediata en caso de niño y sus madres lesbianas

Perú: Exigen que Tribunal Constitucional emita sentencia justa e inmediata en caso de niño y sus madres lesbianas

Lima, 19 de noviembre de 2024.-  Ayer, 18 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia del caso Tengo Dos Mamás ante el Tribunal Constitucional (TC), donde se expuso que Dakarai D.T., un niño de 10 años, viene enfrentando discriminación y violencia debido a la negación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de consignar expresamente los datos de sus dos madres Darling Delfín  y Jenny Trujillo en el Documento Nacional de Identificación (DNI) del menor.

El principio de Interés Superior del Niño debe primar

Ante la sala plena del TC, la defensa de Dakarai, Darling y Jenny, la familia Delfín Trujillo, expuso que la negativa del RENIEC a registrar correcta y legalmente los datos expresos de sus dos madres lesbianas causa discriminación, violencia y daños que si continúan pueden volverse irreparables.

El RENIEC afirmó equivocadamente que no existe ley que le dé esa potestad y que reconozca la doble maternidad. La defensa replicó que RENIEC se equivoca cuando alega que no cuenta con el marco legal para realizar esta inscripción. Conforme el artículo 2083 del Código Civil peruano, en el caso de los hijos de peruanos nacidos en el extranjero, las instituciones deben aplicar la ley del país donde se realizó el matrimonio y el nacimiento del menor a fin de garantizar su identidad filiatoria.

Para Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas – LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad, co-litigantes en sede nacional e internacional, quedó demostrado que debe primar el principio del Interés Superior del Niño, el cual obliga a optar por la norma que mejor garantice su identidad, lo proteja de cualquier vulnerabilidad y garantice su derecho al cuidado.

Prejuicios en el Tribunal Constitucional

Durante la audiencia, los magistrados del TC intervinieron con prejuicios. Uno de ellos, Gustavo Gutiérrez Ticse, expresó una posición contraria a los derechos de las personas LGBTIQ+ y a los organismos de derechos humanos internacionales señalando: “¿El interés superior del niño a título de qué se protege mejor teniendo dos madres?” y “… si la familia es un modelo cultural, ¿cuál es la justificación de que nosotros como Tribunal Constitucional terminemos siendo una colonia de los tribunales internacionales de derechos humanos?”

En tanto, el magistrado Francisco Morales intentó desvirtuar el tema señalando, sin mayor sustento, que se podría luego pedir registrar “dos, tres, cuatro madres”, lo que demuestra un gran desconocimiento del magistrado sobre lo que es orientación sexual y que los prejuicios y los estigmas hacia la población LGBTIQ+ guían sus alegatos.

“Recordamos que los prejuicios contra las personas LGBTIQ+ contraviene el deber de la imparcialidad judicial, por lo que rechazamos las expresiones de los magistrados del TC en esta audiencia, quienes en esta ocasión tienen en sus manos los derechos de un niño y sus dos mamás”, señala Cynthia Silva, directora de Demus.

El caso

Darling y Jenny son dos ciudadanas peruanas que contrajeron matrimonio en México. Ambas son madres de Dakarai, quien desde que nació ha sufrido la vulneración de sus derechos a la identidad, personalidad jurídica y a tener una familia, al acceso a la salud y el libre tránsito con igualdad y no discriminación por causa de la negativa de RENIEC de cumplir con la ley.

Todo ello, pese a contar con documentos oficiales como la partida de nacimiento mexicana de la Superintendencia Nacional de Migraciones, una decisión favorable del Poder Judicial e informes de la Comisión Nacional contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo que reconocen que tiene dos madres. El RENIEC ha persistido en negar este derecho a Dakarai y sus madres, incluso apelando la sentencia judicial que originalmente le exigía realizar este reconocimiento. Ante el TC, RENIEC sustenta que está atado de manos cuando en realidad lo que hace es cruzarlas.

 

El dato

La audiencia completa se puede ver en https://www.facebook.com/tribunalconstitucionalperu/videos/3388833658087996?locale=es

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

En América Latina y el Caribe, las desapariciones forzadas entorpecen la democracia

Washington D.C., 30 de agosto de 2024 – En Venezuela, luego de que se cumpliera un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales en este país, más de dos mil personas han sido víctimas de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, de acuerdo con las organizaciones Provea y Foro Penal.  En México, “son alrededor de 110 mil las personas que a la fecha se encuentran desaparecidas”, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Mientras, en Cuba se registran casos de activistas “víctimas de desapariciones forzadas que no se prolongan en el tiempo”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 

La situación en estos tres países evidencia parte de las graves violaciones a los derechos humanos en América Latina y el Caribe, según el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada, el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán, con quien dialogamos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este viernes 30 de agosto. 

Las desapariciones forzadas ocurren “siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad”, de acuerdo con Naciones Unidas. 

Esto es, precisamente, lo que ocurre de manera constante en América Latina y el Caribe, donde, según Albán, se registra el número más elevado de desapariciones forzadas en el mundo, siendo México el país en el que más se han documentado este tipo de violaciones a los derechos humanos. 

“Las tendencias más notables que se registran en la región y en el mundo, tienen que ver con las desapariciones cometidas por actores no estatales, las desapariciones en el entorno migratorio, las desapariciones en contextos de represión de la protesta o bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, o contra la delincuencia organizada; y las desapariciones de personas que son etiquetadas como potenciales miembros de pandillas, de bandas de delincuencia organizada o grupos terroristas”, afirma el integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 

Albán asegura que cuando en un país se registran casos de desaparición forzada, se pierde la calidad de la democracia porque no hay debate social. “Los Estados pierden mucho cuando no responden, no afrontan este fenómeno y peor todavía, cuando practican la desaparición forzada como una política estatal”, agrega.

Colombia

El fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia ha sido un problema persistente durante más de seis décadas, estrechamente vinculado al conflicto armado que ha asolado el país. Según la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2016 se reportaron aproximadamente 121,768 casos de desapariciones forzadas, aunque se estima que la cifra podría alcanzar las 210,000 víctimas. Esta problemática también ha afectado a la población migrante, especialmente a las y los venezolanos. De acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello, de 2015 a 2020 se reportaron 836 personas venezolanas desaparecidas en Colombia. Sin embargo, la ausencia de datos precisos ha dificultado una evaluación completa de la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos.

En el marco del Paro Nacional de 2021, se documentaron 4,846 traslados por protección temporal, una figura legal que ha sido cuestionada por su uso arbitrario y su impacto en los derechos de las y los manifestantes. A pesar de la resolución de la Corte Constitucional de exigir reportes detallados y el derecho a solicitar la cesación del traslado, estas prácticas continúan en la actualidad y siguen siendo problemáticas, con numerosos casos de abuso reportados, incluyendo tortura y violencia sexual.

El manejo de las desapariciones forzadas en Colombia enfrenta varios desafíos críticos, como la falta de activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por parte de la Fiscalía; la falta de cumplimiento de recomendaciones internacionales y el uso de eufemismos por parte del Gobierno para minimizar la gravedad del problema. Además, el subregistro de casos y la discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones de la sociedad civil complican la evaluación precisa del fenómeno. Estas cuestiones subrayan la necesidad de una reforma integral en las prácticas policiales, y una mejora en la transparencia y eficacia en la respuesta del Estado ante las desapariciones forzadas.

Cuba

En la Isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron “93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana”, de acuerdo con la organización Cubalex. El movimiento Damas de Blanco, por su parte, ha denunciado que entre 2013 y junio de 2024, se han documentado 3,904 detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra mujeres integrantes de este colectivo. La mayoría han sido víctimas en repetidas ocasiones, y por periodos que van de las 24 a las 72 horas.  

Este tipo de desapariciones forzadas, que no se prolongan en el tiempo como sí ocurre en Colombia, afectan principalmente a activistas, periodistas independientes, artistas y, en general, a todas las personas que discrepan del discurso oficial.

Un informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de julio de 2024, también ha expresado su preocupación por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía durante las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. De acuerdo con este Procedimiento Especial de Naciones Unidas, la mayoría de las personas detenidas en ese contexto no comparecieron ante una autoridad judicial hasta muchos días, semanas o meses después, y antes de eso se desconocía la suerte y el paradero de los detenidos, lo que constituyó un acto de desaparición forzada.

Nicaragua 

En Nicaragua nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, según la Unidad de Registro (UDR).  Entre estas personas se encuentran el líder indígena Brooklyn Rivera, y la periodista y gestora cultural Fabiola Tercero. 

Brooklyn Rivera, 72 años, es indígena miskitu, diputado regional (2022-2026) y líder máximo del pueblo misquito (Ta Upla), y del partido idígena YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, “Hijos de la madre tierra unidos”). Su familia no tiene conocimiento de su paradero desde el 29 de septiembre de 2023. En enero de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que Rivera se encuentra en “desaparición forzada” y abogó por su liberación.

Fabiola Tercero es periodista, activista y fundadora de “El rincón de Fabi”, un proyecto que tiene como objetivo promover la lectura entre jóvenes nicaragüenses. Su vivienda fue allanada el pasado 12 de julio y desde entonces se desconoce su paradero, al igual que el de su madre y su hermana. 

En una entrevista con el periódico español El País, la directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, afirmó que las autoridades se niegan a proporcionar información sobre el paradero de estas personas. “De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, añadió. Además, la UDJ identificó casos en los que las autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, lo cual incrementa la angustia y constituye una forma adicional de tortura.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en su informe de julio de 2024, afirmó que las desapariciones forzadas “de corta duración” están siendo utilizadas como “instrumento para reprimir a opositores y críticos del Gobierno” desde el año 2018. Asimismo, el Grupo puso en relieve que el Estado debe proporcionar rápidamente información exacta sobre la detención de las personas privadas de libertad y el lugar o lugares a los miembros de su familia y a cualquier otra persona que tenga interés legítimo (art. 10, párr. 2, de la Declaración), y que el hecho de no hacerlo constituye una desaparición forzada. 

Perú 

En el caso de Perú, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno, hubo 21,918 personas desaparecidas, de las cuales aún falta determinar el paradero de 19,200 casos. A la fecha, solo se ha concluido con la búsqueda de 2,718 personas desaparecidas, en las que 39 fueron halladas con vida. Además, se pudo identificar y restituir 682 restos óseos que fueron entregados a las familias. A inicios de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la restitución de restos del caso Putis, alentando al Estado a continuar la búsqueda, identificación, restitución digna y juzgamiento de los responsables.

Lamentablemente, el país ha retrocedido en el acceso de justicia, derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó la Ley 32107 que prescribe los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes de 1 de julio de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Con esta ley, nadie podrá ser procesado, condenado o castigado por desapariciones forzadas, genocidio, esclavitud, terrorismo, tortura sistemática y generalizada, y otros crímenes de lesa humanidad. 

“Todo esto para darle impunidad a Fujimori y otras personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos”, enfatiza Albán. De hecho, los actos cometidos por el expresidente Alberto Fujimori dieron paso a la declaratoria de responsabilidad internacional de Perú dentro de  los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en los cuales varias de estas acciones han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad.

En junio pasado, a través de un comunicado, la CIDH expresó que la propuesta de ley es contraria al derecho internacional y alertó que “desobedece abiertamente las sentencias de la Corte IDH”. En la misma línea, Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo en una reciente declaración que estos delitos no deben ser objeto de amnistías ni prescripción. Sin embargo, nada de eso impidió que el Congreso aprobara la norma.

Los casos de desapariciones forzadas que se describen en Colombia, Cuba, Nicaragua y Perú, evidencian las graves violaciones a los derechos humanos que también se registran en toda América Latina y el Caribe, y que, al mismo tiempo, entorpecen la democracia en la región. 

De acuerdo con el miembro del CED, Juan Pablo Albán, es necesario que en cada uno de estos países se promueva una cultura de denuncia, se documenten los casos, se utilicen las vías de protección, y más Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas se comprometan a luchar contra este fenómeno, para reducir las cifras de desapariciones forzadas en todo el mundo. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y enfatizamos que este tipo de violencia afecta a miles de seres humanos incluidos activistas, personas defensoras de derechos humanos, indígenas, artistas de la región, personas opositoras o percibidas como tales, así como a sus familias, entre las que se encuentran niños y niñas que sufren por esta violencia institucional, o por parte de otros actores. Condenamos este fenómeno y hacemos un llamado a las autoridades de América Latina y el Caribe, para que se comprometan a buscar a las personas que aún siguen desaparecidas, y protejan a las voces críticas y disidentes. También instamos a la sociedad civil independiente a que siga denunciando estas violencias ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. 



CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas

Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo”, declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.

“El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024“, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.

“En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia”, concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Perú: Entregan firmas ante el TC exigiendo un DNI con dos mamás para Daki

Organizaciones y defensores de derechos humanos junto con la organización Change.org, entregaron firmas al Tribunal Constitucional (TC) exigiendo escucha y amparo para Daki y sus madres discriminadas por RENIEC

Este martes 1 de agosto, Dakarai, hijo de Jenny y Darling, cumple nueve años de edad y aún no cuenta con un Documento Nacional de Identificación (DNI) que lo identifique y le permita el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, libre desarrollo de la personalidad, debido a la discriminación que viven él y sus mamás.

Desde el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Demus, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Más Igualdad Perú y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaciones que acompañan su caso ante la justicia nacional e internacional junto con Change.org, han emprendido una recolección de firmas virtuales de personas que abogan para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emita un documento de identidad donde figuren sus dos mamás como un asunto de derechos humanos y democracia.

Las más de 700 firmas han sido entregadas ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que se le exige que pronto pueda dar fecha y hora de vista de la causa y emitir un fallo favorable que vele por el interés superior del niño, así como, por el derecho a la igualdad y no discriminación de Daki, Darling, Jenny y todes les integrantes de las familias diversas y niñeces del Perú.

Foro Interamericano contra la Discriminación celebra 10mo aniversario de CIRDI, en el marco de la Asamblea General OEA

Washington D.C., 20 de junio de 2023.- El Foro Interamericano contra la Discriminación, evento anual del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como a expertos y líderes afrodescendientes , indígenas y LGBTI+ de la región en un diálogo efectivo sobre la discriminación racial en las Américas. 

Este año el Foro tuvo como tema el “Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)“, y se celebró en el emblemático Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), en Washington D.C. 

Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, recordó en sus palabras de bienvenida que la CIRDI es una Convención que cubre la discriminación racial de manera amplia, sirviendo no solo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los pueblos indígenas y rrom (gitanos/romani). 

El primer panel, “La deuda histórica: responsabilidad del Estado ante el CIRDI y el CIDI”, contó con la participación de Joy-Dee Davis Lake, Ministra Consejera de la Embajada de la OEA y Misión Permanente de Antigua y Barbuda. En su relato, la Ministra hizo hincapié en la construcción de un mundo mejor para la diversidad, sin discriminación, donde cada individuo pueda desarrollar todo su potencial. Este panel también incluyó a Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de la Misión Permanente de la OEA en México, quien no puede asistir en persona, pero envió sus palabras de necesidad de compromiso y fortalecimiento del CIRDI a los Estados Miembros de la OEA.

Moderado por Carlos Quesada, el segundo panel “Esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica” contó con las palabras de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Desirée Cormier-Smith, Representante Especial para la Equidad y la Justicia Racial (SRREJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Symmy Larrat, Secretaria Nacional de Derechos LGBTQIA+ y Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil. 

“Es necesario prestar atención a la representación racial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, hago un llamado a los ministros de gobiernos y partidos políticos para que reflexionen sobre la resistencia y la inacción para la aprobación del CIRDI por parte de los Estados Miembros”, dijo Margarette May Macaulay.

“Tenemos que acordar mantener abierta la ventana de la justicia racial y social, es nuestra responsabilidad si esta ventana se cierra”,  enfatizó Desirée Cormier-Smith y pidió a todas las personas afrodescendientes que se empoderen e influyan en sus gobiernos para construir una democracia antirracista.

En su discurso, Symmy Larrat celebró la reanudación del Consejo de Participación Popular LGBTI y anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre ‘Memoria y Verdad’, que contará con expertos y miembros de la sociedad civil para implementar políticas públicas que aborden la reparación histórica de la población LGBTI. “Es un desafío fortalecer los movimientos sociales LGBTI con un congreso tan conservador. Ganamos las elecciones, pero no ganamos la ola fascista”, dijo.

Líderes afrodescendientes e indígenas de la sociedad civil de América Latina presentaron sus relatos en el panel ‘Experiencias regionales: la inclusión como herramienta para fortalecer voces diversas’. Moderado por Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), el diálogo incluyó a brasileños como Maurício Yek’uana, Director Hutukara Asociación Yanomami, quien llamó la atención sobre avance del narcotráfico entre los países limítrofes con las tierras indígenas yanomami de Brasil. “Además de los mineros que hemos estado denunciando durante años, están llegando facciones criminales y la acción del gobierno aún es insuficiente para contener a los invasores en la región”, señaló Maurício Yek’uana. Asimismo, Adailton Moreira, Babalorixá Ilê Axé Omiojuarô, quien denunció el racismo religioso y el consentimiento del Estado por la inexistencia de políticas públicas que puedan frenar la violencia contra las religiones de origen africano. 

En representación de la agenda LGBTI, el panel contó con la participación de Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD), de Colombia; y el nicaragüense Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, activista LGBT y miembro de la Asociación Madres de Abril y del Partido Unamos. 

“La educación y la voluntad política del antifascismo son necesarias para una inclusión real. Las autoridades deben servir de puente entre el activismo y el gobierno”, ha manifestado Sandra Milena Arizabaleta.

Por su parte, Yader de los Ángeles Parajón concluyó: “Nicaragua tiene una deuda con la identidad de género. La violencia generada por la dictadura es a todos los niveles, es silenciosa. Muchos activistas son perseguidos. En este sistema, ya no viven, pero sobreviven”.También participaron en este panel la indígena guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales, miembro y abogada de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA); y el activista cubano Jorge Luis García Pérez, quien llamó a una alianza efectiva por los derechos de sus pueblos.

“El Estado guatemalteco emite órdenes de captura contra pueblos indígenas, criminalizándolos y sometiéndolos a tratos inhumanos. Nos tratan como invasores, pero nadie puede ser invasor de una tierra que históricamente les pertenece”, advierte Wendy López.

“Soy un ex preso político de Castro. Y mi familia es víctima de una feroz persecución por ser negra, por ser un oponente. La dictadura tampoco admite ningún tipo de fe”, dijo Jorge Luis García Pérez, señalando que en Cuba también hay persecución religiosa basada en la discriminación racial.

El último panel, ‘Coalición de Afrodescendientes de las Américas y el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA‘, moderado por Elvia Duque, Oficial Superior del Programa sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, trajo al público un mayor conocimiento sobre la 53ª Asamblea General de la OEA con la presencia de Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA; y Rosa Castro de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y Coordinadora de la Coalición Afrodescendiente de las Américas de la 53ª Asamblea General de la OEA. 

Paula Corominas explicó que hay 3 coaliciones temáticas formadas dentro  de la 53ª Asamblea General de la OEA y que el 21 de junio se realizará el diálogo entre los representantes de la OEA y la sociedad civil. Por su parte, Rosa Castro señaló algunas de las demandas de la Coalición Afrodescendiente de las Américas  que implican una reunión de alto nivel por el 10º aniversario de la CIRDI y una agenda en la que se contemple un fondo para afrodescendientes.

A partir de estas diversas voces que hicieron resonar las diferentes realidades y contextos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y LGBTI de América Latina, Raza e Igualdad presentó un llamado a la unidad de las Américas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Con la CIRDI como lema para un plan efectivo para su implementación por parte de todos los Estados Miembros de la OEA para 2024, continuamos en alianza, apoyando y formando a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ocupar cada vez más estos espacios estratégicos como el Foro Interamericano contra la Discriminación.

¿Te perdiste el evento? Revívelo a través de este enlace: fb.watch/lhnPl8jt7F/

¡Conoce nuestra campaña CIRDI 2024! https://cirdi2024.org/pt/ 

31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?

Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.

Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.

En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola “ideología de género”, han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.

En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].

Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.

A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.

En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo,  según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].

El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.

Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.

En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.

En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.

Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.

Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.

Por todo lo anterior, Raza e Igualdad desea elevar algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (2020):

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

[1] ANTRA (2022). Expediente Asesinatos y violencia contra travestis y transexuales brasileños. Disponible en https://antrabrasil.files.wordpress.com/2023/01/dossieantra2023.pdf

[2] Defensoría del Pueblo (2023) Crisis Política y Protesta Social. Reporte Diario. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/ReporteDiario2332023_17-horas.pdf

[3] Presentes (2023). Perú: Por primera vez miles de personas marcharon en Lima contra los transfemicidios. Disponible en https://agenciapresentes.org/2023/02/23/peru-por-primera-vez-miles-de-personas-marcharon-en-lima-contra-los-crimenes-de-transodio/

[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf

[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/

[6] Ilga database: https://database.ilga.org/cuba-lgbti-es

[7] Colombia Diversa (2020). 2020, el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra personas LGBT. Disponible em https://colombiadiversa.org/blogs/2020-el-ano-con-la-cifra-mas-alta-de-violencia-policial-asesinatos-y-amenazas-contra-personas-lgbt/

[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/

Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos

La crisis política y social en el país está marcada por la discriminación, persecución, represión, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, 59 muertes y más de 1,792 personas heridas.

Lima, 7 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que reportan las organizaciones de derechos humanos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población peruana; y condena firmemente el uso excesivo de las fuerza militar y policial desde que se inició la crisis política a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, expresidente de Perú.

El sábado 28 de enero, Lima fue escenario del asesinato de Victor Santisteban Yacsavilca, un manifestante de 55 años, cuya muerte es la primera en la capital a causa de la represión policial. Los videos de seguridad y los primeros informes médicos confirman que murió por traumatismo cerebral debido al disparo de un proyectil de lacrimógena en la cabeza.

Según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 59 muertes (47 de civiles y 1 policía durante protestas y 11 civiles por causas indirectas al estallido social como los bloqueos de carreteras) y más de 1,792 personas heridas en todo el país. En comparación con diciembre, enero superó el número de personas heridas a más del doble. Además, un informe del medio periodístico Ojo Público señala que, por lo menos, 30 de los civiles fallecieron por “proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas”.

Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el uso de armas de fuego es una medida extrema y no existen supuestos que habiliten su uso para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud, tal y como lo señala el reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Lugar del primer asesinato en Lima en el marco del estadillo social. Foto: Difusión

Detenciones arbitrarias

Desde el inicio de las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones peruanas, ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes e incluso de transeúntes por parte de la policía. Su última denuncia al respecto hace referencia al acercamiento de agentes del orden a los hospitales para detener a las personas heridas que estaban siendo atendidas.

De la misma manera, el 21 de enero, la policía ingresó con tanquetas, disparos y sin presencia de un fiscal del Ministerio Público a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad más antigua de las Américas, para detener a manifestantes que habían sido alojados por estudiantes en dicha casa de estudios. Como lo menciona la abogada Renata Bregalio en su cuenta de Twitter, ese día maltrataron, humillaron y privaron de su libertad a 193 personas, entre ellas campesinos/as, adultos mayores, personas indígenas quechuahablantes y aymaras, estudiantes, a mujer embarazada, una niña de 8 años y periodistas. Además, impidieron el acceso de abogados/as a las personas detenidas, violando el derecho a tener una defensa legal oportuna y el derecho a tener un intérprete de lenguas originarias.

Otra grave denuncia de violación a los derechos humanos la realizó una ciudadana, quien manifestó que fue víctima de agresión sexual por parte de efectivos policiales mientras estuvo detenida. Asimismo, la CNDDHH ha recibido reportes sobre desnudos forzados para revisiones íntimas y tocamientos indebidos a mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la intervención a la UNMSM.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha estado dando seguimiento a la situación en Perú y que realizó una visita del 11 al 13 de enero, se pronunció sobre estos hechos en un comunicado junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenando “el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier práctica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. Así también subrayaron en el  comunicado que ningún operativo de desalojo puede realizarse sin las debidas justificaciones legales y legítimas.

Hasta el 22 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales con investigación a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número total de detenciones, se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.

Intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Foto: Difusión.

Declaración de la OEA

El 30 de enero, después de la presentación de la CIDH ante el Consejo Permanente de  la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre su visita de observación a Perú, sus pronunciamientos, así como los realizados por las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA llamó al Estado peruano a dar “una respuesta estatal urgente enmarcada por los estándares interamericanos (…), así como adoptar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción”. En la misma declaratoria, llamó a las autoridades peruanas a realizar prontamente el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el Congreso peruano aplazó por tercera vez la discusión sobre el adelanto de las elecciones para octubre del 2023.

Congresistas de EE.UU. piden a Biden que suspenda asistencia de seguridad

El lunes 30 de enero, desde el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden en solidaridad con el pueblo peruano, solicitando la suspensión inmediata de la asistencia de seguridad que se concede a Perú debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Los Congresistas Jamie Raskin, Juan Vargas, Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, pidieron la aplicación de esa medida hasta que las autoridades peruanas garanticen la justicia y la rendición de cuentas.

Asimismo, insta a la Administración norteamericana a que se pronuncie públicamente y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso.

Miles de personas provenientes de las regiones andinas de Perú viajaron a la capital para participar del Paro Nacional. Foto: Luz Mateo Cielo

Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos

Raza e Igualdad insta a investigar -de forma célere, eficaz y respetando el debido proceso- las muertes, abusos, detenciones y demás violaciones a la seguridad e integridad de las personas con el fin de que se judicialice a los responsables y se determinen medidas de reparación integral.

Rechazamos los discursos que califican a manifestantes de “terroristas”, “delincuentes” o “grupos radicales” y que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

Asimismo, persistimos en el llamado a levantar inmediatamente el Estado de Emergencia en Perú, la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Recordamos que los Estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población, por lo que llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para que cese la violencia en el país y se respete los estándares internacionales de derechos humanos.

Encuentra más detalles sobre lo que sucede en Perú en nuestras notas anteriores:

¡Paren la masacre en Perú!

La región de Puno registró la jornada más mortal desde que iniciaron las manifestaciones en diciembre del año pasado. Este es un llamado a proteger a manifestantes bajo estándares de derechos humanos.

Lima, 12 de enero de 2022.-  En un solo día, al menos 17 manifestantes, incluidos dos adolescentes, fueron asesinados a manos de las fuerzas de orden cerca del aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno. El lunes 09 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Red de Salud de San Ramón informaba a través de un comunicado oficial la muerte de 12 personas; 3 horas más tarde actualizó la información a 17 muertes y 112 personas heridas.

Este terrible suceso tiene lugar luego de la reanudación de las protestas en el marco del Paro Nacional convocado por dirigentes sociales, principalmente de las regiones del sur del país, para exigir la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, la Fiscalía de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, Cusco y Ayacucho.

Actualmente, Perú registra alrededor de 47 muertes y más de 600 personas heridas durante las protestas. Del total de muertes, 28 sucedieron en diciembre del año pasado; 18 ocurrieron el pasado lunes y martes —incluyendo el fallecimiento de un policía al día siguiente de la masacre en Puno—, y ayer, a las 8 de la noche, se confirmó el último manifestante muerto en la región de Cusco.

Manifestantes socorren a mujer herida en Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Criminalización de la protesta

Después del anuncio de las 17 muertes de civiles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, salió en televisión nacional para defender la respuesta de las fuerzas policiales, afirmando que los manifestantes son grupos violentos de vándalos financiados por dinero ilegal. Además, anunció la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días desde 8:00 pm hasta las 4:00 am.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó condenando las 17 muertes e instó al Estado peruano a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza, y generar mecanismos de diálogo.

La Corte Interamericana ha señalado que “los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.

Helicóptero de las Fuerza Aérea del Perú sobrevuela Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina

Uso de armas de fuego

Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, indicó que algunas de las víctimas han recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego, algunos en la cabeza.  “Lo que me llama la atención a mí, como médico, es que estén ingresando con proyectil de armas de fuego, pero que no tengan orificio de salida. Sin embargo, los pacientes vienen destrozados los órganos internos”, reveló el médico de Juliaca.

De acuerdo a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, desde el año 2004, el uso de proyectiles de plomo durante la contención de protestas está restringido. Además, señala que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente y puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía.

La Defensoría del Pueblo de Perú dijo en Twitter : “Pedimos a las fuerzas del orden hacer un uso de la fuerza legal, necesario y proporcional e instamos a la Fiscalía General del Estado a realizar una pronta investigación para esclarecer los hechos”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tuiteó : “Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha provocado la pérdida de decenas de vidas”.

El reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que los mecanismos internacionales de protección ya han destacado en reiteradas ocasiones que el uso de armas de fuego es una medida extrema y que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Además, señala que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad.

Visita de la CIDH

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por liderada por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, junto a Comisionado Joel Hernandez llegó ayer al Perú para iniciar su observación y documentación ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En esta visita se reunirá con autoridades públicas, víctimas y familiares de Lima, Ica y Arequipa a fin de publicar sus conclusiones y recomendaciones el Estado peruano.

La CIDH se entrevistará personalmente con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en ese sentido, ha habilitado un enlace de registro para personas afectadas interesadas en brindar su testimonio.  También recibirá información, denuncias y comunicaciones al siguiente correo:  CIDHDenuncias@oas.org.

Delegación de la CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los Comisionados Stuardo Ralon y Joel Hernandez, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Fotografía: CIDH

Desde Raza e Igualdad:

  1. Rechazamos el uso ilegal, exceso y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, la represión estatal en las protestas, así como la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir su realización pacífica.
  2. Exigimos que se investiguen todas las muertes de una manera célere y eficaz respetando los estándares internacionales de derechos humanos a fin de que se determinen medidas de reparación integral a familiares de víctimas mortales y personas heridas durante las protestas.
  3. Rechazamos los discursos que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
  4. Llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en el país y se respete los estándares de derechos humanos.

Recordamos que los estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población.

Conoce más detalles de lo que sucede en Perú en nuestra nota informativa anterior.

 

 

 

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