Cuatro historias de personas detenidas por reclamar cambios en Cuba
Washington D.C., 13 de julio de 2022 – En el marco de la conmemoración de un año de las protestas pacíficas que iniciaron el 11 de julio de 2021 en […]
Washington D.C., 13 de julio de 2022 – En el marco de la conmemoración de un año de las protestas pacíficas que iniciaron el 11 de julio de 2021 en Cuba (también conocidas como 11J), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos entrevistó a los familiares de cuatro personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla, para conocer lo que han vivido en prisión sus seres queridos. La publicación de estos relatos representa un ejercicio para recordar a Brenda, José Daniel, Sissi y Samuel, cuatro de las más 700 personas que continúan en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión durante las manifestaciones. Por medio de la campaña #HastaQueCubaSeaLibre mencionamos sus nombres para exigir su liberación inmediata.
Expresar su identidad de género le costó su libertad
A Brenda Díaz García, mujer trans de 28 años, la detuvieron el 11 de julio de 2021 por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Brenda encabezaba la marcha que se realizó en el municipio de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa. Fue arrestada por miembros de la Seguridad del Estado de Cuba, tras identificarla por usar un vestido de flores como muestra de su expresión de género.
Aquel día, ella fue trasladada a un centro penitenciario masculino, donde pagará una pena de 14 años de prisión, porque, según las autoridades de la Isla, se había “vestido de mujer para infiltrarse” en las manifestaciones pacíficas.
En una cárcel que está a más de 70 kilómetros de Güira de Melena, a Brenda la han discriminado y violentado por su identidad de género y orientación sexual. “A mi hija la pelaron (cortaron su cabello) apenas llegó a ese lugar, y ella sufrió muchísimo porque adoraba su pelo. Lo tenía bien largo”, dice su mamá, quien por seguridad prefirió que no se revelara su nombre.
A Brenda no la llaman por su nombre identitario y el Estado, al cortarle su cabello, ejerció una agresión simbólica que busca borrar su identidad de género, una práctica que se ha documentado en el informe ‘Mujeres trans privadas de libertad: La invisibilidad tras los muros’, que publicó en 2020 la organización Wola. “Hay hombres que se hacen muy machotes y discriminan a los homosexuales y trans, incluso también los mismos guardias. Ella me ha dicho que ha habido abusos (violencias físicas y sexuales) hacia otros gais”, revela su mamá.
A pocos días de que cumpla un año en prisión, la familia de Brenda ha hecho de todo para garantizar que ella tenga los medicamentos que requiere por sus problemas de salud, ya que no siempre se los dan en el centro penitenciario. Mientras eso pasa, su mamá se pregunta cada noche al cenar, si su hija se ha alimentado bien, y comienza a llorar.
#Cuba🇨🇺 | A pocos días de que se cumpla un año de las manifestaciones pacíficas conocidas como #11J, conoce la historia de Brenda Díaz, una mujer trans cubana que paga una condena de 14 años de cárcel por expresar su identidad de género en medio de las protestas. ¡Conócela!🧵⬇️ pic.twitter.com/1KgQSeT0vu
— Race and Equality (@raceandequality) July 5, 2022
Por exigir sus derechos en julio de 2021, fue recluido en un centro de privación de libertad donde permanece incomunicado
“La última comunicación que tuvimos con él fue el 4 de junio, y ese día José Daniel seguía en la misma celda de aislamiento, en condiciones crueles e inhumanas; entre cuatro paredes blancas y con un bombillo encendido las 24 horas del día, como él describe ese lugar”, dice Ana Belkis, hermana de José Daniel Ferrer. A cientos de kilómetros de Cuba, Ana hace todo lo posible para visibilizar la situación que enfrenta el principal líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y para recolectar alimentos y medicamentos que luego envía a través de terceras personas que viajan a la Isla.
A José Daniel Ferrer, de 51 años, lo detuvieron junto con su hijo de 19 años el 11 de julio de 2021. Ambos se habían unido a las manifestaciones pacíficas que iniciaron ese día, y que se registraron en más de 50 ciudades de Cuba hasta el día siguiente. Al reconocido activista que hizo parte del grupo de los 75 prisioneros de conciencia condenados en la primavera negra de 2003, le revocaron una condena de 4 años y 6 meses que había sido “subsidiada” en 2020; es decir, tras su detención, la sentencia que antes cumplía en casa fue modificada por reclusión en el Centro Penitenciario de Mar Verde, ubicado en la provincia de Santiago de Cuba, la misma región donde ha vivido toda su vida y fue capturado.
Por su parte, su hijo José Daniel Jr. permanece “bajo procesamiento” esperando que lo llamen a juicio. “A mi hermano y a mi sobrino los acusan por el delito de desórdenes públicos”, cuenta Ana Belkis.
La familia de José Daniel ha denunciado desde hace más de un mes que desconoce en qué condiciones se encuentra el defensor de derechos humanos. “Estamos seguros de que él está en una celda preparada por la dictadura para torturarlo. Creemos que le están propinando ataques sónicos porque la última vez que supimos información de mi hermano, conocimos que presentaba fuertes dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, sangrado en la boca y pérdida de la visión”, afirma su hermana.
Ana Belkis y su familia exigen a las autoridades cubanas permitir la comunicación con José Daniel y explicar cuál es su situación actual. Su esposa, Nelva Ortega, interpuso un Habeas Corpus, el cual fue negado; sus hijos se han acercado en varias ocasiones a la cárcel, sin obtener respuestas. Su hermana continúa denunciado a través de redes sociales las violaciones de derechos humanos en contra de José Daniel; sin embargo, hasta la fecha no han conseguido ninguna información sobre su estado de salud, siguen a la espera de una “fe de vida”.
#Cuba🇨🇺 | Hoy, cuando se conmemora un año de las protestas pacíficas del #11J en la Isla, se cumple un mes y siete días sin que la familia del activista @jdanielferrer conozca el estado de salud del reconocido defensor de derechos humanos.#HastaQueCubaSeaLibre pic.twitter.com/2GdMdeJOjd
— Race and Equality (@raceandequality) July 11, 2022
Condenada a seis años de cárcel por su activismo
“A mi hija no solo la detuvieron por haberse manifestado el 11 de julio de 2021. A ella también la metieron presa por ser miembro de las Damas de Blanco”, dice Annia Zamora, madre de Sissi Abascal, una joven de 24 años que paga una condena de 6 años en la prisión de mujeres Labiotec, ubicada en la provincia de Matanzas, al occidente de Cuba.
Desde que tenía 16 años, Sissi ha sido víctima de amenazas por ser parte de las Damas de Blanco, una organización formada por mujeres que exigen la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en la Isla; y por ser miembro de la familia Abascal Zamora, que ha reclamado múltiples veces el cese de la represión en Cuba.
El 11 de julio de 2021, día en que estallaron las históricas protestas en la Isla, su papá Armando Abascal fue detenido y trasladado al municipio de Jovellanos. En tanto, Sissi, su mamá Annia y su hermana Lisy fueron golpeadas por miembros de la Seguridad del Estado. Lisy, de 25 años, se llevó la peor parte porque recibió un golpe en la cabeza con una botella de vidrio y esto le ocasionó una fuerte contusión.
Aquel día, de acuerdo con Annia, las autoridades de Cuba agredieron a todas las personas que salieron a las calles a exigir cambios; y también inició la persecución en contra de su hija, a quien citaron varias veces a interrogatorios, hasta que el 20 de septiembre de 2021, fue recluida en un centro penitenciario. Desde entonces permanece en prisión, sin embargo, fue hasta el 27 de diciembre del año pasado que se dictó sentencia en su contra.
Sissi Abascal es una de las cuatro Damas de Blanco que se encuentran privadas de la libertad. Las otras son: Tania Echevarría, Sayli Navarro y Aymara Nieto. Su mamá afirma que, cada vez que logra verla, Sissi se empeña en decirle que no se preocupe, que está bien de salud; sin embargo, Annia asegura que no deja de sentir una mezcla de dolor y rabia, “es muy angustioso verla en ese lugar”, afirma.
#Cuba🇨🇺 | Sissi Abascal es una de las cuatro @DamasdBlanco que se encuentran privadas de la libertad en la Isla, y es una de las más de 700 personas que continúan en prisión por haber participado en las protestas pacíficas del #11J. ¡Conoce su historia!⬇️ #HastaQueCubaSeaLibre pic.twitter.com/PdYcfEbxhU
— Race and Equality (@raceandequality) July 7, 2022
Un año en prisión sin conocer su sentencia y enfrentando una enfermedad degenerativa
“Mi esposo no ha cometido un delito. Sí gritó, se manifestó, se expresó, pero eso no es ningún delito, es un derecho constitucional de cada persona. Delito es tenerlo un año en prisión con una enfermedad degenerativa, eso sí es un delito”, afirma Yuneisy Santana, la pareja de Samuel Pupo Martínez, un cuentapropista o trabajador independiente de 47 años que fue detenido durante las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 en Cuba.
Samuel permanece en la cárcel de máxima seguridad de Agüica, en la provincia de Matanzas. Lo acusan de los delitos de desacato y desorden público, y ha sido condenado a 3 años de cárcel; sin embargo, hasta el martes 5 de julio, la última vez que lo visitó su esposa, no había sido notificado de la sentencia. “Este es el país de la espera eterna, y no nos queda de otra que seguir esperando y tener mucha fe… Algo tendrá que pasar porque es demasiado el abuso y la injusticia”, cuenta Yuneisy.
Su esposo ha tenido dos crisis “muy fuertes” en prisión. La esclerodermia, una enfermedad degenerativa que padece desde hace varios años, ha empeorado desde que se encuentra en el centro penitenciario. “A él se le endurece la piel y eso le causa mucho dolor en las articulaciones, y hasta se le dificulta tragar. Hace como un mes lo único que había en la cárcel para calmarle el dolor, era tramadol”, dice Yuneisy, quien luego de que detuvieran a Samuel tuvo que abandonar su empleo de maestra en una institución educativa. Yuneisy renunció después de que le pidieran en su trabajo que se alejara de su esposo por ser un “contrarrevolucionario”, a lo cual ella se negó.
Limpiando casas, Yuneisy busca el dinero para comprar alimentos y medicamentos para Samuel, y para sobrevivir junto con su hijo de 13 años, quien se dio a conocer hace más de un mes en medios de comunicación cubanos, cuando se divulgó una carta que él le escribió a su papá con motivo del Día del Padre. En aquel entonces, el adolescente relató que a veces sentía que Samuel regresaba a casa, y se asomaba para ver si era cierto que al fin su papá había recuperado la libertad.
Después de leer la carta, Samuel solo pudo grabarle un audio a su hijo a través de Yuneisy, en el que dijo: “Mi querido hijo, no puedo describir la emoción y los sentimientos que despertaron en mi tu carta, mi amor. Muchas gracias mi niño amado, estoy muy orgulloso de ti. Sé que te hago falta y tú me haces más falta a mí. Es triste, sí, pero ese es el precio que debo de pagar por pretender el bien de la inmensa mayoría, en un país donde la justicia es injusta y la balanza se inclina en favor de la ideología, sus dirigentes, y no en favor del pueblo. Espero que comprendas y te sientas orgulloso de mí”.
#Cuba🇨🇺 | Él es Samuel Pupo Martínez, y su nombre es uno de los más de 700 que vamos a mencionar y repetir #HastaQueCubaSeaLibre. Exigimos que él y todas las personas privadas de la libertad por motivos políticos en la Isla, sean liberados y vuelvan a estar con sus familias. 🧵⬇️ pic.twitter.com/CI9FStgQDY
— Race and Equality (@raceandequality) July 13, 2022