• A dos meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano sigue sin proponer una hoja de ruta para el cumplimiento del fallo. 

México, 25 de febrero de 2026.– A 19 años de la agresión sexual perpetrada por miembros del Ejército mexicano contra doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, que sumada a la falta de atención médica le provocó la muerte, su familia y las organizaciones que les representamos exigimos al Estado mexicano cumplir de manera integral y sin dilaciones la sentencia notificada el 16 de diciembre de 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y manifestamos nuestra preocupación ante la ausencia de una hoja de ruta para su implementación.

Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales.

Fallo histórico

Este aniversario ocurre en un momento histórico. Tras casi dos décadas de impunidad, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones perpetradas contra doña Ernestina y su familia, así como por la intervención indebida de altas autoridades para garantizar la impunidad de los responsables, y por las barreras lingüisticas y la discriminación por razones de género, etnia y etaria que llevaron a la negativa de justicia, lo que constituyó violación al derecho a la verdad de los familiares de doña Ernestina y de toda la sociedad.

En consecuencia, la Corte ordenó al Estado “[i]mplementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia”, entre otras medidas.

Esta sentencia constituye un precedente histórico que reconoce las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en el hemisferio y reafirma la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación.

La decisión también es resultado de la lucha incansable de la familia de doña Ernestina, que durante casi dos décadas se negó a aceptar el silencio y el olvido. Como ha expresado su hija Martha Inés Ascencio: «La sentencia debe ayudar a que lo que le pasó a mi madre no le pase a ninguna otra mujer».

El Estado mexicano tiene la oportunidad y la obligación de honrar esta sentencia mediante acciones concretas, transparentes y oportunas, que garanticen justicia para la familia y contribuyan a la no repetición de estos hechos. 

A 19 años de estos hechos, recordamos a doña Ernestina Ascencio Rosario con respeto y dignidad. Su memoria permanece viva y su caso ha marcado un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la discriminación. La verdad ha sido reconocida. Ahora, la sentencia debe cumplirse.

Firman:

• Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH)
• Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM)
• Kalli Luz Marina A.C. 
• Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI)​
• Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center
• Instituto Internacional sobre Raza​,​ Igualdad y Derechos Humanos