Washington D.C., 17 de Octubre de 2022.- “La sumatoria de muchos actos represivos termina derivando en un cierre del espacio cívico, en perder la confianza en el ejercicio de libertades”, expresó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, en el evento “Cierre de espacios cívicos: tendencias regionales y acciones para fortalecer la participación ciudadana”, celebrado en el marco de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Lima, Perú.

Pedro Vaca y personas defensoras de derechos humanos de Brasil, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, convocadas por el Consorcio Latioamericano de Derechos Humanos -iniciativa conformada por Freedom House, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y liderada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos-, denunciaron el alarmante cierre de los espacios cívicos en sus países, los patrones represivos comunes y sus ideas para contrarrestarlos.

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca +, expuso la dramática situación que vive la sociedad civil nicaragüense que, desde el año 2018 -cuando inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos- vive “el mayor ataque a la libertad de asociación” en su historia. Según los registros de su organización, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo uso de leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, ha despojado de sus personalidades jurídicas a más 2250 organizaciones hasta el año 2022. “Ha habido días en los que han ilegalizado 200″, lamentó.

La Coordinadora General de CRIOLA (Brasil), Lúcia Xavier, denunció que el Estado brasileño ha actuado con violencia para controlar manifestaciones públicas en el marco de las elecciones presidenciales. “En Brasil, en estas elecciones, 42 manifestaciones contra el gobierno fueron rechazadas. Defensores de los derechos humanos están siendo amenazados”.

Arturo Jordán Rodas Andrade, Ex Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, recordó que el cierre de los espacios cívicos es un “problema regional que se está expandiendo” con patrones comunes como: la corrupción, la persecución a la prensa independiente, la parcialidad de los operadores de justicia, entre otros. 

Además, para Rodas, es de extrema preocupación cómo se reprime con “trato diferencial” a las y los estudiantes y sociedad civil guatemalteca. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos pone (a Guatemala) a la par de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, donde se están vulnerando permanentemente los derechos humanos”, lamentó.

Por su parte, Clara Ramírez, Directora Interina de Fundaredes destacó que el régimen venezolano utiliza mecanismos como la televisión pública para emitir comentarios en contra de las organizaciones de la sociedad civil. “Se les trata de mecanismos para que Estados Unidos tenga injerencia en Venezuela… servidores del imperio”.

Fundaredes, por más de 15 años, ha documentado ampliamente la presencia de grupos armados en Venezuela, así como casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto les ha traído como consecuencia al menos 11 ataques de hostigamiento contra la organización“que se materializaron el 2 de julio de 2021, cuando detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Director de Fundaredes”. 

Pedro Vaca: Ante el cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comentó que el 2022 “apunta a ser el año más letal para la prensa en el continente, desde que existe la Relatoría (Especial para la Libertad de Expresión – RELE), hace 24 años”, así como “el año en el que hay más personas privadas de libertad por ejercer la libertad de expresión”

Pese al desolador panorama para la prensa independiente, el Relator reconoció la resiliencia de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. “Actualmente, en varios países de la región hay más incentivos para dejar de ser y hacer sociedad civil, que para persistir y hacer, pero hay una constancia, hay un compromiso. Yo creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora porque no solo es un periodismo que está aportando, es un periodismo a contracorriente… y a pesar de todos estos obstáculos hay periodismo, hay solidaridad entre periodistas”

En su ponencia, Vaca también insistió en que hay que llamar a las “voces oficiales” a que “entiendan que son una voz importante pero no son la única voz. Pierden todas las democracias si la voz oficial se plantea como la única voz”. 

“Somos sociedades diversas, la democracia es diversa, las narraciones unilaterales le hacen daño a nuestra vida en comunidad y es muy importante que, ante este cierre de espacios cívicos insistamos por mayor diversidad y pluralismo”, finalizó.

Raza e Igualdad reitera su compromiso con la sociedad civil

Christina Fetterhoff, Directora de Programas de Raza e Igualdad, denunció que algunos gobiernos de la región “independientemente de su orientación y lógica” emprenden acciones para restringir la libertad de asociación. “El cierre de espacios cívicos en la región se ha profundizado y es una amenaza seria para la democracia… Continuaremos fortaleciendo el rol de la sociedad civil en la región”, recalcó.

“Fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y sus espacios de participación es un tema de particular relevancia para el hemisferio en su conjunto”, agregó David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos. Es necesario compartir y discutir las estrategias utilizadas por los gobiernos, pero también “las estrategias que las organizaciones de la región están implementando para hacer frente a este desafío compartido”. 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), reconociendo el preocupante deterioro del tejido y los valores democráticos, reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas. 

El fortalecimiento de una democracia sana requiere de una sociedad civil activa que ejerza libremente su rol de vigilar las acciones de gobiernos y funcionarios públicos, presentar propuestas, defender y promover derechos, dirigir reclamos, entre otros. Por ello, urgimos a la comunidad internacional actuar de forma coordinada para combatir los desafíos que enfrenta la sociedad civil y las consecuencias que esto puede generar para la estabilidad y la paz social de las Américas.