Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Periodistas nicaragüenses denuncian ante la CIDH que Estado continúa violando libertades de expresión y prensa

Washington D.C., 25 de septiembre. Tres directores de medios de comunicación de Nicaragua denunciaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado nicaragüense no ha cumplido las medidas cautelares otorgadas por dicha Comisión a ellos, sus familiares y equipos, en cambio, ha escalado la persecución, amenazas y represalias por la labor que realizan.

Sergio León, director de la Radio La Costeñísima de Bluefields; Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, y Carlos Fernando Chamorro, director del medio digital Confidencial y la revista televisiva Esta Semana, expusieron su situación durante la audiencia “Cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes”, realizada en el marco del 173 periodo de audiencias de la CIDH.

En la audiencia además participó Ana Bolaños, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), quien lamentó la falta de comparecencia del Estado a la audiencia, lo que demuestra la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales. Sobre el mismo tema, el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, consideró que esta ausencia era una oportunidad perdida y un incumplimiento de sus obligaciones ante la CIDH.

Hoy día, en Nicaragua aún persiste la censura, los ataques y la represión para el periodismo independiente, coincidieron los ponentes: Confidencial y 100% Noticias continúan cerrados, los periódicos se enfrentan al bloqueo del papel, y según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un total de 1,318 casos de agresiones y ataques contra periodistas independientes son contabilizados hasta el mes de agosto.

Situación de La Costeñísima

Sergio León explicó que la Radio La Costeñísima tiene cobertura en todo el Caribe Sur de Nicaragua, y que dirigir un medio independiente ha tenido como consecuencia la intimidación, amenazas y asedio constante. Por esta razón, León y su familia recibieron medidas cautelares el 15 de junio de este año.

“Las medidas cautelares están orientadas a proteger mi vida y mi seguridad y la de mi familia, sin embargo, no han sido cumplidas ya que la policía y civiles armados que actúan como paraestatales, continúan asediándome y amenazándome, buscando callar mi voz y las voces que se expresan en Radio La Costeñísima”, afirmó León. Hasta el día de hoy, el Estado no ha llevado a cabo ninguna acción para proteger a León ni ha investigado las amenazas recibidas.

Además, denunció que las estructuras partidarias del FSLN prohíben a la población escuchar la radio, que los operadores políticos del régimen han convencido al segundo periodista que componía su equipo, que renunciara sacando por unos días del aire al noticiero Tras la Noticia, que se han registrado ataques informáticos contra la página web de la radio y que grupos de la Juventud Sandinista han marcado las paredes de la radio y las del callejón que conduce a su vivienda con amenazas.

Situación de Radio Darío

Aníbal Toruño, director de Radio Darío, expuso que el 20 de abril de 2018 un grupo de agentes paraestatales armados prendieron fuego a la radio de su propiedad, escapando de morir 11 personas mientras la radio se encontraba al aire. Ante tales hechos y otros actos de hostigamiento, Toruño, su familia y otros 9 colaboradores recibieron medidas cautelares en julio del año pasado.

No obstante, Toruño tampoco ha recibido protección por parte del Estado, más bien, debió exiliarse a finales de agosto de 2018 y solo logró retornar en agosto de este año. “En mi retorno a Nicaragua me encontré con un régimen que continúa persiguiendo a medios y periodistas independientes”, denunció, y posteriormente narró cómo el 7 de septiembre de este año la radio sufrió nuevos ataques, cómo rodearon su casa y pintaron amenazas en las paredes, y el ataque que sufrió una caravana de la que hacía parte.

“Radio Darío sigue al aire y luchando por la libertad expresión, pero hay evidencias claras del régimen de silenciar la radio y la exposición de sus trabajadores a la inobservancia del deber de cumplir las medidas cautelares y todo lo que se deriva de su aplicación es imperativo”, añadió Toruño.

Situación de Confidencial y Esta Semana

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana expuso que a partir del 13 de diciembre de 2018, la Policía tomó por asalto y saqueó las instalaciones de ambos medios, para posteriormente el 14 de diciembre ocupar permanentemente el inmueble. Ante dichos hechos, a finales de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a Chamorro, su familia y trece miembros de su equipo.

Chamorro también debió exiliarse en enero de este año, y posteriormente lo hicieron otros ocho miembros de su equipo. A la fecha, las oficinas de los medios de comunicación siguen ocupadas y a pesar de varios recursos legales y denuncias, el sistema judicial nicaragüense no ha actuado respecto al caso y los plazos para fallar se han vencido.

“A pesar de la censura televisiva y la intimidación oficial, y las limitaciones que para la libertad de expresión representan los abusos aquí narrados, Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, se mantienen informando, desafiando la persecución, desde Nicaragua y desde el exilio, a través de plataformas digitales y redes sociales”, destacó Chamorro.

Peticiones

Los directores de medios de comunicación nicaragüenses pidieron a la CIDH que solicite medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quienes ya habían recibido medidas cautelares y que el Estado no ha cumplido, y que además amplíe medidas cautelares para que beneficien a otros periodistas de Confidencial y Esta Semana que enfrentan graves riesgos.

Además, solicitaron a la CIDH que demande al Estado de Nicaragua el cese del acoso, intimidación, ataques físicos y periodistas y sus familiares, y la censura, así como la inmediata devolución de los bienes confiscados ilegalmente. Demandaron al Estado nicaragüense que garantice la integridad física y los derechos de los periodistas que retornan del exilio, para que puedan ejercer su profesión en libertad.

Por su parte, los Comisionados de la CIDH Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua; Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH, reiteraron su compromiso para continuar monitoreando la situación, y se comprometieron a estudiar las solicitudes realizadas por los peticionarios. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión, sostuvo que en Nicaragua existe un plan sistemático del gobierno para cerrar todos los espacios al periodismo independiente y felicitó a los periodistas por seguir haciendo periodismo en un entorno tan hostil.

Organizaciones de Cuba y Nicaragua presentan situación de derechos humanos en el 173 período de sesiones de la CIDH

En el marco del 173 período de sesiones de Audiencias Temáticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizarse del 23 de septiembre al 2 de octubre en Washington, DC; el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) de la mano de diferentes organizaciones de la sociedad civil cubanas y nicaragüenses denunciarán la grave situación que activistas, defensores de derechos humanos y periodistas independientes viven en sus respectivos países a causa de la represión, violencia y hostigamiento ejercida por los régimenes de Cuba y Nicaragua.  Le invitamos a cononocer y participar vía web de las audiencias.

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Lunes, 23 de septiembre de 2019
Audiencia: «Graves violaciones a los derechos en Cuba»

A pesar de la entrada en vigor de una nueva constitución cubana los derechos fundamentales del pueblo continúan siendo vulnerados a causa de lógicas arbitrarias y represivas que impiden el real y efectivo acceso de las y los cubanos a sus derechos fundamentales. A lo largo de esta Audiencia Temática organizaciones de sociedad civil presentarán la preocupante situación de derechos que se vive en el país y las formas en que el Estado cubano opera para censurar y coartar las libertades de las y los cubanos. Así mismo, se presentará ante la Comisión Interamericana las múltiples formas de violencia que utiliza el Estado cubano para reprimir a las voces disidentes de las lógicas del régimen.

Miércoles, 25 de Septiembre de 2019
Audiencia:  «Cumplimiento de Medidas Cautelares de protección a favor de periodistas independientes en Nicaragua»

Ante la violación sistemática del derecho a la libertad de expresión y de prensa que se agudizó en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018, esta audiencia temática busca demandar el inmediato cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los directores de medios y periodistas independientes censurados, hostigados, apresados y reprimidos a causa de su labor por el Estado de Nicaragua, mismo que hasta la fecha no ha adoptado las  medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia en el ejercicio de las mismas.

The National Press Club invita al evento: «Voces globales, periodismo bajo amenaza en Nicaragua»

El miércoles 25 de septiembre a las 6:30 p.m., el Comité Internacional de Corresponsales de la APN (CPI) y el Equipo de Libertad de Prensa llevarán a cabo un evento sobre represión de los medios en Nicaragua. Recién testificado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una delegación de cuatro periodistas nicaragüenses, tres de los cuales permanecen en el exilio, discutirán el reciente descenso del país a la violencia y la represión.

En abril de 2018, los cambios propuestos al sistema de seguridad social de Nicaragua provocaron una serie de protestas callejeras. Los movimientos duros para reprimir las protestas tuvieron el efecto contrario, avivaron las llamas de la disidencia y llevaron a los llamados al presidente Daniel Ortega a renunciar. Cuando los periodistas se mudaron para cubrir el creciente movimiento de oposición, muchos se encontraron directamente en la línea de fuego, enfrentando el arresto de la policía y la violencia a manos de las milicias progubernamentales.

La delegación de periodistas nicaragüenses hablará sobre sus experiencias de informar desde el frente, las tácticas que el gobierno de Ortega ha utilizado para calificar a la prensa como parte del movimiento de oposición, el estado actual del país y sus esperanzas para el futuro. El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos está apoyando a cada uno para que asista a las audiencias de la CIDH y este evento especial para los medios.

Los panelistas serán:

Carlos Fernando Chamorro es fundador y editor de Confidencial. Carlos se encuentra actualmente en el exilio en Costa Rica luego de una redada policial en Confidencial en diciembre de 2018. La policía confiscó documentos, teléfonos, computadoras y cámaras de televisión en un intento por interrumpir los informes de la revista. Carlos Fernando huyó del país en enero de este año en medio de amenazas en su contra.

Lucía Pineda Ubau es directora de noticias en 100% Noticias. Lucía fue arrestada en diciembre del año pasado, acusada de «incitación y conspiración para cometer actos de terrorismo e incitación a crímenes de odio». Fue liberada en junio bajo la controvertida ley de amnistía del país y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Aníbal Toruño, actualmente exiliado en Miami, es director y propietario de Radio Darío. El 20 de abril de 2018, multitudes progubernamentales prendieron fuego a Radio Darío, dañando gravemente la estación y obligándolos a trasladarse a otro lugar. Desde entonces, sus oficinas han sido allanadas varias veces por la policía nicaragüense.

Sergio León, propietario y director de La Costeñisima, ha permanecido en Nicaragua y ha sufrido constantes hostigamientos, siendo detenido por la policía nicaragüense en múltiples ocasiones.

Sobre la moderadora:

María Peña, nacida en Nicaragua, es una reportera digital de Telemundo, donde cubre todos los temas que afectan a los hispanos, incluyendo inmigración, comercio, educación, vivienda, votación, empoderamiento político, política exterior y, más recientemente, terrorismo doméstico en la frontera. Ha trabajado en el periodismo de Washington durante más de 30 años, pero también viaja al extranjero para cubrir importantes historias internacionales, como el histórico viaje de Obama a Cuba en 2016. Es invitada frecuente en las principales redes, incluidas Voice of America, Univision, CBC, CNN y CGTN America. En 2017, fue nombrada entre los «100 latinos influyentes» de El Tiempo Latino. María es miembro del National Press Club.

 

Para más información e inscripción al evento aquí

Transmisión en vivo del evento aquí

 

Raza e Igualdad: “El Estado cubano utiliza su Código Penal para criminalizar las voces que hablan en contra del régimen”

En su más reciente informe, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asegura que en derecho cubano no hay garantías suficientes para respetar el debido proceso y otros derechos de personas acusadas por crímenes, especialmente cuando se trata de activistas que hablan en contra del régimen.  Las garantías que existen son descartadas por las autoridades cuando se juzgan a activistas independientes. 

En el marco del evento “Militarización de la Justicia: Estado de derecho y la nueva constitución Cubana” llevado a cabo el miércoles 11 de septiembre por la organización Inter-American Dialogue, El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, hizo lanzamiento oficial de su más reciente investigación titulada “Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.

En el informe, Raza e Igualdad documenta y analiza las características de los actos de criminalización, represión y hostigamiento que el Estado Cubano ha emprendido en los últimos años contra los denominados “opositores del régimen”, es decir, todos aquellos activistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y medios de comunicación independiente que a través de un ejercicio pleno de sus derechos se han opuesto a las políticas dictatoriales que niegan los derechos civiles y políticos fundamentales del pueblo cubano.

“Aunque en los últimos años, se han registrado muchos cambios en Cuba, la represión hacía los opositores no ha cesado” cita el documento de la organización de derechos humanos que asegura que pese a la aprobación de una constitución nueva y la investidura de un nuevo jefe de Estado que no hace parte de la familia Castro, la persecución y violencia hacía grupos opositores continua, junto con leyes que legitiman la criminalización de sus actividades.

La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales, y cómo este utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras” explica Caitlin Kelly, abogada para Raza e Igualdad.

Así mismo, a lo largo del informe se documentan las experiencias de activistas víctimas de múltiples formas de represión por parte de las autoridades penales. Casos como el del Doctor Eduardo Cardet, son utilizados en el documento para explicar y describir el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Cuba.

«Mi hermano fue detenido el 30 de noviembre de 2016 en horas de la noche por varios individuos vestidos de civiles, realmente eran de la policia política, estos hombres se abalanzaron sobre él enfrente de su familia y vecinos y fue golpeado de pies a cabeza. La detención fue sin motivo y después le fabricaron un delito, el delito nunca existio. Mi hermano continua preso hasta el 30 de septiembre, bajo libertad condicional pero continua preso» Miriam Cardet hermana del preso político Eduardo Cardet.

En dichas investigaciones, Raza e Igualdad encontró que, aunque existen algunas leyes para garantizar los derechos humanos y un debido proceso para los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas independientes acusados por su labor, estas no son respetadas por las autoridades cuando de ellos se trata.

Así mismo, el documento señala que el Estado Cubano emplea el Código Penal para criminalizar a las personas que expresen opiniones contra el Estado, específicamente cuando las autoridades recurren a la imputación de delitos que no están claramente definidos en dicho código. Delitos como “desacato”, “atentado”, “desobediencia” o la figura de “la peligrosidad social” son imputados para imponer condenas largas a quienes se acusa de incurrir en estas conductas, sin que se les sea respetado un debido proceso.

«Cuando mi hermano hizo las declaraciones después de la muerte de Fidel Castro no estaba en Cuba, a su esposa la llamaron y le dijeron que era mejor que Eduardo no volviera porque si lo hacía lo iban a desaparecer, después fue que ocurrió la violenta detención y fue cuando quedó en condiciones en las que peligraba su vida. Cuando lo detuvieron estuvo desaparecido por cinco días, sin atención médica a pesar de los golpes tan horribles que le habían propinado, sólo lo pudimos ver al tiempo en un pasillo oscuro como a 15 metros donde se podía ver lo mal que estaba. Su juicio fue a puerta cerrada donde le fabricaron los delitos y lo mantuvieron en horribles condiciones que han generado repercusiones de salud a hoy» Miriam Cardet.

Otros hallazgos están relacionados con las violencias a las que son sometidos los activistas cuando son detenidos, las restricciones a las que frecuentemente se enfrentan dichos defensores y defensoras cuando se trata de salir del país o realizar alguna reunión y las condiciones deplorables de los centros de detención.

«En un hueco de 2 X 3 metros, ahí mantuvieron a mi esposo. Aún cuando no pueden mantener más de 3 días a una persona en una celda de aislamiento el estuvo de 8 a 9 meses inhumanamente tratado. Cuando lo fui a visitar al centro de detención llegó golpeado de pies a cabeza, con dos hombres a lado y lado que portaban armas inmensas; además encadenado en la cintura, los tobillos y los pies como si se tratara de un terrorista» relata Dolia Leal una de las mujeres fundadoras del movimiento de las Damas de Blanco hoy exiliada de su país.

Descargue aquí el informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba» 

Vea aquí transmisión en vivo del evento «Militarización de la Justicia:  Estado de derechos y nueva constitución cubana» espacio organizado con la organización Inter-american Dialogue para el lanzamiento del informe «Condenas Premeditadas: Análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba».

SANKOFA «Volver al pasado para resignificar el presente»: Realidad de las mujeres negras trans y travestís en Brasil

En compañía de mujeres afrobrasileras, trans, travestis y defensoras públicas de Brasil se realizó durante el 15 y 16 de agosto el Foro SANKOFA, un espacio de intercambio y diálogo en lucha y reivindicación por la justicia racial y de género.  “Sankofa” palabra africana que simboliza un pájaro de dos cabezas, es el nombre del Foro, que, entre otras acepciones, significa «Volver al pasado para resignificar el presente”.

El espacio organizado por el Instituto Transformar, ANTRA, CEJIL, Criola, Núcleo de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Fórum Justiça, Fórum Estadual de Mulheres Negras, Defensoria Pública y Race and Equality, además contó, por invitación de esta última organización, con la especial participación de la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.  

“El Foro SANKOFA un espacio de (des)construcción que se llevó a cabo dentro de la Oficina de la Defensoría Pública con el apoyo y la articulación de Race and Equality, que hizo posible el movimiento e inclusión de diversos agentes e instituciones, pero principalmente la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona de la Comisionada Margarete May Macaulay. Su presencia permite que no nos sintamos indefensos y que podamos construir colectivamente una narrativa que pueda cruzar barreras y fronteras territoriales y llevar al debate la importancia de la inserción internacional y la lucha de las personas que siempre han estado en resistencia” señaló Bruna Benavides de ANTRA, Brasil.

El foro estuvo nutrido por las voces e historias de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos, comunidades Quilombolas y personas travestís, prostitutas y personas trans de dos Favelas en Brasíl, que a viva voz expusieron la situación actual de sus derechos humanos ante la ola de violencia que vive el país especialmente para estos grupos históricamente discriminados y marginados.

“Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Durante los días de encuentro las asistentes discutieron sobre las posibilidades que existen para el pleno ejercicio y garantía de sus derechos, resaltando que sigue siendo vigente un estado de racismo, discriminación y extrema violencia; en el que la política de “blanqueamiento” socialmente aceptada minimiza la vida de las personas negras y naturaliza un estado de privilegios de las personas blancas en el país; lo que imposibilita que la comunidad afrobrasilera y LGBTI participe en espacios de poder.  “La sociedad esta construida a partir de una política del blanqueamiento de la población que inferioriza a los cuerpos negros y permite que los blancos no discutan sus privilegios” Ana Carolina Mattoso- Docente de Derecho.

“El estado de excepción siempre ha existido en Brasil, porque siempre ha sido legítimo matar cuerpos negros, cuerpos trans” Fatima Lima, docente estudios étnico-raciales.

A lo largo del Foro, Bruna Benavides de la Asociación Nacional de Travestís y Transexuales, ANTRA hizo entrega oficial a la Comisionada Macaulay del último informe sobre asesinatos y violencias contra población trans y travestí de Brasil; documento que evidencia una preocupante cifra de asesinatos de esta población, invisibilizada por los medios de comunicación nacional, que continua ubicando al país en el primer lugar donde más asesinatos de personas trans se cometen al año a nivel mundial.

En relación al informe Mariah Rafaela miembra de las organizaciones Instituto Transformar e Conexão G señaló: “Existe un Sistema que permite la muerte de personas trans y negras. La noción de justicia debe surgir de la experiencia de las personas que no tienen una mínima dignidad para vivir.  Dar acceso a la justicia debe significar dar dignidad a las vidas”

Por su parte, Alessandra Ramos del Instituto Transformar planteó la necesidad de avanzar en una resignificación de lo que implica ser una mujer afro y “transgénero” basada en las experiencias y representaciones de las personas que habitan estos cuerpos, y superar la caracterización asignada por personas blancas, precisamente por unas afectaciones diferenciadas por raza e identidad que históricamente atraviesan a estás mujeres en el país.   Así mismo, la lideresa advirtió que no en vano, se estima que un 38% de las mujeres trans y travestís en Brasil vivan con VIH y que el mayor porcentaje esté ocurriendo entre esta población del país.

“¡Por favor, trabajen con nosotros! Margarette Macaulay, CIDH”

Así mismo, en el marco del Foro, Raza e Igualdad facilitó encuentros privados entre activistas y la Comisionada Margarette May Macaulay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; espacio en el que participó, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada y el Consultor para Brasil de asunto LGBTI, Isaac Porto, quienes conocieron de primera mano múltiples casos de violencia que hoy enfrentan activistas de derechos humanos en los lugares de mayor marginación del país.

Entre los testimonios de los asistentes temas como mutilación en ninxs intersexuales, la situación de VIH entre jóvenes de Brasil, el aumento de asesinato de mujeres lesbianas, las dificultades de acceso de las personas LGBTI a salud, educación, trabajo digno y espacios de participación; fueron constantemente referenciados a lo largo de la socialización.

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“Yo no soy solo negra: soy travesti, soy pobre, vivo en Favela. Mi activismo empezó desde que nací, porque desde allá lucho para sobrevivir”. Gilmara Cunha, presidenta Conexao G.

La Comisionada Macaulay se refirió a la deuda histórica que el Estado brasilero tiene con el pueblo afrodescendiente víctima de la esclavitud, situación que aún persiste en la estructura social del país, por las jerarquías socioraciales que impiden el acceso y goce pleno de los derechos de las comunidades afrobrasileras.  Así mismo, la Comisionada de la CIDH señaló la responsabilidad y obligaciones que tiene el Estado como garante del pueblo sin importar condición.

Por otra parte, Macaulay señaló la importancia de que las organizaciones de sociedad civil ofrezcan información detallada a la Comisión sobre los casos de violencia que permitan dar cuenta de la situación de vulneración que vive la comunidad afro y LGBTI en el país, por lo que enfatizó en la importancia de trabajar conjuntamente para superar la grave crisis de derechos que enfrenta Brasil.

Así mismo, Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad reiteró durante los espacios de encuentro el compromiso que representa para el Instituto la denuncia, acompañamiento en la documentación de violaciones de derechos humanos y fortalecimiento técnico de las organizaciones para incidencia en escenarios internacionales.

El foro SANKOFA como espacio creado para provocar el diálogo entre la Defensoría Pública de Brasil y las mujeres negras, trans y travestís líderes de movimientos y organizaciones sociales se propone como escenario para fortalecer las instituciones estatales comprometidas con la agenda del movimiento social del país; además como una forma de ampliar las oportunidades de capacitación y articulación de líderes y lideresas a nivel nacional; y finalmente como recurso que facilita información suficiente a las activistas sobre mecanismos de protección de derecho internacional.

Pronunciamiento:  Raza e Igualdad está comprometida con el acompañamiento de organizaciones sociales en Brasil, para la documentación, denuncia y visibilización ante el Sistema Intermericano y Universal de violaciones de derechos humanos especialmente de los pueblos afrobrasileros y personas con expresiones sexuales e identidades de género diversas, aún víctimas de discriminación, marginación y violencia a causa de estructuras sociales que imposibilitan el goce pleno de sus derechos.

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Ocho días en huelga de hambre de activista cubano alertan a la comunidad internacional sobre deplorable situación en centro penitenciario de Cuba

Nilda García Fleitas, madre de Manuel de Jesús Rodríguez García, activista y actual preso político del régimen cubano, alerta a la comunidad internacional sobre las deplorables condiciones en las que se encuentra su hijo.

Tras ocho días en huelga de hambre Rodríguez García, miembro de la Alianza Democrática Pinareña y actual preso político del régimen cubano, condenado a ocho años de cárcel por cargos que incluyen “desacato” “atentado” “difamación” entre otras; su madre solicita públicamente ayuda para garantizar la vida e integridad de su hijo en el centro de detención Kilo 8: “Manuel es golpeado cuando se niega a comer la comida de la prisión y se ve obligado a subir y bajar escaleras innecesariamente como castigo por su huelga de hambre” relata la madre del activista.

El 23 de julio de 2019, Rodríguez García inició una huelga de hambre dentro de la prisión en protesta por los malos tratos y austeras condiciones en que se encuentra, además por las amenazas que tanto él como su familia inmediata (madre y abuela) han recibido, situaciones que atentan contra su bienestar e integridad.  Durante conversación sostenida con la madre de Rodríguez García esta confirma el quebrantamiento de salud de su hijo a causa de la desnutrición y el abuso físico al que ha sido sometido en los últimos días, además de ser golpeado por no seguir las ordenes de las autoridades en el centro de detención, este se encuentra detenido en una celda de aislamiento y obligado a dormir en el piso. 

 

Alertamos a la comunidad internacional sobre la crítica situación del activista Manuel de Jesús Rodriguez Garcia, quien arbitrariamente y en detrimento a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos esta siendo víctima de toda clase de violaciones a sus derechos fundamentales, situaciones que atentan contra su vida e integridad. 

Venezuela, Nicaragua y temas LGBTI, puntos clave de la 41° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una actualización sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, presentada por la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore, así como la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas, fueron puntos clave de agenda durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La sesión número 41 del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo lugar, entre el 24 de junio y el 12 de julio en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, estuvo marcadas por la agenda latinoamericana. En su discurso de apertura, Bachelet se refirió a América latina para mostrar su preocupación ante los retrocesos que se viven en la región frente a los importantes logros que las víctimas, los/as defensores/as de derechos humanos y los líderes/as políticos habían conseguido en materia de reconciliación y la justicia transicional en las últimas décadas.   

La Alta Comisionada advirtió que “nos encontramos hoy ante una preocupante tendencia a negar los hechos y a adoptar leyes regresivas que obstaculizan la búsqueda de la justicia”.

Como ejemplo, citó la reciente aprobación de Ley de Amnistía en Nicaragua y los intentos de Guatemala y El Salvador por aprobar leyes similares. Ante esta situación instó “a estos y a todos los demás países a que no adopten regulaciones que impidan que las violaciones graves de los derechos humanos sean procesadas y debidamente castigadas”. Continuó diciendo que “la rendición de cuentas, con juicios justos que respeten el debido proceso, protegen a las sociedades de la radicalización y la violencia”.

El Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que se ocupa de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos. Tiene competencia para discutir todas las cuestiones temáticas de derechos humanos y exigir el cambio mediante recomendaciones. Este organismo también tiene la función de designar los procedimientos especiales y de llevar a cabo el Examen Periódico Universal (EPU). Se reúne tres veces al año, en febrero, junio y septiembre.

Sobre Venezuela

A petición del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que fue presentado en esta sesión.

La Alta Comisionada inició la presentación con su reciente visita a Venezuela en la que pudo reunirse con varios sectores de la sociedad, lo que entiende es sin duda una muestra de las autoridades venezolanas de comprometerse con un diálogo constructivo. Señaló además que el informe no puede obviar que el Estado de Derecho en Venezuela se ha visto gravemente dañado en los últimos años. El derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica, y el derecho a participar en la vida pública conlleva amenazas contra la vida y la integridad física de quienes lo ejercen.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. Los grupos armados progobierno conocidos como colectivos han contribuido al deterioro y han conseguido imponer un orden social de represión generalizada. La OACNUDH documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos. “En el año anterior, el gobierno de Venezuela registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad” y entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno, otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”.

La Alta Comisionada expresó preocupación por el uso excesivo y letal de la fuerza que debe considerarse como ejecuciones extrajudiciales y que requieren una investigación encaminada a condenar a las culpables y a garantizar la no repetición de actos similares.  El informe señala sin embargo, que la mayoría de las víctimas no han tenido acceso aún a la justicia ni a una reparación adecuada.

El pueblo de Venezuela continúa enfrentando una crisis económica que está afectando de manera grave el goce de los derechos económicos sociales y culturales. Esta crisis se ha visto además exacerbada por las recientes sanciones económicas que está afectando la capacidad del Estado para garantizar el acceso de la población a servicios médicos y el derecho a la alimentación. Muchos servicios públicos como la salud se han visto colapsados, destacó en su intervención la Alta Comisionada, destacando que la falta de medicamentos básicos están teniendo consecuencias graves incluso causando la muerte; la falta de métodos anticonceptivos están igualmente obligando a muchas mujeres a continuar embarazos en circunstancias de extrema precariedad al obligarlas a hacerse cargo de niños que no van a ser capaces de alimentar. Según OCHA, para en marzo de 2018, alrededor de siete millones de personas venezolanas, un cuarto de la población total, necesita asistencia humanitaria.

El hambre y la pobreza ha forzado a muchos/as a huir en condiciones de extrema vulnerabilidad. La protección de sus derechos humanos, señala la Alta Comisionada es una cuestión de extrema urgencia. La Alta Comisionada destacó se refirió a la situación de los pueblos indígenas en Venezuela, que es también extremadamente preocupante, ante la pérdida de sus territorios ancestrales, sus recursos naturales, la militarización, los efectos de la minería y la falta de acceso adecuado a agua y comida.

Sobre Nicaragua

La Alta Comisionada Adjunta fue la encargada de presentar la actualización sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Esta intervención se enmarca dentro de la resolución del Consejo de derechos Humanos para la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua A/HRC/40/L.8 aprobada en abril de 2019 y que también prevé la presentación de un informe en la siguiente sesión del Consejo, en septiembre de este año.

En su intervención oral, la Alta Comisionada Adjunta Kate Gilmore destacó que un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.

Además señaló que, a pesar de que las autoridades nicaragüenses afirman que han liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas, más de 80 personas podrían estar aún bajo custodia en condiciones severas de detención, donde se han recibido incluso denuncias de tortura y malos tratos. Gilmore instó a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento; y reiteró el llamado a las autoridades nicaragüenses para que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y los hechos violentos ocurridos bajo custodia.

Sobre la Ley de amnistía y la Ley de Atención Integral a las Víctimas, enfatizó que ninguna garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación y que además fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas.  Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la referencia a la labor de La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de los Estados Americanos. A pesar de que estos organismos han conseguido documentar graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. La Policía Nacional ha continuado negando sistemáticamente la autorización para reunirse y ha continuado arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, con episodios de uso excesivo de la fuerza. La Alta Comisionada adjunta mostró asimismo una especial preocupación por los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios, periodistas medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil continúan siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante.

Para finalizar su intervención hizo un llamado a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales y cerró su intervención recordando su disposición para apoyar al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Sobre la renovación del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI)

Victor Madrigal, experto independiente sobre SOGI, inició su intervención recordando que este año se cumplen 50 años de las protestas de Stonewall y que su mandato es una respuesta aún necesaria contra el abuso que la comunidad LGBT en todo el mundo sigue sufriendo. Compartió algunos datos recogidos en el informe que presentaba Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género como por ejemplo que el 60% de las mujeres bisexuales han sido víctimas de violación, violencia física y / o acoso por parte de un compañero íntimo en sus vidas; que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años o que la mitad de los estudiantes LGTB han sido víctimas de acoso.

La campaña detrás de la renovación de este mandato fue un ejemplo de coordinación y esfuerzo compartido entre las organizaciones de la sociedad civil y las misiones diplomáticas que hicieron suya la protección de los derechos humanos de las personas LGTB. Especial mención se debe hacer a la región latinoamericana puesto que Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay fueron los países que impulsaron la resolución de renovación del mandato a la que más tarde se sumaron más de 50 países copatrocinadores. Su capacidad negociadora y espíritu constructivo les valieron el agradecimiento de varios miembros del consejo. La resolución tuvo que hacer frente a diez enmiendas hostiles lideradas por Pakistán y secundadas por la Organización de Cooperación Islámica con la excepción de Albania y Túnez, que fueron todas rechazadas. El mandato fue renovado con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 12 votos en contra entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano. De los países de la región solo Cuba se abstuvo en la votación para rechazar estas enmiendas hostiles, votando sin embargo a favor de la renovación en la votación final.

El llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios. Tras la votación, la renovación del mandato llenó la sala y los pasillos de una emoción y una alegría que quizás se puedan rescatar a través de las palabras gratitud de la defensora Andrea Ayala “todos los que estamos aquí trabajamos para gente que no sabemos ni cómo se llaman, cómo se miran, qué color tienen, pero lo que sabemos es que nos necesitan y aquí seguiremos trabajando todes juntes”.

Nuevas amenazas atentan contra la vida de líderes y lideresas afrocolombianos

Bogotá, julio 15 de 2019.  A través de un mensaje de texto recibido el 13 de julio de 2019, líderes y lideresas afrocolombianos de Suárez, Cauca, fueron declarados objetivo militar de la organización al margen de la ley «Águilas Negras».

El comunicado que amenaza con dar un plazo de 72 horas, para salir del territorio, a integrantes del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma, justifica dicho ultimátum por los actos de «desobediencia» de las y los dirigentes sociales en «oposición al desarrollo».

«La deuda con uds aun no esta saldada…Cada uno de sus colaboradores negros hps declarados objetivo militar al igual q todos esos sapos q los cuidan con todo y eso van a morir. AGUILAS NEGRAS PRESENTE (SIC)», se lee en el mensaje de texto.

 

Dichos actos de persecución y hostigamiento se suman a los hechos ocurridos el pasado mes de mayo del año en curso, en que defensoras y defensores de derechos humanos afrocolombianos, entre los que se encontraba la nobel de medio ambiente Francia Márquez, fueron atacados con disparos y una granada por hombres armados en el Norte del Cauca. (Leer nota sobre atentado a dirigentes sociales afrocolombianos en el Norte del Cauca).

Vemos con extrema preocupación una inminente sistematicidad en las amenazas, actos de hostigamiento y represión que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de líderes y lideresas sociales en Colombia.   Especialmente, alarmamos sobre las prácticas de violencia y persecución contra dirigentes sociales afrocolombianos que han luchado en contra de las lógicas del desarrollo, exterminio y expropiación que atentan contra la soberanía de los pueblos afrocolombianos en los territorios ancestralmente habitados.

Urgimos al gobierno colombiano en cabeza del presidente Iván Duque pronunciarse inmediatamente contra estos actos que menoscaban la tranquilidad y los derechos a la vida de los pueblos afrocolombianos. Exhortamos también, dar prioridad a esta situación genocida que enfrenta el país en medio de un proceso de paz. A la fecha el número de líderes y lideresas sociales asesinados suman más de 300 desde la firma del acuerdo, de los cuales líderes y lideresas étnicos son quienes más se han visto afectados, sin contar aún con procedimientos y/o protocolos que garanticen la defensa a la vida, el territorio, la justicia y la paz.

Instamos a la comunidad internacional continuar monitoreando la situación de violencia y emergencia nacional que enfrentan especialmente los territorios étnicos, quienes además, han sido históricamente avasallados por la pobreza, marginalidad y violación a los derechos fundamentales consagrados en la declaración universal de los derechos humanos.

En denuncia por las amenazas recibidas y la situación de peligro en que se encuentran las comunidades afrocolombianas y en general lo pueblos étnicos en Colombia, hoy, 15 de julio a las 2:00 pm, hora en que se cumple el «plazo» señalado en la comunicación de las Águilas Negras a dirigentes de Suárez, Cauca, organizaciones sociales afrocolombianas, líderes y lideresas sociales convocarán a una rueda de prensa para manifestar sus preocupaciones.

Según declaraciones de Francia Márquez al medio colombiano El Espectador «En la rueda de prensa vamos a exponer nuestra situación a las autoridades. Queremos que investiguen por qué nos amenazan, nos declaran objetivos militares, nos hacen salir del territorio, entre otras cosas. Nadie tiene que morir por exigir garantías a su derecho» señaló Márquez.

Raza e Igualdad une su voz en denuncia por estos actos que requieren inmediata atención del Estado Colombiano y la comunidad internacional; la construcción de una paz estable y duradera no podrá cimentarse sin la garantía de todos los pueblos a la justicia, la verdad y la paz.

Descargue aquí comunicado del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Toma

La ONU renueva mandato crucial para la protección en contra de la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo.”

(Ginebra, julio 12 de 2019) – En una votación definitiva, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución para renovar el mandato del Experto Independiente sobre la Protección contra la Violencia y la Discriminación por motivos de Orientación Sexual o Identidad de Género (OSIG).

La resolución fue adoptada por un voto de 27 a favor, 12 en contra, y 7 abstenciones.

La campaña haciendo el llamado al Consejo para la renovación del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones no gubernamentales de 174 Estados y territorios.

“Esta es otra histórica victoria, no solo para las comunidades de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino para la humanidad como un todo”, mencionó Paula Sebastiao de Arquivo de Identidade Angolano en Angola, y Simran Shaikh, quien es el coordinador del proyecto Trans Respect v. Transphobia en Asia, en nombre de 60 grupos de derechos humanos alrededor del mundo. “Atendiendo el llamado de un número record de organizaciones de cada región imaginable, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reafirmado su compromiso de combatir la discriminación y violencia por motivos de OSIG, y ha recordado a todos los Estados de sus obligaciones frente a esas comunidades.”

Creado en 2016, el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG ha sido apoyado por un creciente número de Estados de todas las regiones del mundo. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un Grupo Central de siete países de Latinoamérica – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.

“La renovación de este mandato demuestra como el apoyo de los Estados miembros de las Naciones Unidas para combatir la violencia y discriminación contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas ha crecido inmensamente” expresaron activistas de la Semana de Incidencia Trans de la ONU. “El Experto Independiente es crucial en atraer atención internacional sobre vulneraciones específicas y desafíos que enfrentan personas trans y de género diverso en todas las regiones.”

A pesar de que el proceso de renovación tuvo que superar 10 reformas hostiles, el corazón de la resolución que proclama la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos se mantiene en firme.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU que supervise asuntos de OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a un nivel global”, agregó Ryan Silverio de ASEAN SOGIE Caucus de Filipinas. “Si el mundo está realmente comprometido con no dejar a nadie atrás, no puede evitar hacer frente a la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas, y ya no deberían ser toleradas”.

El Experto Independiente de la ONU sobre OSIG está obligado a asesorar la implementación de derecho internacional de derechos humanos existente, a través de su comunicación con los Estados, y trabajando de forma colaborativa con otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, para evidenciar formas de violencia y discriminación. A través del trabajo de este mandato desde 2016, el impacto en la criminalización de las relaciones de parejas del mismo sexo, la falta de reconocimiento legal del género, la importancia de la recolección de datos específica para comunidades OSIG, y ejemplos de buenas prácticas para prevenir la discriminación, han sido resaltadas globalmente, con visitas a Argentina, Georgia, Mozambique y Ucrania.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, celebra la renovación de este mandato como indispensable en la protección de derechos humanos de personas Afro con OSIG diversas. En consecuencia, es gratificante contar con un Experto Independiente que se encuentre obligado a hacer frente a las múltiples e interseccionales formas de violencia y discriminación en contra de individuos por OSIG, como aquellas motivadas por prejuicios raciales.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen completamente con el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG en este importante trabajo de lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, sin importar su orientación sexual e identidad de género.

“Sentimos mucha gratitud con los siete Estados del Grupo Central que presentaron la resolución para renovar el mandato” expuso Andrea Ayala de El Salvador. “Su apoyo viene en un momento crucial en nuestra región, donde cualquier signo de progreso en la inclusión o igualdad está siendo contrarrestado con violencia, persecución y discursos de odio, con una retórica sobre “ideología de género”, así como muchas veces con una evidente oposición a la protección de los derechos de nuestras comunidades”.

ONU RENOVA MANDATO CRUCIAL DE PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO BASEADA NA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO

leia a versão em português

Organizaciones firmantes de la declaración:

42 Degrees
ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LESBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E INTERSEXOS
Accountability International
Amnesty International
ARC International
ASEAN SOGIE Caucus
Asia Pacific Transgender Network (APTN)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación OTD Chile
Caribe Afirmativo
çavaria
CHOICE for Youth and Sexuality
COC Nederland
Colectivo Alejandria
Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
Conurbanes por la Diversidad- Argentina
Egale Canada
Equality Australia
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Fundación Afrodescendiente por las Diversiades Sociales y Sexuales – SOMOS IDENTIDAD
Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Reflejos de Venezuela
GATE
Gender DynamiX
GIN-SSOGIE
Haus of Khameleon
Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
Human Rights Awareness and Promotion Forum
Human Rights Law Centre
ILGA Asia
ILGA World
ILGALAC – Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y El Caribe
International Family Equality Day
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Service for Human Rights
Iranti
Korean Lawyers for Public Interest and Human Rights (KLPH)
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC
LGBTI Support Center
LSVD Lesbian and Gay Federation in Germany
Namibia Diverse Women’s Association (NDWA)
ODRI Intersectional rights
OutRight Action International
Pacific Human Rights Initiative
People’s Matrix
People’s Solidarity for Participatory Democracy
Planet Ally
Red Latinoamericana GayLatino
REDTRANS Nicaragua
RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights
RFSU
RWS – India’s Diverse Chamber
Stichting NNID
Synergía – Initiatives for Human Rights
The International Institute on Race, Equality and Human Rights
the Transgender Liberation Front(abbr. TLF)
Trans Pasefika
TransAction (Aotearoa / New Zealand)
Valientes de Corazón Ecuador
Young Queer Alliance

Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad, expone crítica situación de derechos humanos en Cuba ante Cámara de Diputados de EE.UU.

Washington, DC.  Julio 11 de 2019. El pasado 11 de Julio, Carlos Quesada, Director Ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental durante audiencia en el Congreso de Estados Unidos, la grave situación de violaciones de derechos humanos que enfrenta el pueblo cubano, especialmente, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas independientes que se oponen a las lógicas represivas del gobierno.

Durante su intervención, Quesada habló sobre las amenazas y los desafíos para los defensores de los derechos humanos en Cuba y en los métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas. En este sentido señaló: «La criminalización ha llevado a contar hoy con una población de presos políticos que suman un total de casi 100 activistas, con un impacto desproporcionado en las poblaciones históricamente marginadas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y los miembros de la comunidad LGBTI».

Así mismo, el representante de Raza e Igualdad afirmó que las principales amenazas y desafíos para los defensores de derechos humanos en Cuba incluyen: 1.) La nueva Constitución 2). Las restricciones a los derechos fundamentales; y 3). La manera como opera el sistema de justicia cubano, que según Quesada, representa una amenaza en sí misma para criminalizar a activistas de la isla.

 

«La situación de los derechos humanos en Cuba es grave y puede caracterizarse como una guerra de desgaste entre el gobierno y activistas independientes de la sociedad civil. Las autoridades estatales violan rutinariamente las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al hostigar, amenazar, detener e interrogar a los activistas y sus familias»

 

La aprobación de la nueva Constitución en el referéndum del 24 de febrero marcó el comienzo de una nueva era con respecto a las garantías legales de los derechos humanos en Cuba, pues según Carlos Quesada, en un movimiento calculado para crear un vacío legal mediante el cual el Estado Cubano puede evitar el cumplimiento de las obligaciones de los tratados internacionales de derechos humanos, el gobierno modificó el texto de la nueva Constitución para otorgarle la supremacía sobre el derecho internacional. De esta manera, el gobierno intenta evadir las responsabilidades u obligaciones adquiridas en materia de lo estipulado en los tratados internacionales.

En relación a la restricción de los derechos fundamentales, el director de Raza e Igualdad indicó que no existe liberta de expresión, opinión, asociación y prensa en Cuba. Así mismo, señaló que las represiones y torturas psicológicas hacía activistas y sus familiares son una constante, sin dejar a un lado, las detenciones arbitrarias sin garantías al debido proceso a los que se enfrentan recurrentemente defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba.

«Los principales métodos empleados por el gobierno cubano para criminalizar o restringir el trabajo de organizaciones de la sociedad civil o activistas, incluyen el uso indebido del sistema de justicia y las restricciones de viaje» agregó Quesada; quien además señaló que durante los últimos dos años, se han documentado un total de 88 casos de presos políticos; quienes son acusados por delitos comunes, esto, bajo un Código Penal Cubano vagamente definido que permite a las autoridades usarlo para criminalizar casi que cualquier comportamiento.

Finalmente, Quesada expuso ante el auditorio una serie de recomendaciones entre las que se pueden citar:

  1. Continuar monitoreando y exponiendo la situación de derechos humanos en Cuba.
  2. Solicitar que el gobierno cubano libere de inmediato a todos los presos políticos.
  3. Ofrecer apoyo público a activistas y periodistas independientes de la sociedad civil.
  4. Ampliar la presencia diplomática de los EE. UU. para tener un contacto más directo con organizaciones independientes.
  5. Alentar al gobierno cubano a entablar un diálogo con la sociedad civil independiente.
  6. Solicitar a Western Union información sobre cómo opera en Cuba y cómo los funcionarios del gobierno podrían tener acceso a información sobre activistas que reciben dinero del extranjero.

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