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Luis Manuel Otero Alcántara: Del encarcelamiento al exilio forzado

Luis Manuel Otero Alcántara: Del encarcelamiento al exilio forzado

Washington D. C., 18 de julio de 2026. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad tras cumplir injustamente una condena de cinco años de prisión por ejercer sus derechos fundamentales. Sin embargo, rechaza que esa libertad solo haya sido posible mediante su salida de Cuba como beneficiario del programa de parole humanitario. La llegada de Otero Alcántara a Miami (Estados Unidos), ocurrida este sábado 18 de julio, constituye un nuevo episodio de la práctica sistemática de exilio forzado utilizada por el régimen cubano contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Su salida de la Isla no representa un acto de libertad plena, sino la continuidad de una política represiva que busca silenciar las voces críticas mediante el destierro.

Durante años, Otero Alcántara se consolidó como una de las principales voces del arte independiente y de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Fue cofundador del Movimiento San Isidro, un colectivo integrado por artistas, intelectuales y activistas que promueve la libertad artística y las libertades fundamentales en la Isla. Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, fue detenido arbitrariamente. Incluso después de cumplir íntegramente su condena, las autoridades cubanas mantuvieron en secreto su paradero durante varios días, prolongando la incertidumbre sobre su situación antes de concretar su salida del país.

Hace apenas unos días, obras de Otero Alcántara integraron la exposición La prisión invisible: Artistas presos en Cuba, presentada en el Museo de Arte de las Américas (Washington D. C.) en colaboración con Raza e Igualdad y otras organizaciones aliadas. La muestra reunió obras de artistas encarcelados por motivos políticos para denunciar el impacto de la represión sobre la libertad de creación y expresión en Cuba y reafirmar el papel del arte como una forma de resistencia frente al autoritarismo.

«Celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad después de cinco años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, nadie debería verse obligado a abandonar su país para dejar atrás la prisión. El exilio forzado impuesto por el régimen cubano demuestra que el destierro sigue siendo una herramienta de represión contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales. Este caso evidencia, una vez más, la falta de libertades fundamentales y el cierre del espacio cívico en Cuba«, afirma Carlos Quesada, director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Lo sucedido con Otero Alcántara refleja una práctica sistemática de represión documentada por organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos. La criminalización de la disidencia, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la vigilancia y el destierro son mecanismos utilizados para restringir el espacio cívico y silenciar a quienes ejercen y defienden sus derechos fundamentales.

Desde Raza e Igualdad celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad, al tiempo que rechazamos el exilio forzado como una práctica represiva incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Exigimos al régimen autoritario de Cuba la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos. Asimismo, instamos a la comunidad internacional a denunciar el exilio forzado como un mecanismo de persecución política y a mantener su atención sobre la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Cuba, exigiendo el cese de las violaciones sistemáticas contra quienes defienden pacíficamente la democracia, las libertades fundamentales y la dignidad humana.



A cinco años del 11J, exigimos que se reconozcan los derechos fundamentales en Cuba

Washington D. C., 10 de julio de 2026 – Este sábado 11 de julio se cumplen cinco años de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, más conocidas como 11J, una jornada en la que miles de personas salieron a las calles en las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud para exigir libertad, mejores condiciones de vida y el respeto de sus derechos fundamentales. Las manifestaciones surgieron en medio de una profunda crisis económica, social y sanitaria, agravada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como por las constantes restricciones a las libertades fundamentales.

De acuerdo con el informe Otro año sin justicia (2025), elaborado por la organización Justicia 11J, 1.597 personas fueron detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas del 11J y los días posteriores. La respuesta estatal estuvo marcada por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, cortes de internet, vigilancia, hostigamientos, procesos judiciales sin garantías y condenas desproporcionadas contra personas manifestantes, periodistas, artistas, activistas y defensoras de derechos humanos.

A cinco años de las manifestaciones, la crisis de derechos humanos en Cuba persiste y se ha profundizado. De acuerdo con registros de Justicia 11J, actualmente 823 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos o por haber participado en manifestaciones pacíficas (corte: 3 de julio). Entre ellas se encuentran los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo paradero sigue sin conocerse. En el caso de Otero Alcántara, las autoridades cubanas lo trasladaron el pasado 7 de julio a un destino que hasta la fecha no ha sido informado oficialmente, pese a que su condena venció dos días después. Aunque el 9 de julio logró comunicarse con la activista Anamely Ramos, las autoridades continúan sin informar dónde se encuentra ni cuál es su situación jurídica. La falta de información oficial sobre este caso agrava la preocupación por su integridad, su seguridad y el respeto de sus derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, el exilio y la migración de personas cubanas han aumentado de manera significativa en los últimos años, producto de la represión con la que el Estado respondió a las manifestaciones y la criminalización de las personas que participaron de ellas, reflejando además el deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas en la Isla. Muchas personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas han sido forzadas al exilio debido al hostigamiento, la vigilancia y las amenazas constantes por parte de las autoridades cubanas. Entre ellas se encuentran Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco, a quien el régimen cubano le impidió regresar a su país tras un viaje por motivos de salud, forzándola al destierro; Anamely Ramos, a quien las autoridades cubanas también le prohibieron reingresar al país mientras se encontraba en el extranjero, imponiéndole igualmente el destierro; y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien ha denunciado reiteradamente la persecución, el hostigamiento y las restricciones impuestas contra integrantes de la oposición y la sociedad civil independiente, y que finalmente fue forzado al exilio.

El panorama actual en Cuba continúa marcado por una profunda crisis social, económica y política. Los constantes apagones, que en distintas regiones del país superan las 20 horas diarias, la escasez de alimentos y medicamentos, el deterioro de los servicios públicos y el incremento de la pobreza han provocado nuevas expresiones de descontento social. Desde el 11J se han registrado miles de protestas pacíficas, cacerolazos y manifestaciones espontáneas en distintas ciudades del país, muchas de las cuales han sido reprimidas por las autoridades y han derivado en nuevas detenciones arbitrarias, actos de intimidación y procesos judiciales arbitrarios contra personas manifestantes.

Persisten las acciones de vigilancia, intimidación y criminalización contra voces críticas y personas defensoras de derechos humanos, mientras continúan las restricciones a las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. A ello se suma un contexto de creciente presión internacional.

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil independiente cubana exigimos al régimen autoritario que reconozca plenamente los derechos fundamentales en Cuba, impulse una verdadera democracia y dé inicio a un proceso de justicia transicional, liderado por un mecanismo independiente y en articulación con la sociedad civil independiente, que garantice la protección de las personas cubanas. Asimismo, exigimos el cese de la represión, la liberación de todas las personas arbitrariamente privadas de su libertad y la creación de condiciones que permitan que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar a la Isla libremente, así como entrar y salir del país sin represalias ni restricciones arbitrarias.

Exigimos que las autoridades cubanas informen de inmediato sobre el paradero y el estado de salud de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, garanticen el respeto de sus derechos fundamentales y procedan a su liberación inmediata e incondicional. A cinco años del 11J, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos en Cuba, así como con el acompañamiento a las víctimas de la represión y sus familias.

En esta declaración suscriben:

  • Asociación Raíces de Esperanza en España.
  • CELIDE 
  • Center for a Free Cuba.
  • Ciudadanía y Libertad.
  • Civil Rights Defenders. 
  • Consejería Jurídica e Instrucción Cívica.
  • Consejo para la Transición Democrática en Cuba. 
  • Cubalex.
  • Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR). 
  • Freedom House.
  • Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
  • Justicia 11J de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia.
  • Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
  • Museo de la Disidencia en Cuba.
  • Museo V.
  • Observatorio de Género de Alas Tensas.
  • Organización Arte en Espiral. 
  • PEN/ARC – Artists at Risk Connection.
  • Plataforma Femenina
  • Raíz Colectiva.
  • Red en Defensa de los Derechos Humanos.
  • Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.

A un año del asesinato de Roberto Samcam: avanzar hacia la justicia exige esclarecer toda la cadena de responsabilidades y fortalecer la protección de las personas nicaragüenses opositoras en el exilio

Washington, D.C., 19 de junio de 2026.– Al cumplirse un año del asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor nicaragüense Roberto Samcam, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) honramos su memoria y reiteramos nuestro llamado a que este crimen sea plenamente esclarecido y sancionado.

El asesinato de Samcam, perpetrado el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, no puede entenderse como un hecho aislado. Su muerte ocurrió en un contexto de persecución sistemática contra voces críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dentro y fuera de Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha documentado que esta política represiva trasciende las fronteras nacionales mediante prácticas de represión transnacional ejecutadas contra personas exiliadas y opositoras.

En sus investigaciones, el mecanismo ha identificado la participación de estructuras estatales y paraestatales, así como operadores que coordinan acciones de vigilancia, intimidación, amenazas y represalias desde Nicaragua. El asesinato de Roberto Samcam se produce en este preocupante contexto, que continúa poniendo en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las personas nicaragüenses opositoras o consideradas como tales por el régimen Ortega-Murillo, que viven en el exilio.

A un año de los hechos, reconocemos como un avance significativo la decisión de la Fiscalía de Costa Rica de presentar una acusación formal contra las personas sospechosas del asesinato y solicitar la apertura a juicio. Este paso demuestra la importancia de las investigaciones diligentes y del compromiso de las autoridades para combatir la impunidad en casos que afectan a personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas y exiliadas. Sin embargo, la búsqueda de justicia no concluye con el procesamiento de los presuntos ejecutores materiales.

Como ha señalado la propia familia de Roberto Samcam, la verdad y la justicia exigen identificar y sancionar a todas las personas responsables, incluyendo a quienes planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión del crimen. La determinación de toda la cadena de responsabilidad resulta esencial para que la familia de Roberto Samcam reciba la justicia que merece, para evitar la repetición de hechos similares y garantizar protección efectiva a los y las nicaragüenses en el exilio que continúan siendo perseguidos por motivos políticos en los países donde buscaron refugio.

Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades costarricenses para que continúen avanzando en las investigaciones hasta agotar todas las líneas de investigación y esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, instamos a los Estados que acogen a personas nicaragüenses exiliadas a fortalecer los mecanismos de protección frente a los riesgos asociados a la persecución transnacional.

La comunidad internacional tampoco puede ignorar las evidencias acumuladas sobre la expansión de las prácticas represivas del régimen Ortega-Murillo fuera de las fronteras de Nicaragua. Las amenazas derivadas de la represión transnacional continúan poniendo en peligro la vida, la seguridad y el ejercicio de derechos fundamentales de quienes han buscado refugio en otros países. Garantizar la seguridad de las personas exiliadas es una obligación urgente y un componente indispensable de cualquier esfuerzo encaminado a la verdad, la justicia y la no repetición.

Hoy recordamos a Roberto Samcam, su compromiso con la democracia y su firme denuncia de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Honrar su memoria implica también redoblar los esfuerzos para que este crimen no quede impune y para que ninguna persona nicaragüense vuelva a ser perseguida, amenazada o asesinada por ejercer sus derechos fundamentales.

Cuba y la noche, documental sobre la represión en la Isla, se estrena el sábado 11 de abril en el Festival de Cine de Miami

Washington D.C., 7 de abril de 2026Cuba y la noche (2026, 100 min.), primer largometraje documental del director y sonidista cubano Sergio Fernández Borrás, tendrá su estreno mundial en el 43° Festival de Cine de Miami (MFF, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 9 al 19 de abril. La proyección está programada para el sábado 11 a las 5:45 p.m. en Silverspot Cinema, Room 13, donde además competirá por el Documentary Achievement Award.

La película llega en un momento clave para Cuba, marcado por el recrudecimiento de la represión estatal y el deterioro de las condiciones de vida en la Isla. En este contexto, Raza e Igualdad apoyó parte de la producción de este documental, reafirmando su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión. A través de una propuesta estética contundente y profundamente inmersiva, la obra construye una narrativa que sitúa en el centro la vigilancia, el hostigamiento y la criminalización de la disidencia.

Coproducida entre España (Free Media), Cuba (Uranio Films) y Colombia (Casatarantula), y distribuida por Habanero Films, la película está construida íntegramente con material de archivo compuesto por transmisiones en vivo de internet, grabaciones con teléfonos celulares y emisiones televisivas. Realizada a lo largo de cuatro años y concebida completamente en formato vertical, la obra apuesta por una estética coherente con los dispositivos desde los cuales se capturaron los hechos, lo que refuerza su carácter inmediato y testimonial. Este enfoque permite reconstruir, desde dentro y sin mediaciones, algunos de los episodios más significativos de la represión reciente en Cuba.

Entre ellos, el acoso y encarcelamiento del rapero Denis Solís en 2020; las acciones lideradas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro en demanda de su liberación; así como el cerco policial contra este espacio de creación independiente. El documental también recoge los acontecimientos que se desencadenaron a partir de estos hechos, como la protesta del 27 de noviembre, las manifestaciones del 27 de enero y el estallido social del 11 de julio de 2021, además de los arrestos de figuras como Otero Alcántara y el músico Maykel Osorbo.

Lejos de adoptar un tono expositivo o didáctico, Fernández Borrás construye una experiencia sensorial que evita la cronología tradicional o el repaso historicista. El documental se articula como una sucesión de fragmentos que, en su conjunto, revelan la intensidad de la vigilancia estatal y la fragilidad de los espacios de libertad en la Isla.

“A través de ese archivo vivo, el filme retrata a una comunidad de artistas, activistas y ciudadanos que decidió decir basta frente al abuso del poder. Más que registrar un conflicto, Cuba y la noche aborda uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Cuba: el inicio de un despertar cívico marcado por la dignidad, la fuerza de lo colectivo y la necesidad urgente de libertad”, afirma Sergio.

Uno de los aspectos más relevantes de Cuba y la noche es su capacidad para capturar la dimensión cotidiana de la represión. No se trata únicamente de grandes acontecimientos, sino de la persistente sensación de vigilancia, del miedo que atraviesa la vida diaria y de la resistencia que emerge en medio de ese contexto. La película se sitúa así en un cruce entre el cine político y el archivo vivo, donde las imágenes no solo documentan, sino que también interpelan.

El estreno de Cuba y la noche en el Festival de Cine de Miami no solo representa un hito para el cine documental latinoamericano, sino también una oportunidad para amplificar las voces de quienes han sido silenciados dentro de la Isla. En un contexto en el que la censura y la persecución limitan gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales, el cine se convierte en una herramienta poderosa para la memoria, la denuncia y la justicia.

Raza e Igualdad celebra la proyección de este documental, que retrata la represión en la Isla, la cual ha empeorado considerablemente en los últimos meses a raíz de los apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el creciente descontento social. Desde Raza e Igualdad continuamos monitoreando la situación en la Isla y denunciando la profunda crisis que atraviesa el país, reiterando nuestro llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre Cuba y exija el respeto pleno de los derechos humanos.



Activistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela denuncian ante la CIDH la represión transnacional que enfrentan en el exilio

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 2025. La represión transnacional ejercida por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela es una realidad. Así quedó evidenciado durante la audiencia regional ‘Situación de represión transnacional’, celebrada el pasado jueves 12 de marzo en el Hotel Intercontinental de Ciudad de Guatemala, en el marco del 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Cubalex, la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua, la Organización Mundial contra la Tortura y el Museo Virtual contra la Violencia de Género en Cuba, participaron en este espacio de diálogo acompañando a tres activistas de estos países que han enfrentado actos de represión transnacional en el exilio: la cubana Kirenia Yalit Núñez, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana; la nicaragüense Claudia Vargas, viuda del activista Roberto Samcam e integrante de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; y el venezolano Luis Peche, director de la organización Sala 58. Durante la audiencia denunciaron asesinatos, intentos de homicidio, persecución y asedio en los países de acogida, donde se han exiliado tras ser víctimas de represión por parte de los regímenes autoritarios de sus países de origen.

Claudia Vargas advirtió que el régimen nicaragüense continúa persiguiendo a personas opositoras incluso fuera de su territorio. “La persecución del régimen no termina cuando cruzamos la frontera. Al contrario, se transforma, se extiende y nos alcanza hasta donde buscamos refugio”, señaló. También denunció la privación arbitraria de la nacionalidad a más de 450 personas, lo que ha implicado la anulación de documentos, registros académicos, pensiones y propiedades.

Asimismo, recordó que ya se han documentado al menos cinco asesinatos de opositores nicaragüenses en el exilio, entre ellos el del campesino Jaime Luis Ortega en Costa Rica en 2024 y el de su esposo, Roberto Samcam, exmayor del Ejército de Nicaragua y analista político asesinado en San José en junio de 2025. “Su asesinato representó un mensaje dirigido al exilio: un intento de silenciamiento y una demostración de poder más allá de las fronteras”, afirmó.

“Frente a este grave problema, es urgente que los Estados de la región, especialmente los receptores, reconozcan la lucha contra esta forma de persecución como parte de sus obligaciones internacionales de protección”, agregó Vargas.

Por su parte, Luis Peche explicó que debió salir de Venezuela en 2025 tras el aumento de la persecución política posterior al proceso electoral. El activista denunció que fue víctima de un intento de asesinato en Bogotá en octubre del año pasado, cuando hombres armados dispararon contra él y contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Peche recibió seis impactos de bala y Velásquez ocho. Ambos sobrevivieron al ataque y actualmente se encuentran fuera de peligro. “Este temor no es abstracto; es concreto y persistente. Forma parte de un patrón regional de represión transnacional que busca silenciar a quienes denunciamos”, afirmó.

Desde Cuba, Kirenia Yalit Núñez denunció que el régimen cubano ha desarrollado mecanismos de persecución extraterritorial contra activistas y periodistas en el exilio. La activista relató que ha enfrentado numerosos incidentes de hostigamiento en distintos países, incluidos actos de intimidación, vigilancia y obstáculos migratorios. “El régimen cubano proyecta su intimidación más allá de sus fronteras para silenciar a quienes continuamos denunciando violaciones de derechos humanos desde el exilio”, señaló.

Durante la audiencia también participó la abogada cubana Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, quien advirtió que la represión transnacional busca silenciar a las voces críticas incluso fuera de sus países de origen. Diversent instó a la CIDH a reconocer y monitorear este fenómeno de manera sistemática, fortalecer los mecanismos de protección para personas exiliadas, especialmente en países de acogida como Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, y promover respuestas regionales coordinadas frente a la expansión extraterritorial de la persecución política. Asimismo, pidió que la Comisión, como ya lo ha hecho en otros países de la región, establezca un mecanismo específico para monitorear la crisis humanitaria y las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, con el fin de documentar estos patrones y fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Durante la audiencia participaron por primera vez de manera conjunta el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Estos organismos señalaron que la represión transnacional es un fenómeno real que afecta a personas opositoras y defensoras de derechos humanos provenientes de Nicaragua y Venezuela, y subrayaron la importancia de continuar investigando y documentando estos patrones de persecución más allá de las fronteras nacionales.

Desde Raza e Igualdad continuaremos monitoreando y denunciando las violaciones a los derechos humanos que sufren activistas y personas defensoras provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Reiteramos la necesidad de que los Estados de la región fortalezcan las medidas de protección para personas exiliadas y garanticen investigaciones efectivas frente a los actos de persecución transnacional, así como respuestas regionales coordinadas frente a este fenómeno.

 

La sociedad civil independiente de Cuba, lista para la transición democrática

Hace más de una década, hemos tenido la suerte de trabajar con la sociedad civil independiente de Cuba. Hemos sido testigos de su compromiso con los derechos humanos, su dedicación a documentar las violaciones que se producen en el país y su valentía al denunciarlas. Hemos sido testigos, a través de mensajes urgentes y llamadas que han dado lugar a la intervención de nuestro equipo jurídico, de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, vigilancia, acoso, redadas, exilio forzoso y, más recientemente, apagones y escasez de alimentos y medicamentos. También hemos sufrido los efectos negativos de este trabajo: ataques personales e institucionales, así como el escepticismo de antiguos aliados que han cuestionado nuestra labor en materia de derechos humanos, debido a nuestro trabajo de sacar a la luz la realidad cubana.

Como organización dedicada al desarrollo de capacidades, hemos formado a activistas independientes dentro y fuera de la isla sobre la participación de la sociedad civil en los mecanismos de protección de los derechos humanos. Mediante la documentación sistemática de las violaciones de los derechos humanos —analizadas de acuerdo con las normas jurídicas internacionales a las que se ha adherido el Estado cubano—, les hemos ayudado a denunciar casos de tortura, desapariciones forzadas, censura y discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los órganos creados en virtud de tratados y procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Al abogar por el cumplimiento por parte de Cuba de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, nuestros socios llevan años sentando las bases para la transición democrática. Su trabajo no es meramente de oposición, sino de preparación para la gobernanza.

Mientras Washington y La Habana negocian el futuro de la nación insular, no debe pasarse por alto el trabajo, la dedicación y la perseverancia de los activistas, periodistas y artistas independientes que, tanto en la isla como en el exilio, luchan por los derechos humanos y promueven los ideales democráticos. Son ellos quienes han recopilado y difundido las pruebas de las atrocidades cometidas por el régimen cubano, y esta documentación debería constituir un elemento clave de cualquier futura transición gubernamental. Mientras el Gobierno cubano ha mantenido una fachada monolítica, una sociedad civil independiente, diversa y resistente ha ido construyendo silenciosamente desde cero la arquitectura de una sociedad libre. El futuro de Cuba no puede concebirse sin ellos.

La comunidad internacional ha reconocido que en cualquier proceso de justicia transicional deben tenerse en cuenta cinco elementos: la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición. No es posible lograr ninguno de ellos sin registros de lo que ocurrió durante la era antidemocrática, y los defensores de los derechos humanos cubanos ya se han estado preparando para ello: periodistas independientes rompen el monopolio estatal de la información (verdad); abogados independientes presentan recursos de hábeas corpus ante los tribunales cubanos y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (justicia); activistas documentan los patrones de abusos cometidos por agentes estatales (memoria); los grupos comunitarios prestan ayuda donde el Estado falla (reparación), y organizaciones como la nuestra proporcionan las herramientas para fomentar el diálogo cívico y las normas democráticas (no repetición).

La preparación más profunda radica en el compromiso con el registro histórico. Al crear bases de datos sobre violaciones de los derechos humanos y preservar el testimonio de las víctimas, los grupos independientes están evitando el «borrado» que suele producirse tras los regímenes autoritarios. Entienden que no se puede haber justicia sin un registro del delito, y que no se puede garantizar que no se repita si se permite que la historia del pasado desaparezca en los archivos estatales. No se trata solo de una protesta, sino del trabajo administrativo fundamental necesario para restaurar el estado de derecho.

La comunidad internacional debe dejar de ver a Cuba como un receptor pasivo de la historia. Las bases para una transición democrática —el capital humano, las teorías jurídicas y el coraje cívico— ya están sentadas. La transición no será un regalo impuesto desde arriba, sino el reconocimiento formal de una realidad que la sociedad civil independiente lleva décadas viviendo. Los cubanos no están esperando a que les entreguen la democracia, sino que la han estado construyendo, ladrillo a ladrillo, frente a una inmensa adversidad. Es hora de que el mundo empiece a prestar atención a los cimientos que han sentado.

Pronunciamiento escrito por:

Carlos Quesada, Director Ejecutivo

Christina M. Fetterhoff, Directora de Programas

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Régimen autoritario de Cuba destierra a la activista cubana Leticia Ramos, integrante de las Damas de Blanco

Washington D.C., 10 de febrero de 2025 – Este lunes 9 de febrero, el régimen autoritario de Cuba impidió el ingreso al país de la activista cubana Leticia Ramos, integrante del movimiento Damas de Blanco, forzándola al destierro. Ramos viajó desde Estados Unidos a Cuba, pero una vez en el país las autoridades le negaron reunirse con su familia, retuvieron su equipaje y le ordenaron regresar, viéndose obligada a volver a Miami.

El pasado mes de enero, durante una entrevista concedida a Raza e Igualdad, Ramos expresó su temor de que el régimen cubano le negara el retorno a la Isla tras viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, una práctica sistemática utilizada para silenciar, castigar y forzar al exilio a personas activistas. Ese temor se hizo realidad el día de ayer. Desde el Instituto la acompañamos y asumimos su representación en este proceso, del mismo modo que hemos brindado acompañamiento a las integrantes de las Damas de Blanco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que desde octubre de 2013 otorgó medidas cautelares “para preservar la vida y la integridad personal” de las mujeres que conforman el colectivo.

Entre la resistencia y la represión

Leticia Ramos forma parte de las Damas de Blanco desde 2004, cuando se incorporó como Dama de apoyo, acompañando a mujeres cuyos familiares fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. Desde entonces, ha participado de manera sostenida en acciones pacíficas, como la asistencia a misa vestidas de blanco y con flores, para exigir la liberación de personas privadas de la libertad por motivos políticos en Cuba.

Tras la muerte en “extrañas condiciones” de Laura Pollán, fundadora del movimiento, en 2011, Leticia fue elegida coordinadora del grupo de Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. A partir de ese momento, el hostigamiento estatal se intensificó, incluyendo golpizas, amenazas, vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y restricciones a su derecho a la libre circulación. Durante casi nueve años permaneció regulada, sin poder salir del país.

Las represalias también alcanzaron a su entorno familiar. Ramos es madre de dos hijos: uno que reside en Estados Unidos y otro, Randy Montes de Oca Ramos, que vive en Cuba y ha sido víctima de persecución, detenciones y procesos penales basados en acusaciones falsas, como mecanismo de presión para forzar a su madre a abandonar el activismo. En 2018, Randy cumplió una condena de seis meses de prisión domiciliaria tras protestas públicas realizadas por Leticia.

Entre 2013 y 2018, Ramos fue detenida en múltiples ocasiones, llegando a ser privada de la libertad hasta cuatro veces en una misma semana. Intentó documentar estos hechos, pero la información se perdió tras allanamientos a su vivienda en 2016, 2018 y 2019, durante los cuales agentes estatales confiscaron materiales de trabajo, dispositivos electrónicos y objetos vinculados a su activismo.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Leticia decidió manifestarse en Cárdenas pese a atravesar, junto a su familia, un grave cuadro de COVID-19. En ese contexto, recordó que fue posible percibir “el miedo del régimen frente a un pueblo desarmado, pero decidido a alcanzar su libertad”.

El destierro de Leticia Ramos se inscribe en un patrón de prácticas represivas utilizadas por el régimen cubano para castigar a quienes defienden los derechos humanos, mediante el exilio forzado, la separación familiar y la intimidación constante.

Desde Raza e Igualdad reconocemos la trayectoria, la valentía y la resistencia de Leticia Ramos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañarla y denunciar esta grave violación a sus derechos humanos, así como la estrategia de silenciamiento ejercida contra activistas en Cuba.



Libertad con destierro: el caso de la activista cubana Aymara Nieto

Washington D.C., 11 de noviembre de 2025 – Hoy hace tres meses, Aymara Nieto Muñoz comenzó a reconstruir su vida en Santo Domingo, República Dominicana, donde reside desde el 11 de agosto de 2025, tras ser liberada y desterrada junto a su esposo, Ismael Boris, y dos de sus hijas. Luego de más de siete años privada de libertad por motivos políticos en Cuba, la activista de 49 años, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), intenta adaptarse a una nueva realidad lejos de la Isla.

“Nos han recibido muy bien en Santo Domingo. Estoy muy agradecida. Ya hicimos (Aymara y su familia) una serie de entrevistas para regularizar nuestra situación migratoria y poder trabajar. Mis hijas ya están en la escuela, gracias al apoyo de la Asociación Cubana en la República Dominicana, y del gobierno de este país”, cuenta Nieto, quien conserva el optimismo y la fe que la acompañaron durante los años más duros de su encierro. “Mi mayor tesoro en prisión fue una Biblia que me regaló mi hija mayor. Me dio fuerza para resistir”, confiesa.

Aymara fue detenida el 6 de mayo de 2018, cuando salía de su casa para participar en una manifestación pacífica de la campaña ‘Todos Marchamos’, que exigía la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba. Fue condenada por los supuestos delitos de atentado y daños a cuatro años de prisión, que comenzó a cumplir en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana.

Sin embargo, mientras cumplía esa condena, el régimen autoritario cubano volvió a procesarla, esta vez por presuntamente haber liderado un motín dentro de la prisión. El nuevo proceso terminó con una segunda sentencia de cinco años y cuatro meses, impuesta sin garantías judiciales ni derecho a una defensa efectiva. Así, Aymara pasó más de siete años consecutivos en prisión, entre castigos, traslados y condiciones degradantes.

Desde 2013, Aymara Nieto es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Raza e Igualdad hemos denunciado de forma sostenida las violaciones a sus derechos y las condiciones inhumanas de su encarcelamiento. Su historia forma parte del informe ‘Voces en libertad: Mujeres presas políticas en Cuba’, de la campaña #CubanasLibresYa, y del documental ‘Dos Patrias’, producido junto a Producciones La Tiorba, que retrata la represión, el encarcelamiento y silenciamiento de tres activistas cubanos.

Desde su nuevo lugar de residencia, donde llegó sin poder despedirse de su hija mayor debido a que las autoridades le negaron la última visita, Aymara sueña con estudiar psicología. “Me gustaría ser psicóloga y ayudar a otras personas. También quiero que mis hijas sean mujeres de bien”, agrega. Aunque está lejos de la Isla, mantiene su compromiso con la lucha pacífica. “Me duele mucho la situación en mi país, pero seguiré trabajando y luchando por la libertad de Cuba, incluso en la distancia”, afirma. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebramos la libertad de Aymara Nieto y reconocemos su fortaleza y dignidad después de años de represión. Al mismo tiempo, condenamos su exilio forzado, una práctica sistemática del régimen cubano para castigar la disidencia y silenciar las voces que defienden los derechos humanos.

Exigimos al Estado cubano poner fin a estas prácticas violatorias del derecho internacional, y llamamos a los organismos internacionales y a los Estados democráticos a exigir el respeto a los derechos humanos en Cuba, incluyendo la libertad inmediata e incondicional de Sissi Abascal, Felix Navarro, Saylí Navarro, Luis Manuel Otero Alcántara, Lisandra Góngora, Maykel Castillo, y todas las personas aún encarceladas por motivos políticos.



“La lucha continúa dentro y fuera de Cuba”: José Daniel Ferrer, tras su exilio forzado en EEUU

Washington D.C., 16 de octubre de 2025 – Esa fue una de las afirmaciones de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), tras llegar a Miami, Estados Unidos, junto con su esposa, la doctora y activista Nelva Ortega, y tres de sus hijos, luego de acogerse al exilio forzado. La salida de Ferrer fue notificada oficialmente por la Cancillería cubana, que precisó que su traslado, junto a su familia, fue resultado de una “solicitud formal” del gobierno estadounidense y de la “aceptación expresa” del activista cubano. 

El defensor de derechos humanos, quien recuperó su libertad el pasado lunes 13 de octubre, expresó tener “emociones encontradas”, al celebrar el reencuentro con parte de su familia, pero lamenta la situación de decenas de activistas que aún permanecen encarcelados en Cuba. “Es un momento muy duro y triste porque hay otros hermanos en Cuba que sobreviven en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental: Félix Navarro, Saylí Navarro, Sissi Abascal, Luis Manuel Otero, Maykel Castillo, Lisandra Góngora; son muchísimos a lo largo del país”, señaló.

Ferrer, de 55 años, es uno de los activistas más reconocidos de Cuba. Integró el grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados durante la Primavera Negra de 2003 y, desde entonces, ha sido objeto de reiteradas detenciones, torturas y procesos judiciales arbitrarios. Participó en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, tras las cuales fue detenido arbitrariamente y, en enero de este año, puesto en libertad condicional. Sin embargo, el 29 de abril de 2025 volvió a ser encarcelado en la prisión de Mar Verde, donde denunció golpizas, torturas y amenazas contra su familia.

En una carta escrita desde esa prisión y divulgada el 3 de octubre, Ferrer había advertido que se encontraba al límite de lo que podía resistir y que estaba dispuesto a aceptar el exilio forzado para proteger su vida y la de los suyos. Desde Raza e Igualdad hemos denunciado reiteradamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las graves violaciones a sus derechos humanos y las condiciones inhumanas de su reclusión, en nuestro papel como sus representantes legales, razón por la cual es beneficiario de medidas cautelares.

Celebramos que José Daniel Ferrer y su familia estén hoy a salvo, pero condenamos que su libertad haya dependido del destierro forzado, una práctica que vulnera derechos fundamentales y que el Estado cubano ha utilizado para silenciar voces críticas. Esta misma estrategia fue impuesta recientemente a la activista Aymara Nieto, integrante de las Damas de Blanco, liberada en agosto de 2025 bajo la condición de abandonar la Isla. Desde Raza e Igualdad reiteramos nuestro compromiso con la defensa de las personas perseguidas por motivos políticos en Cuba y hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigir el fin de la represión, el encarcelamiento arbitrario y el exilio forzado de la disidencia cubana.



Rechazamos atentado contra los defensores venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, muestra de represión transnacional

Bogotá, 14 de octubre de 2025 – Este lunes 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas y se recuperan fuera de peligro. Según información oficial, tres hombres armados los interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su enérgico rechazo ante este ataque, que representa un nuevo caso de represión transnacional, una forma de persecución política que busca silenciar a quienes defienden derechos humanos incluso más allá de sus fronteras. 

“Nos alarma el crecimiento de la represión transnacional en América Latina: una práctica que pretende castigar el activismo y callar las voces críticas, aun en el exilio. Este atentado contra Yendri y Luis vulnera no solo sus vidas, sino también el derecho colectivo a defender los derechos humanos”, señaló Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad. 

Yendri Omar Velásquez Rodríguez es un reconocido defensor LGBTIQ+ venezolano y fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. En 2024 recibió el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho otorgado por las embajadas de Francia y Alemania; pero ese mismo año, en agosto, fue víctima de persecución estatal cuando se disponía a viajar a Ginebra para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía y su pasaporte fue anulado. Semanas después fue obligado a exiliarse en Colombia.

Luis Alejandro Peche Arteaga, de 34 años, es internacionalista y consultor político. Fue asesor en la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018, durante la presidencia parlamentaria de la oposición, y colaboró con organizaciones de participación ciudadana como Voto Joven. En 2025 abandonó Caracas tras recibir amenazas. 

Este atentado se inscribe en un patrón de violencia transnacional cada vez más visible en la región. En junio de 2025, Raza e Igualdad condenó el asesinato del Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, un hecho que evidenció que la persecución contra voces críticas y opositoras trasciende las fronteras nacionales. 

Llamado urgente al Estado colombiano 

En este contexto, Raza e Igualdad hace un llamado urgente y respetuoso al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas y efectivas de protección, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de Yendri Velásquez, Luis Peche y sus familias. Asimismo, insta a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta, exhaustiva y con la debida celeridad que permita identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, y garantizar que no haya impunidad. 

De igual forma, exhorta a las autoridades a coordinar acciones con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con el propósito de fortalecer la respuesta institucional y brindar acompañamiento especializado. 

Raza e Igualdad también llama al Estado a reforzar las políticas nacionales de protección para personas defensoras, periodistas y líderes sociales, incorporando un enfoque interseccional, diferencial y de género que reconozca las múltiples vulnerabilidades que enfrentan los defensores migrantes y LGBTIQ+. 

Finalmente, exhortamos a la comunidad internacional, a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a no guardar silencio frente a estos hechos. Condenamos enérgicamente las expresiones de represión transnacional en América Latina y el Caribe, y reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de estos actos de violencia. 

Proteger la vida de quienes defienden derechos humanos es un compromiso colectivo y una obligación ética universal. Defender derechos no puede seguir siendo un riesgo que se pague con la vida. Colombia y toda la región deben ser territorios de refugio y esperanza, no espacios donde se prolonguen el miedo y la persecución. 

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