Ginebra, 19 de junio de 2020. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una nueva resolución sobre Nicaragua que renueva y refuerza el mandato a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para el seguimiento a la situación de graves violaciones de derechos humanos en ese país e informar sobre dicho monitoreo en los periodos de sesiones 44, 45 y 46 del Consejo, es decir, hasta marzo del 2021.

La resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua (A/HRC/43/L.35)”,  que da continuidad a la aprobada en marzo de 2019, (A/HRC/40/L.8), permitirá que se informe de manera periódica la situación en Nicaragua para que los Estados miembros del Consejo discutan nuevas alternativas de solución a la crisis y aboguen por el cumplimiento de las recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua, estuvo liderada por Canadá, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Perú, fue copatrocinada por más de 40 países y fue cabildeada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la votación de dicha resolución estaba programada para marzo de este año, debido a la pandemia de la COVID-19 esta se retrasó hasta este mes. No obstante, contó con la aprobación de 24 países (Afganistán, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, México, Holanda, Perú, Polonia, República de Corea, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay), tuvo 19 abstenciones y solo 4 votos en contra (Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela).

Contenido de la resolución

La resolución expresa preocupación “por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril de 2018 y del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas sociales”, así como por las denuncias de constantes detenciones, hostigamientos y torturas por parte de las autoridades.

También insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el poder judicial, a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, que ponga en libertad sin condiciones a todas las personas detenidas ilegalmente, que garantice un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos, y que adopte un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes de la violencia letal de 2018.

Además, exhorta al Gobierno a que reanude su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “permitiendo el acceso sin trabas a todo el país y facilitando las visitas”.

En el contexto electoral, insta al Gobierno y a las instituciones pertinentes que “emprendan e implementen reformas jurídicas e institucionales a fin de garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.

Otros temas como la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, los desplazados que no tienen garantías para regresar al país ni acceso a derechos económicos, sociales y culturales,  también son temas que preocupan en Nicaragua, pero que no fueron considerados en esta resolución.

Votación

En el pleno del Consejo varios países respaldaron abiertamente la resolución, entre ellos Costa Rica, República Checa en representación de la Unión Europea, Perú, Australia, Holanda, Alemania y Uruguay, cuyos representantes exhortaron al Gobierno de Nicaragua a tomar las recomendaciones brindadas con anterioridad por distintos organismos de derechos humanos, liberar a los presos políticos, implementar reformas electorales, combatir la violencia basada en género y proteger a los pueblos indígenas.

La representante de Costa Rica además llamó la atención sobre el manejo de las autoridades nicaragüenses de la pandemia del nuevo coronavirus. “El Gobierno de Nicaragua ha faltado en implementar y promover medidas reales y efectivas para contrarrestar el COVID-19 entre su población. Al contrario, la irresponsabilidad mostrada por su gobierno ha exacerbado la extrema y negativa situación de los derechos humanos, en particular para los detenidos arbitrariamente”.

La misión de Venezuela expresó en un video su negativa a la aprobación de la resolución por considerarla injerencista, mientras que el representante de Nicaragua se reservó el derecho a tomar la palabra.