Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Día de los Derechos Humanos: Con paso firme hacia el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales para todas las personas

Washington D.C., 10 de diciembre de 2020.– A 72 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cumplimiento y respeto de los derechos inherentes a cada persona representa un reto a nivel mundial, y en el caso de América Latina y el Caribe, se mantienen y exacerban escenarios en los que se violan estos derechos, sobre todo en poblaciones que han sido históricamente marginadas.

Este 10 de diciembre, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se une a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos ofreciendo un panorama sobre la situación de los derechos humanos en la región, con énfasis en aquellos países donde trabajamos de la mano con organizaciones de la sociedad civil: Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El asesinato de George Floyd

Como organización que trabaja en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes, el 25 de mayo nos unimos a la consternación mundial por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, a manos de cuatro policías blancos en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El hecho fue grabado por un testigo y el video circuló rápidamente por redes sociales, provocando gran indignación y una especie de despertar de conciencia sobre el racismo y la brutalidad policial.

Valoramos como positivo que desde los sistemas de protección de derechos humanos haya habido una respuesta rápida, como el debate urgente sobre las violaciones de derechos humanos por motivos raciales, el racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia contra protestas pacíficas, que tuvo lugar el 17 de junio en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llevó a la adopción de la resolución 43/1; sin embargo, vemos con preocupación la laguna de protección ante la dificultad de los mecanismos de derechos humanos para monitorear las obligaciones de los países.

Pandemia de Covid-19, multiplicador de desigualdad

La pandemia de Covid-19 puso en evidencia la profunda desigualdad que padece la región, no solo en términos de ingresos económicos, sino también en acceso a salud y educación, a lo cual se sumó el hecho que la respuesta de los Estados no tomó en cuenta las interseccionalidades de la población, por lo que grupos históricamente marginados y discriminados como las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las personas LGBTI, fueron impactadas de forma particular por esta pandemia.

En Brasil, por ejemplo, la población negra vio seriamente vulnerado su derecho a la vida, pues debido la negación de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, no se tomaron las medidas de prevención y atención adecuadas, siendo las personas afrodescendientes las más afectadas. Además, durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, 1 mujer fue asesinada cada 9 horas, y de estas, el 73% fueron mujeres negras.

La discriminación por orientación e identidad de género también puso de manifiesto un trato discriminatorio hacia las personas LGBTI en el contexto del Covid-19. En Colombia, Alejandra Monocuco, una mujer trans y trabajadora sexual, murió a finales de mayo luego de que personal médico que acudió al llamado de sus compañeras porque no podía respirar, se negó a atenderla al conocer que vivía con VIH y argumentar que seguramente estaba bajo los efectos de una “sobredosis”.

La pandemia de Covid-19 coincidió con la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 en México, por lo que las y los activistas afromexicanos temen que se haya afectado la calidad y cantidad de los datos recolectados, que hubieran permitido una mayor autoidentificación afrodescendiente, principalmente en los Estados identificados como no afrodescendientes.

Derechos LGBTI, entre la violencia y la negación

América Latina sigue siendo la región del mundo que acumula más casos de asesinatos contra personas trans. Brasil, país en el que persiste un discurso LGBTIfóbico liderado y alentado por el Gobierno, acumulaba hasta octubre pasado 151 crímenes de este tipo. En Colombia, en tanto, Raza e Igualdad ha registrado hasta la fecha 65 hechos de discriminación, hostigamiento, ataques físicos y asesinatos en los que las víctimas son personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

La negación de derechos a las personas LGBT es otro escenario preocupante en la región, tal es el caso de Perú, donde el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo de Óscar Ugarteche contra el RENIEC para lograr la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado en 2010 en México. Además, en este país la implementación de la política pico y desembocó en múltiples actos de discriminación contra la población trans y no binarie.

En Panamá, la sociedad civil sigue demandando la apertura del Gobierno para debatir y aprobar una ley que permita el matrimonio igualitario, mientras que en República Dominicana organizaciones que velan por los derechos de las personas LGBTI desarrollan una campaña por la aprobación del proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, la cual sería un importante paso en un país donde la población afro y LGBTI se encuentra desprotegida.

Asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Tras cuatro años de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC para terminar con más de 50 años de conflicto armado, el país se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de violencia a nivel nacional, por el alarmante aumento de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, y de masacres de civiles, entre ellas la perpetrada el 11 de agosto en contra de cinco jóvenes afrocolombianos en el barrio Llano Verde, en Cali.

Según la Fundación Ideas para la Paz (Indepaz), al 7 de diciembre habían sido asesinados 287 líderes y defensores de derechos humanos en este 2020, 1,086 desde la firma del Acuerdo de Paz y 688 desde que Iván Duque asumió la Presidencia. Ante este panorama, la sociedad civil reclama una respuesta urgente y adecuada del Gobierno, pero este no da visos de reconocer la gravedad de la situación e insiste en dar cumplimiento a su plan “Paz con Legalidad” por encima del Acuerdo de Paz, por lo que este presenta graves rezagos, principalmente en lo relacionado al enfoque de género y el capítulo étnico.

Represión contra la sociedad civil

En Cuba, la situación de represión contra activistas, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos se intensificó dado que el Gobierno usó la pandemia de COVID-19 para restringir el ejercicio de derechos humanos y recrudecer el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. La persecución contra la sociedad civil independiente ha adoptado diversas formas, entre las que se incluyen detenciones de corta duración, allanamiento de viviendas, decomiso de bienes, procesos judiciales sumarios y condenas por delitos comunes como “desacato” y “desorden público”.

En Nicaragua, país sumergido en una crisis social y de derechos humanos desde 2018, y en el contexto de nuevas crisis económicas y sanitarias, las autoridades siguen violando los derechos humanos de la población que disiente y que exige el cumplimiento de sus derechos fundamentales: a la fecha, 109 personas continúan encarceladas por participar en expresiones de protesta, y se han aprobado dos leyes (Ley de Agentes Extranjeros y Ley Especial de Ciberdelitos) y una reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”, todas acciones legislativas que atentan contra los derechos a la libertad de asociación y de reunión, a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Asimismo, se ha continuado una estrategia represiva contra opositores, familiares de víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, quienes son asediados, vigilados e incluso impedidos de movilizarse libremente por agentes policiales. Mientras tanto, la prensa independiente continúa siendo objeto de agresiones estatales, reportándose en promedio 40 casos mensuales de violaciones a la libertad de prensa, incluidas agresiones, ataques y procesos judiciales.

Desde Raza e Igualdad, aprovechamos esta fecha para reafirmar nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de organizaciones locales en la denuncia de violaciones de derechos humanos, haciendo uso de los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano y en Naciones Unidas, con el fin de obtener justicia de parte de los Estados e incidir en la adopción de leyes y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Hacemos un llamado a los países para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo en este tiempo de crisis generada por la pandemia de Covid-19.

En Raza e Igualdad seguiremos trabajando para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas de los países donde trabajamos, independientemente de su raza, sexo, género, orientación sexual, identidad de género o creencias políticas. En ese sentido, reconocemos el trabajo que realizan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Órganos de Tratado y los Procedimientos Especiales, y esperamos que se mantengan firmes en su labor.

Día Internacional de la Memoria Trans: una fecha para recordar y reafirmar la lucha por la igualdad y no discriminación

Washington D.C., 20 de noviembre de 2020.– Este 20 de noviembre, Día Internacional de la Memoria Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere recordar a todas las personas trans que han sido asesinadas alrededor del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, región donde según registros de organizaciones de la sociedad civil se concentra la mayoría de los asesinatos. Para ello, hablamos con seis activistas trans de diferentes países y que, desde sus espacios y realidades, buscan mantener viva la memoria de quienes ya no están y reivindicar su derecho a la igualdad y no discriminación.

Un caso, una realidad

Brandy Carolina tenía 32 años cuando fue asesinada de varias puñaladas—una de ellas en el cuello—que le propinó un hombre desconocido en el barrio La Chinita, en Barranquilla, Colombia. Era extrovertida y soñaba con regalarle una casa a su mamá, pero en junio pasado le arrebataron la vida por ser una mujer trans, denuncian organizaciones que defienden los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

“No expresaba temor, era bien segura de sí misma, y es que una no presiente la muerte, sino que llega de repente y en los sitios menos esperados”, expresa Andra Hernández, representante de la Red LGBTI de Boyacá e integrante de Femidiversas, al referirse al asesinato de Brandy Carolina, aunque a la vez refiere que en ese mismo barrio barranquillero habían sido asesinadas una mujer lesbiana y una mujer trans el 26 de marzo y el 16 de abril de este año, respectivamente. “No esperábamos que una persona tan cercana cayera en manos de una sociedad tan indolente que no respeta la diversidad y las disidencias, nunca estamos preparadas para una muerte, menos para una muerte por ser trans”, insiste.

Cada año, en vísperas del Día Internacional de la Memoria Trans, la organización internacional Trans Respect vs Trans Phobia publica un amplio informe sobre el asesinato de personas trans y género-diversas alrededor del mundo. El reporte correspondiente a este año revela que entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 hubo 350 asesinatos, de los cuales el 82% ocurrió en América Latina, donde Brasil (152[i]), México (45) y Colombia (16[ii]) encabezan la lista de países con más casos.

Morir dos veces

Santiago Balvin, activista trans masculino no binario de Perú, afirma que es necesario conmemorar a todas las personas trans que han sido asesinadas porque, incluso después de su muerte, son discriminadas e invisibilizadas. “Queda un sentimiento de frustración porque no se puede hacer nada, las familias no reconocen sus nombres y los medios no las citan según su nombre identitario, es muy doloroso que se trate así la muerte de una hermana y que siga pasando con tanta impunidad”, comparte.

En esta fecha, Balvin recuerda la Masacre de Tarapoto, también conocida como Noche de las Gardenias, pues fue una matanza selectiva ocurrida el 31 de mayo de 1989 y está catalogada como el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del país. Al mismo tiempo, indica que este año las organizaciones de la sociedad civil peruana contabilizan 5 personas trans asesinadas hasta la fecha.

Victoria Obando, activista por los derechos humanos en Nicaragua y exprisionera política, coindice en la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Memoria Trans, pues para ella es un día para recordar la lucha que la mayoría de las personas asesinadas libraron para defender y promover los derechos de la comunidad trans. “Vivimos en una sociedad que no nos reconoce como parte de esta, siento que es una tragedia lo que vive la población trans, especialmente las mujeres trans, porque no entienden que también somos seres humanos”, dijo.

En Nicaragua no se manejan datos sobre violencia y asesinatos contra personas trans, lo cual Obando trata de entender por la crisis sociopolítica que vive el país; sin embargo, asegura que aun en medio de las discusiones para devolver la democracia al país, se trata de hacer a un lado a las personas trans. “Hay quienes consideran que hay categorías para acomodar las temáticas y las trans siempre van como algo secundario, nos quieren encajonar, como activista me ha costado tener aceptación, subestiman mis capacidades por el hecho de tener una identidad de género diversa”, refiere.

Exclusión e impunidad

Para Athiany Larios Fonseca, mujer trans nicaragüense exiliada en Costa Rica, aún es doloroso recordar uno de los primeros casos que conoció acerca de violencia por discriminación en contra de una persona trans. “Mi amiga y su pareja fueron apedreados camino a su casa y me preguntaba ‘por qué la gente nos molesta tanto’, y me eché a llorar porque nos agreden y hasta nos asesinan por ese odio por no ser hombre o mujer según los mandatos biológicos-genitales”, afirma.

Christian King, de la organización TRANSSA de República Dominicana, expresa que el Día Internacional de la Memoria Trans “representa el reconocimiento y la reivindicación de todas las compañeras trans que han perdido la vida víctimas de la discriminación, la transfobia y los prejuicios como consecuencia de la falta de voluntad política y políticas públicas que garanticen los derechos de esta base poblacional y penalice la discriminación”.

En este país, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans registra 49 crímenes de odio cometidos contra mujeres trans, de los cuales solo 5 han sido judicializados y con sentencias. Además, junto a TRANSSA, demandan la aprobación del Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y una Ley de Identidad de Género.

Una deuda del Estado

Para Bruna Benevides, de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, entre los factores que intensifican la violencia contra las personas trans destacan el proceso histórico de invisibilización de esta población y su fata de acceso a derechos básicos, pero sobre todo el fracaso del Estado en atender sus necesidades. “Además, vemos una creciente ola global neoliberal que trae el fascismo, este espantapájaros de la ideología de género y, sobre todo, la idea de que las personas trans, mujeres y negras, deben continuar en un lugar de subordinación”, añade.

La activista destaca también la influencia que tuvo la pandemia de COVID-19 en la exacerbación de la violencia contra las personas trans, pues junto a la emergencia sanitaria ha habido un aumento de la desigualdad, el desempleo, el hambre y la invisibilidad en que se encuentra esta población. Efectivamente, el informe de Trans Respect vs Trans Phobia da fe del impacto desproporcionado que tuvo la pandemia sobre las personas trans, especialmente en las más excluidas, tales como mujeres negras y racializadas, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes y que viven en condiciones de pobreza.

“Lamentablemente, la falta de acciones, pero también la falta de atención a nuestra población y un proceso total de invisibilidad en el trato con nuestra población nos deja sin ayuda del Estado. Como resultado, somos más susceptibles y vulnerables a la violencia. Quizás esto sea parte de este plan que elige cuerpos que son matables, desechables, que no forman parte de la estructura hegemónica y que, por eso, pueden ser fácilmente exterminados. No es de extrañar, somos el país que más personas trans mata en el mundo y, este año, una vez más estamos en lo más alto de este triste ranking”, dice Benevides.

A propósito del Día Internacional de la Memoria Trans, desde Raza e Igualdad queremos recordarle a los Estados su obligación de respetar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, y en lo concerniente a la situación de violencia y asesinatos contra personas trans, realizamos las siguientes recomendaciones:

  • Adoptar las leyes y políticas necesarias para garantizar el reconocimiento, respeto e inclusión de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
  • Establecer mecanismos especiales de respuesta a las acciones de violencia y asesinatos contra personas LGBI y trans, los cuales lleven al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables, así como al establecimiento de garantías de no repetición.
  • Promover a través de la institucionalidad y canales oficiales una campaña para educar y sensibilizar a la población sobre la orientación sexual e identidad de género, con miras a generar un contexto de reconocimiento y respeto de la integridad y vida de las personas LGBTI.

[i]  Cifra registrada por ANTRA de Brasil

[ii] Organizaciones de la sociedad civil de Colombia registran 30 asesinatos de personas trans este año.

No más silencio: Retomando nuestras voces en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Washington D.C., 15 de mayo. Este 17 de mayo se cumplen 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental, un hito global que logró acelerar los avances en materia del reconocimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).[1] Con ocasión de esa fecha, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un día en el que se llama la atención sobre la violencia y la discriminación que aún sufren las personas LGBTI en nuestras sociedades.

Este año el tema que se promueve es “Romper el silencio”, escenario que invita a las personas de la comunidad LGBTI a no tener miedo a expresar su orientación sexual o su identidad de género, ni en sus círculos íntimos ni en sus círculos sociales. Pero también la conmemoración se enmarca este año dentro de una crisis sanitaria mundial generada por COVID-19, que ha agudizado la discriminación estructural y evidenciado los prejuicios que persisten en nuestra sociedad.

Históricamente, la población LGBTI ha sido estigmatizada por una sociedad heteronormativa que no ha permitido su participación en espacios públicos. La conmemoración de este día es vital para visibilizar todos los actos de discriminación que permanecen en nuestras sociedades y denunciar la violencia contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas.

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“Romper el silencio es poner voz a quienes la hemos tenido silenciada por el estigma, la discriminación, exclusión social y constantes violaciones de derechos que quedan en la impunidad por falta de voluntad política de los Estados. Romper el silencio es gritar con evidencias una verdad que nuestros Estados, en la mayoría de los casos, no quieren mostrar o no toman en cuenta. Romper el silencio es decir somos, estamos, existimos y tenemos derechos”.

La lucha por la igualdad y justicia es un trabajo diario para muchas personas, no se trata de sólo conmemorar un día como este, es una lucha que persiste a lo largo de todos los días del año.

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“Romper el silencio ha generado que mi cuerpo hable, que mis entrañas hablen, que mis experiencias hablen y que no callen, porque mi vida y la vida de mis hermanes trans merecen que no calle más la injusticia, el dolor y la marginación por ser diferentes. Romper el silencio significa para mí, que todo sentimiento de opresión también se rompa y busque la libertad para todes, esa misma que empecé a sentir cuando elegí ser yo mismo”.

En las últimas semanas hemos sido testigos de una discriminación latente y estructural en la implementación de políticas públicas de los Estados y sus instituciones en respuesta a COVID-19 y como eso ha exacerbado las desigualdades. Igualmente, la ausencia de políticas públicas con un enfoque de género y la falta de capacitación y sensibilización a operadores de la justicia han reproducido patrones de violencia y actos de discriminación contra las personas LGBTI. Esta situación se comprueba con las múltiples estrategias de contención empleadas por los Estados que no sólo olvidaron considerar la situación de pobreza, marginalidad y violencia a la que diariamente se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, sino que expusieron sus vidas al no proponer acciones con enfoques diferenciales de género.

La promulgación de pico y género en diferentes países causó graves violaciones de derechos humanos, especialmente para la población trans. Su situación de precariedad está en aumento, enfrentando no solo abuso de poder por parte de las fuerzas del orden, sino también pérdida de trabajo, regreso a círculos familiares violentos, la postergación de juicios de cambio de nombre y la abstención de acceder a centros médicos para recibir tratamientos regulares y necesarios, por miedo a ser discriminadas.

Hoy más que nunca, es necesario tomar acciones diferenciadas y específicas para la población LGBTI, con estrategias contundentes para frenar los casos de abuso y las violaciones sistemáticas de derechos humanos de todas las personas diversas.

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Romper el silencio implica “visibilizar y/o denunciar todo acto de discriminación y/o de violencia en contra de las personas con orientaciones sexuales diversas como lo es la población LGBTI”, lo que se puede lograr “apoyándonos en la utilización de todas las herramientas jurídicas, de protección de derechos humanos y de comunicación existentes”.

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Por su parte, Sandra Arizabaleta, de la organización Somos Identidad en Cali en Colombia, asegura que: “es urgente romper el silencio para que se utilicen todos los mecanismos comunitarios y legales posibiliten el libre desarrollo de las vidas de las personas LGBTI”. “Se puede (y se debería) amar más allá de una asignación de roles y genitalidad.”

La transgresión de los derechos fundamentales de las personas LGBTI se agudizan cuando las afectaciones se entrelazan con otros escenarios y/o realidades de igual o peor condición. Ejemplo de esto son las personas afrodescendientes con identidades y expresiones de género diversas que viven en contextos de extrema violencia, olvido estatal, pobreza y falta de acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo.  “Regiones como el Pacífico colombiano, donde confluyen un mayor número de afrodescendientes, están lejos de ser amparadas con medidas que integren un enfoque interseccional” agrega Sandra de Somos Identidad.

La crisis sanitaria por COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances en materia de derechos humanos para la población LGBTI, todavía existen grandes vacíos y desafíos que sólo podrán ser superados con verdadera voluntad política de los estados para garantizar los derechos humanos con un enfoque diferencial. “En época de crisis es cuando se evidencia quiénes son líderes y quiénes no, y los malos liderazgos van a tender a exacerbar las dificultades para las poblaciones más vulnerables”, asegura Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

“Para miles de personas en todo el mundo, a menudo, romper el silencio significa permanecer en silencio. Los gritos ocurren cuando pequeños gestos pueden pasar desapercibidos, las miradas simples exigen luz o incluso una voz débil duda en hacer eco en ciertos espacios. Para ser escuchados, a veces necesitamos estar atentos, porque no tiene sentido romper el silencio si no hay nadie que nos escuche, si no hay espacios con oídos agudos para capturar los sonidos, sino gestos, miradas. El poder de romper el silencio solo es efectivo cuando hay poder para escuchar. De lo contrario, pasaremos toda una vida queriendo ‘significar’,”

Raza e Igualdad, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil LGBTI con las que trabaja, urge a los estados de Latinoamérica a:

  • Tomar medidas de prevención de la violencia desde una perspectiva diferenciada, que contemple la discriminación que históricamente ha existido contra las personas afro-LGBI y trans.
  • Urge tener un espacio de monitoreo específico junto con la sociedad civil para enfrentar el contexto de violencia por orientación sexual e identidad de género.
  • Urge la necesidad de capacitar a los órganos estatales sobre estos temas.
  • Las voces de la población LGBTI deben tener lugar y espacio en la planificación de emergencias de salud. Representantes LGBTI necesitan estar incluidos, así como las trabajadoras sexuales en los planes de protección social, especialmente en el acceso a los ingresos de emergencia.

Finalmente, es una obligación del Estado acompañarnos a romper el silencio contra la discriminación, la violencia y la indiferencia a través de acciones afirmativas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

Organizaciones Internacionales y Nacionales de Sociedad Civil hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse sobre las graves violaciones a los derechos de las mujeres trans en Perú

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos dirigimos a la honorable CIDH debido a que en los últimos días hemos visto con profunda preocupación como, dentro de un contexto de emergencia debido a la pandemia generada por el coronavirus, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas peruanas están violentando los derechos humanos a la integridad, a la identidad de género y a la dignidad de las personas trans. Queremos enfatizar que conforme al artículo 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en situaciones de emergencia los Estados partes pueden restringir determinados derechos; sin embargo, ni el derecho a la vida, a la integridad personal o al nombre (identidad) pueden ser suspendidos durante los estados de emergencia.

Al respecto, mediante redes sociales han circulado videos[1] de mujeres trans[2] siendo discriminadas por su identidad de género, detenidas junto a hombres, vejadas, obligadas a gritar “quiero ser un hombre”, entre otros malos tratos y humillaciones.

Nos preocupa fuertemente que la Fuerza Pública en Perú no esté acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y estén poniendo así en riesgo de contagio de coronavirus a todas las personas detenidas; además están también violentando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos de las personas LGTBI.

Consideramos pertinente recordar que, el 24 de febrero de 2018 en el Informe de fondo del caso Azul Rojas Marín y otra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano adoptar medidas de no repetición dirigidas a la capacitación de la Fuerza Pública en la prohibición absoluta de actos de tortura, de violencia sexual y de otra índole contra la población LGBT, así también recomendó al Estado peruano que tenga un mensaje claro de repudio frente a este tipo de actos. Además, la Opinión Consultiva OC-24/17[3] señaló que los Estados partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, deben de abstenerse de realizar y generar actos discriminatorios contra las personas LGBTI.

Hacemos un llamado urgente para que la CIDH le solicite al Estado peruano su obligación de respetar los derechos humanos y le recordamos que en situaciones de emergencia en los que se restringe de manera constitucional determinados derechos, la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica.

Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre estas violaciones a los derechos humanos.

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Firmado por:

Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Féminas Perú

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS)

Más Igualdad Perú

Bloque Universitario Feminista

Movimiento de Lesbianas y Bisexuales de Arequipa- LESBIA

En Movimiento

Kachkaniraqmi Colectiva Lesbotransfeminista del Cusco

OutFestPerú

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)

Sociedad Trans FTM Perú

Proyecto Somos Menstruantes

Reforma Trans PUCP

Se Acabo el Silencio- Facultad de Arte y Diseño (SAES PUCP)

Ser Transparentes

Visibilidad Transmasculina

Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Ashanti Perú

Casa Trans Zuleymi

María Ysabel Cedano García, activista lesbiana feminista socialista

Jaqueline Barrios, activista independiente LGBTI

Santiago Balvín, activista independiente por los derechos trans

Marie Payano Ramos, activista independiente LGBTI

Gahela Cari Contreras, mujer trans, activista por los derechos LGBT

Ana María Vidal, abogada litigante defensora de derechos humanos de personas trans

Mariel Távara Arizmendi, activista feminista

Micaela Távara, Artivista y docente feminista, Trenzar

Denisse Chavez, activista feminista

[1] https://twitter.com/CariGahela/status/1242542293933940736

[2] ttps://twitter.com/CariGahela/status/1244395266070855680

[3] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados en Latinoamérica para que tomen medidas más inclusivas a favor de las personas trans

Washington D.C., March 31st 2020. Today we commemorate the International Transgender Visibility Day, a day to celebrate transgender lives and raise awareness about the discrimination this population faces. On this day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality), wants to give visibility to the issues transgender people face throughout Latin America.

All over the world, racism and other forms of discrimination marginalize and ostracize the trans population. This makes access to health services, education, work, and housing extremely difficult.  Unfortunately, States limited disaggregated data on the situation of trans people rendering them invisible from groups targeted for public policies designated to support vulnerable situations, especially in Latin America. Combined, these factors place them in vulnerable situations where they are more susceptible to different illnesses, addictions, and violence.

Violence against the trans community in Latin America

The trans community continues to face severe incidents of violence. For example, Brazil remains the leading country in trans homicides around the world with 127 registered cases[1], closely followed by Colombia who ranks third, with 21 recorded crimes against this population[2].  According to data collected by the National Association of Travestis and Transsexuals (ANTRA) in Brazil, there was a 90% increase in the first bimester of this year (38) compared to the same period last year (20).[3] According to these statistics, in some countries, to identify as trans is to sign a death sentence.

In Perú, the trans community continues to face large amounts of violence and discrimination. During the 2020 congressional elections, Gahela Cari, the first transgender candidate to run for Congress in Peru, tried to cast her vote when a member of the National Jury of Elections (JNE) refused to recognize her gender identity. Similarly, members of the polling station in Lambayeque harassed Fiorella Mimbela, an LGBTI+ activist, when her legal name and image were spread around social media networks.[4] These are not isolated acts but part of a wider pattern of rejection and violence the Peruvian trans community faces.

In the Dominican Republic, LGBTI organizations have recorded around 48 transgender homicides since 2006. Out of these 48 only 5 have verdicts, demonstrating the trans community not only faces high levels of violence but also faces barriers in access to justice. A more recent case shows that strangers are not always the perpetrators of these heinous acts. Willianny, a trans woman, had both her hair and breasts cut off by her own family members before her funeral, a repudiation of her identity. One LGBT activist, Yimbert Feliz Telemin, commented that “in the Dominican Republic being trans is worse than being a street dog.”[5]

Continual work must be done in order to combat the discrimination and violence against the trans population. Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to sign and ratify the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance[6] and, for States that have not done so, legally recognize the gender identity of trans and non-binary people in accordance with the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 24-17[7]. Additionally, we remind States that many members of the trans community are sex workers and depend on their profession to survive. We call on States to safeguard their rights and guarantee they will not be the object of cruel, inhumane or degrading treatment.

Gender Identity

Much of the discrimination against the trans population is also created from the lack of recognition of their identity.  As ANTRA describes it, it is not only the denial of their name, but their identity, “an appropriation by a society that frequently prefers to expose rather than welcome.”[8] Oftentimes, countries such as the Dominican Republic do not allow trans people to legally change their name while other countries place hurdles such as high costs, long bureaucratic processes, or as in Peru, require the process to be through the courts. Having the correct documentation is just the first step of many to demarginalize trans people from different public spaces. 

In countries where name recognition is legal, there continue to be issues with the lack of information regarding the process, both in relation to the necessary procedures and what to do in cases of discrimination. In rural areas all these issues are exacerbated. Bruna Benavides from ANTRA in Brazil notes that there is little investment in training or capacity building programs for trans leaders, so that they can provide the necessary assistance for people to complete the rectification of their documents.

Trans people during the pandemic

In collaboration with our partners we also ask for the inclusion of trans people in all public policies created due to COVID-19, not only at the local and state level, but also at a federal level, especially those developed to aid low-income, self-employed, and unemployed people. During this time, the stigma and discrimination against the trans population has become more visible. We call on States to guarantee their access to health and put in place protocols that will ensure they are treated humanely and not discriminated against because of their gender identity.

[1] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[2] https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-tercer-pais-en-america-con-mayor-riesgo-para-personas-trans

[3]Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019”. 2020.

[4] https://larepublica.pe/genero/2020/01/27/elecciones-2020-gahela-cari-y-fiorella-mimbela-denunciaron-discriminacion-y-transfobia-en-lima-y-lambayeque-transgenero-atmp/?fbclid=IwAR19ssnwXobbu2OkKcjMSZGvPqvRDKc2nkP0N93Hky31Wcz-Smb6nBYdB8s

[5] https://plumasatomicas.com/lgbt/familia-mutilo-senos-cabello-mujer-trans/

[6] To date only Uruguay and Mexico have signed and ratified this Convention. Avaiable at: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

[7] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

[8] Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (ANTRA); Instituto Brasileiro Trans de educação (IBTE). “Dossiê Assassinatos e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2019” 2020.

En el Día Internacional de la Mujer, Raza e Igualdad honra el trabajo de las defensoras de derechos humanos

To mark March 8, International Women’s Day, the International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) wishes to highlight the fundamental role played by women human rights defenders in Latin America and the Caribbean. In a region where rates of sexual and gender-based violence against women are extremely high and multiple forms of discrimination are entrenched, women human rights defenders are key in the fight for the defense of women’s human rights. Likewise, they are at the vanguard of promoting and protecting the rights of others.

Although the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),[1] women in the region continue to suffer inequalities that negatively impact their full enjoyment of human rights. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), more than 3,800 women in 33 countries in the region were murdered because of their gender in 2019.[2] This violence stems from structural inequalities which profoundly affect all women, but especially women members of historically marginalized groups like Afro-descendants and the LGBTI community. For example, according to the Network of Afro-Latin American, Afro-Caribbean, and Diaspora Women, Afro-descendant women are victims of multiple forms of violence, which is often racialized. Likewise, the current discourse on gender ideology in the region, driven by in large part by conservative religious groups, has led to more discrimination against lesbian, bi-sexual, and trans women, as well as more hate crimes and murders. Finally, poverty in Latin America and the Caribbean, as in other regions in the world, has a feminine face, as women are less likely to have access to higher education and work outside of the home than their male counterparts. When women do work outside of the home, they are paid, on average, 17% less than men.[3] All of these factors make the work of women human rights defenders of utmost importance. But, they are also facing some grave challenges.

In Colombia, where the post-Peace Accord reality for human rights defenders is startlingly alarming due to the high rate of murders of defenders and impunity for those murders, women human rights defenders are among the most vulnerable. As the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights recently documented, the number of women human rights defenders killed in Colombia in 2019 increased by 50% over the 2018 number.[4] Afro-descendant and rural women defenders are at generally greater risk, just as they suffer greater vulnerabilities in terms of overall enjoyment of their human rights.

In Cuba, independent women activists are facing an increase in repression and de facto house arrests, as well as reprisals and threats against themselves and their family members. Travel restrictions arbitrarily imposed by the Cuban government routinely prevent independent activists from participating in advocacy activities outside of the island and the application of these against women continues to grow. Furthermore, Cuban women are clamoring for an Integral Law against Gender Violence – a proposal which has been rejected by the National Assembly – and they continue to face difficulties in accessing decent, well-paying jobs.

In Nicaragua, the crisis that began in April 2018 has had a profound impact on women. Women human rights defenders, such as the Mothers of April, have played an important role in the opposition movement, as many have lost their children to the violence of the crisis. There has also been an overall increase in violence against women and femicides, as a result of the crisis. Furthermore, women in Nicaragua also face disproportionate economic consequences due to the crisis, as many have been left as heads of households, with male family members killed, imprisoned, or fired from their jobs because of their political ties.

In Brazil, the situation of violence against women is extremely concerning, especially against Afro-descendant and trans women. Our partners have documented that in the first two months of the year 38 trans women have been killed in the country.[5] This high level of violence makes the work of women human rights defenders – especially those working on behalf of diverse communities of women – all the more difficult and important.

Race and Equality calls on all Latin American and Caribbean States to honor the human rights commitments they have made under CEDAW and other applicable international human rights treaties, to respect and protect the rights of women. We likewise reiterate our support for women human rights defenders, especially those of our partner organizations and in the countries where we work, who so courageously and tirelessly fight to promote and defend the rights of women and others in the region on a daily basis. We thank you and assure you that you are not alone in your work towards a safer, more just, and equitable society for all.

[1] OHCHR. Status of Ratification Interactive Dashboard: CEDAW, https://indicators.ohchr.org/ (last accessed Mar. 4, 2020).

[2] ECLAC. Measuring femicide: challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean, Nov. 2019, available at: https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.

[3] UN News. More women in Latin America are working, but gender gap persists, new UN figures show, Oct. 28, 2019, available at: https://news.un.org/en/story/2019/10/1050121.

[4] UN News. Colombia: ‘Staggering number’ of human rights defenders killed in 2019, Jan. 14, 2020, available at: https://news.un.org/en/story/2020/01/1055272.

[5] See www.antrabrasil.org.

¡No más impunidad! Día Internacional de la Memoria Trans

On Trans Remembrance Day, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) stands in solidarity with the struggles of trans women against the various forms of violence they have been victims of, particularly the violence that has obstructed their lives. The fight against the murder of trans people must be the fundamental basis of any discussion on the implementation of policies or recognition of gender identity. This is the most basic task of all States.

Brazil remains the country with the highest number of trans people murdered in the world. The dossier on murders and violence against transvestites and transsexuals in Brazil of 2018, prepared by the National Association of Transvestites and Transsexuals (ANTRA), noted that, in 2018 alone, 163 murders of transgender people occurred, 82% of them black. The largest number of trans people were killed in the state of Rio de Janeiro, with a total of 16 murders. According to current ANTRA data, as of November 11, at least 106 transgender people have been killed in Brazil this year(2019).

Murders of trans people also occur in all other Latin American and Caribbean countries.  The effort of some civil society organizations to better document this violence has resulted in various regional observatories that monitor violence throughout the region such as: Sin Violencia LGBT, la Red Lactrans, and the ILGALAC, among others. However, these valuable efforts do not replace the duty of States to adequately register and investigate these acts. The UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation or gender identity and gender expression stated in his 2019 report on data collection and management:

“The breakdown of data that allows comparisons to be made between population groups is part of States’ obligations in the field of human rights, and has become an element of the human rights-based approach to data use.”

Accordingly, we highlight the relevance of not only adequately characterizing violence against the trans population, but also having a better characterization that accounts for their socio-economic situation, educational contexts, and racial characteristics, as it appears that in countries like Brazil, the magnitude of gender identity violence, especially violence against trans people, has had a particular impact on people of African descent.

This task, apart from being carried out through adequate investigation and prosecution work from a criminal perspective, must be accompanied by preventive actions in the different areas of rights protection.  Some actions to adopt include the construction of policies that respond to the origin of multicausal violence, the prevention of domestic violence due to gender identity, transphobic bullying in educational settings, adequate health care with a differential approach, as well as actions of transformation and openness in work spaces.

From Race and Equality, and in alliance with the civil society organizations with whom we work in the Latin American region, we will continue to demand that integral political States denaturalize violence against trans people, and the oversight of names and lives that also deserve to be lived with full respect for their dignity and full guarantee of their rights.

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“La situación de violencia contra personas Afro-LGBTI es invisibilizada y sistemática en América Latina” alertan activistas ante la CIDH

Quito, Ecuador. November 12, 2019. In the thematic hearing held during the 174 period of Hearings of the Inter-American Commission on Human Rights in Quito, Ecuador, LGBTI activists and Afro-descendants from Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru presented on the situation of violence, lack of protection, and lack of knowledge of their prevailing rights in each of these States.

Throughout the space, the activists highlighted how Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities are at greater risk of suffering from violations of their rights, especially by the States’ general lack of knowledge on the differentiated effects suffered by people living this reality.

Likewise, the activists presented a summary of different cases of murder and violence against transgender people and Afro-descendants, especially those committed with a high degree of cruelty and hatred; in addition to remaining completely unpunished. 

Bruna Benavides, ANTRA activist

“In January of this year, in Brazil, a trans woman had her heart torn out and then replaced by the image of a saint. Her murderer was acquitted of the charge, even though he narrated in great detail how he had killed her and kept her heart at home with a smile on his face,” said Afro-Brazilian activist Bruna Benavides, a member of the National Association of Transvestites and Transsexuals, or ANTRA in Brazil.

According to information given by Benavides, this year alone, 110 trans people were killed in Brazil, 85% of them black. Likewise, the activist reported that 90% of the population of transvestites and trans women in this country are engaged in prostitution due to the lack of job opportunities.

Furthermore, she pointed out that this group of people are recurring victims of different State institutions due to the inaccessibility of appropriate healthcare services and of fair employment opportunities and recognition, as well as having a lack of respect for their identities. In this regard, Benavides added ,“… today we are afraid to walk the streets again, and as a defender of human rights, I do not feel safe despite the progress we have made because our leaders have common policies of racist hatred , male chauvinism…”

In this order, the leader Justo Arevalo representative of the Colombian organizations Arco Iris de Tumaco, the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), and Somos Identidad, highlighted that contexts of rejection, violence, and discrimination within these communities towards people who assume a non-normative sexual orientation or gender identity create other types of cyclical and systemic violence that threaten the integrity of AfroLGBTI people. An example of this is in Colombia, where there is forced displacement towards cities that sharpen the circles of violence in which these people live.

Justo Arevalo, Colombian activist

“In March of 2019, a report on the realities experienced by Afro-LGBTI people was filed in Bogotá before the Jurisdiction for Peace, whose main findings show that documented violence and impact are blocked by very racial and class-particular relations, typical of the sociocultural, economic, and political environment in which they occur, prejudice as a factor of violence, and the responsibility of illegal armed actors in the face of serious violations of rights against Afro LGBT people, “Arevalo added in his speech.

Belén Zapata, an Afro-descendant trans activist from Peru, alerted the audience of the impact that police abuse has on the lives of Afro-descendant and transvestite people, highlighting that it sets a pattern of deep violence against their right to personal integrity in countries like Brazil, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, and Peru.

Likewise, the activist referred to the access of healthcare services by trans-descendant Afro-descendant women in the region, which is characterized in its generality for not being efficient or worthy of use by this population.

In this regard, the activist added: “There are still cases in which medical personnel offer inadequate and/or improper care to Afro-descendant transgender women. This pattern is particularly serious in cases of care for Afro-descendant transgender women who perform sex work and are taken in for injuries as a result of physical aggressions. But also, in cases where the request for other services is related to reproductive health or HIV / AIDS. “

Violation of the rights of Afro-LGBTI people is systematic

“As long as we avoid highlighting the intersection between race and sexual diversity, we will continue to perpetuate a system that makes the Afro-descendant LGBTI community invisible; we will continue to have legal structures, public policies, and government institutions that do not protect or guarantee the human rights of the Afro LGBTI population,” added Katherine Ventura, representative of the American University Legal Clinic. She also pointed out that there are patterns of violence that are particular to the Afro-LGBTI population, naming three: 1) Absence of rights’ guarantees focused on the Afro-LGBTI community; 2) Lack of implementation of existing laws and 3) Inadequate data collection, particularly in criminal investigation processes against Afro-LGBTI people.

On this matter, the Commissioners of the IACHR indicated the responsibility of the States to collect data, generate policies, and promote processes that guarantee the reparation, respect, and recognition of the rights of Afro-LGBTI people. In this regard, Commissioner Margarette May Macaulay urged States to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination as an alternative that seeks to address the issues of Afro-descendants with sexual orientations and non-normative gender identities.

To finalize the hearing, the organizations requested that the IACHR to urge the States of Brazil, Colombia, the Dominican Republic, and Peru to:

1. Urgently investigate cases of homicide and police abuse that involve Afro-LGBTI persons and, consequently, register and characterize them properly.

2. Implement the recommendations of the Afro-LGBTI population that this Commission has made since 2015, particularly those focused on the development of public policies that explicitly include the Afro-LGBTI population.

3. As part of the fulfillment of the objectives proposed in the Decade of Afro-descendants 2015-2024, the Afro-LGBTI population should be included as a beneficiary of justice and development-oriented measures in the region, and it should be requested that all states comply with the recommendations of the Inter-American Commission regarding the importance of providing differentiated data on sexual orientation and gender identity.

4. Suggest the ratification of the Inter-American Convention against Racism, Racial Discrimination and Related Intolerances and the Inter-American Convention against All Forms of Discrimination and Intolerance to all States.

5. That the Inter-American Commission publish the report of the on-site visit to Brazil in 2018 and the rapporteur on the rights of Afro-descendants and racial discrimination visit Brazil to better know the situation of the Afro-LGBTI population, with effective participation of civil society organizations.

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