19 de marzo de 2020.- La colonización de territorios indígenas en la costa caribe nicaragüense, alentada por actividades extractivas sobre los bienes naturales esenciales para la subsistencia de comunidades miskitu y mayangna; las graves violaciones cometidas para despojarles de sus territorios; el desplazamiento forzado y la crisis alimentaria derivados de ello exponen a estos pueblos a un posible etnocidio.

Estos hechos fueron expuestos ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia temática “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua”, celebrada en el marco del 179° Periodo de Sesiones de este organismo.

Durante el espacio, organizaciones de sociedad civil denunciaron que las industrias de la ganadería, la minería de oro y la explotación forestal han impulsado la colonización de la costa caribe, en complicidad con el Estado nicaragüense, que ha fallado en cumplir con el proceso de saneamiento territorial y en garantizar la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes para la instalación de proyectos extractivos. Asimismo, aseguraron que el Estado nicaragüense tiene participación e intereses en estos sectores, entre otros, a través de la agencia de promoción de inversiones (ProNicaragua), su plan cuatrienal de desarrollo humano, y de la participación directa de empresas estatales y paraestatales en el despojo, como ENMINAS y Alba Forestal.

Al respecto, las organizaciones expusieron que Nicaragua tiene la mayor industria ganadera de Centroamérica, la cual se destina en 95% a exportaciones. La minería de oro también ha crecido bajo el gobierno de Ortega, destinando aproximadamente el 60% de la masa terrestre de Nicaragua a concesiones mineras, incluyendo aquellas de exploración en territorios autónomos. También denunciaron que altos funcionarios del gobierno regional y nacional han aprobado la venta ilícita de tierras y permisos de tala en comunidades indígenas; y plantearon su preocupación sobre la regulación del permiso para la extracción de árboles caídos tras el paso de IOTA y ETA en 2020.

El Estado de Nicaragua también ha promovido los intereses privados y el control político en los territorios indígenas y afrodescendientes mediante la instalación de gobiernos comunales y territoriales paralelos, mientras se niegan a reconocer a las autoridades comunales y territoriales elegidas por la población.

A raíz de esta política de despojo, tan solo en el 2020 se documentaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad. Así, en la última década, entre 2011 y 2021, se han registrado 49 indígenas miskitu muertos, 53 personas lesionadas, 46 secuestradas y 4 desaparecidas. Las organizaciones estiman que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a 1000 personas miskitu en tan solo 12 comunidades. A la fecha, estos hechos se mantienen impunes.

Las personas y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los derechos humanos de los pueblos indígenas en esta región también enfrentan graves riesgos. De acuerdo con las organizaciones, viven hostigamiento continuo, actos de estigmatización y amenazas, acoso digital, y barreras administrativas y burocráticas impuestas por el gobierno para limitar su labor. Esto, sin que el Estado cumpla su obligación de elaborar los mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos contra personas defensoras, como fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2017.

Frente a este contexto, la presidenta de la Comisión Interamericana, Antonia Urrejola, recordó al Estado de Nicaragua su obligación de cumplir con el saneamiento de los territorios de la costa caribe, así como el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva que contempla no solo la titulación de territorios ancestrales, sino la obligación de no otorgar concesiones de exploración o explotación en estos territorios; y respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

Por su parte, el Estado de Nicaragua, representado por Wendy Morales Urbina Procuradora General de la República, se comprometió a recibir información por parte de las organizaciones de sociedad civil, así como informar a la CIDH sobre la situación de los pueblos indígenas en la costa caribe y sus medidas para responder a los hechos presentados.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense:

1. Cesar de inmediato todo tipo de amenazas y ataques contra personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y se abstenga de tomar represalias contra las personas partícipes de la audiencia.
2. Investigar exhaustiva e imparcialmente y de manera inmediata los hechos denunciados, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
3. Implementar de manera urgente e inmediata las medidas cautelares y provisionales otorgadas a las comunidades indígenas.
4. Informar sobre los planes y medidas concretas para implementar el saneamiento de los 23 territorios de la costa caribe.
5. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas de sus comunidades y garantizar el acceso adecuado a servicios básicos.

Las organizaciones de sociedad civil que participaron en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).