Washington D.C., 8 de julio de 2022 – Las organizaciones firmantes realizamos la siguiente declaración para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones realizadas el 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante 11J) en Cuba, y visibilizar sus efectos en la situación actual de derechos humanos en la Isla.

El 11J marcó un punto de inflexión en la historia cubana. Las protestas fueron resultado de la grave crisis sanitaria y económica, y las violaciones recurrentes a derechos humanos en la isla. En respuesta, las autoridades nacionales y grupos paraestatales incrementaron el control represivo y la condena contra todas las personas que participaron en las protestas. Durante las manifestaciones se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de Internet, uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros policiales y militares, criminalización de las personas que salieron a expresarse, y la imposición de un ambiente de violencia, autoritarismo y represión, que limitó gravemente el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación, reunión y la defensa de derechos humanos.

Las semanas posteriores a las protestas vinieron acompañadas de juicios sumarios y ordinarios contra las personas que fueron detenidas por manifestarse, de las cuales más de un centenar han sido condenadas con penas injustificadas por delitos como desacato, atentado, sedición, desorden público e instigación a delinquir, entre otros. Entre las personas criminalizadas existen menores de edad. A un año de las históricas protestas, las organizaciones Cubalex y Justicia 11J registran 701 personas detenidas. De acuerdo con los datos recopilados, varias de las personas detenidas fueron víctimas de actos de tortura y malos tratos, preocupación que compartió el Comité contra la Tortura al examinar el tercer informe periódico de Cuba en sus sesiones 1881 y 1893.

La criminalización de la protesta y las técnicas de silenciamiento que incluyen citaciones, vigilancia en las viviendas, cortes de Internet e incomunicación, detenciones y desapariciones de corta duración, prohibición de salida o ingreso al país, amenazas, imposición de multas, y muchas otras, no son nuevas en Cuba. Sin embargo, el 11J visibilizó la represión en la isla, alertando a la comunidad internacional y generando acciones concretas como mantener a Cuba en el Cap.IV.b del informe anual de la CIDH. En el último informe de 2021, la CIDH dedicó un apartado específico para resaltar la preocupación de este organismo por el “estallido social en Cuba”.

Los efectos del 11J se viven hasta la actualidad, y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso, y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal.

El gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población, en su afán por impedir toda voz crítica. Por ello, con motivo del aniversario del 11J hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, que se libere a las personas que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos tras manifestarse el 11J.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que a los mecanismos de protección de la CIDH y Naciones Unidas (ONU).

Firmamos:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Artists at Risk Connection (ARC), PEN América

Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)

Centro PEN Cuba en el Exilio

Civil Rights Defenders

Cubalex

Freedom House

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Justicia 11J

PEN Internacional