Hace exactamente un año, el 14 de marzo de 2018, fue asesinada Marielle Franco, concejal de la ciudad de Río de Janeiro; mujer, negra, bisexual y criada en la Favela da Maré.  Su presencia desafiaba y asustaba un sistema político que siempre fue blanco, masculino y heteronormativo. Por eso mismo, ella era la expresión de todo lo que la onda extremadamente conservadora que creció en Brasil a lo largo de los últimos años quiere destruir.

Marielle, que tenía 38 años y fue asesinada con 4 tiros en la cabeza, se había postulado por primera vez en la elección de 2016, siendo la quinta concejal más votada de Río de Janeiro, con 46.502 votos. El asesinato ocurrió en su coche, minutos después de que Marielle hubiera participado en un conversatorio llamado “Jóvenes Negras Moviendo Estructuras”, en la Casa de las Negras, un espacio colectivo de mujeres negras en el centro de Río de Janeiro. Con ella, murió también su chofer, Anderson Gomes, de 39 años.

Antes de ser concejal, Marielle fue coordinadora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En esa función, daba soporte jurídico y psicológico a familiares de víctimas de homicidios y de policías muertos o heridos en servicio.

En el año de su muerte, Río de Janeiro estaba bajo intervención federal militar, con la justificación de contener la violencia urbana. Marielle advertía que la intervención significaría un agravamiento de la violencia sobre los cuerpos de favelados y faveladas e hizo de la Cámara de los Concejales un escenario de denuncia de las muertes de la juventud negra en las favelas. Un día antes de morir, al denunciar en las redes sociales otro homicidio practicado por la Policía Militar de Río de Janeiro contra un joven negro, Marielle se preguntó: “¿Cuántos más van a tener que morir para que esta guerra acabe?”.

El Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos consideró el asesinato de Marielle como la expresión más evidente de la violencia que pretende callar e intimidar a quienes defienden los derechos humanos en Brasil. De hecho, su muerte revela, no sólo, el ambiente intimidatorio para defensores de derechos humanos, sino que también, expresa el des-compromiso político del Estado brasileño hacia las vidas negras, la vida de las mujeres mujeres y de la población LGBTI + de ese país; confirmado todo esto, por la brutalidad con que Marielle Franco, que tenía poco más de un año de mandato como concejal, fue ejecutada.

En esta semana, pasado 1 año de su muerte, dos personas fueron detenidas. Un sargento reformado y un ex policía. Las autoridades afirman que hubo una preparación de 3 meses para su asesinato y que Marielle fue ejecutada por sus convicciones políticas, o sea, por tener la osadía de ocupar un espacio político que nunca tuvo compromiso con las vidas de las personas negras, pobres, LGBTI + y de denunciar las violencias perpetradas contra esas vidas. Sin embargo, aunque sea un paso importante, la principal pregunta sigue sin responderse: ¿Quién mandó matar a Marielle Franco? ¿Por qué?

Si la ejecución de Marielle intentó callar la voz de aquellos y de aquellas que, como ella, luchaban por la libertad y la igualdad para todas las personas que sufren  las múltiples consecuencias del racismo, del machismo y de la lgbtfobia, ese intento falló. Como dice el proverbio mexicano: “trataron de enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas” continúa floreciendo.