A pesar de que los hechos a los que se refirió Bachelet evidencian la profundización de la crisis, la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, no aceptó la actualización oral de Bachelet, alegando que fue “parcializada y unilateral”, pues según la delegación, “no tomó en cuenta los informes que nuestro país ha compartido oportunamente y de buena fe con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, y más bien se elaboró con base en reportes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que consideran “opositores” al Gobierno, cuestionando la pluralidad de fuentes en que se apoyan los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos para desarrollar su labor.

Según Morales, el Gobierno de Nicaragua ha garantizado el derecho a la salud en el contexto de la pandemia, ha respetado los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe y ha otorgado medidas extraordinarias a más de 8 mil personas en situación carcelaria en lo que va del año.

Sobre el COVID-19

Bachelet resaltó que la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, ante los cuales la respuesta estatal ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico.

“Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor”, agregó la Alta Comisionada.

Otros asuntos de preocupación

En su intervención, Bachelet destacó las condiciones precarias a las que miles de migrantes nicaragüenses se tuvieron que enfrentar para retornar a su país en últimos meses, incluida la de cientos varados en la frontera sur de Peñas Blancas.

También expresó preocupación por la diferencia con los datos de femicidios reportados por organizaciones de mujeres hasta la fecha (50) y los reportados por las autoridades (11) entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de este año, lo que evidencia “un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”.

Asimismo, alertó sobre recientes ataques a periodistas, entre ellos dos procesos legales por injurias y calumnias, actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía en contra de directivos y personal de radio La Costeñísima y Radio Darío, y tres resoluciones fiscales impuestas contra medios de comunicación.

Finalmente, la Alta Comisionada instó al Gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones hechas por su Oficina, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021, y a reanudar una cooperación efectiva con la OACNUDH, incluso “autorizando una misión al país” en el marco de su próximo informe escrito a inicios del año entrante.

Apoyo internacional

La Unión Europea urgió al Gobierno de Nicaragua a adoptar reformas electorales e institucionales y a asegurar elecciones libres y justas en 2021, mientras que un grupo de países (Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay), lamentaron la ausencia de progreso en materia de derechos humanos en Nicaragua y denunciaron la falta de cooperación y respuesta de las autoridades.

“Nos preocupa la falta de reformas electorales reales que permitan a los nicaragüenses realizar libremente y con transparencia su participación política con miras a las próximas elecciones presidenciales. Nuestros países hacen un llamado firme a las autoridades del Gobierno de Nicaragua para que implementen las recomendaciones emitidas por parte de la Alta Comisionada. Reiteramos la necesidad de establecer una cooperación genuina y acceso a la Oficina de la Alta Comisionada en el país y dar pruebas reales de un diálogo y de una voluntad concreta de mejorar la situación sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua para el beneficio de todos sus habitantes”, dijo Julio Peralta, representante de Ecuador, en nombre del grupo de países latinoamericanos.

También las delegaciones de Ucrania y Austria expresaron preocupación por la situación en Nicaragua, particularmente con relación a las y los presos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, quienes han recibido ataques, incluso por parte de grupos armados pro-gobierno.

Solamente el Gobierno de Venezuela apoyó al Gobierno de Nicaragua, instando a la OACNUDH a basarse en la “no injerencia”.

Campaña previa a la actualización

Una semana antes de la actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, Raza e Igualdad invitó a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de presos políticos de Nicaragua a que expusieran desde sus propias realidades cómo se ha profundizado la crisis de derechos humanos, resaltando la importancia de que se mantenga el monitoreo internacional.

En esta serie de videos, las y los activistas cuentan sus experiencias y manifiestan su respaldo a las actualizaciones de la OACNUDH: