Coalición Afrodescendiente de las Américas en el Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de las Sesiones de la Asamblea General de la OEA

Coalición Afrodescendiente de las Américas en el Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de las Sesiones de la Asamblea General de la OEA

Washington, D.C., 12 de junio de 2018. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) coordino la Coalición Afrodescendiente de las Américas a participar en el Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de las Sesiones de la Asamblea General de la OEA, e instaló como vocera a la lideresa Mirtha Colon, quien es la presidente de la Organización Negra Centroamericana (ONECA).

Raza e Igualdad convocó un promedio de 15 activistas Afrodescendientes, representando a diferentes países de la región para concluir la construcción de la ponencia de la Coalición Afrodescendiente, la cual fue presentada en plenaria el 2 de junio de 2018 en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA),espacio designado como el diálogo entre las Autoridades de Estados, el Secretario General y el Secretario General Adjunto de la OEA, sociedad civil y el sector privado.

Como vocera de la coalición, la Sra. Mirtha Colon, aprovecho la presencia de la distinguida Sra. Epsy Campbell para otorgarle un merecido saludo por ser la primera vicepresidenta Afrodescendiente de las Américas y la primera mujer canciller Afrodescendiente de Costa Rica. Posteriormente, dio lectura al pronunciamiento de la coalición, el cual informaba de las implicaciones de la corrupción para el pueblo Afrodescendiente, y la persistencia de la discriminación racial y racismo estructural en las Américas especialmente cuando entendemos que la población afrodescendiente es comprendida por mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, apátrida y personas LGBTI, etc.

La coalición hizo un gran énfasis en la importancia de afianzar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y la urgencia que los Estados firmen y ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, siendo este un clamor presente incluso en la VIII Cumbre de las Américas efectuada en Lima, Perú 2018.

Así mismo, hicieron un fuerte llamado sobre la violencia sistemática y la criminalización de los líderes (lideresas) y activistas afrodescendientes quienes constantemente son asesinados, amenazados y perseguidos por su labor comunitaria, especialmente en países como Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua…etc., y preocupantemente los Estados hacen caso omiso de estos hechos.

Durante los varios días de trabajo la delegación de la Coalición Afrodescendiente compartió con miembros de otras coaliciones y diálogo con representantes de diferentes Estados informando de la realidad cruel que vive el pueblo Afrodescendiente, y sobre la importancia de hacer uso de los insumos presentados en este espacio para continuar su labor de incidencia con sus gobiernos, agencias de cooperación internacional y al interior de la misma OEA para que estos documentos tomen viva y aporten a generar cambios positivos en sus países.

Voces de Nicaragua analizan crisis de derechos humanos en Nicaragua y plantean recomendaciones para garantizar la verdad, la justica y el restablecimiento de un orden democrático.

El 6 de Junio de 2018, en el marco de 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – OEA, se realizó el evento “Voces de Nicaragua: Derechos Humanos y Democracia”, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL, Amnistía Internacional y JASS Mesoamérica. Los objetivos del evento estuvieron orientados a propiciar la visibilización y el diálogo sobre la crisis de derechos humanos y gobernabilidad democrática que se ha profundizado en Nicaragua hace 50 días: 129 han perdido la vida y la protesta social legítima a sido reprimida con violencia. El panel realizado estuvo moderado por el Director Ejecutivo de Raza & Igualdad, y contó con la participación representantes de las organizaciones convocantes, del secretario ejecutivo de la Comisión interamericana de Derechos Humanos – CIDH Pablo Abrão, y líderes y lideresas Nicaragüenses.

El conjunto de las intervenciones de los panelistas permitió comprender la gravedad y características de la crisis humanitaria: cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos paraestatales en complicidad con la policía nacional, agresiones contra ciudadanos en las protestas, malos tratos en las prisiones, criminalización y hostigamiento de líderes sociales, censura severa a los medios de comunicación y redes sociales. El comportamiento del gobierno de Nicaragua ante esta crisis ha sido a claramente negligente, y violatorio de todos los estándares de derechos humanos.

Esta crisis, que se hizo más visible al mundo desde la intensificación de la represión del pasado mes de Abril, este el resultado de un patrón sistemático consolidado desde hace varios años: “una muerte anunciada” según lo indicó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez. Su análisis denuncia como el aumento de la represión y las violaciones a los derechos humanos a partir de 2016 ha estado asociado con creación por parte del gobierno de fuerzas de choque instrumentalizadas jóvenes del partido sandinista y demás organizaciones parapoliciales. Las protestas contra una reforma a la ley de seguridad social que perjudica a la ciudadanía en general, y desconoce los derechos estipulados a los pensionados, fue uno de los factores que desencadenó la ola de represión actual.

La violencia ejercida por el Estado y fuerzas paraestatales ha tenido una magnitud y características de extrema gravedad. Se trata de una “política sistemática de uso excesivo de la fuerza” que claramente aprueba la comisión de ejecuciones extrajudiciales; así lo indicó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, quien presentó el informe “Disparar a Matar” construido a partir de testimonios directos: “Con mucho preocupación hoy podemos decir que, después de la elaboración del informe, tenemos evidencias para argumentar que en Nicaragua existe una política sistemática de represión violenta que acalla indiscriminadamente las voces que pacíficamente se manifiestan a manos de turbas, grupos armados y parapoliciales”

La gravedad de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal, y la libertad de expresión también fueron confirmadas por el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrão, y por el Relator sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza. La CIDH desplegó una reacción inmediata ante la oleada de violencia y represión, denunciado la situación y exhortando al gobierno de Nicaragua a cesar la represión, garantizar la libertad de expresión, judicializar y sancionar a los responsables de los actos violentos, y adoptar medidas para garantizar la verdad y la justicia.

El deterioro de una institucionalidad que garantice la independencia de los poderes y la protección de los derechos humanos para los ciudadanos es una dimensión resaltada por Marcía Aguiluz, Directora del programa de Mesoamérica y México de CEJIL: “Las y los Nicaragüenses en este momento se encuentran en un grave contexto de indefensión al no haber una institucionalidad capaz de respaldar y velar por la seguridad de cada ciudadano en el país”.

La prioridad de garantizar condiciones para la verdad y la justicia es una recomendación en la que coincidieron los representantes de la CIDH, CEJIL, Amnistía Internacional, y CENIDH. Como muy bien lo expresa la presidenta de CENIDH: “la solución debe ser rápida, cada mes se acumulan más muertos. Tenemos 129 muertos hasta ahora y ese número va en aumento.   En Nicaragua no puede haber borrón y cuenta nueva, porque al país se le ha negado la justicia, como organizaciones de derechos humanos creemos que primero debe venir la justicia y luego la democratización”. En esta perspectiva es de especial relevancia la recomendación de Amnistía Internacional sobre la conformación de un cuerpo interno de expertos independientes que garanticen la imparcialidad de las investigaciones para así dar paso a la verdad y la justicia.

La capacidad y el compromiso de las organizaciones sociales para enfrentarse a esta situación tan adversa se pudieron constatar a través de las voces de algunos  líderes y lideresas Nicaragüenses que participaron en el evento. Aníbal Toruño, director de Radio Dario reitero su compromiso a pesar de que las instalaciones de este medio fueron quemadas. La lideresa del CISAS, Ana Quirós denunció la criminalización a las y los defensores de derechos humanos: Las defensoras y defensores han estado en permanente riesgo, se identifica que 9 de cada 10 defensores han estado en situación de riesgo, violencia, amenaza, intimidación y campañas de desprestigio; Y 6 de cada 10 agresiones vienen de turbas o fuerzas parapoliciales – paraestatales organizadas por el partido sandinista específicamente para agredir”. También denunció el caso de Félix Madariaga hoy señalado por la policía Nacional de hacer parte de un cartel  al margen de la ley:

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su solidaridad hacia la sociedad y las organizaciones nicaragüenses. Non unimos a las #VocesConNicaragua que demandan verdad y justicia para las 129 personas asesinadas y sus familias, y el restablecimiento de un orden democrático que garantice los derechos humanos. Estaremos atentos a apoyar sus acciones de incidencia y de promoción y protección de los derechos humanos.

Situación de derechos humanos de los afrodescendientes en América Latina un escenario de discriminación y violación colectiva.

El pasado 4 de junio el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos – WOLA, llevó a cabo, en el marco de la 48 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, el conversatorio “Situación de derechos humanos de los afrodescendientes en América Latina” un espacio de diálogo que contó con la participación de líderes y lideresas afrodescendientes de Brasil, Cuba, Colombia, Guatemala y Perú.

Este encuentro de saberes que tenía por objetivo socializar las dinámicas de derechos de los pueblos afrodescendientes de la región, así como socializar las apuestas de trabajo colaborativo y conjunto que se han venido tejiendo al interior de cada uno de los países fue introducido por las palabras del presidente para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos Matt Clausen, quien reiteró el trabajo que esta institución ha venido realizando de la mano del congreso Estadounidense para la adopción de la resolución 713 que busca que el gobierno americano apoye las metas del Decenio Internacional de los y las Afrodescendientes a través del establecimiento de estrategias globales que concreten dichas metas, así como la articulación de esfuerzos internacionales con organizaciones afrodescendientes que velen por la protección de los derechos de las y los afrodescendientes en América y la Diáspora.   Así mismo, el director general de WOLA condenó los asesinatos, ataques, intimidaciones y hostigamientos que enfrentan los líderes y lideresas sociales de la región y manifestó total apoyo como aliado para contrarrestar esta situación dentro de las posibilidades de incidencia de la organización.

A lo largo del encuentro se contó con la especial participación de Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica y Canciller del mismo país, quien representa un logro político de participación de toda la población afrodescendiente por ser la primera mujer negra en desempeñar un alto cargo político en la región. Durante su intervención la Canciller Campbell señaló que la agenda del pueblo afrodescendiente de la región no se encuentra en el mejor momento, esto por retrocesos en las agendas políticas de países que históricamente habían logrado espacios de incidencia y reconocimiento del movimiento afrodescendiente y que hoy, a causa de lógicas internas de los estados han perdido incidencia.  Así mismo, planteó que las acciones emprendidas por el movimiento han sido poco articuladas en los últimos años, escenario que juega en contra de los impactos que se requieren para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Decenio, especialmente, de la imprescindible articulación que debe haber entre el decenio y los objetivos de desarrollo sostenible.   En este sentido la vicepresidenta del país costarricense señaló: “La agenda 2030 debería ser nuestra visión para los próximos 10 o 12 años, por tanto, es imprescindible que usemos estos 5 años que nos quedan del decenio para lograr mayores compromisos de parte de los estados”. 

A su vez, Epsy Campbell resaltó la necesidad de afinar las formas en que se viene trabajando hasta hoy el tema de la pobreza, discriminación y criminalización de los afrodescendientes, pues este sigue siendo una realidad absoluta, así como el tema de la excepcionalidad y participación política siguen siendo una realidad en nuestros países, planteó.   Finalmente, la Canciller Campbell postuló que el gran desafío del pueblo afrodescendiente, más allá de las agendas afirmativas, los temas específicos o de institucionalidad de cada país, debe estar alineado con el firme propósito de que la agenda nacional de cada estado esté comprometida con la inclusión de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En relación con lo expuesto Carlos Quesada director general del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señaló que la situación de derechos de los afrodescendientes de la región es bastante similar en relación a la violencia policial, la pobreza, inequidad, desempleo y precario acceso al sistema de salud y educación, sin embargo, el trabajo que vienen realizando diferentes organizaciones sociales en cada uno de los países son muestra de lucha y esperanza para toda América Latina, indicó.

Cecilia Ramírez directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana socializó con la audiencia el trabajo desarrollado por el movimiento afroperuano para ser incluido en el último censo nacional, espacio de participación y visibilización con el que no contaba el pueblo afrodescendiente en Perú desde 1940.  Este se convierte en un logro para el reconocimiento del pueblo afroperuano, a través de las posibilidades de incidencia, participación y articulación que logramos con diferentes sectores sociales para la formulación de la pregunta de autoidentificación étnica, además de permitirnos reportar y visibilizar las reales condiciones de vida que vive la comunidad afrodescendiente en Perú, señala la directora ejecutiva de CEDEMUNEP.  Además, la lideresa peruana indicó que el proceso de campañas para la auto-identificación étnica del pueblo, en medio de un país minado por la discriminación y el racismo son un gran desafío; sin embargo, Cecilia Ramírez indica que las campañas de visibilización y difusión son de suma importancia para dar a conocer lo que implica identificarse como afroperuano, reportando de esta manera, que para el año 2017 el número de peruanos que se auto-identificaron como afroperuanos correspondían a un 4% de la población.   (Video: Cecilia Ramírez relata situación de derechos de los afrodescendientes).

Por su parte, Norberto Mesa director de la organización Cubana Cofradía de la Negritud presentó ante el público la situación de violación de derechos humanos que vive el pueblo afrocubano al no ser reconocido por el Estado. “La realidad de la situación de los afrocubanos ha sido un tema tabú desde la revolución, si bien el tema de la discriminación fue un tema importante a trabajar, es decir, considerado de vital importancia, bastó con que pasaran unos pocos años para que automáticamente esta situación quedará completamente resulta para el Estado cubano, razón por la cual todo lo relacionado con el acceso y participación visible del movimiento afrocubano, así como la formulación de políticas públicas que beneficien y reconozcan al pueblo afrodescendiente en Cuba quedó completamente rezagado.  Es por esta razón, que desde este tiempo las labores de visibilización y divulgación de la violación a los derechos de los afrodescendientes en Cuba ha sido criminalizada, no tenemos libertad de asociación; por tanto, se convierte en un gran reto y lucha trabajar por la inclusión de este sector en las políticas de desarrollo económico y social del país” señala Norberto Mesa durante su intervención.

Otro de los elementos abordados a lo largo del conversatorio fue planteado por Cesar Gomes, líder social del Brasil quien presentó la situación de la población afrodescendiente LGBTI como una de las peores del mundo, indicando que Brasil es uno de los países donde más mujeres trans son asesinadas a causa de su identidad de género, especialmente mujeres trans afrodescendientes; además indicó que en este país no existen políticas públicas específicas para la población negra LGBTI lo que ha ocasionado que en los últimos años los ministerios de mujeres, de igualdad racial y derechos humanos hayan sido eliminados, situación que debilita casi por completo la participación e incidencia del movimiento social en la demanda del cumplimento, reconocimiento y respeto de los derechos de hombres y mujeres trans que además son afrodescendientes.  Así mismo, señala que los índices de violencia y asesinato a mujeres y hombres LGBTI son cada vez más alarmantes, especialmente porque estos son propiciados principalmente por las autoridades locales y/o municipales del país. Finalmente Cesar Gomes postula que la situación de las y los jóvenes negros LGBT es sumamente crítica pues son quienes reportan lo más altos índices de suicidio a causa del hostigamiento social y familiar, además de que son re-victimizados por su condición socio-económica e imposibilidad de acceso a sistemas de educación y salud.

Por otra parte, Ingrid Gamboa lideresa Garífuna – Afro guatemalteca planteó que la falta de recursos económicos para la implementación de un plan de acción del Decenio Internacional de los y las Afrodescendientes en la región representa una burla para el movimiento afrodescendiente, que históricamente se ha caracterizado como uno de los grupos étnicos con mayores brechas de desigualdad en el mundo; por tanto, que los Estados no asuman y garanticen los recursos necesarios para la implementación de dicho Decenio rezaga la posibilidades de participación y materialización de las garantías del reconocimiento de derechos del pueblo afrodescendiente.

Finalmente, Erlendy Cuero Bravo vicepresidenta de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) expresó profunda preocupación porque la situación de los pueblos afrodescendientes sigue siendo invisibilizada por los representantes de estado de los países de la región, especialmente en lo relacionado con el asesinato, persecución, hostigamiento e intimidación que viven los líderes y lideresas sociales en varíos países, así mismo, planteó que los Estados hoy tienen abandonado al pueblo afrodescendiente y desconocen la situación de pobreza, discriminación y violación de derechos humanos como un asunto estructural.  “En Colombia, el pueblo afro fue quien más respaldó el acuerdo de paz, porque finalmente quienes hemos puesto los muertos hemos sido nosotros, pero hoy vivimos el abandona estatal, nos están matando pero parece que el Estado Colombiano no tiene ojos ni oídos para reconocernos, reconocer que el hostigamiento a nuestro pueblo hoy se constituye como un fenómeno sistemático, por esto no se ha hecho hasta ahora ningún ejercicio que nos permitan garantizar la vida de los hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de mi pueblo, no por falta de políticas pública porque las hay, es por falta de voluntad política.  Hoy mi pueblo está atemorizado, confinado porque cuando matan a un líder político están matando también a todo el movimiento afrodescendiente”

“Las personas trans somos el blanco de agresiones por el personal en centros penitenciarios” – Audiencia temática sobre situación de derechos de personas LGBTI privada de la libertad en América

El pasado 8 de mayo se llevó a cabo la audiencia temática sobre situación de derechos humanos de las personas LGBTI privadas de la libertad en América, en el marco del 168 Período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia solicitada por la Red Corpora en Libertad que integra a más de 11 organizaciones sociales de toda la región, y con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e igualdad), pretendía evidenciar la situación de vulneración y violación sistemática de los derechos humanos de las personas LGBTI privadas de la libertad ante las/os comisionados presentes en la audiencia.

Durante la sesión presidida por Ari Vera Morales- de la organización Almas Cautivas de México y Presidenta de la Red Corpora en Libertad; Bianka Rodríguez de la organización COMCAVIS TRANS del Salvador; Katalina Angel Ortiz de Red Comunitaria Trans de Colombia; y Mariel Ortega consultora legal para Raza e Igualdad, se referenció acerca de los altos índices de violencia, discriminación y exclusión a los que las personas LGBTI privadas de la libertad son sometidas, pues sus derechos tienden a ser desconocidos y su paso por los centros de reclusión no satisfacen las garantías mínimas de vida digna, en relación a los servicios de salud, sanitarios, cuidado personal, atención y continuidad de la vida en pareja y familiar desde una perspectiva adecuada que proteja en igual medida a las personas LGBTI en comparación con el resto de las personas a lo interno de dichos espacios. En relación a esto, las presentes manifestaron que las normas que regulan los sistemas penitenciarios y de detención en la región responden a patrones heterocisnormativos que no tienen en cuenta los derechos, identidades y necesidades particulares de las personas LGBTI.

Por su parte, Katalina Ángel de la Red Comunitaria Trans de Colombia expresó que las regulaciones de los centros penitenciarios parte de una visión “genitalista” para determinar la ubicación de los internos o internas de los centros, por tanto, son frecuentes los casos de mujeres trans obligadas a vestir prendas socialmente relacionadas con lo “masculino”, son llamadas por nombres que difieren con el cual se identifican, se les corta el pelo arbitrariamente, alegando razones de “higiene” y se les oblige a adoptar comportamientos acordes al género que socialmente les fue impuesto.

Asimismo, las personas LGBTI privadas de la libertad sufren de violencia y agresiones sexuales que tienden a quedar en impunidad. “Faltando un mes para cumplir mi pena en el centro penitenciario “Eron Picota” en Bogotá Colombia fui agredida sexualmente por 9 hombres, y para no prolongar mi estadía me dijeron que si quería salir que me quede callada” señaló Katalina durante su intervención en la audiencia.  Frente a lo manifestado, El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva expresó preocupación porque situaciones como la expuesta estén teniendo lugar en las cárceles colombianas, esto especialmente, porque la Corte Constitucional promulgó en el 2011 la sentencia T072 para garantizar los derechos de las personas LGBTI privadas de la libertad, por lo que quedaría el interrogante, según el comisionado, por la implementación de la misma en los espacios correspondientes.  Así mismo, Ángel expresó que los cuerpos, especialmente de mujeres trans, son utilizados como botines de almacenamiento de artefactos prohibidos en centros penitenciarios refiriendo con esto, que en las cárceles no son consideras “ellas” o “ellos” sino “eso”, lo que demuestra que la violencia física y el maltrato emocional son prácticas sistemáticas y cotidianas en los establecimientos penitenciarios.

La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH, manifestó que la primera situación de vulnerabilidad a la que se ven sometidas las personas trans es estar privada de la libertad, frente a lo que el Comisionado Vargas Silva manifestó con preocupación que en las cárceles colombianas, a los presos se les están negando sus derechos, especialmente cuando son LGBTI.

Entre las inquietudes que suscitaron a lo largo de la sesión se señaló la preocupación por la situación de las personas LGBTI privadas de la libertad tiende a ser olvidada en lo interno de las políticas públicas de los estados de la región, por lo que se solicitó abordar de manera más integral y hacer un seguimiento profundo de la temática, esto teniendo en cuenta, que pese a los esfuerzos de la CIDH por pronunciarse frente al tema, al tratarse de una temática tan poco abordada en la región, hay vagos estándares y guías referenciales que permitan delimitar un lineamiento claro en la materia, que guíe los diálogos y esfuerzos a lo interno de los Estados.  En concordancia, se instó a la CIDH prestar atención y hacer seguimiento directo a la misma a través de recomendaciones integrales y concretas que permitan el establecimiento de espacios de trabajo y comunicación con los Estados.

Para concluir, el comisionado Joel Hernández reafirmó la preocupación y plena atención en el tema, invitando a los presentes a comunicarse con la CIDH para activar sistemas de protección y dar monitoreo completo a la situación de violación que vive la población trans en los centros penitenciarios.  Así mismo, la Relatora Piovesan expresó publicamente el compromiso público de la CIDH para defender y denunciar cualquier violación de derechos, como también invitó a comunicar la situación de violación de derechos humanos que vive la comunidad LGBTI y las buenas prácticas que en relación al reconocimiento de derechos se han avanzado en la región.

En nuestras diferencias creamos una sociedad diversa – Día Internacional contra la Homofobía, Transfobía y Bifobía IDAHOTB

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia (IDAHOTB) 2018, el Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en conjunto con organizaciones aliadas y contrapartes, hacen un llamado a detener todas las formas de discriminación, marginalización y violencia que afectan a las personas LGBT en la región, y nos inclinemos por construir una sociedad más plural con fundamento en alianzas solidarias.

Con la discriminación todxs perdemos, con tolerancia a nuestras diferencias creamos una sociedad diversa, representativa y justa. La igualdad material es responsabilidad de los Estados, pero para alcanzar la #DiscriminaciónCero es preciso que cada en su capacidad individual se comprometa, se acerque y entre todxs hagamos alianzas por un bien mayor y común, ya que #JuntxsSomosMásFuertes.

 

Panel sobre Opinión Consultiva No. 24 – «La clave de la NO discriminación es la igualdad, a nadie se le pueden negar sus derechos a causa diversidad sexual»

“No hay derecho más esencial que el derecho a la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad” señaló la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Flávia Piovesan, durante el panel organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos el pasado 10 de Mayo en la ciudad de Santo Domingo – República Dominicana en el marco de la 168 Período de Sesiones de la CIDH.

El espacio de diálogo que tenía por objetivo abordar las implicaciones jurídicas y políticas de la opinión consultiva No. 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos títulada “Identidad de Género, E Igualdad y No discriminación a parejas del mismo sexo” para los Estados miembros de la OEA, contó con la especial participación de diferenes representantes de organizaciones sociales LGBT de la región quienes sostuvieron una sincera conversación con la relatora acerca de la situación de derechos de las personas LGBT.  Por su parte, Christian King Director de la organizació “TRANSSA” (Trans Siempre Amigas) manifestó que las personas trans no pueden disfrutar del desarrollo libre de su personalidad en la República Dominicana porque son víctimas de discriminación, así como también indicó que considera que su país debe contar con leyes y políticas públicas que garanticen la igualdad  material de todas las personas, incluída el reconocimiento legal de las diversas identidades de género.  Por su parte, Julio José Martínez, líder del Movimiento de Hombres Trans y fundador del Colectivo de hombres Trans IMBERBE expresó: “En la República Dominicana los hombres trans son como invisibles, no tienen forma de acceder a tratamientos de reafirmación de su identidad si no es porque de forma personal conocen o tienen acceso a tiendas de gimnasio donde bajo su propio riesgo se «medican». El personal médico necesita ser capacitado en estos temas y saber de tratarnos, cuando he asistido a revisiones con ginecólogos a pesar de que pido que me llamen por mi nombre «Julio José» me indican que ese no es el nombre que sale en mi documento de identidad y me llaman por dicho nombre en plena sala de espera. Cuando esto sucede las miradas extrañas y acusativas que ya me llegaban se duplican, es muy humillante».  En este sentido, la relatora Piovesan señaló que «El grupo más vulnerable de personas en nuestra sociedad tiene nombre propio: personas trans y especialmente mujeres trans».

Por su parte, la consultora legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race and Equality) Mariel Ortega, expuso a la audiencia un análisis jurídico sobre la Opinión Consultiva No. 24, llevada a cabo por la organización, que aborda aspectos relacionado con el reconocimiento legal de la Identidad de Género y la protección igualitaria  de los derechos de parejas del mismo sexo. En dicho análisis destaca que los lineamientos para el reconocimiento legal de la identidad de género contemplados en la OC-24 si bien fueron esbozados por el la Corte bajo su competencia consultiva, al haber emanado del órgano intérprete último de la Convención Américana (CADH), y acogiéndose a la jurisprudencia constante en la materia de la Corte, éstos pasan a formar parte del corpus juris interamericano, y por lo tanto resultan de obligatorio y vinculante cumplimiento para todos los Estados parte de la Convención, mediante el control de convencionalidad ex-officio que deben realizar sus oficiales públicos. (Vea a continuación infograma resumen de la Opinión Consultiva No. 24).

De acuerdo a lo anterior, la Comisionada Piovesan menciona que son muchos los desafíos que acarrea la implementación de la Opinión Consultiva No. 24, indicando que la formulación de este mecanismo es apenas el comienzo de un proceso de trabajo diverso que implica el compromiso de todos los grupos sociales para una efectiva y real aprehensión de lo expuesto en el documento.  En relación a esto, señala que uno de los principales puntos de la agenda de la Relatoría, para viabilizar y abonar camino a la implementación de la opinión consultiva, es el rechazo a la criminalización de la orientación sexual no normativa, identidad de género y expresiones. “La criminalización fomenta un ambiente de violaciones crueles, hostigamientos, hostilidades, ósea genera un espacio de violación de derechos humanos” expresa la Comisionada sobre los derechos de las personas LGBT.  En adición, indica que el segundo punto de la agenda de la relatoría es la promoción y protección de los derechos de las personas LGBT en el que refiere que nadie puede ser inferior, nadie puede tener menos derechos en virtud de su diversidad sexual y que la La clave para la NO discriminación es la igualdad “a nadie se le pueden negar sus derechos a causa diversidad sexual”.

Finalmente, la relatora se comprometió públicamente a trabajar para que los Estados incorporen dentro de sus políticas lo referido en la opinión consultiva, así mismo manifestó su completo respaldo a la comunidad LGBT para seguir luchando por el reconocimiento de la identidades, autonomía y libre desarrollo de la personalidad de cada persona.

¿CÓMO LE FUE A COLOMBIA EN EL EXAMEN PERÍODICO UNIVERSAL – EPU?

El pasado 10 de mayo se llevó a cabo el Examen Periódico Universal – EPU para Colombia en Ginebra, Suiza. Este espacio de evaluación como único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos busca revisar la situación de derechos humanos de cada uno de los 193 países de la ONU para así proponer recomendaciones de mejora que nutren el trabajo político de los estados.  El resultado de cada revisión, llevada a cabo cada 5 años, es reflejado en un «informe final» que lista las recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

Durante la sesión de trabajo El Ministro de Interior Guillermo Rivera mencionó que “hoy Colombia es un país diferente” señalando que la mejor política pública para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos a cada colombiano es, sin lugar a dudas, alcanzar la paz.  Así mismo durante la revisión el mandatario habló sobre la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y el Gobierno Nacional celebrado en el 2016; además de las intenciones de búsqueda de un tratado de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Entre las cifras que resaltó el representante nacional estuvo la reducción de índices de violencia en el 2017 indicando que este fue el año menos violento en los últimos 42 años.  Sin embargo, durante la plenaria uno de los temas que más preocupó a los delegados de los países fue los altos índices de violencia y violación de derechos humanos a líderes y lideresas sociales asesinados posterior a la firma del acuerdo de paz.

En relación a lo anterior, Erlendy Cuero – Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados AFRODES presente en la revisión EPU para Colombia, gracias a los esfuerzos propiciados por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos humanos, hace una descripción de la situación de derechos humanos en Colombia, además de una expresa petición al Gobierno Colombiano para adoptar las recomendaciones impartida por los Estados durante el EPU.

 

A esperas del informe final de recomendaciones de los Estados para Colombia durante el Examen Periódico Universal a continuación se detallan algunos de los comentarios y/o propuesta mencionadas por representantes de los estados durante la sesión al estado Colombiano.

 

 

Raza e Igualdad espera que las recomendaciones de los Estados puedan ser material indispensable a tener en cuenta en la implementación de mecanismos que garanticen la protección de la vida de líderes y lideresas sociales, así como el reconocimiento de los derechos de comunidades étnicas, hombre, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas LGBT.  Los esfuerzos que el Gobierno Colombiano debe impartir para mitigar la violencia de derechos humanos a la que ha sido sometido todo el pueblo colombiano no da espera, la paz estable y duradera que propone el acuerdo de paz aún no llega a nuestros territorios.

VIDEO: Mujeres afroperuanas exponen ante el Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial (CERD) el caso de discriminación en Perú

Durante la 95ta sesión del Comité sobre Eliminación de Discriminación Racial (CERD) dos mujeres y lideresas afroperuanas presentaron ante el comité la situación de discriminación racial que viven en Perú.  Para esto, Cecilia Ramírez directora del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra del Perú (CEDEMUNEP) expuso la problemática que se enfrenta además de dar una serie de recomendaciones que se exponen en el video a continuación:

 

Por su parte, Azucena Algendones expuso el difícil caso de discriminación racial que vivió en su lugar de trabajo, caso que hoy está siendo tramitado por estancias legales, convirtiéndolo en el primero denunciado y procesado judicialmente en el Perú.   Pese a las dificultades que esta lideresa enfrentó por el reconocimiento de sus derechos y los pocos mecanismos que existen actualmente en su país para tramitar este tipo de denuncias, Azucena está convencida que seguirá luchando por sus derechos y por los derechos de todos aquellos hombres y mujeres que hoy están siendo discriminados racialmente.

Foro Interamericano contra la Discriminación: Movimiento Afrodescendiente exige a los Estados la Ratificación de Convención Interamericana contra el Racismo y Creación de Foro Permanente Afrodescendiente en la OEA

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en coordinación con la Red de Mujeres Afro-Latinas, Caribeñas y de la Diáspora (Red de Mujeres) y el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP) realizaron el 9 de abril un Foro Interamericano contra la Discriminación en preparación de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Mas de 60 participantes de México, Honduras, Cuba, Bolivia, Panamá, Colombia, Uruguay, Brasil y Perú intercambiaron experiencias sobre la participación de los afrodescendientes en el proceso de cumbres y otras actividades de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre los objetivos del Foro estaban promover la participación de las organizaciones afrodescendientes en la VIII Cumbre de las Américas, visibilizar la situación de discriminación racial que enfrenta la población Afroperuana y presentar un informe sobre la situación de los afrodescendientes en la región.

Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicio el Foro donde enfatizo sobre la importancia de que la Sociedad civil afrodescendiente de la región presionara a sus Estados para que ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Al mismo tiempo la presidenta de la CIDH, de forma autocritica pidió a los participantes que exigieran a la CIDH mayor diversidad étnico-racial a lo interno de la Comisión.

Vicenta Camusso y Paola Yáñez, ambas de la Red de Mujeres  presentaron el Informe “Situación de las personas afro-descendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”; elaborado con el apoyo, entre otros, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y del Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) donde se hizo referencia a que los hombres y las mujeres afrodescendientes en la región se encuentran en condición de desventaja en la mayoría de los indicadores sociales con respecto a los no afrodescendientes. Según el estudio “la pobreza, el desamparo, las enfermedades, la falta de acceso a la educación, la carencia de seguridad social y la ausencia de oportunidades se han constituido en los pilares del racismo estructural”, afirmo Camusso. También se hablo de la importancia de dar visibilidad estadística a los afrodescendientes en la región, proceso iniciado en la ronda censal del 2010.

Posteriormente Antonio Quispe y Alex Arguedas; representantes del movimiento afroperuano hablaron sobre la participación política de los afroperuanos en el desarrollo del Perú y dieron un recorrido histórico sobre el desarrollo del movimiento afroperuano.

Posteriormente Rodnei Jerico Da Silva del Instituto da Mulher Negra – Geledes – hablo sobre como el movimiento Afrodescendiente ha venido avanzando en la agenda de la OEA; haciendo hincapié en como el movimiento afrodescendiente regional fue vital para la creación de la Relatoría para los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH. Mirtha Colon, presidente de la Organización Negra Centroamericana (ONECA) hizo un llamado a la unidad del movimiento afrodescendiente para combatir el racismo estructural en el continente y Alessandra Ramos, mujer afrodescendiente Trans de la organización brasileña Transformar; hablo de la importancia de las interseccionalidades a la hora de combatir el racismo y la Transfobia.

Finalmente, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva de CEDEMUNEP y vocera de la coalición Afrodescendiente explico el proceso de participación de los y los afrodescendientes miembros de la Coalición y de cómo se llego al documento que en síntesis demanda la creación de un Foro Permanente de los Afrodescendientes en la OEA; así como la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia.

Mensaje de Carlos Quesada – Director Ejecutivo – Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) – Con ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial

Al recordar el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial implica reconocer que todo tipo de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia conexas se constituyen un flagelo que quebranta las estructuras sociales políticas, económicas y culturales de los Estados, imposibilitando la configuración de sociedades justas, equitativas y pacíficas.  Luchar por la eliminación de todas las formas de discriminación es uno de los pilares fundamentales para promover la cohesión social, el derecho a la vida y la diversidad de los pueblos, esto como mecanismo que afianza la seguridad y la convivencia dentro de un mismo Estado.

En nuestra región el problema de la discriminación racial se sigue manifestando de distintas maneras. En Colombia los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no han impedido que decenas de líderes y lideresas afrodescendientes hayan sido asesinados en el último año. En Brasil, la brutalidad policial contra los jóvenes afrodescendientes y los asesinatos de mujeres Trans afrodescendientes son alarmantes y quedan en la impunidad; en la República Dominicana continúa acentuándose el racismo estructural contra los dominicanos de ascendencia haitiana; en Cuba sigue habiendo una negación total del problema de discriminación racial y una represión brutal hacia quienes quieren visibilizarlo;  en Perú hasta el 2017 se realizó un censo nacional para cuantificar la cantidad de afrodescendientes; y en Panamá sigue existiendo una invisibilidad estadística acerca número real y de los problemas que enfrentan los afrodescendientes, por citar solo unos ejemplos.

Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han creado instrumentos de orden internacional para contrarrestar los nocivos efectos de prácticas discriminatorias por distinción de raza, sexo, idioma, orientación sexual e identidad de género o religión; entre ellos La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que reafirma el compromiso de los Estados en las Américas con la eliminación de la discriminación racial y la realización efectiva del principio de igualdad en la región, donde se avanza en la definición legal de formas contemporáneas de racismo,  así como también, consolida estándares internacionales., estipulados también, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.  Es imperativo reconocer los esfuerzos que los Estados y organismos Internacionales han promovido como dispositivos de protección del derecho universal a una vida digna y la realización efectiva al principio de igualdad y la libertad de los pueblos étnicos; sin embargo,  las transformaciones que ha sufrido el fenómeno de la segregación y la marginalidad en la región, hoy por hoy, se siguen manifestando en los índices de pobreza, desempleo, desplazamiento forzado, y en la ausencia de políticas públicas efectivas que garanticen el derecho a la educación, la salud y la vida digna de las comunidades afrodescendientes e indígenas, especialmente de las mujeres.

Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales y a los Estados  para redoblar esfuerzos y adoptar las medidas necesarias para erradicar cualquier forma de discriminación en todas sus formas y manifestaciones, de tal manera, que se prevengan y combatan las doctrinas y prácticas racistas que menoscaban los ideales de toda sociedad humana. Así mismo, hacemos un llamado enérgico para que los Estados, en su efectivo compromiso por combatir la discriminación y toda forma de intolerancia en los territorios, ratifiquen La convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, ratificada hasta la fecha, por Costa Rica y Uruguay, esto como una forma de avanzar en la lucha por el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos fundamentales y la protección de la vida de los que hoy están siendo segregados.

La lucha contra la discriminación racial es labor de todas y todos sin importar edad, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad de género; por tanto, el pleno conocimiento de los alcances de la segregación y separación que este problema produce, en hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas incumbe a todas las instituciones sociales; esto como alternativa que contrarresta la banalización de los discursos que sustentan la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; y que permiten la construcción de ideales de respeto, comprensión y altruismo en todos los grupos sociales.

Raza e Igualdad desde su labor misional por la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por origen nacional o étnico; orientación sexual o identidad de género, se compromete a seguir luchando contra el flagelo de la discriminación racial, así como a seguir denunciando y luchando contra toda forma de discriminación donde quiera que se manifieste trascendiendo a toda forma de criminalización de la protesta y denuncia social.

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