“En Cuba no hay tolerancia social a la censura”: relator para la Libertad de Expresión de la CIDH
“En Cuba no hay tolerancia social a la censura”: relator para la Libertad de Expresión de la CIDH
Washington D.C., 22 de junio de 2023 – El martes 20 de junio se exhibieron 17 obras de artistas gráficos de Cuba, que forman parte de ‘A punta de lápiz’, una exposición en la que se plasman y denuncian las violaciones a los derechos humanos registradas en la Isla. La exhibición estuvo acompañada de un conversatorio titulado ‘Humor gráfico, arte y sátira ante las protestas sociales y la crisis de derechos humanos en Cuba’, que se llevó a cabo en el Club Nacional de Prensa, en Washington D.C. El evento fue coorganizado con la plataforma multimedia El Toque, y se llevó a cabo en el marco del 53º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el diálogo sobre cómo el arte ha servido para rechazar la represión en la Isla, el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, aseguró que en este país “no hay tolerancia social a la censura”.
“El arte suele caminar en el borde de la autocensura colectiva. Verbalizar, escribir, plasmar… lo que muchos quieren decir puede implicar unos niveles de miedo a la retaliación tremendos. Por eso el arte nos llena de esperanza cuando es capaz de reflejar algo que colectivamente se quiere decir: un grito ahogado que refleja un sentir ciudadano”, afirmó el relator al reconocer que en Cuba los y las artistas siguen denunciando las violaciones de derechos humanos registradas en este territorio, pese a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las desapariciones de corta duración.
Vaca también recordó al cantante Maykel Castillo Pérez, más conocido como ‘El Osorbo’, y al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quienes permanecen en prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y declaró que, desde 2021, al menos 22 miembros del Movimiento San Isidro han sido beneficiarios de medidas cautelares en un intento de la CIDH por proteger sus derechos.
Por su parte, el director de El Toque, José Nieves, dijo durante su intervención en el conversatorio que “el humor puede ser una herramienta sumamente útil para el debate público. La irreverencia simbólica del humor, que saca a los políticos de su pedestal y zona de confort, se conforma como nueva forma de lucha”.
La artista visual y columnista cubana Camila Lobón, quien también hizo parte del panel, recordó que, en Cuba, con la entrada del internet, sus habitantes encontraron una herramienta para conocer lo que pasa en su territorio, y así construir una narrativa a partir del arte. “Los artistas cubanos hemos tenido la capacidad de mostrar y lanzar al mundo un nuevo tipo de activismo que ha visibilizado la realidad del país”, agregó.
La falta de garantías para que la ciudadanía cubana pueda ejercer su derecho a la libertad de expresión no solo afecta a los artistas cubanos, también a quienes se dedican al oficio del periodismo en Cuba. El periodista independiente Orelvys Cabrera afirmó durante su intervención en el conversatorio, que en la Isla no existe desde hace muchos años la libertad de prensa.
“A los periodistas independientes cubanos nos persiguen, nos amenazan, nos hostigan para que no mostremos la verdadera realidad del periodismo. En todo momento trabajamos bajo la persecución que nos hace sentir corresponsales de guerra”, puntualizó.
Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos eco a las palabras y testimonios de las personas que participaron en el conversatorio sobre cómo el arte cubano ha servido para denunciar las violaciones de derechos humanos en este país. Además, reiteramos nuestro pedido al Estado de Cuba para que garantice los derechos humanos de sus habitantes, incluida la libertad de expresión. Exigimos que cese la represión y el hostigamiento contra personas artistas y periodistas de la Isla, que a través de sus obras cuestionan las decisiones de las autoridades cubanas y reflejan la realidad de su pueblo.
Revive la transmisión del conversatorio:
Foro Interamericano contra la Discriminación celebra 10mo aniversario de CIRDI, en el marco de la Asamblea General OEA
Washington D.C., 20 de junio de 2023.- El Foro Interamericano contra la Discriminación, evento anual del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en el marco de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunió a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, así como a expertos y líderes afrodescendientes , indígenas y LGBTI+ de la región en un diálogo efectivo sobre la discriminación racial en las Américas.
Este año el Foro tuvo como tema el «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)«, y se celebró en el emblemáticoMuseo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), en Washington D.C.
Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, recordó en sus palabras de bienvenida que la CIRDI es una Convención que cubre la discriminación racial de manera amplia, sirviendo no solo a los pueblos afrodescendientes, sino también a los pueblos indígenas y rrom (gitanos/romani).
El primer panel, «La deuda histórica: responsabilidad del Estado ante el CIRDI y el CIDI», contó con la participación de Joy-Dee Davis Lake, Ministra Consejera de la Embajada de la OEA y Misión Permanente de Antigua y Barbuda. En su relato, la Ministra hizo hincapié en la construcción de un mundo mejor para la diversidad, sin discriminación, donde cada individuo pueda desarrollar todo su potencial. Este panel también incluyó a Luz Elena Baños Rivas, Embajadora de la Misión Permanente de la OEA en México, quien no puede asistir en persona, pero envió sus palabras de necesidad de compromiso y fortalecimiento del CIRDI a los Estados Miembros de la OEA.
Moderado por Carlos Quesada, el segundo panel «Esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica» contó con las palabras de Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Desirée Cormier-Smith, Representante Especial para la Equidad y la Justicia Racial (SRREJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Symmy Larrat, Secretaria Nacional de Derechos LGBTQIA+ y Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil.
«Es necesario prestar atención a la representación racial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, hago un llamado a los ministros de gobiernos y partidos políticos para que reflexionen sobre la resistencia y la inacción para la aprobación del CIRDI por parte de los Estados Miembros», dijo Margarette May Macaulay.
«Tenemos que acordar mantener abierta la ventana de la justicia racial y social, es nuestra responsabilidad si esta ventana se cierra»,enfatizó Desirée Cormier-Smith y pidió a todas las personas afrodescendientes que se empoderen e influyan en sus gobiernos para construir una democracia antirracista.
En su discurso, Symmy Larrat celebró la reanudación del Consejo de Participación Popular LGBTI y anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre ‘Memoria y Verdad’, que contará con expertos y miembros de la sociedad civil para implementar políticas públicas que aborden la reparación histórica de la población LGBTI. «Es un desafío fortalecer los movimientos sociales LGBTI con un congreso tan conservador. Ganamos las elecciones, pero no ganamos la ola fascista», dijo.
Líderes afrodescendientes e indígenas de la sociedad civil de América Latina presentaron sus relatos en el panel ‘Experiencias regionales: la inclusión como herramienta para fortalecer voces diversas’. Moderado por Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de las Mujeres Negras Peruanas (CEDEMUNEP), el diálogo incluyó a brasileños como Maurício Yek’uana, Director Hutukara Asociación Yanomami, quien llamó la atención sobre avance del narcotráfico entre los países limítrofes con las tierras indígenas yanomami de Brasil. “Además de los mineros que hemos estado denunciando durante años, están llegando facciones criminales y la acción del gobierno aún es insuficiente para contener a los invasores en la región», señaló Maurício Yek’uana. Asimismo, Adailton Moreira, Babalorixá Ilê Axé Omiojuarô, quien denunció el racismo religioso y el consentimiento del Estado por la inexistencia de políticas públicas que puedan frenar la violencia contra las religiones de origen africano.
En representación de la agenda LGBTI, el panel contó con la participación de Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD), de Colombia; y el nicaragüense Yader de los Ángeles Parajón Gutiérrez, activista LGBT y miembro de la Asociación Madres de Abril y del Partido Unamos.
«La educación y la voluntad política del antifascismo son necesarias para una inclusión real. Las autoridades deben servir de puente entre el activismo y el gobierno», ha manifestado Sandra Milena Arizabaleta.
Por su parte, Yader de los Ángeles Parajón concluyó: «Nicaragua tiene una deuda con la identidad de género. La violencia generada por la dictadura es a todos los niveles, es silenciosa. Muchos activistas son perseguidos. En este sistema, ya no viven, pero sobreviven».También participaron en este panel la indígena guatemalteca Wendy Geraldina López Rosales, miembro y abogada de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA); y el activista cubano Jorge Luis García Pérez, quien llamó a una alianza efectiva por los derechos de sus pueblos.
«El Estado guatemalteco emite órdenes de captura contra pueblos indígenas, criminalizándolos y sometiéndolos a tratos inhumanos. Nos tratan como invasores, pero nadie puede ser invasor de una tierra que históricamente les pertenece», advierte Wendy López.
«Soy un ex preso político de Castro. Y mi familia es víctima de una feroz persecución por ser negra, por ser un oponente. La dictadura tampoco admite ningún tipo de fe», dijo Jorge Luis García Pérez, señalando que en Cuba también hay persecución religiosa basada en la discriminación racial.
El último panel, ‘Coalición de Afrodescendientes de las Américas y el 53º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA‘, moderado por Elvia Duque, Oficial Superior del Programa sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, trajo al público un mayor conocimiento sobre la 53ª Asamblea General de la OEA con la presencia de Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA; y Rosa Castro de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca y Coordinadora de la Coalición Afrodescendiente de las Américas de la 53ª Asamblea General de la OEA.
Paula Corominas explicó que hay 3 coaliciones temáticas formadas dentro de la 53ª Asamblea General de la OEA y que el 21 de junio se realizará el diálogo entre los representantes de la OEA y la sociedad civil. Por su parte, Rosa Castro señaló algunas de las demandas de la Coalición Afrodescendiente de las Américas que implican una reunión de alto nivel por el 10º aniversario de la CIRDI y una agenda en la que se contemple un fondo para afrodescendientes.
A partir de estas diversas voces que hicieron resonar las diferentes realidades y contextos de los pueblos afrodescendientes, indígenas y LGBTI de América Latina, Raza e Igualdad presentó un llamado a la unidad de las Américas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Con la CIRDI como lema para un plan efectivo para su implementación por parte de todos los Estados Miembros de la OEA para 2024, continuamos en alianza, apoyando y formando a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ocupar cada vez más estos espacios estratégicos como el Foro Interamericano contra la Discriminación.
En Asamblea OEA: Raza e Igualdad conmemorará el 10mo aniversario de la CIRDI y denunciará las violaciones a derechos humanos en Cuba y la persecución religiosa en Nicaragua
Washington D.C., 12 de junio de 2023.- En ocasión del 53º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)realizará tres eventos paralelos. En el primero se conmemorará el décimo aniversario de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), y también se promoverá su firma, ratificación e implementación. En el segundo evento se denunciarán las violaciones de derechos humanos que se registran en Cuba; y en el tercero se exigirá que el régimen de Nicaragua cese la persecución a líderes religiosos y libere a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
La Asamblea General de la OEA se celebrará del 21 al 23 de junio de 2023 en la sede de la OEA en Washington, D.C., bajo el lema “fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”. En este sentido, los eventos de Raza e Igualdad tienen el objetivo de alentar a los Estados miembros de la OEA a tomar medidas para combatir la impunidad, impulsar una paz inclusiva y sostenible, y una transición democrática en la región.
Foro Interamericano contra la discriminación: Décimo aniversario de la CIRDI Y CIDI
Raza e Igualdad, como parte de su permanente trabajo de incidencia en pro de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, reunirá a reconocidos representantes de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y a líderes de la sociedad civil de América Latina en el Foro Interamericano contra la Discriminación «Décimo Aniversario de la Adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (CIDI)», el próximo 20 de junio de 2023.
La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI)” fue aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, tras trece años de incidencia de Raza e Igualdad y otras organizaciones de la sociedad civil étnica. Este es un instrumento que consolida el compromiso de los Estados con la erradicación total de estos flagelos; sin embargo, de los 35 Estados miembros de la OEA, sólo 6 Estados son parte de la CIRDI, sólo 7 la han firmado y 29 no la han firmado, ratificado ni implementado.
En este sentido, el Foro estará dividido en paneles temáticos sobre la deuda histórica y la responsabilidad de los Estados ante los tratados CIRDI y CIDI, los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación racial y étnica, y hacia personas LGBTI+; así como la participación de líderes de la sociedad civil, experiencias regionales e inclusión como herramienta para fortalecer las voces diversas. Para finalizar, se dialogará sobre la coalición de afrodescendientes de las Américas y la 53ª sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA.
Cuba: A Punta de Lápiz
Para continuar denunciando las graves violaciones a los derechos humanos en Cuba, particularmente los casos de hostigamiento contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, Raza e Igualdad invita el próximo 20 de junio a la exposición de arte “A punta de Lápiz”, una muestra coorganizada con la plataforma El Toque, que reúne una selección de 20 caricaturas y viñetas de artistas cubanos que recorren con humor, desenfado y agudeza varios eventos sociopolíticos trascendentales de los últimos años en La Isla.
En Cuba, hasta el pasado 31 de mayo, habían 1.880 personas privadas de la libertad por motivos políticos, de acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J, que también ha documentado que 773 personas continúan encarceladas por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021, la más multitudinarias de la última década. Paralelo a estas violaciones de derechos humanos, en la Isla ya se contabilizan 38 casos de feminicidios, una cifra que supera el registro anual del año 2022.
A propósito de ello, la apertura de “A punta de lápiz” estará acompañada de un conversatorio titulado ‘Humor gráfico, arte y sátira ante las protestas sociales y la crisis de derechos humanos en Cuba’, que contará con la participación del relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca; el editor de El Toque, José Nieves; la artista visual y columnista cubana, Camila Lobón; y el periodista independiente cubano, Orelvys Cabrera.
La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región
Finalmente, para reflexionar sobre la profundización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua y cómo este país está marcando una pauta en los retrocesos democráticosde la región, Raza e Igualdad -en coordinación con la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)- realizará el evento “La crisis de Nicaragua: una amenaza para la democracia en toda la región”, el día 22 de junio.
Cinco años después del inicio de las protestas pacíficas de abril de 2018, 355 asesinatos de manifestantes continúan en la impunidad, más de 47 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en cárceles nicaragüenses, al menos 2090 personas han sido detenidas arbitrariamente, más de 320 personas han sido despojadas de su nacionalidad, y la represión se encuentra en una etapa caracterizada por la persecución y criminalización a la Iglesia Católica y las restricciones a la libertad religiosa.
Dado este contexto, en la primera parte del evento, especialistas en Derecho conversarán sobre los patrones represivos contra personas consideradas opositoras y contra la Iglesia; y en la segunda etapa, víctimas del régimen y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conversarán sobre la prisión arbitraria por motivos políticos y otras represalias hacia quienes ejercen sus libertades fundamentales.
*** Más información de los eventos ***
Foro Interamericano contra la discriminación
Día: Martes 20 de junio, a las 9:00 am
Lugar: Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC), Washington D.C.
Estallido social en Perú: condenamos la violación sistemática de derechos humanos
La crisis política y social en el país está marcada por la discriminación, persecución, represión, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, 59 muertes y más de 1,792 personas heridas.
Lima, 7 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por las graves denuncias que reportan las organizaciones de derechos humanos sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos de la población peruana; y condena firmemente el uso excesivo de las fuerza militar y policial desde que se inició la crisis política a raíz del intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, expresidente de Perú.
El sábado 28 de enero, Lima fue escenario del asesinato de Victor Santisteban Yacsavilca, un manifestante de 55 años, cuya muerte es la primera en la capital a causa de la represión policial. Los videos de seguridad y los primeros informes médicos confirman que murió por traumatismo cerebral debido al disparo de un proyectil de lacrimógena en la cabeza.
Según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo, a la fecha se registran 59 muertes (47 de civiles y 1 policía durante protestas y 11 civiles por causas indirectas al estallido social como los bloqueos de carreteras) y más de 1,792 personas heridas en todo el país. En comparación con diciembre, enero superó el número de personas heridas a más del doble. Además, un informe del medio periodístico Ojo Público señala que, por lo menos, 30 de los civiles fallecieron por “proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas”.
Según los organismos internacionales de protección de derechos humanos, el uso de armas de fuego es una medida extrema y no existen supuestos que habiliten su uso para disolver una protesta o una manifestación, o para que se dispare indiscriminadamente a la multitud, tal y como lo señala el reporte “Protesta y Derechos Humanos” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Lugar del primer asesinato en Lima en el marco del estadillo social. Foto: Difusión
Detenciones arbitrarias
Desde el inicio de las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones peruanas, ha denunciado la detención arbitraria de manifestantes e incluso de transeúntes por parte de la policía. Su última denuncia al respecto hace referencia al acercamiento de agentes del orden a los hospitales para detener a las personas heridas que estaban siendo atendidas.
De la misma manera, el 21 de enero, la policía ingresó con tanquetas, disparos y sin presencia de un fiscal del Ministerio Público a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la universidad más antigua de las Américas, para detener a manifestantes que habían sido alojados por estudiantes en dicha casa de estudios. Como lo menciona la abogada Renata Bregalio en su cuenta de Twitter, ese día maltrataron, humillaron y privaron de su libertad a 193 personas, entre ellas campesinos/as, adultos mayores, personas indígenas quechuahablantes y aymaras, estudiantes, a mujer embarazada, una niña de 8 años y periodistas. Además, impidieron el acceso de abogados/as a las personas detenidas, violando el derecho a tener una defensa legal oportuna y el derecho a tener un intérprete de lenguas originarias.
Otra grave denuncia de violación a los derechos humanos la realizó una ciudadana, quien manifestó que fue víctima de agresión sexual por parte de efectivos policiales mientras estuvo detenida. Asimismo, la CNDDHH ha recibido reportes sobre desnudos forzados para revisiones íntimas y tocamientos indebidos a mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la intervención a la UNMSM.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha estado dando seguimiento a la situación en Perú y que realizó una visita del 11 al 13 de enero, se pronunció sobre estos hechos en un comunicado junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenando “el uso arbitrario de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, así como repudia cualquier práctica de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. Así también subrayaron en el comunicado que ningún operativo de desalojo puede realizarse sin las debidas justificaciones legales y legítimas.
Hasta el 22 de enero, la Fiscalía reportó 104 carpetas fiscales con investigación a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número total de detenciones, se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.
Intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Foto: Difusión.
Declaración de la OEA
El 30 de enero, después de la presentación de la CIDH ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre su visita de observación a Perú, sus pronunciamientos, así como los realizados por las agencias de las Naciones Unidas, el Consejo Permanente de la OEA llamó al Estado peruano a dar “una respuesta estatal urgente enmarcada por los estándares interamericanos (…), así como adoptar medidas efectivas para la rendición de cuentas sobre todos los actos de violencia y destrucción”. En la misma declaratoria, llamó a las autoridades peruanas a realizar prontamente el adelanto de elecciones generales. Al respecto, el Congreso peruano aplazó por tercera vez la discusión sobre el adelanto de las elecciones para octubre del 2023.
Congresistas de EE.UU. piden a Biden que suspenda asistencia de seguridad
El lunes 30 de enero, desde el Congreso de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden en solidaridad con el pueblo peruano, solicitando la suspensión inmediata de la asistencia de seguridad que se concede a Perú debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. Los Congresistas Jamie Raskin, Juan Vargas, Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros, pidieron la aplicación de esa medida hasta que las autoridades peruanas garanticen la justicia y la rendición de cuentas.
Asimismo, insta a la Administración norteamericana a que se pronuncie públicamente y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso.
Miles de personas provenientes de las regiones andinas de Perú viajaron a la capital para participar del Paro Nacional. Foto: Luz Mateo Cielo
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad insta a investigar -de forma célere, eficaz y respetando el debido proceso- las muertes, abusos, detenciones y demás violaciones a la seguridad e integridad de las personas con el fin de que se judicialice a los responsables y se determinen medidas de reparación integral.
Rechazamos los discursos que califican a manifestantes de “terroristas”, “delincuentes” o “grupos radicales” y que criminalizan el libre ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Asimismo, persistimos en el llamado a levantar inmediatamente el Estado de Emergencia en Perú, la imposición ilegítima de los toques de queda para impedir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, así como el uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Recordamos que los Estados tienen compromisos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población, por lo que llamamos urgentemente a que el Estado peruano tome medidas inmediatas para que cese la violencia en el país y se respete los estándares internacionales de derechos humanos.
Encuentra más detalles sobre lo que sucede en Perú en nuestras notas anteriores:
Convulsión social: Perú registra 25 muertes y más de 300 personas heridas durante protestas
La CIDH se encuentra en el país recabando información y llevará a cabo una segunda visita en enero del 2023.
Lima, 20 de diciembre de 2022.- Perú vive una crisis política y social convulsionada por protestas en 16 regiones del país que demandan principalmente el cierre del Congreso de la República y la renuncia de la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte. Algunos sectores de la sociedad exigen que esto se realice través del adelanto de elecciones generales con la aprobación previa de reformas políticas que garanticen la amplia representatividad del país y la renovación de la clase política. Otras consignas que se escuchan son por una Asamblea Constituyente y por la libertad del expresidente Pedro Castillo.
El 7 de diciembre, Castillo fue detenido por la policía nacional inmediatamente después de intentar dar un golpe de Estado. Mediante un mensaje a la nación declaró “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional y convocar en el breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución”. También ordenó la reorganización el Sistema de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Actualmente, Castillo está siendo investigado por el delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, mientras se encuentra en prisión preventiva dictada por 18 meses.
Aunque las manifestaciones comenzaron con su detención, el descontento de la población viene desde mucho antes. De acuerdo con la encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, para noviembre de este año, el Congreso de la República y del Ejecutivo tenían 86% y 61% de desaprobación, respectivamente.
Fotografía: Luis Javier Maguiña (@luisjaviermlx)
Muertes y personas heridas en protesta
La violencia policial y militar en las protestas ha provocado la muerte de 25 personas (entre ellas adolescentes y estudiantes en etapa escolar) y más de 300 personas heridas, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud. El número más alto de pérdidas humanas se registró en las regiones del sur andino del país, en especial Ayacucho (9), la región que sufrió más violencia en la época del terrorismo y la tercera más pobre; le siguen Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1).
También, se han reportado toma de aeropuertos, incendios de entidades públicas, daños a propiedades privadas, atentados a medios de comunicación y periodistas, policías heridos y en situación de secuestro que actualmente ya se encuentran en libertad.
Fuente: Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud.
Estado de Emergencia y toque de queda
Inicialmente, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta y actualmente asume la Presidencia de la República, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de Apurímac, región que registra 6 muertes; sin embargo, a causa de la magnitud de las movilizaciones, desde el 14 de diciembre, lo declaró en todo el país por 30 días. En Perú, durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, como lo indica el Decreto Supremo 143-2022-PCM; lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de su cuenta de Twitter, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que agrupa a 78 organizaciones del país, se pronunció enfáticamente condenando la violación sistemática de los derechos humanos y exigiendo el levantamiento del Estado de Emergencia y la restitución de garantías individuales. Además, deploró que el Estado no haya dado explicaciones sobre la investigación de las muertes de manifestantes.
“Cuando hay Estado de Emergencia el control de la fuerza pública es de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas concurren en apoyo a ella. Aún en Estado de Emergencia el uso de las armas letales es la última opción», señaló por su parte Eliana Revollar, titular de la Defensoría del Pueblo.
Además del estado de excepción, el gobierno declaró toque de queda en algunas provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho desde el 16 de diciembre.
A lo largo de los 13 días de protestas[1], los manifestantes han registrado y denunciado por redes sociales abusos, represión y uso de armas letales por aire y tierra por parte de efectivos policiales y militares, sobre todo en Ayacucho y Apurímac. La CNDDHH, la Coordinadora 14N y otras organizaciones y colectivos de derechos humanos han estado trabajando en la recopilación y difusión del material gráfico probatorio para apoyar las denuncias ciudadanas. Además, han seguido caso por caso las detenciones arbitrarias -muchas de estas realizadas por policías sin identificación vestidos de civil- para llevar asistencia legal a las personas detenidas.
Por otro lado, el sábado 17 de diciembre, un operativo policial de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) irrumpió en los locales de la Confederación Campesina de Perú (CCP) y del Partido Nuevo Perú (NP) en el centro de Lima, donde se alojaban solidariamente 26 campesinos quechuahablantes que llegaron a la capital desde diferentes provincias para continuar protestando. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, informó tras su salida del local que el allanamiento arbitrario se realizó sin presencia de la Fiscalía, sin defensa legal ni intérpretes, como corresponde por ley. Además, alertó sobre la siembra de pruebas por parte de la Policía para inculpar a los campesinos. Dirigentes campesinos rechazaron el actuar policial y las acusaciones de terrorismo de la DIRCOTE: «Lamentablemente, en mi pueblo ¡cuántos muertos! Por eso, venimos acá. No somos terroristas, yo soy licenciado, yo he servido a mi patria», dijo entre lágrimas un dirigente social de provincia.
“Recordamos que el Estado de Emergencia no suspende el derecho al debido proceso. Es necesario que se respete el derecho a la defensa y, de ser el caso, a un intérprete”, señaló Amnistía Internacional Perú a través de su cuenta de Twitter.
Al respecto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, solicitó a las autoridades respetar y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, quienes históricamente han sido víctimas de las inconsultas decisiones políticas.
Más de 180 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la declaratoria del Estado de Emergencia a nivel nacional y el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, a través de un comunicado solicitaron la presencia conjunta en territorio peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La CIDH anunció su visita técnica y preparatoria a Lima y a otras zonas del país del 20 al 22 de diciembre, y una posterior visita del Relator por país en enero del próximo año. Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva de la CIDH y su equipo se reunirán con autoridades estatales y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.
“Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.”, expresó la CIDH en un comunicado de prensa. Además, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias para que las graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigadas de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo sanciones a las personas responsables.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, también expresó su preocupación ante la escalada de tensiones en el contexto de las protestas en Perú. “Como dice la Resolución 50/17 del CDHNU: Incluso en Estados de Emergencia, los Estados deben garantizar que toda medida restrictiva sea conforme con el derecho internacional de DDHH”, señaló.
Stuardo Ralón, Relator de la CIDH para Perú, también se pronunció condenando las muertes ocurridas y solidarizándose con las familias de las víctimas. Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables, señaló.
Raza e Igualdad condena la violación sistemática de derechos humanos
Raza e Igualdad se suma al llamamiento de organismos de derechos humanos para levantar el Estado de Emergencia en Perú e investigar exhaustivamente en el fuero común las muertes, abusos y demás violaciones a la seguridad e integridad de la población peruana.
Recordamos la obligación del Estado peruano de garantizar y respetar el derecho a la vida, integridad personal y a la protesta de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Insistimos en que debe parar la violencia policial y militar; en su lugar, el Estado tiene el deber utilizar los canales democráticos para atender las demandas de su población y encontrar una salida a la crisis política y social sin que más vidas sean afectadas.
[1] Contabilizados desde el 7 de diciembre del 2022.
7 datos que debes saber sobre la situación de las personas transmasculinas y de género no binario de la región andina
Seis defensores de derechos humanos de la región compartieron información en el Conversatorio Internacional “Identidad, nuestro derecho”, que se realizó en el marco de la 52ª Asamblea General de la OEA en Lima.
Washington D.C., 18 de octubre de 2022.- Ninguna persona podrá tener una vida digna sin un documento de identidad que le permita acceder a sus derechos fundamentales, y que realmente le represente. En Perú, las personas transmasculinas y de género no binario deben atravesar procesos judiciales costosos, largos e inciertos para lograr la modificación de sus nombres y/o sexo en sus documentos de identificación (DNI). En otros Estados de la región, a pesar de contar con normativa al respecto, aún se presentan dificultades que ocasionan desprotección y violencia hacia las personas de género diverso.
En el marco de la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) «Juntos contra la desigualdad y la discriminación», que se desarrolló del 5 al 7 de octubre en Lima, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Fraternidad Trans Masculina Perú y Fuerza No Binarie realizaron el Conversatorio Internacional de Transmasculinidades y Personas No Binarias: “Identidad, nuestro derecho”.
Este evento se desarrolló de forma híbrida (puedes ver el conversatorio completo en este enlace) y participaron representantes y activistas de organizaciones de países de la región sur como Mateo Rodrigo Solares, de Hombres Trans Diversos de Bolivia; Michael Gabriel De Prada Padilla, de Fraternidad Trans Masculina de Ecuador; y Gaby Van, de Liga Transmasculina Joao W. Nery de Brasil. De Perú, participaron Kit Huayas Bernabé, de Fuerza No Binarie; y Fhran Medina, asesor legal peruano especialista en derecho a la identidad. Además, el conversatorio fue conducido por Bruno Montenegro, coordinador de Fraternidad Trans Masculina Perú.
Kit Huayas Bernabé, persona de identidad de género no binario. Pertenece al colectivo ‘Fuerza No Binarie’ de Perú.
Durante una hora y media, seis defensores de derechos humanos de la región compartieron información sobre los diversos marcos legales de sus países, sus experiencias en la lucha ante las barreras institucionales y sociales que deben atravesar debido a su identidad de género. A continuación, un resumen de siete ideas principales que dejó el conversatorio:
1. La ley no es suficiente. Aunque en países como Bolivia y Ecuador existe una ley de identidad de género, esto no garantiza protección integral a las personas transmasculinas y de género no binario. En Bolivia, incluso, solo las personas trans tienen el campo ‘género’ en su cédula de identificación, mientras que las personas cisgénero conservan la categoría ‘sexo’ en sus documentos. En consecuencia, esta diferenciación que se realiza con la ley de identidad de género termina exponiendo a personas trans a situaciones de vulnerabilidad.
2. El cambio del dato de sexo no tiene un trámite estándar. En Perú, la única vía para cambiar el dato ‘sexo’ en el documento de identidad es a través de un proceso judicial que resulta costoso, largo y revictimizante. Además, los juzgados a nivel nacional no poseen un trámite estándar para ello, por lo que algunos jueces exigen certificados psicológicos y psiquiátricos, y constancias médicas que acrediten alguna cirugía en el cuerpo para validar el cambio del dato sexo.
3. La identidad de género no es binaria. Los dos proyectos de ley sobre identidad de género que existen en Perú solo consideran a las personas transfemeninas y transmasculinas, no incluyen ni nombran a las personas de género no binario.
4. Las personas transmasculinas abortan. Si de por sí, el derecho al aborto es un tema polémico en muchos países de Latinoamérica, en países donde sí es legal —en determinadas causales—, ninguna legislación menciona la capacidad y el deseo de los cuerpos transmasculinos y no binarios de gestar. Se suele pensar que no hay posibilidad de requerir el servicio de aborto una vez que se haya decidido transicionar hacia la masculinidad o neutralidad.
De derecha a izquierda: Bruno Montenegro, Mateo Rodrigo Solares, Gabriel De Prada Padilla, Kit Huaynas Bernabé, Fhran Medina y Gaby Van.
5. La medicina sigue estigmatizando a personas trans. Desde el campo de la salud, las personas trans y de género no binario son catalogadas con diagnósticos patologizantes. Son muy pocos les profesionales de salud que no pretenden convertir a las personas trans en “normales”, es decir, en heterosexuales cisgénero. En el caso de Brasil, a pesar de contar con una ordenanza que posibilita el proceso de sexualización trans a través del Sistema Único de Salud, solo en algunos pocos estados se proporcionan las hormonas, y lo hacen no respetando la identidad y la presencia trans en espacios de salud.
6. La discriminación contra las personas transmasculinas afecta a sus hijes también. En países donde existe una ley de identidad de género, aún se tienen batallas legales contra Registro Civil, ya que no existen procedimientos que reconozcan a hijes de papás transmasculinos y su derecho a la familia.
7. A las personas transmasculinas y de género no binario también les atraviesan otras violencias. Cuando se habla de la población de género no normativo es importante enfatizar de qué cuerpo se está hablando. En Brasil, cada 23 minutos asesinan a una persona negra; es el país de la región donde más matan a personas trans y es el quinto donde más personas transmasculinas se suicidan. Visibilizar estas interseccionalidades y el grado de violencia al que las personas transmasculinas y de género no binario están expuestas es crucial para mejorar sus contextos.
Cabe resaltar que tanto en Perú como en Brasil, Raza e Igualdad viene apoyando los procesos legales de cambios de nombre en los documentos de identificación de personas trans y de género no binario. Fraternidad Trans Masculina Perú recibió, durante el 2021, más de 70 solicitudes para tramitar procesos de cambio de nombre de personas trans. En el año 2022, con el apoyo de Raza e Igualdad, se tramitarán de forma gratuita 16 casos de cambio de nombre de personas trans en estado de vulnerabilidad. De igual manera, en Brasil se logrará el cambio de nombre de más 100 personas trans, en alianza con la organización Grupo Pela VIDDA.
Cierre de espacios cívicos es una amenaza para la democracia en las Américas, concordaron defensores en el marco de la 52 Asamblea General OEA
Washington D.C., 17 de Octubre de 2022.- “La sumatoria de muchos actos represivos termina derivando en un cierre del espacio cívico, en perder la confianza en el ejercicio de libertades”, expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, en el evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, celebrado en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.
Pedro Vaca y personas defensoras de derechos humanos de Brasil, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, convocadas por el Consorcio Latioamericano de Derechos Humanos -iniciativa conformada por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y liderada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos-, denunciaron el alarmante cierre de los espacios cívicos en sus países, los patrones represivos comunes y sus ideas para contrarrestarlos.
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +, expuso la dramática situación que vive la sociedad civil nicaragüense que, desde el año 2018 -cuando inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos- vive “el mayor ataque a la libertad de asociación” en su historia. Según los registros de su organización, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo uso de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, ha despojado de sus personalidades jurídicas a más 2250 organizaciones hasta el año 2022. “Ha habido días en los que han ilegalizado 200″, lamentó.
La Coordinadora General de CRIOLA (Brasil), Lúcia Xavier, denunció que el Estado brasileño ha actuado con violencia para controlar manifestaciones públicas en el marco de las elecciones presidenciales. «En Brasil, en estas elecciones, 42 manifestaciones contra el gobierno fueron rechazadas. Defensores de los derechos humanos están siendo amenazados».
Arturo Jordán Rodas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, recordó que el cierre de los espacios cívicos es un “problema regional que se está expandiendo” con patrones comunes como: la corrupción, la persecución a la prensa independiente, la parcialidad de los operadores de justicia, entre otros.
Además, para Rodas, es de extrema preocupación cómo se reprime con “trato diferencial” a las y los estudiantes y sociedad civil guatemalteca. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos pone (a Guatemala) a la par de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde se están vulnerando permanentemente los derechos humanos”, lamentó.
Por su parte, Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes destacó que el régimen venezolano utiliza mecanismos como la televisión pública para emitir comentarios en contra de las organizaciones de la sociedad civil. “Se les trata de mecanismos para que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela… servidores del imperio”.
Fundaredes, por más de 15 años, ha documentado ampliamente la presencia de grupos armados en Venezuela, así como casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.Esto les ha traído como consecuencia al menos 11 ataques de hostigamiento contra la organización“que se materializaron el 2 de julio de 2021, cuando detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Director de Fundaredes”.
Pedro Vaca: Ante el cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que el 2022 «apunta a ser el año más letal para la prensa en el continente, desde que existe laRelatoría (Especial para la Libertad de Expresión – RELE), hace 24 años», así como «el año en el que hay más personas privadas de libertad por ejercer la libertad de expresión»
Pese al desolador panorama para la prensa independiente, el Relator reconoció la resiliencia de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. “Actualmente, en varios países de la región hay más incentivos para dejar de ser y hacer sociedad civil, que para persistir y hacer, pero hay una constancia, hay un compromiso. Yo creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora porque no solo es un periodismo que está aportando, es un periodismo a contracorriente… y a pesar de todos estos obstáculos hay periodismo, hay solidaridad entre periodistas”
En su ponencia, Vaca también insistió en que hay que llamar a las “voces oficiales” a que “entiendan que son una voz importante pero no son la única voz. Pierden todas las democracias si la voz oficial se plantea como la única voz”.
“Somos sociedades diversas, la democracia es diversa, las narraciones unilaterales le hacen daño a nuestra vida en comunidad y es muy importante que, ante este cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo”, finalizó.
Raza e Igualdad reitera su compromiso con la sociedad civil
Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, denunció que algunos gobiernos de la región “independientemente de su orientación y lógica” emprenden acciones para restringir la libertad de asociación. “El cierre de espacios cívicos en la región se ha profundizado y es una amenaza seria para la democracia… Continuaremos fortaleciendo el rol de la sociedad civil en la región», recalcó.
“Fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y sus espacios de participación es un tema de particular relevancia para el hemisferio en su conjunto”, agregóDavid Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Es necesario compartir y discutir las estrategias utilizadas por los gobiernos, pero también “las estrategias que las organizaciones de la región están implementando para hacer frente a este desafío compartido”.
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo el preocupante deterioro del tejido y los valores democráticos, reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas.
El fortalecimiento de una democracia sana requiere de una sociedad civil activa que ejerza libremente su rol de vigilar las acciones de gobiernos y funcionarios públicos, presentar propuestas, defender y promover derechos, dirigir reclamos, entre otros. Por ello, urgimos a la comunidad internacional actuar de forma coordinada para combatir los desafíos que enfrenta la sociedad civil y las consecuencias que esto puede generar para la estabilidad y la paz social de las Américas.
Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos abordará el alarmante cierre de espacios cívicos, en el marco de la Asamblea General de la OEA
Washington D.C., 5 de octubre de 2022.- Durante los últimos años, Latinoamérica ha experimentado un alarmante retroceso en cuanto a libertad de asociación, libertad de expresión y participación ciudadana. En varios países de la región se discuten iniciativas de leyes y/o se han aprobado normas que afectan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, introducen condiciones antidemocráticas para impedir la creación de nuevas ONGs, establecen límites a su accionar o restringen su acceso a financiamiento, y en los casos más extremos, permiten a los gobiernos criminalizar el trabajo que realizan las organizaciones y líderes que trabajan en las distintas agendas de promoción y defensa de los Derechos Humanos.
El jueves 6 de octubre, en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -iniciativa compuesta por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y liderada por el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el panel “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, con el fin dar a conocer a actores de la comunidad internacional los múltiples desafíos que enfrenta la sociedad civil de la región en materia de cierre de espacio cívicos, e intercambiar buenas prácticas que colaboren a fortalecer la participación ciudadana.
En el evento, Wendy Flores, Coordinadora del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +; Lucía Javier, Coordinadora General de CRIOLA, Brasil; Arturo Jordán Rojas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de la República de Guatemala; Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes, Venezuela; y Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compartirán sus ideas y experiencias para contrarrestar la pérdida de espacios cívicos en las Américas.
Inscripción
El evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, se realizará en el Hotel Sheraton de Lima, Perú, el próximo 6 de octubre desde las 5:00pm hasta las 6:30 pm hora local.
Contará con transmisión en redes sociales y traducción simultánea en español, inglés y portugués para quienes asistan tanto de manera presencial como en línea.
Para atender de forma presencial o virtual puede realizar su registro en el vínculo a continuación:
Sobre el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos
El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos es una alianza de tres prestigiosas organizaciones: Freedom House, The International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality), y Pan American Development Foundation (PADF); con el objetivo de fortalecer las capacidades de organizaciones de derechos humanos en América Latina y el Caribe.
Desde 2020, colaboran y coordinan acciones destinadas a documentar violaciones a los derechos humanos, proveer de asistencia legal y psicosocial a víctimas, generar oportunidades de incidencia para organizaciones de la sociedad civil y capacitar en distintas áreas a organizaciones y actores que trabajan en la promoción de distintas agendas de Derechos Humanos de la región. A través de un trabajo coordinado, convergen para que sus contrapartes amplifiquen sus oportunidades de incidencia y el alcance de sus acciones.
Foro Interamericano contra la Discriminación: Raza e Igualdad promueve diálogo sobre discriminación y democracias inclusivas en el marco de la IX Cumbre de las Américas
Washington D.C, 3 de junio de 2022.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará el Foro Interamericano contra la Discriminación, el cual tendrá lugar el 6 de junio en Los Ángeles (California), en el marco de la IX Cumbre de las Américas. Después de más de dos años de virtualidad debido a la pandemia de coronavirus, el Foro—que contará con interpretación simultánea en inglés, español y portugués—se llevará a cabo de forma presencial, aunque también tiene disponible la opción de unirse virtualmente y será transmitido en directo por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad.
Con el fin de visibilizar las diferentes discriminaciones que enfrentan las poblaciones de Latinoamérica, así como sus principales demandas, el Foro Interamericano contra la Discriminación contará con la presencia de Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, el regreso de los eventos presenciales y la celebración híbrida del Foro Interamericano contra la Discriminación este año, exigirá el restablecimiento de alianzas entre organizaciones regionales y también un mayor conocimiento de estas sobre el trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). «El Foro ya se ha establecido como un evento de suma importancia en la agenda regional y, para Raza e Igualdad, es la realización concreta de nuestro trabajo para apoyar el empoderamiento de las personas y las comunidades para que puedan promover cambios estructurales en sus respectivos países», dijo.
El evento contará con la presencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, quienes dialogarán sobre la realidad de sus países y las diferentes caras que la discriminación puede tener a nivel regional. Asimismo, debatirán sobre la importancia de este sector para la construcción de democracias fuertes e inclusivas, y cómo se pueden articular en el contexto de la IX Cumbre de las Américas, cuyo lema este año es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.
En el Foro también se abordará la participación de la sociedad civil en la OEA, por lo que contaremos con la participación de Paula Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA. El objetivo de este panel es proporcionar información sobre aspectos clave de la OEA, con el fin de comprender y mejorar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de activistas en la lucha contra la discriminación en las Américas. «El impacto político y el litigio estratégico son pilares de Raza e Igualdad para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que el Foro es una oportunidad para que la sociedad civil actúe a nivel regional e internacional para promover la equidad y la democracia», dice Elvia Duque.
El Foro Interamericano contra la Discriminación es una iniciativa de Raza e Igualdad para contribuir al fortalecimiento e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil bajo la creencia de que la construcción de sociedades democráticas y equitativas debe contar con las voces de la sociedad civil organizada, y que la lucha contra la discriminación es una tarea constante para la protección y garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables. Además, dada la dinámica actual de persecución de defensores de derechos humanos, el Foro se propone como un espacio de libertad de expresión y acceso a la información para activistas de Latinoamérica.
Lugar: Hotel Índigo (Los Ángeles – Downtown) | Salón Hollander
Panel 1:
Apertura: Carlos Quesada – Director Ejecutivo de Raza e Igualdad
«Mejorar nuestro enfoque en la lucha contra la discriminación en las Américas»: Tendayi Achiume, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.
«Utilizando las herramientas proporcionadas por la OEA para contribuir a un futuro sostenible, resiliente y equitativo»: Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.
Panel 2:
«El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de democracias fuertes e inclusivas»
Participantes:
Laritza Diversent, Directora Ejecutiva de CUBALEX
Bruna Benevides, Secretaria Nacional de Articulación Política de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA)
Anita Wills, Becaria legado de Mothers Against Police Brutality
«Organizaciones de la sociedad civil ante la IX Cumbre de las Américas»
Participantes:
Mirtha Colón, Presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA)
Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD)
Panel 3:
«Participación de la sociedad civ de junioil en la OEA»: Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA.
Moderadora: Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etinicidad de Raza e Igualdad.
El evento será transmitido en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad, y contará con traducción simultánea en español, inglés y portugués a través de Zoom.
#31M: Reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans para la plena garantía de sus derechos humanos
Washington D.C., 31 de marzo de 2022.– Este Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea exaltar la importancia del reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans, como base para la plena garantía de sus derechos humanos, específicamente de sus derechos económicos y sociales. En Latinoamérica, las personas con expresión e identidad de género diversas se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos que, a su vez, constituyen derechos fundamentales de los cuales toda persona debe gozar sin sufrir ningún tipo de discriminación o violencia.
En al menos 11 países de América Latina y el Caribe existen procesos legales o administrativos para que las personas trans rectifiquen sus documentos de identificación según su identidad de género. Por ejemplo, en Brasil—país con la mayor cifra de personas trans asesinadas en el mundo—el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció en 2018 que las personas trans y travestis mayores de 18 años, independientemente de la cirugía de reasignación de sexo, tratamientos hormonales o la presentación de documentos médicos o psicológicos, tienen derecho a cambiar de nombre, género, o ambos, en cualquier oficina del Registro Civil del territorio nacional, sin la presencia de un abogado o defensor público.
En tanto, en México, 14 de los 32 Estados de este país reconocen en sus legislaciones elderecho a la identidad de género, por lo que las personas trans pueden acceder a la modificación de su sexo o género por medio de un trámite administrativo, sin tener que atravesar un proceso judicial. El Estado de México fue el último en incorporar este reconocimiento, en julio de 2021, con una votación en el Congreso que tuvo 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Los otros Estados son Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
En países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, no existe ningún marco jurídico o administrativo para que las personas trans realicen la rectificación de sus documentos de identidad, o bien no hay jurisprudencia en ese sentido y, por tanto, si una persona trans decide iniciar el proceso, este queda a discreción de los administradores de justicia y puede ser un camino largo y costoso económica y emocionalmente. Ese es el caso de Mística Guerrero, una mujer trans de Nicaragua que hasta mayo de 2021 no contaba con un documento de identidad porque en 2012 inició el trámite de cambio de nombre ante la Corte Suprema de Justicia y desde entonces no ha habido un fallo sobre su caso, según el reportaje de un medio local.
La falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo está determinada por la existencia o no de procesos para realizar el cambio de nombre, sino también por la voluntad y capacidad de gestión en las instituciones del Estado que deben aplicar las normas en términos de registro civil. Y es que, pese a la existencia de estos procesos en muchos países, activistas y organizaciones LGBTI+ suelen registrar dificultades para que las personas trans accedan a los mismos, debido a factores como la falta de claridad y actitudes transfóbicas, lo que genera dilaciones y que las personas desistan de la gestión.
A ello debe sumarse el hecho que son muy pocas las personas trans que cuentan con el apoyo de sus familias en estos procesos, pues el hogar se configura como el primer espacio en el que las personas con expresión e identidad de género diversas experimentan actos de rechazo, violencia y discriminación, dinámica que se mantiene a lo largo de sus vidas.
“[…] Existe un sinnúmero de barreras que alejan a las personas trans y de género diverso de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos desde una temprana edad, que tienen que ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género. En ese orden, son numerosos los informes que dan cuenta de una alta prevalencia de adolescentes trans y de género diverso que sufren la expulsión de sus hogares a temprana edad”, apunta en ese sentido el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, publicado en agosto de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Identidad de género y derechos económicos y sociales
El no reconocimiento de la identidad de género tiene serias implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales. Es importante señalar que los Estados tienen obligaciones de cumplimiento y garantía sobre estos derechos con base en el principio de igualdad y no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
“La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho de que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no se condicen con su identidad de género”, señala la CIDH en el informe antes mencionado. De esta forma, el acceso a derechos como salud, educación, vivienda y empleo se ve limitado y sujeto a prejuicios; además que se aumentan las posibilidades de que las personas sufran situaciones de violencia y discriminación.
Agatha Brooks, mujer trans de República Dominicana e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), ha experimentado discriminación al intentar acceder a una vivienda. “No se nos alquila casa, porque creen que somos personas depravadas y que somos malos ejemplos para niños o familias alrededor”, indica.
Aparte del problema de acceso a estos derechos, las personas trans también enfrentan violencia y discriminación cuando los ejercen. Arturo Nicolás, hombre trans de Perú e integrante de Diversidad Transmasculina, refiere que se necesitan medidas urgentes en el ámbito educativo para garantizar el pleno acceso de las personas trans a este derecho. “Esto no significa solo abrir los espacios mediante cupos o medidas parecidas. Los protocolos de atención y de contención en caso de violencia son pilares para sostener a las personas trans o disidentes del género en los espacios educativos”, afirma.
Mientras que Bruno Pfeil, hombre trans de Brasil y coordinador de la Revista Estudios Transviades, comparte su experiencia en el acceso a la salud: “En el campo de la salud, el (des)acceso que más me pesa es la salud ginecológica. Ya sea para hacerme pruebas, o simplemente para hacerme el chequeo de rutina; siempre es un dolor de cabeza tener que explicar que tengo útero, que necesito cierta consulta, y que la mirada que debe darse en mi cuerpo no se puede construir bajo la prerrogativa cisgénera”.
En su Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH da cuenta de forma amplia de cómo la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, por lo que considera urgente que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia.
Aunque reconocemos y celebramos la adopción de procesos judiciales y administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en varios países de Latinoamérica, creemos que esto no solo depende de que se rectifique su nombre y/o género en sus respectivos documentos de identidad, sino que también está estrechamente relacionado a la implementación de procesos educativos y políticas públicas para eliminar la LGBTIfobia en la sociedad y garantizar servicios efectivos y apegados a sus necesidades, respectivamente.
También apreciamos y agradecemos el rol del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, quien a través de informes—como el último titulado Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión—y de numerosas intervenciones ante la sociedad civil y Estados, ha posicionado el tema de la identidad de género como una experiencia determinante en la vida de las personas y, por tanto, sujeta a un marco de derechos que los Estados deben garantizar.
Junto a ello, elevamos algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el informe antes referido y que consideramos pasos clave para que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la región:
Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.
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