OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

OEA anuncia que aplicará Carta Democrática Interamericana a Nicaragua tras conocer que en ese país se cometieron crímenes de lesa humanidad

Washington D.C. 28 de diciembre 2018. La Organización de Estados Americanos (OEA) iniciará el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, aseguró ayer el Secretario General Luis Almagro, luego de que la Vice Presidenta de la CIDH, Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño,  (CIDH) presentara un informe realizado por expertos de distintas disciplinas e independientes,  que revela que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad contra la población que se manifestaba cívicamente.

Almagro detalló que la aplicación comenzará con la convocatoria del Consejo Permanente conforme el artículo 20 de la Carta, el cual establece que cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, se podrá realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones al respecto.

“Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlos”, aseguró Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente realizada en Washington D.C.

El Secretario General de la OEA destacó que al comenzar el camino a la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que el Gobierno de Nicaragua reconsidere sus acciones, y es que en los ocho meses de crisis de derechos humanos y crisis sociopolítica, al menos 325 personas perdieron la vida producto de la represión a manifestaciones y más de 2,000 resultaron heridas, según la CIDH, mientras que otras 50,000 han tenido que salir del país y unos 565 se encuentran privados de libertad.

En el último mes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha iniciado una nueva escalada represiva contra organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación, a través de su cierre arbitrario y la criminalización de periodistas. Incluso las misiones de la CIDH que se encontraban en el país fueron expulsadas la semana pasada, acusadas de ser “intervencionistas” y “parcializadas”.

Bajo el contexto actual de represión en Nicaragua, representantes diplomáticos de varios países del continente instaron al Gobierno nicaragüense a que cese la represión, propicie el retorno de las misiones de la CIDH, acate las recomendaciones de los expertos en derechos humanos, regrese al diálogo nacional de forma comprometida y aplique reformas al sistema electoral para celebrar nuevas elecciones.

Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile además solicitaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas últimas consecuencias podrían resultar en la suspensión de Nicaragua de su derecho de participación en la OEA.

Paula Bertol, embajadora de Argentina ante la OEA, destacó que “la falta de democracia y libertad en Nicaragua” ha quedado expuesta en los informes de expertos, y esa es la razón por la que “muchos de nuestros Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática”. “Muchos de nuestros Estados también estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria porque estamos preocupados por lo que está pasando en Nicaragua, porque no queremos más que existan personas que mueren producto del abuso de la fuerza del Estado”, destacó.

El embajador de Chile ante la OEA, Jaime Francisco Alliende, también llamó a que “la solución de la crisis política de Nicaragua se desarrolle bajo los principios y valores de instrumentos interamericanos, incluida la Carta Democrática Interamericana”, pues sostuvo que ante una ruptura del Estado de Derecho, “todos los Estados miembros de la OEA debemos alzar la voz para llamar a ese régimen a aceptar una salida pacífica y democrática a esta grave crisis”.

También la vicepresidenta de la CIDH respaldó que se active la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua: “La CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país”, afirmó Arosemena de Troitiño.

Futuras acciones

El Secretario General, en su intervención, detalló además que las acciones a futuro en las que trabajará la OEA incluyen solicitar a la CIDH que denuncie los crímenes documentados en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar al Consejo Permanente que pida una reunión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exponer el informe sobre los crímenes de lesa humanidad.

Esta última acción también daría paso a que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la investigación de dichos crímenes a la Corte Penal Internacional, un organismo de justicia del que actualmente Nicaragua no es parte.

“De continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los Estados parte de la OEA, así como a todos los Estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como instructores y ejecutores en el informe de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la Justicia Universal”,  advirtió Almagro.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, desconoció el informe presentado en la OEA, acusando a varios países de ser “injerencistas” y de estar “parcializados” por solicitar justicia y democracia para Nicaragua y afirmó que Almagro no merecía ser el Secretario General de la OEA, organización a la que intentó descalificar recurriendo a palabras del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, señalándole de ser un “Ministerio de las Colonias”. La representación de Venezuela fue la única que respaldó abiertamente el discurso de Alvarado.

El informe del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó, en su informe final elaborado después de seis meses de trabajo en el país centroamericano, que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, según dieron a conocer los expertos de la CIDH la semana pasada.

El informe, presentado en Washington D.C. dos días después de que el grupo fuera expulsado de Nicaragua por las autoridades, señala que los crímenes cometidos con la anuencia de los más altos mandos de la estructura gubernamental fueron asesinatos, encarcelación, persecución, violación, tortura y desaparición forzada.

Lo anterior lo afirman después de un arduo proceso de recolección de información a través de entrevistas directas a familiares de víctimas y a víctimas sobrevivientes, visitas y observaciones en donde se dieron los hechos de violencia, reuniones con periodistas, examinación de documentos como videos, fotografías y artículos periodísticos y material de medios de comunicación y redes sociales. El Estado se negó a proporcionarles información, a pesar de que había aceptado que su misión principal fuera coadyuvar a la Fiscalía de Nicaragua al esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos al inicio de la crisis.

Los expertos encontraron que entre el 18 de abril y el 30 de mayo, al menos 109 personas fueron asesinadas y otras 1,400 fueron heridas como resultado de un “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que se manifestaba contra el Gobierno.

“El patrón de conducta más claro y de mayor gravedad consistió en el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, directamente contra personas que participaban en acciones de protesta”, indica el informe, que señala a la Policía Nacional como la fuerza al mando de dichas conductas, las cuales actuaron acompañadas por grupos armados paraestatales y con el apoyo de autoridades políticas locales.

Por esta misma razón, el GIEI recomienda que se investigue la responsabilidad del Presidente Ortega, en su calidad de jefe supremo de la Policía Nacional, en dichos hechos.

Otro de las violaciones de derechos humanos que expone el informe del GIEI es que el Estado de Nicaragua infringió su deber  de debida diligencia respecto a la investigación de los casos de muertes violentas del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

“De los 109 casos por muertes violentas registrados por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados, lo que significa que 100 permanecen todavía en la impunidad”, dijo Claudia Paz y Paz durante la presentación del informe.

Y aun así, en los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno. “En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de las diferentes evidencias que señalan su posible responsabilidad”, lamentó la experta guatemalteca.

 

Foto principal: Juan Manuel Herrera/OAS

Misiones de la CIDH en Nicaragua fueron expulsadas por el Gobierno

Washington, D.C. 20 de diciembre de 2018. Las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): MESENI y GIEI,  que se encontraban trabajando en Nicaragua con el objetivo de monitorear las violaciones de derechos humanos y coadyuvar a las autoridades en el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre abril y mayo tras el inicio de las protestas ciudadanas, fueron conminadas el día de ayer, por el Gobierno de Nicaragua a abandonar el país de forma inmediata.

La expulsión del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país el 24 de junio, y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que inició labores el 2 de julio, ambos en cumplimiento de recomendaciones presentadas por la CIDH en su Informe Graves Violaciones de Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, ocurre un día antes de que el GIEI presentara un informe sobre sus seis meses de trabajo, y al cumplirse ocho meses del inicio de la crisis de derechos humanos que provocó la brutal represión gubernamental a protestas ciudadanas, cuyo saldo se calcula en al menos 325 muertos, más de 2,000 heridos y alrededor de 565 presos políticos.

En el caso de la CIDH y del MESENI, el Gobierno determinó suspender termporalmente su presencia y visitas en el país. Y en el caso del GIEI, el Gobierno alegó la expiración del plazo, objetivos y mision, dando por concluido su mandato para la visita y permanencia del GIEI en el país.

La resolución del Gobierno impide también que relatores especiales y funcionarios de la CIDH realicen una serie de visitas que ya estaban programadas para realizarse en el primer trimestre de 2019.

“El perjuicio más importante (de la expulsión) es hacia las víctimas y sus familiares, porque el valor principal de nuestro trabajo es poder acercar las víctimas a la verdad, a la justicia, ese es nuestro pesar más profundo”, dijo en conferencia de prensa la Coordinadora del Meseni, Ana María Tello, momentos después de conocer la decisión de las autoridades.

Un informe del Meseni publicado el mismo miércoles por la mañana, advertía sobre “la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal” caracterizada, entre otras cosas,  por el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y la expulsión arbitraria ―o amenaza de expulsión― de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

Meses antes, el 31 de agosto, el Gobierno expulsó del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dos días antes había presentado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en el contexto de las protestas.

Las razones

Miembros del Meseni y los cuatro expertos del GIEI (Sofia Macher, Claudia Paz y Paz, Amérigo Incalcaterra y Pablo Parenti) asistieron el miércoles por la tarde a una cita con el Canciller Denis Moncada, en la que este les comunicó la unilateral decisión gubernamental.

La nota que Moncada leyó a los funcionarios de la CIDH, publicada posteriormente por medios oficialistas, justifica la medida asegurando que estos no cumplieron con sus objetivos y que “la CIDH, MESENI, GIEI y OACNUDH se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”. Además, señala que los integrantes del GIEI no respondieron a una contrapropuesta del Gobierno sobre su “Protocolo de Actuación” y que por lo tanto, realizaron “una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo” y las leyes nacionales.

Incalcaterra explicó posteriormente que el incumplimiento respecto al protocolo que alega el Canciller Moncada “es falso” porque todas las comunicaciones estatales fueron respondidas por los expertos. “(Las autoridades) no han exigido al GIEI un comportamiento distinto o que se hiciera de tal o cual manera el trabajo”, alegó, denunciando más bien que nunca tuvieron acceso a expedientes judiciales, a información oficial que les permitiera cumplir plenamente su mandato o a audiencias judiciales, a pesar de que estas últimas son públicas.

“Los motivos que nos han dado no nos satisfacen de ninguna manera, pensamos que son argumentos que han sido construidos para, en el caso concreto del GIEI, evitar la presentación del informe de las actividades que iba a ser mañana”, agregó el experto, quien no dio detalles del informe porque las autoridades le “sugirieron” no presentarlo en Nicaragua.

Tello, del Meseni, también explicó a periodistas locales que su misión envió más de 70 notas diplomáticas al Gobierno para solicitar información o reuniones con autoridades, pero ninguna fue respondida. “Nunca hubo presiones del Gobierno porque no tuvimos diálogo con él”, aseguró.

Continuarán monitoreando

El trabajo de la CIDH en Nicaragua en el contexto de la crisis actual inició con una visita “in loco” realizada entre el 17 y el 21 de mayo, la cual tuvo como resultado un informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Desde entonces, el Meseni ha elaborado decena de informes semanales sobre sus labores de monitoreo, han gestionado medidas cautelares para más de cien personas y distintos relatores especiales de ese organismo regional de derechos humanos han visitado el país. Además, el Secretario General de la CIDH, Paulo Abraõ, ha expuesto la situación de Nicaragua en diversos espacios, como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha admitido la realización de cuatro audiencias públicas sobre Nicaragua en el marco de su 170 Período de Sesiones, la última de las cuales fue el pasado 6 de diciembre.

Ana María Tello destacó que ni la CIDH ni el Meseni dejarán de monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, aunque ahora lo tendrán que hacer desde Washington D.C., Estados Unidos. Los miembros del GIEI, por su parte, anunciaron que publicarán su informe en los próximos días desde otra locación.

“La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”, señala un comunicado de esa Comisión.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza absolutamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta arbitraria decisión del Estado de Nicaragua no sólo transgrede los acuerdos establecidos con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto que deja en entredicho la disposición del Estado de Nicaragua a retomar un diálogo pacífico que posibilite la construcción de acuerdos colectivos y participativos, sino que fomenta el estado de desprotección de las y los nicaragüenses en un momento de recrudecimiento de la violencia, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos en general disidentes de las lógicas dictatoriales del régimen.

Con preocupación observamos una clara voluntad del Estado de imponer un estado de terror en el país que violenta los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Hacemos un urgente llamado a toda la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de crisis en Nicaragua y seguir demandando la  protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Como organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la denuncia y lucha de todos los actos que menoscaban la posibilidad de construir democracia, justicia y libertad en Nicaragua.

Fortaleciendo Alianzas para el Uso de herramientas Nacionales y Regionales a Favor del Pueblo Afroperuano

Washington, D.C., 11 de diciembre de 2018. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) de la mano del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CDEMUNEP) coordinó el panel denominado “Fortaleciendo Alianzas para la Implementación del PLANDEPA y el Uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, realizado el pasado  5 de diciembre de 2018 en Lima, Perú.

El panel que tenía objetivo de identificar los logros alcanzados por el PLANDEPA y sus proyecciones para próximos periodos, así como capacitar a los activistas sobre las oportunidades que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para empoderarlos y aportar al diseño de una incidencia más efectiva en estas áreas; contó con la participación de Susana Matute, Directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva de CEDEMUNEP, y Elvia Duque Oficial del Programa de América Latina en Raza e Igualdad, además de la especial participación de activistas de las organizaciones Afroperuanas más reconocidas del Perú.

Durante el espacio, Susana Matute del Ministerio de Cultura, enfatizó en los logros del PLANDEPA desde su creación, en relación a la incorporación de la pregunta de auto-identificación étnico/racial en el Censo 2017 y demás actividades claves que ha permitido el diálogo más directo con los activistas Afroperuanos denominadas “Somos Familia”. Así mismo, manifestó que el PLANDEPA presenta diferentes falencias, como la falta de financiación, que ha limitado sus accionar y por ende su alcance. Después de un gran debate con miembros del público, entre otros puntos discutidos, concluyó sobre la necesidad de incorporar nuevos temas dentro de la nueva propuesta en construcción del PLANDEPA.

El espacio, por su parte, también permitió identificar a fondo las dinámicas de Grupo de Trabajo con Población Afroperuana (GTPA) y la necesidad de que el Estado Peruano reconozca a los Afroperuanos como “Pueblo”, lo cual permitiría una respuesta más efectiva mediante políticas públicas a las principales brechas socioeconómicas que estos enfrentan.

Una vez terminadas las discusiones sobre el PLANDEPA, Elvia Duque de Raza e Igualdad realizó su presentación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El objetivo de la segunda parte del panel consintió en informar al público sobre las diferentes herramientas y espacios de participación que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y motivarlos hacer más pro-activos ante estos. La discusión se focalizó en la importancia de obtener un status consultivo ante la OEA, las audiencias temáticas, la Relatoría sobre las Personas Afrodescendientes y en Contra la Discriminación Racial, y la Convención contra el Racismo. El público acordó coordinar entre las organizaciones presentes la solicitud de una audiencia temática sobre el PLANDEPA y la No ratificación hasta el momento de la Convención contra el Racismo por parte del Estado Peruano.

Raza e Igualdad, a través de Elvia Duque, ofreció otorgar el apoyo técnico necesario a los activistas Afroperuanos para solicitar esta audiencia y cualquier otra iniciativa discutida en el panel y de esta forma continuar aportando al empoderamiento de tan importantes herramientas tanto nacionales como regionales.

¡Por los derechos, por la vida! – Día Internacional de los Derechos Humanos

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela”

Washington, D.C, diciembre 10, 2018 – El Día de los Derechos Humanos se celebra hoy, 10 de diciembre, en conmemoración de un hito histórico en el avance del reconocimiento mundial de los derechos humanos fundamentales. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese fue el primer documento adoptado por un organismo multi-regional que contó con una amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos reconocidos para “todos los pueblos y naciones”.

Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace 70 años, ha habido grandes avances en el mundo en materia de reconocimiento de derechos para diversas poblaciones, respeto a la dignidad humana y la creación de instrumentos jurídicos que sientan las bases para eliminar la desigualdad, la exclusión y la discriminación en las naciones.

Sin embargo, muchos son los derechos humanos que se siguen vulnerando en el mundo y América Latina y el Caribe no son la excepción. En países como Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú los defensores de derechos humanos continúan trabajando arduamente para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género.  Así mismo, son alarmantes las sistemáticas y estructurales violencias que enfrentan hoy poblaciones afrodescendientes, LGBTI, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y el adulto mayor; quienes en situación de extrema vulnerabilidad se siguen enfrentando a políticas discriminatorias y deficientes planes de implementación que efectivamente garanticen los derechos fundamentales.

Observamos un preocupante detrimento de la garantía y protección de los derechos humanos en el mundo por parte de los Estados, especialmente para el caso de America Latina y el Caribe, producto de los altos índices de violencia, oleadas de homicidios, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y una ascendente y sistemática violencia contra defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación independientes de la región; lo que acrecienta el estado de impunidad en el que históricamente han vivido los países latinoamericanos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo víctimas de formas múltiples y agravadas de discriminación, entre otras cosas, asociados a la negación de los derechos económicos, políticos y culturales, incluyendo los derechos a la tierra y la consulta previa, libre e informada en relación al uso de sus espacios ancestrales e históricamente habitados.  Por su parte, los grupos LGBTI continúan siendo objeto de diversas formas de odio e intolerancia que acrecienta el estado de des-protección y eminente violación de los derechos a la libertad de expresión, identidad y autonomía.

El elevado número de personas y pueblos enteros en la región que enfrentan violación a sus derechos fundamentales es completamente alarmante, pues es evidente un retroceso en las legislaciones, políticas y prácticas implementadas por los Estados, que fuera de garantizar y proteger los derechos humanos para el goce efectivo de los mismo, recurren a tácticas represivas haciendo uso indebido de la fuerza y los sistemas de justicia para acallar las denuncias de grupos o personas disidentes, lo que se traduce en un aumento insostenible de violaciones a los fundamentales además de lógicas corruptas que perpetúan la impunidad y la injusticia en los territorios.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) defiende la postura de que la lucha por los derechos debe ser una suma de voluntades comprometida con la transformación de las sociedades para lograr escenarios más justos, diversos, equitativos y libres. Hacemos un llamado a todos los Estados de la región para que en real y efectivo compromiso emprendan todos los esfuerzos para implementar políticas que promuevan la justicia, el reconocimiento, la paz, y un desarrollo social, económico y cultural inclusivo que garantice la tranquilidad y goce pleno de las libertades de los pueblos y la posibilidad de construir una región de manera participativa, dialógica y diferenciada.

Organizaciones demandamos a CIDH que endurezca sanciones contra Nicaragua, en respuesta a la gravedad de la crisis de DDHH

Washington, D.C., jueves 6 de diciembre de 2018.- Las organizaciones participantes de la audiencia temática sobre “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua”, celebrada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hacemos enérgica denuncia de la renuencia del Estado de someterse al escrutinio internacional. Esto demuestra su falta de interés para dar respuesta acerca de su desempeño en materia de derechos humanos y su afán de evadir la justicia por las gravísimas violaciones en las que ha incurrido desde 18 de abril a la fecha.

El país se encuentra sumido en una crisis política y social, desde hace casi ocho meses, que estalló con protestas masivas en respuesta al a la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Social.

Con extrema preocupación, vemos cómo las decisiones del régimen de Ortega contribuyen a la impunidad en el país y afianzan lógicas de miedo y muerte, en especial, en contra de aquellos/as que son víctimas de la represión, amenazas, señalamientos y detenciones arbitrarias de parte del régimen.

A la fecha, el Estado nicaragüense se ha negado a aceptar la existencia de las víctimas de la crisis, que hoy se traducen en 325 asesinatos que permanecen en impunidad, más de 2.000 personas heridas, alrededor de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica y más de 600 manifestantes, estudiantes y activistas privados/as de libertad por ejercer su derecho a la protesta. Lo que hoy enfrenta Nicaragua es, a todas luces, una dictadura.

Las organizaciones firmantes condenamos y rechazamos los intentos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer una falsa “normalidad” en el país, cuando los actos de represión y violencia se siguen intensificando, a través de políticas de miedo que crean un ambiente de inseguridad en la población y coartan la libertad de expresión de las y los nicaragüenses.

En este sentido, la prohibición absoluta de la protesta social, así como la persecución sistemática contra periodistas y medios de comunicación independientes son muestra evidente de un gobierno que insiste en quebrantar y violentar los legítimos derechos a la libertad de expresión, prensa e información del pueblo de Nicaragua.

Por todo lo anterior, solicitamos a la CIDH que incluya en el Capítulo VI de su informe anual la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. Consideramos que al quiebre al Estado de derecho que atraviesa el país amerita una respuesta diferenciada y un seguimiento minucioso.

En este sentido, demandamos también que la CIDH, a través de sus comisionados/as y del relator especial de Libertad de Expresión, exijan el cese inmediato a la represión; documenten la crisis que atraviesa Nicaragua a partir de visitas in situ y demanden que los y las defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestro rol, libres de bloqueos y persecución.

Unimos nuestras voces para declarar que nada en Nicaragua es ni está normal. Nos encontramos frente a un gobierno autoritario decidido a transgredir la soberanía de su pueblo para permanecer en el poder.

Defensores nicaragüenses denuncian nueva escalada represiva en el país, mientras CIDH asegura no cesará de acompañar a ONGs de Derechos Humanos y a la población

Washington, D.C. 6 de diciembre de 2018. Un grupo de defensores nicaragüenses expuso hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo una nueva escalada represiva por parte del Gobierno de Nicaragua busca desarticular todo espacio de crítica y acallar las voces de manifestantes, periodistas, mujeres, activistas, campesinos y todos aquellos que defienden la libertad, exigen democracia y piden justicia para las víctimas que desde abril han sufrido violaciones de derechos humanos.

Durante la audiencia temática “Represión y Violación a los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada hoy en el marco del 170º  periodo de sesiones de la CIDH,  defensores y defensoras de catorce organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Raza e Igualdad, solicitaron a la CIDH y a la comunidad internacional que “realicen todas las acciones necesarias para que cese la represión y para que haya una salida democrática a esta crisis”.

El Estado de Nicaragua, que estaba invitado a participar de dicha audiencia, la cuarta en realizarse desde que inició la actual crisis de derechos humanos hace ocho meses, no se presentó alegando  que no corresponde realizar una audiencia como mecanismo de monitoreo para el país debido a la presencia permanente del MESENI. Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil,  la falta de comparecencia del Estado nicaragüense refleja la ausencia de voluntad para rendir cuentas frente a instancias internacionales.

Por su parte, Paulo Abrāo, Secretario Ejecutivo de la CIDH,  aseguró que la situación de Nicaragua se está atendiendo “a un nivel prioritario” porque en el país se ha instalado un Estado policial. “No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no reciba denuncias de violación de derechos humanos en el contexto de la crisis”, lamentó.

Situación actual del país

Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos y la CIDH han constatado un saldo de 325 personas asesinadas, más de 603 presos y presas políticos, 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo, más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica. Además, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), calcula que cerca de 417 mil personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis.

Madeleine Caracas, universitaria nicaragüense, miembro de la Coalición Universitaria, actualmente refugiada en Costa Rica, expuso que desde finales de septiembre la fuerza pública ha impedido las manifestaciones cívicas, lo que “inhibe el legítimo derecho de las personas a expresarse y demuestran el autoritarismo que estamos enfrentando”. Además, reveló que hay más de un centenar de estudiantes universitarios que han sido expulsados de sus universidades por haber participado en protestas y en la toma de universidades.

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Mientras que la Iniciativa Nicaragüense de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IND) ha contabilizado más de 370 agresiones a mujeres, de las cuales 2 denuncian haber sido víctimas de violación sexual, 2 mujeres trans fueron asesinadas, y otras 102 fueron detenciones arbitrarias. 48 mujeres aún permanecen detenidas, algunas con condena, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso, detalló Caracas.

La joven resaltó también la continua persecución a defensoras de derechos humanos, y puso por ejemplo los casos de Ana Cecilia Juguer, promotora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien lleva 20 días apresada en El Chipote, Haydeé Castillo, quien fue retenida en el aeropuerto y a quien se le impuso una retención migratoria, y el caso más reciente de Ana Quirós, expulsada del país, despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y a cuya organización (Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud) le fue cancelada su personería jurídica.

“Es evidente y preocupante que las personas que defendemos derechos humanos en Nicaragua somos uno de los principales objetivos de la estrategia de represión implementada por el gobierno Ortega-Murillo. No nos permiten realizar nuestra labor de defensa, se nos persigue, se nos estigmatiza, se nos niega información, entre otras agresiones”, denunció Caracas.

Marcos Carmona, de la CPDH, detalló las detenciones ilegales, los procesos penales contra los manifestantes y las violaciones de las garantías al debido proceso.

“CPDH lleva 72 procesos a los que están sometidas 178 personas, de las cuales 35 han sido condenadas a penas mayores de 24 años por terrorismo, 20 personas han logrado su libertad, 102 personas esperan fallos”, expresó Carmona, quien afirmó que “todos estos procesos han sido violatorios a las garantías constitucionales y el debido proceso y todos sus derechos humanos, desde la detención, la desaparición forzada, hasta las violaciones de los derechos a la legítima defensa y a los principios de presunción de inocencia”.

Carmona además enfatizó en que “ningún policía, ningún paramilitar, ningún dirigente partidario afín al gobierno ni funcionario han sido procesados” por los delitos que se cometieron desde abril como parte de la respuesta represiva del Gobierno a las manifestaciones cívicas.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que a los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados, no se les permite el acompañamiento de defensores de derechos humanos, se les niega el acceso a recibir atención médica y sus familiares enfrentan obstáculos para visitarlos y acompañarlos durante el juicio.

Asimismo, Núñez denunció que seis líderes campesinos están “recluidos en celdas de máxima seguridad, sin acceso a luz ni ventilación, conviviendo con plagas y sin acceso a retretes adecuados” y otros han sido forzados a autoexiliarse producto de la persecución.

También destacó la censura y criminalización a la que se enfrentan distintos medios y periodistas nicaragüenses e incluso la Iglesia. “Desde el inicio de la crisis la represión se ha caracterizado por adoptar medidas represivas contra la libertad de expresión”, destacó Núñez, mencionando la escalada de ataques y agresiones hacia periodistas y hacia religiosos de la Iglesia Católica nicaragüense.

Peticiones

Las organizaciones participantes en audiencia hicieron a la CIDH siete peticiones, entre ellas que  el Estado de Nicaragua cese inmediatamente la represión, que continúe monitoreando la situación del país, que incluya a Nicaragua en el Capítulo IV de su Informe Anual del año 2018 y que exija al Estado las condiciones adecuadas para que el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realicen su trabajo sin restricciones.

Además, pidieron a la CIDH demandar pleno acceso a los procesos judiciales para familiares y organismos de derechos humanos, solicitar a los Estados Americanos información periódica sobre los desplazados nicaragüenses, y solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de sesiones periódicas sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH, respondió que el monitoreo sobre la situación de Nicaragua se mantendrá constante, que esta semana discutirán la introducción de Nicaragua en el Capítulo IV, que pronto se publicará un informe sobre la situación de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, que fortalecerán el Meseni, que los Comisionados y Relatores Especiales continuarán haciendo visitas al país y que ya cuentan con una planificacion al respecto para el primer trimestre de 2019.

“Simplemente quiero insistir en que no vamos a cesar en acompañar a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense en la situación que hoy día están viviendo en Nicaragua y que van a contar con nosotros de manera permanente, no tengan duda”, concluyó Urrejola.

Por su parte, Edison Lanza, Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó que en Nicaragua se ha dado una supresión absoluta de las libertades fundamentales instalándose un Estado de Terror que busca la demolición moral de los líderes y lideresas de la sociedad civil y que también pretende alcanzar a la CIDH.

OACNUDH volverá a Nicaragua

Tres meses después de que la misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), se retirara de Nicaragua porque el Gobierno dio por concluida su misión, representantes de esa oficina volverán a Managua a mediados de diciembre, reveló hoy Marlene Alejos, Representante Regional de la OACNUDH para América Central, Panamá y República Dominicana.

“La Oficina realizará una visita a Managua a mediados de este mes, para explorar con el Gobierno la existencia de condiciones adecuadas que permitan volver a trabajar en el país, tanto en el monitoreo de la situación de derechos humanos como en la asistencia técnica”, explicó Alejos.

Dos días antes de su expulsión, la OACNUDH publicó un informe sobre la crisis de Nicaragua en el concluye que “la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

De igual forma, Alejos recordó que en marzo de 2019 se desarrollará una Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en la que los Estados Miembros evaluarán la situación de Nicaragua y que otra oportunidad importante será  en el mes de mayo durante el Examen Periódico Universal.

Defensores LGBTI aún se enfrentan a grandes desafíos en Latinoamérica

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2018. Aunque las protecciones legales de la comunidad LGBTI se han ido fortaleciendo en América Latina y el reconocimiento de sus derechos humanos ha ganado grandes espacios, esta población  aún se enfrenta a patrones graves de discriminación y violencia que se han visto atizados por circunstancias que incluyen discursos de odio construidos por grupos religiosos o problemáticas políticas coyunturales, explicaron hoy en Washington D.C. expertos en el tema que trabajan en la región.

Durante el conversatorio “Defender los derechos LGBTIQ en Centroamérica: obstáculos y avances en derecho y cultura”, organizado por Diálogo Interamericano, los ponentes también se enfocaron en los aspectos que limitan aún más el acceso a derechos por parte de las personas LGBTI, como la racialidad o la pobreza.

Fanny Gómez, Directora Superior de Defensoría y Políticas Internacionales de Synergia y Carlos Quesada, Director Ejecutivo y Fundador del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales de Panamá y Abraham Banegas Molina, Oficial técnico de Cozumel Trans de Honduras,  dialogaron este martes para compartir sus opiniones y experiencias con Michael Camilleri, director del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell de Diálogo Interamericano.

Continuidad de la violencia y discriminación

La continuidad de la violencia hacia la población LGBTI fue un tema central en la conversación, en la que se resaltaron distintas perspectivas.

Según Fanny Gómez, de Synergia, en los últimos 5 ó 7 años se han visto avances en materia de protección de personas con base en su orientación sexual e identidad de género que van desde pronunciamientos por parte de autoridades, hasta la aprobación de leyes de identidad de género o matrimonio igualitario. “Pero esto no ha significado que haya disminuido la violencia”, enfatizó.

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Carlos Quesada además resaltó que a pesar de los avances en la región sobre derechos humanos para la comunidad LGBTIQ, estos impactan de manera diferenciada a la población afrodescendiente. Consecuentemente, esta población se vuelve más vulnerable ante la violencia.

“En el caso concreto de Brasil, cada 30 horas muere una persona por su orientación sexual e identidad de género y el 90% de estas personas son afrodescendientes”, ejemplificó el directivo de Raza e Igualdad.

Para la comunidad trans, según Quesada, la violencia hacia sus cuerpos se ha convertido en “una enfermedad en la región”. “Por un lado tenemos países como Colombia que han creado instituciones de manera formal para defender e investigar los crímenes de odio, pero no tenemos un personal sensibilizado que pueda hacer su trabajo efectivamente”, dijo Quesada, resaltando que situaciones como estas propician que la violencia y la impunidad continúen.

Abraham Banegas, de Cozumel Trans de Honduras, concordó en que los hombres y mujeres trans en Honduras son, de la comunidad LGBTI, los “más afectados” por la violencia.

Discursos de odio

Banegas resaltó además que en Honduras el “principal adversario” de los derechos para las personas LGBTI es el fundamentalismo religioso.

“Atacan a nuestros compañeros basados en el nombre de Dios”, dijo el activista, quien lamentó que estas congregaciones religiosas con miles de seguidores promuevan mensajes de odio tanto en sus feligreses como en los políticos y tomadores de decisiones.

Para Fanny Gómez, el reciente crecimiento y fortalecimiento de esos “mensajes de odio” que promueven la intolerancia por parte de grupos conservadores también pone en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

“Cada vez que hay un mensaje homófobo, transfóbico, lesbofóbico, de parte de un líder, eso significa luego una muerte para algún compañero o compañera de nuestra comunidad”, lamentó Banegas.

Avances en materia legal

Los expertos expusieron algunos avances en materia legislativa en las Américas como resoluciones sobre orientación sexual adoptadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la opinión consultiva número 24 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en noviembre de 2017.

Esta última reconoce que los Estados tienen el deber y la obligación de reconocer la identidad de género de las personas, el derecho de las personas a modificar su componente de sexo, su nombre e imagen en los documentos de identidad a través de procesos administrativos, y además tienen el deber de reconocer el matrimonio y las familias compuestas por parejas del mismo sexo.

No obstante, Carlos Quesada señaló que por parte de las organizaciones de la sociedad civil “todavía falta mucha capacitación técnica para poder usar el Sistema Interamericano y el Sistema Universal”.

“Como reto, tenemos que capacitarnos sobre cómo usar las legislaciones nacionales pero además cómo usar el sistema interamericano de protección y el sistema universal para la defensa de la población LGBT”.

Retrocesos en legislación

En Panamá, expuso Iván Chanis Barahona de la Fundación Iguales, “no hay una ley, una política pública que reconozca a las personas gay, lesbianas, trans, bisexuales o intersex”, y la única ley de discriminación no incluye personas LGBTI.

Recientemente, según Chanis, la negación por parte de las autoridades panameñas a inscribir tres matrimonios igualitarios realizados en el exterior, provocó que se empezara a discutir el tema en ese país, lo que incluso ha sido debatido por los candidatos presidenciales de las elecciones de 2019. “Panamá es un país que siempre ha respetado los derechos humanos y el Sistema Interamericano, pero ahora a la gente no le gusta la Corte (IDH) por la opinión consultiva sobre derechos LGBTI”.

“Los Estados, sobre todo en Latinoamérica y especialmente en el Caribe, han fallado en el mundo moderno para proteger sus democracias al mantener políticas totalmente discriminatorias hacia la población LGBTI”, enfatizó Chanis.

Sobre el caso específico de Honduras, Banegas refirió que en el nuevo Código Penal se penalizó de forma más leve la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y prohíbe el matrimonio igualitario. Asimismo, en una reciente reforma al Código de la Niñez se estableció que las personas de mismo sexo no pueden adoptar niños. “En Honduras las legislaciones se van acomodando con el fin de ir bloqueando los derechos de las personas LGTB”, denunció el activista.

No obstante, señaló que actualmente están trabajando en una “Ley de Igualdad y equidad”, un instrumento legal que podría brindar más protección a los derechos de la población LGBTI en Honduras si es aprobada por el Congreso.

Defensora de derechos humanos fue despojada de su nacionalidad y expulsada arbitrariamente por las autoridades de Nicaragua

Washington, DC. noviembre 27 de 2018. Ana Quirós Víquez, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), de nacionalidad nicaragüense, fue expulsada ilegalmente de Nicaragua el lunes 26 de noviembre, luego de que las autoridades migratorias le anularan la nacionalidad nicaragüense que la activista adquirió  hace 21 años.

La decisión de las autoridades es claramente arbitraria, ya que Quirós fue citada ante las autoridades que le leyeron una resolución en la que se anulaba su nacionalidad, sin respetar su derecho a la defensa y a presentar los recursos establecidos en la Ley. Además, las autoridades le prohibieron regresar al país en los próximos cinco años.

En entrevista brindada por Quirós desde Costa Rica, al periodista Carlos Salinas de Confidencial, la activista declaró que las autoridades le expresaron que el motivo por el cual le anulaban la nacionalidad era porque ella tenía dos nacionalidades y que solamente respecto de países centroamericanos cabía tener doble nacionalidad. Entonces, según afirmó, ella preguntó si Costa Rica no era un país centroamericano, a lo que las autoridades guardaron silencio.

Quirós, quien también es parte de la Articulación Nacional Feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) nació en Costa Rica pero vivía en Nicaragua desde hace más de 40 años y se nacionalizó como nicaragüense en 1997.

La activista, de 62 años, se presentó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) a las 10 a.m. del lunes pasado, asistiendo a una cita que le había sido entregada el sábado por oficiales de esa dirección. Si bien el documento no explicaba cuál era el motivo de la citatoria, advertía que de no presentarse se enfrentaría a consecuencias legales.

“La cita en Migración fue casi que fugaz. Me dijeron que mi nacionalidad quedaba anulada. Pregunté cuál era el siguiente paso y en qué condición quedaba. No me respondieron. Fue hasta después por la tarde que me leyeron la resolución de expulsión del país”, relató Quirós a periodistas un día después desde San José, Costa Rica.

En las afueras de la DGME permanecieron durante horas un grupo de feministas, defensores de derechos humanos y periodistas, sin que las autoridades les dieran alguna información sobre Quirós. La activista, sin embargo, había sido trasladada por agentes migratorios hacia la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote.

“Me metieron en una celda preventiva que en realidad es un asiento con rejas”, contó Quirós, a quien le tomaron las huellas dactilares y fotografiaron. “En ningún momento me interrogaron ni recibí maltrato físico. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales múltiples, amenazas y una constante intimidación”, contó durante conferencia de prensa brindada desde Costa Rica.

A las 6 p.m. del lunes, el Cónsul General de Costa Rica en Nicaragua, Oscar Camacho, informó a través de redes sociales que las autoridades nicaragüenses expulsarían a Quirós del país.

“Me llevaron esposada en un bus, rodeada de policías armados y acompañados de gente de Migración en otros vehículos hasta la frontera de Peñas Blancas. Insistieron en no quitarme las esposas hasta que llegáramos, y aún abajo del bus, seguía esposada. Me quitaron mi camiseta y mi gorra de Nicaragua. Todo el camino estuvieron hostigándome, agrediéndome verbalmente”, denunció Quirós.

Persecución dirigida

 Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró que las acciones contra Quirós forman parte de “una persecución dirigida contra todas las personas que respaldan los reclamos de los y las nicaragüenses”.

Quirós ha sido una de las voces más beligerantes en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses que exigen democracia, justicia y libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

De hecho, la defensora fue una de las primeras víctimas de la represión que estalló en abril. El 18 de ese mes, durante la primera protesta que hubo en Managua por las reformas a la Ley de Seguridad Social, en Camino de Oriente, una turba de simpatizantes afines al Gobierno la golpeó con un tubo en la cabeza, en los brazos y en el resto del cuerpo. La foto en que aparecía ensangrentada se distribuyó rápidamente a través de redes sociales.

En los meses subsiguientes, Quirós aseguró fue víctima de “múltiples amenazas de manera sistemática”, expresando que: “Habían llegado a visitar a vecinos de nuestra casa para preguntar dónde estaba yo y en algunas salidas mías del país me habían retenido en migración por ratos, interrogándome”, contó desde San José.

Por lo pronto, la activista aseguró que desde Costa Rica continuará denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Además, planteó la posibilidad de demandar al Estado nicaragüense por su expulsión arbitraria del país.

Intimidan a otras defensoras de los derechos de las mujeres

El mismo lunes también fueron citadas por la DGME tres activistas con residencia nicaragüense que trabajan con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa: la suiza Beatriz Huber y las hermanas españolas Ana y María Jesús Ara. A estas últimas, se les hizo firmar un documento en el que se comprometían a no participar más de actividades políticas para permanecer en el país, según defensoras feministas que las acompañaban.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua, advirtió que el proceso contra Quirós y otras tres activistas de Matagalpa se enmarca “en ese discurso de odio visceral y de descalificación que el Gobierno realiza contra el feminismo nicaragüense”.

Jiménez recordó que días atrás, las autoridades negaron la autorización a grupos feministas y ciudadanos agrupados en la Unidad Azul y Blanco (UNAB) para que realizaran una marcha el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos rechaza enérgicamente la expulsión de Nicaragua de la defensora de derechos humanos Ana Quirós.  Este se constituye como otro acto de represión de la dictadura que azota al país desde hace más de siete meses y que de manera sistemática se ha evidenciado a través de asesinatos, coerción a la liberta de expresión y protesta social, intimidación a medios de comunicación y periodistas independientes, uso excesivo de la fuerza por parte de grupos para-policiales y policía nacional, procesos judiciales irregulares y un ambiente de temor colectivo que imposibilita la libertad del pueblo de Nicaragua.  Así mismo, solicitamos a la comunidad internacional no cesar las denuncias y mantener la atención sobre la grave crisis humanitaria que hoy atraviesa el país.

Comunicado Público: Continua crisis en Nicaragua

Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

20 de noviembre – Día Internacional de la Memoria Trans

“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos.”

Lohana Berkins 1965-2016. Activista travesti.

En el Día Internacional de la Memoria Trans el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos honra la memoria de las personas trans que han perdido su vida a causa de actos de intolerancia, odio y discriminación por su identidad de género en toda la región. El 20 de noviembre es un día también de celebración de la vida de las personas trans, que a pesar de la exclusión social, las limitaciones en el acceso a sus derechos y la ausencia de políticas sociales que respondan a sus necesidades básicas, continúan luchando, defendiendo sus derechos y construyendo redes de transformación social desde lo local.

La discriminación, violencia y segregación contra las personas trans y de género diverso constituyen un aspecto estructural de las sociedades, por tal razón, a lo largo de la historia, sus derechos han estado sometidos a un círculo vicioso de violencias, degradaciones y opresiones que las han alejado de la posibilidad de gozar de las garantías de una vida digna e integra.

Alrededor del mundo las personas trans son sometidas a burlas, chantajes, asaltos físicos y sexuales y asesinatos por su identidad diversa; así como también, se les niega la posibilidad de acceder a empleos dignos, contar con atención médica acorde a sus necesidades, y ser consideradas sujetos dignos de respeto y reconocimiento en el conjunto social. Los estigmas a los que son sometidas las personas trans conllevan a la invisibilización de sus realidades y experiencias, así como al desconocimiento de los múltiples desafíos, barreras y violaciones a sus derechos humanos, es por esto, que en la mayoría de los países los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas no son sistemáticamente producidos por lo tanto resulta imposible estimar el número exacto de casos.

Raza e Igualdad observa con preocupación como todavía las cifras más altas de homicidios hacía personas trans siguen presentándose en países de Latino América y el Caribe bajo móviles de prejuicio y discriminación, además de lógicas machistas e ideas fundamentalistas que desconocen la diversidad, libertad y autonomía de los individuos para identificarse y auto-definirse.

No obstante estos adversos contextos de violencia, vemos a lo largo de Latinoamérica, experiencias de solidaridad y liderazgo que trascienden los márgenes de la exclusión social y logran hacer eco de los reclamos sociales de las personas trans. Han sido los y las lideresas trans quienes han logrado impactar en políticas públicas locales, han logrado construir redes de apoyo que han evidenciado las violencias que viven y sobre todo han generado respuestas creativas para el cambio social desde espacios de exclusión.

Raza e Igualdad en el marco de esta conmemoración solicita a los Estados de la región, ampliar los espacios de dialogo social con las organizaciones de personas trans, fortalecer los mecanismos de investigación sobre las violencias de las que esta población ha sido víctima para superar la impunidad y definir de manera conjunta con líderes y lideresas trans, políticas sociales de transformación que impacten verdaderamente en sus necesidades más inmediatas. Estamos convencidos de que las personas trans deben seguir siendo recordadas por sus actos transformadores y no por la violencia impune con la que son eliminadas.

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