Washington D.C., 13 de marzo de 2023.-. Una delegación conformada por tres nicaragüenses víctimas de privación arbitraria de la nacionalidad y sus organizaciones representantes, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el desplazamiento forzado de 222 personas excarceladas y el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 317 personas nicaragüenses “configuran prácticas sistemáticas que forman parte de una política generalizada de persecución política” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas consideradas como opositoras.

El estudiante de derecho y excarcelado político, Kevin Solís; la periodista y Directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau; y el periodista y Director de Radío Darío, Aníbal Toruño; relataron “de primera mano” a la Comisión los atropellos a sus derechos humanos. Representantes de la CIDH expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y afirmaron que la privación de la nacionalidad es un delito grave.

Kevin Solís: “Muchas veces me pregunté si iba soportar más”

“Muchas veces me pregunté si iba soportar más o si en realidad iba a morir ahí, un miedo que hasta hoy no supero” relató el estudiante Kevin Solís, quien fue encarcelado por el régimen Ortega-Murillo en dos ocasiones y finalmente, el 9 de febrero, fue excarcelado, despojado de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos, y desterrado por el régimen junto a otras 221 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales de Nicaragua, las cuales fueron acogidas por los Estados Unidos.

Solís fue secuestrado por primera vez en el año 2018 y estuvo encarcelado durante 9 meses. El 6 de febrero de 2020, fue secuestrado por segunda vez y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, donde -entre otras agresiones- lo desnudaban y le tiraban agua con mangueras de alta presión mientras lo ofendían. Seis días después lo enviaron a las celdas de máxima seguridad de “El infiernillo”, de tamaño de 2×3, sin ventanas, sin luz, con una puerta totalmente sellada. 

“Fueron 3 años de secuestro… No hubo una noche en donde pudiera dormir tranquilo, tenía miedo, mucho miedo de que entrarán a sacarme de la celda y se me violentara más”, confesó el estudiante.

Lucía Pineda: La persecución traspasó las fronteras

“El régimen acusa, juzga, sentencia, y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida… La persecución traspasó las fronteras”, denunció Lucía Pineda, quien estuvo encarcelada por su labor periodística durante seis meses entre 2018 y 2019, se exilió a Costa Rica producto de la persecución política, y fue despojada de su nacionalidad nicaragüense junto a 93 personas más, el pasado 15 de febrero.

Pineda subrayó que, en la resolución que leyó el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, se les declaró “prófugos de la justicia” y privó de la nacionalidad nicaragüense a 11 periodistas y directores de medios de comunicación. Por ello, la periodista solicitó a la Comisión que “avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación, para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas”.

Aníbal Toruño: “Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados” 

“En Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa… Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país”, denunció el Director de Radio Darío, Aníbal Toruño, quien se encuentra en su segundo exilio producto de la destrucción de su medio y atentados en su contra en abril 2018 y septiembre 2019. Toruño está en la lista de las 94 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad desde el 15 de febrero. 

Las y los trabajadores de Radio Darío son beneficiarios de medidas cautelares; sin embargo, el Estado de Nicaragua ha incurrido en absoluto desacato de lo requerido por la Comisión y, hasta la fecha, la implementación de las medidas ha sido nula. “Nunca se adoptaron medidas para protegerme… Al contrario, en los últimos meses se ha profundizado la instrumentalización del Poder Judicial y Legislativo para reprimir y así silenciar a los medios independientes con el interés de producir un apagón informativo general”, agregó Toruño.

Representantes CIDH: “La pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave”

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Nicaragua de la CIDH afirmó que el despojo de la nacionalidad “y eliminar sus nombres de los registros públicos tiene un impacto en la identidad y la vida de las personas y de sus hijos”.

“Todo lo que ustedes han pasado tiene que ser memoria. Este no es solo un problema de Nicaragua, es un problema de la humanidad, de la democracia. Todo lo que hemos escuchado es la deshumanización del otro”, expresó la Comisionada Julissa Mantilla.

Por su parte, el Comisionado Joel Hernández afirmó que “la pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave” e hizo énfasis en la importancia de la creación y monitoreo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) para documentar estas y otras graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Edgar Stuardo Ralón, agradeció la labor de Raza e Igualdad en el trabajo por las personas privadas de libertad por motivos políticos y reafirmó su compromiso por continuar trabajando por la liberación de las 37 personas que todavía siguen encarceladas. 

Al finalizar la audiencia, la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, prometió que la CIDH seguirá “trabajando ávidamente para procurar corregir estas violaciones graves y desproporcionadas contra el pueblo de Nicaragua”.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, la Unidad de Defensa Jurídica y las personas representadas instamos a la Comisión a que, entre otras cosas, mantenga las medidas de protección y requiera la libertad inmediata de las 37 personas que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua; asimismo, solicitamos que se requiera al Estado de Nicaragua que: 

• Cierre los procesos judiciales y elimine los antecedentes penales de las personas excarceladas y desterradas, y cese la persecución a sus familias.
• Garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y la vigencia de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las personas afectadas por las violaciones que dieron lugar a la audiencia.
• Restablezca la nacionalidad de las personas que han sufrido su despojo y garantice sus derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a su pensión de vejez.
• Cese los requerimientos de la Procuraduría General de la República para despojar de sus bienes a las 94 personas privadas de nacionalidad el pasado 15 de febrero, entre otras .
• Derogue la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, La Ley de Regulación de la Pérdida de la Nacionalidad, así como las leyes 1055 y Ley 1042, que han sido utilizadas para criminalizar la defensa de los derechos humanos y toda forma de disidencia.