Foro Interamericano contra la Discriminación: Raza e Igualdad promueve diálogo sobre discriminación y democracias inclusivas en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Foro Interamericano contra la Discriminación: Raza e Igualdad promueve diálogo sobre discriminación y democracias inclusivas en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington D.C, 3 de junio de 2022.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará el Foro Interamericano contra la Discriminación, el cual tendrá lugar el 6 de junio en Los Ángeles (California), en el marco de la IX Cumbre de las Américas. Después de más de dos años de virtualidad debido a la pandemia de coronavirus, el Foro—que contará con interpretación simultánea en inglés, español y portugués—se llevará a cabo de forma presencial, aunque también tiene disponible la opción de unirse virtualmente y será transmitido en directo por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad.

Con el  fin de  visibilizar las diferentes discriminaciones que enfrentan las poblaciones de Latinoamérica, así como sus principales demandas, el Foro Interamericano contra la Discriminación contará con la presencia de Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la Comisionada  Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, el regreso de los eventos presenciales y la celebración híbrida del Foro Interamericano contra la Discriminación este año, exigirá el restablecimiento de alianzas entre organizaciones regionales y también un mayor conocimiento de estas sobre el trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “El Foro ya se ha establecido como un evento de suma importancia en la agenda regional y, para Raza e Igualdad, es la realización concreta de nuestro trabajo para apoyar el empoderamiento de las personas y las comunidades para que puedan promover cambios estructurales en sus respectivos países”, dijo.

El evento contará con la presencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, quienes dialogarán sobre la realidad de sus países y las diferentes caras que la discriminación puede tener a nivel regional. Asimismo, debatirán sobre la importancia de este sector para la construcción de democracias fuertes e inclusivas, y cómo se pueden articular en el contexto de la IX Cumbre de las Américas, cuyo lema este año es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

En el Foro también se abordará la participación de la sociedad civil en la OEA, por lo que contaremos con la participación de Paula Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA. El objetivo de este panel es proporcionar información sobre aspectos clave de la OEA, con el fin de comprender y mejorar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de activistas en la lucha contra la discriminación en las Américas. “El impacto político y el litigio estratégico son pilares de Raza e Igualdad para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que el Foro es una oportunidad para que la sociedad civil actúe a nivel regional e internacional para promover la equidad y la democracia”, dice Elvia Duque.

El Foro Interamericano contra la Discriminación es una iniciativa de Raza e Igualdad para contribuir al fortalecimiento e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil bajo la creencia de que la construcción de sociedades democráticas y equitativas debe contar con las voces de la sociedad civil organizada, y que la lucha contra la discriminación es una tarea constante para la protección y garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables.  Además, dada la dinámica actual de persecución de defensores de derechos humanos, el Foro se propone como un espacio de libertad de expresión y acceso a la información para activistas de Latinoamérica.

PROGRAMA

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha: 6 de junio de 2022

Hora: 4:30 pm Los Ángeles | 6:00 pm Bogotá | 8:30 pm Brasilia

Lugar: Hotel Índigo (Los Ángeles – Downtown) | Salón Hollander 

Panel 1:

Apertura: Carlos Quesada – Director Ejecutivo de Raza e Igualdad

“Mejorar nuestro enfoque en la lucha contra la discriminación en las Américas”: Tendayi Achiume, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

“Utilizando las herramientas proporcionadas por la OEA para contribuir a un futuro sostenible, resiliente y equitativo”: Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.

Panel 2:

“El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de democracias fuertes e inclusivas”

Participantes:

Laritza Diversent, Directora Ejecutiva de CUBALEX

Bruna Benevides, Secretaria Nacional de Articulación Política de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA)

Anita Wills, Becaria legado de Mothers Against Police Brutality

“Organizaciones de la sociedad civil ante la IX Cumbre de las Américas”

Participantes:

Mirtha Colón, Presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA)

Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD)

Panel 3:

“Participación de la sociedad civ de junioil en la OEA”: Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA.

Moderadora: Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etinicidad de Raza e Igualdad.

El evento será transmitido en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad, y contará con traducción simultánea en español, inglés y portugués a través de Zoom.

Registro en Zoom: https://bit.ly/3lF370q

RSVP (asistencia presencial): duque@oldrace.wp

#31M: Reconocer y respetar la identidad de género de las personas trans para la plena garantía de sus derechos humanos

Washington D.C., 31 de marzo de 2022.– Este Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) desea exaltar la importancia del reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans, como base para la plena garantía de sus derechos humanos, específicamente de sus derechos económicos y sociales. En Latinoamérica, las personas con expresión e identidad de género diversas se enfrentan a grandes desafíos para acceder a servicios básicos que, a su vez, constituyen derechos fundamentales de los cuales toda persona debe gozar sin sufrir ningún tipo de discriminación o violencia.

En al menos 11 países de América Latina y el Caribe existen procesos legales o administrativos para que las personas trans rectifiquen sus documentos de identificación según su identidad de género. Por ejemplo, en Brasil—país con la mayor cifra de personas trans asesinadas en el mundo—el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció en 2018 que las personas trans y travestis mayores de 18 años, independientemente de la cirugía de reasignación de sexo, tratamientos hormonales o la presentación de documentos médicos o psicológicos, tienen derecho a cambiar de nombre, género, o ambos, en cualquier oficina del Registro Civil del territorio nacional, sin la presencia de un abogado o defensor público.

En tanto, en México, 14 de los 32 Estados de este país reconocen en sus legislaciones el derecho a la identidad de género, por lo que las personas trans pueden acceder a la modificación de su sexo o género por medio de un trámite administrativo, sin tener que atravesar un proceso judicial. El Estado de México fue el último en incorporar este reconocimiento, en julio de 2021, con una votación en el Congreso que tuvo 59 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Los otros Estados son Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

En países como Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, no existe ningún marco jurídico o administrativo para que las personas trans realicen la rectificación de sus documentos de identidad, o bien no hay jurisprudencia en ese sentido y, por tanto, si una persona trans decide iniciar el proceso, este queda a discreción de los administradores de justicia y puede ser un camino largo y costoso económica y emocionalmente. Ese es el caso de Mística Guerrero, una mujer trans de Nicaragua que hasta mayo de 2021 no contaba con un documento de identidad porque en 2012 inició el trámite de cambio de nombre ante la Corte Suprema de Justicia y desde entonces no ha habido un fallo sobre su caso, según el reportaje de un medio local.

La falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo está determinada por la existencia o no de procesos para realizar el cambio de nombre, sino también por la voluntad y capacidad de gestión en las instituciones del Estado que deben aplicar las normas en términos de registro civil. Y es que, pese a la existencia de estos procesos en muchos países, activistas y organizaciones LGBTI+ suelen registrar dificultades para que las personas trans accedan a los mismos, debido a factores como la falta de claridad y actitudes transfóbicas, lo que genera dilaciones y que las personas desistan de la gestión.

A ello debe sumarse el hecho que son muy pocas las personas trans que cuentan con el apoyo de sus familias en estos procesos, pues el hogar se configura como el primer espacio en el que las personas con expresión e identidad de género diversas experimentan actos de rechazo, violencia y discriminación, dinámica que se mantiene a lo largo de sus vidas.

“[…] Existe un sinnúmero de barreras que alejan a las personas trans y de género diverso de poder desarrollar su pleno potencial y de acceder a derechos básicos desde una temprana edad, que tienen que ver con el rechazo y la violencia que reciben desde que comienzan a exteriorizar su identidad de género. En ese orden, son numerosos los informes que dan cuenta de una alta prevalencia de adolescentes trans y de género diverso que sufren la expulsión de sus hogares a temprana edad”, apunta en ese sentido el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, publicado en agosto de 2020 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Identidad de género y derechos económicos y sociales

El no reconocimiento de la identidad de género tiene serias implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales. Es importante señalar que los Estados tienen obligaciones de cumplimiento y garantía sobre estos derechos con base en el principio de igualdad y no discriminación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La falta de garantía del derecho al reconocimiento de la identidad de género tiene como consecuencia el hecho de que las personas trans y de género diverso muchas veces porten documentos de identificación que no se condicen con su identidad de género”, señala la CIDH en el informe antes mencionado. De esta forma, el acceso a derechos como salud, educación, vivienda y empleo se ve limitado y sujeto a prejuicios; además que se aumentan las posibilidades de que las personas sufran situaciones de violencia y discriminación.

Agatha Brooks, mujer trans de República Dominicana e integrante de la organización Trans Siempre Amigas (TRANSSA), ha experimentado discriminación al intentar acceder a una vivienda. “No se nos alquila casa, porque creen que somos personas depravadas y que somos malos ejemplos para niños o familias alrededor”, indica.

Aparte del problema de acceso a estos derechos, las personas trans también enfrentan violencia y discriminación cuando los ejercen. Arturo Nicolás, hombre trans de Perú e integrante de Diversidad Transmasculina, refiere que se necesitan medidas urgentes en el ámbito educativo para garantizar el pleno acceso de las personas trans a este derecho. “Esto no significa solo abrir los espacios mediante cupos o medidas parecidas. Los protocolos de atención y de contención en caso de violencia son pilares para sostener a las personas trans o disidentes del género en los espacios educativos”, afirma.

Mientras que Bruno Pfeil, hombre trans de Brasil y coordinador de la Revista Estudios Transviades, comparte su experiencia en el acceso a la salud: “En el campo de la salud, el (des)acceso que más me pesa es la salud ginecológica. Ya sea para hacerme pruebas, o simplemente para hacerme el chequeo de rutina; siempre es un dolor de cabeza tener que explicar que tengo útero, que necesito cierta consulta, y que la mirada que debe darse en mi cuerpo no se puede construir bajo la prerrogativa cisgénera”.

En su Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la CIDH da cuenta de forma amplia de cómo la imposibilidad de rectificar la documentación personal ha sido identificada como uno de los mayores obstáculos para el efectivo goce de otros derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, por lo que considera urgente que los Estados adopten medidas para garantizar este derecho conforme los estándares interamericanos e internacionales en la materia.

Aunque reconocemos y celebramos la adopción de procesos judiciales y administrativos para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans en varios países de Latinoamérica, creemos que esto no solo depende de que se rectifique su nombre y/o género en sus respectivos documentos de identidad, sino que también está estrechamente relacionado a la implementación de procesos educativos y políticas públicas para eliminar la LGBTIfobia en la sociedad y garantizar servicios efectivos y apegados a sus necesidades, respectivamente.

También apreciamos y agradecemos el rol del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, Víctor Madrigal-Borloz, quien a través de informes—como el último titulado Ley de Inclusión y Prácticas de Exclusión—y de numerosas intervenciones ante la sociedad civil y Estados, ha posicionado el tema de la identidad de género como una experiencia determinante en la vida de las personas y, por tanto, sujeta a un marco de derechos que los Estados deben garantizar.

Junto a ello, elevamos algunas recomendaciones a los Estados, muchas de las cuales fueron expuestas por la CIDH en el informe antes referido y que consideramos pasos clave para que se garanticen los derechos humanos de las personas trans en la región:

  • Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans y de género diverso a rectificar su nombre y el componente sexo o género en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales. Esto con base en la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • Eliminar de sus legislaciones y políticas públicas cualquier forma de criminalización, directa o indirecta, de la conducta de las personas en el ejercicio de su identidad o expresión de género.
  • Incluir protecciones contra la discriminación basada en la identidad de género, en los ámbitos públicos y privados.
  • Elaborar e implementar políticas y programas para promover el respeto a los derechos de las personas trans y de género diverso y su aceptación e inclusión social. Estas deben ser integrales, transversales y basadas en el enfoque de derechos humanos y particularmente incluyendo la perspectiva de género.
  • Elaborar e implementar campañas informativas de sensibilización y concientización en los medios de comunicación públicos y privados sobre diversidad corporal, sexual y el enfoque de género.
  • Promover campañas de información hacia personas trans y de género diverso sobre todos sus derechos humanos y los mecanismos existentes de protección.

Especialistas y activistas llaman a la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia

Washington D.C., 24 de marzo de 2022.– Especialistas y activistas de América Latina y el Caribe hicieron un llamado para la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, para lo cual es necesario que al menos 10 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

Tal planteamiento tuvo lugar en un webinar organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)—con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El evento contó con la participación de la comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH; Dayana Blanco, Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, de Colombia; Anielle Franco, Diectora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, y Manuel de Jesús Dandre, Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, de República Dominicana.

De parte de Raza e Igualdad participó el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, y la Oficial del Programa Brasil, Nathaly Calixto, quien fungió como moderadora de este espacio. En sus palabras de bienvenida, Quesada destacó el hecho que las Américas cuente con una herramienta como la CIRDI para combatir el racismo y la discriminación racial, aunque también recordó que hasta la fecha esta Convención solo ha sido ratificada por 6 países de la OEA y que, según su artículo 15, es necesario que la ratifiquen 10 países para que pueda crearse el Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Asimismo, llamó la atención sobre la situación de violencia y discriminación que enfrentan personas Afro-LGBT en países como Brasil, Colombia y República Dominicana. En el caso de Brasil, detalló que la organización ANTRA documentó que en 2019 hubo 124 asesinatos de personas trans, de las cuales el 75% era afrodescendientes. Quesada enfatizó que se deben aprovechar los mecanismos establecidos desde hacer varios años, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y los mecanismos creados recientemente, como el Foro Permanente de Afrodescendientes de Naciones Unidas.

Transformación estructural

La Directora Ejecutiva de Ilex Acción Jurídica, Dayana Blanco, se refirió a la necesidad de que el contenido y los alcances de la CIRDI sean socializados entre la sociedad y las organizaciones colombianas, con el fin de conocer cómo este instrumento puede contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y en qué se diferencia de las normas en dicha materia que ya forman parte de la legislación de Colombia. La activista enfatizó que el Derecho no es la única vía de transformación de las sociedades, por lo que también destacó la importancia de implementar estrategias educativas dirigidas a los diversos sectores que las conforman.

Reconocimiento e identidad

Desde República Dominicana, el Director Ejecutivo de la Red Jacques Viau, Manuel de Jesús Dandre, exaltó la importancia de la Convención Interamericana contra el Racismo y del Comité para el desarrollo de procesos educativos sobre etnia y raza, pues dijo que en este país eminentemente afrodescendiente, solo el 8% de la población se reconoce como tal. Además, manifestó su preocupación porque el Estado no reconoce el racismo y la discriminación racial como problemas latentes en la sociedad dominicana.

Lucha contra la violencia policial racista

Anielle Franco, Directora Ejecutiva del Instituto Marielle Franco, de Brasil, se refirió al problema de violencia policial racista en este país, haciendo alusión al caso de la joven Kathlen Romeu, quien con 13 semanas de embarazo murió en junio de 2021 producto de una bala perdida en un operativo de la Policía Militar en una favela de Río de Janeiro. “La violencia policial ha cortado nuestros sueños. Desde pequeños experimentamos en nuestra piel la sensación de querer huir siempre de la presencia de la policía, de las balas perdidas”, expresó la activista, señalando la necesidad de articular acciones para lograr la activación del Comité y otros espacios para combatir el racismo y la discriminación racial.

Compromiso para este 2022

La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la CIDH, también reconoció el impacto que tienen el racismo y la discriminación racial en la integridad y calidad de vida de las personas afrodescendientes, al punto que aseguró que en Brasil existe un “genocidio racial”. Por eso apuntó que es urgente que este 2022 se logren las 10 ratificaciones que permitirían la activación del Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad reconoce y agradece los aportes de las y los especialistas y activistas que participaron en este evento, y se suma al llamado de unir esfuerzos para lograr la creación del Comité antes mencionado, como un mecanismo regional para combatir el racismo y la discriminación racial en las Américas. Creemos firmemente en los principios y mandatos de la Convención Interamericana contra el Racismo, por lo que desde nuestra campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial” continuaremos trabajando de la mano con la sociedad civil para presionar a los Estados para su firma, ratificación y efectiva implementación.

Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial: Los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y justicia racial, y la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 21 de marzo de 2022.– A partir de hechos como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, los problemas de racismo y discriminación racial se han posicionado en la agenda mundial, generando reacciones y medidas de protección y reparación para personas afrodescendientes. Es innegable, por ejemplo, el esfuerzo que ha habido a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos para crear y fortalecer mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de esta población y de justicia racial.

Este Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos hacer un reconocimiento de los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de personas afrodescendientes y de justicia racial, pero también un llamado para que estos mecanismos pasen del papel a la realidad y podamos evidenciar una plena garantía de derechos para las y los afrodescendientes en todo el mundo.

Los mecanismos y sus mandatos

El mencionado contexto de conciencia y acciones a favor de los derechos de las personas afrodescendientes también ha estado impulsado por el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024). Uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva.

En 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

La resolución determina que el Foro se compondrá de diez miembros. Cinco de estos integrantes—entre los que actualmente se encuentra la ex vicepresidente de Costa Rica, Epsy Campbell, y el abogado Justin Hansford de Estados Unidos—son designados por los gobiernos y elegidos por la Asamblea General sobre una base de distribución geográfica equitativa, y cinco más designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos en consulta con organizaciones de afrodescendientes. Otro de sus mandatos es evaluar una posible declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, la protección y el respeto pleno de los derechos humanos de los afrodescendientes, además de identificar las mejores prácticas, retos y oportunidades e iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con los afrodescendientes.

Por otro lado, en su resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

El mandato de este mecanismo internacional de expertas y expertos independientes es de tres años, y está claramente definido en nueve tareas entre las que destaca la de “formular recomendaciones sobre la manera en que los regímenes jurídicos nacionales sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden pueden ajustarse a las normas de derechos humanos aplicables”. Además, entre sus medios de acción están contempladas visitas a los países y actividades de divulgación y consultas inclusivas con los Estados, las personas y comunidades directamente afectadas y otras partes interesadas.

En diciembre pasado, se conoció que el mecanismo quedó conformado por la jueza Yvonne Mokgoro de Sudáfrica, Tracie L. Keesee de Estados Unidos y Juan Méndez de Argentina. Una de sus próximas misiones, según la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que, junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, redacten anualmente sendos informes y los presenten al Consejo de Derechos a partir de su 51 período de sesiones, previsto a desarrollarse entre septiembre y octubre de este año. Ello en el marco de un diálogo interactivo en el que se dé prioridad a la participación de las personas y las comunidades directamente afectadas, incluidas las víctimas y sus familiares.

Situación en Latinoamérica

En Latinoamérica, el racismo y discriminación racial son problemas estructurales y persistentes, con manifestaciones y consecuencias diversas que tienen sus raíces en la esclavitud impuesta por el colonialismo europeo. La reciente visibilización de la brutalidad policial, de episodios de perfilamiento racial, de la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, y su impunidad, son muestra de que estos males siguen latentes en la sociedad en pleno Siglo XXI.

Ante esa realidad, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) se configura como una poderosa herramienta para combatir esos problemas. Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2013, convirtiéndose así en la convención homóloga de la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) de 1965, el primer instrumento internacional de alcance universal a partir del cual fue priorizado el combate al racismo y la discriminación racial, y de la cual los 35 Estados miembros de la OEA son parte.

Hasta la fecha, solo seis países de las Américas (Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) se han adherido completamente a la CIRDI, es decir que la han firmado y ratificado. En tanto, otros siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Haití, Panamá y Perú) solo la han firmado, por lo que el instrumento aun no es vinculante para esos Estados. Raza e Igualdad, a través de la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, se ha propuesto promover la ratificación e implementación de la CIRDI en la mayoría de los países que conforman la OEA.

Respecto a la CERD, la CIRDI contiene disposiciones novedosas, como colocar la definición del término “racismo” en un instrumento jurídico, así como establecer que los hechos de discriminación racial se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, mientras que la CERD circunscribe estos hechos únicamente al ámbito privado. La CIRDI, además, contempla la creación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia. Este Comité tiene como cometido monitorear los compromisos asumidos en la Convención, servir como foro para el intercambio de ideas y experiencias, formular recomendaciones a los Estados Parte, y recibir los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Convención. Sin embargo, el establecimiento de este Comité está sujeto a que 10 países ratifiquen la Convención, lo que aún no ha sucedido.

Relevancia de la CIRDI para Colombia y Brasil

En Colombia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia inició su proceso de ratificación a través de la presentación del Proyecto de Ley para su aprobación el 16 de diciembre de 2021. Esta Convención podrá significar un aporte sustancial a la construcción de paz en Colombia con su ratificación. En particular, la CIRDI sería un instrumento jurídico vivo que brindaría apoyo y fortalecimiento al marco jurídico existente, especialmente en el reconocimiento del racismo y la discriminación racial como fenómenos estructurales que han sustentado las afectaciones desproporcionadas y diferenciadas contra la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Las personas afrodescendientes han sufrido los impactos desproporcionados del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), 1.177.120 personas afrocolombianas han sido registradas como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV) hasta la fecha. El Acuerdo Final de Paz reconoció los impactos desproporcionados contra las comunidades afrocolombianas especialmente a través de la inclusión del Capítulo Étnico, cuyo propósito es generar garantías máximas para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades étnicas en el país. En este sentido, señala que el Acuerdo de Paz debe ser interpretado a la luz del marco jurídico internacional, constitucional, jurisprudencia y legal existente, incluyendo, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ratificación de la CIRDI implica que los países realicen modificaciones en sus legislaciones para acoplarse a los principios y mandatos de la Convención, por lo que su ratificación en Brasil en febrero de 2021 abrió un nuevo escenario para el discurso y activismo antirracista en este país, donde el 55% de la población es afrodescendiente. Sin embargo, al mismo tiempo, se configura un reto importante, que es el de garantizar su implementación efectiva. En Raza e Igualdad, hemos adquirido el compromiso de brindar asistencia técnica tanto a la sociedad civil como al Estado para que la CIRDI sea una realidad en Brasil.

Cabe destacar que la brutalidad policial representa una gran proporción de los asesinatos de hombres y mujeres afrobrasileños, incluidas las mujeres afro transgénero. El Foro Brasileño de Seguridad Pública documentó que “la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183,2% más alta para los afrodescendientes que para los blancos”. En la misma línea, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública documentó que los afrodescendientes son las mayores víctimas de la letalidad policial; en 2019, el 79,1% de las víctimas de intervenciones policiales eran afrodescendientes, mientras que el 20,8% eran blancos.

Vemos entonces que, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, existen mecanismos fortalecidos y novedosos en materia de defensa y protección de derechos de la población afrodescendiente. Esto es, sin duda, un gran paso hacia la eliminación del racismo y discriminación racial, pues para ello ha habido un proceso de reflexión y evidencia de la causas, manifestaciones y consecuencias de estos males en diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos ahora ante la tarea de apropiar e implementar de forma efectiva esos instrumentos. Tal misión no solamente corresponde a los Estados como responsables de la adhesión y puesta en práctica de los mecanismos, sino que desde la sociedad civil y desde la comunidad internacional debe existir la responsabilidad de dar seguimiento a esos procesos.

En Raza e Igualdad creemos firmemente que estos nuevos mecanismos, sumados a los existentes desde hace varios años, representan una oportunidad para visibilizar y mejorar la situación de derechos humanos en la región, a corto y mediano plazo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que emprendan procesos de incidencia y monitoreo en la adopción e implementación de estos instrumentos. En el caso particular de la CIRDI, hacemos un llamado a los Estados para ratificar e implementar esta Convención tan importante en términos de derechos humanos, así como a activistas y organizaciones para que establezcan rutas estratégicas para incidir en la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en sus respectivos países.

Sociedad civil de Uruguay debate sobre cómo incidir para una efectiva implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo

Washington D.C., 29 de noviembre de 2021.– El 24 de noviembre el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), realizó el seminario semipresencial Efectiva implementación de la CIRDI: Herramientas para la incidencia política de la sociedad civil en Uruguay. En este espacio, representantes de diferentes grupos poblaciones, junto a autoridades nacionales y regionales, discutieron los factores a favor y en contra para lograr que la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) sea una realidad en el país, que ratificó dicho instrumento en 2017.

El seminario se realizó en las instalaciones del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), contó con la participación de representantes de la sociedad civil afrouruguaya e indígena, donde se destaca la labor de la activista Noelia Maciel, representante de la Coordinación Nacional Afrouruguaya. También contó con la representación de Javier Díaz de la Unidad Étnico – Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; Claudia Barrientos, representante de la OEA en Uruguay, y Elvia Duque, Oficial del Programa para América Latina de Raza y Equidad, quien presentó la campaña y los avances de esta para superar las brechas de desigualdad y discriminación en América Latina.

Javier Díaz, de la Unidad Étnico – Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, destacó la importancia de la campaña para los gobiernos, porque ésta plantea la definición jurídica del racismo para, a partir de ahí, tomar decisiones en el marco normativo y jurídico. Claudia Barrientos, representante de la OEA en Uruguay, enfatizó la importancia de la CIRDI para los países de la región, indicando que “la eliminación del racismo es un imperativo que no puede esperar y que la CIRDI plantea un cuerpo internacional de protección más cercano al contexto local que respondan a las realidades de la región”.

La Oficial del Programa para América Latina de Raza y Equidad, Elvia Duque, presentó la campaña e invitó a las y los participantes a conocer detalladamente el contenido de la CIRDI y a hacer una apropiación del mismo, de cara a  lograr la implementación de la Convención desde el gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil. Duque tomó nota de las recomendaciones dadas por las y los asistentes y recordó que, hasta el momento, solo Antigua y Barbuda, Costa Rica, Uruguay, México, Ecuador y Brasil han ratificado la CIRDI, y se espera que más países de la región lo hagan, con el fin de lograr superar las prácticas racistas y discriminatorias que enfrentan y van en aumento en las Américas.

Durante el seminario, los panelistas destacaron un punto innovador de la CIRDI y es que brinda protección judicial internacional a víctimas de discriminación racial en modalidades individuales e institucionales.

Raza e Igualdad continuará promoviendo la CIRDI en Uruguay, con la que se busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) para el año 2024, trabajo que se espera hacer de la mano de instancias gubernamentales y de la sociedad civil para aportar a activar su implementación y lograr una región libre de discriminación racial.

Foto cortesía del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Montevideo.

Organizaciones de derechos humanos y de víctimas rechazan la denuncia del gobierno de Nicaragua contra la Carta de la Organización de Estados Americanos

Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestro más profundo rechazo a la denuncia de la Carta de la Organización Estados Americanos (OEA), presentada por el Estado de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021. Condenamos enérgicamente la intención del régimen de Nicaragua de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través de acciones que alejan cada vez más la posibilidad de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde el año 2018. 

En una carta dirigida al Secretario General de la OEA Sr. Luis Almagro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, expresó que “instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y conforme al artículo 67 de la convención sobre los derechos de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y denuncia de Nicaragua a esta organización”.

Este pronunciamiento de Nicaragua se da tan solo una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos una resolución que declara que las votaciones celebradas el 7 de noviembre no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad; reitera el llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y solicita al Consejo Permanente de la organización una evaluación colectiva urgente de la situación de Nicaragua con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en un plazo hasta el 30 de noviembre, a fin de “tomar acciones apropiadas”.

Cabe destacar que el Estado de Nicaragua pretende fundamentar esta decisión en supuestas solicitudes de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral  -instituciones que no tienen autonomía ni poder de decisión ya que todas están subordinadas al partido de Gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Para las organizaciones suscritas, el rápido avance de esta lamentable iniciativa es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua, que ha sido documentada y denunciada por organizaciones internacionales y, recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta concentración de poder en el Ejecutivo ha facilitado la instalación de un Estado Policial de facto en el cual los actos de hostigamiento, las amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión ejercida desde las instituciones de seguridad, tanto estatales como paraestatales, son avaladas por los demás poderes y concertadas con las instituciones de control.

La decisión ha sido tomada ignorando lo dispuesto en la Constitución de Nicaragua que establece en su Artículo 5 que: “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Adoptar una decisión de esta naturaleza habría ameritado una reforma constitucional en tanto afecta los principios fundamentales sobre los cuales se ha edificado el Estado de Nicaragua, según su propia Constitución.

A futuro, la denuncia de la Carta de la OEA traerá consigo un mayor aislamiento del gobierno de Nicaragua. Una vez que cesen los efectos de la Carta respecto de Nicaragua, transcurridos dos años desde la notificación de su decisión, significará la pérdida de un valioso espacio de cooperación técnica e integración regional para alcanzar el desarrollo integral sobre la base de la democracia, el Estado de Derecho, y la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, no omitimos recalcar que, a pesar de su denuncia, el Estado no queda exento de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos emanadas de la Carta que tenga pendientes tal y como prevé el artículo 143 del instrumento. Asimismo, tal y como ha señalado la Corte IDH, también subsistirá para Nicaragua su deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados, las normas consuetudinarias, las derivadas de los principios generales del derecho y las pertenecientes al ius cogens.

Finalmente, hacemos un llamado urgente a la OEA para que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua, tal y como ha sido acordado en la Resolución antes citada, y utilice todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.  

Exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a aplicar con eficacia y prontitud todos los mecanismos disponibles para coadyuvar el levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua.

Firman 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”

Fundamedios

Grupo Secuestrados Políticos Unidos

IFEX-ALC 

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Nicaragüenses en el Mundo (NEEM)

Organización de Víctimas de Abril (OVA)

Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN)

Urnas Abiertas

Raza e Igualdad reconoce y agradece el rol de Antonia Urrejola en la promoción de los derechos humanos en la región

Washington D.C., 12 de noviembre de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a las muestras de reconocimiento y agradecimiento a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, por su destacada y comprometida labor en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y de forma especial, por el papel clave que desempeñó en el monitoreo, visibilización y adopción de medidas ante la grave situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

Este viernes 12 de noviembre de 2021, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó la elección de representantes de sus órganos, organismos y entidades, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho proceso, Urrejola había presentado el pasado 22 de septiembre su candidatura a la reelección como comisionada de la CIDH, rol que ha desempeñado desde 1 de enero de 2018—tras ser electa en junio de 2017—y finaliza el próximo 31 de diciembre.

En el seno de la CIDH, Urrejola es actualmente la Relatora para Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua, así como Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia. Además, el 15 de marzo fue elegida al interior de la CIDH como su Presidenta, junto con Julissa Mantilla y Flávia Piovesan como primera y segunda Vicepresidenta, respectivamente, siendo la primera vez en la historia de dicho organismo que su junta directiva quedó compuesta solo por mujeres.

En 2018, Urrejola también fue Relatora para Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay y Cuba. En el caso de este último país, su Relatoría fue primordial en el seguimiento y visibilización de la situación de derechos humanos en la Isla. Mientras que como Relatora para Colombia y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha sido muy cercana a las problemáticas que enfrenta esta población en el país, principalmente por la incursión en sus territorios de grupos armados ilegales y la falta de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, además que recientemente jugó un papel destacado en el seguimiento de la CIDH a la crisis de derechos humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional.

En la votación de este viernes, realizada en el marco de la 51 Asamblea General de la OEA, la mayoría de las representaciones de países votaron por Joel Hernández García, de México (27 votos), Carlos Bernal P, de Colombia (21 votos), y Roberta Clark, de Barbados (23 votos), como nuevos integrantes de la CIDH, quedando por fuera la reelección de Urrejola.

Una amiga de Nicaragua

Desde que estalló la crisis socio-política y de derechos humanos en Nicaragua, la voz de Antonia Urrejola ha sido particularmente incansable en dos sentidos. Por un lado, la abogada chilena y especialista en Justicia Transicional, ha mantenido visible la crítica situación en el país, y por otro, ha sido una figura cercana de consuelo y esperanza para los familiares de asesinados, presos políticos y exiliados. Por tanto, su próxima salida de la CIDH causa conmoción a lo interno de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos en el país.

Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Raza e Igualdad, nos sentimos especialmente estremecidos por la noticia, ya que en el proceso de seguimiento a la crisis en Nicaragua e incidir a nivel del Sistema Interamericano para la defensa y protección de los derechos humanos en el país, Urrejola ha sido una aliada clave. En Raza e Igualdad hemos contado con su participación comprometida en eventos internacionales, campañas y Audiencias Temáticas.

Al referirse a la situación en Nicaragua, Urrejola ha sido insistente en afirmar que la impunidad y la injusticia no lograrán perpetuarse en el país, por lo que hoy, retomamos las palabras que brindó a Raza e Igualdad en una entrevista realizada en el marco del tercer aniversario de la crisis en Nicaragua, las cuales dicen: “Los esfuerzos en materia de derecho internacional de los derechos humanos, suelen no tener efectos inmediatos, pero también es cierto que la historia muestra que se trata de esfuerzos que producen resultados finalmente”.

Con esa esperanza y bajo el compromiso de continuar la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Nicaragua, Raza e Igualdad extienden su más sincero reconocimiento y agradecimiento a Antonia Urrejola, y expresa su deseo de continuar trabajando de la mano en la promoción de los derechos fundamentales en la región.

Raza e Igualdad lanza campaña regional para promover la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia

Washington D.C., 8 de septiembre de 2021.- Con el objetivo de contribuir a combatir el racismo en las Américas, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), realizó este jueves 2 de septiembre de 2021 el lanzamiento de la campaña “Hacia una región libre de discriminación racial”, la cual se extenderá hasta el año 2024 y busca promover la ratificación e implementación universal de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).

La campaña—que se inserta en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)—fue lanzada a través de un evento virtual que contó con la participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Gay McDougall, recién reelecta para integrar por un tercer periodo el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), de Naciones Unidas, y de la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell.

También participaron representantes de Estados Partes de la Convención (Antigua y Barbuda, Brasil y México), y de organizaciones de la sociedad civil de la región. La presentación de la campaña estuvo a cargo del Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, y la moderadora del evento fue Elvia Duque, Oficial del Programa para América Latina de Raza e Igualdad.

“Consideramos que esta campaña era necesaria, especialmente en medio del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, para que la mayoría de los países de las Américas ratifiquen e implementen esta importante Convención”, comentó Quesada en sus palabras de bienvenida.

La campaña

Raza e Igualdad considera que la ratificación e implementación de la CIRDI es esencial para el avance en la visibilización y reconocimiento de las opresiones sistémicas que existen en el hemisferio en contra de las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos y minorías raciales. Asimismo, cree que esta Convención representa un eje clave para que los Estados de la región cumplan su obligación de promover condiciones equitativas, igualdad de oportunidades y combatir la discriminación racial en todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.

La meta que Raza e Igualdad busca alcanzar con esta campaña es que los 35 Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) firmen, ratifiquen e implementen la Convención contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia para el año 2024.

Para ello, se han definido una serie de acciones regionales, tanto a nivel bilateral como multilateral, con las que se busca dar acompañamiento y herramientas a los Estados para hacer efectiva la ratificación e implementación de la CIRDI. Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un rol importante en esta campaña, pues se les capacitará para que den seguimiento al proceso de firma, ratificación e implementación en sus respectivos países.

La importancia de la CIRDI

A pesar de que la Convención Interamericana contra el Racismo fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 y entró en vigencia en noviembre de 2017, hasta la fecha, solo 6 de los 35 Estados Miembros la han ratificado: Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, México, Ecuador y Uruguay. La Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, destacó en su intervención que la CIRDI adquirió una gran relevancia a raíz del informe sobre racismo sistémico presentado en 2020 por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Dicho informe fue una de las acciones derivadas de la Resolución 43/1 (“Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”), adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras el asesinato de George Floyd. Dicha Resolución llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Joy-Dee Davis Lake, representante alterna de Antigua y Barbuda ante la OEA, señaló que la CIRDI se adoptó en un momento en que la comunidad internacional había tomado conciencia sobre la necesidad de mejorar y fortalecer los márgenes de protección que ya se habían establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Tanto la Convención Internacional como la Convención Interamericana, dijo Davis Lake, “representan el catálogo más ambicioso para prohibir todo tipo de discriminación que se conoce bajo las leyes internacionales, ya sea por raza, color, origen nacional o étnico, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones culturales, o las opiniones de cualquier tipo, origen social, estrato socio-económico, nivel educativo, refugiados, migrantes, repatriados, discapacidades, [entre otros]”.

Por parte de Brasil, Paulo Roberto, Secretario Nacional de Políticas para la Promoción de la Igualdad Racial, del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, celebró el paso dado por su país e invitó a los Estados de la región a ratificarla e implementarla. “Ratificamos la Convención el 13 de mayo (de 2021), día de la Ley Áurea en Brasil, lo que representó una ganancia para la sociedad brasileña. La Convención es un instrumento para enfrentar el racismo y la cultura colonialista”, aseguró.

“El tema de racismo y discriminación es un tema importante en nuestra región, porque atenderlo es una de las formas que nos permiten la integración de nuestras sociedades multiculturales, pero también por el hecho que convivimos con otras culturas que sin pasar por el combate al racismo y la discriminación nos lleva a diferentes discursos o crímenes de odio”, subrayó Christopher Ballinas, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Barillas comentó que un hecho que motivó la ratificación de la CIRDI por parte de México fue el crimen de odio sufrido en agosto de 2019 por un grupo de personas en El Paso Texas, que dejó 23 víctimas mortales, de las cuales 9 eran mexicanas.

La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH, comisionada Margarette May Macaulay, destacó el hecho que la CIRDI mandata la conformación de un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el cual debe estar integrado por un perito designado por cada uno de los Estados Parte, y debe ejecutar su o sus funciones de manera independiente, así como supervisar los compromisos asumidos en la Convención.

“Recomiendo encarecidamente a los Estados que ratifiquen e implementen la Convención. Nuestro contexto de discriminación estructural contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos étnico-raciales exige un compromiso fuerte y serio para combatir la discriminación y todas las formas de intolerancia en el hemisferio”, refirió Macaulay.

Gay McDougall, recién electa para integrar el Comité contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), habló sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para combatir el racismo y la discriminación racial. “El asesinato de George Floyd creó un nivel de urgencia para acelerar la respuesta” ante esta problemática, indicó.

Sonia Guajajara, líder indígena y Coordinadora Ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), celebró la ratificación de la CIRDI por parte de Brasil, pero también denunció el racismo estructural, institucional y ambiental en el país. “¿Armonía racial para quién?”, preguntó Sonia, quien participó del evento desde Brasilia, específicamente desde el campamento indígena “Lucha por la vida”, en el que más de 6 mil personas protestan contra el proyecto “Hito Temporal”, que está siendo votado por la Corte Suprema y pone en peligro los territorios indígenas protegidos por la Constitución.

“Hay un fenómeno de negar el racismo en Brasil o simplemente reconocerlo en casos extremos de odio racial. Los pueblos indígenas han estado luchando por el respeto a sus formas de vida en todo el planeta, y aquí en las Américas no ha sido diferente. Hemos visto a nuestros líderes asesinados, nuestras mujeres violadas, nuestros derechos territoriales cuestionados y nuestros jóvenes suicidándose”, agregó.

Paola Yáñez, Coordinadora regional de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, expresó que la visibilización del racismo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas ha sido una ardua tarea que han tenido que asumir las organizaciones de mujeres. “La adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo marca un hito importante para el movimiento afrodescendiente porque nos permite avanzar en el reconocimiento del racismo y la necesidad de tomar medidas en esta región”, apuntó.

“Es importante que todos los Estados puedan ratificar esta Convención porque se trata de la acumulación de más de tres décadas de trabajo en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y es necesario que esa acumulación sea parte de nuestras legislaciones nacionales para resguardar y proteger los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas y de otras minorías étnico-raciales”, expresó Noelia Maciel, Integrante de la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.

Únase

La campaña cuenta con un sitio web (www.cirdi2024.org) donde se puede conocer más sobre el objetivo, estrategia y actividades de la misma. Contiene además información sobre la CIRDI y cómo avanza el proceso de firma y ratificación en las Américas, así como todas las herramientas necesarias para que los Estados inicien este proceso. Cabe destacar que el sitio web cuenta con versiones en español, portugués e inglés, y que la campaña se estará visibilizando a través de Twitter, Facebook e Instagram, por lo que Raza e Igualdad invita a seguirla desde ya.

Raza e Igualdad publica análisis sobre personas detenidas por motivos políticos y llama a los órganos de protección del Sistema Interamericano a sostener el requerimiento a los Estados de su inmediata liberación

Washington D.C., 26 de agosto de 2021.- Ante el preocupante incremento de detenciones por motivos políticos en Nicaragua y otros países de la región, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, y del público en general, un análisis que expone la necesidad de que, en su respuesta frente a esta problemática, los mecanismos de protección requieran a los Estados la liberación inmediata de las personas detenidas.

“Consideramos que, cuando existen elementos suficientes para determinar, prima facie, que una persona ha sido detenida por motivos políticos -y por lo tanto sus derechos se encuentran en riesgo-, los mecanismos de protección de derechos humanos deben requerir a los Estados la inmediata liberación, no sólo con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad de las personas, sino también a sus derechos políticos y al ejercicio de la defensa de los derechos humanos, entre otros”, plantea el documento, disponible aquí.

En el análisis, Raza e Igualdad se refiere a los elementos que pueden identificarse para determinar, al menos a primera vista, que una persona ha sido detenida por motivos políticos, y los clasifica como: 1) Elementos subjetivos, relativos a la actividad política, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la identidad de la persona o grupo afectado; 2) Elementos objetivos, vinculados a la motivación política del Estado y la utilización de sus instituciones con el fin de retener el poder o implementar determinadas políticas; y 3) Elementos contextuales relativos a la existencia de personas presas por motivos políticos en contextos democráticos y no democráticos.

Raza e Igualdad señala que los órganos del Sistema Interamericano “deben ir un paso más allá y reconocer expresamente que las detenciones por motivos políticos ponen en una situación de grave vulnerabilidad a las víctimas de estos hechos, y sus derechos se encuentran en grave riesgo de sufrir daños irreparables si no se toman medidas para revertir tal situación”. Por tanto, concluye que la principal medida de protección que deben ordenar los mecanismos es su inmediata liberación.

Situación en Nicaragua

Desde el 28 de mayo hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua ha detenido a 34 personas identificadas como opositoras. En el caso de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga Blandón, el líder opositor y empresario José Adán Aguerri Chamorro, y las activistas opositoras y defensoras de derechos humanos, Violeta Granera y Tamara Dávila, la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) otorgó recientemente medidas provisionales a su favor y ordenó al Estado que “proceda a la liberación inmediata”

Para este viernes 27 de agosto, el Estado de Nicaragua está convocado a comparecer ante la Corte-IDH en una audiencia pública cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal el pasado 24 de junio, en el caso de Chamorro, Maradiaga, Aguerri y Granera, y ampliadas el 19 de julio de 2021 en el caso de Dávila. Todas estas personas llevan más de 70 días desaparecidas después de su detención a manos de agentes policiales.

 

Foto: Óscar Navarrete.

Sentencia de la Corte IDH sobre el caso Vicky Hernández y otras vs Honduras: reparación sin precedentes para la comunidad trans en la región

Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El 28 de junio de 2021, día en que se conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras. Esta sentencia es solo la quinta en materia de derechos LGBTI+ en la región latinoamericana y la segunda sobre personas trans, representando un hito histórico para la región. La sentencia reconoce, por primera vez, que las mujeres trans y travesti están protegidas bajo la Convención Belem do Pará y, dentro de las reparaciones, la Corte IDH ordena al Estado hondureño implementar una ley de identidad de género en los próximos dos años, una reparación sin precedentes en nuestra región.

Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de derechos LGBTI+ y trabajadora sexual que fue asesinada en el 2009 durante el golpe de Estado en Honduras. El 28 de junio de 2009 se declaró un toque de queda y, según algunas mujeres que acompañan a Hernández ese día, ellas se encontraban en la zona roja ejerciendo el trabajo sexual cuando fueron descubiertas por una patrulla que intentó arrestarlas. Todas corrieron en diferentes direcciones y al día siguiente Hernández apareció muerta. Su muerte se dio en un contexto de detenciones arbitrarias y otros homicidios por las manifestaciones que ocurrieron durante y después del golpe de Estado.

Entre los hechos señalados en la sentencia, la Corte retoma la valoración del perito peruano Carlos Zelada, sobre la existencia en Honduras de “un contexto de violencia continua contra las personas LGBTI que se remonta al menos al año 1994” y que, en medio del golpe de Estado, se vio recrudecido, particularmente contra las mujeres trans trabajadoras sexuales. La instancia regional también señala que, desde el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la violencia y discriminación que enfrenta la población LGBTI+ en la región. Esta población, indica, continúa desprotegida e invisibilizada en las Américas.

En su sentencia, la Corte IDH brinda una mirada a la situación que enfrentaba Hernández antes de ser asesinada, pues refiere que en varias ocasiones fue víctima de ataques violentos por parte de la policía. Cita a Claudia Spellmant Sosa, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, quien explicó que muchas veces Hernández llegó al Colectivo denunciando arrestos arbitrarios y agresión física. La Corte IDH encontró al Estado responsable dado el peritaje, el contexto del golpe en el que la policía y los militares tenían un control total sobre las calles, la situación de derechos LGBTI+ en Honduras, y la discriminación y violencia ejercida por la policía contra las mujeres trans.

El Estado hondureño aceptó parcialmente su responsabilidad internacional bajo los artículos 8.1 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por las irregularidades durante el proceso investigativo. Sin embargo, la Corte IDH resaltó varios puntos importantes sobre las responsabilidades del Estado respecto a estos artículos, entre ellos la necesidad de tomar en cuenta la identidad de género de la víctima, su activismo y el posible rol de agentes estatales en su asesinato. La Corte IDH también reiteró los estándares de las sentencias Gutiérrez Hernández y Otros vs. Guatemala y Azul Rojas Marín y otra vs. Perú respecto los estereotipos de género y cómo estos afectan la objetividad de los funcionarios públicos.

Por último, la Corte IDH desarrolló estándares sobre el derecho al nombre para personas trans y de diversas identidades de género. La Corte IDH reconoció “que los Estados deben respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y/o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros”. Con este reconocimiento se abren las puertas a que más Estados garanticen el derecho a la identidad de género.

Desde Raza e Igualdad celebramos este fallo de la Corte IDH, el cual consideramos histórico porque no solo determina la responsabilidad del Estado en el asesinato de una mujer trans trabajadora sexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI+, sino que establece medidas de reparación que, de ser asumidas e implementadas, marcarán un importante avance y precedente en el reconocimiento y protección de los derechos de esta población, tanto en Honduras como en el resto de la región.

Esperamos que la sentencia en el caso Vicky Hernández y Otras vs Honduras se convierta en referencia para la demanda de justicia en casos de violencia y asesinato contra personas LGBTI+ en toda la región. En el caso de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos, tenemos la seguridad de que este fallo será una herramienta para sustentar patrones de violencia y discriminación contra la población LGBTI+ en los procesos de búsqueda de justicia y protección, mientras que, en el caso de los Estados, confiamos en que esta sentencia impulse la adopción de políticas y leyes específicas en beneficio de las personas LGBTI+.

Raza e Igualdad aplaude cada una de las reparaciones establecidas por la Corte IDH, especialmente las referidas a la implementación de una ley de identidad de género y la recolección de cifras sobre violencia contra personas LGBTI+ “desglosando los datos por comunidades, el origen étnico, la religión o las creencias, el estado de salud, la edad, y la clase o la situación migratoria o económica”.

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