Washington D.C., 28 de julio de 2022 – El Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator para Cuba y sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Primer Vicepresidente de este organismo, aseguró que en la Isla se han registrado seis olas represivas en los últimos 12 meses. Las declaraciones fueron hechas en el evento ‘Cuba: Un año después del 11J’, que se celebró el pasado 18 de julio de 2022 en Washington D.C., y fue copatrocinado por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la CIDH, con el apoyo de las organizaciones Artists at Risk Connection, de PEN América; PEN International; PEN Cuban Writers in Exile; y Civil Rights Defenders.

“La primera ola trató sobre el uso de la fuerza y las campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera consistió en la criminalización de manifestantes, persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta ola se evidenció por la continuidad de la privación de libertad, y los juicios sin garantías del debido proceso. Y la sexta son las propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente”, afirmó el Comisionado durante el evento con el que se conmemoró un año de las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio de 2021, también conocidas como 11J.

Cada uno de estos momentos, de acuerdo con el Relator para Cuba, se han registrado luego de que se llevaran a cabo las manifestaciones “más multitudinarias de la historia reciente de la Isla”, que dejaron 1.484 personas detenidas, incluidos 57 niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Aunque ha pasado un año desde las marchas, todavía existe un número superior a 600 personas que permanecen privadas de libertad por haber ejercido su derecho a la libre expresión, según lo relató la directora de Cubalex, Laritza Diversent, quien también participó en el evento conmemorativo y ha recopilado, junto con el Movimiento Justicia 11J, estadísticas sobre las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado desde aquel entonces.

El Comisionado Ralón también recalcó que la CIDH ha condenado la represión estatal en contra de las personas que participaron o apoyaron las protestas pacíficas en Cuba, y aseguró que el organismo ha mostrado su preocupación por las detenciones, los juicios con penas que van de 5 a 30 años de prisión, los casos de represión que han denunciado activistas, artistas y periodistas independientes; y las propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y castigar expresiones críticas al gobierno.

“La Comisión observa que los primeros resultados de la sexta ola, por ejemplo, empezaron con las nuevas regulaciones en las telecomunicaciones y la ciberseguridad (Decreto Ley 35 de telecomunicaciones y la Resolución 105 de respuesta a incidentes de ciberseguridad, del 17 de agosto de 2021), y culminaron con la aprobación de un nuevo Código Penal (15 de mayo de 2022), que establece categorías amplias e imprecisas que darían margen a una aplicación arbitraria y discrecional por parte del Estado”, afirmó el Relator para Cuba.

Voces que revelan las violaciones a los derechos humanos

Las olas que han surgido tras las protestas del 11J, se han registrado en medio de la escasez de medicamentos y alimentos, la grave crisis económica, y los recurrentes apagones que afectan a miles de familias en la Isla. “Aún vemos que persisten las causas que motivaron las movilizaciones. El balance no es alentador y no hay soluciones estructurales […]. Desde la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), observamos un aumento generalizado en la pobreza”, dijo Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), quien también formó parte del panel en este evento.

Mariana Tejeida, Oficial de Programas para América Latina de Raza e Igualdad; Saily González, activista cubana; Orelvys Cabrera, periodista independiente; Laritza Diversent, directora de Cubalex; e Iris Ruiz, integrante del Movimiento San Isidro.

El periodista independiente cubano Orelvys Cabrera, uno de los panelistas del encuentro que se realizó el pasado 18 de julio, es una de las más de mil personas que han experimentado las olas represivas destacadas por el Comisionado Ralón. A él lo detuvieron durante las manifestaciones pacíficas de julio de 2021. “Yo estuve encarcelado en un hueco bajo tierra. El moho cubría las paredes y teníamos solamente tres horas de agua al día en un espacio de dos metros de largo por cuatro metros de ancho. Ahí vivíamos 12 hombres, y nuestro único delito fue haber salido a exigir un cambio de sistema”, reveló.

Orelvys, junto con la activista cubana Saily González y la artista Iris Ruiz, integrante del Movimiento San Isidro, quienes también formaron parte del panel, son otras voces de la represión y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado cubano. En el evento también participó de manera virtual Osvaldo Navarro, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial resaltando que las protestas del 11J han afectado de forma diferenciada a mujeres y personas afrodescendientes.

A las seis olas represivas que se han registrado en Cuba en el último año, el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxis Cires, le añade una más. “Una séptima ola podría ser el vaciamiento de la oposición que se está llevando en la Isla. Es una forma de cerrar las puertas a un cambio democrático donde participen diferentes actores políticos”, afirmó durante su intervención en el evento, y aseguró que un ejemplo de esto es el caso de la activista cubana Anamely Ramos, a quien las autoridades de este país le prohibieron volver a Cuba. Ella, quien también participó en el conversatorio, permanece en Estados Unidos en espera de poder volver a la Isla.

Después de un año de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, reiteramos a las autoridades cubanas el pedido de cesar la violencia en contra de las personas que se manifiestan y organizan pacíficamente para exigir sus derechos. Solicitamos que se respeten, garanticen y protejan los derechos humanos de cada una de las personas que residen en la Isla, quienes pese a todo lo vivido en los últimos 12 meses, aguardan por una Cuba libre.