En Bélgica, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH en la Isla

En Bélgica, activistas de Cuba denuncian violaciones a los DDHH en la Isla

Bruselas, 25 de septiembre de 2024 – La directora de la revista feminista Alas tensas, Ileana Álvarez; y el periodista independiente Mario Luis reyes, se reunieron en Bruselas, Bélgica, con representantes de la Unión Europea, y de organizaciones de derechos humanos localizada en esta ciudad. El 24 y 25 de septiembre cumplieron un itinerario lleno de encuentros, donde denunciaron la crisis social, política y económica en Cuba, que ha llevado a que miles de personas abandonen la Isla.

Álvarez ha alzado la voz para referirse a la violencia de género que diariamente sufren mujeres y personas LGBTI+ cubanas. La también escritora aseguró que el Estado de Cuba se ha negado a reconocer y legislar sobre el feminicidio y la violencia de género, lo que ha perpetrado una cultura de impunidad en este país.

“Ante la ausencia de datos oficiales confiables, organizaciones independientes como el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba han documentado feminicidios y producido análisis y estadísticas. Entre 2019 y agosto de 2024 se registraron un total de 243 feminicidios. Solo en 2023, se verificaron 89 casos, con la mayoría cometidos por parejas o exparejas”, denunció en una de las reuniones a puerta cerrada.

Álvarez reiteró la importancia de que el Estado de Cuba incorpore el feminicidio como delito en el Código Penal, impulse una Ley para prevenir la violencia de género, y cree una red de refugios y centros de atención integral.

Por su parte, el periodista independiente Mario Luis Reyes aprovechó su visita a la capital de Bélgica para denunciar la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial de Cuba, lo que ha permitido a las autoridades cubanas, reprimir, hostigar, amenazar, detener y violentar, a quienes ejercen el periodismo de forma independiente, y a quienes “emiten opiniones contrarias al régimen autoritario de este país”.

El escritor afirmó también que el monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), ha facilitado la censura de casi todos los medios independientes en línea de la Isla.

“Estas políticas han provocado que aproximadamente un centenar de periodistas hayan salido al exilio en los últimos cinco años, quienes, en muchos casos, consideran que esta es la única opción para escapar de la represión sin ser encarcelados, o sufrir peores consecuencias”, apuntó Reyes, quien solicitó a las personas representantes de la Unión Europea, que se gestione un diálogo con miembros de la sociedad civil y periodistas independientes, que en los acuerdos de cooperación con Cuba prime el respeto por los derechos humanos, y que se implementen medidas de protección y reinserción laboral para periodistas viviendo en el exilio.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se une a los pedidos formulados por Álvarez y Reyes, y hace también un llamado a las organizaciones internacionales y a la Unión Europea, para que hagan seguimiento y monitoreen la grave crisis social, política y económica en este país, que ha puesto en evidencia la violencia de género y la represión que sufren activistas, periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos, artistas, y familiares de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos. Del mismo modo, pedimos a las autoridades de Cuba que garanticen los derechos fundamentales de quienes residen en la Isla, y cumplan de buena fe los acuerdos e instrumentos internacionales que brindan protección a los cubanos y a las cubanas.

¡Libertad para el activista cubano José Daniel Ferrer García!

Washington D.C., 19 de septiembre de 2024 – El Parlamento Europeo votó hoy una resolución de urgencia en la que se solicita la liberación inmediata e incondicional del activista cubano José Daniel Ferrer García (53 años), líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), quien permanece en prisión desde el 11 de julio de 2021, día en que se llevaron a cabo en la Isla multitudinarias protestas, también conocidas como 11J.  

En el documento, el órgano legislativo de la Unión Europea (UE) insta al Estado de Cuba para que libere también a quienes se encuentran privados de libertad por motivos políticos en este país; que, de acuerdo con la organización Justicia 11J, son más de 600 personas en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. En la resolución de igual manera se solicita al Consejo de la UE que “aplique el régimen de sanciones en materia de derechos humanos, contra los y las responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos” en este país. 

“Para nosotros, como familiares de José Daniel, es muy importante que mi padre tenga este apoyo visible, para así salvaguardar su vida y la dictadura deje de torturarlo. También es importante que sean visibles los casos de todos estos hombres y mujeres que están presos injustamente, solamente por pedir la libertad de Cuba, y por defender sus derechos”, afirma Martha Beatriz Ferrer, hija del activista, quien vive exiliada en Estados Unidos. 

El líder de Unpacu, que hizo parte del grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en la primavera negra de 2003, permanece en prisión tras la revocación de una condena de 4 años y 6 meses que había sido “subsidiada” en 2020; es decir, luego de su detención, la sentencia que antes cumplía en casa fue modificada por reclusión en el Centro Penitenciario de Mar Verde, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba, la misma región donde ha vivido toda su vida y fue capturado.

Dentro de la cárcel, Ferrer García lleva más de un año y seis meses sin recibir visitas familiares ni poder comunicarse vía telefónica con sus seres queridos. El pasado 17 de septiembre de 2024 se conoció una carta en la que el defensor de derechos humanos denunciaba que “la dictadura” lo ha sepultado vivo. “Quieren silenciarme a toda costa, por eso no escuchan mi voz, por eso no reciben mis opiniones, mis razones, mis denuncias sobre lo que ocurre en este infierno…”, agregó. 

La familia del activista ha exigido en múltiples ocasiones que las autoridades de este país entreguen información sobre su estado de salud. También han denunciado que él y las personas privadas de libertad por motivos políticos, son torturados en prisión y carecen de una atención médica adecuada. 

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hacemos eco a la resolución expedida por el Parlamento Europeo, y exigimos que José Daniel Ferrer García y las más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos, sean liberadas de forma inmediata, sin condiciones ni represalias. También solicitamos al Estado de Cuba que se abstenga de reprimir, hostigar, amenazar y violentar a activistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes y todo aquel que se exprese de manera crítica sobre las políticas implementadas por las autoridades cubanas.



8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de “cultura”.

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

Defensores de derechos humanos nicaragüenses galardonados como finalistas del Premio Sájarov 2023

Estrasburgo, 12 de diciembre de 2023.- En el marco de la ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la ​​Red EU-LAT conmemoran el trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos nicaragüenses para contribuir a la democracia y el Estado de Derecho, en la región más violenta del mundo para quienes defienden los derechos humanos. Asimismo, denuncian que la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia, y Monseñor Rolando Álvarez, integrantes de una de las 3 candidaturas finalistas, se encuentran sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos.

“La situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continua la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril de 2018, en particular los crímenes de lesa humanidad, por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua y estar  entre los tres finalistas del Premio es una muestra clara de ello y un reconocimiento a la valiente labor de las personas nicaragüenses defensoras de los derechos humanos” expuso Jimena Reyes, Directora de la oficina de las Américas en la FIDH y quien se encuentra en Estrasburgo acompañando a la delegación que representa a las personas galardonadas.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez son símbolos de la lucha por la libertad, la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. Ambos se encuentran en el país, en condición de apatridia, despojados de sus derechos ciudadanos y expuestos a graves violaciones a sus derechos humanos e integridad personal. 

Vilma Núñez cuenta con un legado de más de 60 años de trabajo por los derechos humanos y es actualmente Secretaria General Adjunta de la FIDH y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una organización con más de 33 años que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional retiró la personalidad jurídica del CENIDH, posteriormente la Policía Nacional allanó sus instalaciones y se apropió de sus equipos de trabajo, documentación y vehículos. En febrero de 2021, el régimen consumó la confiscación de las instalaciones inaugurando la casa materna Zoila Aurora Galeano. 

En febrero de este año, el régimen privó a Vilma Núñez arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, dejándola con el “país por cárcel” y violando de forma permanente sus derechos humanos.  

Monseñor Rolando Álvarez es Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Es considerado una de las voces más críticas del régimen y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril de 2018. Se encuentra arrestado desde agosto de 2022 por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.  

El 9 de febrero de 2023, el régimen de Ortega ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas; sin embargo, él se opuso y lo trasladaron al Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo), donde está en situación de apatridia y en aislamiento total, cumpliendo una condena de 26 años por supuestos delitos considerados “traición a la patria”. 

Ante la imposibilidad de que estas personas finalistas salgan de Nicaragua, estas fueron representadas por personas delegadas en la ceremonia del Premio Sájarov. En la plenaria del Parlamento Europeo participaron Sara Henríquez, defensora nicaragüense de derechos humanos en el exilio, y el sacerdote Uriel Vallejos, miembro de la Diócesis de Matagalpa que se encuentra exiliado tras días de asedio y encierro policial. 

“Esta es una oportunidad para que la Unión Europea revise los préstamos otorgados y/o ayudas pendientes con fondos europeos ya sea a través de proyectos regionales y/o bilaterales, u otras modalidades de financiación. Es necesario establecer un principio de debida diligencia que prevenga que cualquier  fondo europeo, pueda directa o indirectamente tener como beneficiarios a personas o entidades involucradas en casos de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Marta Ibero de la Red EU-LAT.

“¡No descansaremos hasta que cesen los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua! Ortega y Murillo deben liberar inmediatamente a Monseñor Álvarez y las más de 90 personas que permanecen privadas por motivos políticos en Nicaragua. Basta de leyes que castigan la defensa de los derechos humanos, devuelvan los derechos ciudadanos a la Dra. Núñez, ¡cese la tortura!”, finalizó Carlos Quesada, Director de Raza e Igualdad.

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