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Activistas Cubanos Informan sobre Violaciones de Derechos en la Isla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Activistas Cubanos Informan sobre Violaciones de Derechos en la Isla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0. 

Washington D.C., 8 de abril, 2016

Durante una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), activistas cubanos independientes informaron sobre la situación de violencia e intimidación en contra de defensores de derechos humanos y periodistas independientes en la isla.

Ningún representante del Estado cubano acudió a la audiencia. Sin embargo, aunque lamentó la ausencia del gobierno cubano, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Cuba, reiteró la invitación de la Comisión para que el gobierno entable una conversación con los defensores de derechos humanos, y afirmó que la Comisión tiene “el compromiso de ser un vehículo para un diálogo constructivo entre ambas partes.”

De parte de la sociedad civil cubana, Magaly Norvis Otaly, Directora Ejecutiva de Hablemos Press, informó a la Comisión de las serias violaciones de los derechos a la libre expresión y a la información que siguen ocurriendo en Cuba, donde los sitios de internet de los noticieros de medios independientes han sido bloqueados, sus oficinas han sido allanados y su equipo robado o dañado, además recalco que periodistas han sido víctimas de detenciones arbitrarias. Kirenia Yalit Núñez Pérez de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana habló del hostigamiento y las amenazas a miembros de su organización,  lo cual ha incluido restricciones de movimiento y la negación de permiso de viajar a eventos internacionales sobre derechos humanos.

Por otra parte, Laritza Diversent de Cubalex explicó a la Comisión las dificultades de operar como organización legal independiente en Cuba, e informó que miembros de Cubalex han sido víctimas de amenazas y hostigamiento con base en su género y raza. Leticia Ramos Herrería de la Organización Damas de Blanco: Laura Pollan, habló de la brutalidad de la represión del Estado a sus miembras cada domingo, e informó que miembros de las Damas de Blanco han sido víctimas de casi 2,800 detenciones arbitrarias durante el 2016, y han sido hostigadas y amenazadas físicamente por agentes del Estado, acusaciones que fueron corroboradas con varias fotografías presentadas que demostraron graves lesiones causadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

El Comisionado Enrique Gil Botero saludó el gran esfuerzo y reconoció el riesgo asumido por los peticionarios en acudir a la audiencia, y preguntó sobre el número de presos políticos en la isla. Berta Soler de las Damas de Blanco respondió que “aunque no hay un estándard internacional en Cuba que puede decidir quien es preso político, porque nosotras somos llevadas a la prisión porque nos fabrican condenas o causas comunes, en este momento podemos decir que hay alrededor de 115 presos políticos.”

La Comisionada Margaret Macaulay preguntó a los peticionarios sobre la represión a grupos vulnerables, específicamente sobre afrocubanos y personas LGBTI. En su respuesta, los peticionarios mencionaron el caso reciente de dos activistas LGBTI que fueron detenidas después de haber participado en una capacitación sobre los derechos de la comunidad LGBTI. En cuanto a la situación de los defensores afrodescendientes, Laritza Diversent agregó que “la violencia en la represión de mujeres negras es brutal,” y que “la afrodescendencia es un factor determinante en la crueldad” de los ataques por agentes del Estado.

Los peticionarios hicieron varias recomendaciones a la Comisión para enfrentar las serias violaciones de los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos. Exhortaron a la Comisión a investigar el uso indiscriminado y excesivo de fuerza por parte de agentes del Estado, y solicitaron a la Comisión que urgiera al Estado cubano eliminar los obstáculos que prohíben el trabajo de organizaciones independientes, efectuar las reformas legales necesarias para garantizar el pleno y efectivo derechos a la libre expresión y asociación, y cesar toda actividad que restrinja la práctica de estos derechos.

Para acceder al video de la audiencia, sigue este enlace.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Reclama al Estado Dominicano Reconocimiento de Discriminación Racial Estructural en el País

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0.

Washington, D.C., 8 de abril, 2016

“La República Dominicana tiene que reconocer la existencia de la discriminación racial estructural en el país,” expresó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a la delegación dominicana durante la audiencia temática celebrada el viernes 8 de abril en la Organización de Estados Americanos (OEA).

 Defensores de derechos humanos de la República Dominicana presentaron frente a la CIDH un informe sobre la grave situación de los derechos políticos de los Dominicanos de ascendencia haitiana, en específico sobre la vulnerabilidad del derecho a la nacionalidad de muchas personas de esta comunidad, quienes enfrentan situaciones de discriminación por agentes del Estado durante sus intentos de conseguir documentos de identidad y credenciales electorales. En vista de que las elecciones en el país se realizarán el 15 de mayo, los peticionarios enfocaron su testimonio en los efectos de estas violaciones sobre los derechos políticos de los dominicanos de ascendencia haitiana, en particular sobre los derechos de votar y ser elegido.

Lamentablemente, el discurso del Estado dominicano demostró su poca voluntad de participar en un diálogo constructivo. Representantes del Estado mostraron su malestar con la Comisión por haber otorgado la audiencia y negado su solicitud de postergación. Más preocupante aun, el Estado continuó negando la existencia de cualquier tipo de discriminación en el país.

Frente a la intransigencia del Estado dominicano, la respuesta de la Comisión fue contundente. El Secretario Ejecutivo Álvarez expresó al Estado que, a pesar de las objeciones de la misión dominicana, “continuar con este tema es una manifestación de la más grave preocupación que tiene la Comisión,” y que la posición del Estado de “negar que hay un problema de racismo estructural, reproduce institucional, social y culturalmente la violación de derechos.” El  Secretario Ejecutivo Álvarez reiteró que el informe de la Comisión sobre derechos humanos en la República Dominicana “manifiesta estructuralmente la negación de derechos económicos, sociales y culturales de los dominicanos de origen haitiano,” quienes sufren de “condiciones de pobreza y de negación de derechos innegables.” Al referirse a la postura del Estado, el Secretario Álvarez concluyó que “hoy tenemos un capítulo más de una expresión de racismo estructural.”

Los representantes de la sociedad civil dominicana informaron a la Comisión de acciones de parte de la Junta Central Electoral que han resultado en la negación del otorgamiento de documentos básicos a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, situación que podrá tener graves consecuencias en las elecciones programadas para mayo. Los peticionarios calificaron a la Junta como el principal obstáculo para el goce de los derechos políticos de los dominico-haitianos, citando “la actitud confrontadora y beligerante” de la institución, que conduce a la “falta de diálogo y voluntad para la búsqueda de soluciones,” manifestación a la cual concurrió el Secretario Álvarez, quien sostuvo que “la Junta Central Electoral ha sido un aparato institucional que reproduce la discriminación.”

En la conclusión de su intervención, los peticionarios exhortaron a la Comisión que urgiera al Estado dominicano a eliminar las diferencias en el ejercicio de los derechos políticos entre las personas dominicanas, sin importar el origen nacional de sus progenitores. Recomendaron reformas en el registro civil y el sistema electoral que garanticen la no discriminación, así como acciones afirmativas para garantizar la protección de los derechos políticos de grupos vulnerables, y propusieron la creación de un Mesa Nacional de Diálogo Permanente de donde la sociedad civil y el Estado puedan trabajar conjuntamente para resolver los problemas crónicos de participación política, registro civil y documentos de identidad. Los peticionarios también solicitaron que el Relator para migrantes de la Comisión sea incluido en la misión de observación electoral de la OEA la cual visitará al país durante las elecciones del 15 de mayo.

Para acceder al video de la audiencia, siga este enlace.

 

Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas LGBTI en Cuba

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0.

Washington DC, lunes, 19 de octubre 2015

Activistas independientes del movimiento LGBTI cubano, en coordinación con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTI en Cuba.

Juana Mora Cedeño de Arco Iris Libre de Cuba, y Sisi Montiel de la Red Trans Fantasía, participaron en representación de la sociedad civil LGBTI cubana. Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acompañó a las activistas en la audiencia.

Ningún representante del Estado cubano acudió a la audiencia.

Ante la Comisión, Carlos Quesada manifestó su preocupación sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba, donde están vistos como “una amenaza por parte del Estado cubano”. Quesada mencionó el trabajo del Estado para visibilizar la comunidad LGBTI, pero insistió que esta visibilización “contraste con la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Cuba”. Quesada enfatizó que la falta de información sobre derechos humanos en general, y de los derechos de las personas LGBTI en específico, sigue siendo un obstáculo en la defensa de los derechos en Cuba.

Juana Mora Cedeño de Arco Iris Libre de Cuba resumió el objetivo de la participación en la audiencia de la sociedad civil independiente LGBTI: “Lo que pretendemos es presentar una crítica de la realidad que sufren las minorías sexuales de la isla, y brindar una panorámica a fin de exhortar las instituciones del Estado y la comunidad internacional sobre cómo proteger y defender los derechos humanos de las personas LGBTI en Cuba”.

Mora Cedeño presentó a la Comisión los hallazgos de la investigación realizada por activistas LGBTI independientes. Se entrevistaron 150 personas LGBTI en Cuba para el informe, que mostró altas tazas de agresiones por parte de fuerzas policiales, detenciones arbitrarias, violencia intrafamiliar, y discriminación multiplicada basada en raza o etnicidad. Según los datos del informe, 87 de las 150 personas entrevistadas admitieron haber sido víctimas de agresiones físicas por parte de la policía, mientras 67 sufrieron de violencia en el hogar, y 45 habían sido víctimas de discriminación en su trabajo.

Sisi Montiel de la Red Trans Fantasía presento sobre los obstáculos enfrentados por personas trans en Cuba y mencionó, entre otros, las altas tazas de suicidio de personas trans, la falta de oportunidad de trabajo, y la discriminación en los sectores de la educación y la salud. Montiel también hizo mención del nuevo código de trabajo en Cuba, lo cual en su política de no discriminación, deja sin mencionar la prohibición de la discriminación a personas por motivos de su identidad de género, lo cual significa que, según manifestó Montiel, “las personas trans nos quedamos excluidas”.

Los peticionarios ofrecieron varias recomendaciones, entre otras las siguientes:

Instar al gobierno cubano a volver a formar parte de la Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Solicitar al gobierno cubano que divulgue en todo el país los instrumentos de derechos humanos universales y regionales.

Solicitar al gobierno cubano que cese la represión de lideresas y líderes de las organizaciones independientes de derechos humanos en general, y de las organizaciones LGBTI en particular.

Instar al Estado instruir a las fuerzas policiales a cesar la represión contra la población LGBTI.

Al terminar de la presentaciones de los peticionarios, los Comisionados presentes hicieron varios comentarios y observaciones. Comisionada Tracy Robinson, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, reiteró “la posición fuerte de la Comisión sobre la necesidad de la libertad de asociación y de expresión de todos los defensores de derechos humanos”. También los Comisionados expresaron sus preocupaciones sobre represalias y hostigamiento de los peticionarios por su participación en la audiencia. Comisionado James Cavallaro reiteró “la prohibición absoluta en las represalias y también en intimidaciones en contra de las y los defensores de derechos humanos.”

Para acceder al video de la audiencia, use el enlace para visitar el sitio web de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos:

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/156/default.asp

 

Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Situación de DD.HH. de los y las Afrocostarricenses.

Photo courtesy of OAS photographer Daniel Cima, licensed under CC BY 2.0.

Washington DC, viernes, 23 de octubre de 2015

Carlos Quesada, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, junto con Catherine McKinley de la Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricences, y en representación de las organizaciones afrocostarricenses la Unión Afrodescendiente Asesora y Red Nacional de Jóvenes Afrocostarricenses, presentaron durante una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una panorámica actual de la situación de derechos humanos de la población afrodescendiente en Costa Rica.

Catherine McKinley le proporcionó a la Comisión datos relevantes provenientes del último censo del año 2011 sobre la demografía de la población afrocostarricense, destacando que al menos el 8 por ciento de los costarricenses son afrodescendientes, cifra que pondría el número de afrocostarricenses a más de 330.000 personas.

McKinley también enfatizó que la población afrocostarricense todavía enfrenta importantes desafíos que obstaculizan el pleno goce de sus derechos, y subrayó que en Costa Rica el “racismo es una realidad profunda y estructural que exige una acción inmediata, sostenida, programada y estratégica por parte del Estado costarricense”.

El ambiente hostil enfrentado por los afrodescendientes, amplificado en las redes sociales, programas radiales y los medios de comunicación escrita, ha sido ejemplificado en las reacciones cáusticas de varios sectores de la sociedad costarricense a la oposición de los afrocostarricenses al libro Cocorí, que narra la historia de una caricatura plenamente insultante y promueve estereotipos repugnantes, representando a los negros como feos, estúpidos y sucios. A pesar de la oposición de la sociedad civil afrocostarricense desde hace 20 años, el libro Cocorí sigue formando parte del currículo escolar nacional, destacó McKinley.

De parte de las organizaciones afrocostarricenses representadas en la audiencia, McKinley presentó varias recomendaciones tanto a la Comisión como al Estado de Costa Rica, que entre otras incluyo las siguiente:

Que la Comisión realice una visita a Costa Rica, que les permita constatar las denuncias que hacemos en esta audiencia temática.

Que el Estado costarricense acelere el proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que se encuentra en corriente legislativa.

Que la Comisión recomiende al Estado costarricense sacar de los textos escolares recomendados el libro Cocorí.

Acudieron a la audiencia representantes del Estado costarricense, incluyendo miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia. En sus presentaciones ante la Comisión, afirmaron que no era su intención “defender al libro Cocorí”, y subrayaron el reciente reconocimiento por parte del Estado de Costa Rica como una sociedad multiétnica y pluricultural, aunque donde todavía existe “el racismo y discriminación racial indirecta y estructural”.

Los Comisionados presentes manifestaron su preocupación sobre la situación actual de los afrocostarricenses, y preguntaron sobre las acciones afirmativas del Estado y también sobre el presupuesto necesario del Comisionado Presidencial para los Asuntos de la Afrodescendencia. Comisionada Rose-Marie Belle Antoine expresó su “satisfacción que el Estado reconoce que, de hecho, sí existe discriminación estructural en el país”. Sobre el uso del libro Cocorí en el currículo escolar, Comisionada Antoine notó que Cocorí “es una síntoma importante de un problema más profundo”. Comisionado Felipe González también notó que, respeto a la idea de quitar Cocorí del currículo, “hay que tomar medidas [concretas], aunque sean impopulares, cuando van a conducir a los derechos básicos”.

Para acceder al video de la audiencia, use el enlace para visitar el sitio web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/156/default.asp

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