Santa Marta, 8 de noviembre de 2025 — Desde Raza e Igualdad denunciamos la censura ejercida por las autoridades locales de Santa Marta, que este viernes 7 de noviembre ordenaron el desmonte de una valla instalada por nuestra organización a las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La pieza exigía la libertad de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

La valla llevaba el mensaje: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

Acompañada por la imagen de un hombre encarcelado y las banderas de los tres países, la valla buscaba recordar a los representantes de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) reunidos en Santa Marta, la urgente necesidad de abordar la falta de democracia en la región. Sin embargo, fue desmontada en menos de 24 horas por orden de la Alcaldía de Santa Marta, en cumplimiento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes “de contenido político” durante la cumbre.

Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo sobre democracia, cooperación y derechos humanos.

En 2023 ocurrió un hecho similar en Buenos Aires (Argentina), cuando, en vísperas de la Cumbre de la CELAC, también fue retirada una valla instalada por nuestra organización que exigía el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua.

En la IV Cumbre CELAC-UE, que se celebra del 7 al 10 de noviembre en Santa Marta, se abordan temas clave como la triple transición (energética, digital y ambiental), la equidad de género, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la cooperación birregional. Todo ello ocurre mientras Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan marcadas por la represión y el encarcelamiento de quienes defienden los derechos humanos.

Solo hasta finales de octubre de 2025, las organizaciones de la sociedad civil documentaban 749 personas presas políticas en Cuba (de acuerdo con Justicia 11J), 77 personas en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas), y 875 en Venezuela (Foro Penal). Estas cifras reflejan la magnitud del cierre de los espacios democráticos y la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento Europeo, en una resolución reciente sobre la estrategia política de la Unión para América Latina y el Caribe, reafirmó la importancia de la cooperación birregional y condenó el debilitamiento democrático en estos tres países, a los que describió como algunos de los regímenes más autoritarios del mundo.

Desde Raza e Igualdad denunciamos esta censura y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, la justicia y la democracia. Continuaremos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se denuncien las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para que se garantice el restablecimiento de la democracia en estos países.