Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

A cinco años del inicio de las protestas, la crisis de derechos humanos sigue profundizándose, afirman víctimas de la represión y órganos de protección internacional de Derechos Humanos

Washington, D.C., 18 de abril de 2023.- Con la presencia de víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y miembros de órganos de protección internacional de Derechos Humanos el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo en Washington, D.C., Estados Unidos, el conversatorio, “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad”, sobre la situación de destierro, ataques a la prensa y sobre los desafíos y perspectivas del Sistema Internacional  de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua.

El evento se realizó en el contexto del quinto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua.

Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad dio las palabras de bienvenida en el evento y recordó que desde 218 han sido víctimas letales 355 personas, más de 2000 heridos y más de 1, 614 personas arbitrariamente privadas de libertad.

Fetterhoff, destacó que la criminalización de voces disidentes, la manipulación del derecho penal, y la impunidad frente a violaciones de Derechos Humanos a cinco años de la crisis lejos de resolverse, continúan profundizándose y sigue cobrando víctimas.

Una prensa que no calla

En el primer panel sobre la “Persistencia de los ataques hacia la libertad de prensa desde la perspectiva de las víctimas y de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, participaron los periodistas, Wilfredo Miranda, Lucía Pineda Ubau, Eduardo Enríquez y el Relator Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pedro Vaca Villarreal. El panel fue moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos – Raza e Igualdad.

En su participación el Relator Especial para la Libertad de Expresión Pedro Vaca Villarreal, aplaudió la valentía del periodismo nicaragüense y dijo que el Estado de Nicaragua ha renunciado deliberadamente a cumplir el compromiso que asumió voluntariamente con la comunidad internacional y con su población, especialmente en materia de libertad de expresión. Advirtió que la sociedad nicaragüense está siendo bombardeada con propaganda oficial, que solo es contrarrestada con esfuerzos del periodismo valiente e hizo un llamado a aumentar los apoyos y respaldos que la prensa nicaragüense necesita.

El Relator expresó que entre 2018 y 2022 la CIDH otorgó 22 resoluciones de medidas cautelares a 69 personas vinculadas al periodismo nicaragüense y en algunos casos las medidas de protección han sido extendidas a familiares.

Por su parte Lucía Pineda Ubau, encarcelada en 2018 por seis meses por ejercer su derecho de informar y recientemente despojada de su nacionalidad  y declarada prófuga de la justicia indicó  que 100% Noticias pese a que fue arrasado en 2018, confiscadas sus instalaciones y el personal forzado al exilio, no ha dejado de informar.

“Pido nuevamente a organismos como Raza e igualdad y a los órganos de protección internacional de los derechos humanos como la Comisión, la Corte, el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos para Nicaragua, y a los países amigos del pueblo de Nicaragua, que continúen presionando para que en Nicaragua se termine la dictadura de terror impuesta por la familia Ortega Murillo y todos sus cómplices”, manifestó Pineda.

El periodista Wilfredo Miranda, co-fundador de Divergentes, y quien también fue despojado de la nacionalidad el pasado 15 de febrero, manifestó que los embates de la dictadura no los han callado. “Aunque eso pareciera poco, realmente no lo es. Resulta demasiado cuando se hace periodismo bajo un régimen totalitario, señalado de cometer crímenes de lesa humanidad desde 2018”.

Miranda recordó que han sido los reporteros en las calles los que comenzaron a documentar los crímenes de lesa humanidad que hoy el Grupo de Expertos de Naciones Unidas endilga a la pareja presidencial. En su caso, logró documentar en un reportaje las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y paramilitares. “A cinco años del inicio de las protestas de abril, podemos decir que entre las trincheras democráticas que los Ortega-Murillo han querido destruir, el periodismo ha resistido. Cojeamos, pero no claudicamos”, dijo Miranda.

Para Eduardo Enriquez, jefe de Redacción del Diario La Prensa, la dictadura se ha propuesto acabar con el periodismo, “el régimen está empeñado en borrarlo, prueba de ello son los periodistas detenidos y los 185 en el exilio”.

Enríquez agregó que en los 97 años del Diario La Prensa esta es la peor etapa que el medio ha pasado y relató cómo pasaron del embargo del papel y la tinta hasta el “robo” de las instalaciones del medio y la encarcelación de Juan Lorenzo Holmann, Gerente del medio y de otros trabajadores.

Enríquez agregó que si Ortega y Murillo no han logrado callar el periodismo es por la tenacidad de los periodistas, la rebeldía de la ciudadanía que desde cualquier rincón sigue denunciando y el apoyo de organizaciones no gubernamentales.  

Llaman a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes

El segundo panel fue una conversación sobre “Destierro y pérdida de la nacionalidad: el nuevo intento del régimen para acabar con la disidencia nicaragüense”, moderado por Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en el cual participaron Juan Sebastián Chamorro, activista político; Violeta Granera, defensora de Derechos Humanos; Karla Escobar del Movimiento campesino y Cinthia Samantha Padilla Jirón, líder estudiantil, todos ellos desterrados por el régimen Ortega Murillo el pasado 9 de febrero.

Carlos Quesada destacó que la excarcelación de las 222 personas privadas de libertad fue producto del trabajo de mucha gente del Departamento de Estado, muchos de ellos voluntarios. Recuerda que cuando vio a las personas excarceladas y desterradas bajar del avión, tuvo la sensación de que estaba viendo a la sociedad nicaragüense en su conjunto. “Lo cual me afectó porque significa que el régimen se ha ido con todo, contra toda la sociedad” 

Quesada recordó que a las 36 personas privadas de libertad por motivos políticos que permanecían en las cárceles hasta marzo hay que sumarle 18 que permanecen encarceladas arbitrariamente  tras haber sido detenidas durante la Semana Santa.

Los panelistas recordaron que los reiterados y valiosos intentos de la comunidad internacional y de los órganos de protección de los derechos humanos por encontrar una salida pacífica a la crisis, no han tenido colaboración de parte del régimen. Por lo cual hicieron un llamado a sumar esfuerzos y seguir insistiendo para que las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos, las de la Comisión Interamericana y las resoluciones de la Corte Interamericana sean cumplidas y para que se realicen acciones de mayor contundencia, ya que hasta hora está probado que la presión rinde frutos.

En la conversación Karla Escobar, quien ha sido dos veces encarcelada arbitrariamente, solicitó a la comunidad internacional que continúe apoyando al pueblo de Nicaragua, con sanciones al régimen y demás funcionarios. También lamentó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), siga dando oxígeno al régimen con financiamiento para continuar con la represión dentro del país.

A Violeta Granera, aún le es difícil hablar sobre las condiciones en que estuvo encarcelada arbitrariamente. “Las torturas fueron diseñadas para afectar nuestra mente y nuestro corazón. Fue muy duro. Sobre todo por el aislamiento con nuestras familias”, sostuvo

Juan Sebastián Chamorro, también agradeció a Raza e Igualdad, por todo el apoyo recibido. “Race and Equality está haciendo un tremendo trabajo de documentación, monitoreo y abogacía en defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Chamorro.

Chamorro agregó que el régimen ha atentado contra la dignidad y derechos de todos las personas nicaragüenses, incluyendo a sus propios simpatizantes. “Es prácticamente imposible encontrar un derecho humano que el régimen no haya violentado”, enfatizó.

Samantha Padilla Jirón hizo énfasis en que la nueva táctica de represión del régimen como son el destierro, la confiscación y la desnacionalización son violatorias de la Constitución Política de Nicaragua, que ha sido reformada tantas veces y a la medida de los intereses del tirano. 

El tercer panel “Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua”, fue moderado por Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad. En dicho panel participó Fiorella Melzi, Coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) quien manifestó que la CIDH continúa con sus actividades de monitoreo y documentación sin parar sobre la situación de Nicaragua.

Melzi agregó que preocupa en sobremanera la situación de las familias que están en Nicaragua viviendo en la zozobra, por la discreción que tienen la autoridades del país para decidir quienes pueden viajar y quién no. Además preocupa la intensificación de violencia que viven las comunidades indígenas de la Costa Caribe.

Melzi explicó que a partir del trabajo del MESENI, la Comisión ha reportado la situación del país en 202 comunicados de prensa, nueve informes rendidos ante el Consejo Permanente de la OEA, han capacitado a más de 900 personas y miembros de sociedad civil, han brindado seguimiento al cumplimientos de 139 medidas cautelares otorgadas y desde el 2018 han realizado un informe de país cada año.

Por su parte Viviana de la Peña, Coordinadora del Secretariado. Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), dijo que la renovación del mandato por dos años refleja la gravedad de la crisis.

Peña hizo un llamado a las víctimas, para seguir documentando, ya que el trabajo del Grupo de Expertos no se puede hacer sin las víctimas y organismos como Raza e Igualdad que han facilitado el acceso a las víctimas y a las personas que pueden dar información.

Carlos Quesada, director de Raza  e igualdad explicó cuál ha sido la labor del Instituto desde 2018 e indicó que en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, han solicitado medidas cautelares en favor de representantes del sector privado, periodistas y directores de medios independientes como Confidencial, 100 % Noticias, Radio Darío, La Costeñisima, así como de defensores de Derechos Humanos y personas privadas de libertad por motivos políticos, cuyas vidas estaban en grave riesgo antes de la controversial Ley de Amnistía, así como de las personas privadas de libertad en los años siguientes.

Agregó que como parte del trabajo realizado en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos han motivado para que el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias se pronuncie sobre 38 detenciones arbitrarias en seis solicitudes presentadas y han motivado para que los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas se pronuncien respecto a las cancelaciones de personería jurídica de las organizaciones de sociedad civil , las prohibiciones de regreso  al país  de muchas personas y los ataques a la  prensa independiente. 

Por último Quesada dijo que Raza e Igualdad va a continuar luchando por la promoción y protección de derechos humanos en Nicaragua, y va a continuar trabajando no solo en el Sistema interamericano, sino también en el Sistema Universal.

Cierre de espacios cívicos es una amenaza para la democracia en las Américas, concordaron defensores en el marco de la 52 Asamblea General OEA

Washington D.C., 17 de Octubre de 2022.- “La sumatoria de muchos actos represivos termina derivando en un cierre del espacio cívico, en perder la confianza en el ejercicio de libertades”, expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, en el evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, celebrado en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Pedro Vaca y personas defensoras de derechos humanos de Brasil, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, convocadas por el Consorcio Latioamericano de Derechos Humanos -iniciativa conformada por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y liderada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos-, denunciaron el alarmante cierre de los espacios cívicos en sus países, los patrones represivos comunes y sus ideas para contrarrestarlos.

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +, expuso la dramática situación que vive la sociedad civil nicaragüense que, desde el año 2018 -cuando inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos- vive “el mayor ataque a la libertad de asociación” en su historia. Según los registros de su organización, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo uso de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, ha despojado de sus personalidades jurídicas a más 2250 organizaciones hasta el año 2022. “Ha habido días en los que han ilegalizado 200″, lamentó.

La Coordinadora General de CRIOLA (Brasil), Lúcia Xavier, denunció que el Estado brasileño ha actuado con violencia para controlar manifestaciones públicas en el marco de las elecciones presidenciales. «En Brasil, en estas elecciones, 42 manifestaciones contra el gobierno fueron rechazadas. Defensores de los derechos humanos están siendo amenazados».

Arturo Jordán Rodas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, recordó que el cierre de los espacios cívicos es un “problema regional que se está expandiendo” con patrones comunes como: la corrupción, la persecución a la prensa independiente, la parcialidad de los operadores de justicia, entre otros. 

Además, para Rodas, es de extrema preocupación cómo se reprime con “trato diferencial” a las y los estudiantes y sociedad civil guatemalteca. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos pone (a Guatemala) a la par de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde se están vulnerando permanentemente los derechos humanos”, lamentó.

Por su parte, Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes destacó que el régimen venezolano utiliza mecanismos como la televisión pública para emitir comentarios en contra de las organizaciones de la sociedad civil. “Se les trata de mecanismos para que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela… servidores del imperio”.

Fundaredes, por más de 15 años, ha documentado ampliamente la presencia de grupos armados en Venezuela, así como casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto les ha traído como consecuencia al menos 11 ataques de hostigamiento contra la organización“que se materializaron el 2 de julio de 2021, cuando detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Director de Fundaredes”. 

Pedro Vaca: Ante el cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que el 2022 «apunta a ser el año más letal para la prensa en el continente, desde que existe la Relatoría (Especial para la Libertad de Expresión – RELE), hace 24 años», así como «el año en el que hay más personas privadas de libertad por ejercer la libertad de expresión»

Pese al desolador panorama para la prensa independiente, el Relator reconoció la resiliencia de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. “Actualmente, en varios países de la región hay más incentivos para dejar de ser y hacer sociedad civil, que para persistir y hacer, pero hay una constancia, hay un compromiso. Yo creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora porque no solo es un periodismo que está aportando, es un periodismo a contracorriente… y a pesar de todos estos obstáculos hay periodismo, hay solidaridad entre periodistas”

En su ponencia, Vaca también insistió en que hay que llamar a las “voces oficiales” a que “entiendan que son una voz importante pero no son la única voz. Pierden todas las democracias si la voz oficial se plantea como la única voz”. 

“Somos sociedades diversas, la democracia es diversa, las narraciones unilaterales le hacen daño a nuestra vida en comunidad y es muy importante que, ante este cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo”, finalizó.

Raza e Igualdad reitera su compromiso con la sociedad civil

Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, denunció que algunos gobiernos de la región “independientemente de su orientación y lógica” emprenden acciones para restringir la libertad de asociación. “El cierre de espacios cívicos en la región se ha profundizado y es una amenaza seria para la democracia… Continuaremos fortaleciendo el rol de la sociedad civil en la región», recalcó.

“Fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y sus espacios de participación es un tema de particular relevancia para el hemisferio en su conjunto”, agregó David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Es necesario compartir y discutir las estrategias utilizadas por los gobiernos, pero también “las estrategias que las organizaciones de la región están implementando para hacer frente a este desafío compartido”. 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo el preocupante deterioro del tejido y los valores democráticos, reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas. 

El fortalecimiento de una democracia sana requiere de una sociedad civil activa que ejerza libremente su rol de vigilar las acciones de gobiernos y funcionarios públicos, presentar propuestas, defender y promover derechos, dirigir reclamos, entre otros. Por ello, urgimos a la comunidad internacional actuar de forma coordinada para combatir los desafíos que enfrenta la sociedad civil y las consecuencias que esto puede generar para la estabilidad y la paz social de las Américas.

Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos abordará el alarmante cierre de espacios cívicos, en el marco de la Asamblea General de la OEA

Washington D.C., 5 de octubre de 2022.- Durante los últimos años, Latinoamérica ha experimentado un alarmante retroceso en cuanto a libertad de asociación, libertad de expresión y participación ciudadana. En varios países de la región se discuten iniciativas de leyes y/o se han aprobado normas que afectan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, introducen condiciones antidemocráticas para impedir la creación de nuevas ONGs, establecen límites a su accionar o restringen su acceso a financiamiento, y en los casos más extremos, permiten a los gobiernos criminalizar el trabajo que realizan las organizaciones y líderes que trabajan en las distintas agendas de promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

El jueves 6 de octubre, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -iniciativa compuesta por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y liderada por el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el panel “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, con el fin dar a conocer a actores de la comunidad internacional los múltiples desafíos que enfrenta la sociedad civil de la región en materia de cierre de espacio cívicos, e intercambiar buenas prácticas que colaboren a fortalecer la participación ciudadana.  

En el evento, Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +; Lucía Javier, Coordinadora General de CRIOLA, Brasil; Arturo Jordán Rojas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de la República de Guatemala; Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes, Venezuela; y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compartirán sus ideas y experiencias para contrarrestar la pérdida de espacios cívicos en las Américas. 

 

Inscripción 

El evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 6 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:30 pm hora local. 

Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español, inglés y portugués para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea. 

Para atender de forma presencial o virtual puede realizar su registro en el vínculo a continuación:

Inscripción

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Sobre el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos es una alianza de tres prestigiosas organizaciones: Freedom House, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality), y Pan American Development Foundation (PADF); con el objetivo de fortalecer las capacidades de organizaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe. 

Desde 2020, colaboran y coordinan acciones destinadas a documentar violaciones a los derechos humanos, proveer de asistencia legal y psicosocial a víctimas, generar oportunidades de incidencia para organizaciones de la sociedad civil y capacitar en distintas áreas a organizaciones y actores que trabajan en la promoción de distintas agendas de Derechos Humanos de la región. A través de un trabajo coordinado, convergen para que sus contrapartes amplifiquen sus oportunidades de incidencia y el alcance de sus acciones.  

Brian Nichols en “¿Presos Por Qué?”: Detención y juicios por motivos políticos a manifestantes son una afrenta para la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

Washington DC, 15 de junio de 2022.- Las detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba, Nicaragua y Venezuela son una afrenta para la democracia y los juicios buscan silenciar la libertad de expresión, resaltó el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, durante el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, organizado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Este evento se realizó en el marco de la IX Cumbre de las Américas con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países. Aparte de Nichols, en este espacio participó el  Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, así como familiares de personas presas políticas y activistas.

“Estados Unidos, junto con sus socios y aliados en todo el mundo, sigue presionando para que se libere a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos y para que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y para que se den las condiciones para la celebración de elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses elegir por sí mismos a sus dirigentes”, expresó Nichols.

Stuardo Ralón: “La CIDH quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación”

Por su parte, el Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón, aseguró que las cárceles en las que se encuentran las personas presas políticas “se caracterizan por altos niveles de hacinamiento, alojamiento en celdas con deficiencias estructurales y condiciones insalubres; empleo de medidas de aislamiento, falta de acceso a agua potable; alimentación adecuada y medicamentos; empleo de prácticas de tortura y otros malos tratos”.

Ralón dijo que la situación en los tres países es grave y particularmente en Cuba se volvió mucho más complicada a raíz de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, que el régimen reprimió con violencia; tal cual ocurrió en las manifestaciones pacíficas de Nicaragua en 2018 y Venezuela en 2014.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiere reiterar el compromiso de condenar esta situación y exigir la liberación de todos los presos políticos. El compromiso de la Comisión es de visibilizar todas estas situaciones con todos los instrumentos a su alcance, sean estos comunicados de prensa, medidas cautelares para poner fin a este régimen de represión”. 

Anamely Ramos: “En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes”

En Cuba hay más de 1400 personas presas políticas a raíz de las manifestaciones del 11 y 12 de julio y las condiciones en que se encuentran son inhumanas completamente, según datos de las organizaciones Cubalex y Justicia11J.

Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos expresó que la situación es difícil para todas las personas presas políticas, pero especialmente para las mujeres. “Las mujeres que están presas, además que la mitad son madres que están separadas de sus hijos, son sometidas a actos degradantes y todo tipo de humillaciones”, expresó, y solicitó que se de acceso a las prisiones para constatar la condición de salud de las personas presas políticas, más apoyo a la sociedad civil, mayor visibilización al encarcelamiento de menores de edad y denunciar la complicidad de los sistemas de justicia de los tres países en favor de sus regímenes. 

«En Cuba, los presos políticos no solo son víctimas, también son héroes. No comenzaron a ser presos cuando fueron detenidos, sino desde que nacieron», resaltó Ramos.

Victoria Cárdenas de Nicaragua: “Unámonos al grito de Libertad”

Un 8 de junio, pero de 2021, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro fue detenido por la Policía del régimen de Daniel Ortega y su esposa, la empresaria Victoria Cárdenas, tuvo que exiliarse para no ser apresada también. En prisión, Chamorro ha perdido más de 50 libras de peso y se encuentra irreconocible, según las personas que han logrado visitarlo sólo siete veces en el último año.

Hasta inicios del mes de junio en Nicaragua habían 184 personas presas políticas y de ellas, 180 ya habían recibido una condena en juicios carentes del debido proceso y en los cuales se utilizaron a policías como testigos. 

“Invito a todos a alzar nuestras voces por todas esas voces que regímenes autoritarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua quisieron callar. Unámonos al grito de libertad.  Hago un llamado a la comunidad internacional, a los jefes de Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, al empresariado del continente y del mundo y a las personas de buena voluntad, a hacer todo lo necesario para conseguir que se cumpla con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado y se les libere inmediatamente”, agregó Cárdenas. 

Sobre la situación de Nicaragua, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, recalcó que desde el inicio de las protestas de abril de 2018, al menos 1,614 nicaragüenses fueron detenidos arbitrariamente hasta mayo de 2020. “En la mayoría de los casos lo que se ha criminalizado es el derecho a la libertad de expresión», dijo Quesada.

Para finalizar, Quesada aseguró que seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Ortega en Nicaragua en contra de las más de 180 personas presas políticas y para ello lanzarán la campaña “Nicas Libres Ya” que busca visibilizar sus historias y lograr el apoyo necesario para su pronta liberación. 

Munira Muñoz: “En Venezuela tenemos 235 personas presas políticas”

Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela, recordó que “en Venezuela tenemos 235 personas presas políticas de las cuales 15 son mujeres”. En este país han muerto por lo menos 10 personas presas políticas desde el año 2014, y muchas de ellas son confinadas junto a presos comunes. 

Muñóz mencionó el caso de la presa política Emirlendris Benítez, de 41 años, quien fue arrestada en agosto de 2018. “Se le imputaron delitos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio intencional con alevosía en contra del alto mando militar, daños a la propiedad pública y detentación de artefactos explosivos. Ella se encontraba dando un servicio de transporte con su esposo quien también se encuentra preso”. 

Benítez perdió la movilidad de sus piernas tras sufrir un aborto por el maltrato recibido al momento de su detención y en 2021 su hermana denunció que su situación de salud era bastante delicada.

Situación grave para personas defensoras de derechos humanos

El Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, relató que la situación es grave para todas las personas de los tres países, pero especialmente para los defensores y defensoras de derechos humanos y las personas activistas que, incluso cuando pretendían ir a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas, fueron impedidas por las autoridades cubanas. 

“En particular se imponen (restricciones) para impedir la participación (de activistas) en foros internacionales donde se pretende exponer violaciones a los derechos humanos por parte del régimen cubano”, agregó Quesada.

Esta situación se ha registrado en Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos Gobiernos limitan los viajes de quienes consideran oposición política para evitar las denuncias a nivel internacional sobre las violaciones a los derechos humanos. 

Pronunciamiento

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) no cesamos en demandar la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, instamos a los Estados a cumplir con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) en los centros penitenciarios. 

Es imperativo que estos países acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), órganos de los tratados y los procedimientos especiales. 

¡Libertad para las personas presas políticas!

Raza e Igualdad denuncia la situación de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington DC, 2 de junio de 2022.– En el marco de la Cumbre de las Américas, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos– que es liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países.

El evento, que tendrá una modalidad híbrida, se llevará a cabo el miércoles 8 de junio en el salón Orpheum A del Hotel Índigo, en Los Ángeles (California), a partir de las 4:00 pm hora local (5:00 pm hora Centroamérica y 7:00 pm hora Caracas y La Habana). Asimismo, será transmitido por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad. 

Entre los panelistas, se encuentra Uzra Zeya, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos;  Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón; y el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

También se contará con la participación de Victoria Cárdenas, empresaria nicaragüense y esposa del precandidato presidencial y preso político del régimen de Ortega y Murillo, Juan Sebastián Chamorro; Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos; Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela. El evento será moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos.

La situación de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela 

La cantidad de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela continúa incrementando. Estos tres países se caracterizan por tener gobiernos autoritarios que utilizan leyes para criminalizar las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, el periodismo y a la oposición política. 

Cuba

En Cuba, cuyo sistema de partido único mantiene un férreo control sobre la sociedad en todos sus ámbitos, se contabilizaban 150 personas presas políticas hasta julio de 2021, pero tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio, la cifra aumentó a más de 1400. Entre las personas detenidas hay por lo menos 50 menores de edad, de los cuales, hasta marzo de 2022,  20 habían sido enjuiciados y condenados a entre 7 y 13 años de prisión.

Nicaragua

En Nicaragua, la represión estatal y paraestatal a las manifestaciones pacíficas iniciadas en abril de 2018, resultó en 355 víctimas fatales, más de 2,000 personas heridas y 1,614 detenciones arbitrarias.

La crisis se ha extendido por más de cuatro años y, actualmente, más de 170 personas se encuentran presas por motivos políticos, sin acceso a atención médica especializada en condiciones que incumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Esta situación es especialmente crítica para las 14 mujeres presas políticas, 19 personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

Venezuela

Desde el 2014 Venezuela no ha sido la excepción a la profundización de la crisis de derechos humanos, luego que la ciudadanía saliera a protestar por la situación económica y de inseguridad en el país. Ese año, el número de personas detenidas por motivos políticos alcanzó los 3,708, mientras que en 2017 se registraron 5,511 arrestos por las mismas motivaciones. Actualmente, según la organización Foro Penal, hay 239 personas privadas de libertad por motivos políticos en este país. 

Desde el año 2014 al menos 10 personas presas políticas han perdido la vida y la organización Foro Penal ha reportado que las condiciones carcelarias en el país son precarias, y ha registrado casos de presos por motivos políticos que se encuentran recluidos junto a presos comunes. 

¿Cuándo una persona es presa política?

En el ámbito del derecho internacional, no hay una definición o caracterización de personas presas políticas. Sin embargo, la existencia de esta problemática en la región ha permitido identificar criterios para determinar cuándo una persona ha sido privada de libertad por motivos políticos, independientemente del país donde se registre.

Estos son algunos:

  • Las actividades de la persona están vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión; la oposición política, la defensa de los derechos humanos y manifestaciones pacíficas.
  • El Estado lleva a cabo acciones con el fin de consolidar o retener el poder, las cuales resultan en violaciones a los derechos humanos.
  • Existe una utilización y articulación de las estructuras e instituciones del Estado para la privación arbitraria de la libertad de la persona y su criminalización.
  • El contexto se caracteriza por Estados unipartidistas y autoritarios, donde las instituciones democráticas no existen…aunque hay registro de casos en contextos de países con cierta institucionalidad democrática reconocida.

Información del evento ¿PRESOS POR QUÉ? Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Miércoles, 8 de junio de 2022

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Cierre de espacios cívicos: Raza e Igualdad, Criola, Geledés e Iepé en lucha para la participación democrática de la sociedad civil afro e indígena

Brasil, 23 de febrero de 2022 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a través del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, se unió a las organizaciones de la sociedad civil brasileña Criola, Geledés-Instituto de la Mujer Negra y al Instituto de Investigación y Formación Indígena (Iepé), para visualizar la situación sobre la participación de la sociedad civil organizada en los espacios cívicos de Brasil.  Centrándose en las poblaciones negras e indígenas, estas organizaciones se encuentran desarrollando investigaciones que pretenden conducir a un informe para denunciar ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, los marcos normativos actuales que restringen la libertad de asociación, limitan la libertad de expresión o extinguen los canales de participación ciudadana en el país.

Ante el actual clima global de tensiones democráticas, durante los últimos años los países latinoamericanos se han enfrentado a una creciente serie de restricciones y ataques que amenazan la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones. Es decir, con el cierre de los espacios cívicos, las medidas restrictivas agravan las duras condiciones que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan diariamente desde hace décadas; incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Sumado a este duro escenario, la pandemia de COVID-19 ha afectado particularmente a la región. Mientras algunos países se encuentran entre los países con mayor número de infecciones y muertos a nivel global, la desigual distribución de vacunas, el precario acceso a los sistemas de salud, la fuerte caída del empleo y la falta de sistemas de protección social han dejado en evidencia que las debilidades institucionales y las brechas estructurales—que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables—se han multiplicado. So pretexto de mantener la seguridad, la pandemia ha sido utilizada además por los gobiernos de la región para imponer mayores restricciones al movimiento, asociación y libertad de expresión, limitando aún más los espacios de participación de la sociedad civil y ciudadana.

Para David Álvarez Veloso, Coordinador Regional de Raza e Igualdad del Consorcio de Derechos Humanos, este proyecto es de suma importancia para el desarrollo y fortalecimiento democrático de los países en los que las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel activo en la vida política y social, así como para documentar y visibilizar las crecientes restricciones y obstáculos que han reducido los espacios de participación.  «Con el apoyo del Consorcio de Derechos Humanos, y gracias al trabajo de organizaciones como Criola, Geledés e Iepé en Brasil, entre otras, tenemos información comparada y actualizada sobre los efectos que estas medidas ejercen en las diferentes poblaciones del país. De esta manera, es posible capacitar a liderazgos para fortalecer la protección de los derechos humanos y articular estrategias de incidencia a nivel nacional e internacional, destinadas a terminar con las restricciones a la participación ciudadana», explica Álvarez.

Brasil y una creciente historia de amenazas a la participación de la sociedad civil

 Fue a partir del final del período dictatorial en Brasil que la sociedad civil comenzó a lograr la voz y la participación ciudadana para construir nuevas perspectivas para un pleno Estado de Derecho.  En 1988, con la vigencia de una nueva Constitución Federal, entró en vigor una conjetura política que valoraba más transparencia de datos, de informaciones, del presupuesto público y también como una nueva ventana de oportunidades y derechos para grupos históricamente excluidos, como las poblaciones negras, indígenas y LGBTI+.  Sin embargo, desde 2014, con la aprobación de enmiendas constitucionales aún en la administración de la Presidenta Dilma Roussef—como PEC antiterrorista y las siguientes sanciones relacionadas con la seguridad del Estado hasta el golpe estatal en 2016, que llevó a su impeachment—las relaciones de la sociedad civil con el Estado se han intensificado profundamente.

En consecuencia, estas medidas restrictivas también representaron un golpe a la sociedad civil, pues ante estos nuevos paquetes de leyes, las manifestaciones públicas llegaron a ser entendidas como manifestaciones contrarias a los intereses del Estado. Sin embargo, lo que ha sido denunciado por la sociedad civil organizada es que, durante el actual Gobierno, presidido por Jair Bolsonaro, los espacios de diálogo y garantía de derechos son prácticamente nulos y están envueltos en una dinámica de persecución, violencia, vigilancia e incluso muerte de defensores de derechos humanos.  Las organizaciones denuncian que, si bien no existe un decreto militar ni un orden legal para cerrar espacios cívicos, la relación actual del Ejecutivo con la sociedad civil impide el debate de las agendas y la presentación de demandas sociales. En resumen, no hay diálogo.

Consecuencias para las poblaciones afros e indígenas en Brasil

En noviembre de 2021, Raza e Igualdad promovió el webinar «Cierre de espacios de participación: amenazas a la sociedad civil en Brasil, Honduras y Guatemala», al que asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, junto a la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, para denunciar y esbozar propuestas para el fortalecimiento regional de la sociedad civil. El evento virtual contó con la presencia de Lúcia Xavier, Coordinadora General de Criola, quien expuso la situación de persecución a defensores de derechos humanos y violaciones a la democracia, que debilitan aún más a los pueblos afros e indígenas, con la total invisibilización de sus agendas políticas.

Según Lúcia Xavier, estos ataques se reflejan desde la violencia política que las mujeres afros, cis y trans han venido sufriendo por la aprobación o desacato del Ejecutivo. Incluso se evidencian con la falta de acceso a la información pública, al punto que, en el peor momento de la pandemia, fue necesario crear un consorcio entre los sectores público y privado para que la población pudiera monitorear los casos. Además, Lucía destacó la muerte de defensores de derechos humanos tanto en las ciudades como en los campamentos, y que ni siquiera los programas de protección están siendo capaces de constituirse como una solución del problema o protección para estas personas.

«La Constitución brasileña garantiza la participación de la sociedad civil organizada en todas las políticas. Estos espacios no están cerrados, estos consejos funcionan, pero ya no existe la capacidad de admitir y dialogar con otros sectores de la sociedad.  Por lo tanto, tampoco hay monitoreo de las políticas y del presupuesto público en Brasil. Básicamente, estas leyes inmovilizan el formato de participación de la sociedad civil, recordando que cualquier manifestación puede ser considerada como terrorismo y amenaza para la seguridad nacional», enfatizó Xavier durante el evento. [1]

En este contexto de supresión de derechos y de silenciamiento de la sociedad, la demanda y búsqueda de justicia de las organizaciones de la sociedad civil se revela como un camino de diálogo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Aunque ve con escepticismo la agenda electoral 2022, Rodnei Jericho da Silva, Coordinador de SOS Racismo, de Geledés, cree que habrá mucha participación de sociedad civil en este proceso y, dependiendo del resultado de las elecciones, considera que puede lograrse un cambio hacia la reapertura de los espacios cívicos.

«La población brasileña es mayoritariamente negra, las políticas públicas o incluso las políticas sociales se debaten en espacios donde no hay participación de la sociedad. Así que el daño a la colectividad es enorme, porque al no escuchar al público objetivo, la posibilidad de error e ineficacia es mucho mayor.  Los espacios de participación mejoran el sistema democrático, fortalecen a la sociedad, por lo que podemos buscar soluciones a los problemas en conjunto», dice Jericó.

La lucha de la población indígena para no ser completamente diezmada por el actual Gobierno ha tomado más fuerza ante el desmantelamiento de instituciones públicas que deberían velar por la seguridad y los derechos indígenas, como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), además de los ataques a las comunidades y sus territorios en todo el país. En 2021, la votación del Marco Temporal [2], hasta hoy suspendido por la Corte Suprema (STF), tiene como objetivo eliminar la propiedad de las tierras indígenas garantizadas por la Constitución.  Según Luis Donisete, Coordinador Ejecutivo de Iepé, el cierre de espacios públicos para políticas indígenas y ambientales en Brasil tuvo grandes implicaciones para el ejercicio de la participación ciudadana y el control social indígena.

«El sesgo antidemocrático y anti-indígena del actual gobierno se ha transformado en una directriz para las políticas del Estado brasileño, contrariamente al activismo y a la acción de la sociedad civil organizada. El resultado fue el abandono de los programas y políticas gubernamentales que implementaban derechos consagrados en nuestra legislación en diferentes áreas: salud, educación, cultura, gestión territorial, protección de las tierras indígenas. Hoy en día ya no hay canales de diálogo entre los representantes indígenas y los diferentes organismos gubernamentales. Es un gran revés que llevará años y mucha dedicación reconstruir», dice Donisete.

En este contexto de incertidumbres, denuncias y silenciamiento de la sociedad civil en Brasil, Raza e Igualdad hace un llamado a los mecanismos internacionales de derechos humanos para evitar que la situación empeore luego de las elecciones de este año. Considerando los retrocesos y limitaciones a la participación ciudadana mencionados anteriormente, y para fortalecer el papel de la sociedad civil en la vida democrática, es importante que el Estado brasileño avance, entre otros, en:

1 – Según lo previsto constitucionalmente y en las leyes, participación política de la sociedad civil organizada en las instituciones públicas y en los espacios de toma de decisiones, con un efectivo monitoreo de las políticas públicas y el presupuesto;

2 – Asegurar la transparencia en el acceso a la información pública y la recolección de datos para la construcción de políticas públicas interseccionales, según lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información;

3 – Fortalecer el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), que ha venido siendo desmantelado especialmente por la baja asignación de presupuesto, así como por el debilitamiento de la participación popular en el Concejo Deliberante del PPDDH.  [3]

4 – Crear juntas de participación de la sociedad civil teniendo en cuenta las diferentes realidades de la población brasileña. Los consejos deben tener en cuenta las especificidades y ser un espacio de escucha y decisión para las poblaciones más vulnerables, entre ellas: afros, indígenas, quilombolas y gitanos.

 

[1] Esos consejos funcionan teóricamente pero en la práctica no tienen la capacidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil.

[2]  https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/supremo-julgamento-marco-temporal-terras-indigenas.ghtml

[3] https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Relatorio—Comeco-do-Fim.pdf

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