Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

Las estrategias que emplea el régimen autoritario de Cuba para restringir la movilidad y silenciar a las voces disidentes

Washington D.C., 10 de octubre de 2023 – En 2019, a cinco activistas de los seis entrevistados para escribir este artículo, el régimen autoritario de Cuba les prohibió salir de la Isla. A la coordinadora de la Red de Líderes y Lideresas de Cuba (RELLIC), María Elena Mir Marrero, le impidieron subirse a un avión bajo el argumento de que estaba regulada. Al vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, le ocurrió lo mismo cuando ese mismo año intentó viajar a Bélgica. A Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), le informaron, antes de su fecha de vuelo, que estaba regulado. A Marthadela Tamayo, también integrante del CIR, no le permitieron abordar afirmando que había sido multada y tenía que ponerse al día antes de viajar al extranjero. Y al coordinador Nacional del CIR, Juan Antonio Madrazo, tampoco le permitieron salir de Cuba en aquel entonces, por ser parte de las personas reguladas. Ellas y ellos intentaban salir del país para denunciar la grave crisis social, política, económica y de derechos que se registra en este país, y que ha empeorado en los últimos años.

Pero esa no ha sido la única vez que María Elena, Manuel, Osvaldo, Marthadela y Juan Antonio, han intentado viajar fuera de la Isla para participar en espacios académicos, asambleas y diálogos, donde se abordan las violaciones a los derechos humanos registradas en este país. Posterior al 2019 lo han intentado nuevamente, y han sido detenidos dentro de sus casas o al llegar al aeropuerto. Todo con el objetivo de impedirles tomar sus vuelos. También les han reiterado que están regulados y tienen prohibido viajar a otro país, a menos que quieran salir y nunca más volver a la Isla.

En julio de este año, el coordinador del Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (Celide), Fernando Palacio, intentó viajar a Trinidad y Tobago, y estando dentro del aeropuerto las autoridades cubanas le informaron que no estaba regulado, pero no podía salir del país porque se acercaba la conmemoración del Asalto al cuartel Moncada, una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes dirigidos por Fidel Castro, para derrocar a Fulgencio Batista. Fernando es la otra persona defensora de los derechos humanos entrevistada para este artículo.

“El término de regulación es un eufemismo que el régimen usa para impedir que activistas salgan del país”, afirma Marthadela, quien sostiene además que es una medida arbitraria. “Como ser humano te sientes impotente, te sientes frágil ante un Estado que tiene todo el poder para decidir cuándo sales, cuándo entras, cuándo te meten preso, cuándo te sacan de prisión…”, reflexiona Osvaldo. Eso, afirma, es lo que ha sentido cada vez que le notifican que está regulado.

En un informe divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en el que se revela que más de 220 personas y 25 organizaciones de todo el mundo sufrieron represalias por cooperar con Naciones Unidas, se mencionan las violaciones a los derechos humanos que han padecido Juan Antonio y Marthadela. El documento señala que en el último año las autoridades cubanas impidieron que ambos salieran del país, y esto ha obstaculizado su compromiso con la ONU, “incluidos los actuales preparativos del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de Cuba, previsto para realizarse en noviembre de 2023″, indica el reporte.

De una provincia a otra

Las seis personas defensoras de los derechos humanos que fueron consultadas afirman también que las autoridades estatales les han prohibido movilizarse de una provincia a otra. En 2008, a Fernando le prohibieron durante dos años visitar Holguín. La medida le fue notificada luego de estar casi una semana detenido e incomunicado. A esa misma región no puede ir Marthadela, ni siquiera al ser oriunda de esa zona del país. María Elena y Juan Antonio, por su parte, han sido detenidos de forma arbitraria cada vez que se dirigen a Santiago de Cuba, mientras que a Manuel las autoridades no le permiten movilizarse hacia Villa Clara.

El Estado cubano ha restringido la movilidad de este grupo de activistas, que en su momento también fueron expulsados de sus trabajos por ser voces disidentes al sistema político de Cuba. Todo con el fin de silenciarlos y prohibirles que continúen su lucha por un “país libre”.

“Yo sueño con una Cuba real, donde nosotras como madres podamos criar a nuestros hijos, verlos crecer y desarrollarse. Sueño con una Cuba llena de libertades, donde no se oprima a la población, donde se cumpla cada y una de las leyes que el mismo país regula. Sueño con una Cuba libre”, dice María Elena, quien no ve a su hijo hace más de un año, ni tampoco a su nieto ni a su nuera. Los tres salieron del país a raíz de la grave situación que se vive en la Isla.   

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos las estrategias de restricciones injustificadas a la movilidad implementadas por el Estado cubano, cuyo único fin es silenciar a activistas, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, juristas, y, en general, a todas las voces disidentes. También exhortamos a la comunidad internacional para que haga seguimiento a las denuncias de cubanos y cubanas que han sufrido la represión y el hostigamiento en la Isla, y condenen estas tácticas ejecutadas por el régimen autoritario de Cuba.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud y a la vida de un adolescente migrante a la espera de un trasplante de hígado

Colombia, 5 de octubre del 2023. En la sentencia T-371 de 2023, la Corte Constitucional protegió los derechos demandados por la madre de un adolescente venezolano de 13 años y ordenó  que se respondiera el derecho de petición interpuesto hace más de un año, que se determine la viabilidad de realizar el trasplante hepático con donante vivo relacionado y realizarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles y, por último, en caso de que no resulte viable el trasplante hepático con donante vivo relacionado, incluirlo inmediatamente en lista de espera de trasplante de hígado. Según la Corte, si se hubiera aplicado la normativa existente actualmente, se habría ignorado la urgencia y la importancia de proteger los derechos fundamentales de la persona, “cuya protección no conoce fronteras y está más allá del vínculo de un sujeto con el Estado”. Además, esta sentencia es la primera que permite la inclusión en la lista de espera de trasplante de una persona proveniente de Venezuela que posee un Permiso por Protección Temporal (PPT).

La Corte Constitucional emitió la Sentencia T-371 el 19 de septiembre de 2023, en la cual se protegen los derechos de petición, vida y salud de un adolescente con falla hepática grave. La Corte estableció una excepción para la prohibición de donación de órganos a extranjeros no residentes en relación con donantes cadavéricos, contenida en el artículo 10 de la ley 1805 de 2016. Según la sentencia, aunque la norma es constitucional, en el caso concreto no se aplicará dicha prohibición. Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) intervinimos en el caso e indicamos a la Corte las razones por las cuales consideramos que se debía permitir que el solicitante, un adolescente de 13 años, proveniente de Venezuela y titular de un Permiso por Protección Temporal, accediera a la lista de personas en espera de donación (LED), no solo porque cumplía con los requisitos para ello, sino también porque su país de origen no le puede garantizar el acceso material al trasplante de hígado que requiere. Adicionalmente, se expuso por qué resultaba procedente una inaplicación del artículo 10 de la ley 1805 de 2016, el cual contempla la prohibición general de donar componentes anatómicos a extranjeros no residentes.

En Colombia, el artículo 10 de la ley 1805 de 2016 establece una prohibición general de donación de componentes anatómicos a extranjeros no residentes. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avalado consistentemente esta prohibición, con fundamento en que los componentes anatómicos son escasos y la necesidad de prevenir el tráfico de órganos.

La línea de Movilidad Humana de Raza e Igualdad presentó un Amicus Curiae o  intervención ciudadana con consideraciones jurídicas sobre el caso

Para analizar el caso concreto planteamos tres argumentos. Primero, la prohibición general de donar componentes anatómicos a extranjeros no residentes es, en abstracto, constitucionalmente válida; sin embargo, esto no se traduce en que, en casos concretos, se impida garantizar un trato diferenciado en la interpretación y aplicación de dicha prohibición. Segundo, al aplicar un enfoque diferencial de niñez y, puntualmente, migratorio, se satisface el requisito de residencia para acceder al trasplante, ya que los requisitos para considerar a un extranjero como residente no se limitan a la interpretación restrictiva establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercero, consideramos que la Corte Constitucional está facultada para ordenar la inclusión del adolescente en la lista de personas en espera de donación (LED) sin que esto transgreda la norma de salud pública (artículo 10, Ley 1805/16), lo cual implica una decisión con efecto inter partes, vía excepción de inconstitucionalidad, que de ninguna manera implicaba apartarse de la línea jurisprudencial que supone que, como regla general, no existe vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros no residentes al negarse su inscripción en LED para acceder a un trasplante de componentes anatómicos.

Decisión

La decisión se fundamentó en seis razones: un análisis del propósito de evitar el tráfico y comercio de órganos, la solidaridad como valor para fomentar la convivencia humana -que no solo se limita a nacionales y residentes, sino que se extiende a todas las personas-, la crisis humanitaria derivada de la migración masiva de personas venezolanas al país, el estatus migratorio especial del adolescente como titular de un PPT, la imposibilidad actual del demandante de cumplir con el requisito de convertirse en residente, y el interés superior del adolescente y la prevalencia de sus derechos a la salud y a la vida. Es importante destacar que la Corte decidió no extender los efectos de la decisión a personas en situaciones similares:

“(…) una ampliación de esta regla debe consultar su impacto real en términos de la oferta y demanda de órganos donados, así como la voluntad de los Estados de disponer los órganos de sus residentes para ser asignados a migrantes no residentes. Para esto es necesaria la implementación de una política pública que tenga en cuenta el diagnóstico de la situación en general, las posibles soluciones y sus impactos y no la visión reducida que aporta un caso particular”.

Desde Raza e Igualdad celebramos la decisión de la Corte de reconocer los derechos fundamentales a la vida y salud del adolescente con falla hepática grave, quien es sujeto de especial protección constitucional y se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión. Así mismo, reconocemos la importancia de implementar una perspectiva diferencial que considera el contexto de la crisis humanitaria causada por la migración masiva de personas venezolanas en Colombia. Vale la pena precisar que, desde el 01 de junio de 2017, el Gobierno venezolano suspendió los trasplantes de órganos cadavéricos, lo cual significa que la posibilidad de acceder a un trasplante de órganos con donante cadavérico es nula en Venezuela.

Principales conclusiones sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia

  • Raza e Igualdad y el Proyecto Integra de USAID presentan la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia.
  • La investigación demuestra que Las mujeres afrodescendientes y migrantes sufren de manera desproporcionada la falta de acceso a servicios, principalmente de salud sexual y reproductiva, debido a la combinación de factores discriminatorios desde el punto de vista estructural; como la vulnerabilidad socioeconómica, la discriminación racial en los entornos médicos y la ausencia de información y confianza en los mecanismos de acceso a la justicia para garantizar el cumplimiento de sus derechos reproductivos. 
  • El informe encuentra que, desde una perspectiva interseccional, las mujeres afrodescendientes en contextos migratorios tienen una mayor vulnerabilidad y barreras profundas para el acceso a sus derechos. 
  • Se evidencia que existe una estrecha conexión entre el racismo, la discriminación de género y la xenofobia. Esto desencadena que las mujeres migrantes afrodescendientes, a menudo, sean víctimas de violencia de género en sus lugares de trabajo, formales o informales y al acceder al sistema de salud. Esta violencia se basa en la reproducción de estereotipos raciales, de género y xenófobos. Por ejemplo, debido a la hipersexualización y fetichización de los cuerpos afrodescendientes y los estereotipos construidos alrededor de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, en los espacios de trabajo formales o informales se identificaron casos de acoso sexual, comentarios e insinuaciones hipersexualizantes.  
  • Los hallazgos de la investigación destacan necesidad de integrar múltiples enfoques en los procedimientos de caracterización sociodemográfica y socioeconómica y garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información a nivel nacional en relación con las condiciones de los individuos afrodescendientes en entornos migratorios. 

 

Colombia, 29 de septiembre de 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en el marco del trabajo adelantado con el Proyecto INTEGRA de USAID, presenta el informe: Situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: Análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial, producto de la investigación realizada por Raza e Igualdad, la cual tiene como propósito generar recomendaciones para la inclusión del enfoque étnico-racial en la oferta institucional migratoria y promover la garantía de sus derechos.

La investigación empleó la metodología de historias de vida para analizar cómo, el género, la pertenencia étnico-racial y la sexualidad influyen en las trayectorias migratorias. Se llevó a cabo una investigación cualitativa para alcanzar este objetivo, la cual identificó información sociodemográfica, socioeconómica y experiencias de vida de la población afrodescendiente venezolana que reside en Bogotá, Cúcuta, Cali, Riohacha y Medellín.

Hallazgos

La falta de información y consideración de las experiencias diferenciadas de las personas afrodescendientes venezolanas desde una perspectiva de derechos y un enfoque interseccional no puede continuar en una región histórica y estructuralmente marcada por las desigualdades étnico-raciales. Para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes y en derribar la matriz de desigualdad racial y de género en contextos migratorios desde un enfoque diferencial, es necesario reconocer la existencia y persistencia de la discriminación racial y el racismo. La situación actual de las mujeres afrodescendientes entrevistadas en el marco de esta investigación refleja que, aunque las nociones de autorreconocimiento étnico-racial son diferentes en el proceso de construcción identitaria venezolana, las dinámicas de la desigualdad basada en el racismo estructural que se reproducen en la cotidianidad, condicionan las experiencias de vida de estas mujeres. Además, la falta de información específica sobre sus experiencias funciona como una manera de reforzar prácticas de racismo institucional al no reconocer y caracterizar a esta población de la misma forma que al resto de la sociedad.

En el ámbito laboral, la investigación demuestra que existe una estrecha relación entre el racismo, la discriminación de género y la xenofobia. Como resultado, las mujeres afrodescendientes migrantes suelen experimentar violencia de género en sus lugares de trabajo, ya sean formales o informales, basada en la reproducción de estereotipos raciales, de género y xenófobos.  Las mujeres afrodescendientes suelen acceder a trabajos relacionados con el trabajo doméstico mal remunerado y asumir principalmente en sus hogares el cuidado, lo que opera como una barrera para su inserción laboral. También, se reconocieron retos particulares para acceder a la salud, educación y a los mecanismos de justicia. Por lo tanto, es urgente avanzar en la construcción de información desde una perspectiva diferencial que reconozca estas experiencias, caracterice a la población y sus necesidades y a partir de ello, se construya políticas, programas y proyectos para garantizar sus derechos.  Aunque los indicadores socioeconómicos muestran que las mujeres afrodescendientes tienen una mayor situación de vulnerabilidad económica, esto no es un «lugar natural»[1], sino que es resultado de las desigualdades históricas y las relaciones de poder que condicionan y limitan la vida de las mujeres.

Recomendaciones

De acuerdo con el resultado de la investigación, Raza e Igualdad recomienda promover la participación de todas las instituciones que generan información estadística sobre personas en contextos migratorios para producir datos específicos sobre personas afrodescendientes provenientes de Venezuela. Se debe garantizar la creación de variables sobre las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de personas afrodescendientes en contextos migratorios, incorporando variables desde el enfoque del autorreconocimiento étnico-racial y el heterorreconocimiento[2]. De esta manera, se puede facilitar la identificación de la población comprendiendo el contexto sociopolítico y sociocultural venezolano y su relación difusa con las categorías étnico-raciales.

Asimismo, es importante garantizar la implementación del enfoque étnico-racial en la Política Integral Migratoria, reconociendo los contextos culturales y sociales de las personas migrantes. Se recomienda realizar procesos de caracterización para recopilar información relevante. Además, es fundamental promover y aplicar los estándares internacionales contra la discriminación racial y migración, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), con el objetivo de desarrollar políticas y programas que beneficien a las personas migrantes afrodescendientes.

Se sugiere que las organizaciones de la sociedad civil implementen procesos de formación con enfoque étnico-racial sobre los derechos de las personas afrodescendientes en contextos migratorios en Venezuela. Asimismo, se recomienda promover procesos de incidencia política para garantizar los derechos de las personas afrodescendientes venezolanas en contextos migratorios en Colombia, estableciendo espacios de diálogo con instituciones estatales. También es importante estimular los procesos de gestión del conocimiento y formación sobre las categorías étnico-raciales en Colombia, así como las oportunidades normativas que existen para la población migrante afrodescendiente.

 

Consulte y descargue el informe Situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: Análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial

 

Contacto de prensa:

Pablo Suárez / +57 3505824900 / periodista@raceandequality.org

Vocerías:

Sofia Muñoz / +57 312 3233157

Lina María Velásquez / +57 318 2598076

 

 

 

[1] (González citada en CEPAL, 2018, p.88)

[2] El heterorreconocimiento se caracteriza por ser el reconocimiento externo, o en otras palabras, la forma como las personas son percibidas, generalmente desde una lógica de alteridad o diferenciación fenotípica. En este sentido depende de que una persona sea identificada y reconocida como diferente por los demás.

Avances investigativos sobre la situación de la población afrovenezolana en el contexto migratorio en Colombia

  • Raza e Igualdad, el Proyecto Integra de USAID y el Observatorio Javeriano de Desigualdades, invitan a la socialización y discusión académica de la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia
  • Se presentará la investigación realizada por Raza e Igualdad acerca de la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia.
  • La actividad se llevará a cabo el lunes 25 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. en el Auditorio Marino Troncoso, de la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Colombia, 21 de septiembre del 2023. Este lunes, 25 de septiembre, en el Auditorio Marino Troncoso, Edificio Fernando Barón, de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizará la socialización y discusión académica de la investigación sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia: análisis y recomendaciones para la aplicación del enfoque étnico-racial, trabajo adelantado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en alianza con el Proyecto INTEGRA de USAID. Este espacio tiene como objetivo fomentar un intercambio multisectorial para socializar y discutir la investigación realizada por Raza e Igualdad sobre la situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia. Además, se busca analizar esta investigación a la luz de otros procesos de investigación e incidencia relacionados con las condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, el acceso, la promoción y la garantía de los derechos de las personas afrodescendientes provenientes de Venezuela en Colombia y la región.

Durante el evento se presentará el informe producido por Raza e Igualdad, en el marco del trabajo adelantado con el Proyecto INTEGRA de USAID, que tuvo como propósito generar recomendaciones para la inclusión del enfoque étnico-racial en la oferta institucional migratoria y promover la garantía de sus derechos.

Para lograr este objetivo se desarrolló una investigación cualitativa que identificó información sociodemográfica, socioeconómica y de experiencias de vida de la población afrodescendiente venezolana que reside en Bogotá, Cúcuta, Cali, Riohacha y Medellín.

La investigación utilizó la metodología de historias de vida para analizar cómo, el género, la pertenencia étnico-racial y la sexualidad, afectan las trayectorias migratorias. El espacio de socialización contará con la participación de personas expertas en diferentes áreas. Entre ellas, contaremos con la intervención de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Nadia Mosquera Muriel, Doctora en Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex (Reino Unido), investigadora del Centro de Estudios de Género y de la Mujer, Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos); Paula Cerón, Abogada especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Evaluadora de Indicadores Sociales y Master en Gestión Pública; Jhon Jairo Quinchua Ceballos, Profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Escuela de Psicología, Intervención y Comportamiento ICESI, integrante del Comité Administrativo del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF.; y Sthépanie Lòpez Villamil, Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo.

Uno de los principales resultados de la investigación es la escasez que hay de información sobre este grupo poblacional, lo que se deriva en su invisibilización y en la ausencia de datos para diseñar políticas y programas eficientes para atender sus necesidades específicas. Adicionalmente, el estudio reveló que las mujeres afrodescendientes, provenientes de Venezuela, sufren un continuo fenómeno de violencias basadas en género que es transversal a su experiencia migratoria y se relaciona con estereotipos xenófobos, racistas y de género.

Estas mujeres enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, justicia y a oportunidades laborales debido a la informalidad, feminización y racialización del mercado laboral. Además, la falta de confianza en las instituciones, el temor a las represalias por denunciar abusos, y la falta de recursos económicos impiden un adecuado acceso a justicia.

En este contexto, se concluye que, resulta fundamental reconocer las diferencias étnico-raciales en la producción de información sociodemográfica y socioeconómica de las personas afrovenezolanas, considerando el contexto social, cultural y económico de sus países de origen.

Una mirada desde el arte

Adicionalmente, en el evento se exhibirá la exposición fotográfica “Miradas afromigrantes: narrando desde adentro”. Esta exposición busca dar visibilidad a la experiencia migratoria diferenciada de personas afrodescendientes venezolanas que se encuentran en Colombia, a través de su propia perspectiva. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar y difundir la creación de narrativas propias, basadas en las vivencias de las personas afrovenezolanas.

Raza e Igualdad lleva a cabo acciones de investigación, incidencia y litigio estratégico a nivel nacional e internacional desde las líneas de Justicia Racial y Movilidad Humana, con el objetivo de promover la protección de los derechos de personas afrodescendientes, defensoras de los derechos humanos, personas en situación migratoria, así como de las víctimas de comunidades étnicas del conflicto armado y de la violencia policial racista.

 

Contacto de prensa:

Pablo Suárez / +57 3505824900 / periodista@raceandequality.org

 

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Victor Madrigal se reunió con más de 30 personas LGBTI+ de México con apoyo de Raza e Igualdad

En México, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con autoridades locales, liderazgos y organizaciones LGBTI+ de dos estados del país para promocionar su mandato.

Del 17 al 22 de julio, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género (EI OSIG), Víctor Madrigal-Borloz, realizó una visita promocional a dos Estados de México —Oaxaca y Ciudad de México—, la cual se llevó a cabo en alianza estratégica con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), representado por la Oficial Senior del Programa LGBTI, Zuleika Rivera. Asimismo, estuvo presente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de la representación de Niza Castañeda, Oficial de Derechos Humanos.

Durante su visita, se reunieron con más de 30 personas LGBTI+ de diversas organizaciones, liderazgos de la sociedad civil y autoridades locales dedicadas al trabajo de protección y promoción de los derechos LGBTI+, a fin de conocer la situación de las personas LGBTI+ de México y dotar de información a les participantes de las funciones del mandato y las formas de participación con la sociedad civil. Además, el Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos de las Américas y el Caribe, donde Madrigal-Borloz fue invitado a participar de un panel.

Diálogo con la comunidad muxhe

El 18 de julio, se llevó a cabo el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo con el Experto Independiente” en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, convocada por el Instituto Tecnológico del Istmo, el Proyecto Transformándome, Mexfam y otras organizaciones de la sociedad civil organizada. “En Oaxaca existe una narrativa y un lenguaje de inclusión y respeto a las comunidades del Itsmo, lecciones que pueden beneficiar al mundo. Los pueblos indígenas, los pueblos africanos y civilizaciones asiáticas conocían la diversidad sexual y de género como fenómenos que son parte de la riqueza de la sociedad”, manifestó el Experto Independiente en la reunión.

El diálogo contó con la presencia de autoridades como Mariano Rosado López, secretario del Municipio de Juchitán de Zaragoza, y Juan José Rementeria Orozco, Director del Instituto Tecnológico del Istmo (TecNM), quien manifestó sus deseos de una educación inclusiva para la comunidad muxhe y las personas LGBTI+. Asimismo, participó la primera agenta municipal muxhe, Carisia Cabrera, quien describió el reto de llegar a la gobernación y la lucha constante para ser agenta, ya que siempre ha existido el machismo y el racismo.

A la reunión también asistieron liderazgos, agrupaciones locales y actores seculares, y tuvo la finalidad de establecer un vínculo con la comunidad muxhe y las diversidades sexuales, permitiendo la escucha y la articulación de necesidades en materia de salud, seguridad, justicias, trabajo e inclusión social. Al respecto, Jenni Natalia Santiago, de Ellas deciden, red de mujeres lesbianas, bisexuales y sexo disidente, señaló que los procesos coloniales hacen guardar silencios sobre las identidades de género ancestrales y que es necesario que el Estado mexicano reconozca sus existencias y las barreras que enfrentan para acceder a las oportunidades.

Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad Género, Víctor Madrigal-Borloz, reunido en el “Diálogo de autoridades y la comunidad muxhe/trans de la región de Itsmo” en Instituto Tecnológico del Istmo de México.

Reuniones con la sociedad civil

Durante dos días, el Experto Independiente sobre OSIG, Victor Madrigal-Borloz, se reunió con organizaciones de la sociedad civil mexicana en tres mesas temáticas, donde abordaron asuntos como la migración, movilidad humana y el impacto a personas LGBTI+, las desapariciones, los discursos y crímenes de odio y los derechos de las personas LGBTI+ privadas de libertad, personas indígenas y afromexicanas LGBTI+ e infancias trans.

México tiene una de las fronteras con más flujos migratorios y, en el último año, el número de personas LGBTI+ en movilidad ha aumentado, incluyendo a juventudes y adolescencias. Además, las extremas violencias en el hogar y en la calle y falta de oportunidades relacionadas a orientación sexual e identidad de género son las principales causales de expulsión de sus lugares de origen. En el país, no hay política específica migratoria para personas LGBTI+ ni en ley de migración nacional ni en ley federal de asilo, por lo que tampoco existen mecanismos de atención; además, la hipersexualización e perfilamiento racial es muy común.

Por otro lado, las organizaciones civiles tienen una lucha constante por verdad, justicia, reparación y por la memoria de las víctimas de desaparición y crímenes de odio. El país no ha logrado construir un registro oficial de personas LGBTI+ y las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las Fiscalías en México no reconocen a las familias diversas ni a las familias sociales para iniciar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas LGBTI+. Además, existe una falta de capacitación desde la antropología forense para tratar correctamente a los cuerpos de las personas trans.

Asimismo, es necesario reconocer y respetar los derechos de las personas LGBTI+ en los centros de reclusión en México. Con frecuencia las personas LGBTI+ privadas de libertad son víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos, de actos crueles e inhumanos, siendo las personas trans quienes enfrentan con mayor dureza estos actos. De igual forma, los discursos de odio y la presunción de criminalidad refuerzan la discriminación contra las poblaciones indígenas, afromexicanas LGBTI+ y juventudes e infancias trans.

Víctor Madrigal-Borloz en las reuniones temáticas con organizaciones civiles LGBTI+ de México.

Liderazgos Políticos LGBTI+

El Experto Independiente y Raza e Igualdad participaron del VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe, el evento más grande que reúne a lideresas y líderes abiertamente LGBTI+, servidores públicos y aliados, donde Víctor Madrigal-Borloz fue invitado a participar del panel «Apostando por democracias, estallando de color». Durante su intervención, el Experto Independiente reflexionó sobre cómo la creación del mandato es muestra de la disputa por los espacios políticos, ya que hace 30 años era impensable que en las Naciones Unidas se hablara de orientación sexual e identidad de género.

El objetivo principal de sexta edición que convocó a alrededor de 500 personas fue proporcionar un espacio de diálogo, fortalecimiento de capacidades y redes de conexión e intercambio de experiencias en el campo de la participación ciudadana y política a fin de avanzar hacia la igualdad. Algo importante a resaltar es que, durante el encuentro, se creó la primera bancada LGBTI+ de Brasil a fin de combatir el ataque sistemático a los derechos LGBT+ promovido por la extrema derecha. Esta delegación está compuesta por más de 23 autoridades políticas, integrantes del gobierno y organizaciones sociales, entre ellas la diputada federal Erika Hilton, Duda Salabert y la diputada estatal Linda Brasil.

Parte del trabajo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos consiste en apoyar las visitas promocionales de los mandatos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los derechos de las personas LGBTI+. En ese sentido, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de acompañar sus luchas para garantizar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTI+.

Víctor Madrigal-Borloz participando del panel «Apostando por democracias, estallando de color». En la segunda foto: Miguel Ángel Alanis (Raza e Igualdad), Niza Castañeda (OACONUDH), Duda Salabert (Diputada federal – Brasil), Alex Leal (Mandato del EI OSIG), Zuleika Rivera (Raza e Igualdad) en el VI Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI+ de las Américas y el Caribe.

Situación del derecho a la nacionalidad de personas en situación de movilidad humana en Colombia.

Bogotá, 21 de junio de 2022. La Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM)[1] representada a través del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Migrantes y el Centro de Estudios en Migración, ambos de la Universidad de los Andes, la Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER), Caribe Afirmativo, el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR) y Colombia Diversa, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se otorgara una audiencia temática para abordar la violación masiva y manifiesta de los derechos humanos a la nacionalidad, la personalidad jurídica, el debido proceso y demás derechos conexos de las personas colombo-venezolanas solicitantes del reconocimiento de la nacionalidad colombiana.

Atendiendo la solicitud de la Red-LEM, en el marco del 184 Período de Sesiones, la CIDH decidió convocar la audiencia para tratar cuestiones referentes a la situación del derecho a la nacionalidad de personas en situación de movilidad humana en Colombia. La audiencia se llevará a cabo el día 22 de junio del 2022 a las 11:00 am Washington / 10: 00 am Colombia y será transmitida por el canal de YouTube de la Comisión. En representación de la Red, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Migrantes y el Centro de Estudios en Migración, ambos de la Universidad de los Andes, y FENALPER conformarán la delegación para presentar los argumentos ante la Comisión.

La Red-LEM espera que la CIDH se dirija al Estado colombiano y exhorte la implementación de acciones para impulsar la restitución y garantía de los derechos humanos de las personas provenientes de Venezuela, quienes se han visto afectadas como consecuencia de dos situaciones concretas: la primera, consiste en la exigencia de la apostilla en sus actas de nacimiento para lograr el reconocimiento extemporáneo de su nacionalidad colombiana, requisito que resulta desproporcionado e injustificado, tomando en cuenta los altos costos y la Imposibilidad de acceder a la apostilla desde Colombia.La segunda barrera es la ausencia de garantías de debido proceso en los recientes procedimientos de anulación de registros civiles de nacimiento, que han conllevado a la privación arbitraria de la nacionalidad ya reconocida de aproximadamente 42.000 personas colombianas provenientes de Venezuela.

La privación arbitraria del derecho a la nacionalidad tiene impactos sobre la garantía de derechos humanos de las personas provenientes de Venezuela, como lo son el acceso a servicios de salud, educación y trabajo; la imposibilidad para ejercer su derecho al voto, y para realizar cualquier trámite cotidiano en el país. A su vez, las personas con condiciones médicas especiales (cáncer, insuficiencia renal, VIH), personas en situación de discapacidad o personas gestantes, entre otras, no pueden acceder a tratamientos médicos, lo que impacta de forma específica en su estado de salud.

Ante la existencia de obstáculos para el reconocimiento de su nacionalidad y la falta de garantías de debido proceso en los procedimientos de anulación de registros civiles de nacimiento y cedulas de ciudadanía que conllevan la privación arbitraria de la nacionalidad ya reconocida, la Red-LEM hace las siguientes solicitudes a la CIDH:

  1. Solicitar información al Estado colombiano sobre la situación descrita por la Red-LEM y emitir recomendaciones orientadas a promover la garantía de los derechos a la nacionalidad y personalidad jurídica.
  2. Desarrollar reuniones de seguimiento posteriores a la presente audiencia para monitorear las acciones que emprenda el Estado al respecto.
  3. Incluir la problemática descrita en el contenido de los informes temáticos, anuales y de país que emita la Comisión durante el 2022.

[1] La Red de Litigio Estratégico en Migración surgió en el segundo semestre del año 2021, como una iniciativa de diversos actores humanitarios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional que brindan servicios legales, de asesoría, acompañamiento y representación judicial a población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad extrema y con necesidades especiales de protección en el territorio colombiano. Actualmente, la Red- LEM se encuentra conformada por las siguientes organizaciones del orden nacional y territorial: Caribe Afirmativo, Clínica Jurídica para Migrantes (CJM) y Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes, Consejo Danés para Refugiados (DRC), Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Colombia Diversa, Conectando Caminos por los Derechos (implementado por el consorcio integrado por Pact, American Bar Association Rule of Law Initiative (ABA ROLI), Freedom House e Internews), Dejusticia, Instituto sobre Raza e Igualdad y Derechos Humanos, Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR), y la Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER).

Raza e Igualdad lanza cartillas pedagógicas para la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI migrante y refugiada de Venezuela en Colombia

Bogotá, 15 de marzo de 2022.- Colombia es el primer país receptor de personas retornadas, migrantes y solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, por lo que enfrenta numerosos retos para responder a las necesidades en materia de acceso a derechos que tiene esta población, conformada por más de 5 millones de personas que se han visto obligadas a salir del territorio venezolano.

El riesgo de que las personas LGBTI+ sufran algún tipo de violencia y discriminación se intensifica tanto en Venezuela como en Colombia. Además de estar expuestas a los riesgos del contexto específico de movilidad humana, deben enfrentar numerosas situaciones en las que se niega su acceso a derechos como consecuencia de prejuicios, estigmas y violencias asociadas con las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Es por eso que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó dos cartillas pedagógicas con el objetivo de brindar herramientas para la protección de los derechos de las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, dirigidas a organizaciones de la sociedad civil e instituciones y funcionariado público. El contenido de las cartillas fue diseñado a partir del desarrollo de espacios de diálogo con la Fundación GAAT y Caribe Afirmativo, organizaciones que cuentan con amplia trayectoria en la atención de casos de personas LGTBI+, migrantes, refugiadas y retornadas provenientes de Venezuela. 

Con esta iniciativa, tenemos el propósito de aportar elementos a la consolidación de estrategias de atención para la respuesta a la situación de vulneración de derechos humanos que suceden en el contexto de movilidad humana en la frontera entre Venezuela y Colombia. Lo anterior, teniendo en cuenta un enfoque interseccional que tome en consideración los riesgos e impactos diferenciales que pueden ocasionarse en dichos contextos.  

Estas cartillas se realizaron en el marco del proyecto “Litigio estratégico para incrementar el acceso a los servicios de justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto migratorio”, del programa Conectando Caminos por los Derechos, el cual promueve la justicia y los derechos humanos para migrantes de Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia. Este es un programa financiado por USAID e implementado por el consorcio integrado por Pact, ABA ROLI, Freedom House e Internews.  

CARTILLA PEDAGÓGICA PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

 CARTILLA PEDAGÓGICA PARA INSTITUCIONES Y FUNCIONARIADO PÚBLICO “Litigio estratégico internacional para la defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada de Venezuela” 

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