Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución sobre grave situación de Nicaragua

Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución sobre grave situación de Nicaragua

Washington D.C., 17 de junio de 2021.- El pasado 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por una amplia mayoría de  26 votos a favor una resolución expresando su “alarma ante el deterioro del entorno político y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluído el uso de leyes y acciones represivas para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa, y para restringir la participación política”.

Las delegaciones de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Colombia y Ecuador votaron a favor de la resolución; en cambio, Bolivia, San Vicente y Granadinas y Nicaragua votaron en contra; y las delegaciones de Argentina, México, Honduras, Dominica y Belice optaron por la abstención.

La resolución aprobada condena el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a potenciales candidatos y candidatas presidenciales, integrantes de partidos políticos y periodistas independientes, además demanda la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en las últimas semanas, así como del resto de presas y presos políticos.

El Consejo instó enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que implemente medidas legislativas y de otro tipo, acordes a las normas internacionales, con el fin de promover elecciones libres, justas, transparentes y con observación electoral fidedigna de la OEA y otros países.

Asimismo, solicitó a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “presenten dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación en la Asamblea General”.

Desde el inicio de la sesión, el representante de la delegación de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, expresó que el Gobierno de Nicaragua desaprobaba la convocatoria del Consejo Permanente y, por tanto, declaraba la resolución sometida a votación como “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el Gobierno”. 

“Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General, en los asuntos de la jurisdicción interna de Nicaragua, y la de otros Estados Miembros de la Organización”, recalcó Alvarado.

Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, expuso que esta nueva resolución es un “avance en el trabajo de la organización respecto a Nicaragua”; e hizo un recuento de todos los acuerdos que el Gobierno de Nicaragua ha firmado con la Secretaría General y con la Organización de Estados Americanos, pero que lamentablemente “ha violado e incumplido”. 

“Urge la liberación de todos los presos políticos, urge la liberación de todos los precandidatos: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Pallais, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Walter Gómez, Marcos Fletes, Tamara Dávila Rivas… los compañeros de otros tiempos del Sandinismo: Hugo Tórrez, Dora María Téllez, Suyen Barahona, Victor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vijil”, expresó Almagro.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente, así como todos los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos para el irrestricto respeto  de las libertades fundamentales y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.  

Raza e Igualdad lanza informe sobre derechos humanos del Pueblo Afroboliviano con miras a incidir en la adopción de políticas públicas para la garantía de todos sus derechos

Washington D.C., 19 de febrero de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó el informe “Situación de Derechos Humanos del Pueblo Afroboliviano”, con el objetivo de brindar un panorama amplio sobre la presencia y derechos de la población afrodescendiente en Bolivia, tanto desde la perspectiva nacional como desde la perspectiva internacional, y tomando en cuenta los principios de igualdad y no discriminación.

Este país suramericano celebrará el próximo 7 de marzo las elecciones subnacionales, en las que se elegirán 9 gobernantes, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2,000 concejales. Por tanto, el informe busca ofrecer información clave para la adopción de políticas públicas que tomen en cuenta la presencia y derechos de las más de 25 mil personas que actualmente se autoreconocen como afrobolivianas y afrobolivianos.

“El Pueblo Afroboliviano logró su inclusión en la Constitución Política del Estado de 2009 y el reconocimiento de un catálogo amplio de derechos humanos individuales y colectivos”, refiere Ivanna Fernández Martinez, autora del informe, y para quien “aún se requiere un análisis y evaluación exhaustivos para desarrollar política pública coherente en atención a los derechos diferenciados y las prioridades de este segmento heterogéneo de la población, así como el seguimiento y monitoreo a su implementación”.

Fernández Martinet destaca que “las políticas públicas aplicadas al sector (Pueblo Afroboliviano) deben ser sensibles a las cuestiones de género y culturalmente adecuadas, enfocadas en mejorar su calidad de vida y valorar su cultura”.

Contenido del informe

El informe se divide en cinco partes. La primera identifica la presencia y el registro de la población afroboliviana en el país, la segunda presenta el modelo de Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo el reconocimiento constitucional del Pueblo Afroboliviano y la titularidad de; la tercera parte aborda el racismo y la discriminación racial que viven las y los afrobolivianos y la descripción del diseño e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos para combatir este flagelo.

Luego, la cuarta parte describe la situación de los derechos humanos de la población en las zonas rurales y la quinta reúne los principales desafíos de las mujeres afrobolivianas por la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a sus condiciones particulares. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones en todos los ámbitos.

El informe se encuentra disponible en el sitio web de Raza e Igualdad. Puede ser consultado y descargado por medio de este link: https://bit.ly/3nTMm0Y

Raza e Igualdad celebra la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo por parte del Estado brasileño

Brasil, 19 de febrero de 2021 – El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) felicita al Estado de Brasil por la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia [1], firmada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Guatemala, en 2013 [2]. La ratificación de la Convención significa un logro del movimiento afro brasileño que ha estado participando en el fortalecimiento y adopción de la Convención desde el año 2000. De esta forma, Brasil se compromete a nivel internacional a luchar contra la intolerancia y el racismo, teniendo así la oportunidad de romper con su estructura racista fundacional.

Una vez ratificada, la Convención adquiere el estatus de reforma constitucional, garantizando que las leyes infraconstitucionales puedan ser impugnadas, lo que representa la apertura de nuevos caminos para el debate racial en el país. Sobre los derechos humanos, la posibilidad de cambios en la legislación nacional es de suma importancia para prevenir, eliminar y sancionar violaciones con sesgos racistas y discriminatórios, que impactan a la población afro y se forjaron a raíz de las políticas de blanqueamineto y meritocráticas. Cabe destacar que la Constitución brasileña, en su artículo número 5, punto 42, señala que una persona acusada de racismo no puede salir libre bajo fianza y que este delito es imprescriptible y, en el artículo 3, punto 4, repudia el prejuicio y otras formas de discriminación.

Lúcia Xavier, Coordinadora General de la ONG Criola, saluda la ratificación de este acuerdo por parte de Brasil, principalmente porque se consolida como un instrumento fundamental para el movimiento afro y para las mujeres afros que están en constante lucha contra la violencia y la discriminación, especialmente en el contexto de COVID19 en el país. “Así como los gobiernos conservadores avanzan contra los derechos, la Convención puede significar tener más instrumentos e incluso fortalecer el propio sistema regional de derechos humanos. La Convención será um instrumento político fundamental de ahora en adelante para luchar contra el racismo en Brasil y en la región”, considera.

“Al ser ratificado por Brasil y consolidado en nuestra legislación, fortalece el esfuerzo que los movimientos afros vienen haciendo desde hace años para erradicar definitivamente el racismo. Especialmente el racismo institucionalizado, aquel que no consiste en leyes, normas o políticas, sino que es implementado por el Estado en todas sus instancias, todos los días. Entonces, la posibilidad de contar con este instrumento contra los ataques que el actual gobierno brasileño está haciendo a la población afro es muy buena”, Lúcia Xavier, ONG Criola .

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, en Brasil existen varias formas de racismo, muchas veces invisibilizadas, pero que a diario se evidencian y comprueban por los altos niveles de violencia que enfrenta la población afro en desigual acceso al trabajo, políticas de vivienda pública, salud y educación. “Dadas las circunstancias históricas brasileñas, partiendo del hecho de que Brasil es el país con más afrodescendientes fuera de África, cuya población afro enfrenta serios problemas de discriminación y de invisibilidad de derechos, la ratificación de este acuerdo se consolida como una posibilidad de reparación histórica y enfrentamiento al racismo estructural”, destaca.

Es importante mencionar que el racismo que enfrenta el pueblo afrobrasileño influye de forma considerable en que esta población represente una mayoría en las estadísticas del sistema penitenciario, de la pobreza y de las altas tasas de suicidio, revelando así, una sociedad jurídica- mediatica que es estructural e institucionalmente racista. Por lo tanto, la expectativa con la ratificación de esta Convención es también mover las estructuras que subyacen a los órganos de justicia brasileños y sus ministerios, arraigadas en el mantenimiento de privilegios regidos por criterios excluyentes y marginales. Así, la intervención del Estado a través de esta ratificación es una posibilidad para la democratización de derechos con la consolidación de políticas de justicia social.

Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro y promotora de la ratificación de la Convención, recuerda que entre los países miembros de la OEA Brasil lideró la elaboración de este acuerdo. Para Casseres, es un reconocimiento a la lucha histórica del movimiento afro brasileño, siendo un instrumento más sofisticado y actual para combatir el racismo. “Es una Convención que ataca la discriminación indirecta y prevé la prohibición de políticas públicas con resultados racialmente discriminatorios, como ejemplo, tenemos las políticas de seguridad pública”, apunta.

“Tenemos por primera vez un instrumento legal que tiene la capacidad de enfrentar la complejidad del fenómeno del racismo. Es un gran beneficio porque es una Convención que tiene instrumentos legales mucho más sofisticados y refinados, capaces de hacer frente a las complejidades del racismo que no pudimos abordar plenamente con el marco legal que existía antes de la ratificación de este acuerdo en Brasil”. Lívia Casseres, Defensora Pública del Estado de Río de Janeiro.

 En vista de la ratificación de la Convención, Raza e Igualdad enfatiza que para una lucha efectiva contra el racismo, su implementación debe realizarse en consulta con la sociedad civil. Su Capítulo IV, párrafos 4 y 5, de la Convención, establece que se espera que el Estado Parte nombre a un experto, con funciones independientes, para la tarea de seguimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio. Además, se creará un comité para intercambiar ideas y experiencias y revisar los avances realizados por los Estados Partes en su implementación [3]. De esta manera, la consulta con la sociedad civil es un derecho, reconocimiento y oportunidad para el Estado de dialogar con diferentes sectores de la sociedad y, principalmente, con el movimiento afro brasileño, para que los retos en la lucha contra el racismo sean identificados.

Frente a esta nueva coyuntura de posibilidades para combatir el racismo, Raza y Igualdad celebra la labor del movimiento afro en la lucha por la aprobación y ratificación de esta Convención y se compromete a fortalecer y contribuir al avance de la lucha por los derechos humanos y contra el racismo en Brasil. Reconocemos la gran importancia de este acuerdo para la reparación de la deuda social y para la seguridad de la población afro que estructuralmente se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en el país. Así, recomendamos al Estado brasileño:

1 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil, especialmente en diálogo con el movimiento afro brasileño;

2 – Definir estrategias de ejecución para que los órganos normativos, ejecutivos y judiciales implementen acciones de cumplimiento inmediato de las medidas promulgadas por la Convención;

3 – Diseñar políticas públicas que tengan como objetivo sancionar los actos racistas y reparar el racismo estructural con miras a promover la igualdad para que la población afro pueda acceder a políticas afirmativas en el área de salud, trabajo, bienestar, educación y en el ámbito político, destacando la equidad y protección en el sistema electoral.

[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/02/10/senado-aprova-projeto-que-ratifica-texto-da-convencao-interamericana-contra-o-racismo.ghtml

[2] e [3] https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/interamericantreatiesA-68ConvencaoInteramericanaracismoPOR.pdf

 

 

Sociedad civil de Nicaragua expone ante la CIDH la situación de 110 personas prisioneras políticas

Washington, D.C., 10 de diciembre de 2020. Un grupo de personas defensoras de derechos humanos expuso hoy ante comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) graves violaciones a sus derechos humanos a la que se enfrentan actualmente 110 personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, durante una audiencia celebrada en el marco del 178 periodo de sesiones de la Comisión.

Por parte de las organizaciones solicitantes, participaron: Ana Bolaños, Oficial Legal de Raza e Igualdad, Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Rosario Flores de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras); Georgina Ruíz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y Elton Ortega y Alexandra Salazar, ambos de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

En la audiencia las personas expositoras resaltaron que de las 110 personas presas políticas apresadas a partir de abril de 2018, 14 se encuentran en celdas de máxima seguridad, El Infiernillo, celdas de castigo y aislamiento, en condiciones altamente deplorables; mientras que el resto de las personas prisioneras por motivos políticos sufre una deficiente atención médica, trato diferencial y discriminatorio, golpizas, amenazas, falta de alimentación y agua potable, negación de visitas familiares e incluso torturas.

Durante la audiencia se destacó que las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales, en un esquema de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, instalado para la represión y persecución de toda disidencia política.

Las organizaciones identificaron también como graves amenazas a la libertad individual y la seguridad jurídica tres leyes aprobadas recientemente: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la reforma que plantea establecer la prisión perpetua, orientadas a criminalizar a las organizaciones de sociedad civil, a los periodistas y medios independientes y a la disidencia en general.

Los peticionarios urgieron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato la represión, las detenciones arbitrarias y toda forma de hostigamiento hacia las personas presas políticas, sus familias y las personas excarceladas; a liberar de inmediato a todas las personas presas políticas; a investigar de forma exhaustiva las denuncias de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También pidieron al Estado que suministre información sobre la situación de la pandemia en los centros de reclusión, informe las medidas que estaría tomando para atender los problemas urgentes de salud, y de prevención ante el Covid-19, y que autorice el regreso al país de la OACNUDH, CIDH, el MESENI, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos.

Reacción de la CIDH

La representación del Estado de Nicaragua, aunque fue invitada por la CIDH para asistir a la audiencia, no se presentó. El comisionado Stuardo Ralón lamentó la inasistencia estatal y resaltó que dicha conducta “denota una actitud de negación total a cumplir obligaciones internacionales”, puesto que los gobiernos tienen una responsabilidad de rendir cuentas a sus ciudadanos y un compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación.

La comisionada Esmeralda Arosemena, por su parte, invitó al Estado de Nicaragua a acercarse a la CIDH para buscar puntos de apoyo y acuerdos para librarse de términos que se utilizaron en la exposición para ilustrar la conducta estatal: violencia, perversidad, represión, crueldad, inhumanos, ilegales, estigmatizantes, criminalizantes, aludiendo a los hechos denunciados en la audiencia por los peticionarios.

Los comisionados, comisionadas y relatores de la CIDH resaltaron el valor y la constancia de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que se dedican a representar legalmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, a acompañar a sus familiares, y a documentar las violaciones de sus derechos humanos.

“Mi mensaje es de instar a que puedan seguir esa lucha, a reconocer la valiosa información que nos han brindado. De nuestro lado ustedes encontrarán la convicción de poder actuar de acuerdo a todos nuestros instrumentos para que sea una realidad vivir una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, señaló el comisionado Ralón.

La comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora de país para Nicaragua, recordó que un reciente informe publicado por la Comisión logró establecer que 1,614 personas habían sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018. Sin embargo, destacó que están conscientes de que esa cifra es un subregistro, por lo que instó a los peticionarios a seguir trabajando para saber cuál es la verdadera cifra.

Además, resaltó como un tema de preocupación para la CIDH la falta del debido proceso y de imparcialidad del Sistema Judicial en Nicaragua. “Nos preocupa la falta de independencia de los poderes del Estado, algo esencial considerando que el próximo año Nicaragua enfrenta un proceso electoral y la importancia de tener poderes del Estado que funcionen con independencia del Ejecutivo y que den garantías de espacios democráticos y de libertad de expresión son fundamentales”, afirmó.

Raza e Igualdad presenta petición a la CIDH sobre violaciones de derechos humanos a periodistas, medios de comunicación independientes y otros en Nicaragua

Washington, D. C., 3 de diciembre de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), presentó el día de hoy una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el Estado de Nicaragua al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.

En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.

La petición narra distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de Poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.

También describe los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.

Adicionalmente, pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.

Raza e Igualdad solicitó a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.

Sociedad civil colombiana denuncia ante la CIDH desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado

Bogotá, 6 de octubre 2020.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de denuncias sobre la desprotección de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y de líderes y lideresas sociales víctimas del conflicto armado, y solicitaron a este organismo dar un seguimiento más profundo al cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente al Capítulo Étnico, así como al Programa de Reparación Colectiva que establece la Ley 1448 y el Decreto 4635, ambos de 2011.

La presentación se realizó en el marco de una audiencia pública solicitada por diversas organizaciones, entre ellas el Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), a propósito del 177 periodo de sesiones de la CIDH. La audiencia se denominó “Denuncias de desprotección de los colectivos víctimas del conflicto armado en Colombia: comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y líderes sociales” y contó con la participación de representantes del Estado colombiano.

Gran rezago en el Capítulo Étnico

Raza e Igualdad, junto con la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, presentó un análisis sobre el bajo estado de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, destacando las consecuencias de ello en términos de graves violaciones a los derechos humanos. “El actual gobierno de Colombia ha estado saboteando la implementación del Acuerdo de Paz, y con ello, negando la consolidación de la paz territorial a la que tienen derecho los pueblos étnicos”, apuntó Pedro León Cortés, asesor de la oficina de Raza e Igualdad en Colombia.

En la ponencia se señaló que, según el último informe del Instituto Kroc—ente internacional que da seguimiento al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz—, el Capítulo Étnico tiene una implementación de apenas un 8% y se observa un retroceso en la ejecución de las políticas contenidas en los puntos del Acuerdo, siendo uno de ellos la falta de mecanismos para la protección y seguridad de los territorios ancestrales.

Las organizaciones denunciaron que, ante la falta de condiciones para detener la disputa del control territorial por parte de grupos armados ilegales, se registra el desplazamiento forzado de 30, 000 personas entre noviembre 2019 y junio de 2020. “En cuanto al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hay evidencias sobre una estrategia para detener la política de erradicación voluntaria y sustitución de cultivos ilícitos”, añadieron.

A criterio de las y los actores de la sociedad civil, todos estos retrasos, fallas y omisiones evidencian la no aplicación del principio fundamental del Capítulo Étnico: garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Valoraron, sin embargo, que hay esfuerzos significativos para aplicar el enfoque étnico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), así como en las garantías para las victimas étnicas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el Programa de Reparación Colectiva

Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y presidenta de Las Comadres (Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia), expuso datos oficiales sobre la implementación del Programa de Reparación Colectiva de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011. La lideresa indicó que, a marzo de 2020, en el Registro de Víctimas estaban inscritos 755 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 482 son pueblos étnicos y que, tras nueve años de la implementación de la Ley, el 78% de los sujetos étnicos se encuentran en las etapas iniciales de la ruta de reparación colectiva y solo el 10% cuenta con un plan de reparación en proceso de implementación.

“A la fecha, ningún sujeto étnico ha finalizado la implementación de su plan de reparación colectiva. Consideramos que la implementación del Programa de Reparación Colectiva es grave y preocupante y, por tanto, se encuentra comprometida la garantía y el goce efectivo de los derechos de las victimas colectivas del conflicto armado”, dijo Becerra.

Entre las barreras institucionales del Programa de Reparación Colectiva, Becerra mencionó: debilidad en la articulación interinstitucional y la coordinación nación-territorio para la implementación de los planes integrales de reparación colectiva, dificultades en la elaboración técnica de los planes de reparación colectiva, tiempos excesivos en la implementación de la ruta de reparación colectiva, ausencia de un enfoque transformador del programa, y falta de presupuestos adecuados y suficientes.

La secretaria general de Afrodes denunció que en el periodo de post-acuerdo se han registrado 392 desplazamientos, para un total de 130,079 personas desplazadas forzosamente, de las cuales el 47% corresponde a comunidades étnicas. Asimismo, tienen conocimiento de 1,203 agresiones a líderes y lideresas sociales en el ejercicio de su labor.

Situación en Chocó

El activista y defensor de derechos humanos y territorios de poblaciones afrodescendientes, Luis Ernesto Olave, brindó un informe sobre la crisis humanitaria en el departamento de Chocó, destacando que la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque “ha impedido acceder a la búsqueda de la convivencia pacífica mediante la salida negociada al conflicto, permitiendo que efectivos de las FARC sigan delinquiendo, sumado a la presencia del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Olave detalló que en las comunidades afrodescendientes e indígenas de este departamento registran el aumento de confinamiento y desplazamiento de sus poblaciones, reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN y oferta económica de parte de las Autodefensas Gaitanistas, incremento de cultivo de hoja de coca, control territorial por las rutas de narcotráfico, armas y trata de personas, especialmente en los afluentes de los ríos Atrato; asesinatos sistemáticos, amenazas a líderes sociales, entre otras situaciones de inseguridad. Señaló que solo este año se han desplazado de manera forzada 350 familias en Alto Baudó, 66 familias en Medio Baudó y 10 familias en Bajo Baudó.

RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES

Respecto al Capítulo Étnico

Las organizaciones recomendaron al Estado colombiano adoptar de forma inmediata las medidas para asegurar la aplicación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como fortalecer condiciones para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y cumplir las órdenes vigentes de la Corte Constitucional que reconocen la violencia y riesgos que enfrentan los pueblos étnicos, entre otras. Mientras que a la CIDH le pidieron adoptar el seguimiento al Capítulo Étnico como una prioridad.

Respecto al Programa de Reparación Colectiva

Al Estado, solicitaron desarrollar una estrategia integral de fortalecimiento del Programa, que permita ampliar su ámbito de aplicación, aumentar el ritmo de implementación y superar las barreas que afronta, así como desarrollar mecanismos para la supervisión y cumplimiento del enfoque reparador de los planes de desarrollo con enfoque territorial y la inclusión de la reparación colectiva en los planes de desarrollo local, y desarrollar una estrategia especial de acompañamiento a los colectivos víctimas en el contexto de la reactivación económica posterior a la pandemia. A la CIDH le pidieron que dentro del seguimiento a la situación de derechos humanos en Colombia se incluya una estrategia para el seguimiento al cumplimiento del derecho a la reparación de los colectivos víctimas del conflicto.

Respecto a situación en Chocó

Solicitaron a la CIDH instar al Estado a hacer presencia estatal en todo el departamento, que se reinicien los acuerdos de paz con el ELN, un acuerdo humanitario en el Chocó que involucre a todos los actores armados, agilizar las solicitudes de protección colectiva e individual y hacer estudios que realmente atiendan las situaciones de riesgo de comunidades, así como exigir el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico por la salvación y la dignidad del Chocó firmados en el 2007 y de la sentencia T622 de 2016 que le concede al río Atrato derecho de reparación, mantenimiento, protección y conservación.

Reacción de la CIDH

Las y los comisionados mostraron su preocupación por el bajo avance en la implementación tanto del Capítulo Étnico como del Programa de Reparación Colectiva, por lo que plantearon preguntas sobre los obstáculos que impiden una aplicación integral y efectiva de dichos mecanismos. Hicieron eco, además, de la falta de consulta previa, el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la persecución a los liderazgos sociales y la falta de coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales.

La comisionada Margarette May Macaulay pidió la palabra para rechazar el contínuum de violencias de los pueblos étnicos en medio del conflicto armado y de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19. La también Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y sobre los Derechos de la Mujer, planteó la necesidad que el Estado provea información precisa y específica sobre las afectaciones a las comunidades afrodescendientes y sobre las razones de la demora en la aplicación del Acuerdo de Paz y la Ley de Víctimas y el Decreto 4635.

La secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, aprovechó la ocasión para señalar que este organismo incluirá el seguimiento al informe país de Colombia en su informe anual 2020, por lo que la semana pasada envió una carta al Estado solicitando más información e informando sobre su decisión de enfocar su seguimiento en la implementación del Capítulo Étnico.

Respuesta del Estado

Por parte del Estado, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordoñez, no respondió directamente a los planteamientos de la sociedad civil, sino que se refirió a los dos años de la llamada política de Paz con Legalidad del Gobierno de Iván Duque. Además, al ser consultado por el presidente de la CIDH, comisionado Joel Hernández, sobre el reclutamiento de menores de edad de parte de grupos armados ilegales, el funcionario se excusó de contestar la pregunta señalando que ese tema no era parte de la audiencia.

En tanto, Emilio Archila, Consejero para la Estabilización y Consolidación, expuso principalmente sobre el alcance y resultados de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son un instrumento de planeación de proyectos prioritarios para las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza en 170 municipios de país.

Tres funcionarios más de la Unidad de Víctimas, del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección, respectivamente, brindaron reportes sobre un gran número de actividades, pero sin mencionar acciones en términos de evitar y sancionar la violación de derechos humanos que la sociedad civil ha venido denunciando de forma constante.

Raza e Igualdad lanza Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia

Washington D.C., 21 de septiembre de 2020.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) presenta el Manual para la Elaboración de Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I), con el fin de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil puedan fortalecer sus capacidades para la elaboración autónoma de informes de derechos humanos para su incidencia ante los Estados y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

El documento ya se encuentra disponible para consulta y descarga en la sección Publicaciones del sitio web de Raza e Igualdad, y cuenta con dos versiones: una cuyo contenido es principalmente texto, y otra donde la información va acompañada de ilustraciones alusivas al proceso de elaboración de un IDH-I, por lo que se recomienda el uso de esta en caso que las organizaciones usuarias decidan realizar sesiones de réplica con defensoras y defensores de derechos humanos.

La visión de Raza e Igualdad para la elaboración de este Manual es que el éxito en la producción de un IDH-I articulado a un plan de incidencia, puede potenciarse significativamente si la organización emprende un proceso formativo orientado al conocimiento y comprensión de los conceptos, instrumentos y mecanismos que aportan los órganos internacionales de derechos humanos.

“Nuestra experiencia confirma que los Informes de Derechos Humanos para la Incidencia (IDH-I) elaborados por las propias víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, han sido fundamentales para que los Estados adopten las respuestas requeridas”, señaló Pedro León Cortés, asesor de Raza e Igualdad para América Latina.

Contenido

El Manual está estructurado en dos partes. La primera aborda comprensiones básicas como los derechos humanos, qué es una violación a los derechos humanos y qué es un IDH-I. En la segunda parte explica paso a paso cómo se elabora un IDH-I, desde la delimitación de la situación a denunciar hasta la redacción del informe. Además, incluye una lista de enlaces a sitios claves para que las organizaciones emprendan su propio proceso de documentación.

La elaboración de este documento se fundamenta en la sistematización de la experiencia de Raza e Igualdad en su trabajo de asistencia técnica y acompañamiento a organizaciones de personas afrodescendientes, LGBTI y afrodescendientes-LGBTI en diferentes países de América Latina, por medio del cual ha facilitado que aprendan a producir de manera autónoma Informes de Derechos Humanos para la Incidencia.

Raza e Igualdad invita a las organizaciones de la sociedad civil, así como a activistas por los derechos humanos, a consultar, descargar y compartir este Manual para reforzar sus planes de transformación de los factores estructurales que producen o mantienen patrones de violación de derechos humanos.

Acceda al Manual:

Versión ilustrada – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_ilustrado.pdf

Versión texto – http://oldrace.wp/wp-content/uploads/2020/09/Manual-IDH_-web_texto.pdf

Raza e Igualdad lanza material informativo para aumentar conocimiento e incidencia ante mecanismos de protección de los derechos humanos

Washington D.C., 20 de agosto de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) pone a disposición de la sociedad civil y activistas de América Latina y el Caribe, material informativo sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), y sus respectivos órganos, y sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de contribuir a aumentar su conocimiento e incidencia ante estas instancias en la defensa y protección de los derechos humanos.

“Como organización que busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil en la región en la defensa y protección de los derechos humanos, Raza e Igualdad presenta este material que aborda el funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano como en las Naciones Unidas, con la expectativa de generar mayor acceso a estos de parte de nuestras socias y socios”, señala Christina Fetterhoff, Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material consiste en tres videos que abordan el funcionamiento de la OEA, del Sistema Interamericano y de la ONU, respectivamente. A través de la intervención de cuatro personajes animados y con el apoyo de ilustraciones, explican el trabajo que realiza cada una de estas instancias y cuáles son los espacios y mecanismos de incidencia que tienen disponibles para la sociedad civil en materia de la defensa de los derechos humanos.

Cada video está reforzado con un relatograma que, de forma muy sencilla y amigable, brinda más detalles, principalmente en lo referido a los espacios y mecanismos para la participación e incidencia de la sociedad civil, además que incluye los enlaces a los sitios oficiales de las instancias en cuestión, donde las personas pueden encontrar toda la información referida.

Todo este material informativo se suma a la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” que Raza e Igualdad lanzó en mayo pasado con el objetivo de orientar a abogados, abogadas y activistas de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Puedes acceder a los videos a través de los siguientes enlaces:

En tanto, los relatogramas los encontrarás dando clic aquí.

Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Washington D.C., 6 de agosto de 2020.- Ante la pandemia de COVID-19 que enfrenta el mundo entero, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se propuso analizar el contexto en que la población afrodescendiente de América Latina está viviendo esta emergencia de salud, y formuló ocho recomendaciones para los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional para generar respuestas consensuadas y ajustadas a las realidades y necesidades de las personas afrodescendientes en la región.

El análisis se realizó a partir de la información compartida en seminarios virtuales (webinars) y en diálogos sostenidos por oficiales de Raza e Igualdad con líderes y lideresas afrodescendientes, entre el 27 de marzo y el 17 de mayo del 2020. Asimismo, se analizaron los pronunciamientos de organizaciones de afrodescendientes y de organismos especializados en el tema de discriminación racial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población afrodescendiente en Latinoamérica está conformada por 130 millones de personas, que equivalen al 21% de la población total en la región. A la fecha no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas enfrentan la pandemia.

La falta de información adecuada, las dificultades para acceder a los sistemas de salud y el recrudecimiento de la violencia, tanto de grupos criminales como de la policía, son factores que colocan en gran desventaja a la población, principalmente a aquella que vive en condiciones de marginalidad, como es la población afrodescendiente e indígena. “Para Raza e Igualdad es muy importante conocer a fondo la situación de las personas afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 porque esto nos permite diseñar acciones de apoyo junto a nuestras co-partes, pero también hacer recomendaciones a los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional, para que apliquen medidas adecuadas que garanticen los derechos de esta población”, dijo Elvia Duque, Oficial de Programa para América Latina del Instituto y encargada de la elaboración de este análisis.

En ese sentido, Raza e Igualdad formuló ocho recomendaciones relacionadas a combatir el racismo estructural y la discriminación racial, mejorar los sistemas de salud y educación, principalmente de cara a reducir la brecha entre el sector rural y urbano; garantizar la protección de derechos humanos, recopilar datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales, entre otras, haciendo énfasis en la necesidad que las políticas que se tomen en esta materia deben ser consultadas y elaboradas en coordinación con los líderes y lideresas afrodescendientes.

Acceda al documento con el análisis y las recomendaciones aquí.

Las fotografías que acompañan este artículo fueron facilitadas por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y por Sello Negro ONG.

Raza e Igualdad promueve debate para combatir el racismo sistémico en las Américas

Washington D. C., 9 de julio de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el martes 7 de julio el seminario virtual “International Response to Racial Injustice and Police Brutality in the Americas” (Respuesta Internacional a la Injusticia Racial y la Brutalidad Policial en las Américas), donde la principal conclusión fue que para combatir el racismo y la discriminación racial  que afecta a la población afrodescendiente en la región se deben definir e implementar acciones con un enfoque integral y multidisciplinario.

Las panelistas de este webinar fueron la Vice-presidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Tendayi Achiume, con el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, como moderador.

Después de varios asesinatos de personas afroamericanas cometidos por miembros de la policía y personas blancas durante el mes de abril y mayo de 2020 en los Estados Unidos, pero específicamente a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, se han registrado protestas de rechazo al racismo y la discriminación en diversas partes del mundo y esto, a juicio de las panelistas, debe ser aprovechado por los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales para forjar un verdadero cambio, pues hasta el momentos los esfuerzos no han sido lo suficientemente acogidos y puestos en práctica.

Achiume sin embargo aplaudió el hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya emitido tan rápido una resolución con la que condenó en términos energéticos las prácticas racistas y violentas de las fuerzas del orden contra las personas africanas o afrodescendientes. “Esta vez se pensó de una forma distinta sobre la naturaleza del problema, no fue solo un par de manzanas malas, sino que hay un reconocimiento de que tenemos un problema sistémico, que el racismo es endémico”, dijo.

La Vice-presidenta de Costa Rica, quien antes de plantear sus ideas se solidarizó con la familia y amigos de George Floyd, apuntó que hasta ahora el silencio y la complicidad de muchos ha permitido que se pierdan vidas humanas inocentes solo por el color de su piel, pero también celebró que el mensaje del movimiento #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan) esté siendo escuchado y retomado a nivel mundial, principalmente por los jóvenes que no están dispuestos a seguir tolerando estas injusticias.

La Relatora Macaulay, en tanto, recordó que uno de sus principales propósitos desde que entró a formar parte de la CIDH ha sido visibilizar la situación de discriminación e incluso de genocidio que afecta a las personas afrodescendientes. “Le pregunté a muchas personas de la región cuál era la situación de los afrodescendientes en sus países y mucha gente me dijo ‘no tenemos afro-descendientes’ y sí los tenían, pero ni siquiera sabían que los tenían”, expresó la Comisionada, para quien el “despertar” de la comunidad internacional, incluyendo a la CIDH, está marcado por el hecho de haber visto al policía con su rodilla sobre el cuello de George Floyd y sus manos casualmente en sus bolsillos hasta causar la muerte de Floyd.

Propuestas para un cambio

Las tres panelistas hicieron valiosas propuestas desde su experiencia y su visión para combatir el racismo y la discriminación, tomando en cuenta que el debate está presente en los medios de comunicación. Achiume planteó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llama a la Alta Comisionada a reportarle sobre hechos relacionados al racismo sistémico y ello representa una oportunidad para la sociedad civil de retroalimentar ese proceso y mantener viva la discusión.

Mientras, Campbell Barr señaló cinco propuestas concretas: una campaña global en contra del racismo en coordinación con organizaciones multilaterales, talleres de sensibilidad para los medios de comunicación ya que son un arma poderosa de educación, la creación de una red de empresas privadas para compartir sus mejores prácticas de inclusión y diversidad, una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir sobre el racismo y la discriminación racial en la región y la formación de un observatorio general sobre racismo y discriminación racial.

En tanto, Macaulay llamó a las organizaciones de la sociedad civil de la región a presionar a la CIDH para ser creativos y proactivos en la defensa los derechos de las personas afrodescendientes, y se sumó a la propuesta de educar a los medios de comunicación. “Los medios publicitan mucho más los arrestos de afroamericanos ¿cuántos arrestos de blancos vemos?, muy pocos, y eso pone en la mente de la sociedad que es los negros son los malos de la sociedad”, refirió. Pero también abogó por educar a miembros de la Policía y el Ejército, y a operadores de justicia, ya que—por ejemplo—la mayoría de la población en las cárceles de Estados Unidos son afrodescendientes. En ese sentido, hizo énfasis especial en los abogados, pues cuando una persona afrodescendiente es procesada penalmente, estos acostumbran a convencer a sus clientes de admitir los delitos imputados a pesar de que sean inocentes, bajo la lógica que de esa forma recibirán una condena mínima.

La Relatora de la CIDH también lamentó y calificó de “vergüenza” que hasta la fecha solo cinco países de la región (Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) hayan firmado y ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Luego de la intervención de cada una hubo un espacio para responder las preguntas de las personas que se conectaron al seminario virtual, quienes centraron sus dudas en cómo mantener vivo el debate y utilizar el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano para realizar denuncias y exigir políticas de cambio.

Al cierre del evento, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, reafirmó el compromiso de nuestra institución en continuar trabajando para que más países ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Mire nuevamente la discusión a través de este enlace o reproduzca el video que está a continuación:

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