Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Actos de violencia y represión en contextos de protesta fueron denunciados por periodistas y defensores sociales nicaragüenses ante la CIDH

Boulder, Colorado. 2 de Octubre de 2018.  Periodistas y defensores de derechos humanos participaron el pasado 2 de octubre en el 169º Período de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la represión y violencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contexto de las protestas sociales.

Desde el 18 de abril de 2018 Nicaragua se encuentra inmersa en una grave crisis de derechos humanos. Hasta la fecha la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia quienes han ejercido su derecho a la protesta social, ha sido represiva y violenta. Esta situación se ha ido agravando hasta llegar al punto de oficializar la criminalización de las protestas por medio de un decreto policial emitido el pasado 28 de septiembre. Dicho decreto responsabiliza a la ciudadanía por supuestas agresiones y daños a la policía y a particulares, y además prohibe las manifestaciones públicas y amenaza con procesar judicialmente a quienes las convoquen y participen en ellas; lo que quiere decir, una política de terror para sumar a la desproporcionada cifra de presos políticos del gobierno nacional.

Durante la audiencia pública defensores de derechos humanos y periodistas describieron la evolución de la crisis en Nicaragua, que ha estado atravesada, como se ha mencionado en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por distintas etapas represivas  y niveles de intensidad que obedecen a prácticas violentas contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanía en general.  Adicionalmente, se expuso las graves violaciones a la libertad de expresión y libertad prensa, sometidas en el último tiempo a agresiones, intimidación, ataques, robos, persecución y censura.

Según el reporte ofrecido por Marco Carmona de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) los grupos paramilitares y para-policiales continúan operando en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, quienes además son responsables de más de 320 asesinatos en el país, dentro de los cuales se encuentran 5 niños, 27 adolescentes y 13 mujeres. En su discurso, Carmona advirtió que más de 3000 personas han resultado heridas y 1500 han sido detenidas arbitrariamente, de las cuales un 90% han sido torturadas con prácticas violentas como golpes, choques eléctricos, extracción de uñas, violencias sexuales, entre otras. “De las 603 personas que todavía continúan detenidas, sólo 203 han sido puestas a orden de un juez acusadas por delitos graves como terrorismo, portación y tenencia ilegal de armas y crimen organizado, a quienes también se le ha violado el derecho a un debido proceso” señaló el representante nicaragüense.

Por otra parte, Carmona indicó que las represalias contras las organizaciones no cesan, por lo que promotores, que incluso gozan de medidas cautelares, se han visto obligados a salir del país por amenazas de muerte recibidas, lo que confirma un estado de indefensión del pueblo y un recrudecimiento de la violencia por los llamados a “mantener el orden público” quienes por orden del jefe de estado están arremetiendo contra quienes tan sólo portan banderas o globos azules y blancos, colores insignia de la bandera nicaragüense.

En su intervención, Patricia Orozco, representante de la radio independiente Onda Local, señaló que ejercer la libertad de expresión y de prensa, legítimo derecho de los periodistas, es un delito para el régimen de Ortega por el hecho de no estar alienados con las políticas dictatoriales de su gobierno. “Los medios de comunicación independientes no escapamos a la política de terror del gobierno. Menos aún las radioemisoras locales, quienes enfrentan el asedio frontal de fuerzas policiales, y paramilitares, por informar lo que sucede” testificó la periodista.

En relación a lo planteado, Joel Hernández, comisionado encargado de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad lamentó la ausencia del estado nicaragüense, y su falta de voluntad política para tramitar un diálogo y  la crisis hoy latente en el país.  Además planteó con mucha preocupación que el asedio hacía medios de comunicación y/o periodistas independientes puede constituirse como una cuarta etapa de represión del gobierno de turno, después de las ya denunciadas por la misma Comisión en relación al asesinato, intimidación, señalamiento y amenazas por parte del régimen.

En adición, el Comisionado Hernández, declaró que producto de la visita recientemente realizada al país, de la cuál no recibió respuesta del gobierno nacional, pudo identificar un patrón regular, hallado en los testimonios de diferentes representantes de organizaciones de sociedad civil.  Este patrón está relacionado con los procesos penales, condiciones de internación y centros penitenciarios que enfrentan los presos políticos del régimen. El Comisionado advirtió, que el poder judicial debe ejercer un mayor escrutinio a las acusaciones formuladas por terrorismo, sobre todo cuando un elemento de tipo penal, el relativo a la “alteración del orden constitucional”, es sumamente subjetivo y no forma parte de la práctica internacional para la represión del terrorismo; acusación utilizada frecuentemente como argumento de enjuiciamientos y sentencia hacía los presos políticos.

En este sentido, Paulo Abrão, Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), planteó con preocupación que se está avizorando en el país una situación muy grave relacionada con la normalización o normatización del conjunto de excepciones a las reglas del estado de derecho.  Según lo planteado por el representante, es necesario estar muy pendientes, pues todo parece apuntar a una intención de transformación de un estado de derecho a un estado de excepción. Así mismo, Abrão señaló que la forma de resolver  la normalización de la excepción, sería respetando la independencia judicial, a través de las denuncias de los jueces por las injerencias y abusos de poder por parte de la policía al no permitir detenciones arbitrarias, lo que a la fecha no está sucediendo.

Sergio León, director de la «La Costenísima» se declaró víctima de constantes amenazas por su labor, alegando que ser periodista hoy representa un gran peligro en el país, especialmente en el Caribe, zona donde fue asesinado el periodista Ángel Gahona, delito por el cual fueron procesados y condenados dos jóvenes afrodescendientes bajo un proceso judicial inconsistente.  En este sentido, Edison Lanza Relator  Especial para la Libertad de Expresión señaló: “La persecución se intensifica pues hay una intención del estado de falsear la realidad a través de una narrativa que no corresponda al contexto nacional para así encubrir un ejercicio de terror”

La Comisionada y Relatora para el Estado de Nicaragua de la Comisión IDH, Antonia Urrejola, hizo un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a no tomar represalias contra las personas partícipes en la audiencia, por lo que instó velar por su protección.

Representantes de la sociedad civil presentes en la audiencia pública solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Además, pidieron que la CIDH inste al gobierno a cesar de inmediato la represión contra el pueblo desarmado y a que revoque el comunicado policial que pretende servir de fundamento para criminalizar la protesta social.  Así mismo, se solicitó instar al gobierno cesar el acoso, intimidación, ataques físicos y la censura a periodistas y medios de comunicación locales y nacionales.  Por otra parte,  se solicitó  al Estado de Nicaragua la libertad inmediata de todos los presos políticos, otorgar oportunamente las medidas cautelares que evidencian el entorno de riesgo en el que se encuentran periodistas y defensores de derechos humanos y finalmente, que la Comisión coordine con el gobierno un protocolo para la implementación efectiva de las medidas cautelares.

Vea audiencia completa aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=XECN6lLBEUU&t=2063s 

Líderes y lideresas cubanas denuncian actos de criminalización del Estado Cubano en el 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Boulder, Colorado. 1 de Octubre de 2018.  Periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos cubanos participaron del 169º Período de Audiencias Públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el pasado 1 de octubre.  Durante el espacio víctimas de violencia, represión, criminalización y hostigamiento describieron ante comisionados de la CIDH las prácticas utilizadas por el estado cubano para silenciar sus voces de denuncia.

Según cifras ofrecidas por organizaciones sociales en Cuba, aproximadamente 1.633 casos de detención arbitraria se han registrado hasta el mes de agosto del año en curso, de los cuales un 1.129 actos de detención bajo uso desmedido de la fuerza fue contra mujeres y 504 contra hombres. El gobierno continua usando tácticas represivas, como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje e intimidación.

 

Durante la Audiencia Pública activistas cubanos denunciaron que las autoridades cubanas, amparados por el Código Penal y el Código Procedimental Penal, tiene poder de sancionar a opositores sin necesidad dar suficientes justificaciones, lo que quiere decir, que en la mayoría de ocasiones las detenciones se dan sin órdenes judiciales que argumenten legalmente las razones de dichas detenciones. En adición, se denunció que muchas de las figuras de los delitos en el Código Penal son ampliamente definidas, por lo que permiten interpretaciones múltiples, que, para este caso, son utilizadas para desfavorecer la libertad de expresión y/o opinión no alienadas con el gobierno.

Aunque en repetidas ocasiones las y los activistas han tenido oportunidad de denunciar las agresiones, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias e intimidación a la sociedad civil por parte del Estado Cubano ante organismo internacionales, la situación sigue vigente en la isla y se incrementa; como es el caso de la organización Damas de Blanco, grupo de mujeres altamente criminalizadas y agredidas por su participación en espacios de protesta por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles del país. Frente a esta situación, el comisionado Joel Hernández, relator encargado para las Personas Privadas de Libertad, aplaudió la valentía de los exponentes además de mencionar que las condiciones en las que se encuentran presos políticos en Cuba violentan indiscriminadamente los derechos humanos básicos de cualquier individuo.   Actualmente son cinco Damas de Blanco las que se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento, anunció Blanca Reyes representante de las Damas de Blanco y una de sus fundadoras.

 

 

Por su parte, Pablo Díaz, director del medio de comunicación independiente Diario de Cuba denunció la represión hacía medios de comunicación, que según considera, se ha incrementado debido a los procesos de coyuntura nacional relacionados con espacios de transformación, como el traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel y la reforma constitucional; y de la sensible exposición o atención de la comunidad internacional hacía el país como la Cumbre de las Americas y el Examen Periódico Universal (EPU); razón por la cual, las denuncias anunciadas por medios de comunicación independientes resultan desestabilizar el “orden nacional” que el régimen intenta mantener.  Así mismo, el representante del periódico cubano, anunció que los nuevos patrones en la represión a periodistas, con respecto a períodos anteriores, responden al afán de no dejar “huella jurídica”, lo que quiere decir que se abordan procedimientos judiciales ilegales que permitan acallar voces y que a su vez no provoquen la pérdida de crédito internacional: “una represión que a menudo viola incluso las propias normas ya de por sí abusivas del régimen”, señaló Díaz.   En el video a continuación periodistas ejemplifican diferentes violaciones sufridas por autoridades por el hecho de ejercer un periodismo no alienado con las lógicas del gobierno nacional.

 

 

En su intervención la comisionada Esmeralda Arosemena lamentó la ausencia del Estado Cubano, parte importante en el proceso de reconocimiento del estado de derechos de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; pues hasta la fecha, las declaraciones ofrecidas por representantes del estado Cubano en otros espacios, se ha considerado quienes están en contra de las lógicas del régimen como “mercenarios” de fuerzas extranjeras que intentan corromper las dinámicas socio-políticas del país, por tanto, sus actuaciones están, según el código penal del país, al margen de la ley.  Así mismo, la comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Cuba indagó a la audiencia sobre las posibilidades de nuevos escenarios de cara al proceso de reforma electoral y constitucional, aspecto frente al cual el director de Diario de Cuba advirtió: “No vemos una luz a la salida del túnel, pues lo que está teniendo lugar es un traspaso de poder a dedo, por esto nuestra opinión no es más que un traje a la medida para condicionar o amoldar a sus intereses».   Finalmente, El relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza admiró la labor periodística que realizan los medios independientes en Cuba a pesar del bloqueo del estado a medios independientes y manifestó interés en poder realizar un reporte detallado de la situación de libertad de expresión en la isla, pues hasta la fecha por las condiciones gubernamentales esto no ha sido posible.

Entre las recomendaciones propuestas por el grupo de representantes cubanos presentes en la Audiencia se solicitó a la Comisión Interamericana de derechos instar al estado cubano garantizar la libre circulación quienes pretendan salir de la isla, además de solicitar al gobierno permitir al libre acceso a internet a los ciudadanos de la isla y levantar el bloqueo a los medios independientes; así mismo, se solicitó a la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de pronuncie sobre los presos políticos en Cuba y la Relatoría de los Derechos de las Mujeres lo haga sobre las Damas de Blanco. Por otra parte, las y los peticionarios instaron a la Comisión adoptar el término “criminalización del ejercicio periodístico” para denominar las represiones bajo las cuales el gobierno cubano obstaculiza las labores de informadores; y finalmente, se solicitó que la comisión en colaboración con activistas cubanos diseñe estrategias para incidir efectivamente para que Cuba haga parte del Sistema Interamericano.

Vea el video de la audiencia pública completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uNkdElQwPNM&feature=youtu.be 

Denuncias ante la CIDH de incumplimiento de más de 10 años del Estado de Colombia para proteger derechos de comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado

Boulder, Colorado. 3 de Octubre de 2018. En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la persistencia de la crisis humanitaria vivida por las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado y el incumplimiento sistemático del Estado colombiano para implementar medidas de protección y reparación para las mismas.

Según Pedro Cortés, representante de la Organización Raza e Igualdad para Colombia, hace más de 10 años AFRODES denunció ante la CIDH las graves afectaciones que tenía el conflicto armado sobre las comunidades afrocolombianas que estaban siendo desplazadas, así como se había advertido que de no adoptarse políticas públicas con enfoque diferenciales la situación empeoraría. Situación que, de acuerdo a lo señalado por el vocero de Raza e Igualdad, sucedió, pues después de una década, estas comunidades, que representan al menos el 25% de la población desplazada del país (es decir, al menos 2 millones), se constituyen en el mayor grupo de víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente, la mayoría de ellos viven en zonas marginales de las grandes ciudades, en contextos caracterizados por las dinámicas de violencia que se siguen registrando aun con la implementación del Acuerdo de Paz.

Martha Jordan, lideresa de AFRODES en Cali, caracterizó durante la audiencia las graves violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), jóvenes de estas comunidades afrocolombianas que viven en esos contextos dominados por estructuras criminales asociadas al microtráfico. Problemáticas como la drogadicción, la prostitución, la violencia intrafamiliar, el reclutamiento forzado vienen violando los derechos de las NNA afrocolombianos. “Todo este tipo de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas desplazadas, demuestran que el Estado no ha garantizado la reparación y la no repetición, pues continúa la destrucción de las condiciones de la nuestra supervivencia cultural. Los niños, niñas, y jóvenes, que debían ser la generación de la esperanza, están siendo aniquiladas física y culturalmente”, señaló la representante de AFRODES.

Por su parte, Luz Marina Becerra, secretaria de AFRODES y coordinadora de Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “LA COMADRE”, recordó el reconocimiento que ya se tiene sobre los impactos desproporcionados del conflicto armado sobre las mujeres afrocolombianas, y con base en el cual la Corte Constitucional de Colombia expidió ordenes específicas (Auto 092/2008) hace más de 10 años para que el gobierno de Colombia implementara un programa específico. Becerra demostró que dichas órdenes no se ha cumplido. Adicionalmente, el Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE, tampoco se ha venido implementado como es debido. El incumplimiento sistemático del gobierno colombiano ha contribuido a que se siga profundizado la vulnerabilidad y riesgo para las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado.

En este sentido, Erlendy Cuero Bravo, vicepresidenta de AFRODES, demostró ante la CIDH la persistencia de situaciones de riesgo que enfrentan líderes y lideresas de comunidades afrocolombianas desplazadas en contextos urbanos. Destacó, además,  que en medio del contexto de cientos de asesinatos de líderes sociales que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz, se están repitiendo patrones de amenazas que han antecedido asesinatos como el del fiscal de AFRODES Bernardo Cuero. La vicepresidenta de AFRODES enfatizó sobre el nivel de incumplimiento en cuanto a la implementación de medidas de protección colectiva para organizaciones como AFRODES, inconsistencias que continúan profundizando el riesgo de líderes y lideresas,  e impidiendo que puedan desarrollar su labor comunitaria.

Para enfrentar las situaciones que violentan los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento forzado en las grandes ciudades, las recomendaciones de AFRODES se enfocan en que el gobierno colombiano implemente de manera diligente las ordenes que la Corte Constitucional expidió hace más de 10 años; específicamente, los planes y programas ordenados por el Auto 005 de 2009 y 092 de 2008. Así mismo, enfatizaron en la necesidad de implementar un programa específico dirigido a NNA afrocolombianos y de garantizar la implementación del Plan de Reparación Colectiva para la COMADRE.

En relación a las problemáticas planteadas por AFRODES y Raza e Igualdad durante la audiencia, los representantes del Estado de Colombia no respondieron de manera específica, pues se limitaron a reportar cifras sobre avances de algunos programas que se relacionan con comunidades afrocolombianas, pero no con aquellas comunidades afrocolombianas víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en zonas marginales de las grandes ciudades. Además, no ofrecieron valoración alguna sobre el estado de implementación de las órdenes del Auto 05/2008 y 092/2008, como tampoco fueron precisos en el reporte que hacen sobre los procesos de diálogo y concertación con AFRODES y la COMADRE.

Los comisionados de la CIDH que presidieron la audiencia, destacaron en sus intervenciones la gravedad y complejidad de las causas e impactos del desplazamiento forzado sobre las comunidades afrocolombianas. Así mismo, enfatizaron en la prioridad que el gobierno colombiano debe asignar a la atención de estas comunidades a través de todos los mecanismos institucionales que se han construido. Por tal razón, solicitaron al Estado de Colombia suministrar información más completa y detallada sobre estos mecanismos.

Raza e Igualdad valora positivamente los resultados de la audiencia en términos de la oportunidad que tuvo la CIDH para volver a prestar atención a unas comunidades afrocolombianas que vienen siendo invisibilizadas dentro del contexto de violación a los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, resultan muy preocupantes las respuestas del gobierno de Colombia en cuanto a la baja prioridad que tiene el cumplimiento de compromisos y medidas que tienen más de 10 años de ordenadas. Raza & Igualdad continuarán apoyando a AFRODES en el seguimiento de las recomendaciones y compromisos derivados de esta audiencia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

La Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas y Raza e Igualdad invitan al Panel «Década de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Necesidad de planes de Accion para combatir las desigualdades históricas enfrentadas por los Afrodescendientes»

En el marco de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en colaboración con el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevará a cabo, el próximo jueves 27 de septiembre de 2018 a las 3:00 pm en la ciudad de Nueva York, el panel titulado “Década de las Naciones Unidas para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. Necesidad de planes de Accion para combatir las desigualdades históricas enfrentadas por los Afrodescendientes”, un espacio de reflexión que contará con la participación de la Vice-Presidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica Epsy Campbell, además de la participación de los relatores del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas Gay McDougall y Pastor Murillo.

Este espacio tiene por objetivo explorar estrategias para el desarrollo de planes de acción concretos para combatir las desigualdades históricas que enfrentan los afrodescendientes en América y el Caribe. Los panelistas compartirán su experiencia en estándares internacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; además se discutirá sobre las posibilidades de desarrollar mejores prácticas para que sean consideradas por los Estados en la elaboración y aplicación de sus planes de acción.

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes es un compromiso importante con la lucha contra el racismo, por tal razón, los escenarios de diálogo para sensibilizar y reflexionar sobre la urgente necesidad de diseñar mecanismos de acción que fomenten el respeto, la protección y el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes, debe constituirse como un compromiso prioritario de los Estados, que además, refuerce las medidas encaminadas a desmantelar los numerosos obstáculos a los que se enfrentan millones de personas en todas las regiones del mundo; procure el refuerzo de las leyes que prohíben la discriminación racial y ayude a garantizar su aplicación y fomento a un mayor conocimiento del patrimonio cultural de los afrodescendientes y sus fundamentales contribuciones al avance de la humanidad.

En 2014, la Asamblea General aprobó un Programa de actividades para el Decenio Internacional, que describe medidas específicas que deben adoptar los gobiernos y todos los demás agentes cuyos esfuerzos esten relacionado, explícita o implícitamente, con cuestiones relativas a los afrodescendientes en cualquier parte del mundo, en las tres esferas destacadas en el Decenio: reconocimiento, justicia y desarrollo.

Transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en facebook:  https://www.facebook.com/raceandequality/

Raza e Igualdad participa del 169º Período de Audiencias Públicas de la CIDH de la mano de organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua

En compañía de más de 20 organizaciones el Instituto Internacional sobre Raza, igualdad y Derechos Humanos participará del 1 al 5 de octubre del “169º período de sesiones de Audiencias Públicas” realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Universidad de Colorado ubicada en la ciudad de Boulder, Estados Unidos.

Para este período de sesiones, Raza e Igualdad participará de tres (3) audiencias públicas solicitadas por organizaciones de Colombia, Cuba y Nicaragua, con el fin de exponer ante relatores de la Comisión IDH y la comunidad internacional las situaciones de derechos humanos que enfrentan cada uno de estos países.  Para el caso de Cuba y Nicaragua las audiencias están orientadas a exponer los casos de criminalización y represión hacía activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de los gobiernos nacionales de sus países en medio de la crisis política desatada hasta la fecha; y en el caso de Colombia la audiencia está orientada a describir y denunciar la situación de derechos humanos del pueblo afrocolombiano.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos de sesiones al año, oportunidades en que coinciden cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, así como delegaciones de los Estados constituidas por altas autoridades en materia de derechos humanos, académicos, entre otros.  De acuerdo con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento de la CIDH, las audiencias son públicas y los interesados pueden asistir libremente, sin necesidad de registro previo.  Las audiencias son transmitidas en línea en varios idiomas a través de la página oficial de la CIDH.

A continuación presentamos el cronograma de audiencias públicas de Colombia, Cuba y Nicaragua en las que Raza e Igualdad acompañará.

Día Internacional de la Bisexualidad: Una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad

Washington, DC.  Septiembre 22, 2018 – El 23 de septiembre de cada año, desde 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, una fecha para recordar la diversidad sexual que compone y complementa nuestra sociedad, y la urgente necesidad de seguir trabajando por el reconocimiento de los derechos a la libertad individual, autonomía e identidad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, especialmente de la reivindicación y reconocimiento de los derechos de las personas bisexuales.

Al respecto, saludamos con agrado el reciente comunicado de prensa emitido en conjunto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Bisexualidad, ya que consideramos que este tipo de pronunciamientos son fundamentales en la lucha contra la invisibilización de las barreras y discriminaciones que afectan a las personas bisexuales, además de que proveen datos concretos que ayudan a erradicar concepciones erróneas, permeadas por estigmas en torno a la bisexualidad. En ese sentido, en el comunicado, estos organismos indican que la bisexualidad se refiere “a la capacidad de atracción emocional, romántica y/o física hacía más de un solo sexo o género”.  Del trabajo con nuestras contrapartes en la región notamos con preocupación que resulta frecuente que por su orientación sexual, las personas bisexuales son altamente discriminadas, pues socialmente son categorizadas como “indecisas” “no definidas” o “promiscuas” aludiendo, de esta manera, a una orientación aún “no decidida” y que necesita ser “definida” como heterosexual u homosexual.  Los estigmas a los que son sometidas las personas bisexuales conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos.

Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA) la bisexualidad y las personas bisexuales son marginadas alrededor de todo el mundo, lo que ha generado alarmantes cifras de depresión, aislamiento, problemas de salud y altas tasas de suicidio dentro de esta población.  Adicionalmente, indican que los índices de violencia doméstica y psicológica hacia personas bisexuales son mucho más elevados en comparación con las de grupos homosexuales o heterosexuales.  En este mismo estudio, ILGA señala que “la realidad de las personas bisexuales es desconocida por instituciones sociales e incluso para los grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTI” razón por la cual, hay muy pocos datos o no existen datos, de parte de organizaciones sociales y gubernamentales con respecto a la salud, educación, y acceso a los derechos reproductivos de esta población; así mismo, las acciones implementadas por organizaciones estatales tampoco responden a las realidades de las personas que responden a una orientación sexual bisexual.

En América Latina y el Caribe la realidad social de las personas bisexuales es completamente desconocida, se actúa como si estas no existieran ya que se tiende a considerar que éstas “atraviesan una fase o presentan una desviación de la conducta sexual”, por tal motivo, no existen estadísticas o datos oficiales que reflejen la situación de esta comunidad tanto a nivel de los Estados de la región, como a nivel de organizaciones de la sociedad civil las cuales tienden a abordar en reducida medida las situaciones de personas bisexuales. En adición a esto, la falta de conocimiento, investigación y comprensión en lo referente a la bisexualidad se convierte en una preocupante limitante para identificar o definir la barreas que enfrentan las personas bisexuales.

La bisexualidad es altamente invisible en la práctica y el discurso de los Derechos Humanos, razón por la cual, este día se convierte en una oportunidad para visibilizar la voz, historias y experiencias de las personas bisexuales; además de constituirse como una forma para reclamar por la protección de los derechos de todas estas personas; demandar por investigaciones que permitan identificar sus necesidades en todo el mundo, y hacer pedagogía sobre su realidad.

Raza e Igualdad hace un llamado a los Estados de la región, instituciones de gobierno y movimiento LGBTI para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia contra la población bisexual. Instamos a que consideren la creación de políticas públicas que contemplen la bisexualidad dentro de la orientación sexual y en consecuencia se recolecten datos oficiales para poder contrarrestar a nivel interno la violencia y discriminación que enfrentan las personas bisexuales.  La bifobia, así como cualquier tipo de expresión de odio o violencia contra las diversas formas de género, identidad u orientación sexual son actos que menoscaban las posibilidades de construir sociedades más incluyentes, justas y respetuosas de la diversidad.

ORTEGA PROMUEVE ABIERTAMENTE LA IMPUNIDAD EN NICARAGUA AL ORDENAR SALIDA DE LA OACNUDH

Después de la emisión el 29 de agosto de 2018 del contundente informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”,  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) que evidencia sistemáticas violaciones de los derechos humanos y pide la creación de una Comisión Internacional que asegure la justicia y reparación para las víctimas, Daniel Ortega, a través de la Cancillería nicaragüense, ha ordenado la salida del país del  los miembros de la Misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Raza e Igualdad condena rotundamente esta decisión del gobierno de turno que se constituye como un precedente negativo de cara a la situación actual que vive el país y que además pone en evidencia la renuencia del gobierno al escrutinio internacional acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido del 18 de abril a la fecha.Con extrema preocupación vemos como las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte que confirman el estado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra el pueblo nicaraguense, especialmente aquellos hoy perseguidos, amenazados, señalados y detenidos arbitrariamente por el régimen.  

 Esta declaración del gobierno evidencia el desinterés del mismo para reanudar un diálogo nacional pacífico y democrático que permita superar la crisis y sus consecuencias, como también, pone de manifiesto un claro rechazo a las recomendaciones hasta la fecha propuestas por los grupos de trabajo de los organismos internacionales presentes en el territorio que instan, entre otros, a poner fin al acoso, intimidación, persecución, represión a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y manifestantes en contra de la represión  por parte del régimen.   

 Instamos al gobierno de Daniel Ortega poner fin a la represión y  flagrantes violaciones a los derechos humanos para superar la crisis que ha dejado en los últimos cuatro  meses más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas, centenares de detenidos arbitrariamente  y miles de  desplazados.  

La Resolución aprobada de manera unánime, en el Congreso Nacional de Estados Unidos condena la represión del Gobierno Nicaragüense

Agosto 14 de 2018 – El pasado 25 de Julio, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó de manera unánime la resolución bipartidista H.Res.981, propuesta por la Congresista Republicana Ileana Ros-Lehtinen, representante del Distrito 27 del Estado de la Florida, y copatrocinada por el Congresista Republicano Ed Royce, Representante del Distrito 39 del Estado de California y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el Congresista Demócrata Albio Sires, Representante del Distrito 8 de Nueva Jersey y miembro de mayor rango en el Subcomité del Hemisferio Occidental, y otros miembros del Congreso.  La resolución condena la violencia y represión perpetrada por el Gobierno de Daniel Ortega a su pueblo durante los últimos tres meses, que a la fecha ha provocado la muerte de 295 personas, según la última actualización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su declaración, la cual fue publicada en un comunicado de prensa después de ser aprobada la resolución, la Congresista Ros-Lehtinen condenó en nombre de todos los proponentes de la resolución la persecución, intimidación, violencia y asesinatos cometidos por el gobierno de Nicaragua contra sus ciudadanos; indicando que el número de muertos aumenta todos los días bajo una política de “disparar a matar”.  Además, resaltó que a la cifra de homicidios se suman los heridos, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, medidas que según la Congresista son acciones represivas tomadas por un régimen que hará lo necesario por mantenerse en el poder.  La Representante señaló la importancia de ejercer presión sobre Daniel Ortega y su régimen; instando al gobierno Americano a hacer más teniendo en cuenta que el tiempo es supremamente importante para proceder: “Mi resolución insta a la administración a hacer más, a identificar más ‘matones’ de Ortega para ser sancionados y para esto el tiempo es esencial” señaló la representante de estado.

La resolución aprobada, entre otras medidas, identifica de forma contundente a Ortega como el orquestador de la violencia e insta a la Administración a tomar más medidas contra el régimen; por otra parte, demuestra apoyo inquebrantable al pueblo de Nicaragua en su búsqueda de la democracia, incluido el llamado a elecciones anticipadas, libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles.  Además, convoca a las naciones para que se solidaricen con el pueblo de Nicaragua.

El mensaje enviado por el congreso americano al gobierno nicaragüense es el clamor de no sólo este país, sino de muchos otros, de organizaciones de sociedad civil y sociedad en general, para que cese la violencia en Nicaragua.  Es preocupante, que a pesar de ese clamor, la represión en el país continúe, muestra de ello es la grave situación de violación al legítimo derecho al debido proceso que enfrentan en que se encuentran los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena acusados sin presencia de su familia ni abogados de su elección por terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios público y daños y perjuicios a 23 supuestas víctimas, entre las que incluyen al Estado de Nicaragua. En días pasados, medios de comunicación locales notificaron que los dos líderes sociales estaban siendo torturados por parte de la Polícia Nacional, situación que el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente y solicita la intervención de la comunidad internacional para velar por los derechos de estos líderes del movimiento campesino que se enfrentan a una maquinaria judicial viciada, instrumentalizada por Daniel Ortega.

La resolución pide a la administración estadounidense que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, que exija la liberación de ciudadanos detenidos injustamente e identifique a personas cuya participación en la violencia les hace merecedores de sanciones previstas en la Ley Global Magnitsky, la cual impone sanciones a violadores de derechos humanos, y congela sus bienes y activos Estadounidenses. La resolución del Congreso ve en elecciones libres, anticipadas, la solución a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde abril.

Raza e Igualdad considera que iniciativas como la del Congreso estadounidense y otras que ha adoptado la comunidad internacional son expresiones de solidaridad hacia el pueblo nicaragüense y que como tales, contribuyen a la resolución del conflicto sin que haya más derramamiento de sangre de un pueblo dispuesto a recuperar su libertad.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a miembros participantes por el Sector Privado en la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia en el Diálogo Nacional en Nicaragua

Transcurridos 107 días de la ola de violencia, represión, amenazas y hostigamientos que vive el pueblo Nicaraguense a manos de turbas sandinistas, grupos para-policiales y paramilitares; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó el pasado 2 de Agosto del 2018 medidas cautelares a miembros representantes del Sector Privado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentes en el Diálogo Nacional por Nicaragua, quienes habrían sido víctimas de persecución, hostigamiento, amenazas, desprestigios y señalamientos por grupos afines al gobierno de turno. 

Los solicitantes Michael Edwing Healy Lacayo, José Adán Aguerri Chamorro, Felipe Argüero, Álvaro Javier Vargas Duarte, Claudia Neira Bermúdez, Juan Sebastián Chamorro y Juan Carlos Gutiérrez Soto, así como de sus familiares, quienes fueron identificados en el procedimiento, señalaron en la denuncia presentada ante la Comisión IDH que desde inicios del diálogo nacional habrían sido objeto de amenazas por parte de periodistas de medios de comunicación afines al gobierno y por parte de otros actores anónimos que buscarían intimidarlos.   Así mismo, declararon amenazas explícitas a través de mensajes de “whatsapp” que los señalarían como “mafiosos” “delincuentes” y “militantes sandinitas”.  Entre las denuncias de los beneficiarios también se especificaron amenazas de muerte, quema e invasión de propiedades, como es el caso de Michael Edwing Healy Lacayo presidente de la de la Unión de Productores Agropecuaríos de Nicaragua (UPANIC), víctima de expropiación de su Hacienda de manera violenta por parte de agresores, quienes hasta la fecha de radicación de esta resolución estarían disponiendo de la cosecha de plátano del terreno.   Así mismo, se enunciaron amenazas al buen nombre, calumnias e injurias públicas que declararían a los solicitantes de medidas cautelares como “terroristas” o “asesinos”.  Por otra parte, se pusieron en evidencia amenazas a través de teléfonos y correos electrónicos propios de los beneficiarios, que habrían sido puestos de conocimiento público; además de hostigamiento, persecución e intimidación por parte de simpatizantes del gobierno.    

 Tal y como se expresa en la resolución 58/2018 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la información presentada demuestra que los derechos a la vida y la integridad personal de los solicitantes, incluidos los de sus familiares, se encuentran en situación de gravedad y urgencia”.  Por tal razón, bajo el artículo 25 del Reglamento de la Comisión IDH se solicitó al gobierno de Nicaragua velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los solicitantes, así como asegurar que los agentes de Estado respeten los derechos de los beneficiarios y los que estén relacionados con actos de riesgo atribuibles a terceros.  Finalmente, la Comisión solicita informe sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de dicha medida cautelar y evitar su repetición.  

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos condena los actos de violencia, represión, hostigamiento, detención arbitraria, desaparición y criminalización de los defensores, defensoras y activistas de derechos humanos que hoy se vive en el país por parte del gobierno de turno.  Coherentes con el trabajo de protección y promoción de los derechos humanos Raza e Igualdad continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida del pueblo.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a Aníbal Toruño y otros periodistas de Radio Darío en Nicaragua

Washington – 5 de Julio de 2018 – Tras la crisis desatada en Nicaragua el pasado 18 de abril, que ha cobrado la vida de más de 300 personas a manos de fuerzas parapoliciales y turbas sandinistas que insisten en silenciar las protestas de jóvenes, hombres y mujeres en contra de las represiones del gobierno de Daniel Ortega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a periodistas de Radio Darío y su director Aníbal Toruño; esto a causa del hostigamiento, asedio y represión a la que se han visto sometidos, incluso después del atentado sufrido el pasado 20 de abril en las instalaciones de la emisora al ser incendiada por grupos que simpatizan con el gobierno de turno.

La situación de intimidación propiciada al señor Aníbal Toruño, y los periodistas Aníbal Enrique Alonso Toruño, Víctor Xavier Morales Toruño, Audberto Gallo, Eduardo Amaya, Henry Blanco, Eladio Canales, Elmer Cano, Leo Cárcamo, Gary Castillo, Marcelino Osorio, Alexander Quiroz, Francisco Torres y Jorge Vallejos se ha presentado desde inicios de la crisis del país Nicaragüense a raíz de las denuncias que desde el medio de comunicación se han promovido en contra de las represiones del gobierno de Ortega; así mismo, día 5 de Julio dos de los periodistas del equipo de Radio Darío, que han sido cubiertos con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, fueron agredidos a golpes por parte de la Policía Nacional mientras cubrían la situación que se vive hoy en León, hasta ahora ha dejado tres muertos y varios heridos, además la policía ha destruido sus equipos y los ha retenido sin argumento alguno.

Las agresiones propiciadas los casos de detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento, como amenazas, hostigamiento y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana han sido prácticas implementadas por parte del gobierno para censurar y acallar las demandas de un pueblo inconforme con las lógicas de violencia nacional.

El contexto de intimidación y de graves violaciones a los derechos humanos por el hostigamiento, uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales y terceros armados y especialmente la desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra la población en general, especialmente defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas son parte de los antecedentes que la CIDH ha asumido para otorgar las medidas cautelares a este grupo de periodistas y defensores de derechos humanos hasta hoy amedrentados, perseguidos y amenazados por promover espacios de participación ciudadana en medio de la coyuntura nacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la situación de desprotección, vulneración y riesgo que viven hoy los periodistas y defensores de derechos humanos, a causa de su ejercicio de denuncia, en este caso específico, el señor Aníbal Toruño y sus periodistas, atienden los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contempladas en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión; por tanto, la CIDH instó al estado de Nicaragua a través de la resolución otorgando la medida cautelar a velar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los integrantes de la Radio “Darío”, por tanto, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias como está establecido en el derecho internacional de derechos humanos; por otro lado, solicita al Estado adoptar las medidas necesarias para que las personas propuestas beneficiarias puedan desarrollar sus labores como periodistas sin ser objeto de actos de intimidaciones amenazas u otro hecho de violencia en el ejercicio de las mismas.  Lo anterior incluye, por ejemplo, las medidas que fuesen necesarias para brindar protección a las instalaciones de las radios y finalmente, se solicitó al Estado informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos continuará apoyando el trabajo de denuncia, promoción y protección de los derechos humanos de los y las Nicaragüenses.  Instamos al gobierno Nacional atender a las recomendaciones de la CIDH para velar por la protección integral de la vida de los periodistas de Radio Darío y su director Aníbal Toruño, para así continuar con labor de denuncia e información pública que garantizar la participación y expresión política de cada ciudadano y ciudadana en Nicaragua.

Puede leer aquí la resolución 47/2018 – Medidas Cautelares a Aníbal Toruño Jirón y otros integrantes de la Radio “Darío”

Únete a nuestros esfuerzos

Apoya el fortalecimiento de individuos y comunidades para lograr cambios estructurales en América Latina.

Deja una donación Contáctanos