CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas
CIDH notificó al Estado peruano sobre la petición de mamás lesbianas
Lima, 8 de enero de 2024.- Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos de su hijo Daki y de ellas. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.
Ambas, por medio de la campaña Tengo dos mamás, hicieron llegar su petición luego de que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se negara a registrar a una de las madres en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hijo, pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.
Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.
Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados. sin embargo, en este caso, la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso. En ese sentido, tras haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. «Asimismo, un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo», declaró Cynthia Silva directora de DEMUS.
En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias DEMUS, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente, según informó María Ysabel Cedano, coordinadora del equipo de litigio estratégico.
Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recordó que, en el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informó que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. Él se ha dirigido al Tribunal Constitucional y a la CIDH para recibir protección.
«El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024«, declaró Zuleika Rivera, Oficial Senior del Programa LGBTI de Raza e Igualdad.
«En esta próxima etapa, le pediremos a la CIDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia», concluyó Gabriela Zavaleta, responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.
Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas
Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].
Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.
Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.
Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.
Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.
Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).
En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).
“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.
En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.
Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.
Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.
En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.
A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.
Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.
[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/
Perú: Entregan firmas ante el TC exigiendo un DNI con dos mamás para Daki
Organizaciones y defensores de derechos humanos junto con la organización Change.org, entregaron firmas al Tribunal Constitucional (TC) exigiendo escucha y amparo para Daki y sus madres discriminadas por RENIEC
Este martes 1 de agosto, Dakarai, hijo de Jenny y Darling, cumple nueve años de edad y aún no cuenta con un Documento Nacional de Identificación (DNI) que lo identifique y le permita el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, libre desarrollo de la personalidad, debido a la discriminación que viven él y sus mamás.
Desde el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Demus, Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Más Igualdad Perú y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organizaciones que acompañan su caso ante la justicia nacional e internacional junto con Change.org, han emprendido una recolección de firmas virtuales de personas que abogan para que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emita un documento de identidad donde figuren sus dos mamás como un asunto de derechos humanos y democracia.
Las más de 700 firmas han sido entregadas ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que se le exige que pronto pueda dar fecha y hora de vista de la causa y emitir un fallo favorable que vele por el interés superior del niño, así como, por el derecho a la igualdad y no discriminación de Daki, Darling, Jenny y todes les integrantes de las familias diversas y niñeces del Perú.
Foro Interamericano contra la Discriminación celebra 10mo aniversario de CIRDI, en el marco de la Asamblea General OEA
Washington D.C., 20 de junio de 2023.- El Foro Interamericano contra la Discriminación, evento anual del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como a expertos y líderes afrodescendientes , indígenas y LGBTI+ de la región en un diálogo efectivo sobre la discriminación racial en las Américas.
Este año el Foro tuvo como tema el «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)«, y se celebró en el emblemáticoMuseo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), en Washington D.C.
Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, recordó en sus palabras de bienvenida que la CIRDI es una Convención que cubre la discriminación racial de manera amplia, sirviendo no solo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los pueblos indígenas y rrom (gitanos/romani).
El primer panel, «La deuda histórica: responsabilidad del Estado ante el CIRDI y el CIDI», contó con la participación de Joy-Dee Davis Lake, Ministra Consejera de la Embajada de la OEA y Misión Permanente de Antigua y Barbuda. En su relato, la Ministra hizo hincapié en la construcción de un mundo mejor para la diversidad, sin discriminación, donde cada individuo pueda desarrollar todo su potencial. Este panel también incluyó a Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de la Misión Permanente de la OEA en México, quien no puede asistir en persona, pero envió sus palabras de necesidad de compromiso y fortalecimiento del CIRDI a los Estados Miembros de la OEA.
Moderado por Carlos Quesada, el segundo panel «Esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica» contó con las palabras de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Desirée Cormier-Smith, Representante Especial para la Equidad y la Justicia Racial (SRREJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Symmy Larrat, Secretaria Nacional de Derechos LGBTQIA+ y Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil.
«Es necesario prestar atención a la representación racial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, hago un llamado a los ministros de gobiernos y partidos políticos para que reflexionen sobre la resistencia y la inacción para la aprobación del CIRDI por parte de los Estados Miembros», dijo Margarette May Macaulay.
«Tenemos que acordar mantener abierta la ventana de la justicia racial y social, es nuestra responsabilidad si esta ventana se cierra»,enfatizó Desirée Cormier-Smith y pidió a todas las personas afrodescendientes que se empoderen e influyan en sus gobiernos para construir una democracia antirracista.
En su discurso, Symmy Larrat celebró la reanudación del Consejo de Participación Popular LGBTI y anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre ‘Memoria y Verdad’, que contará con expertos y miembros de la sociedad civil para implementar políticas públicas que aborden la reparación histórica de la población LGBTI. «Es un desafío fortalecer los movimientos sociales LGBTI con un congreso tan conservador. Ganamos las elecciones, pero no ganamos la ola fascista», dijo.
Líderes afrodescendientes e indígenas de la sociedad civil de América Latina presentaron sus relatos en el panel ‘Experiencias regionales: la inclusión como herramienta para fortalecer voces diversas’. Moderado por Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), el diálogo incluyó a brasileños como Maurício Yek’uana, Director Hutukara Asociación Yanomami, quien llamó la atención sobre avance del narcotráfico entre los países limítrofes con las tierras indígenas yanomami de Brasil. “Además de los mineros que hemos estado denunciando durante años, están llegando facciones criminales y la acción del gobierno aún es insuficiente para contener a los invasores en la región», señaló Maurício Yek’uana. Asimismo, Adailton Moreira, Babalorixá Ilê Axé Omiojuarô, quien denunció el racismo religioso y el consentimiento del Estado por la inexistencia de políticas públicas que puedan frenar la violencia contra las religiones de origen africano.
En representación de la agenda LGBTI, el panel contó con la participación de Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD), de Colombia; y el nicaragüense Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, activista LGBT y miembro de la Asociación Madres de Abril y del Partido Unamos.
«La educación y la voluntad política del antifascismo son necesarias para una inclusión real. Las autoridades deben servir de puente entre el activismo y el gobierno», ha manifestado Sandra Milena Arizabaleta.
Por su parte, Yader de los Ángeles Parajón concluyó: «Nicaragua tiene una deuda con la identidad de género. La violencia generada por la dictadura es a todos los niveles, es silenciosa. Muchos activistas son perseguidos. En este sistema, ya no viven, pero sobreviven».También participaron en este panel la indígena guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales, miembro y abogada de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA); y el activista cubano Jorge Luis García Pérez, quien llamó a una alianza efectiva por los derechos de sus pueblos.
«El Estado guatemalteco emite órdenes de captura contra pueblos indígenas, criminalizándolos y sometiéndolos a tratos inhumanos. Nos tratan como invasores, pero nadie puede ser invasor de una tierra que históricamente les pertenece», advierte Wendy López.
«Soy un ex preso político de Castro. Y mi familia es víctima de una feroz persecución por ser negra, por ser un oponente. La dictadura tampoco admite ningún tipo de fe», dijo Jorge Luis García Pérez, señalando que en Cuba también hay persecución religiosa basada en la discriminación racial.
El último panel, ‘Coalición de Afrodescendientes de las Américas y el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA‘, moderado por Elvia Duque, Oficial Superior del Programa sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, trajo al público un mayor conocimiento sobre la 53ª Asamblea General de la OEA con la presencia de Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA; y Rosa Castro de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y Coordinadora de la Coalición Afrodescendiente de las Américas de la 53ª Asamblea General de la OEA.
Paula Corominas explicó que hay 3 coaliciones temáticas formadas dentro de la 53ª Asamblea General de la OEA y que el 21 de junio se realizará el diálogo entre los representantes de la OEA y la sociedad civil. Por su parte, Rosa Castro señaló algunas de las demandas de la Coalición Afrodescendiente de las Américas que implican una reunión de alto nivel por el 10º aniversario de la CIRDI y una agenda en la que se contemple un fondo para afrodescendientes.
A partir de estas diversas voces que hicieron resonar las diferentes realidades y contextos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y LGBTI de América Latina, Raza e Igualdad presentó un llamado a la unidad de las Américas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Con la CIRDI como lema para un plan efectivo para su implementación por parte de todos los Estados Miembros de la OEA para 2024, continuamos en alianza, apoyando y formando a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ocupar cada vez más estos espacios estratégicos como el Foro Interamericano contra la Discriminación.
31M Visibilidad Trans: ¿Qué ocurre con las personas trans en los contextos de crisis políticas y regímenes autoritarios?
Washington D.C., 31 de marzo de 2023.– Hoy, Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) subraya y reconoce que, en la región, los diversos contextos de crisis política y social, de crisis democrática y regímenes autoritarios generan un impacto diferenciado en grupos determinados en situación de vulnerabilidad, como las personas trans y de género diverso, aún más cuando presentan o confluyan factores como la condición socioeconómica, raza, condición migratoria y edad.
Las personas LGBTI+, y en específico las personas trans, sufren sistemáticamente vulneraciones a sus derechos humanos en diferentes aspectos de su vida, pero en regímenes autoritarios o en contextos políticos y sociales complejos, se agudiza esta situación e incluso con retrocesos legislativos y vacíos legales; por lo que es más difícil tener garantía del respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, se incrementan los niveles de impunidad en los crímenes de odio y, muchas veces, la violencia y la discriminación es perpetrada por funcionarios públicos.
En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un aumento de los discursos de odio contra la población LGBTI+, que afectaron específicamente a la población trans. El avance de la extrema derecha, vinculada a grupos religiosos conservadores, fortaleció la agenda anti-trans, que se institucionalizó, ganando espacio en discursos oficiales del Gobierno. Los grupos fundamentalistas anti derechos que persiguen y mienten sobre la diversidad de género, llamándola «ideología de género», han construido un discurso violento, que coloca a las personas trans como enemigas, impidiendo la construcción de políticas públicas dirigidas a los derechos de esta población. “Además, atentan contra derechos que ya fueron conquistados como el respeto a un nombre social y a un género auto declarado en establecimiento públicos y privados o el uso del baño de acuerdo con tu género”, mencionó Gab Van, representante de la Liga Transmasculina João W. Nery.
En 2022, Brasil siguió, por 14º año consecutivo, en la cima del ranking de asesinatos de personas trans. Según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), 131 personas trans fueron asesinadas en Brasil en 2022, 130 mujeres trans y 1 persona transmasculina. Al menos el 76 por ciento de las víctimas eran negras[1].
Perú, actualmente, vive una grave crisis institucional, política y social. Luego del intento del golpe al Congreso de parte del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y la posterior asunción de Dina Boluarte al Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad desconocen el gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Esto ha generado una serie de protestas a nivel nacional provocando 67 muertes, 1335 personas heridas[2], detenciones arbitrarias, allanamientos arbitrarios y una serie de vulneraciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y de las fuerzas policiales y militares. En este contexto, la situación de la población trans se agudiza y relega; además de percibirse una mayor sensación de impunidad sobre los crímenes de odio. Solo en el primer mes y medio, se reportaron 8 asesinatos de mujeres trans[3], las cuales fueron calificados como muertes violentas. “En tanto no exista una ley de identidad de género, este sistema nos seguirá oprimiendo porque no nos reconoce como mujeres y tampoco podemos ejercer una ciudadanía plena y responsable”, mencionó Alejandra Fang, integrante de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans.
A la fecha, no existe un registro oficial de las violencias y crímenes de odio cometidos contra las personas trans y de género diverso; la poca información conocida hasta el momento es obtenida a través de los medios de comunicación y de las organizaciones trans de sociedad civil que hacen esfuerzos por alimentar un registro. De la misma manera, los estudios y análisis políticos y los informes sobre vulneraciones de derechos humanos, no hacen referencia sobre la situación y la afectación diferenciada en la actual crisis institucional, política y social sobre la vida de las personas trans y de género diverso.
En el caso de Nicaragua, el contexto de crisis sociopolítica y de derechos humanos, en la cual impera la censura y la impunidad por las graves violaciones y abusos a los derechos humanos perpetradas por agentes estatales y paraestatales, no hay acceso a cifras oficiales sobre los casos de violencia contra personas trans; sin embargo, según testimonios recabados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), los liderazgos feministas, organizaciones y grupos de mujeres (en toda su diversidad) han sido un blanco especial de ataques contra la sociedad civil[4].
El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por motivaciones políticas, mantuvo encarceladas al menos a 4 mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, negándoles el acceso a su terapia hormonal y exponiéndoles a riesgos diferenciados por razón de su género. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas -en la Opinión 12/2021- se pronunció sobre el caso de una activista trans que fue apresada arbitrariamente en el segundo aniversario de la crisis sociopolítica, obligada a permanecer recluida en un centro penitenciario de varones y condenada a 13 años y 2 meses de prisión por “secuestro extorsivo agravado” y “obstrucción de funciones agravada”. “Se ignoró su condición de persona trans como forma de humillación en su contra”, concluyó el Grupo en su Opinión. Finalmente, la activista fue excarcelada en el año 2021, pero el Estado nunca informó sobre el levantamiento de los cargos en su contra, ni sobre las garantías de reparación por los daños cometidos.
Algo similar ocurre en Cuba. La detención de Brenda Díaz, una mujer trans de 28 años que permanece recluida en un centro penitenciario masculino, revela la grave situación que enfrentan las personas con identidades de género diversas en la Isla. A ella la detuvieron por participar en las marchas pacíficas de julio de 2021 porque, según las autoridades de este país, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones públicas[5]. Víctima de todo tipo de discriminación y violencia dentro de esta prisión, Brenda cumple una condena de 14 años de cárcel.
En este país, las personas con identidades de género diversas pueden cambiar el marcador de género en los documentos de identidad solo si la persona solicitante se ha sometido a una cirugía de afirmación de género, de acuerdo con la base de datos de la organización Ilga Mundo[6], que también recopila otras medidas adoptadas por el gobierno cubano para proteger a esta población, pero que, según las personas trans, no trascienden y se quedan en el papel. De igual manera, organizaciones de mujeres afirman que hace falta una Ley contra la violencia de género, que prevenga y mejore la atención de la violencia machista, que también afecta a esta población.
En el caso de Colombia, en el marco del Paro Nacional del 2019-2020, Colombia Diversa ha documentado que la mayoría de las víctimas de violencia policial, amenazas y homicidios fueron mujeres trans[7]. De acuerdo a Caribe Afirmativo, al igual que en 2019, la mayor parte de las víctimas de 2020 se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. En Valle del Cauca, por ejemplo, se reportó amenazas y represión por parte de la policía e impedimentos de manifestaciones en espacios públicos[8]. Además, el Ministro de Defensa de entonces, Diego Molano, criminalizó los liderazgos sociales de personas LGBTI+ en el Cauca, señalándoles como integrantes de organizaciones criminales y ofreciendo una millonaria recompensa a quien diera información sobre ellos.
Al respecto, Bicky Bohorquez, integrante de Somos Identidad, se refirió sobre importancia de la seguridad personal de las personas trans en las manifestaciones: “Para promover la participación y visibilización de las personas trans en espacios de reivindicación social, como la protesta social, hay que tener en cuenta que estos deben ser espacios seguros para nosotras como personas trans. No puede quedar por fuera estrategias como escuchar y aprender de nuestras experiencias, la sensibilización y la educación”.
Las personas trans en la región están expuestas a situaciones de mayor peligrosidad y vulnerabilidad cuando sus países se encuentran en contextos políticos y sociales críticos. No solo porque, en general, su condición de vida se agudiza sino porque su participación como actores políticos puede poner en riesgo su integridad física y mental, sobre todo en marcos de protestas y Estados de Emergencias.
Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.
[4] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2023). Conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Disponible en https://informenicaragua.org/wp-content/uploads/2023/03/A_HRC_52_CRP5_Spanish.pdf
[5] Race and Equality (2022). Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios enCuba. Disponible en http://oldrace.wp/es/cuba-es/cuatro-historias-de-personas-detenidas-por-reclamar-cambios-en-cuba/
[8]Caribe Afirmativo (2021). Violencias contra personas LGBT a 20 días de Paro Nacional. Disponible en https://caribeafirmativo.lgbt/violencias-contra-personas-lgbt-a-20-dias-de-paro-nacional/
Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos
La crisis política y social en el país está marcada por la discriminación, persecución, represión, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, 59 muertes y más de 1,792 personas heridas.
Lima, 7 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que reportan las organizaciones de derechos humanos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población peruana; y condena firmemente el uso excesivo de las fuerza militar y policial desde que se inició la crisis política a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, expresidente de Perú.
El sábado 28 de enero, Lima fue escenario del asesinato de Victor Santisteban Yacsavilca, un manifestante de 55 años, cuya muerte es la primera en la capital a causa de la represión policial. Los videos de seguridad y los primeros informes médicos confirman que murió por traumatismo cerebral debido al disparo de un proyectil de lacrimógena en la cabeza.
Según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 59 muertes (47 de civiles y 1 policía durante protestas y 11 civiles por causas indirectas al estallido social como los bloqueos de carreteras) y más de 1,792 personas heridas en todo el país. En comparación con diciembre, enero superó el número de personas heridas a más del doble. Además, un informe del medio periodístico Ojo Público señala que, por lo menos, 30 de los civiles fallecieron por “proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas”.
Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el uso de armas de fuego es una medida extrema y no existen supuestos que habiliten su uso para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud, tal y como lo señala el reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Lugar del primer asesinato en Lima en el marco del estadillo social. Foto: Difusión
Detenciones arbitrarias
Desde el inicio de las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones peruanas, ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes e incluso de transeúntes por parte de la policía. Su última denuncia al respecto hace referencia al acercamiento de agentes del orden a los hospitales para detener a las personas heridas que estaban siendo atendidas.
De la misma manera, el 21 de enero, la policía ingresó con tanquetas, disparos y sin presencia de un fiscal del Ministerio Público a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad más antigua de las Américas, para detener a manifestantes que habían sido alojados por estudiantes en dicha casa de estudios. Como lo menciona la abogada Renata Bregalio en su cuenta de Twitter, ese día maltrataron, humillaron y privaron de su libertad a 193 personas, entre ellas campesinos/as, adultos mayores, personas indígenas quechuahablantes y aymaras, estudiantes, a mujer embarazada, una niña de 8 años y periodistas. Además, impidieron el acceso de abogados/as a las personas detenidas, violando el derecho a tener una defensa legal oportuna y el derecho a tener un intérprete de lenguas originarias.
Otra grave denuncia de violación a los derechos humanos la realizó una ciudadana, quien manifestó que fue víctima de agresión sexual por parte de efectivos policiales mientras estuvo detenida. Asimismo, la CNDDHH ha recibido reportes sobre desnudos forzados para revisiones íntimas y tocamientos indebidos a mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la intervención a la UNMSM.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha estado dando seguimiento a la situación en Perú y que realizó una visita del 11 al 13 de enero, se pronunció sobre estos hechos en un comunicado junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenando “el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier práctica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. Así también subrayaron en el comunicado que ningún operativo de desalojo puede realizarse sin las debidas justificaciones legales y legítimas.
Hasta el 22 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales con investigación a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número total de detenciones, se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.
Intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Foto: Difusión.
Declaración de la OEA
El 30 de enero, después de la presentación de la CIDH ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre su visita de observación a Perú, sus pronunciamientos, así como los realizados por las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA llamó al Estado peruano a dar “una respuesta estatal urgente enmarcada por los estándares interamericanos (…), así como adoptar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción”. En la misma declaratoria, llamó a las autoridades peruanas a realizar prontamente el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el Congreso peruano aplazó por tercera vez la discusión sobre el adelanto de las elecciones para octubre del 2023.
Congresistas de EE.UU. piden a Biden que suspenda asistencia de seguridad
El lunes 30 de enero, desde el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden en solidaridad con el pueblo peruano, solicitando la suspensión inmediata de la asistencia de seguridad que se concede a Perú debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Los Congresistas Jamie Raskin, Juan Vargas, Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, pidieron la aplicación de esa medida hasta que las autoridades peruanas garanticen la justicia y la rendición de cuentas.
Asimismo, insta a la Administración norteamericana a que se pronuncie públicamente y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso.
Miles de personas provenientes de las regiones andinas de Perú viajaron a la capital para participar del Paro Nacional. Foto: Luz Mateo Cielo
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad insta a investigar -de forma célere, eficaz y respetando el debido proceso- las muertes, abusos, detenciones y demás violaciones a la seguridad e integridad de las personas con el fin de que se judicialice a los responsables y se determinen medidas de reparación integral.
Rechazamos los discursos que califican a manifestantes de “terroristas”, “delincuentes” o “grupos radicales” y que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Asimismo, persistimos en el llamado a levantar inmediatamente el Estado de Emergencia en Perú, la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Recordamos que los Estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población, por lo que llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para que cese la violencia en el país y se respete los estándares internacionales de derechos humanos.
Encuentra más detalles sobre lo que sucede en Perú en nuestras notas anteriores:
La región de Puno registró la jornada más mortal desde que iniciaron las manifestaciones en diciembre del año pasado. Este es un llamado a proteger a manifestantes bajo estándares de derechos humanos.
Lima, 12 de enero de 2022.- En un solo día, al menos 17 manifestantes, incluidos dos adolescentes, fueron asesinados a manos de las fuerzas de orden cerca del aeropuerto Inca Manco Capac de la ciudad de Juliaca, en la región sureña de Puno. El lunes 09 de enero, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Red de Salud de San Ramón informaba a través de un comunicado oficial la muerte de 12 personas; 3 horas más tarde actualizó la información a 17 muertes y 112 personas heridas.
Este terrible suceso tiene lugar luego de la reanudación de las protestas en el marco del Paro Nacional convocado por dirigentes sociales, principalmente de las regiones del sur del país, para exigir la renuncia de la presidenta de la República Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, la Fiscalía de la Nación anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez y otros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa, Cusco y Ayacucho.
Actualmente, Perú registra alrededor de 47 muertes y más de 600 personas heridas durante las protestas. Del total de muertes, 28 sucedieron en diciembre del año pasado; 18 ocurrieron el pasado lunes y martes —incluyendo el fallecimiento de un policía al día siguiente de la masacre en Puno—, y ayer, a las 8 de la noche, se confirmó el último manifestante muerto en la región de Cusco.
Manifestantes socorren a mujer herida en Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina
Criminalización de la protesta
Después del anuncio de las 17 muertes de civiles, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, salió en televisión nacional para defender la respuesta de las fuerzas policiales, afirmando que los manifestantes son grupos violentos de vándalos financiados por dinero ilegal. Además, anunció la imposición de un toque de queda en Puno que regirá durante tres días desde 8:00 pm hasta las 4:00 am.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó condenando las 17 muertes e instó al Estado peruano a tomar medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza, y generar mecanismos de diálogo.
La Corte Interamericana ha señalado que “los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la independencia o afecten la libertad del juzgador”.
Helicóptero de las Fuerza Aérea del Perú sobrevuela Juliaca, Puno. Fotografía: Max Nina
Uso de armas de fuego
Enrique Sotomayor, jefe del Departamento de Emergencias del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, indicó que algunas de las víctimas han recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego, algunos en la cabeza. “Lo que me llama la atención a mí, como médico, es que estén ingresando con proyectil de armas de fuego, pero que no tengan orificio de salida. Sin embargo, los pacientes vienen destrozados los órganos internos”, reveló el médico de Juliaca.
De acuerdo a la normativa que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, desde el año 2004, el uso de proyectiles de plomo durante la contención de protestas está restringido. Además, señala que, si el uso de la fuerza policial provoca heridos o muertos, estos deben ser reportados “de inmediato y por escrito” a la comisaría del distrito donde ocurrió el incidente y puesto en conocimiento del Ministerio Público y de la Inspectoría General de la Policía.
La Defensoría del Pueblo de Perú dijo en Twitter : “Pedimos a las fuerzas del orden hacer un uso de la fuerza legal, necesario y proporcional e instamos a la Fiscalía General del Estado a realizar una pronta investigación para esclarecer los hechos”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también tuiteó : “Estamos muy preocupados por la continua escalada de violencia en las protestas en Perú, que ha provocado la pérdida de decenas de vidas”.
El reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que los mecanismos internacionales de protección ya han destacado en reiteradas ocasiones que el uso de armas de fuego es una medida extrema y que no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud. Además, señala que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad.
Visita de la CIDH
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por liderada por el Primer Vicepresidente de la CIDH, Stuardo Ralon, junto a Comisionado Joel Hernandez llegó ayer al Perú para iniciar su observación y documentación ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. En esta visita se reunirá con autoridades públicas, víctimas y familiares de Lima, Ica y Arequipa a fin de publicar sus conclusiones y recomendaciones el Estado peruano.
La CIDH se entrevistará personalmente con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, en ese sentido, ha habilitado un enlace de registro para personas afectadas interesadas en brindar su testimonio. También recibirá información, denuncias y comunicaciones al siguiente correo: CIDHDenuncias@oas.org.
Delegación de la CIDH está en Lima, Arequipa y Juliaca. Los Comisionados Stuardo Ralon y Joel Hernandez, junto al equipo técnico, se reúnen con autoridades y amplios sectores sociales para recibir información sobre las protestas sociales y el contexto actual. Fotografía: CIDH
Desde Raza e Igualdad:
Rechazamos el uso ilegal, exceso y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares, la represión estatal en las protestas, así como la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir su realización pacífica.
Exigimos que se investiguen todas las muertes de una manera célere y eficaz respetando los estándares internacionales de derechos humanos a fin de que se determinen medidas de reparación integral a familiares de víctimas mortales y personas heridas durante las protestas.
Rechazamos los discursos que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en el país y se respete los estándares de derechos humanos.
Recordamos que los estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población.
Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas
La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.
Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.
El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.
Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.
Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)
Muertes y personas heridas en protesta
La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).
También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.
Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.
Estado de Emergencia y toque de queda
Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.
“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción», señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.
Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.
A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.
Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: «Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria», dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.
“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.
Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.
Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.
“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.
Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.
Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.
[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.
Ante la grave crisis en el Perú organizaciones internacionales y nacionales solicitan visita conjunta al país por parte de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Diciembre 15, 2022. Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos preocupaciones en materia de derechos humanos derivadas de la crisis institucional y la declaratoria de Estado de emergencia en el Perú. La declaratoria se da en respuesta a la protesta social a lo largo del país, como consecuencia del grave contexto de inestabilidad institucional que atraviesa el Perú. Situación que nos lleva a solicitar una visita conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el más breve plazo.
El Estado de emergencia, declarado el 14 de diciembre, tiene efecto en todo el territorio nacional por 30 días y suspende derechos constitucional e internacionalmente protegidos. Específicamente los derechos a la libertad de reunión, libertad de tránsito por el territorio nacional, inviolabilidad de domicilio y seguridad personales. También permite la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las protestas sociales.
Esta declaratoria de emergencia genera serias preocupaciones y un alto riesgo de que se generen violaciones a derechos humanos en el contexto actual de protesta social que vive el país. En la última semana, se han documentado actos de violencia, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, ataques a la prensa e incluso se han registrado varias muertes en el marco de las protestas, algunas antes de la declaratoria.
Las instituciones del Estado peruano deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos. Igualmente es una forma en la que la ciudadanía participa en los asuntos de interés público. Como organizaciones de la sociedad civil llamamos al Estado peruano a adherir su actuación a los estándares establecidos en el derecho internacional en relación con la suspensión de derechos humanos en el marco de estados de emergencia. En particular, recalcamos que este tipo de estados pueden ser adoptados en situaciones sumamente excepcionales en que exista un grave peligro público. Adicionalmente recordamos que, de conformidad con los estándares internacionales, el malestar que genera la protesta social no puede ser usado como justificación para la declaratoria de Estados de emergencia.
Las organizaciones firmantes, instamos al Estado peruano a cumplir con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad que marca el derecho internacional en relación con los estados de excepción para evitar que estas medidas sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y/o desproporcionada. Llamamos a un diálogo participativo, centrado en las y los peruanos que legítimamente exigen protección a sus derechos y soluciones duraderas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad en el Perú.
Finalmente, convocamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca el desarrollo de las protestas en el Perú, particularmente en el marco del nuevo Estado de emergencia. Así como acompañar a las y los peruanos en el proceso para superar las causas estructurales a nivel institucional que han desatado las manifestaciones sociales, a fin de garantizar soluciones duraderas a esta crisis.
Organizaciones firmantes:
Acción por los Derechos Humanos
Acción por los Niños
Acción Solidaria
Acción Solidaria
Alerta Venezuela
Amnistía Internacional
Andean Information Network
Articulación de Lesbianas Feministas de Lima
Articulación Feminista Marcosur en América Latina. Centro Flora Tristán, en Perú
Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad ACCI
Asociación Agenda Mujeres
Asociación Arariwa
Asociación Caminos de la Memoria
Asociación Centro Loyola Ayacucho
Asociación Construyendo caminos de esperanza frente a la injusticia el rechazo y el olvido
CCEFIRO
Asociación de consumidores Orgánicos, México
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional
Asociación de mujeres Gabriela Mistral
Asociación MINGA
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación SER, Perú
Asonalca
Association Franco Chilienne du Loiret -France
Ayni Desarrollo
Caleidoscopio Humano
Caminos de la Memoria
Casa de la mujer
Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC, Perú
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – CADEF
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL, Perú
Centro de Desarrollo Andino Sisay
Centro de Desarrollo Etnico – CEDET
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S:J.» (CSMM)
Centro de Estudios Legales y Sociales
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – CIPRODEH
Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Peru EQUIDAD
Centro de Prevención de la Mujer Micaela Bastidas, Perú
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
Centro Gumilla
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Chile en mi Memoria
Chile Sin Ecocidio
CIDES
CIET Uruguay
Ciudadanos por la Memoria
Civilis Derechos Humanos
Cladem – Perú
Clima21
Coalición ciudadana
Coalición Ciudadana
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia
COALICO
Colectivo Cultural Kimiri Bonito
Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» CAJAR – Colombia
Colectivo Los Pacientes Importan, Perú
Colectivo Madreselva
Colectivo por la Igualdad de Género de Piura
Colectivo por la Paz en Colombia desde México – COLPAZ
Colectivo por la Paz en Colombia desde México Colpaz
Colectivo Pro Derechos Humanos
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
Colombia Hunan Rights Committee
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apuré
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador – CDHES
Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile
Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Comisión Ética contra la Tortura – CECT
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH-RD
Comité de Defensa de los Derechos de laMujer y de los Pueblos – CODEMP
Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIC
Comité de sólidaridad con los presos políticos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Colombia – CPDH
Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca
Comunicación, Diálogo y Conciencia SC – Códice
Comunidad nativa San Pedro de Sotani, Perú
Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU
Coordinador Nacional Agrario Nariño – CNA
Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política
Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, Guatemala
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH Perú
Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay
Corporación Córdoba Diversa LGBTI, Argentina
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo – CODEPU, Chile
Corporación Humanas Chile
Corporación Jurídica Libertad
Corporacion Juridica Yira Castro, Colombia
Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana – CEAC
Corporación Reiniciar
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica
Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la mujer
Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Perú
Derechos de la Madre Tierra, Chile
Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
Derechos Madre Tierra, Chile
Dirección de Estudios Históricos del instituto Nacional de Antropología e Historia
DNI, Uruguay
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) Honduras
Espacio Público
Expresión Libre, Venezuela
Familiares Colombia LF
Federación de Comunidades Nativas – FECONAYA
Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH
Fondo Socioambiental del Perú
Foro Regional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Arequipa – FORDES
Foro Salud de Perú
Frente de Defensa y Desarrollo de la región de Junín
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile
Fundacion de derechos humanos PASOS – Proceso de apoyo y solidaridad con las organizaciones
sociales y populares
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Fundación Guagua, Colombia
Fundación Inti Phajsi
Fundación Lazos de Dignidad
Fundación Myrna Mack – Guatemala
FUNDACIÓN NYDIA ERIKA BAUTISTA
Fundación para el Debido Proceso – DPLF
Fundación Paz y Reconciliación PARES COLOMBIA- ODEVIDA INTERNACIONAL
Fundación Quitu Raymi – Ecuador
Fundación Salud Ambiente y Desarrollo, Ecuador
Gobiérnatec
Grupo Iniciativas por la Libertad
Grupo Interdisciplinario GIDH
GRUPO SEPAR
Help De Andes
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
INREDH – Ecuador
Instituto de Defensa Legal – IDL
Instituto de Promoción y Educación Popular – Comisión de Justicia Social IPEP CJS Chimbote
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Instituto Promoviendo Desarrollo Social – IPRODES»
Instituto Regional para la Paz
Juventud, Política y Desarrollo (JPD)
Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
Kukalla Abya Yala
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Mesa Territorial Garsntías Chocó
Movimiento Manuela Ramos
Movimiento Universitario Pensamiento Crítico
Nucleo de Preservação da Memória Política
Observatorio Ciudadano – Chile
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Odevida, Capítulo Venezuela
Olla común JIREH de ADESEP distrito de Santa Rosa
Paz y Esperanza
PEX al lado del corazón
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Plataforma de DDHH para el Buen Vivir, Chile
Plataforma por los DDHH Santa Cruz
Poder de Mujer
Prepara Familia
ProDiálogo, Perú
Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
RCS – Red de Coaliciones Sur, defendiendo los derechos de la niñez y la adolescencia en
Latinoamérica.
Red Colombiana de Lugares de Memoria
Red Construyendo Paz Latinoamérica – CoPaLa
Red contacto Sur
Red de ollas de VMT
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Red Para la Infancia y la Adolescencia RIA
RED WIPHALAS / WIPHALAS NETWORK
Robert F. Kennedy Human Rights
Salud Sin Límites Perú
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sitio de Memoria Sacerdote Mauricio Silva
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
TPH, Chile
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala
(UDEFEGUA)
Vicaria de DDHH de Caracas
Washington Office on Latin America (WOLA)
Women’s Link Worldwide
El Experto Independiente sobre OSIG visitó Perú con el apoyo de Raza e Igualdad
En Perú, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, se reunió con autoridades de Estado, estudiantes y organizaciones LGBTI+ de dos regiones del país para promocionar su mandato.
Del 21 al 26 de noviembre, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Victor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a Perú, la cual se llevó a cabo con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), que estuvo representado por nuestra Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera.
Durante su visita, se reunió con diversas autoridades del Estado, estudiantes universitarios y organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos de Arequipa y Lima, dos regiones del país. El propósito fue brindar información sobre las funciones del mandato, el trabajo que realiza y sus alcances; además de escuchar y conocer la situación de las personas LGBTI+ en el país.
El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en una de las reuniones con organizaciones LGBTI+ en Lima, Perú.
Cabe mencionar que el mandato del EI OSIG se creó en el 2016 gracias al trabajo de incidencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, a fin de que las Naciones Unidas reconozca la orientación sexual e identidad de género como ejes fundamentales en el trabajo de análisis del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para conocer más acerca de la labor del mandato y acceder a los informes ingresa al portal web oficial.
Diálogo con la sociedad civil
Arequipa fue el primer lugar que visitó el mandato del EI OSIG en Perú. Aquí, representantes de organizaciones transmasculinas, lesbianas y gays conversaron sobre los problemas que enfrentan debido a su orientación sexual e identidad de género y sobre los estigmas hacia las personas LGBTI+ que se generan a partir del sistema heteropatriarcal y de grupos antiderechos y conservadores.
El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en la reunión con organizaciones LGBTI+ en Arequipa, Perú.
En tanto, en Lima, Madrigal-Borloz participó cuatro reuniones temáticas: a) discriminación, violencia y acceso a la justicia; b) data; c) salud y Educación Sexual Integral, e d) identidad de género. Todas ellas dirigidas al diálogo con diversos colectivos y organizaciones civiles de derechos humanos de personas LGBTI+. Como se sabe, Perú es uno de los países de la región andina que no cuenta con una ley de identidad de género, por lo que no existe un procedimiento administrativo que facilite el cambio legal del nombre y la categoría “sexo” en el Documento Nacional de Identificación (DNI). Por el contrario, las personas trans deben litigar vía judicial contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el cual apela constantemente las resoluciones favorables y acorde a los derechos humanos de las personas trans. Puede ver la entrevista que Raza e Igualdad le realizó a Bruno Montenegro, coordinador de Fraternidad Transmasculina, sobre el tema.
En el país también se registra un caso emblemático en la lucha por el reconocimiento de las parejas diversas, ya que esa misma entidad se niega a registrar en el DNI de un niño los nombres de sus dos mamás, una pareja de esposas lesbianas; puede leer más aquí. En cuanto a la discriminación y violencia contra personas LGBTI+, los sistemas de registro del Estado no tienen la categoría ‘orientación sexual e identidad de género’, por lo que no existen bases con datos desagregados que den cuenta sobre el número de personas LGBTI+ violentadas.
Jóvenes del derecho
El Consultorio Jurídico UNICXS, un proyecto de la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que ofrece asesoría legal gratuita en casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, invitó a Madrigal-Borloz a dar un taller para conversar sobre su mandato, la criminalización de las personas LGBTI+ alrededor del mundo y la tarea de garantizar los derechos humanos de todas las personas.
El Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, en el taller para integrantes del Consultorio Jurídico Unicxs, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima.
Asimismo, el mandato del EI OSIG también se reunió con diversas autoridades de Estado peruano, entre ellas el canciller peruano, Cesar Landa, y con la congresista de la República, Susel Paredes.
Raza e Igualdad, reafirma el apoyo al mandato del Experto Independiente en aras de contribuir a la visibilización y respeto de los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, continuará promoviendo sus visitas a los países de la región para que activistas y colectivos LGBTI+ conozcan la labor del mandato y colaboren con sus acciones de documentación y análisis.
Únete a nuestros esfuerzos
Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.
