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Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Raza e Igualdad formula ocho recomendaciones para proteger a la población afrodescendiente de América Latina en medio de la pandemia de COVID-19

Washington D.C., 6 de agosto de 2020.- Ante la pandemia de COVID-19 que enfrenta el mundo entero, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se propuso analizar el contexto en que la población afrodescendiente de América Latina está viviendo esta emergencia de salud, y formuló ocho recomendaciones para los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional para generar respuestas consensuadas y ajustadas a las realidades y necesidades de las personas afrodescendientes en la región.

El análisis se realizó a partir de la información compartida en seminarios virtuales (webinars) y en diálogos sostenidos por oficiales de Raza e Igualdad con líderes y lideresas afrodescendientes, entre el 27 de marzo y el 17 de mayo del 2020. Asimismo, se analizaron los pronunciamientos de organizaciones de afrodescendientes y de organismos especializados en el tema de discriminación racial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la población afrodescendiente en Latinoamérica está conformada por 130 millones de personas, que equivalen al 21% de la población total en la región. A la fecha no se cuenta con cifras oficiales sobre cuántas personas afrodescendientes han resultado contagiadas y cuántas han fallecido por COVID-19; sin embargo, información recopilada por organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en que estas enfrentan la pandemia.

La falta de información adecuada, las dificultades para acceder a los sistemas de salud y el recrudecimiento de la violencia, tanto de grupos criminales como de la policía, son factores que colocan en gran desventaja a la población, principalmente a aquella que vive en condiciones de marginalidad, como es la población afrodescendiente e indígena. «Para Raza e Igualdad es muy importante conocer a fondo la situación de las personas afrodescendientes en medio de la pandemia de Covid-19 porque esto nos permite diseñar acciones de apoyo junto a nuestras co-partes, pero también hacer recomendaciones a los Estados e instancias de protección de derechos humanos y de cooperación internacional, para que apliquen medidas adecuadas que garanticen los derechos de esta población», dijo Elvia Duque, Oficial de Programa para América Latina del Instituto y encargada de la elaboración de este análisis.

En ese sentido, Raza e Igualdad formuló ocho recomendaciones relacionadas a combatir el racismo estructural y la discriminación racial, mejorar los sistemas de salud y educación, principalmente de cara a reducir la brecha entre el sector rural y urbano; garantizar la protección de derechos humanos, recopilar datos estadísticos confiables y desagregados por etnia/raza con enfoques interseccionales, entre otras, haciendo énfasis en la necesidad que las políticas que se tomen en esta materia deben ser consultadas y elaboradas en coordinación con los líderes y lideresas afrodescendientes.

Acceda al documento con el análisis y las recomendaciones aquí.

Las fotografías que acompañan este artículo fueron facilitadas por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) y por Sello Negro ONG.

Raza e Igualdad promueve debate para combatir el racismo sistémico en las Américas

Washington D. C., 9 de julio de 2020.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el martes 7 de julio el seminario virtual “International Response to Racial Injustice and Police Brutality in the Americas” (Respuesta Internacional a la Injusticia Racial y la Brutalidad Policial en las Américas), donde la principal conclusión fue que para combatir el racismo y la discriminación racial  que afecta a la población afrodescendiente en la región se deben definir e implementar acciones con un enfoque integral y multidisciplinario.

Las panelistas de este webinar fueron la Vice-presidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Tendayi Achiume, con el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, como moderador.

Después de varios asesinatos de personas afroamericanas cometidos por miembros de la policía y personas blancas durante el mes de abril y mayo de 2020 en los Estados Unidos, pero específicamente a raíz del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis, se han registrado protestas de rechazo al racismo y la discriminación en diversas partes del mundo y esto, a juicio de las panelistas, debe ser aprovechado por los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales para forjar un verdadero cambio, pues hasta el momentos los esfuerzos no han sido lo suficientemente acogidos y puestos en práctica.

Achiume sin embargo aplaudió el hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haya emitido tan rápido una resolución con la que condenó en términos energéticos las prácticas racistas y violentas de las fuerzas del orden contra las personas africanas o afrodescendientes. “Esta vez se pensó de una forma distinta sobre la naturaleza del problema, no fue solo un par de manzanas malas, sino que hay un reconocimiento de que tenemos un problema sistémico, que el racismo es endémico”, dijo.

La Vice-presidenta de Costa Rica, quien antes de plantear sus ideas se solidarizó con la familia y amigos de George Floyd, apuntó que hasta ahora el silencio y la complicidad de muchos ha permitido que se pierdan vidas humanas inocentes solo por el color de su piel, pero también celebró que el mensaje del movimiento #BlackLivesMatter (#LasVidasNegrasImportan) esté siendo escuchado y retomado a nivel mundial, principalmente por los jóvenes que no están dispuestos a seguir tolerando estas injusticias.

La Relatora Macaulay, en tanto, recordó que uno de sus principales propósitos desde que entró a formar parte de la CIDH ha sido visibilizar la situación de discriminación e incluso de genocidio que afecta a las personas afrodescendientes. “Le pregunté a muchas personas de la región cuál era la situación de los afrodescendientes en sus países y mucha gente me dijo ‘no tenemos afro-descendientes’ y sí los tenían, pero ni siquiera sabían que los tenían”, expresó la Comisionada, para quien el “despertar” de la comunidad internacional, incluyendo a la CIDH, está marcado por el hecho de haber visto al policía con su rodilla sobre el cuello de George Floyd y sus manos casualmente en sus bolsillos hasta causar la muerte de Floyd.

Propuestas para un cambio

Las tres panelistas hicieron valiosas propuestas desde su experiencia y su visión para combatir el racismo y la discriminación, tomando en cuenta que el debate está presente en los medios de comunicación. Achiume planteó que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llama a la Alta Comisionada a reportarle sobre hechos relacionados al racismo sistémico y ello representa una oportunidad para la sociedad civil de retroalimentar ese proceso y mantener viva la discusión.

Mientras, Campbell Barr señaló cinco propuestas concretas: una campaña global en contra del racismo en coordinación con organizaciones multilaterales, talleres de sensibilidad para los medios de comunicación ya que son un arma poderosa de educación, la creación de una red de empresas privadas para compartir sus mejores prácticas de inclusión y diversidad, una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir sobre el racismo y la discriminación racial en la región y la formación de un observatorio general sobre racismo y discriminación racial.

En tanto, Macaulay llamó a las organizaciones de la sociedad civil de la región a presionar a la CIDH para ser creativos y proactivos en la defensa los derechos de las personas afrodescendientes, y se sumó a la propuesta de educar a los medios de comunicación. “Los medios publicitan mucho más los arrestos de afroamericanos ¿cuántos arrestos de blancos vemos?, muy pocos, y eso pone en la mente de la sociedad que es los negros son los malos de la sociedad”, refirió. Pero también abogó por educar a miembros de la Policía y el Ejército, y a operadores de justicia, ya que—por ejemplo—la mayoría de la población en las cárceles de Estados Unidos son afrodescendientes. En ese sentido, hizo énfasis especial en los abogados, pues cuando una persona afrodescendiente es procesada penalmente, estos acostumbran a convencer a sus clientes de admitir los delitos imputados a pesar de que sean inocentes, bajo la lógica que de esa forma recibirán una condena mínima.

La Relatora de la CIDH también lamentó y calificó de “vergüenza” que hasta la fecha solo cinco países de la región (Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay) hayan firmado y ratificado la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Luego de la intervención de cada una hubo un espacio para responder las preguntas de las personas que se conectaron al seminario virtual, quienes centraron sus dudas en cómo mantener vivo el debate y utilizar el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano para realizar denuncias y exigir políticas de cambio.

Al cierre del evento, el director de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, reafirmó el compromiso de nuestra institución en continuar trabajando para que más países ratifiquen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Mire nuevamente la discusión a través de este enlace o reproduzca el video que está a continuación:

Raza e Igualdad organizó un webinar con activistas para dialogar sobre el rol de la CIDH en la crisis de COVID-19 frente a las amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la CIDH

Washington, DC. 28 de mayo de 2020 – El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebró un webinar con la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flávia Piovesan, y líderes/as, activistas y miembres de organizaciones de la sociedad civil LGBTI de Brasil, Perú, Colombia y Nicaragua para hablar sobre el rol de la CIDH de cara a los impactos que la crisis humanitaria por COVID – 19  ha tenido en la vida de personas LGBTI de América Latina.

El evento, titulado » El rol de la CIDH en la crisis de COVID-19: amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina«, que se llevó a cabo el jueves 21 de mayo, inició con la intervención de Flávia Piovesan quién centró su presentación en la comprensión del impacto de la pandemia desde los derechos humanos y las amenazas específicas para las personas LGBTI y las estrategias de la CIDH para enfrentarlas.

De acuerdo con la Relatora, es necesario tener presentes tres desafíos estructurales de la región que la pandemia agravó y acentúo: la desigualdad profunda, la discriminación y violencia histórica y los dilemas relativos a la institucionalidad democrática. Las cifras históricas de pobreza y pobreza extrema en América Latina ahondan la desigualdad y la falta de garantía de derechos como la salud, el trabajo y la vivienda, lo que conlleva a que los efectos de la pandemia sean diferenciados para las poblaciones más vulnerables, “el virus no es discriminatorio pero su impacto si lo es” señaló, citando a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michel Bachelet. Esta situación se acentúa cuando la respuesta de los Estados incluye un uso arbitrario y abusivo de la fuerza.

La Relatora señaló que la resolución 1/2020 el 10 de abril de 2020 de la CIDH, por la que se creó la sala situacional de respuesta coordinada a la crisis (SACROI COVID-19), se centró en abordar estos tres desafíos estructurales “desde la perspectiva de los estándares interamericanos, endosando el idioma de los derechos humanos, por un lado, el de los deberes y obligaciones estatales por otro”. Desde un enfoque de diversidad sexual, la CIDH invitó a los Estados a garantizar, para las personas trans, el acceso a la vivienda, refugios seguros y reactivación económica; la publicación de protocolos de salud y sistemas de denuncias para personas LGBTI y la puesta en marcha de campañas contra la LGBTIfobia.

La intervención de la Relatora finalizó señalando que frente a las amenazas a la población LGBTI, las cuatro prioridades de la CIDH se centran en la protección contra la discriminación contra personas trans y de género diverso; la exclusión social y pobreza histórica de las personas LGBTI; las barreras de acceso a la salud, en especial aquella que se relaciona con las barreras impuestas por grupos religiosos y la violencia doméstica, con especial atención sobre la niñez.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, reafirmó la importancia de entender los desafíos estructurales señalados por la Relatora en su intervención e hizo hincapié en que “se está generando una narrativa de que indicar que las personas vulnerables frente a la pandemia son peligrosas para la sociedad y entre ellas, las personas LGBTI”. De acuerdo con el activista, la respuesta estatal en Colombia ha sido insuficiente para abordar la inseguridad laboral, alimentaria, habitacional y de salud emocional de las personas LGBTI, en especial de aquellas más vulnerables, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, las personas LGBTI migrantes, las personas con VIH y las personas privadas de la libertad.

Castañeda señaló su preocupación por la implementación de medidas como el pico y género y por los altos índices de asesinatos y episodios de violencia y discriminación contra personas LGBTI en medio de la crisis. Por ello recomendó a la CIDH fortalecer sus acciones de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas LGBTI, en especial en aquellos Estados con medidas de restricción de movilidad; exhortar a los gobiernos y agencia humanitarias para que tenga enfoques diferenciales y de derechos humanos en sus labores de asistencia y promover una reunión de seguimiento en la región con amplia participación de las poblaciones más vulnerables.

En Nicaragua, la crisis sociopolítica y económica que se presenta desde el 2018, agrava las consecuencias de la pandemia, de acuerdo con Victoria Obando, integrante de Deigeorsex y de la Mesa Nacional LGBTIQ de Nicaragua. “Nuestros representantes no están diciendo la verdad en cuanto la situación que estamos viviendo en el país” señala la activista, quien señala que la situación es peor es para la población LGBTI. Al respecto, Obando expuso el caso de Celia Cruz, una mujer trans detenida en Managua con síntomas de COVID-19, a quien el Gobierno no permite ver ni llevarle productos sanitarios. Victoria hizo un llamado a la CIDH y las organizaciones internacionales para presionar al Estado para que diga la verdad sobre la dimensión de la pandemia en su país.

Maria Ysabel Cedano, abogada de DEMUS de Perú, centró su intervención en la discriminación y violencia que sufren las mujeres lesbianas y las personas no-binarias, y llamó la atención sobre los altos índices de violencia al interior de sus hogares, que se agudizan frente a la pandemia. La lideresa hizo énfasis en las barreras de acceso a la justicia, pues la suspensión de casos judiciales para priorizar los procesos de personas en prisión, limita la posibilidad de que acciones instauradas hace años por mujeres lesbianas para exigir su derecho al reconocimiento de su maternidad, sean resueltas prontamente.

Añadió que “el temor a ser castigadas, hace que no haya una demanda social,” explicando porque las mujeres lesbianas no cuentan con políticas públicas especificas y son invisibilizadas dentro de una sociedad heteronormativa. Adicionalmente, los bonos universales familiares, una acción del Estado peruano para aliviar la carga económica de las poblaciones más vulnerables, no contó con un enfoque diferencial que protegiera a las personas homosexuales que son invisibilizadas, en especial en pueblos indígenas, afrodescendiente o en zonas rurales.

El evento finalizó con la intervención de Isaac Porto, Consultor para Brasil de Raza e Igualdad, quien hizo un llamado a prestar especial atención a crisis política que se conjuga con la emergencia por la pandemia en este país. El participante señaló la necesidad de que el Gobierno brasilero implemente las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud – OMS para la contención de la epidemia y la necesidad de que integre un enfoque diferencial[1] que permita prevenir los contagios y las muertes de la población afrobrasilera, en especial de las personas AfroLGBTI, quienes resultan más impactadas.

Raza e Igualdad se une al llamado de la CIDH y de nuestras organizaciones aliadas a tender puentes y a construir estrategias colectivas para el trabajo en red en la región, que permita la visibilización de estas vulneraciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI y Afro-LGBTI. Este resulta ser un momento de reinvención y transformación para exigir que mejores respuestas institucionales frente a las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tanto nacionales como regionales y por ello, es muy importante prestar atención a la construcción de la agenda post Covid-19.

[1] Incluir programas y políticas públicas que consideren las necesidades específicas de afrodescendientes y grupos indígenas, en combinación con otros factores que agudizan la discriminación como la orientación sexual e identidad de género.

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Conversatorio Virtual: «El rol de la CIDH en la crisis por COVID – 19: Amenazas a los derechos de personas LGBTI en América Latina»

En compañía de la Comisionada Flavia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la participación de activistas LGBTI de Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua, el próximo jueves 21 de mayo llevaremos a cabo un espacio de diálogo sobre el rol de la Comisión IDH de cara a las amenazas, que con motivo de la crisis humanitaria por COVID, se han agudizado en la vida de las personas LGBTI de América Latina.

Te invitamos a dejar tus comentarios, denuncias o preguntas a través de #LGBTIDenunciaIgual

Les invitamos a participar de este espacio registrándose en el siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QAdn97gLQaiuT7sPQ0-UPg

El conversatorio también será transmitido a través de nuestra cuenta en Facebook – https://www.facebook.com/raceandequality/

Para más información siga nuestra cuenta en twitter: https://twitter.com/raceandequality

 

Raza e Igualdad lanza guía práctica para solicitar Medidas Cautelares ante la CIDH

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad pone a disposición la guía titulada “Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: procedimiento y función” un manual que pretende orientar a activistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“El documento es una herramienta pedagógica que intenta acompañar el proceso de construcción de solicitudes de medidas cautelares de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en peligro de sufrir vulneraciones graves a sus derechos humanos”, señala Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

La guía está compuesta por dos documentos, uno pensado para ser utilizado por abogados, abogadas o personas con conocimientos jurídicos en la materia; y otra para activistas de derecho humanos de la región donde se propone un recorrido por la información a través del acompañamiento de cuatro personajes que desde sus experiencias como solicitantes y beneficiarios de Medidas Cautelares explican y detallan los pasos a seguir para solicitar una medida cautelar.

“Hemos construido esta guía para facilitar el proceso de solicitud para activistas de derechos humanos que no tienen experiencia en el sistema interamericano.  Entonces, por cada paso el lector se encontrará con un acápite denominado “Síntesis teórica” donde los personajes nos explican en qué consiste el desarrollo del paso; y otro acápite denominado “Síntesis práctica” donde el lector podrá ver efectivamente cómo redactar, describir y completar dicho requisito.  Todos los casos que encontrarán en la guía han sido construidos con propósitos pedagógicos y bajo ninguna circunstancia corresponden a la realidad”, explica Christina Fetherhoff Oficial Senior del Programa Legal de Raza e Igualdad.

El material que ya está disponible para ser descargado en el portal web de Raza e Igualdad http://oldrace.wp/es/es_publicaciones/ busca además fortalecer las capacidades de los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, a través de ellos, también del Sistema en sí mismo.

“Las medidas cautelares son una herramienta importante para proteger los derechos humanos y para emprender acciones concretas en favor de los derechos de las personas más vulnerables y en situaciones de riesgo frente a una posible violación de sus derechos fundamentales.  Raza e Igualdad trabaja justamente para llevar a las organizaciones de base esta herramienta que el Sistema Interamericano ofrece a la región como parte de un ejercicio consciente de la importancia de que las organizaciones sean protagonistas de los procesos de exigibilidad de sus derechos.  Esperamos sea de gran utilidad” menciona Caitlin Kelly, Oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización no gubernamental para la defensa y la protección de los derechos humanos que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina promoviendo y protegiendo los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. Fortalece a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países en los que trabaja.

Crisis por COVID – 19 devela preocupante estado de precariedad en el que se encuentran mujeres afrodescendientes de América Latina

Washington, DC. 8 de mayo de 2020.  En compañía de lideresas de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), se llevó a cabo el pasado jueves 7 de mayo el conversatorio virtual “Mujeres Afrolatinas frente al COVID-19” un espacio propuesto para visibilizar los impactos diferenciados que viven las mujeres Afrolatinas, representadas en niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, producto del brote epidémico conocido como COVID-19.

A lo largo del espacio de diálogo se abordaron análisis sobre la preocupante situación que enfrentan las mujeres alrededor del mundo debido a las estrategias de contención utilizadas por los Estados para evitar la propagación del virus, dichas propuestas ha obligado a la mayoría de las poblaciones en América Latina a permanecer en sus casas sin discriminar ni analizar los impactos que esto tiene en la vida de las poblaciones que históricamente han vivido en la marginalidad de las políticas públicas y en situaciones de extrema pobreza e inacceso a servicios básicos como el agua.

Elvia Duque, Oficial encargada del Programa para América Latina de Raza e Igualdad advirtió sobre un indiscriminado incremento en las violencias de género y violencias domésticas que las políticas gubernamentales de aislamiento han generado, y efectos múltiples que estos tienen en la de las mujeres afrodescendientes.  “Los efectos de COVID 19 han sacado a la luz una realidad que ha estado latente en nuestras sociedades a lo largo de la historia de la región.  Las mujeres han sido y son hoy un grupo vulnerable, así como los grupos afrodescendientes, ahora es una preocupación doble cuando estas dos realidades se intersectan y se agravan como está sucediendo ahora mismo” enfatizó Duque.

Por su parte, Paola Yañez presidenta de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) resaltó el estado de precariedad en el que se encuentran las mujeres afrodescendientes.  En este sentido, Yañez mencionó las múltiples afectaciones que enfrenta esta población en cuanto a accesos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de esta población. “Durante este tiempo se ha hecho evidente el estado de abandono Estatal en el que se encuentran los territorios donde habitan mayoritariamente poblaciones afrodescendientes; en muchas de estas comunidades no hay acceso al agua, vital para estos días.  En Latinoamérica cerca del 63% de las mujeres afrodescendientes y se dedican a trabajos del hogar y domésticos y por esta situación no están recibiendo ingresos, aspecto que no sólo la perjudica a ella sino a su grupo familiar, porque además estamos hablando de que en su mayoría son hogares monoparentales”.

En este sentido también se discutió sobre los preocupantes problemas de acceso a la salud en América Latina y del incremento del uso excesivo y violento de la fuerza por parte de esquemas de seguridad y la policía especialmente hacía cuerpos racializados.  “Hemos podido comprobar que el uso desmedido de la fuerza es diferente cuando se trata de personas Afro y personas LGBTI” añade la presidenta de la RMMAD.

“Desde Colombia estamos enviando mensajes de auxilio por la situación de líderes y lideresas sociales que hoy son perseguidos en los territorios en medio de la crisis por la pandemia del #COVID-19” enfatizó Audes Jímenez enlace para Colombia del Red de Mujeres Afrolatinas.   Durante las últimas semanas de confinamiento más de 10 líderes y lideresas étnicos han sido asesinados en Colombia sin que esto haya sido motivo de alerta en el país.  Los esfuerzos estatales están orientados a contener la propagación del virus sin pensar en los impactos que esto refiere para un país tan desigual.  “Las estrategias de contención que están abordando los Estados parten de un supuesto de igualdad y equidad de una población que históricamente ha vivido en la desigualdad, siendo la población afrodescendiente preocupantemente afectada por esta miopía social” añadió activista colombiana.

En este sentido, Milene Molina coordinadora de la Región Cono Sur de la RMAAD alertó sobre los incrementos desmedidos en las cifras de violencia intrafamiliar en toda la región.  “Es tremendamente paradójico porque países como Chile están completamente militarizados, las calles están llenas de cuerpos armados, pero al interior de los hogares las mujeres, niñas, adolescentes están encerradas con sus agresores y nadie sabe qué está pasando.  Dentro de los hogares existen todo tipo de violencias físicas, sexuales psicológicas y las calles completamente militarizadas, pero ¿cuidando a quién?” cuestiona Molina activista chilena.

El espacio de encuentro y diálogo virtual finalizó con la socialización de una serie de recomendaciones por parte de las activistas hacía los Estados que entre otras cosas propone estrategias concretas a favor de las poblaciones que se han visto afectadas de diversas maneras a causa de la crisis humanitaria, esto como alternativa para hablar de las desigualdades en las que viven los grupos étnicos en América Latina.

 

Organizaciones Internacionales y Nacionales de Sociedad Civil hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pronunciarse sobre las graves violaciones a los derechos de las mujeres trans en Perú

Las organizaciones y personas abajo firmantes nos dirigimos a la honorable CIDH debido a que en los últimos días hemos visto con profunda preocupación como, dentro de un contexto de emergencia debido a la pandemia generada por el coronavirus, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas peruanas están violentando los derechos humanos a la integridad, a la identidad de género y a la dignidad de las personas trans. Queremos enfatizar que conforme al artículo 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en situaciones de emergencia los Estados partes pueden restringir determinados derechos; sin embargo, ni el derecho a la vida, a la integridad personal o al nombre (identidad) pueden ser suspendidos durante los estados de emergencia.

Al respecto, mediante redes sociales han circulado videos[1] de mujeres trans[2] siendo discriminadas por su identidad de género, detenidas junto a hombres, vejadas, obligadas a gritar “quiero ser un hombre”, entre otros malos tratos y humillaciones.

Nos preocupa fuertemente que la Fuerza Pública en Perú no esté acatando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y estén poniendo así en riesgo de contagio de coronavirus a todas las personas detenidas; además están también violentando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos de las personas LGTBI.

Consideramos pertinente recordar que, el 24 de febrero de 2018 en el Informe de fondo del caso Azul Rojas Marín y otra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado peruano adoptar medidas de no repetición dirigidas a la capacitación de la Fuerza Pública en la prohibición absoluta de actos de tortura, de violencia sexual y de otra índole contra la población LGBT, así también recomendó al Estado peruano que tenga un mensaje claro de repudio frente a este tipo de actos. Además, la Opinión Consultiva OC-24/17[3] señaló que los Estados partes, entre los que se encuentra el Estado peruano, deben de abstenerse de realizar y generar actos discriminatorios contra las personas LGBTI.

Hacemos un llamado urgente para que la CIDH le solicite al Estado peruano su obligación de respetar los derechos humanos y le recordamos que en situaciones de emergencia en los que se restringe de manera constitucional determinados derechos, la obligación de los Estados de garantizar los derechos a la vida, la integridad y la identidad de las personas en mayor estado de vulnerabilidad se intensifica.

Las organizaciones y personas abajo firmantes solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie públicamente sobre estas violaciones a los derechos humanos.


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Firmado por:

Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Féminas Perú

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS)

Más Igualdad Perú

Bloque Universitario Feminista

Movimiento de Lesbianas y Bisexuales de Arequipa- LESBIA

En Movimiento

Kachkaniraqmi Colectiva Lesbotransfeminista del Cusco

OutFestPerú

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)

Sociedad Trans FTM Perú

Proyecto Somos Menstruantes

Reforma Trans PUCP

Se Acabo el Silencio- Facultad de Arte y Diseño (SAES PUCP)

Ser Transparentes

Visibilidad Transmasculina

Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP)

Ashanti Perú

Casa Trans Zuleymi

María Ysabel Cedano García, activista lesbiana feminista socialista

Jaqueline Barrios, activista independiente LGBTI

Santiago Balvín, activista independiente por los derechos trans

Marie Payano Ramos, activista independiente LGBTI

Gahela Cari Contreras, mujer trans, activista por los derechos LGBT

Ana María Vidal, abogada litigante defensora de derechos humanos de personas trans

Mariel Távara Arizmendi, activista feminista

Micaela Távara, Artivista y docente feminista, Trenzar

Denisse Chavez, activista feminista


[1] https://twitter.com/CariGahela/status/1242542293933940736

[2] ttps://twitter.com/CariGahela/status/1244395266070855680

[3] https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

Los Estados de América deben garantizar la salud y vida de personas migrantes y refugiadas frente a emergencia por el COVID-19

The Americas, March 30th, 2020.- Over the past few weeks, we have seen how the measures implemented by governments calling for quarantines, shut downs, deportations, border closures and militarization to address the emergency caused by the spread of COVID-19 are disproportionately affecting migrants and petitioners for international protections.

Multiple concerning situations as well as human rights violations of the migrant and refugee population have been denounced, among them, the situation of Venezuelan migrants stranded after both Colombia and Brazil closed their borders; the detention of at least 80Haitian nationals in Guatemala; the closing of the border between Mexico and the United States to asylum seekers, as well as the rise in deportations of Mexican and Central American people; the lack of sanitary and adequate conditions and the high risk of infection in migration stations, detention centers, and quarantine centers for people who were deported; and the violent repression on behalf of Mexico’s National Guard; the overflow of shelters, among others.

Given these facts, it is likely that migrants and refugees will continue to be affected in the following weeks and months. We, the undersigned organizations, urge the governments of our region to implement the necessary measures to guarantee the rights to life, health, physical, mental, and moral integrity of this population, in equal conditions and without any form of discrimination, including discrimination based on their migratory status or nationality.

As the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet has stated: “Under international human rights law, States have an obligation to take steps to prevent foreseeable threats to public health and have a duty to ensure that all who need vital medical care can receive it”. This includes access to prevention measures dictated by the World Health Organization, including access to COVID-19 testing, health services, and the necessary medical attention to treat the disease, to all people including migrants and refugees.

Additionally, States must halt deportations, and guarantee the access of all people to seek and be granted asylum. As the High Commissioner for Refugees (UNHCR) has previously indicated, States have an obligation to guarantee that all people are able to seek and be granted asylum, as well as respecting the principle of non-refoulment. This means that States must abstain from returning individuals to territories where their lives or liberties are at risk, including through the use of rejection or non-admission at the border. The measures implemented in response to COVID-19 cannot prevent those seeking international protection from asking for it. Even in extenuating circumstances like the one we currently face, implementing measures that prevent the admission of refugees or asylum seekers, without protecting them against refoulment, is a violation of their human rights and against international obligations of States.

In that sense, the measures implemented as a response to this crisis cannot be discriminatory, or result in undesirable outcomes that would negatively impact the enjoyment of human rights. On the contrary, these measures must be proportional, strictly necessary, and developed and implemented with a human rights and gender perspective. They must also ensure the participation of civil society organizations. Moreover, these measures cannot justify the systematic detention of migrants, asylum-seekers or refugees.

On this front, we urge States to abstain from detaining migrants and refugees, free people currently in detention, and guarantee their access to housing, food, and medical services in public shelters, ensuring the necessary sanitary conditions and qualified medical staff to avoid contagion. Furthermore, group-specific attention must be provided to those who are most vulnerable to the virus, including the elderly, people with disabilities, women, LGBTIQ+ people and children. These same measures must be implemented in the country of origin of those who would have been deported, while the quarantine is in effect.

Additionally, the current restrictions to mobility and/or constitutional guarantees defined by multiple governments will impact in a particular manner the ability of migrants to access work. In this regard, States in the region must guarantee their access to livelihood, just like they would to the rest of the population.

On the militarization of borders and reports of repression, we remind governments that military forces must abstain from taking on duties related to ensuring civilian safety, health, or serving as migration officials. Using the military in such duties exposes the population to higher risks and to new human rights violations.

Similarly, States must guarantee the access to relevant, timely and clear information that is based off of scientific evidence regarding the pandemic. States must abstain from using discriminatory speeches or measures, which are stigmatizing or xenophobic, and from blocking or criminalizing the work of all who defend the rights of migrants and refugees. Likewise, governments must adopt positive measures to fight discriminatory discourse or actions of third parties regarding the crisis.

Finally, we, the undersigned organizations, emphasize that none of the measures implemented to respond to the COVID-19 emergency can justify human rights violations. We hope that States respond to the health emergency in accordance with their international obligations and we will remain vigilant in monitoring and denouncing the human rights situation of people in situations of human mobility and others in situations of risk.

In a region that has been vastly impacted by inequality, poverty, corruption, and extractivism, we hope that States take this opportunity to build up protection mechanisms, strengthen their social safety nets, and ensure the full access to water and health for every person, and the recognition and the guarantee to the human rights of the entire population without any form of discrimination.

Undersigned organizations:

International:

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) Refugees International

Women’s Link Worldwide

Regional:

Alianza Americas

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) Misión Scalabriniana Ecuador

Organización Negra Centroamericana

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC) Red de Coaliciones Sur (RCS)

Synergia – Iniciativas por los Derechos Humanos

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes – CAREF

Brazil:

Conectas Direitos Humanos Missão Paz

Chile:

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales Clinica Juridica Universidad Alberto Hurtado

Servicio Jesuita a Migrantes Chile

Colombia:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) Corporación Caribe Afirmativo

Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado – Corporación Opción Legal – Colombia

Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Costa Rica:

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR)

El Salvador:

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

United States of America:

Comunidades Organizando El Poder y la Acción Latina (COPAL) Cooperación Migrante

CRECEN

Houston’s America For All

Latin America Working Group (LAWG) Lila LGBTQ Iniciative Inc

Women’s Refugee Commission (WRC) Women Working Together USA

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) The Chelsea Collaborative

Guatemala:

Asociación Pop N’oj

Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz (IRIPAZ)

Instituto de investigación y proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)

Mexico:

Asylum Access México (AAMX) A.C. Colectivo de Mujeres Transnacionales Club Mujeres con Decisión

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. DHIA Sin Fronteras IAP

Nicaragua:

Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua (SJM-Nicaragua)

Panama:

Fe y Alegría

Paraguay:

Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay (CDIA)

Dominican Republic:

Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA)

Venezuela:

CIVILIS Derechos Humanos Prepara Familia

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Venezuela)

Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) Centro de Justicia y Paz (Cepaz)

Acción Solidaria

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB)

En el marco de la conmemoración de su quinto aniversario, Raza e Igualdad realiza acto de Reconocimiento al Estado México por ratificación de convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 18 de febrero de 2020. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo, el pasado 13 de febrero, un acto de reconocimiento dirigido al Estado mexicano en reconocimiento por la reciente ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.  Dicho evento, que se enmarca en la conmemoración del quinto aniversario de trabajo de Raza e Igualdad, se realizó en el Museo de Arte de las Américas, con la especial participación de la misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El acto de reconocimiento convocó a embajadores ante la OEA y ONGs de derechos humanos; y contó con la presencia de la excelentísima Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Durante el espacio la excelentísima Embajadora Luz Elena Baños señaló la importancia que refiere para el actual gobierno mexicano trabajar de la mano de las comunidades que han sido históricamente vulneradas, razón por la cual, resulta indispensable para México hacer uso de las herramientas necesarias para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual, entre otras.  “En este contexto, reafirmo nuestro compromiso para que, desde la OEA y en particular desde los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), se asegure que todas las personas ejerzan su derecho a una vida libre de violencia y discriminación” concluyó la Embajadora Baños.

Por su parte,  la Sra. Mitzy Bowen, y el Sr. Carlos Quesada de Raza e Igualdad destacaron la gran contribución que la ratificación de estas dos convenciones representa para combatir la discriminación que vive la población afrodescendiente e indígena en México.  Así mismo, aplaudieron el liderazgo asumido por el gobierno mexicano al ratificar Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación  e Intolerancia, pues dicha decisión, permite que ésta entre en vigor para que sea incluida la voz de muchos sectores que sufren de discriminación e intolerancia por razones de sexo, orientación sexual, opiniones políticas, condición de migrante, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, etc.

El Estado mexicano se encuentra trabajando por la erradicación de cualquier forma de discriminación, y la ratificación de ambas convenciones es un ejemplo de las muchas acciones que se están llevando acabo al interior del país dirigidas a favor de sus grupos étnicos y demás grupos vulnerados.

México se posesiona como el quinto país en ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, y el segundo en ratificar la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

Raza e Igualdad felicita una vez más al Estado mexicano, y de la mano de sus contrapartes étnicas y LGBTI, espera continuar aportando para la construcción de un México mas inclusivo y libre de discriminación.

México ratifica convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación

Washington, D.C., 22 de enero de 2020. La misión diplomática de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), depositó ayer ante la Secretaría General de la OEA un instrumento de adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia, avanzando así en su compromiso de prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia dentro del territorio mexicano.

Además, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, con lo que entrará en vigencia este instrumento en la región.

El depósito de los documentos fue hecho por la Embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños y Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, Cristofer Ballinas, este martes por la mañana.

“El depósito de estos instrumentos es muestra de la amplísima apertura que tiene México al escrutinio internacional y demuestra corresponsabilidad para enfrentar los grandes retos globales que forman parte de una política exterior activa, multilateral, de nuestro país”, dijo Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de un video publicado en redes sociales.

“Nuestro país con esto busca detonar un esfuerzo regional que es indispensable para que podamos garantizar un entendimiento entre todos los países que formamos parte de esta organización; para garantizar el respeto a la integridad y la dignidad de todas las personas independientemente de su género, raza u orientación sexual”, agregó Delgado.

Convención Contra el Racismo

Con la ratificación de la Convencion Interamericana Contra el Racismo, la Discriminacion Racial y Formas conexas de Intolerancia, México se convertirá en el quinto país de la región en donde entrará en vigor la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de Intolerancia. Desde la adopción de esta normativa en junio de 2013, la han firmado y ratificado los Estados de Costa Rica, Uruguay, Antigua y Barbuda y Ecuador.

La Convención establece que cualquier Estado que se adhiera a ella debe adoptar políticas especiales y acciones afirmativas, con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para personas o grupos sujetos a situaciones de racismo, discriminación o intolerancia; adoptar legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación y la intolerancia; asegurar a las víctimas de racismo, discriminación e intolerancia un tratamiento equitativo y no discriminatorio, la igualdad de acceso al sistema jurídico, procesos ágiles y eficaces y una justa reparación en ámbito civil y penal; entre otros.

El primer paso para adherirse a la Convención es la firma del documento, un proceso que el Estado mexicano había realizado el 13 de noviembre de 2018. Posteriormente, los países deben ratificarlas a nivel interno siguiendo sus procedimientos constitucionales. La misión mexicana cumplió esos dos pasos y avanzó en el procedimiento depositando finalmente el documento de adhesión de la Convención. El siguiente paso es la entrada en vigor de la Convención en México, que será en 30 días a partir de hoy.

Convención Contra la Discriminación

En el caso de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, México es el segundo país en ratificarla, después de Uruguay.

La Convención establece que todos los Estados partes deben prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de conformidad con sus normas constitucionales y las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, así como adoptar las políticas especiales y las acciones afirmativas necesarias para asegurar el disfrute o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupos que están sujetos a discriminación o intolerancia con el propósito de promover condiciones equitativas para la igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para tales personas o grupos.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad considera que este es un paso importante para la región, donde actualmente observamos con preocupacion un aumento del racismo y la discriminacion, por lo tanto, que los Estados tomen las medidas nacionales, regionales e internaconales para proteger los derechos de los grupos vulnerados por el racismo estructurado y tod tipo de discriminacion es esencial para crear sociedades tolerantes y equitativas. Las expectativas ante ambas Convenciones son grandes, pero esperamos que la adhesion y uso de estas permita su perfeccionamiento.

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